A partir de este martes (1) y hasta el 20 de abril, la Red Internacional de Apoyo a los Presos Políticos Mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) mantendrá una Campaña de Solidaridad Internacional con el objetivo de visibilizar la creciente criminalización, persecución y represión contra el movimiento autonomista del pueblo originario por parte del Estado de Chile.
La Red denuncia que el actual gobierno chileno, bajo la administración de Gabriel Boric, ha intensificado la militarización en favor de grandes empresas forestales y energéticas, por lo cual busca busca exponer las agresiones contra el Wallmapu (territorio ancestral mapuche) y la vulneración sistémica de los derechos del pueblo mapuche.
Acorde a un comunicado difundido el martes (1), esta situación está siendo agravada por una campaña de desinformación mediática que estigmatiza la resistencia mapuche y la presenta como una amenaza terrorista, deslegitimando sus demandas históricas por la autonomía y territorio. A la vez, el aumento de la represión estatal intensifica la detención arbitraria de autoridades ancestrales, como los machi, lonko y werken del pueblo mapuche.
Esto ocurre en medio de la promulgación, en febrero pasado, de la Ley Antiterrorista 21.732, la cual sustituye la normativa impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que, argumenta la Red, transgrede los principios básicos de respeto a los derechos humanos y buscar sembrar miedo y zozobra en las comunidades mapuche.
“Todo parece indicar que es un nuevo instrumento persecutorio ya que no sólo no define qué es una conducta terrorista -más allá de los insuficientes criterios que quedarán al arbitrio de jueces, fiscales, policías y autoridades políticas, sino que tampoco establece con claridad quién la determina y bajo qué contextos, evidenciando que no es más que otra ley al servicio de los poderosos que mantienen invadido el Wallmapu criminalizando así el legítimo derecho a la resistencia en contra de la opresión.
Ante ello, la Red convoca a las expresiones en resistencia, comunidades en lucha, organizaciones locales, nacionales e internacionales para sumarse a la Campaña de Denuncia Internacional con el objetivo de señalar la profundización de la persecución política que ha aumentado la cifra de presos políticos mapuche, a más de 100 en la actualidad, y frente a la amenaza de su incremento con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, como ha sucedido con el caso de Héctor Llaitul.
“La lucha por la reconstrucción de la Nación Mapuche, particularmente la de comunidades y expresiones autonomistas como la CAM, entienden que el problema principal es la presencia e invasión del capital empresarial en el Wallmapu”, sostiene el comunicado al argumentar que el Estado chileno trabaja para desacreditar la resistencia Mapuche al presentarla como actividad terrorista.
La Red Internacional sostiene que la lucha mapuche por su terriotorio ancestral, el Wallmapu, “es uno solo, de océano a océano”, al convocar a unir esfuerzos para la reconstrucción del tejido social y político ancestral mapuche.
El Ejido de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, al sur de México, retomó la posesión de sus tierras el 1 de abril de 2025. En este territorio se explotó oro y otros minerales desde el año 2007, primero por la empresa Leagold Mining y por último con Equinox Gold. Horas después de que la empresa anunció en un comunicado la “suspensión indefinida” de sus operaciones en su mina Los Filos, los comunitarios retomaron sus tierras de uso común.
La canadiense Equinox Gold, que cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York, asegura que la continuidad de Los Filos dependía de acuerdos con tres comunidades locales: Mezcala, Xochipala y Carrizalillo, siendo que esta última se rehuso a firmar los convenios. La canadiense argumenta en su comunicado que, “la «Compañía» ha suspendido indefinidamente las operaciones en su Mina Los Filos en Guerrero, México, tras la expiración de su acuerdo de acceso a la tierra con la comunidad de Carrizalillo el 31 de marzo de 2025”.
En una misiva que han lanzado los comuneros de Carrizalillo argumentan que la empresa omitió en su comunicado que mantenía una postura ventajosa, “absurda y usurera”.
Los comunitarios afirman que la empresa aún tiene pendiente los acuerdos de remediación, y por tanto, “tendrá que negociar su grotesca suspensión indefinida y tendrá que atender lo que la ley le plantea en el plan de cierre y post cierre de minas, si es que no quiere entrar en controversias legales, perder su concesión y le sean confiscados los bienes que hoy están dentro de nuestro territorio”, anuncian los integrantes del municipio de Eduardo Neri, Cariizalillo.
La comunidad advierte que existe la posibilidad de que la empresa apele a que tiene todo en orden, no obstante, denuncian que Equinox Gold “tampoco dirá nada de su bomba de tiempo, llamada pasivo ambiental, que no tiene una sola acción de cierre integral como dice la ley o como lo citan de forma imperceptible en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)”.
Lo que resta
Mientras tanto, los comuneros señalan que su estrategia dará un giro para exigir el cierre definitivo del proyecto minero Los Filos y no como lo ha anunciado la empresa, quien lo ha catalogado como “suspensión indefinida”.
Por otro lado, la fortaleza de esta lucha esperan que venga de “la solidaridad del pueblo de Guerrero”, anuncian en su comunicado los comuneros.
Por la parte de la empresa, sus acciones en la bolsa han sufrido un caída de -3,2% en las primeras operaciones desde el martes (1) después de decir que suspendió indefinidamente las operaciones en su mina Los Filos en México, tras la expiración de su acuerdo de acceso a la tierra con una de las comunidades anfitrionas.
En portada: Campamento del pueblo Munduruku para detener el flujo de soja, mercancía clave del agronegocio que se expande en la amazonía brasileña. Foto: movimiento Munduruku Ipereğ Ayũ
Desde el pasado martes (25), caciques, cacicas, líderes, guerreros, infancias y chamanes del pueblo Munduruku mantienen un bloqueo en la carretera transamazónica ubicada en la ciudad de Itaituba, estado de Pará, norte de Brasil, para exigir la derogación de la Ley 14.701 la cual establece la tesis jurídica del Marco Temporal.
Ampliamente defendida por el agronegocio y las industrias extractivas, la tesis del Marco Temporal propone que los pueblos indígenas sólo tendrán derecho a la demarcación de sus tierras si los mismos estuvieran ocupando dichos territorios en el momento de la promulgación de la Constitución Federal brasileña, el 5 octubre de 1988.
El pueblo Munduruku, como muchas otras comunidades en Brasil, considera esta tesis como una violación a sus derechos como pueblos originarios, pues ignora la ocupación ancestral de sus tierras mucho antes de la formación del propio estado brasileño, así como el hecho de que diversos pueblos indígenas han sido desplazados forzadamente de su territorio por el propio gobierno y empresas.
La ley fue aprobada en octubre del 2023 y, pese a que el presidente Lula da Silva emitió un veto en su contra, el Congreso Nacional anuló la acción del ejecutivo en diciembre del 2023. Para abril del 2024, el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués), determinó la suspensión, en todo Brasil, de los procesos judiciales que discuten la constitucionalidad del Marco Temporal hasta que dicho tribunal se manifiestre sobre el tema.
En agosto del 2024, el ministro Gilmar Mendes, miembro del STF, instaló una mesa de conciliación, la cual ha sido rechazada por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), quien decidió retirarse de la mesa por considerarla una negociación “forzada e ilegítima” de sus derechos. A pesar de la retirada de la representación indígena, la mesa continúa sus trabajos.
A este rechazo se suma el pueblo Munduruku, que exige también una audiencia con el ministro Mendes, el fin de la iniciativa de reconciliación y la derogación de la Ley 14.701. “No abandonaremos este lugar hasta que haya un verdadero diálogo. Nuestro compromiso no es sólo con el presente, sino con las generaciones futuras: nuestros hijos, nietos y todos los que están por venir. No renunciaremos a los derechos que hemos conquistado a lo largo de siglos de lucha y resistencia”, afirma el pueblo Munduruku mediante carta divulgada este lunes (31).
Movilización
La protesta del pueblo Munduruku se realiza en el punto donde se intersectan las carreteras BR-230 y la BR-163, en la región del río Tapajós, al suroeste del estado de Pará. Dicho punto es clave para el acceso al puerto de Miritituba y lo que lo convierte en una de las más importantes vías para el transporte de soja, “símbolo del poder económico que impulsa el Marco Temporal (que) permanecerá interrumpido mientras se nos niegue el debido reconocimiento” asevera el pueblo Munduruku en su misiva.
Difundida por el movimiento Munduruku Ipereğ Ayũ, el pueblo indígena sostiene que, pese a las presiones de las empresas vinculadas al agronegocio y las intimidaciones físicas y judiciales que buscan reprimir su movilización, seguirán firmes.
El bloqueo de la autopista ha sido interrumpido durante las noches y restablecido al amanecer durante la semana de movilización pacífica del pueblo Munduruku, quienes han permitido la circulación de enfermos y ambulancias mientras restringen la circulación de vehículos de carga.
Cabe resaltar que, durante la noche del jueves 27 de marzo, camioneros dispararon armas de fuego contra el campamento del pueblo Munduruku donde participan indígenas de las regiones alta, media y baja de la cuenca del río Tapajós.
“Nuestro movimiento es pacífico, pero hemos sufrido repetidos ataques y amenazas por parte de los camioneros, incluyendo insultos, lanzamiento de piedras, disparos y maniobras violentas con vehículos. Repudiamos vehementemente estos ataques, que ponen en riesgo la vida de nuestra gente, y declaramos que el STF será responsable de cualquier daño que suframos, porque estamos aquí luchando para ser escuchados”, remarcan en su carta.
Minería
El pueblo Munduruku dio inicio a la ocupación carretera previo a la reanudación de la mesa de conciliación promovida por el juez Mendes, quien ordenó excluir de las discusiones el tema de la actividad minera en las tierras indígenas.
Según investigaciones de InfoAmazonia y Agência Pública, en febrero pasado, el ministro presentó un proyecto de ley para ser propuesta durante la mesa. En este, recogía sgerencias del abogado de la minera canadiense Potássio de Brasil y utilizaba partes del Proyecto de Ley (PL) 191/2020 del gobierno Bolsonaro para permitir la explotación de minerales estratégicos en tierras indígenas en caso de “interés público relevante de la Unión”.
“Mientras se celebran reuniones a puerta cerrada, sin consulta previa, libre e informada, el Pueblo Munduruku sigue resistiendo bajo la lluvia y el sol para proteger territorios como Sawre Ba'pin y Sawre Muybu, cuyas demarcaciones han sido amenazadas o paralizadas. Siguen intentando engañarnos retirando la minería del orden del día, pero mantienen múltiples ataques contra nuestra existencia, que no aceptaremos”, ha sido la respuesta del pueblo originario movilizado.
Ya desde diciembre del 2024, mediante carta difundida por el pueblo Munduruku enfatizaron que desde hace una década realizan la fiscalización de su territorio de manera independiente, sin ningún apoyo del Estado brasileño.
En portada: Campamento del pueblo Munduruku para detener el flujo de soja, mercancía clave del agronegocio que se expande en la amazonía brasileña. Foto: movimiento Munduruku Ipereğ Ayũ
“Nuestro pueblo ha asumido la responsabilidad de proteger nuestras tierras porque sabemos que, sin nuestro trabajo, el avance de la minería y de otras actividades y empresas ilegales sería aún mayor. Lo hacemos en todo nuestro territorio porque sabemos que nuestro dios Karosakaybu nos dejó este legado para las futuras generaciones”, señalaban en la misiva del año pasado.
En el mismo documento argumentaban que las operaciones del gobierno para prohibir la minería en territorios Munduruku no eran suficientes, pues aún existen zonas con presencia de garimperos (término portugués para designar los mineros informales, que explotan minerales principalmente en zonas remotas de la Amazonia) y maquinaria.
También se posicionaron contra las “falsas soluciones” como créditos de carbono o compensaciones ambientales propuestas por los mismos responsables por la destrucción de sus tierras. “Queremos justicia real, respeto por nuestro modo de vida y la garantía de que nuestro territorio será preservado para las generaciones futuras”.
“Nuestra lucha no es sólo por la retirada de las balsas o el fin de la minería; es por la vida de todos los que dependen del bosque y de los ríos. Nuestro territorio no está en venta, nuestra dignidad no está en venta. Si el Estado y los invasores piensan que nuestra resistencia se puede comprar, que sepan que somos como las raíces del bosque: profundas, colectivas e inquebrantables”, sostuvieron a través de la misiva.
En portada: Integrantes del Modevite anunciaron la presentación de amparos contra las “consultas” recientes del gobierno estatal para autorizar la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal.
Por la violación reiterada a los derechos humanos, 13 municipios mayas presentaron dos amparos contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas y para exigir la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales relacionadas con la construcción de la autopista Palenque - San Cristóbal de Las Casas.
El 17 de febrero de 2025, Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, publicó en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos sobre la consulta pública que no contemplan la forma efectiva en la que las comunidades indígenas van a participar para garantizar su derecho a la libre determinación.
Al día siguiente, se emite la convocatoria para preguntar sobre la construcción del primer tramo carretero de este proyecto Palenque-Ocosingo y el 23 de marzo colocaron tres casillas en las cabeceras municipales de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Chilón y Ocosingo.
Como resultado, este 31 de marzo interpusieron los dos amparos: el primero, reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos, por la razón fundamental de la doble dimensión en la discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas.
En otras palabras, los lineamientos no fueron consultados a los pueblos y comunidades antes de elaborarse y de ser publicados. En su contenido, tampoco establece de manera específica el proceso de participación y su aplicación es homogénea.
“Buscamos obtener con este primer amparo que se reconozca la inconstitucionalidad (de los lineamientos) y por ende que se suspenda cualquier inconstitucionalidad o cualquier proceso que se derive de ellos, como la convocatoria del primer tramo”, explicó María Fernanda de la Clínica Jurídica de la Ibero Puebla.
El segundo amparo versa sobre la omisión, la falta de información del Estado en cuanto al proyecto carretero de Palenque a San Cristóbal, puesto que no existe información sobre el impacto ambiental.
María Fernanda recordó el Acuerdo de Escazú, firmado por México, que obliga a todas las autoridades a brindar la información ambiental, intrínsecamente relacionado con la vida misma, el territorio de los pueblos y comunidades indígenas.
Declaratoria
En rueda de prensa, con la presencia de las comisiones representantes de 13 municipios, leyeron la “Declaratoria de territorios libres de megaproyectos” que hicieron llegar a Eduardo Ramírez y la Secretaría de Gobierno, junto con 2 mil firmas recabadas.
En voz de Pascuala Vázquez Aguilar, del Gobierno Comunitario, pueblos y comunidades mayas de los municipios de Candelaria, Chilón, Bachajón, Tenejapa, San Juan Cancuc, Ocosingo, Oxchuc, Altamirano, Chicomuselo, Yajalón, Salto de Agua y Sitalá, rechazan la construcción de la autopista por las violaciones de derechos a los pueblos mayas.
“El territorio es declarado cultura viva y territorio libre de megaproyectos. Esta protección de la tierra se ampara en el derecho internacional y en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos”.
Domingo Miranda López, coordinador de Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), recordó que la lucha para defender la tierra comenzó desde 2013, y aunque lograron una suspensión, Eduardo Ramírez retomó el proyecto.
Desde las campañas electorales de 2024, los aspirantes a las candidaturas por Morena comenzaron a poner sobre la mesa la reanudación del proyecto, como lo mencionó Marcelo Ebrard en su visita a la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).
“El proyecto, dicen que es desarrollo para el pueblo pero no, es beneficio para los empresarios. Los empresarios porque tienen productos que pueden transportar, nosotros somos cafetaleros”, señaló Domingo.
A esto se le suma que los habitantes no tienen conocimiento por qué lugares pasará la autopista, toda vez que las placas para marcar el trazo las aventaron desde una avioneta. Y en la supuesta consulta en Chilón comprobaron que la misma personas puede votar hasta en tres ocasiones, “lo que es ilegal”.
Aunque la lucha de las comunidades mayas ha sido pacífica y apegada a la ley, las intimidaciones siguen. Ejemplificaron que en Bachajón los pobladores no firmaron porque el gobierno los condicionó con retirarles los programas sociales y las advertencias también van contra empleados de los ayuntamientos.
Desde Modevite señalaron que un día antes de la supuesta consulta, llegaron personas a la comunidad de Jalalal, municipio de Chilón, para solicitar documentos, firmas y votos para apoyo agropecuario, “esos documentos fueron manipulados”.
Colectivos y representantes de las víctimas, entregaron en Palacio Nacional una serie de testimonios de sobrevivientes y familiares de los fallecidos, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a otros funcionarios. Foto: Luis Castillo
En portada: Colectivos y representantes de las víctimas, entregaron en Palacio Nacional una serie de testimonios de sobrevivientes y familiares de los fallecidos, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a otros funcionarios. Foto: Luis Castillo.
Representantes de sobrevivientes y núcleos familiares de víctimas fallecidas el 27 de marzo de 2023, durante el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una demanda ante del Instituto Nacional de Migración (INM) por Responsabilidad Patrimonial del Estado.
A dos años del siniestro que terminó con la vida de 40 personas migrantes y dejó con graves secuelas a 27, las organizaciones que acompañan a 17 víctimas presentaron el citado recurso fundamentado en el artículo 109 de la Constitución Política mexicana.
De acuerdo al párrafo último del artículo 109, el Estado debe reparar los daños que cause a particulares debido a acciones administrativas irregulares y pagar una indemnización según lo que establezcan las leyes.
“Estamos acudiendo a cada uno de los conductos legales para hacer visibles los derechos de las víctimas, para que hechos como el de Ciudad Juárez jamás se repitan. Que le salga costoso al Estado no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, esa es la finalidad”, explicó Marcos Zavala, abogado e integrante de Fundación para la Justicia.
La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), representantes de las víctimas, esperan la respuesta a la demanda y, en caso de que no sea favorable, acudirán al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se localiza en la Ciudad de México.
Nunca fue retirado del cargo
A finales de abril de 2023, Francisco Garduño, Comisionado del INM, fue vinculado al proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público en el incendio de Ciudad Juárez. No obstante, el 24 de enero de 2025 obtuvo la suspensión condicional del proceso penal para un periodo de un año y seis meses.
Luego de solicitarla por tercera ocasión, la suspensión fue concedida por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, sin tomar en cuenta la petición de las víctimas de retirarlo del cargo de Comisionado durante tres años, entre otras medidas que tampoco fueron escuchadas.
La investigación que emprendió la Fiscalía General de la República (FGR) debió de imputar a 11 personas, pero solo nueve son juzgadas por delitos de homicidio, lesiones o daño en propiedad ajena.
El director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, se dio a la fuga, mientras que Garduño obtuvo la suspensión y nunca fue retirado del cargo, a pesar de las responsabilidades en la cadena de mandos.
Francisco Garduño Yáñez, supervisa un operativo en las inmediaciones de la frontera con Estados Unidos, en Ciudad Juárez, Chihuahua (México). Foto: Luis Torres
Ahora bien, con la suspensión, el juez impuso medidas que, a decir de las organizaciones, son insuficientes tomando en cuenta que, al cumplir el año y seis meses puede acordarse el cierre del proceso, es decir, Francisco Garduño puede obtener una sentencia absolutoria.
Las víctimas de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala, tienen derecho a contar con un asesor jurídico; “a todas esas sociedades les debemos una explicación porque era una estancia pública”, reiteró el abogado Marcos Zavala.
“Espacio deshumanizado”
Durante las actividades para honrar a las víctimas, Ivet Marín y Zara Villegas, del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) hablaron de las condiciones previas al incendio de la estancia migratoria que observaron en las visitas y en testimonios recabados.
Los centros de alojamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) se dividen en dos: tipo A, donde la estancia máxima de una persona debe ser de 48 horas y la estancia tipo B, sólo se contempla un periodo de siete días, como la de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La brigada del Servicio Jesuita a Refugiados visitó esa estancia migratoria en diferentes fechas, de 2022 al 24 de marzo de 2023. Para ingresar necesitaron la autorización de la Dirección de Control y Verificación Migratoria, que les retiraba celulares o dispositivos digitales.
La descripción detalla una distribución compleja de la estancia migratoria tipo B, que contaba con dos celdas reducidas para mujeres y una para hombres; separadas por barrotes que asemejan una prisión, además que los muros no tenían señalamientos visibles de salidas de emergencia.
La abogada Zara Villegas constató que no había ningún tipo de orden o apego a la ley para realizar las detenciones, mantenían a las personas incomunicadas, los teléfonos de la estancia migratoria nunca eran atendidos y les pedían un pago económico a cambio de ese derecho.
Migrantes y familiares de los fallecidos en el incendio mientras realizan una vigilia en memoria de las 40 víctimas, frente al INM en Ciudad Juárez. Foto: Luis Torres
“Muchas personas no tenían conocimiento de la ciudad en la que estaban. Había quienes no hablaban español y tampoco tuvieron acceso a ningún tipo de traducción o interpretación para dar a conocer lo que estaba sucediendo”, añadió Villegas.
Ivet Marín hizo hincapié que las personas migrantes siempre eran vigiladas por personal del INM o del sistema de seguridad particular, en condiciones de hacinamiento, “un espacio completamente deshumanizado”. A ello se suman las agravantes de la falta de alimentos, de agua y contención sanitaria; carencia de cobijas, vestimenta, ausencia de atención médica y de un espacio de recreación frente a los largos procedimientos que enfrentan.
Estas condiciones detonaron en las personas migrantes impactos psicosociales como estrés, ansiedad, despersonalización por no saber qué hicieron para ser detenidos y, en muchos casos, el Servicio Jesuita a Refugiados identificó mucho temor, vinculado a diversas situaciones de abuso de poder.
“A las personas dentro se les negaba el derecho al refugio o se les condicionaba a esperar el proceso dentro de la estación migratoria, cuando puede durar hasta un año o más”, explicó Villegas.
El 24 de marzo de 2023, tres días previos al incendio, las defensoras accedieron a la estancia migratoria por más de una hora y observaron que persistía la incomunicación, sobrepoblación, confusión sobre el procedimiento, la falta de alimentos y agua potable.
Las personas que encontraron fueron detenidas durante operativos tipo redadas que hizo el Ayuntamiento de Ciudad Juárez en coordinación con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), en las que hombres, mujeres e infancias fueron separados.
Otras personas fueron detenidas tras aterrizar en un avión en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, sin importar los permisos que traían consigo; algunas durante los operativos en hoteles, y un grupo más de deportados.
“Un hecho atroz”
Entre el 2019 y 2023, bajo la titularidad de Francisco Garduño, ocurrieron 14 incendios en estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, Oaxaca, Coahuila, Chihuahua, Tabasco, Veracruz, Puebla y Chiapas.
En el siniestro de 2020 en Tenosique, Tabasco, un hombre murió, de acuerdo a la documentación de Fundación para la Justicia que reitera, “la repetición de estos hechos refleja una omisión sistemática del INM como responsable de las estaciones”.
Una semana antes del incendio en Ciudad Juárez, el 15 de marzo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el plazo máximo dela detención de migrantes extranjeros por más dees de 36 horas, “luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad”.
“Hay más de siete recomendaciones generales de la CNDH donde ya le había explicado (al INM) que las condiciones carcelarias donde tenían retenidos de manera ilegal a las personas migrantes eran violatorias de los derechos humanos”, insistió Álvaro Botero, abogado y defensor de los derechos humanos.
“Las conductas y hechos que se dieron alrededor del caso podrían representar violaciones a los derechos humanos y generar responsabilidad internacional al Estado mexicano, desde el simple hecho de poner en detención a las personas de manera generalizada y automatizada”, explicó.
Recordó el incumplimientos de la Recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que reconoció graves violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la vida y a la integridad y seguridad personal en agravio de 67 personas, por actos y omisiones del personal del INM en el incendio.
La Recomendación fue aceptada por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y el INM, lo que la vuelve un elemento vinculante, como si se tratara de una sentencia jurisdiccional, y se tienen que cumplir en todos los términos.
En el informe “Los impactos en las mujeres vinculadas” publicado este jueves (27), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) recuerda que el incendio fue provocado por la protesta de algunos hombres que exigían respuesta sobre su situación migratoria y para reclamar por las deplorables condiciones en que los mantenían.
Explica cómo el incendio también conllevó a pérdidas para las mujeres y efectos adversos en la vida de cada una, que van desde los psicosocial hasta lo económico, en su día a día.
“Señora presidenta, autoridades de justicia, ¡No queremos impunidad! ¡Queremos justicia!”, se lee en las primera líneas de la carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, firmada por madres, esposas, hijas, padres y sobrevivientes del incendio.
“Han pasado dos años, pero es como si hubiera sido ayer. El tiempo transcurre, pero el dolor sigue intacto… Como familia, no pedimos más que justicia. Queremos que lo próximo sea: justicia”, expresa Miguel, hermano de Andrés Calderón Carbajal, migrante fallecido.
La exigencia de justicia se lee en cada uno de los mensajes que integran la carta abierta a Sheinbaum que se puede leer en las redes sociales de las organizaciones aquí citadas. “A todas y todos ustedes les pedimos justicia, que esas personas que no tuvieron corazón de abrirles las puertas deben pagar. Lo que pido es que se haga justicia, que este hecho no se repita.”
“Durante estos dos años, después del incendio, mi forma de ser y mi personalidad ya no es como antes, perdí mucha memoria, ya no puedo respirar, ya no puedo descansar más, ya no puedo ver, veo borroso. El causante fue el incendio… No puedo hablar bien por el humo que inhalé, tuve pérdidas de memoria y quemaduras de tercer grado en mi cuerpo”, narra una de las sobrevivientes.
En los movimientos del gobierno federal, Claudia Sheinbaum anunció que a finales de 2024 Sergio Salomón Céspedes Peregrina tomaría el cargo de Comisionado del INM, pero a la fecha Francisco Garduño sigue al frente y, de manera reciente, dijo que ya cumplió con las medidas impuestas por el juez y que la disculpa pública a las múltiples víctimas del incendio la ofrecerá el próximo 16 de abril.
En la región Agreste del estado de Pernambuco, nordeste de Brasil, más específicamente en la región del Planalto da Barborema, formado por un conjunto de tierras altas, el viento sopla fuerte y constante. En estas tierras se asentó hace nueve años el mayor complejo eólico del Estado, el Vientos de São Clemente, perteneciente a la empresa Casa dos Ventos, que integra a Echoenergia, una subsidiaria del grupo Equatorial, formado por grandes fondos de inversión, como es el Black Rock, con sede en Nova York.
Cuando la empresa llegó provocó conmoción en la región con promesas de progreso. “Hubo una festividad. Se decía que la región iba a ayudar en el desarrollo de la nación, y en la transición energética”, se acuerda João do Vale, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil.
No tardó mucho, alrededor de un año tras la instalación de los 120 aerogeneradores en tierras campesinas de los municipios de Pedra, Capoeiras, Caetés y Venturosa, para que la gente se diera cuenta de que las promesas no se cumplirían y de los impactos que estaban causando.
Los aerogeneradores, en parte, fueron instalados muy cerca de las casas, en muchos casos a tan solamente 100 o 150 metros, lo que condicionó a los campesinos a vivir con un ruido constante, arriba del permitido por ley, en las 24 horas del día. Además de un polvo blanco lanzado por las aspas que, según relato de los campesinos, causa problemas respiratorios y en la piel.
“El constante ruido trajo el padecimiento del cuerpo. Las personas empezaron a enfermarse. Hay comunidades enteras que están depresivas. Las personas que viven cerca de las torres empezaron a percibir la enfermedad”, sostiene João do Vale.
La situación generó polarización en la comunidad. De un lado los campesinos que no poseen aerogeneradores en sus tierras, pero están muy cerca de ellos. Y de otro, aquellos que reciben recursos por tener aerogeneradores en sus tierras.
Como los campesinos poseen pequeñas tierras - una hectárea, dos hectáreas - los impactos de los aerogeneradores son divididos entre todos. “Hay comunidades en las cuales 80% de las personas no tienen torre, pero todos sufren las consecuencias, porque las torres son gigantes y aquí todo es muy cerca”, explica.
La articulación entre los vecinos no tardó en acontecer. “Hace ocho años nos reunimos, por primera vez, en el terreno de una familia que estaba sufriendo por el ruido, me acuerdo hasta hoy, bajo un juazeiro [árbol frutal típico de la región semiárida brasileña] de su patio”, se acuerda.
Desde entonces la articulación de los campesinos de esta región – comunidades con orígenes a partir de un gran encuentro entre pueblos indígenas y africanos – se expandió alcanzando universidades, organizaciones, parlamentarios, pueblos indígenas.
Además, campesinos con presencia de aerogeneradores en sus tierras también empezaron a demostrar su descontento, ya que con el tiempo la empresa empezó a pagar menos de lo acordado inicialmente, hasta 50% menos. “Hay una cláusula contractual que sostiene que pueden variar el pago de acuerdo con el mercado de energía, una cláusula bastante abusiva”, explica el agente.La articulación derivó, en febrero, en la ocupación de la sede de la Agencia de Desarrollo Económico de Pernambuco (Adepe), en la capital del Estado, la ciudad de Recife. “Las familias no pueden sostener más la situación. O la empresa se hace cargo de los impactos que causa o simplemente les queda salir de sus tierras debido a que el nivel de padecimiento ya es insostenible”, comparte João do Vale, que vive en el Sertão (región semiárida) de Pernambuco, donde igual está “inundado de aerogeneradores”, como él describe.
Ocupación en Pernambuco | Avispa Mídia
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Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires
Campesinos y indígenas del pueblo Kapinawá, cuyo territorio también es codiciado para la construcción de un parque eólico, sostuvieron por dos días la ocupación del edificio público. Salieron con la promesa del Estado de suspender la licencia de operación del parque Ventos de São Clemente y de no instalar nuevos parques eólicos en territorio indígena.
Además, representantes del Estado pernambucano se comprometieron a crear una normativa que determine cuál es la distancia segura entre las casas y los aerogeneradores. “El gobierno debió de haber reglamentado eso hace mucho tiempo. Por lo menos 2 km, distancia considerada mínimamente segura. Existe una omisión en reglamentar la instalación de los parques”.
Energía Eólica en Números | Avispa Mídia
Energía eólica en números
De acuerdo a la Agencia Brasileña de Energía Eólica, existen 1,109 parques eólicos, totalizando 11,773 aerogeneradores, distribuidos en 12 estados brasileños. La gran concentración está en el nordeste del país, especialmente en el Sertão y Agreste. En 2023, la región fue responsable por 92% de la producción nacional de energía eólica.
"Llegaron primero a la Costa y después fueron expandiéndose hacia el interior del Estado, las regiones Agreste y Sertão. Hoy están por todos los lados, se reproducen como peste", señala el agente pastoral.
El viento es la segunda principal fuente generadora de energía en el país, el 16%. Las hidroeléctricas son la principal fuente, generan el 49% de la energía consumida en Brasil.
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Presión
A partir de la presión ejercida por la articulación entre indígenas, campesinos, organizaciones y universidad, el Ministerio Público brasileño realizó un peritaje técnico para analizar el nivel de ruido emitido por los aerogeneradores. “Las pericias comprueban lo que sostenemos, que el ruido está arriba de lo que permite la ley. Eso se configura como un crimen. Tenemos laudos en las manos”, señala João do Vale. El Ministerio Público concluyó que existe daños socioambientales en estas comunidades.
El órgano ambiental del Estado, entonces, impuso una serie de recomendaciones tanto para el complejo Vientos de São Clemente así como para el parque Ventos de Santa Brígida, que también está instalado en la región desde 2015 con 107 aerogeneradores distribuidos por los municipios de Caetés, Pedra y Paranatama.
“La empresa dueña de Ventos de Santa Brígida [que también está en proceso de renovación de la licencia de funcionamiento] hizo una propuesta de adecuación a las condiciones establecidas por el órgano ambiental y eso fue considerado suficiente por el Estado. Ya Vientos de São Clemente nunca respondió a las recomendaciones del órgano ambiental”, explica Vale.
Fue entonces que la ocupación de la Adepe obligó el Estado a tomar medidas contra la empresa Casa dos Ventos, suspendiendo el funcionamiento del parque, hasta que cumpliera directrices para mitigar sus impactos. “Es la primera vez que eso pasa en Brasil a través de una lucha popular”, conmemora.
Foto por Felipe Correia
La justicia
Después de la decisión del órgano ambiental, la empresa inició una acción judicial contra el Estado, pidiendo el retorno de las actividades del parque. “El juez de primera instancia decidió que el parque debería continuar suspendido. La empresa llevó el caso a jueces de segunda instancia. Fue entonces que el tribunal de justicia autorizó el retorno de las actividades [hasta que haya una sentencia final del caso], justificando que la empresa iba a tener muchos perjuicios financieros”, explica João do Vale.
Días después de la decisión judicial los campesinos reportaron la queda de una torre, sin mayores acciones del Estado.
Mientras tanto, reportan desde la región una tensa calma. “Ha habido agresiones por parte de quienes quieren los parques, porque con la paralización de las actividades la empresa no pagaría a los dueños de las tierras. Esta situación ha provocado la confrontación de campesino contra campesino”.
El Agreste es una región brasileña formada por poblaciones tradicionales – entre ellas quilombolas, catingueros y diversos pueblos indígenas. “Es una región de una memoria comunitaria todavía muy fuerte”, describe el agente. Allí se vive de la pequeña producción agrícola, frijol, maíz, legumbres, hortalizas, se crea pequeñas cantidades de animales.
Si no hay un acuerdo con estas empresas que permita que se detengan las instalaciones de nuevos parques, la solución vislumbrada por las familias es el desplazamiento a otras tierras o a las periferias de las grandes ciudades, donde tendrán que iniciar sus vidas de cero. “Es un proceso muy violento. Ninguna de las dos opciones es justa”, añade João do Vale.
