Carrizalillo: el pueblo que frena a la minera Equinox Gold en Guerrero, México

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5 marzo, 2025

En las entrañas de las tierras del estado de Guerrero, México, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de México, se encuentra el complejo minero Los Filos, operado por la empresa canadiense Equinox Gold. Este proyecto, que incluye tres procesos de explotación a tajo abierto y dos minas subterráneas, según los informes financieros de la empresa, ha extraído entre 2021 y 2024 más de 607 mil 259 onzas de oro, en promedio vendido a 1mil 765 dólares por onza.

Equinox Gold anunció a sus accionistas desde enero pasado que el proyecto Los Filos rompió record al haber extraído 170 mil 369 onzas de oro en 2024, en comparación con 2023, cuando logró arrancarle a la tierra 159 mil 071 onzas de oro. De la misma forma comunicó que su objetivo era aumentar la producción de oro a 300 mil onzas anuales a partir de 2025, lo que implica la construcción de una planta de carbón en lixiviación y más infraestructura.

Para ello tiene que lograr el acuerdo con al menos tres comunidades indígenas de la región. Desde 2008 ha habido conflicto entre la empresa y las comunidades locales, especialmente con el ejido de Carrizalillo.

“Hemos llegado a un consenso sobre nuevos acuerdos con las tres comunidades locales. Dos han ratificado y firmado nuevos acuerdos a largo plazo; sin embargo, una comunidad sigue pendiente. La continuación de las operaciones en Los Filos en 2025 está sujeta a la conclusión satisfactoria de nuevos acuerdos a largo plazo con las tres comunidades a muy corto plazo”, sostiene la empresa en su informe de 2024, enfocándose específicamente a la reactivación de el desarrollo subterráneo Bermejal, el cual fue suspendido en 2023 hasta mejorar la infraestructura.

Las comunidades que han llegado a establecer acuerdos para la expansión del proceso de explotación de oro por parte de la empresa canadiense son la Mezcala y Xixhilapa, mientras que la comunidad de Carrizalillo, donde está establecido la mayor parte del proyecto minero, se opone a firmar nuevos convenios.

Carrizalillo pone en jaque a Equinox

La resistencia de la comunidad de Carrizalillo ha puesto en jaque la expansión del proyecto minero Los Filos. Desde el pasado 5 de febrero, los representantes agrarios del ejido de Carrizalillo lanzaron una misiva al presidente CEO de Equinox Gold, Greg Smith, anunciándole tajantemente que, “a finales de marzo de este año (2025) vence el convenio de ocupación temporal de tierras y el convenio social que la empresa tiene establecido con nuestro ejido por la renta de prácticamente el 100% de nuestras tierras que se integran por parcelas y tierras colectivas de uso común”.

La empresa debió haber reiniciado negociaciones desde un año atrás, tal y como estaba establecido en los convenios, afirman las autoridades agrarias, destacando que se han suscitado “una serie de incumplimientos”, como un proyecto de agua potable que debió haber cumplido la empresa desde seis años atrás.

Por el contrario, puntualizan los campesinos, “desde que inicio la minería en nuestras tierras nos empezaron a dar agua con arsénico”, a ello agregan que la empresa comenzó un ataque contra ellos con una “estrategia de desprestigio en contra de nuestro ejido, al hacer constante referencia que nosotros no queríamos sentarnos a negociar y que ello implicaría el inicio de cierre del proyecto”, señalan en la carta enviada al presidente CEO de Equinox Gold.

Las autoridades agrarias de Carrizalillo señalan que la empresa condicionó la negociación, determinando que se daría junto a las comunidades de Mezcala y Xochipala, pero el proyecto abarca el 100% del territorio de Carrizalillo. Según la Red Mexicana contra la Minería (REMA), la empresa ha intentado imponer un nuevo convenio que reduce drásticamente los beneficios para la comunidad.

Los Filos lleva en funcionamiento desde 2008. Estaba en manos de la empresa Leagold Mining, posteriormente Equinox Gold asumió la propiedad, en marzo de 2020, justo cuando se firmaron los convenios con los ejidatarios de Carrizalillo, ya que abarca el 100% de sus tierras. “Se encuentra literalmente a un costado de la zona urbana de nuestra población, no siendo así para las comunidades de Mezcala y Xochipala”, detallan los comunitarios.

La resistencia y amenazas de muerte

El ejido de Carrizalillo, ubicado en el municipio de Eduardo Neri, ha sido el epicentro de la resistencia contra Equinox Gold.

En febrero de 2025, las autoridades agrarias denunciaron amenazas de muerte y criminalización por parte de la empresa, acusando a Equinox Gold de utilizar tácticas intimidatorias, incluyendo la presencia de funcionarios estatales y representantes de otras comunidades para presionar la firma del convenio. “No es casual que su arenga está contribuyendo a la creación de amenazas de muerte de las que hacemos responsable al Sr. Hugo Vergara, personaje a quien le parece intolerante que una comunidad pueda ser capaz de solicitarle respeto a una empresa de Canadá”, remarcan los ejidatarios en su boletín de prensa emitido este 3 de marzo.

Las autoridades agrarias también denuncian que el pasado 1 de marzo, el gerente general de Equinox Gold, André Souza de Amorín, y el vicepresidente senior en México, Armando Fausto Ortega, llegaron a Carrizalillo sin previo aviso y realizaron un mitin público en las calles del pueblo.

Con una bocina en mano, intentaron convencer a los habitantes a firmar el convenio, argumentando que la comunidad perdería el "progreso y desarrollo" que la minería supuestamente trae. No obstante, solamente 15 personas, de más de 3 mil que forman la comunidad, asistieron al evento. La mayoría expresó su rechazo a las condiciones impuestas por la empresa.

Los representantes de la comunidad advierten que, si la mina cierra sus operaciones, tendrá que cumplir con los convenios legales de remediación ambiental y la indemnización por los daños causados.

Mientras tanto, la cuenta regresiva para la empresa ha comenzado, ya que el 31 de marzo de este año 2025 marca el fin de la vigencia del convenio actual entre Equinox Gold y Carrizalillo. Si no se llega a un acuerdo, la empresa perderá el derecho a operar en las tierras del ejido.

"El primero de abril empezará una nueva historia para nosotros", dijo una de las autoridades agrarias.

Organizaciones mexicanas demandan frenar expansión de proyectos de gas

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Sare Frabes

4 marzo, 2025

^{En portada: Cientos de habitantes de Juanacatlán, Jalisco, se manifiestan para exigir la cancelación de la termoeléctrica “La Charrería”. Foto: David Bogarín}

Cuarenta organizaciones y comunidades mexicanas se pronunciaron este martes (4) frente a los planes en materia energética de la actual administración federal. Mediante conferencia de prensa, argumentaron que durante los primeros meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han encendido las alertas debido al anuncio de nuevos proyectos de gas fósil, los cuales, argumentan, contradicen la supuesta política de transición energética en México.

Entre los proyectos, las organizaciones identifican 19 nuevas plantas termoeléctricas en planeación o ya en proceso de construcción que se suman a las edificadas en sexenios anteriores. “Estas plantas provocan graves impactos a la salud de las poblaciones donde se ubican, con la quema ininterrumpida de gas y la contaminación del aire”, sostienen mediante comunicado en el que exigen que durante el sexenio actual se ponga freno a la expansión de los proyectos de gas.

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Entre las organizaciones que se posicionaron se encuentran la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Centro de Derechos Humanos “Bety Cariño”, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, los Comités de Cuenca Río Sonora, Ucizoni y Corason Huasteca Totonacapan. Para ellas, los gasoductos para la transportación del gas -que a su vez se asocian a las termoeléctricas y plantas de Gas Natural Licuado (GNL)- conllevan un enorme costo ambiental, social y económico para las comunidades por donde traviesa esta infraestructura. “En construcción y proyecto, hablamos de 4,623 km3 de nuevos gasoductos en nuestro país”, denuncian.

Proyectos

Entre los emprendimientos de gas que amenazan a las comunidades, las organizaciones destacan los ubicados en el Golfo de Caifornia. Ahí se encuentra el Proyecto Saguaro, infraestructura planeada para edificarse en Puerto Libertad, Sonora, para la exportación de 15 millones de toneladas anuales de GNL. También señalan otras dos terminales en la misma región para la exportación del gas metano: una en Topolobampo, en una zona de humedal, y otra en Guaymas, ambas en Sinaloa.

“Solamente el proyecto Saguaro generaría una cantidad de emisiones equivalentes a las emisiones de Suecia y Portugal juntos”, alertan las organizaciones.

A su vez, está la ampliación del Puerto de Manzanillo, en Colima, anunciada a finales del año 2024 y que contempla lo que las organizaciones califican como “un agresivo perfil para la importación y distribución de gas fósil”.

Estos proyectos, señalan, ya han recibido el rechazo de las comunidades. Resalta el caso de las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, en Jalisco, que se oponen a que se agrave aún más la situación de contaminación exacerbada alrededor del Río Santiago, donde la asociación civil Un Salto de Vida ha promovido acciones de protesta contra la instalación de centrales termoeléctricas en una región donde un corredor industrial ha devastado las fuentes de agua y contaminado tierras.

*^{Cientos de habitantes de Juanacatlán, Jalisco, se manifiestan para exigir la cancelación de la termoeléctrica “La Charrería”. Foto: David Bogarín}*

Otro proyecto que destaca por los impactos que ya está provocando es el gasoducto Puerta al Sureste ubicado en la costa de Veracruz, en el Golfo de México. “Este gasoducto submarino amenaza el sistema de arrecife de coral veracruzano y ya enfrenta una fuerte oposición de comunidades pesqueras y campesinas de la región. La empresa canadiense TC Energy es la responsable de construir este gasoducto que ampliará el alcance del gas proveniente de Texas”, acusan.

Dependencia con EEUU, en aumento

Acorde al análisis de las organzaciones, la construcción de nueva infraestructura de gas incrementa la dependencia de México con respecto a los EEUU, toda vez que es de este país desde donde se importa el 90% del gas que consume el sector eléctrico mexicano.

Aún más, las organizaciones aseveran que las recientes políticas de la administración del presidente Trump en EEUU, las cuales muestran una fuerte hostilidad hacia México, demuestran las razones por las cuales se debe evitar profundizar las dinámicas de dependencia. “Nuestra matriz energética ya depende severamente del gas, 71% de la electricidad es generada por este combustible fósil. Se necesita reducir este porcentaje, no incrementarlo”, sostienen.

*^{Obras del gasoducto Puerta al Sureste. Fotos: Benjamín Soto}*

Principalmente, señalan, es la iniciativa privada quien empuja la construcción de nuevas terminales de exportación de GNL y que coloca en amenaza directa a las comunidades localizadas en la costa de México. “Este tipo de infraestructura se pretende usar para exportar gas proveniente de Texas hacia Europa y Asia. Las plantas de GNL son altamente contaminantes, tan solo en EEUU se les atribuyen directamente 60 muertes anuales por las afectaciones que provocan en la calidad del aire”, argumentan.

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A lo anterior se suma que, durante el traslado del gas a través de grandes buques, se destruye las economías locales, que dependen de la pesca o el turismo, y se pone en grave riesgo a las especies marinas que habitan dichas zonas, incluyendo a 31 especies de cetáceos (entre ellas ballenas, delfines y una marsopa).

Fracking y crisis climática

El gas fósil está principalmente compuesto de metano (CH4), un potente gas de efecto invernadero, el cual se calcula es hasta 80 veces más dañino que el dióxido de carbono. Además de acelerar el calentamiento global, el gas metano es extraído mediante la técnica de fracking (fractura hidráulica), un método que durante el sexenio previo, en el gobierno de Manuel López Obrador, se prometió su prohibición mediante reformas a leyes ambientales que en la actualidad no han cumplido su cometido.

“Pedimos que México retome con claridad y decisión la agenda y el compromiso asumido por la presidenta para prohibir esta técnica de extracción de hidrocarburos, que es una amenaza vigente de convertir a comunidades de Veracruz, Puebla, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en zonas de sacrificio como ya ocurre con las comunidades de Texas, Luisiana y Nuevo México”, exigen las organizaciones.

La exigencia de prohibición del fracking, argumentan, es debido a que México ya enfrenta escenarios críticos de escasez de agua, por lo que permitir una técnica que utiliza más de 19 millones de litros de agua para la extracción de hidrocarburos por cada pozo “es irresponsable con esta y las futuras generaciones”, sentencian.

Perú: Semillas nativas en peligro

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Javier Bedía Prado

27 febrero, 2025

La restricción en el Perú de organismos genéticamente modificados (OGM) en el sector agrícola, regulado por la Ley 28911, fue un logro de las organizaciones de agricultores en defensa de la biodiversidad obtenido en 2011 y prorrogado en 2021.

La norma establece la moratoria que impide el ingreso y producción en el territorio nacional de organismos vivos modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente.

“La ley tiene por finalidad fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de OVM”, señala en su segundo artículo la ley.

Sin embargo, un proyecto de ley busca levantar la moratoria y permitir la producción del maíz y algodón transgénico en el Perú. La iniciativa, presentada por parlamentarios de partidos políticos conservadores, en 2024, es respaldada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Ministerio de Agricultura, con el argumento de atender dificultades de la pequeña y mediana agricultura. Se pretende que el proyecto sea debatido próximamente por el pleno del Congreso.

El maíz es el cultivo más importante en extensión para el Perú, con alrededor de 520 mil hectáreas. Se siembran sobre todo dos variedades, el maíz amarillo duro y el amiláceo, de los que dependen directamente unas 82 mil familias. El primero se destina en su mayoría a la alimentación de pollos, cuya carne es la de mayor consumo en el país.

La propuesta pone en peligro, precisamente, la agricultura familiar, a los pequeños productores, que en el Perú representan el 97% del total de unidades agropecuarias. La seguridad alimentaria del país es resguardada por 2,5 millones de agricultores familiares, quienes proveen hasta un 60% de los alimentos de consumo nacional.

“Los transgénicos crean un modelo altamente industrial, no para el consumo humano, es una falacia, sobre todo es para crianza de animales, para la ganadería industrial, no sabemos si es ignorancia o nos quieren engañar cuando dicen que es para combatir el hambre”, declaró para Avispa Mídia el presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), Eusebio Vásquez.

En ese sentido, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) advierte que el uso de transgénicos compromete los derechos, ingresos y alimentación de los agricultores.

"Las semillas transgénicas promueven el monocultivo, afectando los medios de vida y sustento de los agricultores, principalmente aquellos que abastecen los mercados locales; afectan la disponibilidad de alimentos diversos para el consumo humano, que son la base para tener y promover una alimentación variada y buena”, añade la organización.

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Semillas nativas contra modelo devastador

El dirigente de los productores ecológicos señala el peligro de que se generen condiciones de dependencia de las semillas modificadas.

“Promovemos el uso de semillas nativas, el cuidado de la biodiversidad. Los transgénicos se venden en paquete, con su activador y pesticidas, los insumos se multiplican. No es como la semilla nativa. Aunque no cultives en un terreno, por los vientos, la polinización el maíz, la papa serán alteradas y podrían exigir pagos por el uso de semillas a los agricultores”, observa el especialista en agroecología.

En el campo peruano, el 80% de agricultores utiliza sus propias semillas, año tras año cuidadas, seleccionadas. Las semillas nativas aportan casi la totalidad de la producción agraria.

"Podrían afectar los derechos colectivos a la autonomía, acceso a semillas viables como recursos renovables de nuestra biodiversidad; libre intercambio de semillas; pérdida de oportunidades en biocomercio por la existencia de patentes basadas en recursos de nuestra biodiversidad vía biopiratería; salud humana, problemas de acceso a la distribución de beneficios derivados del uso de diversidad nativa”, observa Conveagro.

Las organizaciones de agricultores indican que las "verdaderas prioridades de la agricultura familiar son la falta de asistencia técnica, tecnificación del riego, conectividad, seguridad jurídica, acceso a créditos y a mercados con precios justos".

A su vez, promueven una ley que proteje las semillas nativas, como medida para reforzar la lucha contra el modelo de agricultura transgénica impulsado desde los poderes del Estado.

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La región

En América del Sur, de un lado, el Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile tienen restricciones a las plantaciones de OGM.

De otro lado, Brasil y Argentina son el segundo y tercer productor de cultivos transgénicos en el mundo, después de Estados Unidos. En producción de soya modificada, Brasil desplazó a Estados Unidos en el primer lugar.

En Argentina más de la mitad de territorios cultivables está cubierta de soya transgénica, la que principalmente se exporta a China para alimentación de animales y fabricación de ultraprocesados.

Entre Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina y Brasil conforman un corredor de la soya que abarca 94 millones de hectáreas, según un informe de Acción por la Diversidad publicado en 2020.

Para el tratamiento de los cultivos en los cinco países en conjunto se emplean cada año 1.500 millones de toneladas de agrotóxicos, entre ellos el glifosato.

El desastre ocasionado en los territorios fumigados, suelos, fuentes de agua, salud y medio ambiente en estos países es una advertencia para la región.

Por mencionar una consecuencia en la salud pública, en las localidades argentinas fumigadas con estos pesticidas la mortandad por cáncer en la población joven es 2,5 veces mayor que en el resto del país, de acuerdo a un estudio del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, publicado en 2023.

Pueblos tzeltales denuncian “falsa consulta” para imponer proyecto carretero en Chiapas

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Aldo Santiago

25 febrero, 2025

^{En portada: Autoridades ejidales convocadas por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, participan de una “consulta a mano alzada” sobre el proyecto de la carretera Palenque-Ocosingo, el cual forma parte de la ahora renombrada “Ruta de las Culturas Mayas”, megaproyecto carretero que ha sido rechazado por decenas de comunidades originarias desde 2009.}

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), integrado por comunidades originarias de una docena de municipios en Chiapas, denunció lo que considera un proceso de imposición del gobierno estatal para la construcción de la autopista que conectaría las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Palenque.

El megaproyecto carretero, impulsado por diferentes gobiernos a nivel estatal y federal desde el año 2009, no se ha concretado debido a la movilización de pueblos indígenas que serían afectados por el trazado vial. No obstante, desde su llegada a la titularidad del gobierno del Estado, en los últimos meses del 2024, Eduardo Ramírez Aguilar ha promovido como prioritaria la construcción del megaproyecto ahora rebautizado como “Ruta de las Culturas Mayas”.

Este sábado (22), el gobernador Ramírez visitó la comunidad tzeltal de Bachajón, en el municipio de Chilón, región selva norte del Estado, para realizar un evento público que denominó “consulta pública” y cuyo objetivo, señala el gobierno, fue obtener la aprobación de la población local para la construcción de la carretera en el tramo que unirá a los municipios de Palenque y Ocosingo.

^{Autoridades ejidales convocadas por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, participan de una “consulta a mano alzada” sobre el proyecto de la carretera Palenque-Ocosingo, el cual forma parte de la ahora renombrada “Ruta de las Culturas Mayas”, megaproyecto carretero que ha sido rechazado por decenas de comunidades originarias desde 2009.}

Reportes de medios locales relatan que la consulta se realizó “a mano alzada” y obtuvo la aprobación por unanimidad de los ejidos presentes en el evento. Por su parte, el Modevite calificó como “falsa consulta” el ejercicio del gobernador Ramírez y, mediante comunicado, aseveró que “decidir sobre el futuro de las comunidades indígenas sin contar con un diálogo ni con la información sobre los impactos ambientales, socioeconómicos y culturales, significa seguir reproduciendo la discriminación sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano”.

Simulación

Acorde al testimonio de Pascuala Vázquez, integrante del Modevite en Chilón, los participantes del evento fueron “acarreados”, es decir, trasladados por parte de funcionarios del Estado y autoridades municipales que apoyan el megaproyecto carretero.

Más grave aún, relata Vázquez, las personas que se presentaron a la “consulta” no pertenecen a ninguna comunidad del municipio de Chilón, sino que fueron personas de municipios vecinos. Incluso, detalla que al cuestionar a los asistentes sobre el motivo de su participación, no supieron que responder pues “claramente no sabían y no les habían dicho a qué iban”, denuncia.

Según los testimonios, el evento no fue planificado como una consulta previa, libre e informada, sino que se realizó a manera de un mitin político. Vázquez relata que, sólo un día antes de la visita del gobernador Ramírez, se difundió un anuncio sobre el evento enfocado a llamar a agentes municipales y autoridades, pero sin detallar el objetivo de la reunión.

“Las personas y los ejidatarios a quienes realmente les afecta sus parcelas no llegaron ese día, y menos tienen conocimiento de qué tanta afectación les va a dejar la construcción de la supercarretera”, sostiene la integrante del Modevite, quien destaca que durante el evento los funcionarios se limitaron a enunciar los supuestos beneficios de la construcción para los pueblos originarios.

Vázquez, quien también funge como vocera del Concejo de Gobierno Comunitario de Chilón – estructura de autogobierno indígena que comunidades tzeltales mantienen activa desde hace seis años en dos municipios al norte de Chiapas –, reclamó el hecho de que las poblaciones de la región no cuentan con información clara del megaproyecto. “Están violando el derecho del pueblo de la consulta previa, libre, informada porque no dan a conocer quién es el que va a construir o cuáles empresas van a entrar para que construyan la supercarretera”, sostuvo.

La integrante del Modevite señala que también existen dudas sobre las afectaciones a parcelas de personas que se encuentran sobre el trazado de la carretera, situación que les mantiene en la incertidumbre debido a que ninguna autoridad ha compartido cómo se llevará el proceso para la construcción y si existirán medidas de indemnización. “Están usando a los autoridades ejidales y también los agentes de cada comunidad para aprobar un proyecto que no saben nada las personas de las comunidades”, acusa Vázquez.

Opacidad y engaño

Durante el sexenio pasado, en la administración del gobernador Rutilio Escandón, diversos funcionarios realizaron acciones para reactivar el megaproyecto carretero, entonces denominado “Carretera de las culturas”, que conectaría a las regiones Central, Altos y la Selva norte de Chiapas, desde donde se enlazaría a su vez con una terminal del denominado “tren maya” en la ciudad de Palenque.

Como reportó Avispa Mídia, fueron varios los intentos para convencer a pobladores tzeltales de municipios como San Juan Cancuc, cuyos pobladores se han mantenido firmes en el rechazo a la autopista pese a las amenazas e intimidaciones del gobierno del Estado. Fue en ese mismo periodo, durante diciembre del 2019, cuando el Congreso de Chiapas incluyó el megaproyecto en lo que denominó el “Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque”, cuyo fin era ampliar la conectividad carretera desde el norte del Estado hasta la costa de Chiapas.

Así, el 23 de diciembre de ese año, el Congreso decretó autorizar al gobierno estatal para otorgar la concesión encargada de la ejecución del proyecto y, cuya característica más relevante, era que consideraban que la inversión fuera 100% de origen privada. Esto, argumentaron los congresistas, se debía a que el eje carretero precisaba de un presupuesto multimillonario, de hasta 17 mil millones de pesos, debido a que los tres tramos del eje carecían de proyecto ejecutivo y no contaban con estudios ni proyectos geométricos, planos ni permisos esenciales para su construcción.

A pesar del aval del Congreso estatal, el gobierno de Escandón no operó la licitación para concesionar el proyecto. Para agosto de 2024, a sólo dos meses tras ganar las elecciones para la gubernatura de Chiapas, Ramírez Aguilar se reunió con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para, argumentó, promover una serie de proyectos para el desarrollo de la entidad al sur de México, en la que priorizó la denominada “Ruta de las Culturas”.

Actualmente, esta carretera planea atravesar 10 municipios con poblaciones tzeltales, tzotziles y mestizas a través de una vía de 153 kilómetros de extensión, además de un ramal de 18 kilómetros para conectar al municipio de Ocosingo. Hasta febrero del 2025, el gobierno del Estado reporta tener un avance de 48 kilómetros en el tramo que lleva hasta las cascadas de Agua Azul, entre los límites de Chilón y Tumbalá.

*^{Fotograma de un video producido por el gobierno de Chiapas que muestra el trayecto de la "Ruta de las culturas mayas"}*

Como parte de su promoción, el gobernador Ramírez ha anunciado que la autopista no se concesionará a privados sino que se construirá con recursos públicos e, incluso, como declaró el pasado sábado (22), “estará a cargo de una asamblea que se constituirá por un miembro de cada comunidad, y las ganancias impactarán directamente en beneficio de las familias de estos ejidos”.

Para la vocera del Gobierno Comunitario de Chilón ésta es otra estrategia de engaño, pues considera que es una maniobra para convencer a las autoridades ejidales para aprobar los permisos de construcción a cambio de la promesa de entregar recursos monetarios.

“Han dicho que les van a colocar una caseta de cobro por ejido y les han engañado también que les van a entregar una tarjeta para que pasen gratis en esa carretera”, refiere Pascuala Vázquez sobre el discurso del gobernador que se repite en comunicaciones oficiales, donde se enuncia que las comunidades serán socias de la autopista y se les permitirá la construcción y gestión de gasolineras, restaurantes y tiendas de autoservicio.

“Consulta” a la vista

Durante el evento en Bachajón, el gobernador anunció que el próximo 9 de marzo se instalarán casillas en las cabeceras municipales de Palenque, Salto de Agua, Chilón y Ocosingo, para realizar otra consulta sobre la construcción de la primera etapa de la “Ruta de las Culturas Mayas”. Pese a que el gobierno de Chiapas anunció que se contará con papeletas en español, tzeltal y chol, “para garantizar la participación de todas y todos en este proceso democrático”, Vázquez reitera que no es posible realizar esta consulta sin contar con información clara. Además, advierte que se pueda repetir la operación del pasado fin de semana para trasladar a personas de municipios y comunidades ajenas para que voten ese día.

“Los agentes que llegaron (al evento del pasado sábado) pues no han informado nada en las comunidades, ¿a qué fueron? Nada. Y les van a pagar pasaje a los que van a ir a dar su voto, pero a favor de la supercarretera. No les preguntan si no quieren, simplemente les dicen: Vayan a dar su voto a favor de la supercarretera”, denuncia.

Pascuala Vázquez sostiene que el Modevite no está en contra del desarrollo de sus comunidades, argumento que utiliza el Estado para descalificar su protesta contra la autopista, pero sentencia que no pueden aceptar “una consulta disfrazada”. Aún mas, señala que les molesta la falta de participación de las mujeres sobre el futuro de sus comunidades.

“Los ejidatarios hacen asambleas ejidales, consultas amañadas porque son ideas de los partidos políticos. Las mujeres se quedan en casa y no saben lo que están aprobando sus maridos y, mientras, el principal afectado en este caso son los hijos que no tienen ni parcelas, eso es lo que a nosotras nos molesta porque no respeta nuestros derechos”, señala Vázquez.

Cabe resaltar que el mismo sábado (22), cientos de personas, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) realizaron movilizaciones en distintos puntos de Chiapas, en el marco de la Jornada Global para exigir justicia por el asesinato de Samir Flores, donde sumaron su rechazo a la construcción de la autopista Palenque – San Cristóbal.

Las violaciones por detrás del café de Nestlé y Starbucks

Por

Avispa

19 febrero, 2025

Por detrás de una tasa de café de Nestlé y Starbucks se esconde una cruda realidad vivida por pequeños productores de café especialmente en las montañas de Chiapas y Veracruz, en México. Los caficultores, en su mayoría pertenecientes a pueblos originarios, que sostienen las cadenas de suministro de estas empresas, sufren bajo prácticas opacas violaciones a sus derechos humanos y una marginación sistemática que perpetúa la pobreza en las comunidades rurales.

Estas son algunas de las conclusiones de la investigación Explotación y opacidad: la realidad oculta del café mexicano en las cadenas de suministro de Nestlé y Starbucks, producida por Empower, en colaboración con Coffee Watch y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC),

Nestlé y Starbucks no adquieren el grano directamente de los productores, sino que acuden a comercializadoras como ECOM Agroindustrial Corp. Limited (ECOM), con base en Suiza, Neumann Kaffee Gruppe (NKG), basado en Alemania, y Louis Dreyfus Company B.V. (LDC), con sede en Países Bajos, que, por medio de sus subsidiarias en el país, compran directamente de los pequeños agricultores.

El precio del café lo fijan en última instancia Nestlé y Starbucks con base en la oferta y demanda del producto. A su vez, las acaparadoras controlan la compra directa con los caficultores, lo que les permite influir en los precios y condiciones de compra, “generalmente en detrimento de los pequeños productores”, dice el informe de la investigación. Estos últimos se encuentran en el eslabón más vulnerable de la cadena, pues se ven obligados a abaratar su producto.

Testigos de productores recaudados para la investigación sostienen que los precios del café se reducen tanto que a veces son insuficientes incluso para cubrir los gastos que invirtieron en la producción. Por ejemplo, en 2023, el kilogramo de café cereza alcanzó los 0.25 USD, muy por debajo de los 1.2 USD por kg exigidos por los cafetaleros.

Mientras tanto el salario mensual de Brian Niccol, CEO de Starbucks, ronda los 10 millones USD al mes, compara el estudio.

Además, las organizaciones pudieron observar que las acaparadoras de café acuden cada vez más a la compra a través de coyotes, quienes adquieren el café directamente de los productores y lo transportan hasta sus puntos de compra. De acuerdo con el informe, los coyotes imponen precios aún más bajo a los caficultores e imponen sistemas de crédito informales y abusivos.

La producción

La producción de café en México se concentra principalmente en los estados de Chiapas (37%), Veracruz (24%) y Puebla (21%), mientras que el 18% restante se distribuye entre otros estados, destacando Oaxaca y Guerrero. Alrededor de 70% de la producción del café en México proviene de la población indígena. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, entre 2020 y 2022, México ocupó el lugar 14 entre los países productores de café.

Control sobre la cosecha

El estudio apunta que las comercializadoras no sólo dominan el mercado mexicano del café, sino que también ejercen un poder desmedido sobre las condiciones de producción y las vidas de los trabajadores.

Una de las características más alarmantes, señalan las organizaciones, es cómo las grandes multinacionales del café imponen sus propias variedades genéticamente modificadas, adaptando el café mexicano exclusivamente a las demandas del mercado global. Estas empresas han introducido variedades de arábica y robusta - principalmente utilizada en la producción de café soluble y en mezclas de bajo costo -, alteradas genéticamente para maximizar el rendimiento y la resistencia a la sequía, priorizando la producción masiva sobre la calidad y sostenibilidad, alertan.

Advierten que el cultivo de robusta acarrea un mayor costo ambiental: a diferencia del arábica, no se cultiva bajo sombra y requiere más riego, lo que contribuye significativamente a la deforestación y degradación de los ecosistemas locales.

Además, ofertan insumos y servicios agrícolas como parte de sus programas de responsabilidad social corporativa. Un ejemplo es el Plan Nescafé, que Nestlé opera en México desde 2010 con el objetivo de proveer a los caficultores con plántulas mejoradas de café y asesoría técnica.

Las organizaciones pudieron observar que las comercializadoras de café también han desarrollado estrategias para cooptar cooperativas de pequeños productores mediante contratos ventajosos y apoyo técnico. Estas cooperativas, que en principio deberían empoderar a los caficultores, terminan a menudo bajo el control de las comercializadoras, que determinan qué se cultiva y cómo se comercializa el café, perpetuando la dependencia de los productores.

Nestlé y Starbucks en México

Nestlé ha transformado, de acuerdo a la investigación, a México en el epicentro de su cadena de valor para el café soluble, construyendo la planta productora de Nescafé más grande del mundo y buscando convertir al país en su principal proveedor de café. Starbucks centra su interés en la adquisición de mezclas estándar para abastecer sus tiendas locales y, en menor medida, para exportar a otros mercados. Nestlé posee las marcas Nescafé, Nespresso y Dolce Gusto. Desde 2018, distribuye café marca Starbucks fuera de las tiendas de esta cadena.

Opacidad

La investigación revela una falta de transparencia en los acuerdos entre Nestlé Starbucks y el Estado mexicano. Instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) han proporcionado apoyo financiero a proyectos liderados por estas corporaciones. Sin embargo, los detalles sobre la asignación y el uso de estos recursos no son claros, alertan las organizaciones.

Señalan, todavía, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México ha apuntado irregularidades en el uso de fondos públicos para apoyar proyectos de las comercializadoras que proveen café a Nestlé y Starbucks.

Inicio

Starbucks empezó a adquirir café mexicano en Chiapas en la década de los 1990. De acuerdo a campesinos entrevistados para la investigación, las condiciones de venta eran favorables para los productores.

La ruptura se dio a partir de 1998, cuando Starbucks creó una alianza con Conservation International (CI), la cual fue monitorizada por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta alianza buscaba, de acuerdo al estudio, impulsar el cultivo del café chiapaneco e incluyó la introducción de intermediarios entre Starbucks y los productores, bajo la lógica de garantizar un suministro constante de café que cumpliera con criterios homogéneos de calidad y sustentabilidad.

En este contexto, en 2003, ECOM comenzó a operar como intermediario para Starbucks en México a través de su subsidiaria Agroindustrias Unidas de México, S.A.de C.V. (AMSA).

Criminalización

En 2022, cafetaleros de Ixhuatlán del Café, en el estado de Veracruz, protestaron por la caída repentina en los precios de compra de café por parte de AMSA. Después de las protestas, se produjo un incendio en las instalaciones de AMSA. La empresa acusó a 12 personas por su supuesta participación en este hecho, las cuales fueron detenidas por la policía veracruzana sin un debido proceso. Entre estas personas se encontraban líderes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) y Viridiana Bretón, exalcaldesa de Ixhuatlán del Café.

En abril de 2024, cinco de los acusados fueron absueltos por falta de pruebas en su contra. Sin embargo, siete de ellos aún enfrentan cargos penales.

Urgente: llamado internacional tras asesinatos de campesinos en Honduras

Por

Sare Frabes

18 febrero, 2025

^{En portada: Campesinos de la cooperativa El Chile dentro de la recuperación de tierras que mantienen desde enero del 2023. Foto: Santiago Navarro F}

Región norte de Honduras, en las entrañas del Valle de Aguán, hombres fuertemente armados y vinculados al crimen organizado emplean una serie de estrategias de hostigamiento hacia campesinos que han recuperado las tierras de sus ancestros y que estaban en manos de empresas de la industria de la palma aceitera.

Mientras las fuerzas del orden fungen como meros espectadores, la violencia arrecia, dejando como saldo el asesinato de tres activistas, más de 160 familias desplazadas y cientos de personas viviendo en refugios temporales. Diversas organizaciones alzan la voz desde Europa y responsabilizan a varias empresas.

El escenario de violencia se desencadenó desde finales de 2024, donde figura la Corporación Dinant, productora de aceite de palma, como la principal demandante de las tierras que, arguye, son de “su propiedad”.

Las acusaciones contra Dinant no son nuevas. La empresa ha estado en el centro de controversias durante más de una década. Ha sido acusada de tener una vinculación con actos de violencia, asesinatos y amenazas hacia líderes campesinos y defensores de los derechos humanos. Organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado estos abusos, pero las medidas concretas por parte del gobierno de Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, siguen siendo insuficientes.

Este monocultivo se ha expandido en extensos territorios de Honduras, Guatemala y hasta México. El caso de Honduras ha puesto el foco nuevamente sobre la industria global del aceite de palma y sus implicaciones tanto para las comunidades locales como para el medio ambiente.

Las compradoras del aceite de palma

En un comunicado, un grupo de 33 organizaciones ecologistas y de derechos humanos, agrupadas en la Iniciativa Romero (CIR) en Münster, Alemania, ha lanzado la exigencia a empresas multinacionales - como ADM, Cargill, Pepsico, Nestlé, y otras – para que se abstengan de realizar cualquier negocio con Dinant. Estas transnacionales son las principales compradoras de aceite de palma de Honduras y del resto de Latinoamérica.

"Las empresas deben actuar con diligencia debida. Si continúan comprando aceite de palma de Dinant, están apoyando la violencia y la violación de derechos humanos", subrayó Dominik Groß, experto en derechos humanos del CIR.

Aspectos de la recuperación de tierras en la finca El Chile. Pese a la ocupación por familias campesinas, la planta procesadora propiedad de Corporación Dinant se mantiene activa. Foto: Aldo Santiago

Durante décadas se han denunciado “robos de tierras, la intimidación, persecución y asesinato selectivos de miembros de organizaciones campesinas y sociales, así como el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados irregulares, de los que se sospecha que tienen vínculos con Dinant”, expresan en la misiva los activistas de Europa.

Tras la presión de estas organizaciones internacionales, las empresas BASF y Bunge ya han suspendido sus relaciones comerciales con Dinant. Mientras que Nestlé solo anunció su intención de eliminar al proveedor de sus cadenas de suministro. No obstante, sostienen estas organizaciones, “muchas empresas aún no han tomado medidas”.

La consigna de estas 33 organizaciones es tajante: "no más comercio con Dinant, hasta que cesen la violencia y la intimidación", afirman en el comunicado.

Los desplazados

El 24 de diciembre de 2024, la cooperativa Los Camarones fue desalojada brutalmente por grupos armados. Desde entonces, más de 160 familias viven en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a tierras ni recursos.

A principios de enero de 2025, el activista Arnulfo Díaz fue asesinado. En febrero de 2025, los líderes campesinos José Luis Hernández Lobo y Suyapa Guillén también fueron ejecutados. Estos hechos son solo la punta del iceberg de un conflicto que ha costado la vida de más de 150 pequeños agricultores desde el año 2010.

Las organizaciones europeas señalan que la empresa Dinant tiene un vinculo cercano con los grupos armados en el Valle de Aguán y esto, “ha sido documentado repetidamente”, puntualizan en su comunicado.

Las denuncias hacia Dinant apuntan a que la compañía ha utilizado fuerzas paramilitares y militares para desalojar a los campesinos que se resisten a la expansión de las plantaciones. Entre las estrategias usadas por estos grupos van desde “la violencia física, también la destrucción de los medios de vida de las familias que han cultivado la tierra durante generaciones”, detallan en el comunicado.

*^{Champita donde se alberga una familia campesina en la recuperación de la cooperativa El Chile, la cual ha recibido intentos de desalojo durante principios del 2025. Foto: Santiago Navarro F}*

El llamado internacional a suspender las relaciones con Dinant no es solo una respuesta a la violencia, sino también a la creciente preocupación por el impacto medioambiental de las plantaciones de palma aceitera. La expansión de este monocultivo está vinculada a la deforestación masiva, la destrucción de ecosistemas vitales y la degradación del suelo. “Estas prácticas no solo afectan a las comunidades locales, sino también a los ecosistemas”, sostiene los activistas europeos.

¿Qué sigue?

Las organizaciones firmantes del comunicado exigen que se suspendan las relaciones comerciales con Dinant hasta que la empresa ponga fin a la violencia. También le recuerdan a Xiomara Castro que, en febrero de 2022, hizo su promesa “de investigar y resolver los conflictos de tierras en el Aguán, mediante una comisión tripartita”, lo cual no ha cumplido.

Por ello exigen que la mandataria de Honduras suspenda legalmente las actividades de esta empresa. Si lo hacen, “ustedes están enviando una fuerte señal a favor de la protección de los derechos humanos y la promoción de prácticas empresariales sostenibles y éticas”, enfatizan en el pronunciamiento.

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