En México, vivir cerca de minas de cobre incrementa hasta 366% las malformaciones en recién nacidos

En portada: La mina Buenavista del Cobre SA de CV, propiedad de Grupo México, responsable por el peor desastre ambiental del país ocurrido en 2014. Foto: Cuartoscuro

Un reciente análisis científico basado en más de 76,000 registros oficiales de la Secretaría de Salud de México revela un vínculo alarmante entre la cercanía a minas de cobre y la existencia de riesgos perinatales graves para mujeres embarazadas y sus bebés. El estudio realizado por la organización CartoCrítica analizó nacimientos durante los años 2017 a 2023 en localidades ubicadas hasta a 25 km de 17 grandes minas de cobre activas en el país.

Los datos del informe “Riesgos perinatales asociados a la minería de cobre en México” son contundentes: La exposición de mujeres embarazadas incrementa hasta 56% el riesgo de parto prematuro extremo y 366% el riesgo de malformaciones del sistema circulatorio de recién nacidos.

El estudio detalla que las afectaciones se deben a que, durante la explotación del cobre, se liberan al ambiente metales pesados que se dispersan en el aire y se infiltran en el subsuelo. Estos compuestos son altamente dañinos, enfatiza la organización, pues entre ellos se encuentran el ácido sulfúrico, que contaminan los cuerpos de agua y dañan la salud de las personas, explicó Carla Flores Lot, integrante de CartoCrítica y autora del análisis.

Durante la presentación del informe, realizada el pasado miércoles (10), Flores resaltó que la exposición a las actividades mineras es también responsable por un incremento de hasta 126% en el riesgo de que se presenten malformaciones osteomusculares en recién nacidos. Con estos hallazgos, la autora destacó la evidencia sobre los riesgos sanitarios asociados a la contaminación por metales pesados liberados por las actividades mineras en México, por lo que urgió a las autoridades para regular la industria y proteger la salud de las poblaciones.

Presentación del estudio elaborado por CartoCrítica.

La autora explicó que los yacimientos de cobre son polimetálicos, por lo cual no solo se liberan sustancias tras los procesos de extracción y separación, sino también sueltan minerales asociados que, debido a su baja concentración o escaso mercado terminan como desechos. “Esta situación se traduce en la liberación al medio ambiente de una variedad de sustancias tóxicas, incluyendo plomo, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, ácido sulfúrico, sulfato de cobre, zinc y manganeso, así como severas emisiones de partículas suspendidas”, subrayó Flores Lot.

Tras la publicación del estudio, la autora reafirma que existe suficiente evidencia científica de que la proximidad a minas de cobre y oro está asociada a un aumento del riesgo en enfermedades respiratorias en infancias, tales como asma y rinoconjuntivitis. “Estos problemas se ven exacerbados en zonas áridas donde la falta de lluvias impide que los contaminantes sean eliminados del aire”, sostuvo la investigadora.

Manuel Llano, coautor del estudio, enfatizó que el contexto global de creciente demanda de cobre, impulsado por los discursos en la urgencia para implementar la llamada “transición energética” han intensificado la actividad minera, entre ellas la extracción de cobre, incrementando sus impactos ambientales y sociales. A su vez, en nuestro país la industria recibe la promoción de las autoridades federales mediante el denominado Plan México, el cual busca intensificar la actividad extractiva, agravando con ello los daños a la salud de la población.

Por su parte, mediante boletín, la Colectiva Cambiémosla Ya recordó que, durante su campaña para la presidencia, la entonces candidata Claudia Sheinbaum se comprometió a prohibir la minería a cielo abierto debido a los altos impactos que representa contra el ambiente y las personas. Sin embargo, durante la presentación del estudio, Llano aseveró que es urgente la necesidad de fortalecer la regulación ambiental con respecto al sector minero, así como de hacer efectiva dicha prohibición para priorizar la salud de poblaciones vulnerables.

El coautor del estudio señaló que “la transición energética no puede lograrse a costa del bienestar de las comunidades y menos, promover una minería que solo beneficia a los grandes capitales del país y corporaciones transnacionales”. Llano complementó que las empresas mineras no generan un valor significativo para las finanzas del país, mucho menos si se consideran todas las afectaciones que generan en los territorios.

Según datos de la colectiva, para el año 2023, México ocupaba el décimo lugar a nivel global como productor de cobre, alcanzando una producción anual de aproximadamente 750 mil toneladas, un aporte del 3.4% de la extracción mundial de dicho mineral. Las principales minas de cobre del país se localizan en Sonora, al norte de México, donde sólo un par, las minas de Buenavista del Cobre y La Caridad extraen el 75% de la producción nacional. El resto se produce en minas de Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua.

Con datos al año 2023, las minas de cobre en el país se extienden en aproximadamente 27,460 hectáreas, lo que representa un aumento mayor al 300% con respecto a las cifras registradas en el año 2010 cuando la industria ocupaba 6,616 hectáreas. La Colectiva Cambiémosla Ya sostiene que esta expansión territorial no ha estado acompañada por un incremento proporcional en la producción, lo que indica que la extracción de cobre enfrenta retos para mantener el volumen de producción, derivados de la disminución en la concentración del mineral.

La presentación del estudio también contó con la intervención de Elda León, defensora del territorio e integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, movimiento social de personas afectadas por el derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados en el cauce del río Sonora, provenientes de la mina Buenavista del Cobre SA de CV, propiedad de Grupo México, ocurrido en 2014.

Un grupo de trabajadores de Grupo México y del Estado de Sonora limpian la zona del derrame mezclando la tierra contaminada con cal, para neutralizar los ácidos en 2014. Foto: Margarita García

León confirmó que la minería de cobre ha impactado en la salud de miles de personas en Sonora y a algunos más les ha arrebatado la vida. A más de 11 años del peor desastre ambiental del país, lamentó que, frente al derrame de residuos mineros en los ríos Sonora y Bacanuchi, Grupo México no ha remediado la catástrofe y sigue impune a pesar de las movilizaciones de las comunidades afectadas e, incluso, de sentencias ganadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Elda León, quien también padece enfermedades provocadas por la exposición a los residuos mineros sostuvo que “las siguientes generaciones van a seguir enfermando si no remediamos este desastre y si no se detiene la contaminación y destrucción que causan las mineras”.

En la presentación del estudio, Charlie Punzo, abogado de la organización Fundar e integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, recordó que la Secretaría de Economía registra un retraso de más de dos años en su obligación para expedir los reglamentos de la Ley de Minería, reformada en mayo del 2023 y que incluye la prohibición de la actividad extractiva en áreas naturales protegidas.

Entre otras modificaciones, Punzo detalló que la última reforma al sector estableció la obligación de las mineras para contar con planes de cierre y post cierre de minas, debido a que la industria acostumbra a detener la extracción dejando tajos abiertos y presas de jales sin tratamiento. “Todos esos compuestos tóxicos quedan a la intemperie y causan las afectaciones a la salud y al ambiente que la investigación de CartoCrítica revela”, sostuvo el abogado.

Comuneros de Azqueltán exigen justicia en CDMX: denuncian asesinato e intentos de despojo

Fotos: Red TDT / Sandra Suaste

Integrantes de la comunidad autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo Azqueltán, al norte de Jalisco, se movilizaron este miércoles (10) por las calles de la Ciudad de México (CDMX) para exigir justicia por el ataque armado en el que fue asesinado Marcos Aguilar Rojas y lesionado Gabriel Aguilar Rojas. El primero, fungía como autoridad de la comunidad originaria. Ambos fueron atacados por un grupo armado, el pasado 26 de noviembre, en el predio comunal “El Caracol” mientras intentaban retirar ganado que había invadido su territorio.

Para la comunidad de Azqueltán el ataque de noviembre no es un hecho aislado, sino el más reciente episodio de violencia en una larga estrategia de despojo del territorio Tepehuano y Wixárika, cuyos pobladores enfrentan desde hace décadas y que incluyen invasiones, agresiones paramilitares, amenazas e impunidad. 

Este miércoles (10), infancias, adultos mayores y jóvenes de organizaciones solidarias como la comunidad Otomí residente en la CDMX, así como del Congreso Nacional Indígena, acompañaron a una comisión de la comunidad autónoma de Azqueltán para protestar en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la capital del país. En el lugar gritaron consignas para demandar justicia ante el asesinato de su autoridad, Marcos Aguilar Rojas, pues a más de dos semanas de ocurrido aún no se detienen a los responsables materiales ni intelectuales. 

Acompañados del humo de copal y el sonido del caracol, la manifestación exigió a las autoridades federales el detener las agresiones e intentos de despojo de sus tierras por parte de grupos armados que no pertenecen a la comunidad. También señalaron las omisiones por parte del gobierno del estado de Jalisco, presidido por Pablo Lemus.

Tras su arribo a Segob, los pobladores de Azqueltán demandaron la atención de autoridades de alto nivel para dar seguimiento a sus demandas, entre las que solicitan atención inmediata para garantizar protección a la comunidad, así como la realización de investigaciones judiciales por las agresiones armadas.

“Ya estamos cansados. Ya estamos enfadados de tantas súplicas a los gobiernos y no escucharnos. Nos están viendo como nada, como si no fuéramos nadie que estuviera luchando por la Madre Tierra donde vive”, denunció Ramiro, habitante de Azqueltán, uno de los manifestantes que tomaron el micrófono para denunciar los intentos de despojo de sus tierras a pesar de que cuentan con documentos que sustentan su propiedad colectiva. 

Entre otras denuncias, señalaron también la ocurrencia de amenazas de muerte a comuneros, así como el robo de materiales y herramientas de trabajo que buscan provocar miedo entre la población originaria. Tras horas de protesta, una comisión ingresó a la Segob para entablar una mesa de diálogo. Al finalizar, Quetzal Prado Meza, representante legal de la comunidad informó que las autoridades federales se comprometieron a atender cuatro órdenes de aprehensión contra las personas que participaron de las agresiones armadas. 

La reciente protesta en la CDMX formó parte de las “Jornadas por la Vida de Azqueltán”, realizadas entre el 6 al 10 de diciembre para visibilizar la lucha de la comunidad y exigir justicia frente a las agresiones armadas recientes. 

En ese marco, el pasado sábado (6), durante una conferencia de prensa realizada en la Feria Internacional del Libro, en la ciudad de Guadalajara, representantes de la comunidad denunciaron a la familia Aguilar Herrera: a los hermanos Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, así como a Víctor Hugo Pérez, como presuntos agresores directos, quienes buscan ocupar ilegalmente predios dentro del territorio comunal de San Lorenzo Azqueltán.

Acorde a testimonios de la comunidad de Azqueltán, estas personas son responsables por amenazas constantes, hostigamiento, agresiones físicas y ataques armados contra la población indígena que buscan debilitar la organización comunal y forzar el abandono de sus tierras ancestrales, pese a que la comunidad cuenta con antiguos títulos y resoluciones agrarias que les reconocen la posesión comunal de miles de hectáreas.

Durante la rueda de prensa, los representantes de la comunidad severaron que, desde el momento en que inciaron acciones legales para exigir el reconocimiento pleno de sus tierras fue cuando el conflicto con la familia Aguilar Herrera se intensificó, por lo que vincularon el asesinato de Marcos Aguilar con el actuar de estas personas quienes desde hace varios años amenazan, hostigan y agreden a los habitantes de Azqueltán. Frente a este contexto, alertaron de un inminente riesgo de un ataque armado mayor tras el asesinato de su autoridad agraria.

En comunicado emitido el pasado sábado (6), más de una treintena de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional acuerparon a la comunidad de Azqueltán frente al crimen que busca exterminar su organización para apropiarse de miles de hectáreas que integran su territorio ancestral.

El documento detalla que el conflicto gira en torno al reclamo judicial que realizan los pobladores de Azqueltan para reivindicar la posesión colectiva de 39,000 hectáreas ante el Tribunal Agrario, un proceso que, explican, “ha desatado una violenta respuesta por parte de supuestos pequeños propietarios y caciques locales”.

Las organizaciones respaldan los señalamientos de la comunidad al referir que las agresiones ocurren con total impunidad, “protegidas por operadores judiciales, policías y funcionarios que bloquean investigaciones y encubren crímenes. Este patrón incluye casos previos de tortura, secuestro y desplazamiento forzado de defensores de la tierra, los cuales han quedado sin castigo”.

El posicionamiento público enfatiza que, en el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a nivel nacional han sido asesinadas 37 personas defensoras de derechos humanos. Destacan que, sólo en Jalisco han sido asesinadas 10 personas defensoras y todos los casos se encuentran en impunidad. “En Jalisco nunca habíamos vivido un patrón de asesinatos a personas tan acelerado”, alertan las organizaciones. 

Ataque armado en Bajo Aguán, Honduras, impide retorno de familias campesinas

Foto de portada por AraInfo

Este lunes (8), miembros del grupo delincuencial conocido como “Los Cachos” atacaron a campesinos de la Cooperativa Camarones, así como a varias otros integrantes de organizaciones aglutinadas en la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán, norte de Honduras. El saldo fue decenas de personas heridas, entre quienes se encuentra la Sub Coordinadora de la Plataforma, Wendy Castro, e incluso un agente de la Policía Nacional. 

El ataque ocurrió a mediodía, mientras fuerzas de seguridad cumplimentaban una orden judicial para desalojar al grupo criminal “Los Cachos”, quienes mantienen control de las tierras de la Cooperativa Campesina Camarones desde diciembre del 2024 cuando despojaron a las familias campesinas mediante ataques con armas de grueso calibre.

Las 160 familias que reivindican la recuperación de sus tierras de la Cooperativa Camarones -que incluyen infancias y adultos mayores-, sobreviven al desplazamiento forzado en terrenos de la vecina Cooperativa El Tranvío, en las cercanías de la comunidad de la Aldea Quebrada de Arenas, donde los campesinos han denunciado se registra la mayor actividad criminal.               

Mediante comunicados de la Plataforma y de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), el movimiento agrario asevera que las familias desplazadas viven bajo amenazas y vigilancia del grupo criminal, quienes, acorde a la denuncia, restringen el acceso a la salud y educación de los campesinos expulsados de sus tierras.

“Recordamos que las amenazas de violencia por parte del grupo criminal Los Cachos en contra de la Cooperativa Camarones, la Cooperativa El Tranvío y la Cooperativa El Chile han sido constantes durante varios años pero aumentaron tras la noticia de la orden judicial para devolver la posesión de la tierra a la Cooperativa”, contextualiza el documento difundido tras los ataques violentos de este lunes (8).

Cabe destacar que, desde julio del 2021, las familias campesinas de la Cooperativa Camarones recuperaron la finca que hasta ese momento se encontraba ocupada por la Corporación Dinant, empresa prominente de la agroindustria hondureña, propiedad de la familia Facussé y cuya presencia abarca más de 13 mil hectáreas cultivadas con palma aceitera en los valles del Aguán y del Lean, en la región norte del país.

Destaca que los supuestos pobladores de la Aldea Quebrada de Arena, lugar desde donde opera el grupo criminal “Los Cachos”, expresan que están de acuerdo en entregar la finca con la condición de que sea dada a manos de la Corporación Dinant. Esta empresa es señalada por el movimiento agrario del Bajo Aguán por despojar las tierras de múltiples cooperativas y organizaciones campesinas durante los últimos 30 años, incluso haciendo uso de fraudes y violencia.

En su posicionamiento, la Plataforma asevera que la empresa productora de aceite de palma intervino públicamente, solicitando que dicho dicho grupo no sea desalojado de la Finca Camarones. “Estos hechos respaldan la denuncia por parte de la Plataforma Agraria que el jefe de seguridad de Dinant entró en acuerdos con el grupo criminal Los Cachos para que atacara y desplazará a la Cooperativa Camarones, la Cooperativa El Chile y la Cooperativa Tranvío”, sostiene el movimiento campesino en el documento.

Como respuesta al ataque armado reciente, la Plataforma exige que, ante los graves riesgos en contra de las vidas de las familias campesinas, la orden de desalojo debe ser ejecutada por un cuerpo especializado en el combate al crimen organizado. Además, demandan la captura y enjuiciamiento de los agresores, así como la investigación por la probable responsabilidad penal de la Corporación Dinant que “mantienen las comunidades campesinas sometidos al constante amenaza de violencia extrema y despojo de sus medios de vida”.

La orden judicial para el desalojo del grupo criminal demoró cuatro meses a ser ejecutada para recuperar las 656 hectáreas pertenecientes a las familias campesinas de la Cooperativa Camarones. 

El portavoz de la Plataforma, Yoni Rivas, expresó para medios locales que, el argumento proporcionado por la Policía Nacional para justificar el retraso, respondia a la falta de suficientes agentes en la zona. En su momento, la respuesta del movimiento agrario fue exigir a diferentes instancias del Estado hondureño para garantizar la seguridad de las familias antes, durante y después de la ejecución del desalojo, debido al temor por las probables represalias por parte de “Los Cachos”.

Como publicó el medio Contracorriente dicha orden de desalojo es parte del proceso penal contra los miembros del grupo criminal. Así lo confirmó Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma, al asegurar que la órden de desalojo es resultado de la denuncia interpuesta en enero del 2025 tras los ataques criminales ocurridos en diciembre del 2024 contra las familias de la Cooperativa Camarones, El Chile y Tranvío.

Las recientes agresiones armadas forman parte de una sostenida estrategia de uso de la violencia para contrarrestar las recuperaciones campesinas en el Bajo Aguán. Sólo en los últimos dos años, las cooperativas campesinas han registrado 18 asesinatos de campesinos atribuidos al grupo criminal “Los Cachos”.          Yoni Rivas detalló que algunos de estos crímenes ocurrieron después de audiencias contra estos miembros de la estructura criminal, incrementando la sensación de amenaza contra sus familias.

Incluso, en los ataques registrados en febrero del 2025 contra las cooperativas El Chile y Tranvío, once agentes de la Policía Nacional resultaron lesionados, además de ser despojados de sus armas por miembros del grupo criminal. La situación de extrema gravedad y riesgo inminente contra las familias campesinas se ha intensificado en el último semestre del año, señala la Plataforma Agraria, por lo que exigen el pronto desalojo contra “Los Cachos” para detener la violencia que busca frenar las recuperaciones de tierras campesinas en el Bajo Aguán.

Al cierre de esta edición, observadores de derechos humanos del Peace Watch Switzerland divulgaron que, acorde a testimonios de pobladores en la región, un nuevo grupo armado arribó a la zona para apoyar a los integrantes de “Los Cachos”, amenazando con atacar las cooperativas de El Chile y Tranvío, por lo que permanecen en alerta máxima. 

Retroceden extractivismos en corredor amazónico Perú-Bolivia

El Parque Nacional Bahuaja Sonene fue declarado libre de actividad petrolera, ante el ofrecimiento del Estado peruano de parte del área natural de la Amazonía para exploración de hidrocarburos.

En 2024, Perupetro creó el Área Promocional XCII, en la cuenca del río Madre de Dios, que concentra casi la mitad de las potenciales reservas de gas del Perú. El plano incluía zonas del Candamo, selva virgen de alta biodiversidad. De las 48 áreas de promoción diseñadas con el argumento de garantizar la seguridad energética nacional, 39 se encuentran en territorio amazónico. 

La petrolera estatal y el Ministerio de Energía y Minas sostenían que solo promovían evaluaciones técnicas, sin permiso para perforaciones o extracción en Bahuaja Sonene, considerado uno de los santuarios naturales más diversos del planeta.

“La sola promoción de actividades incompatibles en áreas intangibles constituye una amenaza cierta, sin necesidad de esperar el daño materializado”, concluyó la sentencia judicial.

El 4 de diciembre, el Tribunal Constitucional ordenó detener cualquier acción que pusiera en riesgo la intangibilidad del parque nacional, con lo que Perupetro fue obligado a suspender el proceso para firmar el convenio de evaluación técnica del área XCII.

“Es la primera vez en la historia de los litigios ambientales, a nivel regional, que se detiene el avance de las actividades de hidrocarburos en un parque nacional mediante una acción de cumplimiento”, destacó el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (Idlads Perú), parte demandante del proceso.

Desde hace más de veinte años se mueven intereses para extraer gas de este parque natural, por falta del combustible para abastecimiento interno, luego de que en 2006 se destinara para exportación cerca del 50% de las reservas nacionales. Antes, la corporación estadounidense Mobil exploró yacimientos en el Candamo, pero se retiró al no hallar cantidades considerables y frente a la presión de las organizaciones indígenas. 

En agosto, el Ministerio de Energía y Minas había anunciado para 2028 el inicio de la explotación de fuentes gasíferas del Candamo, en las regiones Cusco, Madre de Dios y Puno. No se ha precisado si esta proyección también queda suspendida con el fallo. 

Esta área, colindante con el Parque Nacional Madidi (Bolivia), conecta territorios protegidos de la Amazonía peruana y boliviana, a través del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró. 

A su vez, el Tribunal Agroambiental de Bolivia dispuso la suspensión inmediata de todas las actividades mineras ilegales en el río Madre de Dios y lo reconoció como sujeto de derechos. 

En atención a la demanda de las autoridades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM II), la sala ordenó, además, paralizar las operaciones que se realizan sin consulta previa en la región Pando. 

El río Madre de Dios se encuentra contaminado por metales pesados y en sus riberas, del lado boliviano, se registra la deforestación de 8,000 hectáreas. En 2024, se detectaron 300 balsas extractoras de oro en temporada seca, número que aumentó a alrededor de 500 cuando creció el caudal, según monitoreos del Centro de Planificación Territorial Autonómica. La mayor parte de las embarcaciones opera fuera de las áreas legalmente establecidas.

Las comunidades denuncian afectaciones en su salud, debido a la exposición al mercurio, y a la seguridad alimentaria, por la destrucción de los suelos y la transformación de sus usos.

El juzgado admitió las pruebas de los daños al medio ambiente y territorios que presentaron los pueblos originarios. Se ordenó la protección y regeneración integral del río, así como la implementación de un sistema de fiscalización y monitoreo permanente en coordinación con las autoridades del TIM II.

Luego de que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informara al TIM II de más procesos de consulta por la solicitud de nuevos actores mineros, la sentencia contiene los intentos de ampliar la extracción de minerales. En esa dirección, el fallo detiene las operaciones fuera de las áreas autorizadas por la AJAM, a la que las organizaciones nativas señalan de negar el acceso a información sobre sus actividades.

“La consulta previa no es una concesión del Estado, sino una manifestación concreta del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, resalta la resolución. 

La minería de oro, ilegal y legal, una de las principales causas de deforestación en la Amazonía, se multiplica en los últimos años en la selva sudamericana motivada por el alza del precio del mineral en el mercado global. 

En el Perú, la destrucción de bosques primarios se concentra en el corredor minero de la región Madre de Dios, donde en 2024 se deforestaron más de 11,500 hectáreas. En La Pampa, dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, la extracción informal desbordada controla un gran territorio: solo allí hay más de 1,600 dragas, un 21% más que en 2024.

Mientras que el año pasado en Bolivia la deforestación amazónica aumentó en 200%. Después de Brasil, fue el país con mayor devastación de bosques primarios. Según la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW), perdió 1.8 millones de hectáreas, más de la mitad por incendios forestales. 

En Michoacán, comunidades bajo ataque condenan terror criminal del CJNG y omisiones del Estado

Un vehículo cargado con explosivos estalló la mañana del sábado (6) frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, ubicada en la costa de Michoacán, en un ataque que la comunidad vecina de Santa María Ostula, asegura, tiene el propósito de generar terror en la población “y afectar el sistema de seguridad comunitaria que se han dado los pueblos de Coahuayana”, implementado por las comunidades nahuas desde el año 2013.

El saldo tras el ataque divulgado por autoridades y actualizado en coberturas periodísticas es, hasta el cierre de esta edición, de varios muertos y decenas de lesionados, cifras que difieren según las fuentes consultadas. Los datos más reiterados hablan de cinco personas muertas y entre seis y doce lesionados. Además, resultado de la onda expansiva de la explosión, se reportan afectaciones a viviendas, comercios, vehículos y el centro médico del municipio en la región Costa-Sierra michoacana.

En una entrevista a medios internacionales, Héctor Zepeda Navarrete, líder de las autodefensas comunitarias de Coahuayana, detalló que el vehículo utilizado en el ataque, el cual transportaba plátanos, detonó cuando se aproximó a la puerta de la comandancia. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el conductor de la camioneta se encuentra dentro de los fallecidos, junto a otras dos personas que se encontraban en un hospital cercano.

Mientras las autoridades federales y estatales desplegaron peritos y elementos de la Secretaría de Defensa, Marina, así como de la Guardia Nacional, la población local y aledañas como la comunidad nahua de Ostula exigen el castigo a los responsables, materiales e intelectuales del ataque, así como garantías por parte de las autoridades de los tres niveles para el funcionamiento de sus sistemas de autodefensas, las cuales denuncian han sido obstruidas por las políticas de seguridad estatales y federales.

Mediante comunicado difundido este domingo (7), las y los pobladores de Ostula exigen “paz y justicia verdaderas, no de pura palabra”. La población nahua asevera que el ataque con el coche bomba es parte de una ofensiva sostenida del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “quien desde hace ya 5 años ha venido atacando a nuestras comunidades para intentar desplazar a las poblaciones, como ha ocurrido en tantas partes de este adolorido país, y apoderarse de nuestros territorios”.

En su posicionamiento, la población nahua señala que, a pesar de la escalada de la violencia, continuarán organizados para garantizar la seguridad de sus comunidades, así como para exigir que todos los niveles de gobierno se comprometan de manera efectiva en el combate a la delincuencia.

Al mismo tiempo, expresaron su solidaridad y apoyo total a la Policía Comunitaria de Coahuayana, encabezada por el comandante Héctor Zepeda Navarrete debido al “enorme trabajo y esfuerzo que desde 2013 lleva a cabo este cuerpo de seguridad comunitaria para acabar con la delincuencia y con estos grupos criminales que han asolado la Costa-Sierra desde hace más de una década”.

En tanto, la población de Ostula exige, tanto al gobierno federal como estatal, la desarticulación del CJNG, y cualquier otra organización criminal, pues acorde a la comunidad nahua, los discursos del Estado son “puramente demagógicos” al proclamar los derechos de los pueblos originarios, “mientras los criminales nos masacran y asesinan con total impunidad, evidencian la falta de voluntad, cuando no la colusión, de las instituciones de gobierno con los carteles delincuenciales”, denuncian.

El ataque con el coche bomba ocurre en medio de un denominado proceso de “pacificación” en el estado, ejecutado por parte del gobierno federal con la implementación del “Plan Michoacán por la Paz y Justicia”, el cual, acusa la comunidad de Ostula, cuenta con un presupuesto de más de 50 mil millones de pesos, “pero, ni con este plan ni con los planes anteriores, se están construyendo la paz y la justicia”.

Dicho plan fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público en la entidad.

Por el contrario, asevera la comunidad de Ostula, mediante el despliegue de las fuerzas federales y militares en Michoacán “han copado los territorios de nuestros pueblos y, específicamente, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional han impedido intencionalmente el libre funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales, afectando gravemente nuestras capacidades de autodefensa, con saldos tan lamentables como el de este 6 de diciembre”.

La Guardia Comunal de Ostula es un servicio voluntario a la comunidad. Se elige en cada encargatura y el servicio dura un año. Foto: Regina López.

Por su parte, tras el anuncio del Plan, y por medio de un pronunciamiento público, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) - conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos en dicha entidad – había advertido que dicha estrategia fue ensamblada sin consulta amplia a las comunidades, por lo que es “discriminatorio, unilateral y engañoso”.

En su denuncia, el CSIM sostiene que, para la conformación del Plan Michoacán, las autoridades únicamente convocaron a 48 de las 500 comunidades que existen en la entidad, dándoles una “participación” solo de dos minutos para que cada pueblo expusiera sus problemas, por lo que califican dichas acciones como una simulación en la consulta de las comunidades.

“Ninguna de las propuestas de las comunidades con autogobierno fueron tomadas en cuenta en este plan, tales como el reconocimiento constitucional de los Jueces Tradicionales, el incremento en los fondos de seguridad comunales, la dotación de armamento y equipamiento, la formación de un cuerpo de seguridad para cuidar los bosques o la instauración de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, entre otras sentidas demandas”, detalla su comunicado.

En su posicionamiento, el CSIM sostiene que ningún gobierno ni partido político ha podido resolver la crisis de inseguridad, violencia y derechos humanos que se registra en distintas regiones de la entidad, pues han convertido a Michoacán en lo que califican como un “laboratorio de políticas de seguridad y planes nacionales y estatales”. El Consejo asegura que esto ocurre desde la implementación de la llamada “guerra contra el narco” iniciada con el “Operativo Conjunto Michoacán” implementado por el ex presidente Felipe Calderón en diciembre del 2006.

En un repaso histórico, el CSIM señala el fracaso de esta y otras iniciativas implementadas a lo largo de casi dos décadas, que van desde la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, el Plan de Justicia P’urhèpecha, el Plan Lázaro Cárdenas del Río y ahora el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. “En este contexto, estamos cansados y hartos de tanta incapacidad, inseguridad, injusticia e impunidad sistémica”, denuncian.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum durante el anuncio del Plan Michoacán.

Ante la reciente implementación del Plan Michoacán, las comunidades que integran el Consejo exigieron al Estado mexicano evitar la simulación, tal como aseguran ocurre con el Plan de Justicia P’urhèpecha, el cual señalan por no contar con presupuesto para su operación. En este caso, destacan el que se han ignorado sus demandas para la creación de una “Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas, esto para los más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros que han sido reprimidos o criminalizados por defender los bosques, el territorio o sus comunidades, sin embargo, a la fecha no ha sido instituida, ni mucho menos, hay obras de infraestructura realizadas o acciones de alto impactos para los pueblos”.

Por último, la comunidad nahua de Ostula enfatiza que la solución no está en militarizar la región, el estado ni el país. Tampoco, sostienen, en la criminalización de las policías comunitarias sino en la desarticulación de las organizaciones criminales “desde sus bases y en todas las geografías en las que operan, así como la pavorosa complicidad de instituciones y funcionarios corruptos con el crimen organizado (..) la solución está en el respeto por parte de los gobiernos a las estructuras de seguridad que surgen desde nuestros municipios y comunidades, como es el caso de las policías comunitarias y las guardias comunales”, aseveran.

Encuentro reúne voces contra el despojo en el centro histórico de Oaxaca

El pasado 3 de diciembre se congregaron diversas voces y miradas que han sentido y percibido el desplazamiento y el despojo del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Hubo un mosaico de experiencias compartidas. Desde la mujer indígena que ha sido acosada por vender sus artesanías en las calles; la artista callejera que ha usado los muros como denuncia; pasando por las mujeres que buscan resguardar la tradición de las llamadas Chinas Oaxaqueñas; hasta la mirada de la academia y el periodismo.

Este evento no solo ha sido de denuncia y queja contra el turismo. El mosaico de experiencias compartidas, más bien, fue una especie de diagnóstico colectivo sobre el proceso de despojo multifacético, donde la cultura, la vivienda, la economía popular y la identidad misma son mercantilizadas y desplazadas por un capital - nacional y transnacional - que ven la ciudad como un producto de consumo.

La doctora Noelia Ávila proporcionó el andamiaje teórico que sirvió como una especie de radiografía para entender que lo que está ocurriendo en Oaxaca, no es un hecho aislado, sino parte de una lógica global. Explicó que la gentrificación o turistificación es la consecuencia de procesos entrelazados, como la financiarización del suelo. “El centro histórico se ha convertido en un activo de especulación. Un metro cuadrado que costaba 3,000-5,000 pesos en los años 2000, hoy ronda los 30,000. Este es el motor oculto”, de la especulación sobre el espacio, señala la doctora.

La investigadora, quien ha dedicado años en indagar como ha evolucionado el centro de Oaxaca, señala puntualmente a la “patrimonialización” como un proceso que configura el espacio como mercancía. “La declaratoria de Patrimonio de la Humanidad (1987) no fue solo un reconocimiento, sino el inicio de la puesta en valor para el mercado”, advierte la doctora, además, de puntualizar que se “estetiza una identidad estereotipada", basada en lo colonial y a una idea folclorizada de lo indígena, para su consumo turístico.

Ávila también alertó que, lo que se ve en algunas partes del centro histórico, espacios en procesos de degradación, es más bien un proceso intencional y dirigido para la inversión. "Esa degradación no es fortuita", señala, "es intencional porque justifica una regeneración urbana, aumentando eventualmente el valor catastral del suelo", destacó la doctora, asegurando que es así como llegan los capitales privados, fundaciones como la Harp Helú, de la mano con políticas públicas.

La indígena y artesana Juana Inés Hernández, quien ha sido criminalizada y hostigada por vender sus artesanías y por defender uno de los últimos espacios que se administran colectivamente en el centro -la plazuela del Carmen Alto-, desde su cosmovisión zapoteca cuestionó el propio término "espacio público". Para ella, las calles y plazas son "espacios comunes", de uso colectivo y rotativo, como los tianguis que dieron origen a la ciudad.

La artesana, en su participación, se quebró con la preocupación sobre lo que se dejará a las generaciones venideras pues, como pueblos indígenas, la lucha del día a día es más pesada, por todos los escenarios a los que se enfrentan, como el cambio climático, pero también los proyectos de desarrollo que vienen despojando territorios. O el propio turismo, que coloca en el centro de la discusión la disputa por el agua, demandada por el sector hotelero y restaurantero y que, en gran medida, proviene de sus comunidades.

Juana relató cómo la plazuela del Carmen Alto, desde la represión del 2006 -durante el conflicto social y el Estado-, se convirtió en un espacio de resistencia y economía solidaria para artesanos y vendedores, hoy amenazado por desalojos. "Siempre hemos sido marginados, pero hoy cambian las formas". 

Señala cómo los portales del Zócalo, antes espacios de descanso y venta popular, ahora son territorio exclusivo para restaurantes, los cuales también hacen uso del espacio público y no se les hostiga como a los artesanos que venden en la calle.

Santiago C., desde su trinchera y sus herramientas de lucha y resistencia que son las calles y el arte, expresa el mismo sentir de Juana y es, desde la doble presión que sufren, primero desde el desplazamiento material y físico. Su taller colectivo en el centro, el cual rentaban en un primer momento en 4 mil pesos y después en 6 mil pesos, fue reclamado para convertirlo en un Airbnb que ahora se renta hasta 25 mil pesos. Su colectiva de mujeres se vio obligada a mudarse a la periferia (Xochimilco), pagando más por menos espacio, dificultando su supervivencia económica

Pero también señala al gobierno por querer cooptar e institucionalizar el arte callejero, una estrategia que han identificado desde el sexenio del gobierno estatal de Gabino Cué, por medio del cobro de permisos para la intervención en muros, burocratizando y controlando la expresión. Peor aún, destaca cómo colectivos son financiados para "tapizar" muros con gráfica que se concibe, por las autoridades, como políticamente correcta, capitalizando las luchas sociales (como el feminismo) y vaciándolas de contenido crítico. "Se están colgando de un tema que nos corresponde a todas", denuncia la artista.

Desde los diferentes matices en que se pinta el despojo y desplazamiento, también resaltaron las tradiciones, como las calendas, que ahora ya se pueden adquirir en paquetes turísticos para bodas, eventos políticos y otros. Anna Santibáñez, una de las pocas mujeres oaxaqueñas que defienden a capa y a espada las tradiciones de las Chinas Oaxaqueñas, no dudó en calificar la venta de estos paquetes como “la prostitución cultural de una tradición”.

Su intervención marcó certeramente la apropiación y vaciamiento de las calendas y de la figura de la China Oaxaqueña, denunciando que, para ello, existen grupos que se autodenominan "organizadores de recorridos", ofertando "bodas estilo Oaxaca" o "graduaciones con calenda", a turistas y locales. 

La China Oaxaqueña sentencia que la prostitución se da no solo por el irrisorio pago que reciben las y los jóvenes por “prestar su imagen”, sino que al denigrar la tradición utilizando trajes de baja calidad transportados "en bolsas de basura", vacían completamente el significado religioso y comunitario de la calenda. "Venden su cuerpo sin la necesidad de desvestirse ", dijo la activista cultural.

Anna hizo un llamado tajante a que se deje de consumir estos espectáculos y a que se indague sobre las raíces de las tradiciones, sobre todo para que se conozca su origen, su simbolismo. Invita a que las y los oaxaqueños participen en las verdaderas festividades comunitarias. "Si no valoramos y no conocemos, ¿cómo lo vamos a defender?", señaló

Desde el periodismo independiente-alternativo, como contranarrativa, Francisco Santiago expuso cómo el discurso oficial y mediático hegemónico construye un relato que justifica el despojo y coloca a Oaxaca como una “marca” para el turismo, que debe ofrecerse limpia y homogénea al turismo global. 

Detrás del "embellecimiento", señala el periodista, hay precariedad, servicios públicos colapsados y una limpieza social que se aplica como política pública. Incluso, fue más allá del turismo, señalando que en el centro confluyen capitales inmobiliarios de unas pocas familias e, incluso, del crimen organizado invertido en hoteles y restaurantes, lo que agrava la disputa y la violencia, mientras se agudiza la especulación.

Durante el intercambio de experiencias, convocado por Avispa Mídia y Raices-AC, surgieron propuestas desde el público participante, por ejemplo, de cambiar el lenguaje, que se deje de hablar en "patrimonio", que trae una carga paternalista, y se recupere el concepto de "lo común", que incluye no solo a las comunidades humanas, sino al agua, el aire y la tierra.

También estuvo la propuesta de no consumo de los servicios que fomentan el despojo. No rentar Airbnb, no consumir en negocios que desplazan economías locales, no contratar "calendas para bodas".

Como plantearon Anna y Juana, es vital investigar, conocer y practicar las tradiciones auténticas, y transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones para crear arraigo y defensa crítica.

Otra voz desde el público insistió en que la respuesta debe ser colectiva, asamblearia, tejiendo redes entre afectados: artistas, vendedores, vecinos, portadores de cultura.

La doctora Charlynne Curiel, moderadora de este conversatorio, cerró con un recordatorio crucial: se debe disputar la agenda política. Es necesario exigir regulaciones estrictas al mercado inmobiliario y turístico (leyes que limiten los Airbnb, impuestos a viviendas vacías), inversión en servicios para los habitantes permanentes y un modelo económico que no hipoteque la ciudad a un turismo depredador.

El diagnóstico es claro: el centro histórico de Oaxaca está siendo convertido en un "espacio genérico, un espacio fachada", como lo definió Noelia Ávila. Un parque temático donde se consume una “identidad domesticada”, mientras se expulsa a quienes le dan vida. La turistificación es el resultado de un proceso de despojo más complejo que beneficia a élites económicas y políticas - locales, nacionales e internacionales.

La fuerza del conversatorio residió en demostrar que la resistencia es plural. Está en la canasta de la China Oaxaqueña que baila por fe, en el grabado feminista pegado en la noche, en el puesto de artesanía que defiende centímetros de banqueta, en el reportaje que destapa los hilos del poder. La disputa del espacio es, en última instancia, la disputa por el derecho a existir, a vivir y no solo a sobrevivir, en una ciudad que se resiste a dejar de ser común para convertirse en mercancía.

Puedes consultar el conversatorio completo a continuación: