En portada: Organizaciones indígenas y feministas se manifiestan por sentencia en caso del asesinato y feminicidio político de Berta Cáceres, quien coordinara el COPINH. Foto: Orlando Sierra.
Organizaciones feministas en México y Centroamérica han alertado que, durante 2023, se registró un incremento de agresiones contra defensoras de derechos humanos en los países de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.
De acuerdo a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), el año pasado contabilizaron 6,214 agresiones contra defensoras, lo que representa un aumento del 13% respecto al año 2022.
Según los datos, este incremento se debe a que las agresiones colectivas pasaron de 2,683 en 2022 a 3,828 en el año 2023. Destaca en este rubro el aumento de la violencia en Honduras, donde este tipo de agresiones se triplicaron respecto al año precedente.
En su registro, las organizaciones feministas resaltan que al menos 10 defensoras fueron asesinadas, mientras que otras 47 sobrevivieron a intentos de homicidio. Los asesinatos del 2023 acontecieron en México, Honduras y El Salvador.
Entre los casos se encuentran los homicidios de tres mujeres transexuales, así como de tres buscadoras de familiares desaparecidos en México. También destacan que las agresiones se expresan en la criminalización de la labor de defensa de derechos humanos, pues a nivel regional se registraron 130 causas judiciales y 116 detenciones arbitrarias.
“Documentamos 47 detenciones en México, 37 en Honduras, 30 en Nicaragua y 2 en El Salvador. Más de la mitad de las detenciones arbitrarias en México (24) se perpetraron en el mes de marzo, la mayoría en el contexto de manifestaciones que conmemoran el 8 de marzo”, sostiene IM-Defensoras que, en el caso mexicano, enfatiza que solo en ese mes se registró el 24% del total de agresiones perpetradas en 2023.
Las organizaciones subrayan que durante 2023 identificaron que las agresiones son parte de una estrategia con el objetivo de criminalizar a las defensoras mediante actos de divulgación de hechos falsos y campañas de desprestigio.
En total, las agresiones afectaron a 1,188 defensoras y a 73 organizaciones que trabajan en labores de defensa de derechos humanos en los cuatro países analizados. A su vez, enfatizan que, mientras marzo se confirma como el mes más peligroso, la tendencia de años anteriores - de que los Estados son los principales agresores - también se repitió en el último registro.
“Casi la mitad de las agresiones registradas en este año (47,8%) fueron perpetradas por actores estatales: autoridades públicas locales, estatales o federales/nacionales (23,5%), agentes policiales (23,1%) o fuerzas armadas (1,2%)”, detallan las organizaciones feministas, quienes añadieron que estas agresiones suceden con frecuencia debido a que las autoridades buscan proteger intereses y actores privados.
Desplazamiento forzados
Una de las violencias que han cobrado relevancia, debido a su incremento como por los impactos generados es de los desplazamientos forzados. “Durante 2023 documentamos 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados, lo que supone 4 veces que más que en 2022”, alertan las organizaciones feministas. Honduras y Nicaragua encabezan las cifras con mayor desplazamiento de defensoras, con 168 y 69 personas respectivamente.
“A los desplazamientos internos y externos antecedieron un conjunto de agresiones que obligaron a las defensoras a abandonar de manera forzada sus comunidades. Son agresiones que no sólo buscan detener su trabajo de defensa en los territorios, sino también castigarlas en un intento por destruir sus proyectos de vida y debilitar sus redes de apoyo. Además lanzan un mensaje que genera temor en las mujeres y las comunidades, inhibiendo así la defensa de los derechos humanos”, enfatiza IM-Defensoras.
El incendio en la región Chontal cada vez se aproxima a la población
El incendió que comenzó el pasado viernes (11) en la región indígena Chontal de Oaxaca, al sur de México, persiste. La Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y la organización Tequio Jurídico A.C. alertan, en un comunicado, que el incendio avanza hacia la población de, al menos, ocho comunidades.
Las comunidades vecinas han ido sumando y arriesgando la vida para contener el fuego. “Durante los últimos seis días, los habitantes se han organizado para combatir el fuego, pero el agotamiento es evidente entre los aproximadamente 320 ciudadanos que participan en estas labores”, detallan.
Brigadistas solidarios de las comunidades vecinas
Los brigadistas comunitarios ya presentan problemas respiratorios debido a la exposición prolongada al humo y al calor. A ello se suma la falta de equipos adecuados de protección. A pesar de ello, “continúan comprometidos con la extinción del incendio”, dicen.
Mientras tanto señalan que el apoyo del gobierno es insuficiente. “Solo quince brigadistas de la Conafor (Comisión Nacional Forestal) han sido desplegados en San Pedro Sosoltepec, mientras que únicamente cuatro se han presentado en San Miguel Chongos. La ausencia de la Guardia Nacional en el terreno y la llegada tardía de ayuda aérea plantean desafíos adicionales en el combate contra el fuego, que continúa devastando el bosque en múltiples frentes”, advierten los comuneros.
Se reporta que la comunidad de San Pedro Sosoltepec se mantiene en alto riesgo de evacuación. En esta comunidad “la situación es especialmente grave; las autoridades locales han solicitado al gobierno refuerzos en las brigadas y atención médica aérea, advirtiendo sobre la posibilidad de evacuación si la situación empeora”, se resalta en el comunicado.
Los brigadistas trabajan día y noche, están agotados y ya presentan problemas respiratorios
Las comunidades Chontales continúan exigiendo a los gobiernos federal y estatal su intervención, con más brigadas contraincendios, proveer apoyo aéreo adicional y garantizar atención médica para los ciudadanos afectados.
Ante la falta de respuesta inmediata, los pobladores de esta zona de riesgo piden a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, “intervenir para monitorear las acciones de las autoridades y documentar posibles violaciones a los derechos humanos”.
A la ciudadanía en general solicitan la solidaridad a través de la donación de víveres, alimentos, agua, materiales de primeros auxilios y apoyo económico. Para ello se ha establecido un centro de acopio en la llamada Casa Tequiana, ubicada en Calle Pinos Número 200-1, Esquina Calle Progreso, Col. El Pilar San Jacinto Amilpas, Oaxaca.
También han puesto a disposición una cuenta bancaria para apoyar económicamente, a nombre de Abel Sánchez Martínez, en Banco Azteca, con la Clabe Interbancaria: 1276 1001 3027 7005 17, y el número de tarjeta: 4027 6658 3691 8970.
La solidaridad y el apoyo son esenciales en momentos de crisis como este. La comunidad Chontal de Oaxaca necesita de todo el respaldo posible para superar esta emergencia y reconstruir sus vidas.
En portada: Acción de protesta para exigir la libertad de Saúl Rosales
Una de las principales exigencias de la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, la cual aconteció a finales de marzo, fue la libertad plena e inmediata de Raymundo Cahuantzi y Saúl Rosales, ambos acusados por el homicidio de una persona en la comunidad nahua de San Pedro Tlalcuapan, Municipio de Santa Ana Chiautempan, estado de Tlaxcala.
Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi han sido líderes en la defensa de la Matlalcueyetl, también conocida como “La Malinche”, organizando asambleas comunitarias, sumándose a la labor de restauración forestal del área y denunciando actividades extractivas en la zona como la tala ilegal de árboles.
Los defensores del territorio fueron detenidos el 14 de julio del 2022. Después de un año y siete meses de encarcelamiento, Raymundo Cahuantzi ganó su libertad definitiva el pasado 1 de marzo. Sin embargo, en la misma audiencia, Saúl Rosales fue sentenciado a 20 años de prisión.
Los sucesos por los cuales acusan a Saúl Rosales acontecieron el 15 de abril del 2022, cuando un hombre fue linchado en la comunidad después de ser acusado de haber intentado robar en una vivienda.
Saúl era el presidente comunitario de la comunidad. Su esposa ha declarado en entrevistas que Saúl intentó detener el linchamiento sin éxito, ya que las personas que participaban en los hechos lo encerraron en la presidencia municipal.
Raymundo, por su parte, es mayordomo de la comunidad y tiaxca -una posición de respeto dentro de la comunidad-. Pese a que no participó en los hechos, fue detenido al acudir a la Procuraduría de Tlaxcala para abogar por la libertad de Saúl.
El 1 de marzo, las juezas a cargo del proceso dictaron la libertad inmediata de Raymundo al haber pruebas de su inocencia que demostraban que el participaba en las actividades religiosas del pueblo en el momento del linchamiento.
En la misma audiencia, las juezas encontraron culpable a Saúl Rosales por, supuestamente, no resguardar a la víctima y no evitar el homicidio.
Los pueblos y organizaciones que integran la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, así como Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala (Coditet), que estuvieron a cargo de la organización y logística de la cuarta asamblea, y organizaciones de derechos humanos, como Frontline Defenders, han exigido la libertad de Saúl Rosales, argumentando que el proceso es un acto de criminalización en contra de Saúl y Raymundo por su labor en defensa de la zona de la Matlalcueyetl.
Esta zona está declarada como Área Natural Protegida, ya que aún resguarda gran variedad de plantas y animales y microorganismos endémicos del Eje Volcánico Transmexicano. La Malinche tiene también un alto valor en las cosmovisiones de las poblaciones tlaxcaltecas que viven en su cercanía, además de proveer recursos como carbón, leña, plantas medicinales, musgos, y hongos comestibles. La zona es también de alta importancia para mantener el ciclo del agua y regular la temperatura.
En entrevistas con el equipo que acudió a la cuarta asamblea, integrantes de la Coditet denunciaron que la zona de la Matlacueyetl se encuentra amenazada por la tala ilegal de árboles, por la creciente urbanización tanto en Tlaxcala y Puebla, así como por la contaminación y plagas, en especial, la plaga del gusano “descortezador”.
La labor de defensa de este territorio ha conllevado también a conflictos con las autoridades de gobiernos municipales y del Estado que no respetan la decisión de comunidades nahuas de detener las actividades de explotación de recursos en la zona.
La sentencia de Saúl se da dentro del contexto de defensa del territorio, así lo declara Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales, en entrevista durante la 4ta Asamblea del Agua y la Vida.
A continuación, incluimos segmentos de las entrevistas con Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales.
Avispa Mídia (AM): Raymundo, nos alegra que estés aquí con nosotros en libertad. Podrías platicarnos, ¿cómo es qué eres detenido? ¿por qué se denuncia que los delitos de los cuales se te acusaba están relacionados a la defensa del territorio?
Raymundo Cahuantzi (RC): Fue fabricado el delito del cual nos acusaron. El día del homicidio yo no estuve en el lugar donde se dan los hechos, yo estuve todo el día participando y organizando la procesión ya que era viernes santo.
Nosotros trabajamos mucho tiempo en defensa de la Malintzin luchando contra la plaga del escarabajo descortezador, y haciendo trabajo de restauración, cuando inicia la plaga es cuando inicia la labor. Esto ha causado también roces con el gobierno, porque nos han intentado meter empresas del gobierno.
Nosotros creemos que nuestro encarcelamiento es un castigo por esta labor, por ser muy activos en la defensa de este territorio, por participar, por organizarnos.
Fuimos detenidos el 14 de julio para amanecer el 15 de julio. Fue cuando empezó todo este tormento o persecución política en contra de nosotros.
Fue muy duro todo esto, la verdad lo que sufrimos más es no estar con nuestras familias, con nuestros amigos, eso se siente muy duro.
AM: Raymundo, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes en este proceso para obtener su libertad?
RC: Haber estado en prisión desde el 15 de julio del 2022, hasta el 8 de marzo del 2024, fue muy duro y estresante físicamente, psicológicamente y económicamente.
Estar en la cárcel te cambia la vida, no sólo a ti sino a todos a tu alrededor. De un día para otro todo cambia.
Nosotros vamos al día porque somos campesinos, no tenemos la solvencia económica, tuvimos que aprender a sobrellevar el caso. De lo más difícil fue que las audiencias se posponían y se posponían, también nos engañaron algunos abogados, todo fue muy difícil.
Agradezco a mi familia directa que es mi esposa, mis hijos, mi madrecita que ahí está con 88 años de edad, mis hermanos. Nunca me dejaron solos. Siempre, cada visita, ahí estaban.
Agradezco también a mi comunidad porque de verdad que hay mucho cariño. Siempre he sido muy querido, estoy catalogado como un tiaxca en mi comunidad, muy respetado, también el compañero Saúl Rosales, esperamos que pronto se compruebe también que es inocente.
AM: Entendemos que todo fue muy difícil, y menciona el apoyo de su familia y comunidad, ¿cómo fue que se logró obtener su libertad?
RC: Hoy se nos da la oportunidad de que nuestro colectivo Coditet se ha extendido más con todo el apoyo. Hoy en esta Asamblea Nacional del Agua yo vengo a agradecer a todas las comunidades, colectivos que se sumaron a esta causa. Gracias a todo eso estoy disfrutando de esta libertad.
A toda esa gente, que apoyó en marchas, la invitación a que sigamos unidos para que pronto esté con nosotros nuestro compañero Saúl Rosales. Todos, Dios y hasta el gobierno, saben que somos inocentes.
Quiero creer en la justicia divina y en las leyes de nuestro país para que se sepa la verdad. Nosotros no hicimos nada, somos personas que siempre hemos estado defendiendo el cerro, el agua, todo, ayudamos a la comunidad. La verdad tiene que salir a la luz.
A la exigencia de Raymundo se suma la palabra de Jacob Rosales, hermano del preso Saúl Rosales. En entrevista, Jacob platica las dificultades que el encarcelamiento de su hermano ha generado en el núcleo familiar.
Avispa Mídia (AM): Jacob, ¿cómo se encuentra Saúl Rosales? ¿Podrías platicarnos más sobre su labor en la comunidad previo a que le encarcelaran?
Jacob Rosales (JR): Mi hermano a pesar de estar dentro, se ha mantenido fuerte. Mi hermano Saúl siempre ha sido muy trabajador, muy luchador, y es muy querido en la comunidad.
En el momento que surge la plaga en el monte, [mi hermano] comienza, junto con el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, a hacer la restauración de la zona, a raíz de esto surge esta problemática que termina con la situación de su encarcelamiento. Simplemente siento que se quieren agarrar de esto.
AM: ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante las denuncias de que Saúl es inocente?
JR: Mi hermano lleva 1 año 8 meses privado de su libertad, la Procuradora de Tlaxcala sabe que no hay pruebas en su contra. Igual que en el caso del compañero Raymundo, que fue liberado, no hay nada en contra de Saúl.
Las juezas que llevan el caso, su excusa es que, por ser autoridad tradicional, es culpable. Por ayudar a la comunidad, por cuidar el bosque, le dan una sentencia de 20 años de prisión.
Lo único que exigimos y pedimos es que realmente se sepa la verdad, hoy en día nos hemos dado cuenta que Tlaxcala es de los estados más corruptos, no existe la justicia, no existe la ley.
AM: Después de 1 año y 8 meses en prisión, ¿qué ha sido lo más difícil para Saúl y toda la familia?
JR: El caso es complicado, para la familia y amigos que nos rodean. Yo puedo decir que yo conozco a mi hermano, le gusta apoyar, siempre le gusta participar y por eso creo que nos tocó vivir esto.
AM: Qué sigue en el caso de Saúl después de la sentencia ¿qué pasos seguirán?
JR: Nosotros seguiremos luchando hasta demostrar que el Estado está haciendo algo injusto. Como dijo Raymundo, sabemos que siempre hay personajes detrás presionando.
Ahorita nos vamos con el proceso de apelación. Esperemos todo salga bien y que en este tiempo que estemos luchando se haga justicia, se lleve sobre ley toda esta situación, y que prontamente lo tengamos libre.
AM: Para finalizar la entrevista, ¿cómo se puede sumar otra gente a la exigencia de libertad de Saúl?
JR: Nos pueden encontrar en Facebook como Justicia Tlalcuapan, se transmiten las manifestaciones cuando hay audiencias. Pedimos también divulgar esta información, que por el simple hecho de defender la tierra pagan personas inocentes.
Agradecemos a toda la comunidad y colectivos que siempre han estado con nosotros, se ha visto la amistad. Mi hermano me ha dicho, cuando lo voy a visitar, que te das cuente quienes son tus amigos, quienes están contigo. Les invitamos a seguir exigiendo la libertad de Saúl.
En portada: Amina Mohammed, vicesecretaria general de la ONU, conversa con Sophia, la primera robot inteligente producida por Hanson Robotics para fungir como embajadora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Como parte del equipo de Avispa Mídia hemos tenido la oportunidad de aproximarnos hacia realidades que no solo quedan distantes de las geografías urbanas, sino también de la imaginación de la mayoría de las personas que no se cuestionan de dónde proviene el agua que consumen, los alimentos, la energía y algo que esta muy de moda, la Inteligencia Artificial (IA). Casi nadie se cuestiona cuáles son los costos de la IA y quién paga.
En un mundo cada vez más digitalizado, la inteligencia artificial se ha perfilado como una herramienta que podrá ayudar a resolver una gran diversidad de problemas. Incluso, entre los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, la IA se propone como un factor determinante para avanzar con el nuevo orden global.
En 2023, Shangai fue considerada la ciudad más inteligente del mundo.
Al referirme a este “nuevo” y no tan nuevo “orden” global, es en torno a la reconfiguración de las geografías del capital y, principalmente las zonas urbanas. El objetivo #11 de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene como objetivo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, advirtiendo que rumbo al año 2030, al menos 5 mil millones de personas vivirán en las llamadas “Ciudades Inteligentes”.
También conocidas como ciudades digitales o ciudades del futuro, basadas principalmente en el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), que prometen mejorar la calidad de vida de las personas urbanas. Pero, además, prometen una mejor eficiencia en el uso de recursos que requieren estas ciudades.
Estos complejos urbanos están encaminados hacia la digitalización, el uso de sensores y chips, a través de los cuales funcionará la IA. Recopilando y administrando datos en tiempo real sobre diversos aspectos como el tráfico, la calidad del aire, el consumo de energía, la gestión de residuos y la seguridad pública. Estos datos se utilizan luego para tomar decisiones informadas y optimizar la prestación de servicios urbanos.
Sector minero ha adoptado tecnologías de inteligencia artificial para el desarrollo de su sector.
Sin embargo, detrás del telón de la magia de la IA se esconde una realidad de la que casi no se habla: la dependencia de los minerales que están demandando estas ciudades inteligentes para poder ofertar los servicios prometidos. En ese sentido, la carrera científica, productiva y militar de los países más desarrollados ha comenzado y, con ello, la reconfiguración de este nuevo orden mundial.
Los minerales en la IA son determinantes para los componentes más básicos como circuitos integrados, baterías, pantallas y los servidores en la nube. Figuran minerales como el cobalto, el litio, el coltán, el tungsteno, aluminio, cobre, plata, oro, platino, silicio, entre otros.
China, es el principal productor y exportador de minerales considerados críticos por su escasez, como el indio, el antimonio, las tierras raras entre muchos otros metales.
Los Estados Unidos no corren con la misma suerte en cuanto al dominio de los llamados minerales críticos. De acuerdo con el estudio llamado “Recursos minerales críticos de Estados Unidos: geología económica y medioambiental y perspectivas de suministro futuro”, esté país importa 50 tipos de minerales que son catalogados como parte de su seguridad nacional.
Australia es uno de los principales productores mundiales de una variedad de minerales críticos, incluidos el litio, el cobalto, el níquel y el vanadio. Le sigue Rusia y su contexto de guerra que también tiene que ver con minerales críticos. Es un país que posee importantes reservas y producción, como el paladio, el platino, el niobio y el vanadio. Su papel en el suministro mundial de estos minerales es significativo.
El lado obscuro
La disputa mundial de estos minerales ha provocado un avasallamiento de un neocolonialismo que va detrás de estos recursos en países como la República Democrática del Congo, donde se encuentra aproximadamente el 60% de las reservas mundiales de cobalto. El interés de Estados Unidos en tener presencia en el llamado “Triangulo del Litio”, la zona conformada por Argentina, Bolivia y Chile que posee el 80% de este mineral a nivel mundial, entre otros ejemplos.
Antes de esta disputa su explotación ya era desmedida y de forma irresponsable, provocando consecuencias devastadoras para el medio ambiente y las comunidades, principalmente indígenas.
Mina de cobalto en Congo.
En los diversos recorridos que ha realizado el equipo de Avispa Mídia, ha podido testificar los impactos: desde el desplazamiento masivo de poblaciones, contaminación de mantos acuíferos, deforestación, asesinato y persecución.
Si bien la inteligencia artificial promete un futuro lleno de posibilidades, es menester reconocer que detrás de cada hilo de cobre, batería de litio, una pantalla de silicio, con certeza hay un racismo ambiental que, mucha de las veces, se traduce en muerte y destrucción. Lo que resta, y no como cierre de este tema, sino a manera de cuestionamiento es, ¿las alternativas que nos vienen presentando para enfrentar las crisis que vivimos son las indicadas? ¿Existen otras salidas? ¿Cuáles podemos asumir?.
Terrible incendio devora sin piedad la riqueza natural de la región del pueblo Chontal, en Oaxaca, al sur de México. El pasado 11 de abril, el fuego comenzó a incinerar todo a su paso. Hasta el momento ha devastado más de 15 mil hectáreas de bosque, dejando a su paso un rastro de desolación y desesperación por parte de las comunidades ante la incapacidad de respuesta para apagar el fuego. Llaman urgentemente a que intervengan las autoridades estatales y federales.
La Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y la organización Tequio Jurídico A.C., han hecho un llamado urgente de auxilio y exigencia de acción inmediata a nivel federal y estatal.
También a los titulares de las comisiones forestales a nivel nacional y estatal, a quienes exigen su intervención sin demora para enviar apoyo aéreo y terrestre a combatir y sofocar el devastador incendio que avanza rápidamente en la sierra sur de esta entidad.
El abogado chontal Abel Sánchez Martínez, con angustia comparte en entrevista que, tras la falta de atención de las autoridades competentes, “el fuego ha avanzado implacablemente desde el pasado 11 de abril”. Destacó que, pese haber reportado el incendio desde sus primeros indicios, “la respuesta inicial fue insuficiente, y el fuego se propagó sin control”.
Al menos ocho comunidades chontales se encuentran en medio del incendio, pertenecientes a los municipios de San Carlos Yautepec; San Miguel del Puerto y Santa María Ecatepec. Hombres y mujeres comuneras, junto a ciudadanos de estas comunidades han estado luchando incansablemente durante cuatro días contra el avance del fuego. Sin embargo, sus esfuerzos se ven eclipsados por la magnitud del desastre, que amenaza con consumir no solo tierras y bosques, sino también la vida misma de estas comunidades.
El abogado Sánchez, agrega que, “el domingo pasado, miembros de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coespo) llegaron a la zona afectada en un intento por contener la catástrofe. Sin embargo, la magnitud del incendio ya era inmanejable. A pesar de los esfuerzos de aproximadamente 30 o 40 personas, el fuego seguía avanzando, poniendo en riesgo a poblaciones enteras como San José Chiltepec, San Pedro Sosoltepec y Santa María Zapotitlán”.
Los informes revelan la magnitud de la devastación. En San Pedro Sosoltepec, se estima que más de 7 mil hectáreas, casi la totalidad de su territorio, han sido devastadas por las llamas. Mientras tanto, en San Pedro Tepalcatepec, se han perdido más de 2 mil hectáreas; en San Pablo Topiltepec, más de 3 mil hectáreas; y en San José Chiltepec, se reportan aproximadamente tres hectáreas absorbidas por el fuego. Las cifras, aunque alarmantes, apenas comienzan a capturar la magnitud del desastre.
Con más de 3 mil 500 habitantes en alto riesgo, la situación es urgente y desesperada. Sin embargo, las autoridades competentes han permanecido inexplicablemente inactivas, haciendo caso omiso de los repetidos llamados de auxilio de las autoridades de Bienes Comunales de las comunidades afectadas.
En este panorama, las demandas de estas comunidades son contundentes. Ante el “flagrante” desprecio de las autoridades por su omisión, exigen una respuesta inmediata y coordinada, por vías aéreas y terrestres, para combatir el incendio y brindar asistencia a las poblaciones chontales.
“Demandamos un compromiso firme y sostenido de las autoridades para abordar los daños irreparables causados a estas comunidades, su territorio y su patrimonio natural y cultural”, sostuvieron.
Mientras el reloj sigue avanzando, cada minuto es implacable con el aumento en el riesgo del costo humano y ambiental de esta tragedia. La respuesta de las autoridades no puede esperar. “La situación es crítica. Las comunidades en riesgo, como San Miguel Suchiltepec, Santa María Candelaria y Guadalupe Victoria, están en alerta máxima, coordinando esfuerzos para protegerse del avance de las llamas. En San Pedro Sosoltepec, casi la totalidad del territorio ha sido consumida por el fuego, mientras que, en otras áreas, como San José Chiltepec, la situación es igualmente alarmante. No podemos esperar más”, alerta el abogado.
En portada: Mariluz Canaquiri, Emilsen Flores y otras dirigentas de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, las mujeres que protegen el río Marañon, en la Amazonía peruana. Foto: Miguel Araoz Cartagena
El 15 de marzo, después de dos años y medio, el Juzgado Mixto de Nauta, Loreto, en la Amazonía Norte del Perú, declaró fundada la demanda puesta por la Federación de Mujeres Indígenas Kukama contra Petroperú y diversas instituciones del estado peruano para declarar el río Marañón como sujeto de derecho.
Esta sentencia, que reconoce por primera vez en el Perú derechos fundamentales a la naturaleza, es muy importante porque tiene consecuencias prácticas en la protección del río ya que incorpora nuevos derechos al ordenamiento constitucional y esos derechos son límites a la actuación del estado que en la práctica ha permitido la contaminación del río.
Este logro, nace además del reconocimiento a la cultura y la cosmovisión indígenas, a los pueblos que saben y sienten los espíritus que habitan en la naturaleza, con quienes se comunican para existir y compartir el tiempo, y que son finalmente la garantía de la vida futura de los por venir.
Esta sabiduría, frente a los retos del cambio climático y la contaminación, encuentra hoy su fundamento científico, su explicación racional y legal, en el valor intrínseco de la naturaleza y sus elementos para el resto de los seres vivos y ecosistemas con los que se comparte la tierra, al margen e independientemente del valor o la utilidad para el ser humano.
Los derrames de petróleo son la principal amenaza a la vida del río marañón, uno de los más afectados por los siniestros ocurridos en el Oleoducto Nor- Peruano.
¿Qué implica que el río Marañón sea reconocido como sujeto de derecho?
El abogado Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), uno de los aliados más importantes de las mujeres kukama para alcanzar esta sentencia, nos explica: “Esta sentencia recoge el mensaje que las mujeres kukama hace tiempo vienen levantando: el río está vivó, el río es un ser vivo y esta sentencia hace audible esa voz”.
Esta sentencia no es una cosa simbólica porque reconoce que el río tiene derechos. La consecuencia práctica es que ahora todo acto administrativo, toda medida de particulares o del estado que afecte los derechos del río, tiene un vicio de nulidad. O sea, estos derechos se convierten en un criterio de validez material de cualquier decisión del Estado.
La sentencia ordena que se cumpla la ley de recursos hídricos. Ordena que se creen comités de cuenca y subcuencas. Misteriosamente donde hay actividad minera o petrolera nunca hay comités de cuencas y son importantes porque permiten la participación de la sociedad civil y/o de los pueblos indígenas en la gestión integral de estas cuencas.
La sentencia también ordena que se actualice el instrumento de gestión ambiental de Petroperú. Por ley cada 5 años debe actualizarse el Estudio de Impacto Ambiental. El actual es del año 95, o sea de casi treinta años. La sentencia ordena a Petroperú que inicie ese proceso. Tiene que actualizarse.
Además ordena la consulta previa sobre esa actualización del instrumento de gestión ambiental. Esa consulta es un espacio para que puedan participar los pueblos indígenas y puedan expresar sus preocupaciones. Hay 4 derrames cada año y cada derrame es devastador para los pueblos indígenas porque significa que tomen agua contaminada, que coman peces contaminados, siendo que los peces constituyen el 85% de la proteínas para los pueblos indígenas. Es la principal actividad económica.
La sentencia nombra y reconoce a las mujeres kukama, y a los pueblos indígenas en general, como defensores y guardianes del medio ambiente y del río. En un contexto donde cada vez hay más preocupación por los defensores ambientales indígenas.
No es algo retórico. Significa que cada vez que el estado va a tomar una decisión tiene que consultarles, tiene que llamarlos. El río ya no va a estar indefenso. Los pueblos indígenas serían los representantes legales del río. El río va a tener a alguien que saque la cara por él.
Finalmente, está el mantenimiento del oleoducto, que ha sido rechazado por la jueza. Discrepamos con la jueza, porque si bien se están haciendo acciones de mantenimiento, no es integral como se comprometió Petroperú. Eso lo hemos apelado.”
Marcha en Nauta rumbo al Juzgado Mixto donde se presentó la demanda de amparo. Foto: Stephanie Boyd
Huaynakana Kamatahuara Kana (Mujeres trabajadoras, en idioma kukama) es la Federación de Mujeres Indígenas Kukama que lleva décadas buscando maneras de defender su territorio y con él, la cultura y la vida de los pueblos indígenas y otros seres que habitan y dependen del río Marañón .
Crearon la federación porque a pesar de participar en espacios de consulta previa, diálogos y reuniones con entidades estatales, así como dentro de la misma organización comunitaria, no las querían escuchar y eran rechazadas.
Sus preocupaciones y actividades, sin embargo, no están centradas en el tema de género. Llevaron, por ejemplo, un proceso judicial sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la hidrovía que aún se pretende construir en el río Marañón, o sobre la distribución del canon petrolero para la atención a las necesidades de las comunidades. También han trabajado por el acceso de los jóvenes indígenas a mejor educación y la atención de las mujeres gestantes usando la medicina ancestral.
Mariluz Canaquiri, presidenta de la Federación de Mujeres Kukama, relata: “Hemos venido conversando puras mujeres. Nacimos por los derrames petroleros, porque el río Marañón se llenaba de petróleo con cada derrame. No había celulares ni medios de comunicación, así que nos enfrentábamos solas con los petroleros a discutir, a debatir; pero realmente en más de 50 años no hemos sido atendidas.
Sólo hemos logrado el sufrimiento que nos han dejado las empresas petroleras: ya no tenemos peces para comer, hay muchos enfermos de enfermedades desconocidas y no tenemos una atención médica adecuada, la educación es pésima para nuestra población.
Queremos que nuestra población tenga agua potable, los servicios básicos en nuestras comunidades y también en los asentamientos humanos de los poblados, donde están igual que nosotras.
Queremos tener un ambiente limpio y sano, sin contaminación, y que las empresas grandes respeten la naturaleza porque desde muy antes, desde nuestros ancestros, hemos venido respetando. Llevamos el ejemplo de nuestros ancestros que decían: para que saques una sola corteza, una sola planta, tienes que pedir permiso al dueño que es el espíritu de la planta. Igual a todos los seres vivos, a los seres que viven debajo del agua, hay que pedir permiso; para ir a una cocha a pescar hay que pedir permiso.
Pero la gente de fuera, que no nos entiende nuestra cosmovisión, nos ven mal, ven que no significa nada pero para nosotros, los pueblos originarios, tiene un sentido fundamental, un significado muy bueno, por eso lo llamamos que el río Marañón es muy sagrado, nuestra fuente de vida, que da vida a todos los seres humanos y a todos los seres que existen en nuestra madre naturaleza”.
¿Qué ha reconocido la sentencia?
La jueza, en el primer punto de la parte resolutiva, resuelve “DECLARAR AL RÍO MARAÑÓN Y SUS AFLUENCIAS COMO TITULAR DE DERECHOS”.
Inmediatamente después, reconoce los siguientes derechos al río Marañón en su sentencia:
i. Derecho a fluir para garantizar un ecosistema saludable; ii. el derecho a brindar un ecosistema sano; iii. el derecho fluir libremente de toda contaminación; iv. el derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes; v. el derecho a la biodiversidad; vi. el derecho a que se la restaure; vii. derecho a la regeneración de sus ciclos naturales; viii. derecho a la conservación de su estructura y funciones ecológicas; ix. derecho a la protección, preservación y recuperación; x. derechos que se encuentren representados y que el Estado debe proteger legalmente, por ser parte importante en los derechos fundamentales de todo
