^{por Violeta Santiago y Priscila Cárdenas / Quinto Elemento Lab}

La línea fronteriza con Estados Unidos corta la sierra de San Luis-Janos como una guillotina. A menos de dos kilómetros serpentea el tramo de la Carretera Federal 2 que va de Janos, Chihuahua, a Agua Prieta, Sonora. Cuando las heladas arrecian, el paisaje blanco presagia un pavimento congelado e intransitable. Pasado el frío, la cinta asfáltica queda craquelada, como el suelo de un lago tras secarse. En apenas siete metros de ancho, sin acotamientos, los camiones de carga compiten por circular en sentidos opuestos. En su prisa, a veces chocan y mueren personas.

Para aumentar la seguridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT) presentó un plan para ampliar la carretera a 12 metros de ancho y dos carriles. Parte de ese proyecto fueron los 4.1 kilómetros del tramo Janos-Agua Prieta, para el que en abril de 2019 se otorgó un contrato por 85.6 millones de pesos a Construcción Instrumentación y Servicios, en conjunto con Vicer Agregados y Concretos.

Sin embargo, no había pasado ni un mes desde la firma del convenio cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) calificó a Construcción Instrumentación y Servicios como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) definitiva, es decir, era una compañía que no podía comprobar personal, infraestructura ni capacidad material para realizar los trabajos que facturaba, o que no fue localizada en su domicilio fiscal.

Por sí solo, este contrato representó 78 por ciento del dinero que la SCIT asignó a empresas fantasma en el sexenio anterior.

En total, la SICT pagó 36 millones de pesos (más IVA) a la empresa fantasma y prorrogó la entrega del camino a Janos por casi un año. Ahora no hay ampliación ni modernización de la carretera: la empresa abandonó la obra, dejó perder el contrato y no ha devuelto el millonario anticipo.

Millones de pesos perdidos

Es primavera de 2024. El cielo está limpio de nubes y el calor castiga la carretera hacia Agua Prieta. La sombra intermitente de las colinas con sus grandes pedruscos ofrece un alivio momentáneo a los conductores. La baliza anuncia el kilómetro 107, el final del tramo que debería haberse modernizado.

Pero no hay nada ahí ni en los dos kilómetros previos ni en el trecho encargado a la empresa que refleje alguna mejora en el camino. Solo alcantarillas abandonadas, letreros de desviación y muchos baches.

Según el contrato, Construcción Instrumentación y Servicios realizaría el 90.42 por ciento del proyecto (terraplenes, bases, pavimento, señalizaciones), mientras que Vicer se encargaría del drenaje y alcantarillado. 

Los trabajos tenían que empezar en mayo de 2019, pero se aplazaron porque la SICT debía adelantar un primer pago por 25.7 millones de pesos —lo que hizo en junio de ese año—, y porque no se había presentado el resolutivo del Manifiesto de Impacto Ambiental. Finalmente, las obras arrancaron en octubre.

Ese mismo mes, una publicación de la revista Nexos advirtió que Construcción Instrumentación y Servicios era una facturera. La dependencia explicó a Quinto Elemento Lab que, debido a la nota, “solicitó a la empresa presentar de nueva cuenta la opinión de cumplimiento emitida por el SAT y, con fecha del 31 octubre de 2019, presentó el documento de opinión positiva”. Así, la secretaría sepultó sus dudas.

“No estábamos enterados de eso, en su momento no lo vimos; pero al tener el documento del SAT lo dimos por bueno”, declaró a la prensa en aquel entonces el titular del Centro SICT Sonora, Eduardo Antonio Pacheco Grajeda.

El SAT especifica en el Código Fiscal de la Federación que, para tener una opinión positiva, el contribuyente no debe estar en la lista definitiva de EFOS. Para cuando la secretaría asegura que recibió una nueva Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, la firma ya se encontraba en dicho listado. Vía Transparencia, la SICT sonorense solo entregó el documento fechado en abril de 2019 —poco antes de ser declarada empresa fantasma—, cuya vigencia por ley es de tres meses.

Por medio de imágenes satelitales de Google Earth y Maps se ubicaron los tramos de la ampliación y modernización de la carretera Janos-Agua Prieta, a partir de las coordenadas incluidas en el estudio de impacto ambiental. En una imagen de marzo de 2020, en el trecho entre los kilómetros 98+000 y 100+000 todavía se distingue la máquina amarilla que coloca el drenaje perpendicular a la carretera, a pocos metros de un claro con medio centenar de alcantarillas.

Sin embargo, la obra se suspendió poco después debido a la pandemia de covid-19. El papeleo señala que los trabajos debían reiniciarse el 1 de junio y que la carretera, a más tardar, tenía que entregarse el 21 de noviembre. 

En agosto de ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —con la SICT presente— visitó la obra y calculó que no se habían hecho trabajos de excavaciones, terraplenes y alcantarillado, correspondientes a 2019, por 6.7 millones de pesos.

La respuesta del Centro SICT Sonora para esta investigación fue un mensaje de siete párrafos, que concluye: “A la fecha, la empresa se encuentra realizando los convenios contratados en ese tramo carretero”, aunque la misma dependencia reconoció vía Transparencia que no había un contrato vigente para la modernización del trecho. La dependencia se negó a responder preguntas adicionales al cierre de esta investigación.

Mediante solicitudes de información, Quinto Elemento Lab obtuvo documentos que revelan que la obra se canceló por incumplimiento del contratista, no existe otra licitación para el tramo, y no se han recuperado los millones de pesos pagados por adelantado a la empresa fantasma.

Un acta circunstanciada de la SICT, fechada en febrero de 2021, expone que el contrato de la carretera Janos-Agua Prieta fue rescindido, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas, porque Construcción Instrumentación y Servicios incumplió el encargo.

El documento estima que, en total, se pagaron 36 millones de pesos a la empresa fantasma por una obra inconclusa, “encontrada en estado total de abandono” y sin “personal, maquinaria o equipo de construcción”.

En septiembre de 2021, Pacheco Grageda dejó la oficina federal de la SICT para convertirse en titular de la Junta de Caminos de Sonora. El funcionario no aceptó dar una entrevista para este reportaje.

Una empresa fantasma en el camino

Construcción Instrumentación y Servicios vio la luz en 1996 en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con su inscripción en el Registro Público de Comercio. Los socios fundadores —un hombre que actualmente ronda los 84 años y sus dos hijos— vendieron la empresa por 50 mil pesos en 2011.

El excontador de la empresa dijo a Quinto Elemento Lab que tiempo después de su conformación la firma dejó de funcionar por falta de trabajo y que los accionistas originales le avisaron que se retirarían de la actividad.

Carlos Alfredo Apodaca Hernández, un estudiante de 19 años y originario de Agua Prieta, adquirió el 60 por ciento de las acciones y se convirtió en administrador y representante de la compañía, mientras su padre, el también contratista José de Jesús Apodaca Otero, ocupó el cargo de representante legal.

El cambio de manos convirtió a Construcción Instrumentación y Servicios en contratista gubernamental.

Entre 2011 y 2019, de acuerdo con los registros de Compranet, obtuvo en Sonora 10 contratos por 103.9 millones de pesos con la Junta de Caminos estatal, la SICT, la Comisión Federal de Electricidad e incluso el IMSS.

Pese a esto, la compañía es desconocida en el mundo empresarial del estado: “En la CMIC Sonora no tenemos conocimiento de esa empresa de construcción”, precisó Luz Fernanda Enríquez López, gerente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la entidad, consultada para este reportaje.

La exitosa trayectoria de la contratista quedó bajo investigación del SAT por operaciones inexistentes en noviembre de 2016, cuando la autoridad fiscal realizó observaciones y la exhortó a demostrar que era una empresa legítima y así desvirtuar las sospechas. 

Estar en la lista de presuntas EFOS —estatus previo a ser catalogada como definitiva— no frenó la búsqueda de convenios públicos de la empresa sonorense. En marzo de 2019,  el gobierno de AMLO le otorgó un primer contrato de 7 millones de pesos por el estudio y proyecto para la restitución estructural y las obras de drenaje de ocho kilómetros del camino Basiroa-Tapizuelas en Álamos, Sonora.

Dos meses más tarde firmó el contrato de la carretera Janos-Agua Prieta en un proceso cuya revisión pone en evidencia algunas irregularidades cometidas por la SICT de Sonora.

La dependencia no explica por qué eligió la propuesta más cara de las seis que se presentaron. Vía Transparencia, la secretaría entregó el acta de fallo firmada por Ricardo Alarcón Abarca, subdirector de Obras (en representación del titular, Pacheco Grageda), en la que resuelve que la proposición encabezada por Construcción Instrumentación y Servicios reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, y que “por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas”.

Mediante correo electrónico institucional se contactó a Alarcón, quien actualmente se desempeña como director del Centro SICT Guerrero, para conocer cuáles fueron los parámetros de evaluación que se emplearon para seleccionar a la empresa, pero no se obtuvo respuesta a los hallazgos de esta investigación.

Además, la EFOS debió entregar a la SICT la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero la dependencia no la proporcionó cuando se le pidió por medio de solicitudes de información.

Este documento permite saber cuántas personas trabajadoras están aseguradas por la empresa, y por ley debe incluirse en caso de que la contratación sea mayor a los 300 mil pesos.

Quinto Elemento Lab también visitó el domicilio fiscal indicado en el contrato por Construcción Instrumentación y Servicios: el número 1126 de la Calle 6, entre las avenidas 12 y 13, de la colonia Centro, en Agua Prieta, Sonora. Entre tiendas de conveniencia, casas y algunos negocios de venta de productos de plástico o pinturas no fue posible localizar las oficinas de esta compañía.

La dirección es la misma de otras dos firmas que también han recibido dinero público: Recubrimientos Decorativos e Industriales de Sonora, que en años recientes tuvo contratos por adjudicación directa del Consejo de la Judicatura Federal, y Tecnología Avanzada del Color, que figura en el padrón de proveedores del ayuntamiento de Agua Prieta. De acuerdo con registros públicos de comercio, José de Jesús Apodaca Otero forma parte de ambas empresas.

Se buscó establecer contacto con las tres firmas y sus principales socios mediante las direcciones de correo electrónico encontradas en contratos, padrones de contratistas y registros ante el SAT, pero al cierre de este reportaje no se consignó una respuesta.

Obra olvidada

A casi cuatro años de la cancelación del contrato, Construcción Instrumentación y Servicios no ha cubierto las penalizaciones ni devuelto los millones de pesos que le pagaron por una obra que no terminó. La compañía tampoco figura en el Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque mantiene el impedimento de emitir facturas por su inclusión en la lista de EFOS definitivas.

Mientras, poco ha pasado en la carretera hacia Agua Prieta.

Desde la visita de la ASF en 2020, las imágenes satelitales y de vista de calle de Google Maps evidenciaban la falta de movimiento: para mediados de 2022, donde termina el kilómetro 107+000 quedó abandonada una retroexcavadora amarilla —que sucumbió al óxido y al sol del desierto— junto a unos señalamientos reflejantes que advertían de una “desviación” para evitar que los conductores se desbarrancaran al final de un terraplén sin concluir.

El recorrido hecho en 2024 por el tramo licitado mostró que han  desaparecido los indicios  de lo poco que avanzó la obra, como el raspado del pavimento para el intento de ampliación, y decenas de alcantarillas que deberían estar bajo un doble carril.

No hay, dice la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, algún nuevo procedimiento de contratación para acabar esta obra.

La modernización de la carretera Agua Prieta-Janos era una deuda de décadas para el séptimo municipio más poblado de Sonora y su importante industria maquiladora. Hoy, para ir a Chihuahua, los habitantes de Agua Prieta prefieren cruzar a Estados Unidos y circular por la interestatal 80 antes que hacerlo por la “ruta de la muerte”, como la llaman periodistas locales debido a los cierres por nevadas, deslaves y accidentes.

^{por Violeta Santiago y Edrei Durón / Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV}

El tono de la carta era de urgencia. El 11 de octubre de 2019, María de los Ángeles Escalón, jefa de enfermeras del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Dr. José María Rodríguez de Saltillo, Coahuila, avisó a tres directivos que el fin de semana habría problemas en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos por la falta de insumos para bombas de infusión.

Fue un llamado de atención porque, desde hacía ocho meses, los materiales se habían encargado a la empresa Interacción Biomédica.

La preocupación escaló. Tras recibir la carta, Alma Rosa Sánchez Rico, subdirectora administrativa del hospital, envió un correo a otros directivos: “Nos está afectando demasiado para dar el servicio y atención con calidad y calidez al derechohabiente de nuestra institución”, advirtió.

En marzo de 2019, Interacción Biomédica obtuvo un contrato del ISSSTE por 2.4 millones de pesos para entregar 85 bombas de infusión, equipo de venoclisis –para administrar medicamentos vía intravenosa– y otros suministros a los hospitales de Saltillo y Torreón, y a las clínicas de Monclova, Piedras Negras, Nueva Rosita, Sabinas y San Pedro.

Las bombas de infusión son equipos para transfundir con precisión soluciones o fármacos a pacientes. Para funcionar necesitan  jeringas, catéteres y mangueras especiales.

Entre lo pactado también había insumos para aplicar con las bombas quimioterapias con paclitaxel, tratamiento utilizado contra el cáncer de ovario, mama o pulmón.

Pero el equipo médico nunca se entregó. La empresa ganó la licitación en 2019, a pesar de que dos años antes había sido declarada Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Acorde con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el concurso dejaba claro que las compañías participantes tenían que contar con capacidad material y no estar impedidas por alguna razón legal.

Parte del procedimiento para garantizar estas condiciones es la entrega de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitida por el SAT, un requisito que Interacción Biomédica no formalizó. Por haber estado listada como empresa fantasma o EFOS definitiva, la compañía tendría una opinión negativa de la autoridad fiscal.

Sin embargo, cuatro funcionarios avalaron el fallo a favor de Interacción Biomédica, entre ellos Sebastián Zepeda Contreras, entonces delegado estatal del ISSSTE en Coahuila, y Álvaro Jaime Obregón Flores, que fungía como subdelegado de administración, quienes además firmaron el contrato.

Fundada en 2012, Interacción Biomédica acumulaba contratos públicos por más de mil 600 millones de pesos, de acuerdo con el informe Facturas falsas: la epidemia en el sector salud, realizado por Impunidad Cero, organización civil que estudia la impunidad en México, y que la expuso como la empresa fantasma que más dinero ha recibido del sector salud en el país.

Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV encontraron que, aun cuando ya había sido declarada EFOS, el ISSSTE siguió contratando a Interacción Biomédica por un total de 22.2 millones de pesos, de los cuales 14.3 millones se otorgaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Como lo han revelado otras entregas de esta investigación, en este caso también se ignoró que la empresa estaba en la lista de EFOS desde el proceso de contratación, mientras que la administración no sancionó a los funcionarios ni investigó los contratos indebidos. Las consecuencias de cerrar tratos con una empresa fantasma fueron para la población.

Falta de insumos

El Hospital General del ISSSTE en Saltillo fue el que más padeció el desabasto de bombas de infusión en 2019. Un intercambio de cartas y correos entre el personal y funcionarios, al que Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV accedieron por medio de solicitudes de Transparencia, revela que los directivos del organismo en Coahuila sabían del incumplimiento de Interacción Biomédica y de las consecuencias para los pacientes por haber contratado una empresa fantasma, pero no suspendieron el convenio.

Los equipos e insumos debían entregarse en abril de 2019. Solo se reportó el suministro de una parte del material a un hospital de Torreón. Las 85 bombas de infusión nunca llegaron. Además del hospital de Saltillo, las clínicas de Piedras Negras, Victoria, Monclova, Nueva Rosita y San Pedro tampoco recibieron los equipos de venoclisis.

Entonces, el personal médico comenzó a alertar a los directivos sobre la falta de cumplimiento del contrato. Marisol Calzoncit Medrano, jefa del almacén del hospital, se sumó a los cuestionamientos, preguntando por correo sobre las bombas de infusión. En el mensaje advertía que no era la primera vez que había problemas con Interacción Biomédica: “Con el mismo proveedor batallamos el año pasado con las entregas”.

Ante la presión, dos de las personas al frente del hospital escribieron a Lois Alemao Molina Toledo, representante legal de la empresa, para preguntarle cuándo recibirían las bombas de infusión e insumos.

“De todo lo anterior no se ha tenido respuesta alguna y es URGENTE el seguimiento correspondiente al Contrato”, se lee en la tercera y última carta dirigida el 12 de junio.

Cada oficio intercambiado llegó a diversos jefes de área, coordinadores y personal directivo, incluidos Sebastián Zepeda y Jaime Obregón, los funcionarios que firmaron el contrato, así como el entonces subdelegado médico en Coahuila, Francisco Elizalde Herrera, uno de los encargados de avalar la selección de Interacción Biomédica en el proceso de contratación.

A los cuestionamientos por escrito de los funcionarios del ISSSTE, la EFOS solo respondió que tenía problemas para facturar.

La falta de equipos de infusión e insumos para su funcionamiento repercutió en áreas críticas del hospital como las unidades de Cuidados Intensivos y de Hemodinamia —en la que se realizan procedimientos como angiografías y coronariografías (radiografías del corazón) o cateterismos (inserción de una sonda en las arterias del corazón)—, explicó personal médico y de enfermería entrevistado para este reportaje, que solicitó el anonimato por temor a represalias laborales.

Una médica que trabajó en el hospital de Saltillo durante el desabasto ocasionado por Interacción Biomédica en 2019 dijo que otra afectación importante fue la suspensión de cirugías por falta de insumos, lo que provocó que algunos pacientes tuvieran que comprarlos para poder operarse.

Según documentos del Departamento de Recursos Materiales y Obras del ISSSTE en Coahuila, el Hospital General de Torreón fue el único al que la facturera entregó insumos. Un oficio firmado por Dalia Margarita Martínez Moreno, directora médica del nosocomio, precisa que en marzo, junio y agosto de 2019 recibieron 675 piezas de equipos de venoclisis para las bombas de infusión, 270 para aplicación de sangre, 225 para apoyo en cirugía, 69 de nutrición parenteral, y 270 para quimioterapias con paclitaxel, aunque no mencionan las 15 bombas que también se esperaban.

Ni el ISSSTE sabe por qué nada más un hospital recibió insumos. El Departamento de Recursos Materiales y Obras respondió que no contaban con pruebas del cumplimiento del convenio ni de su seguimiento  porque en esa área “solamente se elaboran los contratos” y “no se reciben” los insumos.

Los únicos comprobantes de la entrega del material médico son documentos con el logo de Interacción Biomédica, fechados en Saltillo y sellados de recibido —un mes después— por el hospital de Torreón. Martínez Moreno aceptó dar una entrevista, pero posteriormente se negó.

Para demostrar la entrega de materiales en una contratación pública no basta un registro de papel, dice Gerardo Lozano Dubernard, exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Tiene que haber una trazabilidad, un simple papel no es suficiente”, considera el experto. “Cada proceso debe estar debidamente documentado, los formatos tienen que estar foliados, debe haber responsables”.

De acuerdo con las bases de la licitación, si se presentan  atrasos o no se entregan los materiales, el contrato debería cancelarse. Sin embargo, la Delegación del ISSSTE en Coahuila nunca lo rescindió, aun cuando el incumplimiento causó problemas en la atención de los pacientes. En Compranet aparece con estatus de “expirado”, como se clasifican los procesos sin terminación anticipada. Es decir, como si se hubiera concluido en tiempo y forma.

La cicatriz de Interacción Biomédica

Un mes antes de las elecciones de 2012, María Cecilia Guadalupe Parada Martínez y Cecilia Guadalupe Orta Sosa —abuela y nieta— fundaron Interacción Biomédica en el Estado de México. La empresa registró como domicilio fiscal un edificio contiguo a unas oficinas del ISSSTE en la zona conurbada de Toluca.

El SAT comenzó a investigar la firma en 2016, según el resolutivo que declaró EFOS definitiva a Interacción Biomédica, al que accedió este equipo periodístico.

El documento establece que la empresa no tenía activos, personal suficiente ni oficinas para cumplir con las actividades que decía realizar: ingresaba hasta 400 millones de pesos anuales operando con solo seis trabajadores, tres camionetas y dos autos.

Un representante legal de Interacción Biomédica explicó al SAT que únicamente necesitaba personal para atender las licitaciones, ya que solicitaba a los proveedores que se encargaran de entregar los pedidos a las dependencias.

Pero el SAT encontró más pruebas de que la empresa cobraba por trabajos que no podía realizar, como un contrato para dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de frío (almacenamiento de vacunas a una temperatura controlada) del Instituto de Salud del Estado de México. Interacción Biomédica cobró más de 800 millones de pesos por este servicio, pero subcontrató a una persona que se encargó de prestarlo.

Para el exauditor Lozano, esta es una práctica habitual de las EFOS, que considera una simulación porque “se quedan con una parte del dinero y contratan a otras empresas para hacer el trabajo”.

Este equipo periodístico trató de contactar a Interacción Biomédica y a la familia Orta Sosa, sin conseguir una respuesta.

Solo de dinero federal, Interacción Biomédica obtuvo más de 40 millones de pesos, la mayor parte del ISSSTE y cuando ya estaba imposibilitada para facturar, de acuerdo con la base elaborada por Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir de datos de Compranet y del listado de empresas fantasma del SAT.

En casi todos los contratos otorgados por el ISSSTE a Interacción Biomédica durante la administración de Andrés Manuel López Obrador no se comprobó la entrega de insumos.

Por ejemplo, en otro contrato con la Delegación del ISSSTE en Coahuila, el personal médico del Hospital General de Saltillo se quedó esperando 10 esponjas quirúrgicas y 14 tubos de ventilación, utilizados en cirugía para drenar líquidos cerca del tímpano y ayudar —sobre todo a infantes— a oír mejor.

Pese a las afectaciones que provocó la contratación de la EFOS, especialmente a este hospital, no hubo mayores sanciones.

En 2020, la ASF revisó una serie de contratos del ISSSTE con Interacción Biomédica. La delegación de Coahuila aseguró que “se realizó la entrega total de los bienes”, pero “no se liquidó ningún importe”.

El Departamento de Finanzas del ISSSTE en el estado contestó a Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV que la falta de pago se debió a que la empresa nunca envió las facturas.

La ASF inició un procedimiento administrativo a la institución por otorgar contratos a Interacción Biomédica cuando estaba boletinada por el SAT. Sin embargo, vía Transparencia, la Subdelegación de Administración del ISSSTE en Coahuila negó haber tenido sanciones administrativas por contratar a empresas fantasma.

La Delegación del ISSSTE en Coahuila se negó a responder un cuestionario para esta investigación. No obstante, personal administrativo explicó que la mayoría de los directivos que estaban en 2019 ya no trabajaban en la institución y que, durante los cambios de administración, se suele destruir la documentación relativa a las adquisiciones. Tampoco hubo respuesta de parte de la oficina central del ISSSTE.

Se buscó a los dos funcionarios que firmaron los contratos con Interacción Biomédica, Sebastián Zepeda y Jaime Obregón. Actualmente, ninguno labora en el ISSSTE. Aunque se agendó una cita con Zepeda, al final el médico canceló la entrevista. No fue posible localizar a Obregón.

Zepeda fue delegado del ISSSTE en Coahuila durante el gobierno de Rubén Moreira Valdés; estuvo en el cargo cinco años, hasta su renuncia en 2019. Su salida se produjo antes de la reorganización de las oficinas del gobierno federal en los estados, que desapareció la figura de los delegados de la institución.

Tampoco accedió a dar entrevista Francisco Elizalde Herrera, subdelegado médico, quien firmó el acta en la que se establece que Interacción Biomédica es la ganadora de la licitación.

El 1 de abril de 2020, Elizalde fue destituido de su cargo después de una protesta del personal médico y de enfermería de la Clínica de Alta Especialidad. Años atrás, había reconocido que faltaban insumos de curación, lo que atribuyó a licitaciones fallidas.

Parte del personal médico que reportó el desabasto y sus consecuencias ya se jubiló o dejó de laborar en el instituto. Uno de ellos, Pedro Silva Sánchez, exdirectivo del hospital de Saltillo, fue localizado, pero no quiso hablar del tema.

Debido a los contratos con el ISSSTE, se incluyó a Interacción Biomédica en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la entonces Secretaría de la Función Pública, ahora Anticorrupción y de Buen Gobierno. La inhabilitación terminó a finales de 2024, aunque la empresa sigue imposibilitada para facturar por su estatus definitivo como EFOS.

Sin embargo, una de sus fundadoras, María Cecilia Guadalupe Parada, junto con su esposo, tres de sus hijos, su yerno y tres nietos han creado otras 18 empresas que comparten lazos con Interacción Biomédica. No todas son contratistas gubernamentales y algunas ya fueron liquidadas. Pero varias firmas de la red han seguido recibiendo dinero público del ramo de salud.

Por ejemplo, en 2021 Pasteur Health Care vendió al IMSS tiras reactivas para medir el colesterol y, hasta 2023, recibía invitaciones del Gobierno de la Ciudad de México para concursar por contratos; Soluciones Preventivas Fénix hizo tratos en 2023 con los Servicios de Salud de Jalisco, y Prevención y Soluciones K-B recibió en 2024 adjudicaciones directas de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y ganó licitaciones del IMSS-Bienestar.

El domicilio de esta última empresa se ubica en la zona industrial de Toluca. Está apenas a 10 minutos caminando de donde Interacción Biomédica tenía sus oficinas.

^{Con información de José Cortez.}