La noche del pasado martes (1), durante el primer día del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pese a las promesas de no repetición, elementos del ejército mexicano se vieron involucrados nuevamente en actos de violencia contra población civil, esta vez en el municipio de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.
Acorde a un comunicado del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur -integrado por una veintena de organizaciones de derechos humanos-, una camioneta de redilas que transportaba a 33 personas migrantes fue alcanzada por disparos realizados por elementos militares, lo que provocó que el vehículo se accidentara y dejara un saldo de seis personas migrantes fallecidas.
Según las organizaciones, por las imágenes difundidas se sugiere que las personas fallecieron por impactos de bala. También reportan 10 más lesionadas, entre ellas niños y niñas. Entre los fallecidos se encuentran cuatro hombres adultos, una niña y una joven, mientras los lesionados fueron trasladadas para recibir atención hospitalaria. Las personas en movilidad proceden de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Honduras, Cuba y Perú.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió un comunicado mediante el cual ofrece su versión de los hechos. En el documento refieren que, elementos del ejército detectaron un vehículo que iba a alta velocidad, el cual eludió a las fuerzas de seguridad. “A retaguardia de la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”.
De acuerdo con los militares, tras el tiroteo, inspeccionaron el vehículo hayando a 33 migrantes a bordo: 12 estaban heridos, 17 ilesos, cuatro fallecieron y dos lesionados murieron más tarde en el hospital donde eran atendidos. Además, les informaron que el chofer supuestamente había escapado, al igual que los otros dos vehículos implicados.
El gobierno de Péru, a través de su Cancillería, condenó enérgicamente el ataque de los militares ya que entre los muertos, se encuentra una persona de nacionalidad peruana. En un comunicado, calificaron el hecho como “execrable” y anunciaron que exigirán investigaciones a través de su representación diplomática en México para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.
Para el Colectivo Frontera Sur, si bien la Sedena reconoce la gravedad de los hechos y la probable responsabilidad de los elementos del ejército, aseguran que, para el esclarecimiento de los hechos, este tipo de investigaciones debe centrarse en el testimonio directo de las víctimas, “en condiciones dignas, de total imparcialidad y garantías de seguridad”.
Durante la conferencia matutina de este jueves (3), ante la pregunta sobre si elementos del ejército ratificaron su versión y encontraron armas en el vehículo, la presidenta Sheinbaum eludió el tema y se limitó a decir que los militares que dispararon ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, 17 personas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración por parte de la Sedena.
Políticas migratorias deshumanizantes
El posicionamiento de las organizaciones destaca que estos hechos no son accidentales ni aislados, sino “son consecuencia de las políticas migratorias restrictivas que el Estado mexicano sigue implementando”.
En especial, refiere el Colectivo, son consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios “bajo una lógica de persecución y no de protección hacia las personas en movilidad, violentando y deshumanizando a las personas, poniendo en riesgo su integridad física, emocional y su vida”.
En su análisis, la estrategia de contención, centrada en la seguridad nacional, “exacerba el carácter securitista y de persecución, por encima de un enfoque de seguridad humana” y destaca que, en el marco del reciente traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, existen “riesgos ampliados que implican para la vida y los derechos humanos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como son las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional”.
El posicionamiento del Colectivo Frontera Sur reitera que las políticas migratorias mexicanas generan un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas, causando graves violaciones de derechos humanos. Esto, explican, se debe que las personas en movilidad son orilladas a tomar vías riesgosas, clandestinas y cada vez más costosas, cayendo en redes de trata y tráfico pues destacan que, debido al avance de los grupos criminales en Chiapas se pone en mayor riesgo a las personas migrantes donde son expuestas al abuso, extorsión y muerte.
“El Estado mexicano ha sido omiso ante la situación de violencia en la región; así como en sus obligaciones de investigación y sanción de violaciones a derechos humanos y delitos que diversos agentes públicos han cometido, tanto por omisión como en colusión con dichos grupos criminales”, sostienen la veintena de organizaciones sociales.
Para ello, ejemplifican con algunos casos, tales como lo ocurrido el 1 de octubre de 2023, cuando se registró un accidente en el municipio de Pijijiapan, en la costa de Chiapas, donde murieron 10 personas migrantes que eran transportadas en un camión. También, en 2021 se denunció otro accidente similar en Tuxtla Gutiérrez, donde murieron 55 personas que viajaban en un camión de carga.
En otra ocasión, el 31 de octubre de 2021, elementos de la GN dispararon contra un vehículo particular donde iban 13 personas migrantes dando como resultado el fallecimiento de una persona de nacionalidad cubana y dejando otras dos lesionadas.
“Estos hechos evidencian la omisión del Estado para garantizar los derechos humanos y la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Además, constata que la política migratoria en México ha sido llevada desde enfoques y estrategias equivocadas, generando mayores factores de violencia y de desprotección, cuyas lamentables consecuencias viven personas y familias migrantes”.
Los jueces hicieron coincidir las audiencias de las causas contra la Lof Quemquemtrew y la Lof Winkul Mapu, a las que acusan por “usurpación” en Cuesta del Ternero y Villa Mascardi. Los juicios llegan tras años de persecución y los asesinatos de Rafael Nahuel y Elías Garay. Desde el inicio de este año, otras tres comunidades fueron condenadas o judicializadas bajo la misma acusación para desconocer el derecho sobre sus territorios.
Por Mariángeles Guerrero y Roxana Sposaro
Cobertura colaborativa conjunta de Tierra Viva e Infoterritorial
Una serie de procesos judiciales avanzan contra el Pueblo Mapuche en Río Negro, en Argentina. Esta semana se inició con las audiencias del juicio oral por supuesta usurpación de tierras contra la Lof Quemquemtrew, que cerró su etapa de alegatos este jueves y espera sentencia para el miércoles 2 de octubre. Este jueves también comenzaron las audiencias contra integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, llevados al banquillo con otra acusación de usurpación, cuya sentencia se conocerá el próximo lunes. Ambas causas fueron iniciadas tras la recuperación de tierras por parte de las comunidades y en ambos casos lamentaron homicidios: Elías Garay, en 2021 (a manos del empleado de un empresario forestal en Cuesta del Ternero), y Rafael Nahuel, en 2017, a manos de la Prefectura Naval en Villa Mascardi.
En paralelo, el Poder Judicial rionegrino sigue avanzando contra otras comunidades en el marco de otras disputas territoriales con empresarios. Se trata de los casos de las comunidades Coronado Inalef, Millapi y Che Buenuleo, ubicadas en parajes cercanos a El Bolsón y Bariloche. Los tres casos con denuncias también por usurpación, a pesar de que las comunidades cuentan con títulos y el derecho ancestral sobre los territorios.
Criminalización de la Lof Quemquemtrew
El Juzgado de Bariloche fue el escenario, entre el martes y el jueves, del juicio por "usurpación" de diez hectáreas en el paraje Cuesta del Ternero (a 20 kilómetros de El Bolsón). Se acusa a seis personas vinculadas al Lof Quemquemtrew. Aunque solo tres de las personas imputadas estaban en la comunidad durante el operativo policial, en septiembre de 2021.
La causa fue impulsada por el empresario forestal Rolando Rocco. Los fiscales, Francisco Arrien y Betiana Cendón, y la estrategia de Rocco apuntan a la condena y al desalojo de la comunidad. El abogado del empresario forestal, Ernesto Saavedra, agregó en las audiencias que intentarán demostrar que la ocupación se hizo con "actos de violencia", como la rotura de tranqueras. La jueza a cargo es Romina Martini y anunció la lectura de la sentencia el próximo miércoles 2 de octubre.
En la primera audiencia del juicio, Rocco declaró por Zoom, con el argumento de su avanzada edad y de un reciente trasplante de hígado. También declaró de forma virtual su empleado, Martin Feilberg, condenado junto a Diego Ravasio, en diciembre 2022, por el homicidio del joven mapuche Elías Garay. Esa decisión fue revisada en junio de 2023, cuando el Tribunal de Impugnaciones provincial dejó firme la condena por homicidio contra Ravasio y anuló la de Feilberg, ordenando un nuevo juicio por su participación en el crimen. Su testimonio en el caso por "usurpación" busca respaldar la estrategia de su jefe de demostrar la posesión y la tenencia sobre las tierras.
Las diez hectáreas en disputa se encuentran en una zona de 2500 hectáreas otorgadas por el gobierno de Río Negro a Rocco en la década del 80 para explotación forestal. La comunidad mapuche sostiene que el empresario no es el titular de esas tierras y que nunca las habitó. En Río Negro, para poseer tierras fiscales, se debe vivir en ellas.
Foto: Roxana Sposaro
El empresario argumenta que las diez hectáreas reclamadas por la Lof Quemquemtrew son parte de las tierras que él utiliza para el monocultivo de pinos. La comunidad mapuche señala que sólo hay bosque nativo. Y recuerdan que el pino implantado no es una especie nativa, que es altamente combustible y que es el principal acelerante de los incendios forestales.
En el inicio de la segunda jornada de audiencias, desde la lof lamentaron: "Escuchamos mucha frivolidad de la parte querellante por cómo se refirieron al asesinato de nuestro lamién (hermano) Elías. Ojalá todas las imprecisiones que tuvieron puedan ser tenidas en cuenta por la jueza. Ellos quieren demostrar que hubo una usurpación, cuando, en verdad, llegamos a un territorio totalmente abandonado".
Romina Jones, una de las imputadas e integrante de Lof Quemquemtrew, expresó: “Rolando Rocco nunca tuvo en regla nada. No es el dueño del territorio, estaba abandonado, no tenía un alambre en pie. Rocco incumple, está en falta. No hay usurpación porque no hay plantación de pinos, no hay una vivienda y era un lugar en abandono. Pero la Justicia, la mayoría de las veces, se maneja por las presiones del poder político y de los empresarios”.
Reivindicación territorial, crimen e intentos de desalojos
La reivindicación territorial en la zona de Cuesta del Ternero comenzó el 18 de septiembre de 2021. Cuando la comunidad inició la recuperación, la Policía de Río Negro instaló en la base del cerro un retén del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate. A través de él, impidió el acceso de personas, alimentos y abrigo para los comuneros. Esto generó un acampe humanitario sostenido por el Pueblo Mapuche, vecinos y organizaciones sociales. El mismo duró hasta mediados de noviembre de ese año.
Pero el 21 de noviembre, pocos días después de levantado el acampe, los dos empleados de Rocco ingresaron al territorio con el permiso de la policía y asesinaron a Elías Garay. Además, hirieron gravemente a Gonzalo Cabrera.
A fines de diciembre de ese año, el juez de Garantías Gregor Joos ratificó el fallo que ordenaba el desalojo de la Lof Quemquemtrew. Pese a esto,la comunidad logró un acuerdo privado con el empresario y la convivencia pacífica con sus empleados. No obstante, Rocco, en el marco de una situación regresiva en lo que refiere a los derechos de las comunidades indígenas, reimpulsó el juicio por usurpación, dejando caer el acuerdo entre partes y reactivó la orden de desalojo.
Foto: Roxana Sposaro
Desde la comunidad, se solicitó en reiteradas ocasiones la intervención del gobierno de Río Negro (durante la gobernación de Arabela Carreras y la actual de Alberto Wereltineck) y la creación de una mesa de diálogo para dar una solución política al conflicto. No obtuvieron respuestas.
La abogada de la comunidad, Andrea Reile, anticipó al inicio de las audiencias la presentación de documentación pública demostrando que no hubo afectación de la actividad económica de Rocco por parte de la comunidad. Y recordó: “Cuesta de Ternero siempre fue ocupado por comunidades indígenas, por el Pueblo Mapuche. Se utilizó de diversas maneras, ya sea para las trashumancias, para el pastoreo, para las reuniones, para las celebraciones, para las actividades. Siempre fue un lugar de actividad cultural, espiritual y religiosa mapuche".
Sobre esta causa, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, afirmó: “Hay una complicidad muy enorme por parte del gobierno provincial junto con el sector empresarial. Las decisiones del Poder Judicial vienen siendo marcadas por ese alineamiento. Reivindicar no es usurpar”.
La Lof Lafken Winkul Mapu también a juicio
También este jueves se inició el juicio contra integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, acusados de "usurpación" de tierras ubicadas en Villa Mascardi (en cercanías de Bariloche). La Gremial de Abogadas y Abogados representa a los ocho integrantes de la comunidad mapuche. El juicio se desarrolla durante hoy y los días 27 y 30 de septiembre en el Escuadrón N° 34 de Gendarmería, ubicado en Bariloche. El magistrado a cargo es el juez federal de General Roca y subrogante en Bariloche, Hugo Greca.
En la primera jornada se registró un importante operativo de gendarmes en inmediaciones del lugar. Ya en la audiencia, el Juez hizo lugar a un pedido de la defensa y de la Fiscalía para sobreseer a la machi Betiana Colhuan Nahuel, ya que era menor cuando ocurrieron los supuestos hechos que se imputan a los acusados.
Camino al juicio, el juez Greca —el mismo que había homologado el acuerdo entre la comunidad y Parques Nacionales— ordenó, el 10 de septiembre, la detención preventiva de dos de las mujeres mapuches judicializadas: Luciana Jaramillo y Romina Rosas para “garantizar su presencia” en el juicio. Jaramillo fue detenida por agentes de la Policía Federal mientras estaba en la oficina de la Dirección de Género y Diversidad en Cushamen (Chubut). Fue trasladada a la Unidad Operacional de Seguridad preventiva de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche. Romina Rosas, al enterarse del pedido de detención, se presentó espontáneamente en el Escuadrón 35 de Gendarmería en El Bolsón para notificarse.
El 5 de septiembre pasado, Gonzalo Fabián Coña (también imputado en este juicio y presente durante el asesinato de Nahuel) se presentó voluntariamente en el Juzgado de Las Heras (Santa Cruz). El momento fue grabado por quien lo acompañaba, para evitar noticias falsas acerca de ese suceso. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad se difundió la detención como el resultado de un exitoso operativo de esa cartera.
"Un entramado perverso entre el poder judicial, político y empresarial"
Las asambleas socioambientales de Río Negro, nucleadas en la coordinadora Curru Leufu, denunciaron "la persecución, el hostigamiento y las múltiples violencias ejercidas por el Estado Nacional" contra las comunidades mapuches-tehuelches. "Vemos con preocupación cómo se vienen ejerciendo prácticas discriminatorias, violatorias del estado de derecho que, a través de un entramado perverso entre el Poder Judicial, político y empresarial distorsionan la ley para ocupar territorios legítimamente habitados por comunidades originarias y se apropian de los bienes comunes", señalaron.
También apuntaron a los medios de comunicación, que "promueven discursos de odio y el racismo vuelve a instalarse endureciendo los corazones". Y resaltan que, en 18 años de vigencia de la Ley 26.160, en Río Negro se han completado sólo 64 carpetas técnicas de relevamiento territorial, de un total de 190 comunidades registradas.
La persecución judicial contra el Pueblo Mapuche como política de gobierno
La reactivación de las causas judiciales contra la Lof Quemquemtrew y la Lof Lafken Winkul Mapu no son hechos aislados. La Lof Coronado Inalef, comunidad mapuche ubicada en Rinconada de Inalef, en el paraje Mallín Ahogado (El Bolsón), denuncia el despojo de su territorio en favor de intereses inmobiliarios. Las tierras, de una extensión de siete hectáreas, son reclamadas por una familia oriunda de la zona, de apellido Sepúlveda. El juez de Garantías de Bariloche, Juan Pablo Laurence, dispuso en febrero que los integrantes de la comunidad abandonen de forma voluntaria el predio que ocupan, desde abril de 2023, en reclamo de sus derechos ancestrales.
En marzo, cuando se cumplió el plazo voluntario, la defensora pública, Natalia Araya, presentó en nombre de la comunidad un recurso extraordinario para frenar el desalojo, que fue aceptado y elevado al Tribunal de Impugnación provincial para definir la situación. En tanto, el juicio por usurpación continúa y el 30 de septiembre habrá una nueva audiencia.
En paralelo, el 11 de agosto pasado, la Policía de Río Negro realizó un violento operativo en la vivienda del mapuche Juan Carlos Villa en Rinconada de Inalef. Sin mostrar ninguna orden de allanamiento, el policía Adrián Lamadrid persiguió a Villa, le disparó en el cuello y luego lo remató en el piso, según denunció la Coordinadora del Parlamente Mapuche-Tehuelche. Lamadrid hirió con otro disparo a Emanuel Villa, hijo de Carlos, cuando ya estaba esposado en el piso.
Foto: Alex Dukal / LUAN - Colectiva fotográfica
Tras el crimen de Villa, la Coordinadora del Parlamente Mapuche-Tehuelche resaltó la posición tomada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien ordenó dar "todo el asesoramiento legal necesario" al policía Lamadrid, quien fue detenido y luego dejado en libertad por el juez Víctor Gangarrossa, bajo el argumento de que el fusilamiento fue en defensa propia. "¿El objetivo será despejar las tierras de la Rinconada Inalef para el avance inmobiliario?", advirtió la Coordinadora.
En febrero, cuando se ordenó el desalojo de la comunidad en Mallín Ahogado, también se emitió una medida cautelar contra Sergio Marín, de 83 años, lonko de laLof Millapi en Paso de los Molles, ubicada a cien kilómetros de Bariloche. La medida fue en favor del empresario Juan Enrique Saint Antonin —integrante de la Sociedad Rural de Bariloche— quien desde 2015 se presenta como dueño del valle donde la lof realizada la veranada de sus animales. La medida judicial dictó la prohibición de acercamiento del lonko al predio en disputa, que fije domicilio en Bariloche y que se someta a tres visitas semanales de maneras aleatorias de la policía provincial.
La resolución fue firmada por el juez Marcelo Alvarez Melinger. A Marín lo acusaron de los delitos de "daños, usurpación y desobediencia"; y hasta la actualidad no puede acercarse a su territorio, a pesar de que en 2007, el Superior Tribunal de Justicia provincial ya se había manifestado a favor de otorgarle el título de propiedad. En 2011, la Corte Suprema de Justicia había confirmado el derecho a la propiedad de ese territorio que les asiste como ocupantes preexistentes. Sin embargo,la nueva causa por usurpación en contra de la comunidad avanza: la última decisión judicial fue prorrogar la etapa de investigación.
Por otro lado, en julio, el Tribunal de Juicio de Bariloche compuesto por Romina Martini, Ignacio Gandolfi y Víctor Gangarrossa —el mismo que liberó al policía que mató al mapuche Villa— condenó a cinco miembros de la comunidad mapuche Buenuleo a 15 meses de prisión en suspenso por el delito de usurpación de tierras y ordenó el desalojo inmediato de las 92 hectáreas conocidas como "Pampa de Buenuleo", al pie del Cerro Ventana en Bariloche.
En la causa intervino la fiscal Betiana Cendón, la misma que actúa en la causa contra la Lof Quemquemtrew. Tras el fallo judicial, el 16 de septiembre, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) emitió la Resolución 44/2024. La misma dejó sin efecto las resoluciones N° 159/2022 y N°151/2023, que reconocían la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo.
Mientras el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arregla maletas para dejar a atrás el poder y también un “fiestón con bailongo”, como él lo llamó, miles de voces hicieron eco en las calles de ciudad de México este jueves (26), para señalar enfáticamente que “fue el ejército”, refiriéndose a la desaparición de los 43 normalistas, de quienes no se sabe de su paradero desde hace 10 años atrás. Mientras tanto, AMLO se empecinó en defender tajantemente a las fuerzas armadas.
Son 10 largos años sin saber de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Una década de distancia que las madres y padres cargan en su andar en la búsqueda de sus hijos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Han señalado que conforme avanzaban las pesquisas independientes, desde el gobierno mexicano, se obstaculizó la justicia y se optó por proteger a los militares, último reducto que ha impedido revelar información clave en su poder para dar con los responsables y conocer los detalles de lo ocurrido en Iguala aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
Es así que este jueves (26), bajo la constante lluvia, la seguridad del Estado Mayor Presidencial desplegó una valla de metal alrededor de donde preside sus últimos días de gobierno López Obrador. Ese fue el mensaje con el que cierra el capítulo de Ayotzinapa. Aunque las voces de esta masiva movilización retumbaron en los muros de palacio nacional, un eco se replicó exigiendo “presentación con vida de los 43 estudiantes”.
A pesar de los obstáculos colocados para impedir su ingreso al zócalo, miles de personas acuerparon a las madres y padres de los normalistas, quienes marcharon por las calles de la Ciudad de México recordando que, “quien dio la orden (de la desaparición) fue el expresidente Enrique Peña Nieto y, es a él y al ejército a quien esta encubriendo el presidente”, dijo uno de los estudiantes presente en esta protesta.
Sobre el templete en la plaza principal de la ciudad, las palabras de Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, también remarcaron la responsabilidad del ex presidente Peña Nieto, en cuya administración fabricaron la verdad histórica para encubrir el crimen de Estado pero, sobre todo, recordó su promesa de “justicia” de AMLO, la cual ha traicionado.
“Prefirió darle la razón al ejército, dando la espalda al caso a Ayotzinapa y traicionando su palabra”, sentenció Legideño. Por su parte, Mario César González, padre de César Manuel González, cuestionó la razón por la cual AMLO no cumplió con su compromiso y le recordó que, aquel “que encubre o entorpece las investigaciones también es cómplice de las desapariciones forzadas”.
Investigaciones, estancadas
Días antes, el martes (24), durante su conferencia matutina, el presidente dio conocer una carta dirigida a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos en la cual aseveró que “no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes”. La respuesta, en voz de Mario González, padre de César Manuel González Hernández fue contundente:
“Señor presidente, no nos hagamos tontos. Usted sabe perfectamente bien quién fue él que participó masivamente en el ataque cobarde hacia nuestros hijos. Que fue el ejército, usted lo sabe y desafortunadamente se puso del lado de la traición, porque no solo traicionó usted a estos 43 padres de familia sino a todo un pueblo mexicano sediento de justicia y de saber la verdad”.
El miércoles (25), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) difundió el tercer informe en torno al caso. El documento, con más de un centenar de páginas, destaca la continuación de las labores de búsqueda en distintos sitios de Guerrero, lo que ha permitido dar continuidad al análisis de restos óseos para la identificación genética. No obstante, señala que, de 132 perfiles genéticos analizados, ninguno resultó positivo con los perfiles de los estudiantes desaparecidos.
Resalta que los lugares donde se han intensificado las labores de búsqueda corresponden a sitios indicados por un miembro del crimen organizado, quien funge como testigo protegido y quien ha condicionado la entrega de más información a cambio de recibir amnistía y de evitar la extradición a los EEUU de un criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Acorde al presidente, la negativa de otorgar mayores datos por parte del criminal es lo que ha estancado las investigaciones. En contraste, para Vidulfo Rosales, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado de los familiares de los normalistas desaparecidos, el contenido del último informe de la Covaj no revela información relevante pues no indica cuáles son los avances en las pesquisas, ni especifica cuáles son las líneas de investigación que se seguirán por parte del organismo del ejecutivo.
“Lo que vamos a encontrar es cómo culpa a otras organizaciones, cómo culpa a entes externos del fracaso que el propio gobierno tuvo en la investigación”, reclamó el abogado durante el mitin en el zócalo en referencia al contenido del informe y la mas reciente misiva del presidente.
Para Rosales, el estancamiento de las investigaciones surgió cuando se encontraron pistas en el año 2022, con el involucramiento del ejército mexicano. Fue en febrero de ese año cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló, mediante su tercer informe, que elementos del ejército -contrario a los dichos de AMLO que aluden a su omisión- tuvieron un rol activo en la desaparición forzada.
Los militares monitorearon las actividades de los estudiantes e interceptaron sus comunicaciones durante los hechos que llevaron a su desaparición forzada. Además, se comprobó la visita de elementos del 27 Batallón de infantería en Iguala a la comandandancia de Iguala, donde un grupo de 17 estudiantes había sido trasladado por policías municipales durante las primeras horas del 27 de septiembre del 2014.
Aquella línea de investigación fue seguida por el ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo quien para agosto del 2022 preparó 83 órdenes de aprehensión, dentro de las cuales se encontraban 20 militares: el general Rafael Hernández Nieto, el coronel José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, y 17 soldados que patrullaron las calles de Iguala durante los hechos.
Sin embargo, lo que vino después, acorde a Rosales, fue el desmantelamiento de la Covaj y de la UEILCA, con la renuncia de Trejo y la cancelación, en septiembre del 2022, de las órdenes de aprehensión de 16 militares. “Ahí el gobierno ya no quiso continuar con la investigación. Ahí el gobierno dio la espalda a las madres y padres de familia”, recordó el abogado de los familiares durante el mitin en el marco de los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas.
“Por ello, compañeros, está claro y de manifiesto que fue el gobierno quien dio un paso hacia atrás, que fue el gobierno quien ya no quiso que la investigación continuara. La investigación se vino en picada y hoy en día estamos en la total impunidad. Hoy en día el gobierno ha decidido ya no continuar en la investigación”, sostuvó el abogado Rosales desde el zócalo de la capital mexicana.
Movimientos sociales refrendan su solidaridad
Tras una serie de protestas, que comenzaron desde el 18 de septiembre en el estado de Guerrero, y en las que familiares de los 43, estudiantes normalistas, y organizaciones sociales se manifestaron frente a dependencias de gobierno, la mañana del jueves (26) una comisión de familiares se reunió con movimientos sociales en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ante una sala repleta, el pase de lista con los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos fue el preámbulo con el que, Isidoro Vicario, otro de los abogados de los familiares, dio inició a su participación mediante la cual insistió en la postura de las madres y padres de los normalistas desaparecidos que exigen investigar al ejército mexicano.
Vicario hizo énfasis en que la participación de los militares se dio antes, durante y después de la noche del 26 de septiembre del 2014, pues incluso existen reportes de la misma Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde se asegura que Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, era un militar en activo y cuyo rol, como Órgano de Búsqueda de Información (OBI) consistía en realizar reportes de inteligencia que entregaba a mandos del ejército del 50 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo, Guerrero.
Por ello, el abogado recalcó la exigencia de los familiares para que el ejército entregue los 800 folios, documentos elaborados por Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) que opera en Iguala -y cuya existencia ha sido negada por la Sedena a pesar de las pruebas presentadas por el GIEI- pues en ellos podrían encontrarse las claves para conocer el paradero de los normalistas.
María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, reclamó que los militares se han negado a abrir sus archivos para dar continuidad a la investigación y seguir las pistas que indican la presencia de los militares en lugares como el Hotel Cristina, la Barandilla de Iguala y en las inmediaciones del Palacio de Justicia de esa ciudad, donde los estudiantes fueron agredidos con armas de fuego.
“Duele y es indignante ver un país que nada más de dientes para afuera dice que es democrático. Que es humanista. Tenemos mucho coraje que nosotros como madres y padres de familia a casi 10 años no sepamos dónde están nuestros hijos y que es una burla, porque él (presidente) firmó un decreto presidencial donde dijo que iba a esclarecer el caso de Ayotzinapa”, señaló Tlatempa ante estudiantes y miembros de organizaciones sociales que refrendaron su solidaridad ahora en el cumplimiento de una década de impunidad, y hasta que la verdad salga a la luz.
Por último, reclamó que, en vez de investigar al ejército, éste se vio fortalecido durante el sexenio de AMLO con la creación de la Guardia Nacional y con su postura para proteger a las fuerzas armadas ante las acusaciones de su participación en la desaparición de los 43 normalistas.
“Hoy, después de 10 años, ese grito de rabia y justicia permanece. El caso Ayotzinapa, muestra que el poder del ejército es transexenal y es capaz de doblegar al actual presidente aún con todo el apoyo que tiene entre la población. Ayotzinapa es la prueba de que para alcanzar la justicia en este país, lo que se requiere son cambios estructurales que afecten a los poderes fácticos que siguen impunes”, señalaron los estudiantes, en voz de una de las organizadoras del encuentro, quien enfatizó el apoyo de más de 300 organzaciones que se adherieron a un pronunciamiento por verdad y justicia en el caso.
Mientras tanto, durante su conferencia del viernes (27), el mandatario mexicano omitió declaración alguna sobre la gran movilización, pero si detalló que en su “fiestón con bailogo”, habrá una variedad de platillos de distintas regiones del país; como tamales, cochinita pibil, y tlayudas, acompañados de música en vivo de una banda oaxaqueña. “Ya es hora de decir que vamos a despedirnos, así que prepárense para el fiestón”, concluyó el mandatario.
Desde las primeras horas de este martes (24), cientos de campesinos pertenecientes a 25 organizaciones de toda Honduras se desplazaron rumbo a la capital, Tegucigalpa, para participar en lo que denominaron como “megamovilización” y cuyas jornadas de protesta se extenderán durante los próximos tres días.
La manifestación dio inicio por la mañana con el arribo de los campesinos a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde donde anunciaron la instalación de un plantón mediante el cual demandan el cumplimiento de una serie de exigencias, entre las que destacan el acceso a la tierra y un alto a la criminalización de defensores del territorio.
La movilización masiva sucede días después del asesinato de Juan López, defensor del territorio en la región del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, quien, a pesar de contar con medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue acribillado el 14 de septiembre en el marco de denuncias contra una empresa minera y políticos vinculados al crimen organizado.
Entre las organizaciones participantes se encuentran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), quienes demandan la instalación efectiva de la Comisión Tripartita para la Solución del Conflicto en el Bajo Aguán, y una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en esa región, al norte de Honduras.
En las afueras de la CSJ, Yonny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, subrayó la demanda del movimiento campesino para que se declare inconstitucional el Decreto 93-2021 que, acusa, criminaliza la protesta social.
Desde la convocatoria para estas jornadas de protesta, las organizaciones se pronunciaron para eliminar dicho decreto al considerar que “agrava el delito de usurpación, criminaliza las acciones de protesta y las reivindicaciones de derechos humanos, especialmente en torno a la tierra y la protesta social”.
Otra de las demandas principales es la revocación del Decreto 31-92 de la Ley de la Modernización del Sector Agrícola, la cual organizaciones campesinas del Bajo Aguán consideran “permite la concentración de la tierra en manos de los grandes terratenientes y empresas transnacionales”.
En la convocatoria, argumentan que dicha ley, aprobada en el año 1992 y dictada por el Banco Mundial como parte de políticas de ajuste estructural, “ha facilitado y promovido el latifundio en favor del sector agroindustrial y terratenientes que usurpan territorios ancestrales. La defensa del derecho a la tierra y el cumplimiento de la Reforma Agraria son pilares fundamentales para la justicia social en Honduras”, sostienen las organizaciones campesinas.
En el documento, difundido por la Plataforma Agraria del Aguán, las organizaciones se dirigieron a los magistrados de la CSJ al señalar que, al ignorar las demandas campesinas, demuestran que “pesan más los negocios, la seguridad de las familias y los amigos, antes que la justicia, el Estado de Derecho y que el bienestar público – colectivo”.
Criminalización no cesa aún después de la muerte
Las protestas del movimiento campesino arreciaron días después del homicidio de Juan López, tras el anuncio de la reanudación de un proceso judicial contra cinco defensores del río Guapinol, quienes habían sido absueltos, en octubre del 2022, de los delitos de robo y asociación ilícita.
Los defensores, detenidos en 2019 por oponerse a un proyecto minero en un área natural protegia que afecta los ríos Guapinol y San Pedro son Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adaly Ceillo Mendoza, Marco Tulio Ramos y Juan López, ambientalista recientemente asesinado.
Fue el pasado 19 de septiembre cuando magistrados de la ciudad de La Ceiba aceptaron un recurso de apelación de la fiscalía de Tocoa para invalidar la absolución de los defensores organizados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).
De acuerdo con el Bufete Jurídico “Justicia para los Pueblos”, organización que acompaña la defensa legal de los defensores del río Guapinol, la resolución significa la reanudación del proceso de criminalización contra integrantes del CMDBCPT.
“Así operan los agentes jurídicos de la estructura criminal montada por Emco/Ecotek/Los Pinares - empresas involucradas en la extracción minera al interior del Parque Nacional Carlos Escaleras-”, sostuvo el Bufete Jurídico tras la notificación de la Corte, por lo que exigieron el cese inmediato de la persecución así como la investigación y desmantelamiento de “las estructuras criminales que han criminalizado y asesinado a nuestros compañeros”.
“Es de frente a esta realidad que seguimos hastiados y por lo cual hemos declarado que no estamos dispuestos a continuar soportando el abuso y la corrupción que sigue reinando en el Poder Judicial y en el sistema de justicia en general”, reclamó el movimiento campesino en la convocatoria para las movilizaciones.
Durante la mañana de este martes (24), la Plataforma Agraria denunció la presencia de retenes policiales y militares que obstaculizaron el traslado de los campesinos desde el Bajo Aguán rumbo a la ciudad de Tegucigalpa.
Incluso, señalaron que se reportó la detención de Pedro Audiel Recinos Morales miembro de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Remolino, a quien señalan por tener una orden de captura por el supuesto delito de usurpación de tierras desde el año 2014. Esto a pesar de que el campesino forma parte de las organizaciones que firmaron los acuerdos con la administración de Xiomara Castro, en febrero de 2022, para recuperar y obtener el reconocimiento de sus tierras.
El pasado martes (17), la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration anunció la resolución a su favor, por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organización perteneciente al Banco Mundial (BM), relativo a una demanda contra el gobierno mexicano, a quien acusa por perjuicios después de la negativa de autorización para explorar una mina submarina al norte del país.
La resolución deriva de la demanda, promovida por la empresa norteamericana desde el año 2020, en la cual argumenta daños a sus inversiones tras las negativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre 2016 y 2018, para autorizar un proyecto minero submarino en el Golfo de Ulloa, en el estado de Baja California Sur, el cual pretendía extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales, durante un periodo de 50 años, para la producción de fertilizantes.
El fallo llega tras cuatro años de litigio en el que la empresa argumentó que el gobierno mexicano incumplió sus obligaciones en materia de inversión establecidas mediante el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
La orden del CIADI demanda el pago a la empresa norteamericana de una indemnización por 37.1 millones de dólares, además de intereses anuales desde octubre del 2018 hasta el momento en que se cubra el monto total. Sumado a ello, el CIADI resolvió que el gobierno mexicano cubra los costos derivados de la demanda.
“El fallo de hoy valida nuestra posición de que la agencia ambiental de México, Semarnat, negó erróneamente nuestro permiso ambiental, que contenía amplias aportaciones de asesores externos y expertos de la industria para determinar un plan de desarrollo económicamente viable y ambientalmente responsable”, declaró Mark Gordon, director ejecutivo y presidente de la Junta Directiva de Odyssey.
El proyecto minero, denominado “Don Diego” - entre cuyos socios se encontraban Diego Fernández de Cevallos (político mexicano) y Alonso Ancira (ex presidente de Altos Hornos de México, acusado de fraude por 500 millones de dólares contra el gobierno mexicano) -, consistía en el dragado marino en un área mayor a 61 mil hectáreas en el Golfo de Ulloa para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas.
Odyssey Marine Exploration Inc sostiene que la negación del permiso ambiental por parte de Semarnat se basó no en regulaciones de México ni en datos científicos, sino “en una directiva de políticos”.
En contraste, la Semarnat alude que su negativa se sostuvo en la aplicación del principio precautorio ante posibles daños a especies marinas protegidas como tortugas caguamas y ballenas gris y azul, y lobos marinos; además de impactos a las pesquerías de langosta, pulpo, abulón y curvina, entre otras.
Fue en 2018, tras manifestaciones de pescadores artesanales motivadas por la mortandad de animales marinos a partir de las prospecciones mineras, cuando la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”.
Apelación
La demanda presentada ante el CIADI exigía el pago de 3 mil 500 millones de dólares, no obstante la resolución anunciada la semana pasada representa apenas el 1.18% del total reclamado por Odyssey Marine Exploration
Días después del anuncio por la empresa minera, el jueves (19), la Secretaría de Economía comunicó que iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Argumenta que no se tomó en consideración evidencia que demostró la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, debido a que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos.
Mediante boletín, la dependencia aludió a que el proyecto minero afectaba un lugar ecológicamente sensible y sumado a ello, “se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo”.
El gobierno mexicano destacó que entre los tres árbitros del tribunal hubo una postura disidente, perteneciente al británico Philippe Sands, el cual criticó que “las preocupaciones ambientales razonables y serias de México fueron ignoradas deliberadamente por la mayoría del tribunal”. Además en su conclusión aseveró que “este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos”.
Aunado a ello, el comunicado de Economía resalta que el Tribunal dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos ex directivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat presentados como testigos por parte de Odyssey, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas.
“Por su parte, la defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal”, denuncia la Secretaría de Economía.
Del total de demandas, 93% fueron interpuestas por inversionistas de los EEUU, Canadá y la Unión Europea y en 14 casos los tribunales de arbitraje han decidido a favor de los inversionistas con lo que el gobierno mexicano ha sido condenado a pagar más de 341 millones de dólares.
El informe destaca que aún existen 23 casos pendientes contra México, acumulando un monto reclamado por hasta 13, 635 millones de dólares, aunque enfatiza que “las cifras podrían ser superiores, ya que no toda la información es pública”.
El sector económico con más demandas es el de las industrias mineras y de hidrocarburos y, solo en 2023, México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial.
Desde 2018, el país se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Además es parte de 31 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y 11 Tratados de Libre Comercio (TLC) que prevén el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados.
Greeenpeace recorrió por aire El Impenetrable chaqueño y detectó siete topadoras desmontando en seis fincas. La organización ecologista advirtió que la deforestación acelera el cambio climático y aumenta el riesgo de inundaciones.
En portada: La expansión de la frontera agropecuaria en el Gran Chaco argentino ha convertido esta región en uno de los focos más graves de la deforestación en Latinoamérica. Los bosques de este territorio ubicado al norte del país desaparecen a gran velocidad, empujados por los cultivos de soya y la producción de carne. Foto: Martin Katz.
“Descarbonización”, “carbono neutralidad” o “net zero” (cero neto) son palabras que aparecen cada vez más en los discursos políticos y en las publicidades de las empresas: se ofrecen desde cervezas hasta explotaciones petroleras “carbono neutrales”. El gobierno de Neuquén, por ejemplo, presentó en julio pasado el programa Vaca Muerta Net Zero, en alianza con el sector petrolero para lograr “la neutralidad de carbono” en las operaciones de la formación Vaca Muerta. El agronegocio, por su parte, lanzó en 2019 el Programa Argentino de Carbono Neutro. Y, en 2022, las empresas forestales y fábricas de celulosa iniciaron la Mesa del Carbono Forestal (ahora Mesa Argentina del Carbono).
En todo los casos, lo que estos sectores promueven son mercados para compensar la contaminación que provoca su actividad. Contaminación generada a través de la emisión de gases de efecto invernadero, desmontes o degradación de los suelos. A estos mercados se los conoce como mercados de carbono y lo que permiten, tanto al sector privado como a los gobiernos, es comprar y vender créditos que equivalen a una tonelada de dióxido de carbono, uno de los principales gases responsables de la crisis climática. Las empresas identifican en ellos una doble oportunidad: ganar dinero y publicitarse como sostenibles y amigables con el ambiente.
Al invertir en un proyecto que absorba, capture o remueva carbono (ya sea un monocultivo forestal, la conservación de un bosque o prácticas de agricultura regenerativa) o en proyectos que mitiguen emisiones (como reutilizar residuos como fuente de energía) las empresas buscan compensar el daño que producen al liberar gases contaminantes. De esta manera, no es que reducen la contaminación sino que la compensan. Por eso hablan de cero neto: argumentan que la contaminación que suman por un lado la restan por el otro.
Si bien no son nuevos, estos mercados cobraron impulso a partir de 2015, con el Acuerdo de París celebrado en la 21º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ante la sociedad, se presentan como una solución viable a la crisis climática. Sin embargo, en los territorios donde se realizan tanto las actividades contaminantes como las de compensación, comunidades locales denuncian lo contrario: desde falta de información y participación hasta impactos negativos de los proyectos de créditos de carbono.
A nivel internacional, medios de comunicación europeos como The Guardian, Die Zeit y Follow the Money expusieron casos de fraude por parte de las empresas certificadoras de los créditos de carbono, al señalar que en una gran proporción se trata de créditos fantasma que no representan reducciones reales de carbono. En paralelo, organizaciones socioambientales cuestionan directamente la idea de compensación. Afirman que no sólo no es efectiva sino que agrava la crisis climática al distraer y retardar la toma de medidas eficaces.
Foto: phoenixglobalresources
Petroleras “carbono neutrales”
Vaca Muerta es uno de los yacimientos de petróleo y gas no convencionales más grandes del mundo, ubicado en las provincias de Nequén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. La extracción —que en la última década se concentró sobre todo en Neuquén— se realiza mediante el fracking o fractura hidráulica: se introducen grandes volúmenes de agua, arena y químicos para destruir las rocas profundas que contienen los hidrocarburos y sacarlos a la superficie.
Uno de los impactos de esta actividad son los sismos. En Sauzal Bonito, un pueblo de unas 200 familias, en 2021 llegaron a sufrir hasta 40 temblores en tres días. Se rompen los vidrios de las casas, se rajan las paredes y hay desmoronamientos. Al norte del pueblo, del otro lado del río Neuquén, se encuentra el yacimiento Fortín de Piedra, de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint. Según un informe del Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre 2015 y 2023 hubo al menos 428 sismos en Vaca Muerta.
Además de los sismos, las comunidades que viven cerca de los pozos de fracking tienen que soportar derrames de petróleo, la proliferación de basureros con residuos contaminantes y los gases que emanan las torres de venteo.
Sobre este escenario y en un contexto de crisis climática global —generada en gran medida por la quema de combustibles fósiles—, las empresas petroleras invierten en proyectos que las muestran como “sostenibles”.
Tecpetrol, por ejemplo, anunció su proyecto por el cual utiliza el gas de venteo, que es un residuo de la actividad, para “criptominería”. Es decir, con ese gas generan energía para alimentar computadoras que realizan “minería” de criptomonedas. Al proyecto lo presentan como de “mitigación digital de venteo”. Esto le permitió aumentar la producción de gas que de otro modo se hubiera visto restringida, ya que las empresas tienen límites de cantidad de gas que pueden ventear o quemar por la contaminación que esto produce.
Vista Energy, la empresa del exdirector de YPF Miguel Galuccio, es otra de las petroleras que busca mostrarse como sostenible. “Aspiramos a ser una empresa de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2026”, afirma en su sitio web. Uno de sus proyectos es el de certificar créditos de carbono en base a monocultivos de pinos que ya existen en la provincia. Para ello, en febrero pasado, la petrolera anunció la firma de un convenio con el gobierno de Neuquén. Este fue uno de los proyectos destacados por el gobernador Rolando Figueroa al anunciar el programa Vaca Muerta Net Zero, en julio pasado.
Mientras tanto, las comunidades afectadas ven que estos anuncios están muy lejos de reducir los impactos reales de la actividad en los territorios. “Los planes de descarbonización que se han presentado en Neuquén responden a los intereses de las empresas. Los gobiernos adoptan totalmente el discurso empresarial y promueven soluciones que benefician solamente a las empresas”, sostuvo Lefxaru Nawel, abogado e integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Odhpi). “Es una discusión que está muy en boga pero falta información y participación.”
Nawel explicó que en la zona viven 15 comunidades mapuche que no tienen agua, gas ni luz, mientras se usan millones de litros de agua tanto en los pozos de fracking como en las hidroeléctricas para dar energía a las petroleras. “Si la solución a los venteos va a ser minar criptomonedas para que Tecpetrol siga ganando plata y la energía siga monopolizada por las petroleras mientras la gente alrededor padece todos los impactos, no tiene luz, no tiene agua, no tiene gas, y ellos encuentran la salida para su negocio, y encima se pintan la cara de verde, sin dudas no es una buena salida”, afirmó.
También cuestionan la utilización de monocultivos de pinos como forma de compensar las emisiones de carbono. “Por las comunidades que viven en la cordillera sabemos que esas plantaciones no son beneficiosas porque son monocultivos y es pino exótico”, señaló.
Foto: Neuquen.gov.ar
Compensación con la selva misionera
Otra de las petroleras que anunció inversiones en mercados de carbono es la suiza Mercuria. En 2017, esta multinacional se asoció a Andes Energía PCL, del Grupo Vila y Manzano, para crear Phoenix Global Resources, dedicada a la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta.
Mercuria firmó un acuerdo con el gobierno de Misiones “de Cooperación y Compraventa de Créditos de Carbono”, que fue aprobado por la Provincia en enero de 2022. Se prevé que los créditos se generen a partir de proyectos de conservación de bosques conocidos como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación). Los proyectos pueden ser presentados por privados y, para poder comercializar los créditos, tienen que estar verificados por empresas certificadoras internacionales.
Hay distintos tipos de proyectos REDD. El que se aplica en Misiones se llama REDD Jurisdiccional y Anidado (JNR) y tiene antecedentes en otros países, como Brasil. Allí, si bien muchas comunidades locales han recibido fondos a través de estos programas, en los últimos años se registraron numerosas abusos, engaños y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Esto llevó a que, en agosto pasado, el Ministerio Público Federal de ese país recomiende la “suspensión de todas las actividades de crédito de carbono/REDD+ en territorios de la Amazonía”. Entre los argumentos señala la falta de consulta y los riesgos que implica para las comunidades la firma de contratos poco transparentes y a largo plazo, que ponen en riesgo la forma de vida y el patrimonio de los pueblos indígenas.
Uno de los casos es el del estado brasileño de Acre, que lleva más de una década de implementar REDD. A partir de 2010, el Gobierno decretó la medida de “cero fuego” y la “bolsa verde”, un pago trimestral como compensación a las comunidades por no permitirles limpiar el terreno para cultivar alimentos. “Esto es un perjuicio irrecuperable porque tanto las mujeres indígenas como las pertenecientes a poblaciones tradicionales que siempre trabajaron en la plantación. Con esta prohibición, a partir de 2010 dejaron de producir”, relató Dercy Teles de Carvalho, ex presidenta del Sindicato de Trabajadores Rurales de Xapuri. “Hoy las personas dependen de comprar comida, arroz refinado que viene de otro Estado, de Mato Grosso. La ‘bolsa verde’ es una limosna”, señaló en una entrevista publicada por el Movimiento Mundial por los Bosques.
Foto: Fernando Cattáneo
Monocultivos en Corrientes
Otro de los proyectos de la petrolera de Galuccio es la plantación de monocultivos de pinos y otras especies en Corrientes, en el establecimiento Rolón Cué, a unos 40 kilómetros de Gobernador Virasoro. A este negocio lo lleva adelante a través de Aike, una empresa subsidiaria de Vista Energy, creada para desarrollar los proyectos de compensación y venta de créditos de carbono.
De acuerdo al proyecto presentado ante Verra, una de las certificadoras internacionales de créditos de carbono, la inversión contempla la plantación inicial de 2.331 hectáreas: 60 por ciento con pinos y 40 por ciento con mezcla de pinos y especies nativas. El proyecto todavía no está aprobado. En caso de que Verra lo apruebe, la petrolera estará en condiciones de comercializar los créditos que se generen a partir del cálculo de dióxido de carbono que capture el monocultivo.
Corrientes es la provincia con mayor superficie de plantaciones forestales del país. Si bien esta actividad se publicita como productiva y generadora de empleos, las comunidades que viven cerca o directamente rodeadas por las plantaciones relatan un panorama diferente: precarización laboral, falta de tierras para el cultivo y cría de animales, contaminación del ambiente por el uso de agrotóxicos y aumento de riesgos de incendios. Guardianes del Y’verá, una organización socioambiental correntina que acompaña la lucha de las poblaciones locales, advirtió que el proyecto de compensación de Vista Energy no parece estar alineado a ningún plan real de conservación que pueda traer beneficios al ambiente y las comunidades.
“El proyecto es una declaración de intenciones con vocabulario de conservación pero sin registrar verdaderos objetivos de conservación”, sostuvo Emilio Spataro, miembro de la organización. “No tiene coherencia con ningún plan, programa o proyecto para la conservación de la biodiversidad ni propone criterios ni indicadores públicos para que la sociedad civil pueda hacer seguimiento.”
Para Guardianes del Y’verá, el proyecto reafirma el modelo forestal en una región donde estos monocultivos se han expandido sin analizar su impacto como resultado de la gran conversión de tierras de pastizales, humedales y bosques en plantaciones forestales. A ello, agregan: “No son proyectos en los que se pueda determinar o confiar con la información que proveen si realmente están secuestrando carbono o están generando un daño tal en el suelo que en realidad están liberando carbono”. Por último, Spataro sostuvo: “En definitiva es greenwashing (lavado verde) e ingreso de dinero extra para ellos, nada más”.
Unitán en Chaco
Una de las primeras empresas del país en anunciar la certificación de créditos de carbono es la fábrica de taninos Unitán, que opera hace más de 100 años en el Chaco y Formosa. Lo hizo a través de un proyecto de plantación de 2.348 hectáreas de monocultivo forestal en cinco propiedades en esas dos provincias. Según se describe en el proyecto, el 63 por ciento es eucalipto y 37 por ciento es quebracho colorado. Por estas acciones, la empresa afirma en su sitio web tener un impacto “climáticamente positivo”.
Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, la industria del tanino ha sido una de las principales responsables de la destrucción de bosques enteros de quebracho colorado y otras especies en el Gran Chaco, región que abarca diez provincias argentinas, entre ellas Chaco, Formosa, Santiago del Estero y norte de Santa Fe. Aún hoy, varias de estas empresas tienen denuncias por desmontes. En mayo pasado, el colectivo Somos Monte Chaco denunció la influencia de Unitán y otras empresas del agronegocio en la reciente modificación del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN). Esta ley provincial, sancionada en la madrugada del 30 de abril, habilita el desmonte de miles de hectáreas.
Ante la certificadora Verra, Unitán presentó su proyecto como de “forestación y reforestación de pastizales”. En la descripción, explica que se trata de la forestación de una zona de pastizales y tierras agrícolas abandonadas “con el objetivo de producir, como producto prioritario, madera en rollo para la industria del tanino y secundariamente, leña”. Y agrega: “El proyecto se ubica en una región donde las plantaciones forestales comerciales no son comunes, o incluso inexistentes. La forestación con esta especie evitará el uso de madera de bosques nativos en el futuro”.
La empresa obtuvo la certificación en enero de 2023, lo que le permite comercializar los créditos. A esos ingresos económicos hay que agregar que, desde 1998, los monocultivos forestales están subsidiados en la Argentina a través de la Ley Nacional 25.080. Gracias a esta norma, las forestadoras reciben apoyos económicos no reintegrables y ventajas impositivas, como exención de impuestos y estabilidad fiscal de entre 30 y 50 años. De acuerdo al registro oficial publicado por la Secretaría de Agricultura de la Nación, entre 2018 y 2021 Unitán recibió al menos diez autorizaciones de apoyos económicos no reintegrables por plantaciones realizadas. La última que figura es de fines de 2020, por 3,4 millones de pesos.
El lobby
Una de las instituciones promotoras del avance de los mercados de carbono en el país es la Asociación Forestal Argentina (AFOA), que en mayo de 2022 anunció la creación de la Mesa del Carbono Forestal.
AFOA está integrada por las principales empresas productoras de madera, celulosa y papel, taninos y otros derivados de las plantaciones forestales. Entre ellas se encuentra la multinacional chilena Arauco (ex Alto Paraná, que opera principalmente en Misiones), Celulosa Argentina (del Grupo Tapibecuá, cuyo principal accionista es el empresario José Urtubey), Papel Misionero (propiedad de Arcor), el grupo español Iberpapel, Puerto Laharrague (de la familia de Nicolás Laharrague, ex funcionario de Desarrollo Foresto-Industrial durante el gobierno de Mauricio Macri), el Establecimiento Las Marías, la Compañía Tierras Sud Argentino (de la italiana Benetton) y Unitán.
A la mesa se sumaron las petroleras YPF y Vista Energy, la Sociedad Rural Argentina, las bolsas de comercio de granos a través de su Programa Argentino de Carbono Neutro, estudios de abogados y empresas consultoras que desarrollan proyectos para los mercados de carbono. Estas últimas, creadas al calor de las oportunidades de negocio que ofrece la crisis climática, tienen nombres como GMF Natured Based Solutions (Soluciones Basadas en la Naturaleza), GreenSur, Fotosíntesis SAS o Allcot. Con esta nueva conformación, la mesa pasó a llamarse Mesa Argentina del Carbono, en julio pasado.
En un documento titulado “Aportes para el desarrollo de los mercados de carbono en la Argentina”, la Mesa advierte que para que el país pueda aprovechar “una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través de los mercados de carbono” se necesitan una serie de medidas que le den certidumbre a los inversionistas. Entre ellas, piden un marco normativo que dé seguridad jurídica en relación a la propiedad del carbono y de los créditos de reducción de emisiones, y que se establezcan criterios para la comercialización.
En cuanto a la intervención del Estado, si bien por un lado exigen que sea mínima (sólo a través de un registro centralizado de proyectos y sin cobrar impuestos a la actividad) al mismo tiempo piden que se implementen incentivos económicos a través de “la generación de un Fondo o algún instrumento de subsidio al diseño, certificación o implementación de los proyectos”.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el Estado nacional avanzó en la elaboración de una Estrategia nacional para el uso de mercados de carbono. Allí se establecen los objetivos y lineamientos para una estructura legal y administrativa.
Ya en el gobierno de Javier Milei, los mercados de carbono fueron incluidos en la primera versión de la Ley Ómnibus, que no prosperó en el Congreso Nacional. Sin embargo, tal como estaba formulada, la propuesta del gobierno nacional no conformaba a la Mesa Argentina del Carbono, que en un comunicado sostuvo: “Tal como está hoy la ley sólo se enfoca en sectores y actividades ‘emisoras’ pero no prevé la posibilidad de compensar con créditos de carbono provenientes de proyectos ‘externos’ a las actividades obligadas a reducir, como por ejemplo, de proyectos de carbono forestal o del agro”.
Mercados regulados y voluntarios
En el mundo hay dos principales mercados de carbono: el mercado regulado y el mercado voluntario. El mercado regulado es de cumplimiento obligatorio y fue establecido en 1997 por el Protocolo de Kioto. Allí, los países desarrollados acordaron poner un límite a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo acordaron que estas emisiones, en lugar de reducirse podrían compensarse. Y que esta compensación no necesariamente tendría que ser dentro de sus fronteras.
Los mercados voluntarios, en tanto, funcionan por fuera de los mercados oficiales y permiten a las empresas u otras entidades comprar créditos de carbono para compensar voluntariamente sus emisiones. No están regulados por los gobiernos y operan sin un tope de emisiones.
En su Glosario sobre mercados de carbono, FARN explica que, en la actualidad, la Argentina no cuenta con un sistema de comercio de emisiones (en donde se establece un tope global de emisiones y se comercializan derechos de emisión), pero ha registrado varios proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL, vinculados al Protocolo de Kioto). “Aún no está claro cómo nuestro país participará de los nuevos mercados internacionales de carbono del Acuerdo de París, una vez que estos comiencen a funcionar”, señalan. “Por otra parte, cada vez más empresas e incluso algunas provincias de la Argentina participan en el mercado voluntario, tanto registrando proyectos para poder emitir créditos de carbono como adquiriendo unidades para compensar sus emisiones.”
Para que estos mercados funcionen es necesario aceptar al menos dos ideas. Una es la de compensación, es decir, que la contaminación que se produce en un lugar puede ser compensada en otro, incluso en otro país o continente.
La otra idea es la de adicionalidad. Esto es: que el proyecto que genera los créditos de carbono aporta una captura o absorción de carbono adicional en el planeta, que no existiría de no ser por ese proyecto. Si la selva misionera o las yungas en el Noroeste siempre estuvieron ahí, incluso antes de que las petroleras existieran, ¿cómo es que ahora se demuestra que, además de absorber el carbono que absorbieron siempre, capturan el extra emitido por estas empresas? Porque se afirma que de no existir el proyecto, la selva se tumbaría para dar paso a la soja o cualquier otra actividad más rentable. O que las prácticas de las comunidades indígenas —como usar madera para cocinar o construir casas, o limpiar parte de terreno para cultivo— no son sostenibles, entonces el proyecto propone modificarlas.
La misma lógica se aplica en otro tipo de proyectos. En los casos de agricultura regenerativa o sostenible, por ejemplo, se afirma que sin esa iniciativa, en esas tierras se seguiría con las prácticas de agronegocio convencionales, que degradan los suelos.
Rechazo de organizaciones internacionales
En los días previos a la 28º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, realizada en Dubai en diciembre de 2023, un grupo de organizaciones internacionales lanzó un llamado a "Detener los de mercados de carbono".
“Durante los últimos 20 años, la compensación de carbono ha sido una barrera para acciones reales contra el cambio climático, ha dado origen a violaciones a los derechos humanos y de los pueblos originarios y ha provocado daños graves a las comunidades más expuestas a los impactos de las industrias extractivas y a los efectos de la crisis climática”, sostiene la declaración, firmada por Amigos de la Tierra Internacional, GRAIN, Indigenous Environmental Network y The Oakland Institute, entre otras. “Las nuevas fronteras para la compensación de carbono se basan en una carrera por convertir suelos agrícolas así como áreas marinas y costeras en áreas de ‘remoción’, las que, según las empresas, van a capturar carbono y crear nuevos créditos de carbono. Pero ninguna de estas tecnologías ha probado poder almacenar carbono de manera permanente”, advirtieron.
