La comunidad zapoteca de Puente Madera, agencia del municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, denunció que los intentos de cercamiento de sus tierras comunales para la construcción de uno de los diez parques industriales, previstos en el Corredor Transístmico, continúan.
En un comunicado, los comuneros de Puente Madera relataron que el viernes (4) sorprendieron a dos personas - Marcos Peza Manuel y Floralia Morales Hernández – en el monte Pitayal cercando una parte de las tierras que son de uso común.
“Estas personas han asegurado tener una constancia de posesión, a lo cual les explicamos que su actuación era ilegal y atenta contra los bienes comunales y que el uso de las tierras debe ser decido mediante una asamblea de comuneros”, dijeron en el comunicado.
La última asamblea fue convocada el 14 de marzo de 2021 “en donde se pretendió imponer la aprobación del parque industrial con un acta de asamblea firmada por comuneros muertos y personas que no asistimos a dicha asamblea”.
Esta acta se encuentra en proceso jurídico en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec en donde se interpuso un juicio de nulidad por las irregularidades presentadas en dicha asamblea y el acta emanada de esta, responsabilizando al comisariado, concejo de vigilancia, autoridades municipales y al ex representante de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec por ser parte de este proceso.
Además, relataron que el miércoles (9), Mariano de la Rosa Jiménez, “ex compañero de lucha y habitante de nuestra comunidad el cual enfrenta junto a otros compañeros una demanda penal interpuesta por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes”, expuso su actual postura en torno a su interés de vender una extensión de tierras del Pitayal a favor del parque industrial.
La oferta fue hecha por las ex autoridades municipales y agrarias “para dividir y confrontar al interior de la comunidad”.
De acuerdo con el comunicado, el hecho de que no se convoca asamblea desde el 14 de marzo “ha aumentado el clima de división y conflicto”.
Industrialización
El rechazo de los comuneros a la industrialización que el Corredor Interoceánico generaría se fundamenta con los sucesos ampliamente documentados en diversas regiones del país. La más cercana de la comunidad es la del corredor Minatitlán-Coatzacoalcos. Amenos de 40 años de su implantación en la cuenca baja del río Coatzacoalcos (declarado ya, por expertos, como un río “muerto”) ha pasado a convertirse en la zona más contaminada en suelos, agua y aire de todo el país, con graves consecuencias en la alteración climática regional y en la salud de los habitantes y comunidades originarias.
“Es por eso que nosotrxs como comunidad hemos emprendido la lucha por la defensa de nuestros bienes comunes ante la imposición del proyecto del parque industrial correspondiente al polo de desarrollo y bienestar (PODEBI) en el Pitayal, el cual pretende destruir un espacio de vida y uso común al que acudimos en búsqueda de insumos para nuestra subsistencia cotidiana”, sostienen.
Los comuneros anunciaron que emprenderán una serie de acciones para vigilar y defender el Pitayal, “continuaremos interponiendo recursos jurídicos necesarios contra quienes atenten contra las tierras de uso común y nuestro territorio”.
A pesar de ser considerado uno de los principales países de origen, tránsito y destino de miles de personas en movilidad humana, México carece de mecanismos y estrategias encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, ejecuciones y masacres de personas migrantes.
De acuerdo al informe de la Fundación para la Justicia, realizado para el Comité de las Naciones Unidos contra la Desaparición Forzada (CED), a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, no existe un conteo de personas en movilidad humana desaparecidas en México.
El CED tiene registro de 95 mil personas desaparecidas o no localizadas y más de 52 mil personas fallecidas pendientes de identificación, pero se desconoce el número real de personas migrantes que se encuentran dentro de estas cifras.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene registro de 1,421 casos, mientras organizaciones que documentan desapariciones y apoyan a familias en la búsqueda, como Movimiento Migrante Mesoamericano, considera que se trata de una cifra superior a los 80 mil migrantes desaparecidos a la fecha.
La Fundación para la Justicia señala la falta de mecanismos que incentiven la presentación de denuncias o reportes de desaparición de personas migrantes; pues en muchos casos no reportan la desaparición de sus acompañantes de viaje o familiares, por temor a ser deportadas o porque desconocen los mecanismos para hacerlo.
“Las personas migrantes en situación irregular caen en el anonimato y se vuelven ‘invisibles’ para las autoridades, lo cual fomenta la existencia de un subregistro importante de desapariciones, ejecuciones y otras violaciones graves a sus derechos humanos”, sostiene la Fundación para la Justicia en un informe.
A cuatro años de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no existen mecanismos para la búsqueda de personas migrantes.
Foto: Jeny Pascacio
“Recientemente se publicó el Protocolo Homologado de Búsqueda, que contempla la conformación de un Grupo de Trabajo interinstitucional Especializado en la Búsqueda de Personas Migrantes Extranjeras, pero no tenemos conocimiento de que éste se haya conformado o puesto en marcha”, dice el estudio de la Fundación.
De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, en 2021 se registraron 705 delitos cometidos contra personas en movilidad humana, entre ellos 200 menores de edad.
La incidencia presentada está en el tráfico ilícito de migrantes, robo y secuestro con un registro de 39 casos. Las personas que más denunciaron fueron originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Para Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano, la desaparición es una situación de emergencia y uno de los temas menos visibles dentro de la migración. Mientras los comités de búsqueda documentan hasta 10 casos por día en las comunidades de los países del triángulo del norte.
“No hay una cifra exacta por lo mismo, porque no hay un mecanismo eficaz” ni institucional. “Tenemos una crisis forense en el país, es una realidad”.
Durante los dos años de la pandemia por el COVID-19, la búsqueda se complicó “porque las autoridades dejaron de hacer lo poco que hacían”, sostiene Figueroa.
El Movimiento Migrante Mesoamericano coordina la caravana de madres en busca de sus hijos migrantes que, por razones del confinamiento, llevó sus actividades de manera virtual ante la incertidumbre de las familias que tienen la necesidad de continuar con la búsqueda de sus hijas e hijos, debido a la omisión de las autoridades mexicanas sobre sus demandas.
En portada: Los migrantes atrapados en el limbo en el sur de México deben enfrentarse a las pésimas condiciones de vida, a la precariedad de su situación y a la falta de información oficial sobre su destino. Foto: Santiago Navarro F.
Durante el 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) y las entidades encargadas de la protección de la niñez y adolescencia optaron por implementar de forma arbitraria la armonización de la Ley de Migración para continuar con la detención de niñas, niños, adolescentes y sus familias.
De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria el número de menores de edad presentados ante el INM de enero a septiembre de 2021, incrementó a 39, 076, comparado con los 11, 262 registrados en el 2020.
La estadística pública, no actualizada, tiene el registro de 14, 400 niños, niñas y adolescentes quienes viajaban solos. Del total, 22, 546 son hombres y 16, 530 mujeres; mientras 12,131 son de Guatemala, 17,106 de Honduras, 3, 776 son de El Salvador y 6,063 de otros países.
Hace un año entró en vigor el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante, que prohíbe la privación de la libertad de menores por motivos migratorios, además del principio de la no devolución que garantiza el derecho a la unidad familiar.
Pero las violaciones a la propia armonización no cesaron. De manera reiterada, organizaciones de la sociedad civil denunciaron las faltas al interés superior de la niñez derivadas de las políticas de contención y la militarización de las fronteras.
Incluso los espacios creados para los fines de la armonización de la Ley y las estaciones migratorias del INM no cumplieron con lo establecido por la propia Ley, ni con los acuerdos internacionales.
Apenas hace unos días, por las condiciones inadecuadas en las que se encontraban menores migrantes en la estación migratoria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 14/2022 al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez y a la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Chiapas (DIF-Chiapas), Deliamaría González Flandez.
Familia de migrantes haitianos esperan un transporte para encontrar la ruta de salida de Tapachula, al sur de México. Foto: Santiago Navarro F.
En el contexto planteó que, en marzo de 2021, menores de edad fueron trasladados de la estación migratoria a albergues temporales en Tapachula y Arriaga; a pesar de que su protección es obligación del INM y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del DIF-Chiapas. En este, como en muchos casos que no han sido atendidos por la CNDH, pasaron por alto la emisión de las medidas para salvaguardar su integridad, vulnerando con ello los derechos humanos a la seguridad jurídica, al principio del interés superior de la niñez y el relativo a la unidad familiar.
La Comisión llamó a la directora del DIF a capacitar a su personal y en específico a quienes trabajan con menores migrantes para evitar la repetición de hechos, así como para salvaguardar la integridad de la niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana.
La cantidad de personas migrantes en las ciudades de Chiapas, México, rebasa incluso a los albergues de la sociedad civil y las procuradurías se vuelven lentas para desarrollar planes de protección de derechos y los menores son regresados antes de que se pueda evaluar el interés superior de la niñez, destacó en entrevista Diana Martínez, oficial del Programa para Coalición Internacional contra la Detención. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, observa que no hay claridad en la operatividad de la ley, pues sigue la detención de menores de edad y sus familias.
Los defensores del medio ambiente del municipio de Tocoa, en el norte de Honduras, conocidos como los 'ocho de Guapinol', son integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
Fueron juzgados desde el 1 de diciembre de 2021 por los cargos de privación ilegal de la libertad e incendio agravado presuntamente cometidos contra un contratista de la empresa minera Inversiones Los Pinares (ILP). Siete de ellos están en prisión preventiva desde agosto de 2019, y uno desde noviembre de 2018.
Seis de los ocho detenidos fueron declarados culpables por el tribunal de sentencia de Trujillo, este 9 de febrero. Se trata José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández.
Las penas serán individualizadas el próximo 21 de febrero. Mientras Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz fueron absueltos de todos los cargos.
Al respecto, Amnistía Internacional envió una carta dirigida al Fiscal General de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, en la que expresa preocupación por el uso indebido del sistema de justicia penal hondureño para detener y procesar injustamente a los defensores de los derechos humanos.
Amnistía estudió el expediente judicial, los vídeos y las entrevistas con testigos, representantes de organizaciones locales y autoridades de derechos humanos. En dicha carta la organización explica en cinco puntos los graves fallos en la investigación que van desde la falta de pruebas por la parte acusatoria, así como contradicciones; además los fiscales ignoraron las pruebas presentadas por la defensa.
Después de revisar lo concerniente, incluido el proceso penal, la organización internacional reconoció a los ocho defensores como presos de conciencia.
Defensa
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos es una organización que ha encabezado movilizaciones desde 2015 para impugnar pacíficamente la legalidad de las concesiones mineras de hierro otorgadas a Inversiones Los Pinares (ILP).
"Estamos en una comunidad sana que habitamos hace 30 años, no nos hemos movido porque nos sentimos muy bien aquí pero ahora con ese proyecto minero nos sentimos mal", dice Juana Hernández, familiar de un preso.
En el 2013 el Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández aprobó la reducción de 217.34 hectáreas de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botadero Carlos Escaleras, que son usadas para la explotación minera a través de concesiones ASP1 y ASP3 que fueron otorgadas a la empresa, perteneciente a Leonor Pérez y Ana Facusse.
Cada concesión refiere a 100 hectáreas de la zona núcleo del Parque Nacional donde el permiso quebrantó el derecho a la consulta.
Los pobladores argumentan que estas actividades afectan la calidad de las aguas de los ríos Guapinol y San Pedro. "Toda el agua que nosotros usamos en el valle se produce en la zona alta de la montaña donde está ubicado el proyecto minero", lamenta Juana.
En un documental realizado por las organizaciones acompañantes del caso, los pobladores relatan su preocupación por tener un río contaminado, pues de ahí depende la vida y la cultura de la región.
Los efectos de las actividades mineras ya tienen impactos en la población que consume el agua de los ríos. Enferman de diarrea, vómito, problemas en la piel, entre otros. "Ni los animales quieren beber el agua", dice Juana.
Esta forma de 'despojo obligatorio' ha provocado la migración de familias enteras y la división de los pueblos, sobre todo después de que los defensores fueron encarcelados por oponerse a la violación de los derechos humanos.
Veredicto Escandaloso
Tras la condena de este miércoles, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos se pronunció contra las irregularidades en el proceso. Asimismo denunciaron, previo a la resolución del Tribunal, el hostigamiento contra las comunidades de Guapinol por parte la Policía Nacional.
"Hacemos nuestra la rabia e indignación de las compañeras luchadoras por la libertad de sus compañeros y de los ríos. Denunciamos a este sistema judicial que defiende empresas y castiga a las comunidades".
Para Amnistía Internacional el veredicto es escandaloso y va en contra de las obligaciones de Honduras de garantizar el derecho a defender derechos humanos. "Debe anularse de forma inmediata", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización.
Consideró que los ocho presos de conciencia fueron detenidos únicamente por sus actividades en defensa del derecho al agua limpia y a un medio ambiente sano, y que las acusaciones penales en su contra, así como su prolongada prisión preventiva, son injustificadas y constituyen un uso indebido del sistema de justicia.
Guevara Rosas agregó que no habrá cese a las demandas de libertad para los seis presos hasta que sean liberados inmediata e incondicionalmente. "Los defensores son víctimas de una detención arbitraria y de una persecución penal infundada ".
En 2019, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos publicó un informe sobre la criminalización de defensores en Honduras que se oponían a las minas de ILP cerca de Tocoa, y manifestaba preocupación por el uso inadecuado del sistema de justicia penal por parte de fiscales y jueces, incluido el delito de usurpación.
En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emitió su Opinión 85/2020 sobre el caso de los defensores de Guapinol, en el que concluía que su detención violaba la obligación legal de Honduras en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y pedía a las autoridades que garantizaran su liberación inmediata y que recibieran una indemnización por las injusticias sufridas.
Un año después, expertos de la ONU reiteraron este llamamiento a las autoridades hondureñas para que garanticen la liberación inmediata de los ocho defensores, destacando la obligación particular de Honduras, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro anunció el martes (8) la privatización de cinco parques nacionales localizados en los estados de Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Espírito Santo (ES) y Minas Gerais (MG).
Las unidades de conservación que pasarán a manos de empresas son las siguientes: Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (RJ); Parque Nacional da Serra da Canastra (MG); Parque Nacional da Serra do Cipó (MG); Parque Nacional de Caparaó (MG e ES) e Floresta Nacional de Ipanema (SP).
De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, las cinco unidades de conservación suman 280 mil hectáreas de áreas protegidas y hacen parte de tres biomas: Cerrado, Mata Atlântica y marino costero.
El decreto presidencial determina que las empresas responsables por la gestión de los parques deben mantener la conservación, protección y administrar el turismo en los locales.
Según el anuncio hecho por el ministro de Economía, Ricardo Salles, todavía no hay definición de los criterios que serán utilizados en la privatización como, por ejemplo, cuánto las empresas pagarán por la explotación de la unidad de conservación y cómo se dará el manejo de los recursos naturales.
Las fechas para las subastas tampoco fueron divulgadas. Sin embargo existen negociaciones para que la Vale asuma los tres parques que están en el estado de Minas Gerais, donde la empresa posee diversos áreas de extracción de minerales, incluso fue responsable por desastres ambientales como el rompimiento de presas de jales en el municipio de Mariana, en 2015, que dejó por lo menos dos poblados bajo la lama tóxica.
La privatización de las unidades de conservación fue autorizada en agosto de 2021. En la resolución del gobierno, se justifica que la “privatización es importante para que el gobierno federal concentre esfuerzos en actividades nacionales en que la presencia del Estado sea realmente fundamental”.
La decisión hace parte de una agenda que pretende privatizar 20 áreas de bosques. Ya fueron realizadas subastas para la privatización de los parques nacionales de Aparados da Serra y de la Serra Geral, en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, respectivamente, y de los bosques de Canela y de São Francisco de Paula, también en Rio Grande do Sul.
Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella
En portada: Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella
“Quiero justicia por la muerte de mi esposo, pero no tenemos recursos para buscarla”, dice Yesenia Flores. Su esposo, Leonel Gómez Zepeda, fue una de las 56 víctimas mortales tras la volcadura del tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, ocurrida el pasado 9 de diciembre.
Leonel Gómez Zepeda, de 37 años, fue un futbolista de Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala. Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis económica de su país lo llevó a intentar migrar, por primera vez, a Estados Unidos.
El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia en Guatemala y unas horas antes del accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. Fue la última interacción que Yesina recuerda de su esposo.
El cuerpo de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado al municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Yesenia tuvo que viajar varias veces a México, con recursos propios, para localizarlo.
También trasladó a sus hijas desde Malacatán, Guatemala, a Chiapas para las pruebas de ADN que solicitó la Fiscalía General de la República.
El 19 de diciembre, sin avisar, los gobiernos de ambos países trasladaron tres féretros de los muertos en el accidente, uno de ellos con los restos de Leonel, “sólo vinieron a dejar la caja y no supimos nada de ningún gobierno”.
Yesenia Flores lamenta que el único momento en que tuvo atención de las autoridades mexicanas fue para las pruebas de ADN, por la presión que ella misma ejerció. “No tuvimos apoyo ni antes ni ahora”.
Yesenia y Leonel procrearon cuatro hijas, todas aún menores de edad. Leonel buscaba darles una mejor vida que esperaba encontrar en Estados Unidos.
“A mis hijas todavía no les he comprado sus útiles porque aún no encuentro trabajo. Mi esposo por eso se fue, porque la situación aquí es difícil; por eso, aunque quiera darle seguimiento a la investigación para que se haga justicia, no puedo por el gasto que representa”.
Yesenia Flores recuerda que el féretro estaba sellado y le pidieron que sepultara a su esposo de manera inmediata por el estado de descomposición que presentaban. “Escuchar al gobierno de México decir que no hay detenidos, duele en el alma”.
Solicitud de apoyo, sin respuesta
Familiares de las víctimas se han manifestado por el nulo apoyo de los gobiernos de México y Guatemala
Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27 años.
Por segunda vez, Domingo se colgó la mochila con el ánimo de ganar dinero para apoyar a sus padres. Su tía les ayudó a contactar un coyote y lograron reunir dinero tras vender pertenencias y pedir prestado.
“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento. Resultó con lesiones en brazos y costillas.
En cuanto se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, la familia maya Ixil en Guatemala solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo del joven que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.
Pedro Raymundo, padre de Domingo, cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción y por eso en Guatemala me cobraron 4 mil quetzales”.
Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.
Pese a sus esfuerzos, Raymundo aún no cuenta con el acta de defunción de su hijo y la única respuesta que recibió fue por parte del Registro Nacional de las Personas (Renap), entidad guatemala quien aseguró se debe a que la Fiscalía General de la República mexicana aún no envía la información.
Antes de salir de Almolonga, Guatemala, Domingo y su concuño Miguel se dedicaban al campo. Dejó de estudiar hace dos años cuando su familia no pudo solventar los gastos escolares, fue entonces que uno de sus tíos, establecido desde hace un año en EEUU, lo convenció de migrar.
“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agregó Margarita Raymundo, hermana del joven.
Domingo y Miguel, recorrieron 432 kilómetros desde su comunidad hasta el municipio chiapaneco donde ocurrió el accidente. En el lugar, los pobladores locales, aún en shock, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos.
No hay detenidos
Aún después de meses de ocurrido el accidente, pobladores de Chiapas colocan ofrendas en el lugar donde perdieron la vida 56 personas.
A dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República se limita a decir que no tiene mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones. Pero en realidad aún no hay detenidos ni avances en la carpeta de investigación. Esto a pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.
El Instituto Nacional de Migración (INM) también evade los cuestionamientos de la prensa con respecto a los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del accidente carretero.
Los únicos reportes sobre el caso se publican en la página oficial donde recientemente destacaron la repatriación de cuerpos, realizados durante diciembre de 2021 y enero de 2022: 42 de Guatemala; 12 de República Dominicana; una de El Salvador y una más de Ecuador. A finales de enero, informaron que fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad guatemaltecos.
Asimismo, la Secretaría de Salud en Chiapas señala que solo uno de los 114 heridos en el mismo accidente continúa con atención en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.
Contubernio
Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención migratoria, las cuales orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, existe un contubernio de la autoridad migratoria para permitir el transporte de migrantes por el crimen organizado. Esto debido a que pese la presencia de retenes para inspeccionar vehículos en la ruta migratoria en Chiapas, la mayoría no son detenidos. “Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.
Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría concretar sin la complicidad de la policía, funcionarios de migración y el Ejército mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a este delito. “Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.
En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas, donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.
Los grupos del crimen organizado se apropian de caminos de extravío o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.
“Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada”, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.
En el 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmaron que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con un mayor número de víctimas por la trata de personas y el secuestro.
