En portada: Cientos de indígenas lencas se movilizaron en Tegucigalpa para exigir el reconocimiento de sus tierras ancestrales.
Tras una semana de movilizaciones, más de 500 indígenas lencas pertenecientes a 12 comunidades del suroeste hondureño alcanzaron un acuerdo histórico con el Instituto Nacional Agrario (INA), por medio del cual el Estado se compromete a la titulación comunitaria de más de 9 mil manzanas de tierras en las que viven más de 900 familias.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que aglutina a las comunidades lencas, anunció el pasado viernes (19) la firma de un acta de entendimiento con las autoridades agrarias del país centroamericano.
El acuerdo fue anunciado tras las movilizaciones donde participaron representantes de las comunidades lencas de Montaña Verde, Limoncillo, El Achiotal, Río Blanco, Wise, El Naranjo, 1 de Agosto y Grupo Campesino Nueva Esperanza, quienes reivindican la posesión comunal de sus territorios.
“El Copinh estará vigilante del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el INA, asegurando el respeto e implementación de manera justa y pronta. De no cumplirse, se desarrollarán nuevas jornadas de exigencia y protesta en la capital. Esta vigilancia no solo es un deber, sino un compromiso con nuestras comunidades y con las futuras generaciones que dependen de la protección de nuestros territorios”, aseguró la organización mediante comunicado tras el anuncio de los acuerdos.
Sostuvo también que el Estado se comprometió a tiempos concretos y responsabilidades específicas para la titulación de los territorios lencas. “En particular la titulación de 4 procesos comunitarios en el término de 20 días, y el avance sin más retrasos en los procesos restantes. Este acuerdo representa un gran paso hacia la certeza jurídica sobre las tierras que nuestras comunidades han poseído por generaciones, luego de más de 25 años de espera”.
Bertha Zúñiga Cáceres, coordinadora del Copinh, celebró los acuerdos que posibilitarán la ratificación en la posesión comunitaria de las tierras lencas. “Son tierras ancestrales, tierras del pueblo lenca sobre las que existe una incertidumbre jurídica que nos expone a la persecución judicial”, argumentó debido a que, en las comunidades afectadas, se han otorgado títulos de propiedad a privados lo cual permite que se acuse a la población indígena del delito de “usurpación de tierras”.
Zúñiga sostuvo que el acuerdo brinda pasos para la solución de algunos casos, pero que aún existen otras comunidades que exigen el involucramiento de la Comisión Nacional Agraria, e incluso de la Corte Suprema de Justicia “para que oriente a jueces locales, quienes han tenido papeles muy nefastos retrasando procesos u obstaculizando la posesión comunitaria de las tierras”.
Desconfianza
Destaca que en las protestas también participaron la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), organizaciones campesinas del valle del Bajo Aguán, en el departamento de Colón, y quienes encabezan la reivindicación de tierras campesinas despojadas por la agroindustria de la palma aceitera.
Esly Banegas, integrante de COPA, indicó que actualmente son varias las organizaciones que han firmado acuerdos con la administración nacional, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, para la resolución de los conflictos en la titularidad de tierras. No obstante, señaló que, a pesar de la voluntad política, “no se ve reflejada en soluciones a las problemáticas que les han ido provocando los sectores oligárquicos contra las familias campesinas e indígenas”.
Justicia
En los mismos días, los indígenas lencas también se movilizaron ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras para reclamar la confirmación de las sentencias contra las ocho personas condenadas por el asesinato de la lideresa Berta Cáceres, acontecido en marzo de 2016.
Acompañados de organizaciones campesinas y de derechos humanos, los indígenas lencas se plantaron para exigir respuesta de los magistrados de la Sala Penal, quienes aún no se pronuncian respecto a dos recursos de casación presentados por la defensa de los acusados, que busca invalidar las sentencias emitidas en años previos.
“No puedo dar un día exacto, porque sería irresponsable de mi parte hacerlo. Lo que sí les digo es que estamos trabajando fuertemente y que eso va a estar en el menor tiempo posible y será del conocimiento público”, respondió el magistrado Mario Díaz ante la protesta lenca.
Por su aparte, habitantes de La Esperanza, Intibucá, advirtieron que cada día se sumaran más personas y organizaciones para exigir la confirmación de la sentencia contra los siete autores materiales y el coautor del crimen, además de que demandan un proceso judicial contra miembros de la familia Atala, a quienes se les responsabiliza de ser autores intelectuales del homicidio.
“No les quieren hacer nada [a los autores intelectuales]. Aquí las autoridades están muy de acuerdo con los empresarios, se ponen de acuerdo para arreglar las situaciones y venirnos a dar un discurso muy bonito a nosotros los pobres, a nosotras las comunidades humildes, a los campesinos, a las mujeres”, reclamó Catalina Hernández, habitante de la comunidad lenca.
A su vez, la movilización también exigió que se investiguen las denuncias de los asesinatos de campesinos en el Valle del Bajo Aguán, así como las relaciones de los crímenes con los empresarios agroindustriales que operan en la región.
Pueblos indígenas de Perú que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se han declarado en estado de emergencia permanente luego del trágico asesinato de Mariano Isacama Feliciano, considerado líder del pueblo Kakataibo.
Esta acción la han tomado al percibir una total inacción del gobierno frente a la creciente violencia que enfrentan al proteger sus territorios ancestrales, declara Aidesep.
Isacama era originario de la comunidad nativa de Puerto Azul, ubicada en la provincia del Manu, Madre de Dios, en la Amazonia peruana, y fue encontrado sin vida en la ribera del río Yúrac después de 24 días de no saber su paradero.
El líder indígena había alertado a la comunidad y a organizaciones de derechos humanos sobre amenazas previas a su desaparición. De acuerdo con el certificado de necropsia, su muerte fue causada por un impacto de bala de un arma de fuego, además presentaba signos de tortura.
Al lado de las comunidades que forman parte de la Aidesep, había sostenía un activismo férreo por la defensa de la Amazonía y contra actividades ilegales como la minería y la tala clandestina en la región.
La Aidesep es una organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, a través de sus nueve organizaciones regionales de base, quienes han expresado un profundo descontento por la falta de justicia para las víctimas y la continua impunidad que rodea estos crímenes.
Las comunidades indígenas amazónicas han anunciado que, al ver la falta de justicia y la seguridad que debía brindar el Estado, se preparan para tomar otras medidas. Alertaron que se ven obligados a ejercer su derecho a la legítima defensa y “utilizar los medios en la misma proporción con la que nos atacan”, dejando caer toda la responsabilidad “al gobierno por las consecuencias”, dice el comunicado.
La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo advierte, asimismo, que una nueva modalidad del crimen organizado en la zona es dejar que se descompongan los cuerpos, con el fin de desaparecer las evidencias, para lo que requieren retrasar las búsquedas y trabajos de las fuerzas de seguridad públicas.
Con este caso, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registra 25defensores ambientales y líderes indígenas desaparecidos y asesinados desde el 2020. Cinco de las víctimas eran del pueblo kakataibo. En 2021 desaparecieron dos miembros de la comunidad cuyo paradero se desconoce hasta el momento. La violencia contra los pueblos originarios se expande en los últimos años en las regiones amazónicas Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín.
En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.
Ante la ola de desalojos anunciados para ser ejecutados en la región norte de Guatemala, organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la crisis humanitaria la cual son objeto familias campesinas e indígenas víctimas de desplazamiento forzado.
Por ello, el pasado viernes (12), durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH expusieron la problemática que, de acuerdo a los alegatos de defensores de derechos humanos, involucra disputas por la tenencia de la tierra, en un marco de irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son objeto de desalojos violentos.
Así lo señaló Daniel Cerqueira, director de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quien enfatizó que los desalojos son producto de la cooptación del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción. Acorde a Cerqueira, el objetivo de éstas es acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad, “haciendo uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que revindican y defienden sus territorios”.
Por su parte, Sandra Calel, maya Poqomchí integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), sostuvo que en Guatemala no existen desalojos pacíficos pues todos, judiciales o extrajudiciales, son conducidos de forma violenta. Además, señaló que los desplazamientos de las familias suceden de manera discriminatoria y racista pues se realizan sin notificación previa, lo que imposibilita la defensa de las comunidades para oponerse a los desalojos.
Calel también denunció la participación excesiva de fuerzas policiales, agentes de seguridad privada y militares en los desalojos, lo que se traduce en serias violaciones a derechos como la alimentación, vivienda, educación, salud y la pérdida de la cultura de las comunidades desplazadas.
Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo.
La lideresa de la UVOC resalta también que los desalojos son acompañados de la criminalización contra representantes y líderes campesinos e indígenas, por lo que destacó que, actualmente, existen más de 2,000 personas con orden de aprehensión en su contra, derivadas de la persecución judicial que acompañan los desplazamientos forzados.
Los delitos de usurpación y usurpación agravada son los cargos utilizados frecuentemente para facultar el desalojo inmediato de comunidades completas. Calel argumentó que la legislación procesal penal no exige un proceso previo para discutir y verificar la titularidad de la propiedad o posesión de los territorios por parte de supuestos propietarios que emprenden las acciones legales para desalojar a las comunidades campesinas e indígenas.
“Antes de autorizar los desalojos, las y los jueces de orden penal tampoco exigen haber agotado el proceso previo para la demostración de la titularidad de la propiedad o posesión”, denunció Calel, quien señaló que ocurre lo mismo para la emisión de órdenes de captura, ejecutadas durante los desalojos, contra defensores de la tierra y de los pueblos. Cabe destacar que la mayor concentración de personas criminalizadas está en la región norte de Guatemala, en el departamento de Alta Verapaz.
Resalta también que, en el marco de desalojos extrajudiciales, líderes y lideresas comunitarios son acusados de delitos graves como homicidio, lesiones graves y portación de armas ilegales, entre otros.
A todo lo anterior, denunciaron ante la CIDH, los miembros de las comunidades indígenas y campesinas enfrentan el riesgo de agresiones contra su vida e integridad, que incluye el asesinato y la desaparición. Tal es el caso de Carlos Pop, líder y pastor de la comunidad Nueva Gloria, en el municipio de Purulhá, Verapaz, quien fue víctima de desaparición desde hace tres años, sin que se haya determinado su paradero, ni brindado justicia a su familia.
En representación del Estado de Guatemala asistió Héctor Oswaldo Samayoa, Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), quien deslindó al ejecutivo y aseguró que es el organismo judicial quien posee mayor responsabilidad en la emisión y ejecución de los desalojos.
La CIDH prepara una visita a Guatemala para los días 22 al 26 de julio, cuyo propósito, anuncia el organismo, es “observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017”.
La Comisión trabajará en Ciudad Guatemala y los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango.
Despojo histórico
Como parte de la audiencia realizada ante la CIDH, las organizaciones sociales presentaron un informe mediante el cual aseguran que los factores determinantes del desplazamiento interno están relacionados con la implementación precaria de los Acuerdos de Paz, la desigualdad económica, la violencia de género, los proyectos de inversión a gran escala y los eventos naturales y climáticos.
En el documento aseveran que los desalojos, las extorsiones y amenazas, la presencia del crimen organizado, la expansión de megaproyectos como hidroeléctricas y los monocultivos de caña de azúcar y palma aceitera son aspectos que provocan el desplazamiento interno en Guatemala.
Las organizaciones argumentan que los despojos en Guatemala son históricos, pues desde finales del siglo XIX, en el periodo llamado “Reforma Liberal” se emitieron leyes que favorecieron la apropiación de tierras, supuestamente baldías, desarticulando la propiedad comunal y ejidal e invisibilizando la existencia de poblaciones indígenas.
Ya durante el conflicto armado interno, entre los años 1972 y 1996, las Tierras Bajas del Norte fueron violentadas con las políticas de tierra arrasada, lo que provocó que poblaciones enteras huyeran hacia montañas y selva para resguardar su vida. Destaca que, al menos un 40% de comunidades q’eqchi’ fueron desplazados y, para 1983, oficiales del Ejército guatemalteco concentraron el 60% de las tierras de la región.
Para el periodo entre 2002 al 2008 se registró un aumento en las denuncias por “ocupaciones” de fincas, presentadas por supuestos propietarios, terratenientes y empresarios agrícolas, lo que provocó un incremento en las órdenes de desalojo contra comunidades campesinas e indígenas al catalogar a éstas como invasoras y acusándolas de usurpación de tierras.
Aún más, el patrón de despojo se recrudeció a partir del año 2011, cuando una única orden judicial posibilitó el desalojo de 12 comunidades en El Estor. De acuerdo al registro de las organizaciones, el año 2022 es catalogado como el de mayor desalojos contra comunidades indígenas y campesinas, que supuestamente se encontraban ocupando propiedades privadas, particularmente en las Tierras Bajas del Norte y sobre todo en Alta Verapaz e Izabal.
“Aunque el despojo territorial es un flagelo que compaña la historia de Guatemala, desde tiempos coloniales, la cooptación del sistema de justicia y las instancias de fiscalización y control del Estado por parte de la élite economica ha resultado en niveles de acaparamiento de tierra sin precedente los últimos años”, aseguró la lideresa de la UVOC.
De acuerdo a datos recopilados por la investigadora Laura Hurtado, de 2015 al 2023 la Policía Nacional Civil ejecutó 41 desalojos en Izabal y Alta Verapaz. Actualmente, y pese a la existencia de una mesa de conflictividad agraria que opera desde febrero del 2024, en el primer semestre del gobierno de Bernardo Arévalo se han realizado 15 desalojos, cuatro de ellos de manera extrajudicial. Los desalojos acontecieron en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Escuintla y Jalapa.
Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), quien también participó en la audiencia de la CIDH, señala que existe un patrón en los desalojos del gobierno actual al considerar que es un intento de confrontación como parte del “pacto de corruptos”. En éste, argumenta él, participan la fiscal general, Consuelo Porras, fiscales distritales, corporaciones municipales e incluso bandas criminales de narcotráfico.
La audiencia ante la CIDH fue solicitada por el Comité Campesino del Altiplano, el Bufete Jurídico para Pueblos Indígenas, Protección Internacional de Mesoamérica, la UVOC y DPFL.
Bienvenidos al episodio 4 del podcast Atizando el Avispero. Continuamos profundizando el tema de la crisis climática y la transición energética que muchos consideran una posible solución. En esta ocasión veremos que tanto ha avanzado México en el reemplazo de su matriz energética, un país que históricamente ha dependido en gran medida de los combustibles fósiles.
Responderemos a las siguientes preguntas, ¿cómo se está llevando a cabo este cambio en México? ¿Está realmente ocurriendo una transformación significativa hacia nuevas fuentes de energía?
Para abordar estas preguntas, en esta ocasión contamos con las voces de dos expertos en la materia, Isabel Velásquez y Luis Pérez, del Colectivo Geocomunes.
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Por Juan Carlos Morales y Camila Plá / Foto de portada: Liliana Santiago
“Allá arriba, esa parte que se ve café es un poco de lo que se quemó”, dice el zapoteca Margarito Morales, mientras señala el Cerro Iglesia a lo lejos, su voz se nota pesada, como si cargara el monte en sus palabras. El cerro está en el Valle de Tlacolula, a una hora de la Ciudad de Oaxaca, en la comunidad de Villa Díaz Ordaz - comunidad y municipio que llevan el nombre del general liberal José María Díaz Ordaz quien fue herido de muerte en ese territorio hace ya más de 150 años.
Margarito, su esposa y su hijo platican sobre el cerro que se incendió durante más de una semana el pasado mes de mayo. Al hablar, comparten historias, parajes y ocasionalmente se detienen para dialogar en su lengua natal, el zapoteco, lo que les permite recordar con mayor facilidad historias, como si el recuerdo del cerro estuviera inherentemente relacionado con su lengua, siendo el español casi un intruso. Y es que de alguna manera lo es. Cuando surge una duda en la narración (alguna discrepancia entre fechas, nombre o significado) los tres mudan la conversación al zapoteco, ríen y discuten dándole espacio al acuerdo para compartir en español solo la conclusión.
“El cerro no nos da nada, pero nos mantiene”, dice Amalia López mejor conocida como mamá Mali por sus hijes y nietes. Con sus palabras se devela una relación entre la historia del cerro y su propia historia de vida. Una relación de apoyo mutuo y cuidado, de dependencia mutua y cariño. Este incendio fue el peor que se ha visto desde que ella y su esposo, Margarito, nacieron hace ya más de 70 años. “Yo soy del 49 y él del 46, ya el cerro ya tiene más tiempo”, comenta intentando recordar la última vez que el cerro se quemó.
Margarito cuenta que, en su infancia, el cerro al cual llaman en zapoteco Dani Roo (Cerro Iglesia) se incendió una vez y que inmediatamente hicieron sonar las campanas para que la gente fuera a controlarlo. Además, durante la noche, un aguacero terminó por sofocar las llamas. En esa ocasión las pérdidas no fueron tan graves como ahora, ya que se calcula que este año por lo menos fueron 10 mil hectáreas del cerro afectadas, más del doble que la última vez.
“Hace mucho sí se quemó y en ese momento subieron todos: hombres, niños, mujeres con cubetas, con jarros, con lo que fuera y casi pudieron apagarlo. Llevaron hasta a las personas grandes que se quedaron a rezar, orar y pedir que se apagara el fuego, así todos ayudaron. Y luego en la noche se vio venir la nube y caer la lluvia”, comparten Margarito y Amalia.
Margarito cuenta que, durante este incendio, “la parte donde se quemó era virgen, nunca se quemaba. Era puro monte, nadie se metía hasta ahí por eso le dicen el Río Oscuro. Hay venados, ardillas, codornices, chachalacas, palomas del monte, ardillas, palomas grandes. Guajolotes del monte”.
Cuando era niño, Margarito iba a cazar con su papá al cerro como muchos de su comunidad, pero ahora son pocas las personas que cazan. Actualmente, la mayor parte de la comunidad tiene tierras para sembrar o trabajan en la Ciudad de Oaxaca, pero hay algunas personas que dependen totalmente del cerro, ya que se dedican a recolectar leña para vender. Con el incendio perdieron la fuente principal de su trabajo.
La familia sigue nombrando a los habitantes del monte. Ríen y les nombran en ambos idiomas, imitan sus sonidos y describen sus colores: “Orquídeas que florecen en el mes de mayo, hay mucho cenzontle y jilgueros. ¡Hijoles, cómo cantan! Y había uno que chiflaba como humano. Si chiflas te contesta, te invita a ir al monte. Había pinos, encinos, pingüica, manzanita de monte. Hay un árbol que era rojo su tronco y que se pela su cáscara. Era muy bello, todo eso había”, el pasado y el presente se mezclan en las palabras del abuelo, como si con ello se resistiera a aceptar que todo eso de lo que habla ahora es cenizas.
En este último incendio, a comparación del ocurrido hace más de 60 años, no contaron ni con lluvias, ni con las manos necesarias, ni con el apoyo esperado por las instituciones. El incendio no empezó en sus tierras, Villa Díaz Ordaz, sino que,“dijeron que en el terreno de San Miguel Albarradas ahí un rayo agarró a un árbol, y con tanto tiempo de seca hay muchas hojarascas que como tiene años, añisimos acumulándose por ahí empezó el quemazón”, comparten. Con gran velocidad las llamas fueron consumiendo todo el bosque y acercándose a los límites de los territorios de los pueblos vecinos como Villa Díaz Ordaz, Mitla y San Miguel, en el Valle de Tlacolula.
Ante esto, las autoridades agrarias realizaron un recorrido para inspeccionar la colindancia del territorio con las comunidades vecinas y consideraron que no era probable que el incendio llegara hasta su territorio.
Pero el fuego no reconoce divisiones agrarias y cruzó las fronteras imaginarias devorando e invadiendo los terrenos comunales. Las autoridades agrarias, administrativas y eclesiásticas convocaron a la comunidad para detener el fuego tocando las campanas de la iglesia, dando avisos por el megáfono del municipio o compartiendo en las redes sociales.
Se convocó a todas las personas que pudieran apoyar al día siguiente para evitar que la lumbre lo devorara todo. Días después, un grueso de la población decidió formar un bloqueo vial en la carretera internacional 190 con el apoyo de otras comunidades vecinas, entre ellas San Dionisio Ocotepec y la Villa de Mitla, las cuales también estaban solicitando apoyo humano y material para sofocar el incendio pues se extendía en todos sus territorios.
Ante la imposibilidad de detener el fuego con sus propias manos, la exigencia de la población fue que se enviara un helicóptero para apagar las llamas, además de personal del Ejército y Guardia Nacional para apoyar a la formación de brechas, ya que en la comunidad la mayor parte de la población que se encontraba en ese momento eran niños y ancianos debido a la migración.
“Campanadas y campanadas para convocar a la gente, y los aparatos anuncia y anuncia que por favor vayan a apoyar en el cerro. Y todos tristes porque estaba todo lleno de humo, ni la radio sonaba. Se suspendieron las fiestas y se sintió el pueblo. Estábamos tristes, hablando de cómo van a hacer para apagarlo. Unos salían en las mañanas, otros a medio día y otros en la tarde, pero todos tristes”, comparte Amalia.
Los abuelos nacieron y vivieron toda su vida en este territorio, cobijado por la bruma que baja de la sierra en tiempos de frío y rodeado de montes verdes en lluvias que se amarillean en temporada seca, tan característicos de la región de los valles de Oaxaca.“No es lo mismo que anteriormente. Le tenemos mucho amor al cerro porque lo conocemos.”, recuerda Amalia mientras ve a su hijo Juan, quien también creció ahí, sin embargo desde los 15 años tuvo que emigrar para trabajar.
Desde hace veinticinco años, Juan vive en la Ciudad de Oaxaca en donde nacieron sus hijos. Este es un patrón que se repite en la comunidad y en la región, una repetición de historias de migración hacia la ciudad, cambiando la siembra, la cría y la vida autogestiva por el trabajo asalariado, así como la relación con el cerro.
“Es que ahora no hay interés porque ya todos agarran contrato y pues no viven del cerro, pero yo creo que aunque no nos da nada el cerro, nos mantiene. Hay oxígeno, el árbol es el que absorbe todo el humo del carro que nos lleva a trabajar”, comparte la abuela.
Margarito y Amalia recuerdan que, durante su infancia y juventud, la mayoría de la gente seguía dedicándose a la siembra de milpa, papa y chilacayotas además de que elaboraban pan y chocolate. Familias enteras sembraban el campo, incluso trabajaban en terrenos muy lejanos dentro del Cerro Iglesia. La gente caminaba largas horas para llegar a sus tierras, las mujeres cortaban la leña y preparaban la comida en el campo, dejando ahí los metates y demás utensilios que podían ocupar quienes subieran y lo necesitaran, además cada año nuevo la comunidad se organizaba para llevarle una ofrenda al cerro y agradecer lo cosechado.
Cuando los hijos de mamá Mali crecieron no había oportunidades educativas y las familias batallaban constantemente con el dinero, así que los hijos, incluido Juan, migraron a diferentes ciudades y países para seguir con sus estudios, trabajar para apoyar económicamente a sus padres. Esta historia se repitió en las familias de la comunidad, y fue permeando en la organización comunitaria. Así que con los años fue disminuyendo la extensión de tierras de cultivo. Los abuelos se dedicaron a sembrar árboles maderables y dejar que el cerro reverdeciera por su propia cuenta.
Tequio
Cuando se avisó del incendio, en el pueblo se convocó al tequio. En un principio acudió poca gente, pero con el pasar de los días y al hacerse evidente la destrucción comenzaron a llegar más personas. Quienes acudieron para combatir el fuego salieron sin más que la herramienta que usan diariamente para el trabajo en el campo.
Un grupo de mujeres se organizó afuera del mercado del pueblo para preparar y repartir comida a quienes subieran a apoyar. Muchas personas enviaron ayuda económica desde las ciudades, sin embargo, faltaban manos.
El 11 de mayo Juan y su hijo salieron temprano en su motocicleta para apoyar en el bloqueo de la carretera internacional 190. Mientras que ellos se ubicaron a la altura del fraccionamiento Rancho Valle del Lago otro bloqueo sucedía a la altura de San Dionisio Ocotepec, en cada bloqueo había habitantes de varias comunidades.
Durante todo el día, padre e hijo se movieron entre el bloqueo y el cerro, llevando víveres, herramientas, información de lo que estaba sucediendo y compartiendo los acuerdos en cada uno de los espacios. Durante sus recorridos, Juan se detenía para contarle a su hijo recuerdos de lo vivido en cada espacio, como si el trabajo de la memoria fuera calmar la pena ante lo que ya no será. Mientras la motocicleta avanzaba, Juan le mostraba los parajes donde paseaba a los chivos, subía con amigos o caminaba en soledad.
Foto: Edith Martínez
Debido a que la información pública que circuló sobre el incendio se centraba en la zona de Mitla, que está catalogado como “pueblo mágico” y cuenta con una zona arqueológica, gran parte del apoyo y asistencia estatal que se enviaba y desde las ciudades iba dirigido específicamente a esa comunidad.
Ante la falta de apoyo institucional, el bloqueo direccionó parte del apoyo a su territorio, incluso interceptaron una camioneta de la Cruz Roja con guantes y mascarillas y un convoy del Ejército para que apoyara a los brigadistas. A estos últimos se les comisionaron dos guías, pero al poco tiempo se alejaron de ellos y se perdieron, lo que implicó que dejaran de apoyarlos.
Iban vestidos con el traje militar completo, incluyendo chaleco antibalas y armas largas. Armas largas para apagar un incendio. Mientras que el bloqueo recolectaba víveres y herramientas, los brigadistas luchaban contra la densidad del fuego. El mirador, que con muchos años de esfuerzo colectivo había sido construido, se convirtió en cenizas.
Entre los brigadistas se encontraba un grupo de Conafor, que el pueblo había retenido para acompañar los trabajos y para que gubernamentalmente se tomaran acciones pertinentes, además de una patrulla de la Guardia Nacional. En la plaza central las mujeres preparaban comida para todos. En el monte también había un grupo encargado de la alimentación y el cuidado.
Ya en el cerro intentaron de todo. Abrían brechas corta fuego, compraron pipas de agua, palearon tierra, pero el fuego brincaba con el viento de un árbol a otro y la hojarasca se prendía con tal facilidad que las llamas quemaban desde la distancia. Respirar era difícil y hablar era un lujo que nadie se podía dar. Después de arriesgar su vida, la comitiva generó una asamblea y aceptó que necesitaba más apoyo, que sus manos no eran suficientes. “Pues hubo atención pero debido a la magnitud del incendio era imposible de detenerlo”, comparte Juan.
El grupo de Conafor explicó que ante las condiciones geográficas del lugar y el nivel del incendio lo más viable era pedir un helicóptero. Explicaron que para ello se debía pedir permiso a una presa o río cercano para abastecerse y hacer un descampado para el aterrizaje. Los comuneros explicaron que ya habían gestionado eso y que aún así seguían esperando el apoyo. “No llega el helicóptero porque hay mucho tráfico aéreo”, bromeó alguien en medio del caos.
Después de mucho trabajo el grupo se vio obligado a moverse a un área segura y descansar. Se congregaron en un descampado y con calma, tristeza y sobre todo dolor observaron la destrucción de frente.
Algunas personas pedían por lluvia, otras por el helicóptero, pero nadie tenía otra opción que esperar. “¿Ves todo eso que ya no va a existir? A mi hijo le gustaba mucho. ¿Qué más queda que verlo desaparecer?”, le dijo un señor a otro mientras comía.
Ese día no fue el último del incendio, duró algunos más y consumió 10 mil hectáreas, según lo que anunció Conafor a la prensa. La organización comunitaria y el trabajo colectivo tanto de los brigadistas como en el bloqueo permitieron que la voracidad de la lumbre pausara su ritmo. Sin embargo, la falta de acciones estatales inmediatas le dio oxígeno a la lumbre.
Días después llegó el helicóptero, “pero ya se había quemado casi todo, ya era muy tarde”, comenta Margarito. Solo cuando llovió en la madrugada del 19 de mayo, se terminaron de apagar las brasas que aún quedaban.
Mientras el Cerro Iglesia se quemaba, en el estado de Oaxaca había otros 23 incendios activos. Según el Sistema Nacional de Incendios Forestales, solo en Oaxaca, de 1970 a 2023 se registraron 9,592 incendios con daños en 1,081,657 hectáreas. Oaxaca ocupa el lugar 11 en la lista de Estados con mayor área forestal afectada por incendios desde 1970 hasta 2023.
Según el Reporte semanal nacional de incendios forestales, presentado el 27 de junio de 2024 por Conafor, en lo que va del año, se han registrado 6,771 incendios forestales en 32 entidades federativas, en una superficie de 862,495.97 hectáreas, siendo Oaxaca la entidad federativa con mayor superficie dañada. En este último año se registraron 202 incendios en 113,820.31 hectáreas.
Tanto el 2023 como el 2024 superan a los 10 años anteriores en cantidad de hectáreas perdidas de bosque forestal, y aunque las causas de los incendios parecen diversas o poco claras, existe una evidente falta de capacidad institucional de controlarlos. Aunado a esto, se ha visto que ante la pérdida del bosque el cambio de uso de suelo aumenta, lo cual vulnera a las comunidades y su forma de vida.
Tras el incendio, en Villa Díaz Ordaz abundaba el sentimiento de tristeza. Cuentan los esposos que el territorio del pueblo vecino de San Miguel del Valle casi no se quemó ya que, según sus pobladores, año con año le dan ofrenda al cerro. Así que a los pocos días de la catástrofe la comunidad se organizó para llevar su ofrenda. “Se veía todo azul, como morado el cerro. No se veía nada verde pero ahora ya se empieza a ver verde otra vez. Y pues eso es por la ofrenda al ermitaño. Porque ahí en el cerro vive un ermitaño al que se le pide suerte en el cerro. Porque nuestros antepasados tenían esa creencia, que cuando hagas algo en el cerro tienes que pedirle permiso a la madre tierra, pero ya no habían llevado tanta ofrenda”, explica Amalia.
Juan complementa: “En menos de veinte años ya va a estar bien crecido de nuevo. Porque el corazón de muchos árboles sigue vivo. Y con estas lluvias está enverdeciendo, queda reforestar”.
“Ahora ya se pueden ver los surcos”, dice mamá Mali. Se refiere a los surcos que fueron trazados por sus padres y abuelos para sembrar en el cerro. Surcos que habían sido escondidos bajo el bosque y la hojarasca que solo con el caos de las llamas se volvieron visibles de nuevo. Surcos que cuentan la historia de la comunidad y de la relación que tiene con el cerro, recordando que el bosque puede volver a crecer. Es cómo si el cerro estuviera contando su propio recuerdo. “Y es que el cerro queda como un recuerdo para nosotros y para los de después”, nosdice Margarito viendo la nube caer con fuerza sobre Dani Roo.
En portada: Desalojo violento del plantón contra la contaminación de la transnacional Granjas Carroll en Veracruz.
Siguen impunes los asesinatos de los hermanos campesinos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, de 22 y 27 años, por policías de la Fuerza Civil del estado de Veracruz, ocurridos el pasado 20 de junio. Los homicidios acontecieron durante el desalojo violento del plantón realizado por ejidatarios, campesinos y habitantes de comunidades de Puebla y Veracruz - integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental -, en las afueras de la transnacional Granjas Carroll de México, ubicada en San Antonio Limón Totalco, municipio de Perote, estado de Veracruz.
Granjas Carroll, presente en la región desde 1993, es subsidiaria de la mayor productora global de cerdos, la empresa privada china WH Group, a través de su subsidiaria Smithfield Foods de origen estadounidense.
Las 51 granjas de la empresa están asentadas en los estados de Veracruz y Puebla, exactamente sobre la Cuenca Libres–Oriental, que abarca además el estado de Tabasco. En Totalco se encuentra una de las plantas. Los campesinos protestaban contra el acaparamiento del agua por la transnacional, además de la contaminación de los mantos freáticos por las granjas.
“No llegaron a desalojar, llegaron a matar. El plantón era pacífico. Los compañeros se defendieron con sus cuerpos, con sus pechos. No fue un enfrentamiento. Fue crimen de Estado. Fue una ejecución”, sostiene para Avispa Mídia el integrante del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental, Renato Romero Camacho.
Unos días después de la acción de despojo, la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz extinguió la Fuerza Civil responsable por la operación.
Para Romero Camacho, al diluir la corporación, el gobierno del Estado deslinda de responsabilidades a los policías, además de los comandantes y los altos mandos que dieron la orden abrir fuego. “Dicen que ya no existen, pero sí existen, solo que están con uniformes de otro color”, dijo señaló.
De acuerdo a declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, son cinco las personas detenidas. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a dos y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz a tres. “¿Usted cree que vamos a confiar en las instancias judiciales, en las procuradurías judiciales de los gobiernos de Veracruz y de Puebla? Son ellos que nos mandaron a matar”, señala Romero Camacho.
Una semana después de los asesinatos, los familiares de las víctimas se reunieron con integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Sin embargo, como reportaron diversos medios locales, los familiares abandonaron la reunión por falta de respuestas concretas y por la oferta de ayuda financiera. Los familiares consideraron ofensiva la propuesta.
Por otra parte, la Procuraduría del Medio Ambiente en Veracruz anunció que ha realizado inspecciones a Granjas Carroll e incluso se le ha otorgado una multa y, además, anunció que la granja en Totalco sería clausurada de forma parcial y temporal. El plazo para corregir las malas prácticas, según el órgano ambiental, vence en septiembre. Para el activista Romero Camacho, no pasa de una simulación. “La granja sigue funcionando”, sostiene.
La Cuenca Libres-Oriental alberga una riqueza hídrica extraordinaria, como describen por lo menos 20 organizaciones que declararon apoyo al Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental. Además de las granjas, dicha región rica en agua ha sufrido, durante las últimas décadas, el asentamiento de numerosos proyectos industriales y extractivistas que, junto a los agronegocios, “han provocado y exacerbado el acaparamiento, la contaminación y el despojo del agua, afectando a miles de campesinos, ciudadanos y comunidades de la cuenca”, sostienen en un comunicado.
De acuerdo con Cirio Ruiz González, miembro del Consejo Regional del Café de Coatepec, organización que apoya los campesinos en su lucha contra las granjas y por el agua, el problema empezó en la región a partir del proceso de privatización de la tierra. En 1992, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari cambió el Artículo 27 Constitucional, el cual pasó a permitir la privatización de los ejidos. “Nosotros fuimos contra”, dijo, “a partir de ahí se ha dado manga ancha a los empresarios en el país para que hagan y deshagan. Y Veracruz es un ejemplo de eso”.
Debido a su grave contaminación y devastación, la Cuenca Libres-Oriental fue declarada, en 2019, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como un infierno ambiental. En 2021, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) la declaró como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental. “Pese a lo anterior, persiste el actuar impune de ciertas industrias, la criminalización de los defensores del territorio y la criminal omisión de las dependencias oficiales”, sostienen las organizaciones.
Persecución
Las organizaciones también denunciaron que después del 20 de junio se ha intensificado, en diversos frentes, una campaña de persecución, desprestigio y criminalización contra los defensores del agua y el territorio de la Cuenca Libres-Oriental. “Tal como las recientes declaraciones del presidente municipal de Perote, quien ha tratado de dividir y confrontar a los habitantes y defensores de la cuenca, responsabilizando de los hechos a integrantes del movimiento”, sostienen.
En una entrevista para Avispa Mídia, el integrante del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental, Renato Romero Camacho, quien ha recibido amenazas contra su vida, detalla los procesos de esta lucha, que no es de hoy. Lleva alrededor de 20 años. A continuación, reproducimos fragmentos de una larga entrevista.
Avispa Mídia (AM): Descríbanos la región de la Cuenca Libres–Oriental donde están asentadas las granjas de cerdos.
Renato Romero Camacho (RRC): Nuestra región es netamente agrícola, y ésta es nuestra lucha. Nuestra región es de vocación agrícola. Sembramos cebada, haba, la calabaza, trigo, fundamentalmente el maíz, entre otros. Son tierras productivas.
AM: ¿Cuál es el problema de contaminación?
RRC: Granjas Carroll llegó en 1993, desde entonces se ha expandido. Actualmente ha instalado mas de 100 corrales, que se dividen en módulos de cuatro naves. Cada módulo tiene sus pozos, sus fosas que no son debidamente cuidadas. Esta contaminación pasa al suelo. Hay desbordamiento. Las fosas cuando se llenan, tienen que vaciarlas con vehículos que esparcen la porquería sobre terrenos que ha comprado o en tierras de los vecinos. El aire apesta a kilómetros de cada corral, de cada instalación.
AM: ¿La resistencia contra la contaminación es antigua?
RRC: Sí, Granjas Carroll se ha extendido, no sin enfrentarse con resistencia de los pueblos que, desde el principio, sintieron las consecuencias de la contaminación. Y hay una historia de resistencias. La mas relevante, porque hay muchas otras pequeñas, comenzó a fines de 2006. Los pueblos de la región de Perote, estado de Veracruz, Tepeyahualcoy Guadalupe Victoria, del estado de Puebla, y otros municipios vecinos, se levantaron protestando contra Granjas Carroll. En estos años 2006-2007, tomaron carreteras, exigían que ya no se expandiera. Solamente se pedía que no se pusiera más corrales porque la contaminación del aire y del suelo ya era grave.
Y esta resistencia fue aplastada con represión. Granjas Carroll contrademandó a los manifestantes. El gobierno de Veracruz metió a la cárcel alrededor de siete campesinos. Pero no fue todo, secuestraron a uno de los dirigentes principales de las protestas, a Don Guadalupe Serrano, y lo torturaron, destruyeron el negocio de su familia. A un hijo de Don Guadalupe lo levantaron y lo desaparecieron. Es un crimen que todavía no se aclara.
Otro momento importante, fue cuando surgió la influenza porcina, en 2009, un virus que escandalizó a nivel internacional. Aquí en la región enfermó a muchos vecinos, pero los gobiernos de Veracruz y Puebla echaron tierra al brote de este virus peligroso. Empezaron a difundir que el virus no era originario de los puercos, que surgió de manera natural. Silenciaron a las protestas. La empresa acusó de calumnia a los vecinos. Las granjas son una fuente de contaminación y de posibles virus peligrosos y mortales para los pueblos.
En 2015, quisieron introducir sus instalaciones de corrales en el ejido de Guadalupe Victoria, en el municipio de Cuyoaco, Puebla, aledaño al municipio de Coatepec. En el mismo año, en Coatepec habíamos hecho un movimiento y corremos a la empresa Coca-Cola que querría instalarse ahí. En estos entonces entre Coatepec y los ejidatarios de Guadalupe Victoria fuimos a impedir que se instalara Granjas Carroll en una parcela que había comprado ahí en Guadalupe Victoria. Y los corrimos. También hace unos tres o cuatro años a Granjas Carroll no se le permitió instalar en el municipio de Libres.
Pero Granjas Carroll se ha podido meter en otros municipios porque compran la tierra, intimidan a los ejidatarios, compran a las autoridades ejidales.
Y ahora, esta última, donde asesinaron a los jóvenes, para exigir una vez más que Granjas Carroll se largue de nuestras tierras. Se inició en Totalco, el 23 de mayo, haciendo un plantón en frente de la empresa, sin invadir su propiedad. Un plantón pacífico. Todas sus instalaciones no las queremos porque llevan décadas contaminando y, lo más grave, saqueando el agua de los campesinos.
AM: ¿El agua es el punto central de su lucha?
RRC: El Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental lleva años defendiendo el agua. El conflicto es por el agua. La disputa de los campesinos de toda la cuenca es contra las empresas, principalmente, extranjeras, no solo Granjas Carroll, que tienen acaparada toda el agua del subsuelo, junto con los terratenientes de la agroindustria que siembran hortalizas y las exportan, que cultivan fresas, berries en invernaderos y las exportan.
En 2006, por ejemplo, el rancho La Concepción lo vino a rentar Vicente Fox, ex presidente de México, sembró brócolis en este rancho. El granizo le destrozaba su planta. Trajo unos cañones que lanzaban unas bombas que alcanzaban unos 800 metros de altura. Y las nubes se desvanecían. Lo hacía frente a nuestros ojos. Los campesinos se levantaron, tomaron las carreteras, exigiendo que ya no usara esta tecnología. No había una ley que lo prohibía. Se hizo un acuerdo en el cuál se comprometió a no hacerlo más. Pero nunca lo respetó.
Para 2015, estos grandes ranchos ya tienen sus pozos para riego. Agua para miles y miles de hectáreas. Mientras, los campesinos tienen la lluvia para sembrar. Sin embargo, en 2020, empieza a acentuar la sequía. No ha llovido de enero a junio de 2024, por ejemplo. Los ranchos logran autorización de Conagua para abrir sus pozos para riego, mientras que para los campesinos se la niega. Los ranchos tienen cultivos verdes, frondosos, papas floreando, zanahorias por arrancar, trigos y cebada espigando, brócolis por levantar, agua día y noche. Los ejidos, las parcelas de los campesinos están secos. Los ranchos no necesitan de la lluvia, la inhiben, la desbaratan, la impiden con sus tecnologías que ahora no son solamente las bombas lanzadas por cañones, utilizan otras tecnologías como drones, avionetas. Ellos niegan que las utilizan, pero sí sabemos que las utilizan. Todo eso genera conflictos.
Los campesinos hicieron movilizaciones y lograron que se aprobara una ley impidiendo el uso de estas tecnologías, pero no la respetan.
Además, es un corredor industrial, desde Puebla hasta Perote. Incluso ya van por el tercer parque fotovoltaico, que sabemos traen más sequía, mata la fauna. Y se vienen a poner en tierras agrícolas, y los presidentes municipales les dan los permisos de cambio de uso de suelo. Cobran millones para los permisos. Estamos condenados, los campesinos, a desaparecer.
La resistencia va a continuar, el movimiento va a continuar porque las casusas son profundas, son estructurales. Tienen acaparada el agua y los campesinos necesitan vivir, el agua es vida.
AM: ¿Qué esperan de las investigaciones anunciadas por el estado de Veracruz sobre los asesinatos?
RRC: Estamos desamparados. Todas las instituciones son del Estado, y es el Estado quien nos ha reprimido. ¿Usted cree que vamos a confiar en las instancias judiciales, en las procuradurías judiciales de los gobiernos de Veracruz y de Puebla? Son ellos que nos mandaron a matar. Antes de que arremetieran a balazos, el 20 de junio, estaba ahí la fiscalía de Veracruz. La acción estuvo coordinada por los dos gobiernos, de Puebla y de Veracruz. Los dos son responsables por este crimen. Y sus comisiones de derechos humanos estatales locales son una burocracia inútil. Hay perseguidos que están escondidos, no podemos confiar en estas instancias, por el contrario, tenemos que protegernos del Estado. Y el gobierno federal, “¿qué ha hecho?”, guarda silencio, nos da la espalda. Vamos a hacer nuestras denuncias en organismos internacionales. Ya empezamos a hacer en la Organización de las Naciones Unidos. A ver si hace algo. Necesitamos justicia.
