En portada: Momento de la recuperación de tierras garífunas en la comunidad de Nueva Armenia, Honduras. Foto: El Salto Diario.
Al filo de la medianoche de este domingo (6), elementos de la Policía Nacional de Honduras (PNH), Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), así como civiles armados, ingresaron a una recuperación de territorio ancestral garífuna -realizada la mañana de ese mismo día en la comunidad de Nueva Armenia, costa caribe-, y dispararon contra los presentes, dejando dos recuperadores gravemente heridos.
Heridos con arma de fuego en la recuperación de tierras garífunas.
La Organización Fratenal Negra Hondureña (Ofraneh) -quien acompaña a la comunidad en las acciones que reivindican la propiedad ancestral de la comunidad garífuna sobre estas tierras, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida- denuncia a la empresa Palmas de Atlántida, propiedad de herederos del magnate de la palma aceitera, Reynaldo Canales, de ocupar ilegalmente territorios de Nueva Armenia para la siembra de este monocultivo.
Durante la mañana del domingo (6), mientras pobladores garífunas realizaban la recuperación de tierras, fuerzas de seguridad acudieron al sitio acompañados de vehículos tipo pick-up con civiles armados y encapuchados, quienes intimidaron a la población afroindígena.
“Señalamos la presencia de elementos de la policía, encapuchados, además el perfilamiento al que se ven sometidos defensores del territorio ancestral, como una estrategia de intimidación hacia una de las comunidades más afectadas por la palma en el Caribe”, denunciaron los recuperadores mediante videos difundidos a través de redes sociales.
Intimidación por policías y civiles armados contra pobladores de Nueva Armenia.
Por su parte, la Ofraneh sostiene que la comunidad de Nueva Armenia ha sido “desmembrada de forma ilegal para favorecer a narcos y empresarios vinculados con plantaciones de palma; existiendo más de 24 inscripciones ilegales de tierra que han sido denunciadas ante la Fiscalía en La Ceiba”.
Cabe destacar que la industria de los herederos de Reynaldo Canales también es señalada por el movimiento campesino del Bajo Aguán por haber despojado tierras, destinadas para el reparto agrario, donde impuso monocultivos de palma aceitera.
Recuperar para resistir
En una entrevista con Avispa Mídia, durante agosto del 2023, Mabel Robledo, presidenta del patronato de la comunidad de Nueva Armenia y quien denunció la intimidación este domingo (6), detalló que, pese a que existe un mapa ancestral -el cual data de agosto de 1888- que certifica la propiedad de 1,600 hectáreas de tierra a manos de los garífunas, actualmente, el 70% de estas tierras han sido invadidas por los monocultivos de palma aceitera.
Monocultivos de palma aceitera cercan a la comunidad garífuna de Nueva Armenia. Fotos: Santiago Navarro F, Renata Bessi y Aldo Santiago.
Fue en el año de 1994, cuando el el Instituto Nacional Agrario (INA) desconoció la titularidad de esta superficie para la comunidad de Nueva Armenia, reconociendo solo 333 hectáras de tierras y otorgándo títulos a terceros. Desde entonces, los garífunas han emprendido acciones de recuperación de tierras, dando como resultado la persecución y criminalización de quienes reivindican las propiedades ancestrales.
Robledo conversó con el equipo de este reportaje dentro de la recuperación conocida como “El Cayo”, realizada el 25 de abril del 2020, cuya superficie se extiende por 72 manzanas y cuyo plan es la de albergar a más de 280 familias garífunas. “(Las familias) utilizan las tierras para la siembra del plátano, de la yuca, de papaya, caña, maíz, todo lo que la tierra pueda producir para nuestra existencia”, detalló la recuperadora.
“Ellos (INA) nos titulan en tres lotes. Aquí donde estamos no incluye ese lote y no incluyen otros lotes. De esas 333 hectáreas de tierra, si tenemos 100 hectáreas, es mucho, porque todas las tienen terceras personas”, denunció Robledo.
Trabajos en la recuperación de tierras "El Cayo". Agosto, 2023. Fotos: Santiago Navarro F, Renata Bessi y Aldo Santiago.
Para la garífuna, existen mecanismos en las leyes hondureñas que buscan impedir las recuperaciones de tierras ancestrales. Un ejemplo es el artículo 378 del Código Penal, de Honduras - aplicado contra los recuperadores garífunas- el cual se refiere al delito de usurpación y cuya pena va de entre cuatro y seis años de prisión.
“Nosotros no somos usurpadores, nosotros recuperamos para poder sobrevivir y nosotros no sembramos palma. Estamos recuperando, luchamos para no desaparecer, para que nuestro legado, nuestra historia, no desaparezca”, reclamó Robledo.
Acorde a la Ofraneh, la empresa Palmas de Atlántida mantenía una negociación con la comunidad de Nueva Armenia para solucionar el conflicto agrario. Sin embargo, fue en septiembre del 2023, cuando se retiró del diálogo y ahora acciona con violencia contra las recuperaciones.
“En el ataque a miembros de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, no hubo enfrentamiento alguno, como aseguran medios de comunicación irresponsables. Solo la Policía Nacional y los paramiltares portaban armas de fuego”, sostiene la organización después de que Martha María Bu, subcomisionada de la Policía de Atlántida, indicara que no fue la corporación policiaca quien disparó contra los recuperadores.
Por último, la Ofraneh hace un llamado a la comunidad hondureña e internacional para permanecer alertas ante las amenazas contra la vida de los recuperadores que se mantienen en el campamento levantado este fin de semana.
En portada: El arroyo que cruza la comunidad de Ojital Viejo permanece contaminado por hidrocarburos desde la noche del 15 de septiembre. Foto: Regina López.
Ser ‘Tata’ no es cualquier encargo en la cultura Totonaca. Es una persona que abreva del conocimiento, transmitido por generaciones, con el objetivo de velar por la vida en todas sus expresiones. Por eso, cuando Romualdo García Luna, habitante de la comunidad de Ojital Viejo, en Papantla, Veracruz, observa un montículo de tierra contaminada junto a un cauce que desprende un fuerte hedor, reconoce el mensaje de desprecio de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para la comunidad indígena y la naturaleza frente al más reciente desastre ambiental en la región.
Tata Romualdo fija su mirada en el pequeño arroyo que atraviesa la comunidad indígena. Antes, cristalino y lleno de vida, ahora, el cauce que se une al río Cazones rumbo al Golfo de México, se observa negro, cubierto por un aceite espeso derivado de un derrame de hidrocarburos que, desde hace más de 43 días, continúa sin ser atendido apropiadamente por el responsable, PEMEX. “Es faltarnos el respeto, es decir: Ahí muéranse. Porque no nos está considerando como seres humanos”, reflexiona lacónico Tata Romualdo.
Habitantes de Ojital Viejo colocan bebederos para la fauna silvestre en sitios alejados al arroyo contaminado. Foto: Regina LópezEl arroyo que cruza la comunidad de Ojital Viejo permanece contaminado por hidrocarburos desde la noche del 15 de septiembre. Foto: Regina López.
Los días 28 y 29 de septiembre, un equipo de Avispa Mídia participó de una brigada de documentación en la zona donde, desde el 21 de agosto, pobladores de Ojital Viejo, ante el registro de explosiones y un fuerte olor a crudo, reportaron un derrame de hidrocarburos en el oleducto Coca C. proveniente del pozo 852, ubicado en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Papantla.
A pesar de la alerta de la población, personal de PEMEX se limitó a reparar el tramo del oledoducto llamado San Andrés sin atender la principal demanda: el retiro de enormes cantidades de crudo pozóleo (crudo ligero como lo tipifica la propia paraestatal), que se vertieron en un par de presas destinadas como bebederos para ganado.
A través de este ducto se transporta el crudo hasta la Central de Almacenamiento y Bombeo Poza Rica, un complejo que inició operaciones desde 1968 para deshidratar, almacenar y medir la producción de crudo extraído de la zonas denominadas: San Andrés, Poza Rica, Faja de Oro Pesado, Faja de Oro Ligero y Marino.
Una pipa, de un servicio privado, bombea la presa donde se acumuló y desbordó el hidrocarburo en septiembre. Foto: Regina López.
Para la noche del 15 de septiembre, las fuertes lluvias que azotaron la región derivaron en el desbordamiento de las presas, provocando la contaminación del único arroyo sano en la zona y cuyo afluente ahora contamina una extensión de 12 km, como consta en un acta circunstanciada elaborada por autoridades de las comunidades de Ojital Viejo, El Zapotal Santa Cruz y El Chote-Coatzintla ante la Procuraduria Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz.
Denuncia presentada ante las autoridades ambientales de Veracruz.
Doña Fabiola, habitante de Ojital Viejo cuenta con indignación que las peticiones de los pobladores hacia PEMEX han sido ignoradas. Acorde a su testimonio, las labores de limpieza avanzan lentamente pues fue sólo después de que, el pasado 16 y 17 de septiembre la población bloqueara la carretera federal que atraviesa a un costado de su comunidad, cuando personal de la paraestatal se apersonó para prometer la remediación del desastre ambiental.
“Pero solo son promesas”, asegura Doña Fabiola pues refiere que han sido enviadas cuadrillas de no más de ocho trabajadores, quienes no cuentan con herramientas adecuadas para la remoción del hidrocarburo. Peor aún, señala, la cantidad de crudo derramado continúa siendo una amenaza pues las lluvias en la región no paran. “Todo eso va a seguir bajando”, reclama furiosa la pobladora ante la indiferencia de PEMEX.
Riesgos, inmediatos y a futuro
Pobladores de Ojital Viejo refieren que, a la omisión criminal de PEMEX se suma la simulación en torno a los trabajos de limpieza. Un ejemplo de ello es que se realiza la remoción de lodos contaminados del cauce del arroyo solo para ser acumulados, al descubierto, a pocos metros de distancia, en un área donde, por la acción de la constante lluvia, los lixiviados aumentan el radio de la contaminación en áreas que hasta entonces no habían sido afectadas.
Vista aérea del arroyo y las tierras contaminadas, acumuladas en su margen, en la comunidad de Ojital Viejo. Foto: Aldo Santiago.
A solo un par de metros del desastre se ubican la agencia municipal, así como la escuela preescolar y secundaria, las cuales han detenido sus actividades para resguardar la salud de las infancias y adolescentes. No obstante, a un costado del arroyo se erigen viviendas que albergan a media centena de personas de la comunidad, quienes desde el primer momento han presentado mareos, náuseas, dolores de cabeza e irritación de ojos y piel. Informes de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer han determinado que el benceno, uno de los componentes de los hidrocarburos, es carcinogénico en seres humanos.
En la misma área se localizan tres pozos artesanos que, al igual que el arroyo, abastecían a gran parte de la comunidad para sus labores cotidianas y de cuyo uso han sido alertados para evitar envenenamientos.
Pozo artesanal contaminado.Fauna marina afectada por el derrame.Fauna marina afectada por el derrame.Uno de los tres pozos artesanales contaminados. Foto: Regina López
Las afectaciones también se observan en los árboles frutales, como limones, jobo o platanales cubiertos por aceite -de los cuales se ha advertido para evitar su consumo en por lo menos cinco años- y principalmente en el arroyo, en el cual, brigadistas voluntarios de Poza Rica y Papantla quienes realizan labores de rescate animal, aseguran que el 90% de las especies marinas -entre peces, camarones, anfibios y tortugas- han sido exterminadas. Además, la contaminación representa una seria amenaza para animales silvestres -como coyotes, tlacuaches, garzas- y domésticos, como gallinas, perros y gatos que beben del afluente contaminado.
No obstante, la mirada no basta para develar la magnitud del desastre ni para prever las afectaciones con el transcurso del tiempo. La mañana del domingo (29), el ingeniero químico-petrolero, Rodrigo Dorantes, quien visitó la comunidad para brindar asesoría frente a la nula información proporcionada por parte de PEMEX, alertó a la población -la cual no cuenta con clínica de salud- para evitar el contacto con el arroyo contaminado, pues desesperados ante la lentitud de la paraestatal se disponían a sumarse a las labores de limpieza, sin contar con protocolos ni herramientas adecuadas para su protección.
Acorde al ingeniero, la exposición a los hidrocarburos, además de los malestares inmediatos, pueden derivar en el desarrollo de enfermedades como el cáncer e incluso en malformaciónes de recién nacidos que pueden presentarse, incluso, hasta una década después del derrame. Por esta situación, recomendó la importancia de realizar análisis y monitoreo de la calidad del agua, a mediano y largo plazo, para contrastar los datos con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 138 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en los suelos.
“Va a depender (el riesgo de la presencia de hidrocarburos), si es terreno agrícola o si es terreno ganadero. En términos comunes, sería que, en un kilo de suelo, debería haber 30 gramos de hidrocarburos como máximo”. Debido a su experiencia, con trabajo en zonas con desastres similares en Tabasco, al cuestionamiento de lo que podía observar, el ingeniero calcula que el derrame en Ojital Viejo podría rebasar los 100 gramos por kilo y sólo se podrá confirmar tras el análisis mediante laboratorios certificados, cuya realización se dificulta a los pobladores debido a su alto costo.
Racismo
Testimonios de pobladores en Ojital Viejo aseveran que frente al desastre, la respuesta de funcionarios de Pemex ha sido de discriminación y racismo al minimizar la gravedad del derrame. Señalan que, durante la reunión para solicitar el retiro del bloqueo carretero en septiembre, Rigoberto Nuñez Solís, funcionario de PEMEX Exploración y Producción, respondió a los reclamos con el argumento que deberían acostumbrarse a los derrames y sus efectos, lo cual ha provocado la indignación de los habitantes.
En la misma línea, supervisores de PEMEX Exploración y Producción que visitaron la comunidad durante el domingo (29) minimizaron los impactos al medioambiente al señalar que “la afectación se ve mucho visulamente, pero el producto derramado no era demasiado”. Sin embargo, en entrevista, los ingenieros Jose Luis Bartolucci y Raúl Flores reconocieron desconocer la cantidad exacta de hidrocarburos vertidos al afluente.
En cuanto a las afectaciones al ambiente, Bartolucci sostuvo que el arroyo no tenía presencia de fauna marina debido a que es utilizado para realizar descargas residuales por parte de la población e indicó que PEMEX realizó labores de remediación inmediatamente tras el reporte del incidente. Éstas declaraciones fueron negadas rotundamente por los pobladores.
De acuerdo a los testimonios de Ojital Viejo la actitud de los funcionarios no es una excepción, sino la regla en las operaciones de PEMEX. Por lo menos, en los últimos cuatro años, los pobladores han registrado tres incidentes en la infraestructura de la paraestatal que pone en enorme riesgo a la población.
Incluso, desde el año 2020, derivado de los constantes reportes por fugas de gas y derrames, el Congreso de la Unión solicitó a PEMEX la entrega de un informe pormenorizado para comunicar las acciones que ha ejecutado para solventar estos accidentes. “En el municipio de Papantla es uno de los más afectados en cuanto a fugas, debido a las líneas que atraviesan por las diversas comunidades ya que están muy obsoletas y deterioradas”, argumenta el punto de acuerdo en el que figuran otros incidentes en el gasoducto Poza Rica-San Andrés.
En un recorrido, a solo 500 metros al norte de la agencia municipal, vecinos relataron sobre otro accidente en el gasoducto San Andres, a la altura del KM 29, acontecido en septiembre del 2023. En esa ocasión familias que viven a escasos metros, al percibir un fuerte olor a gas reportaron la situación a la paraestatal, la cual según testimonios reparó solo un fragmento de 20 metros del ducto pese a la exigencia de dar mantenimiento a la infraestructura que acumula más de medio siglo de uso.
“Los trabajadores de PEMEX nos dijeron que no debíamos prender lumbre, ni cerillos, nada quería que prendieramos”, relatan los testimonios sobre las afectaciones, que además de dañar su salud también les impidió realizar labores cotidianas como cocinar sin el riesgo de una explosión debido a la negligencia de la empresa. Pese a los dichos de los pobladores, los supervisores de PEMEX que acudieron el domingo (29) afirmaron que el derrame actual es el primer incidente registrado en la zona.
Foto: Regina López.
Ambos funcionarios también negaron que el derrame alcance una distancia de 12 km de afectación. Sin embargo, durante una visita a un rancho en el municipio de Coatzintla, a más de 2 km de distancia de Ojital Viejo, campesinos cuyos cultivos de maíz y árboles frutales fueron derribados por el derrame, aseguraron que la contaminación continúa en un tramo mayor a 8 km hacia el sur.
Habitantes de Ojital Viejo identificaron por si mismos el lugar de la fuga que reportaron a PEMEX. Foto: Regina López.
“PEMEX ni se ha parado, ni el presidente del municipio (Coatzintla) tampoco, no han traído, siquiera una garrafa de agua o algo, nada”, reclama un anciano campesino, mientras comparte que está preocupado pues desconoce si en el futuro estas tierras volverán a producir sus cultivos de maíz, su única fuente de ingresos.
Un campesino muestra las afectaciones a sus cultivos en un rancho en el municipio vecino de Coatzintla. Foto: Regina López.
Ante el cuestionamiento de si los trabajos de remediación se realizan en colaboración con otras dependencias como la Comisión Nacional del Agua o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los supervisores de PEMEX respondieron que no hay ninguna institución involucrada y finalizaron asegurando que, en las labores de limpieza a su cargo “se están redoblando esfuerzos, a ver si concluimos antes de fin de año”.
Brigadas, la única respuesta
Desde el 22 de septiembre y respondiendo a los llamados de auxilio difundidos por los pobladores de Ojital Viejo, voluntarios de las ciudades de Poza Rica y Papantla han acudido al sitio del desastre para sumar esfuerzos en las labores de rescate de la fauna silvestre.
Las brigadas acuden al lugar para brindar su solidaridad ante la omisión de PEMEX. No obstante, ante la magnitud del desastre, los recursos son insuficientes y no cuentan con el equipo adecuado, por lo que mantienen activa una campaña para recolectar insumos destinados a sus labores.
La mañana del domingo (29), Diego, un niño de seis años corre entusiasmado ante la llegada de los brigadistas. Entre sus pequeñas manos carga lo que pareciera una piedra obscura, reluciente, que al mostrarla a los brigadistas reconocen a una cría de tortuga cubierta completamente en hidrocarburo. A un mes del incidente, es apenas el tercer ejemplar de fauna marina que recibe atención por los brigadistas, los únicos que han arribado al lugar pese a la necesidad de contar con biólogos y especialistas para las labores de rescate.
Jennifer Andrade, activista animalista reclama que PEMEX sí posee protocolos para atender las crisis ambientales, “el problema es que no lo comparte con la comunidad ni con la ciudadanía. Es lo que exige la comunidad, que vengan y compartan esa información” sostiene sobre los peligros a los cuales los habitantes y personas solidarias enfrentan ante el desconocimiento para accionar en estos escenarios.
Fotos: Regina López
Las brigadistas comparten que fue por inciativa propia, y con asesoría de otros activistas y especialistas de Campeche, donde también han atendido derrames por hidrocarburos, como se han capacitado mediante la transmisión de estos conocimientos y de consejos para utilizar elementos comúnes, como mayonesa y otros aceites para realizar la limpieza de la fauna.
Para Adriana San Martín, antropóloga social, esta situación se explica por una desigualdad que expone a las poblaciones rurales a violencia y racismo ambiental, situación que se repite contra grupos minoritarios, en lugares donde justamente existe toda la riqueza que se explota. Por su parte, Daniel Arvizú lo ejemplifica al señalar que ha observado las labores del personal de PEMEX, quienes no han realizado si quiera evaluaciones básicas para prevenir a la población local frente a la posible afectación por inhalación de gases tóxicos.
“He notado que no traen su detector multigases, que es un instrumento importante para poder detectar el H2S (sulfuro de hidrógeno), que es muy peligroso. No sé si no lo hacen porque tal vez haya presencia y no quieren alertar a la gente, pero estamos poniendo en riesgo a toda la gente de la comunidad”, comparte Arvizú, para quien esta situación demuestra que PEMEX “prefiere el dinero a costa de la aplicación de los protocolos para resguardar a la población”.
¿Progreso?
Un comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking y una decena de organizaciones ambientalistas se posicionaron este jueves (3) para exigir a PEMEX la restauración de los ecosistemas y cultivos afectados, así como la atención a las personas afectadas.
En el documento, destacan que el reciente desastre ambiental no es un hecho aislado “sino que es parte de toda una dinámica de constantes impactos derivados de la actividad petrolera en la zona”. A su vez, destacan que la comunidad Totonaca de Ojital Viejo se encuentra a solo seis km del sitio arqueológico de El Tajín, declarado en tres ocasiones como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero que,“para Pemex y las autoridades de México este territorio es zona de sacrificio”.
Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza sostiene que lo sucedido en Ojital Viejo demuestra los riesgos de la industria del gas y petróleo. Además, alerta que estos incidentes podrían ser mucho más graves al desarrollarse la extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica, método contemplado dentro del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG) para la región del norte de Veracruz.
En México, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), desde 1996 se implementa el fracking. Un análisis de la organización CartoCrítica señala que, hasta 2018, uno de cada cuatro pozos petroleros en el país ha sido fracturado hidráulicamente en algún momento de su vida productiva.
Tata mayor Romualdo durante entrevista para denunciar la contaminación en su comunidad provoca por PEMEX. Foto: Regina López.
Mientras acompañamos en el sitio del desastre, la voz de Tata Romualdo transmite indignación ante una muestra más de la negligencia y violencia que PEMEX ejerce contra los territorios y las comunidades.
“Sabemos que PEMEX es un monstruo. A lo mejor hace 50 años lo veíamos diferente. Lo veíamos como un progreso. Ahora yo lo veo como una destrucción, porque lo estoy viviendo en la práctica, en la vida” sentencia con dureza Tata Romualdo.
Denuncia presentada por el agente municipal de Ojital Viejo ante la ASEA.
Por su parte, autoridades de Ojital Viejo señalan que ya realizaron una denuncia contra PEMEX Exploración y Producción ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano de la Semarnat responsable por la protección al medio ambiente en las actividades del sector hidrocarburos.
Fue el 25 de septiembre cuando Peggy González Gómez, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia recibió una denuncia de manos del agente municipal de Ojital Viejo. Sin embargo, la autoridad local se muestra preocupada, pues a la fecha no han recibido ninguna notificación sobre el avance de la denuncia. Peor aún, nos muestra el formato el cual no contiene firma ni sello de recibido. “La funcionaria alegó que se olvidó el sello”, comparte Francisco Villanueva, agente municipal.
Debido a las continúas lluvias, el arroyo continúa creciendo y esparciendo la contaminación por los hidrocarburos que aún no han sido recogidos.
Al cierre de esta edición, pobladores reportan que, debido a la continuación de las lluvias se mantienen en alerta máxima ante un nuevo evento de contaminación, debido a que las presas con hidrocarburos aún no han sido vaciadas, además se mantiene la presencia de los lodos tóxicos en las orillas del afluente, con lo cual el riesgo de que el material se esparza en la región es latente.
Las mujeres mazatecas por la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, pueblo originario localizado en el estado de Oaxaca, denuncian una nueva oleada de violencia y persecución jurídica en contra de campesinos e indígenas mazatecos.
La persecución a 40 personas, entre ellas 6 mujeres, de acuerdo con este grupo de mujeres mazatecas, se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas, la parte acusadora en los casos, quien fue secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca, diputada federal y ahora fue nombrada diputada plurinominal del partido Morena.
El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Ya para el 2016 se habían liberado 40 órdenes de aprehensión contra los indígenas.
Los campesinos criminalizados han logrado decisiones favorables en tribunales federales, pero los tribunales del estado de Oaxaca, especialmente el Juzgado de Huautla, donde están todas las carpetas del caso de Eloxochitlán, continúan entorpeciendo y dilatando los procesos penales en contra de los mazatecos, lo que vuelve un círculo vicioso que impide la libertad de los indígenas mazatecos. Algunos de ellos enfrentaron casi diez años de cárcel, sin sentencia.
Esto ha sido denunciado a partir de múltiples actos documentados por la defensa penal y las mujeres mazatecas.
Sepa aquí cómo funciona este juego jurídico o este círculo vicioso jurídico que no permite la libertad a los indígenas mazatecos. El abogado, Daniel Sosa Rafael, quien lleva la defensa legal de gran parte de los presos y perseguidos, explica en detalles.
Sin contradecir la lógica de este círculo vicioso, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó la liberación de los campesinos Omar Hugo Morales e Isaías Gallardo, quienes habían sido liberados desde diciembre de 2022, según el caso 55/2014. De acuerdo con la defensa de los indígenas, la revocación es insostenible, ya que tiene como antecedente, cinco amparos federales ganados por los indígenas en la misma causa penal.
El mismo tribunal también revocó la libertad de Francisco Durán Ortiz, por el delito de incendio que ganó en octubre de 2022, a pesar de que ese caso cuenta también con sentencias federales que declararon inexistente el delito.
Miguel Peralta, expreso político, también enfrenta la revocación de sentencia de su libertad ganada.
Otros 12 hombres mazatecos se enfrentan al mismo escenario, como demostró el Observatorio Memoria y Libertad en una investigación.
Foto por Observatorio Memoria y Libertad
Fabricación de delito
La mazateca y defensora de Derechos Humanos, la abogada Argelia Betanzos, durante una rueda de prensa en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, mencionó pruebas ya presentadas en juicio que sostienen, por parte de la defensa de los mazatecos, lo que considera como una “fabricación de delitos” en contra de las 40 personas.
Las acusaciones, según la abogada, se centran principalmente en “homicidio calificado [de Manuel Zepeda Lagunas, hermano de Elisa] y tentativa de homicidio [contra Elisa]. (…) Las dos están perfectamente probadas en juicio como delitos fabricados”, dice la abogada.
En relación a la acusación de delito de homicidio, por ejemplo, “el argumento judicial se basa en el testimonio de un testigo, un solo testigo para acusar de homicidio a los compañeros”, sostiene.
El testigo es el padre de Elisa Zepeda, Manuel Zepeda Cortés, que hace parte del grupo caciquil, denunciado por las mujeres mazatecas. “Además, hicieron con que otras dos personas firmaran el mismo testimonio. Textualmente los dos testimonios dicen lo mismo que Manuel Zepeda”, dice la defensora de Derechos Humanos.
Ya hace cinco años la periodista Laura Castellanos, para Aristegui Noticias, entrevistó a Elisa Zepeda. Le hizo preguntas sobre su supuesta narrativa que acusa a los mazatecos y llegó el momento en que la periodista preguntó sobre el padre de de Elisa. “¿Qué se esperaría que Elisa respondiera? Lógicamente, que su papa vio todo y narró su testimonio”. Pero no fue así, “dijo la verdad”, señala Argelia. Dijo, “mi papa no estaba” en el local de los hechos, que, en el juicio, dijo que fue testigo.
“Cómo es posible que los jueces por diez años han sostenido una acusación contra indígenas inocentes basada en un testigo que no existió, con tal de desarticular nuestra organización comunitaria”, añade la abogada Betanzos.
El argumento jurídico basado en el testigo de Manuel Zepeda Cortés es utilizado contra 34 indígenas, incluidas seis mujeres, por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas, sostiene la abogada para Avispa Mídia.
“19 personas han pisado cárcel por ese delito; 8 personas alcanzaron negativa de orden de aprehensión al hacer válidos amparos; alrededor de 7 personas aún tienen órdenes de aprehensión por ese delito, porque, aunque han ganado amparos federales contra las órdenes de captura, el juez local no acata el amparo y vuelve a reiterar las órdenes”, explica la abodada mazateca.
El campesino y mazateco Herminio Monfil, de 68 años, en 2014 era suplente de síndico. Estuvo mas de nueve años encerrado sin una sentencia condenatoria. “Soy campesino, me gusta trabajar en el campo, me dedico a lo que es el café, el maíz. En aquel tiempo teníamos cosecha de café, todo mi café se echo a perder, porque mi esposa mis hijos se quedaron solos. Toda una tristeza en mi corazón. La verdad no sé por que me llevaron preso cuando ni siquiera ser hablar español”, explica el campesino.
Todavía Herminio tiene que salir de su pueblo cada 15 días para presentar su firma en el sistema judicial, ya que el proceso en contra de él continúa abierto. “No es fácil viajar, pues es dinero, soy del campo, y no tengo dónde conseguir dinero. Podría viajar a buscar dinero en otras partes, pero no puedo por el proceso”, lamenta.
Otra de las inconsistencias apuntadas por la abogada es que la acusación sostiene que “le mataron al hermano de Elisa y este se quedó en la plaza pública de Eloxochitlán, cuando se ha mostrado la evidencia de cómo ese joven fue llevado con vida al Ministerio Público de Huautla de Jiménez. La fiscalía es la única que debe responder qué fue que hizo con la persona que se le entregó viva”, detalla Betanzos.
“Estas son pequeñas muestras de la fabricación de delitos”, resume Argelia. Otros seis mazatecos fueron acusados de delitos diversos.
La Mesa
El 19 de septiembre las mujeres mazatecas tuvieron una mesa de trabajo con órganos del gobierno de Oaxaca – Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca, Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Las mujeres exigieron que la mesa, que se reunió por primera vez en noviembre de 2022, tras una huelga de hambre de los entonces presos políticos, se convierta en una mesa resolutiva de carácter urgente, que tenga además la participación del Congreso local, con el objetivo de generar “todas las justicias para la comunidad criminalizada”, sostuvieron las mujeres en un escrito entregado a la mesa.
“La mesa ha funcionado el 100% de las veces a petición de nuestra lucha; casi siempre llevamos aspectos de urgencia, de obstaculización de parte del propio poder judicial o de la fiscalía. Sin embargo, esta mesa hasta la fecha jamás ha mostrado voluntad política para reconocer un caso de injusticia, mucho menos un caso de criminalización selectiva o de intento de etnocidio”, sostiene la abogada.
Por primera vez, la mesa “nos dio una fecha de seguimiento”, que será en este mes de octubre, y se comprometió a citar el poder judicial.
Frente
Alfredo Bolaños estuvo casi diez años encarcelado sin una sentencia. En 2014 era autoridad comunitaria. El proceso en su contra todavía sigue abierto. “Estamos con la frente en alto, no tenemos porque estar agachados, porque nosotros no somos asesinos, somos inocentes. Hay pruebas legales que no cometimos uno solo delito. Que cierre el proceso, ya hemos probado que somos inocentes”, sostiene Bolaños.
“Somos campesinos, somos indígenas, vivimos en nuestro pueblo, lo único que hacemos es defender nuestras tierras, nuestras familias, queremos ser libres, queremos vivir libres, que nos dejen trabajar, que nos quiten estas cadenas, en el proceso está comprobado que somos inocentes”, señala.
Además de la persecución contra los mazatecos, Bolaños comentó la situación de los presos políticos que están en las distintas cárceles de Oaxaca. “Tanto mujeres como hombres, de todas las tribus, de todas las razas; las cárceles están repletas de personas que nunca cometieron uno solo crimen, solo por ser indígenas, solo por ser pobres, porque no tienen cómo defenderse”.
El campesino Bolaños arremete diciendo,“nosotros no le tenemos miedo, nosotros podemos enfrentar a ellos, organizándonos, haciendo uno solo frente, todos los que hemos padecido y los que no han padecido, porque siguen cayendo presos políticos en las cárceles”.Con ánimos de seguir resitiendo bolaños llama a organizarse, “quiero decirles a todos los compañeros y compañeras, a los colectivos, movimientos sociales que hagamos uno solo frente contra este gran sistema que tanto daño nos ha hecho sobretodo a los pueblos indígenas, sobretodo a los más desprotegidos”.
La noche del pasado martes (1), durante el primer día del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pese a las promesas de no repetición, elementos del ejército mexicano se vieron involucrados nuevamente en actos de violencia contra población civil, esta vez en el municipio de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.
Acorde a un comunicado del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur -integrado por una veintena de organizaciones de derechos humanos-, una camioneta de redilas que transportaba a 33 personas migrantes fue alcanzada por disparos realizados por elementos militares, lo que provocó que el vehículo se accidentara y dejara un saldo de seis personas migrantes fallecidas.
Según las organizaciones, por las imágenes difundidas se sugiere que las personas fallecieron por impactos de bala. También reportan 10 más lesionadas, entre ellas niños y niñas. Entre los fallecidos se encuentran cuatro hombres adultos, una niña y una joven, mientras los lesionados fueron trasladadas para recibir atención hospitalaria. Las personas en movilidad proceden de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Honduras, Cuba y Perú.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió un comunicado mediante el cual ofrece su versión de los hechos. En el documento refieren que, elementos del ejército detectaron un vehículo que iba a alta velocidad, el cual eludió a las fuerzas de seguridad. “A retaguardia de la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”.
De acuerdo con los militares, tras el tiroteo, inspeccionaron el vehículo hayando a 33 migrantes a bordo: 12 estaban heridos, 17 ilesos, cuatro fallecieron y dos lesionados murieron más tarde en el hospital donde eran atendidos. Además, les informaron que el chofer supuestamente había escapado, al igual que los otros dos vehículos implicados.
El gobierno de Péru, a través de su Cancillería, condenó enérgicamente el ataque de los militares ya que entre los muertos, se encuentra una persona de nacionalidad peruana. En un comunicado, calificaron el hecho como “execrable” y anunciaron que exigirán investigaciones a través de su representación diplomática en México para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.
Para el Colectivo Frontera Sur, si bien la Sedena reconoce la gravedad de los hechos y la probable responsabilidad de los elementos del ejército, aseguran que, para el esclarecimiento de los hechos, este tipo de investigaciones debe centrarse en el testimonio directo de las víctimas, “en condiciones dignas, de total imparcialidad y garantías de seguridad”.
Durante la conferencia matutina de este jueves (3), ante la pregunta sobre si elementos del ejército ratificaron su versión y encontraron armas en el vehículo, la presidenta Sheinbaum eludió el tema y se limitó a decir que los militares que dispararon ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, 17 personas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración por parte de la Sedena.
Políticas migratorias deshumanizantes
El posicionamiento de las organizaciones destaca que estos hechos no son accidentales ni aislados, sino “son consecuencia de las políticas migratorias restrictivas que el Estado mexicano sigue implementando”.
En especial, refiere el Colectivo, son consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios “bajo una lógica de persecución y no de protección hacia las personas en movilidad, violentando y deshumanizando a las personas, poniendo en riesgo su integridad física, emocional y su vida”.
En su análisis, la estrategia de contención, centrada en la seguridad nacional, “exacerba el carácter securitista y de persecución, por encima de un enfoque de seguridad humana” y destaca que, en el marco del reciente traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, existen “riesgos ampliados que implican para la vida y los derechos humanos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como son las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional”.
El posicionamiento del Colectivo Frontera Sur reitera que las políticas migratorias mexicanas generan un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas, causando graves violaciones de derechos humanos. Esto, explican, se debe que las personas en movilidad son orilladas a tomar vías riesgosas, clandestinas y cada vez más costosas, cayendo en redes de trata y tráfico pues destacan que, debido al avance de los grupos criminales en Chiapas se pone en mayor riesgo a las personas migrantes donde son expuestas al abuso, extorsión y muerte.
“El Estado mexicano ha sido omiso ante la situación de violencia en la región; así como en sus obligaciones de investigación y sanción de violaciones a derechos humanos y delitos que diversos agentes públicos han cometido, tanto por omisión como en colusión con dichos grupos criminales”, sostienen la veintena de organizaciones sociales.
Para ello, ejemplifican con algunos casos, tales como lo ocurrido el 1 de octubre de 2023, cuando se registró un accidente en el municipio de Pijijiapan, en la costa de Chiapas, donde murieron 10 personas migrantes que eran transportadas en un camión. También, en 2021 se denunció otro accidente similar en Tuxtla Gutiérrez, donde murieron 55 personas que viajaban en un camión de carga.
En otra ocasión, el 31 de octubre de 2021, elementos de la GN dispararon contra un vehículo particular donde iban 13 personas migrantes dando como resultado el fallecimiento de una persona de nacionalidad cubana y dejando otras dos lesionadas.
“Estos hechos evidencian la omisión del Estado para garantizar los derechos humanos y la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Además, constata que la política migratoria en México ha sido llevada desde enfoques y estrategias equivocadas, generando mayores factores de violencia y de desprotección, cuyas lamentables consecuencias viven personas y familias migrantes”.
Los jueces hicieron coincidir las audiencias de las causas contra la Lof Quemquemtrew y la Lof Winkul Mapu, a las que acusan por “usurpación” en Cuesta del Ternero y Villa Mascardi. Los juicios llegan tras años de persecución y los asesinatos de Rafael Nahuel y Elías Garay. Desde el inicio de este año, otras tres comunidades fueron condenadas o judicializadas bajo la misma acusación para desconocer el derecho sobre sus territorios.
Por Mariángeles Guerrero y Roxana Sposaro
Cobertura colaborativa conjunta de Tierra Viva e Infoterritorial
Una serie de procesos judiciales avanzan contra el Pueblo Mapuche en Río Negro, en Argentina. Esta semana se inició con las audiencias del juicio oral por supuesta usurpación de tierras contra la Lof Quemquemtrew, que cerró su etapa de alegatos este jueves y espera sentencia para el miércoles 2 de octubre. Este jueves también comenzaron las audiencias contra integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, llevados al banquillo con otra acusación de usurpación, cuya sentencia se conocerá el próximo lunes. Ambas causas fueron iniciadas tras la recuperación de tierras por parte de las comunidades y en ambos casos lamentaron homicidios: Elías Garay, en 2021 (a manos del empleado de un empresario forestal en Cuesta del Ternero), y Rafael Nahuel, en 2017, a manos de la Prefectura Naval en Villa Mascardi.
En paralelo, el Poder Judicial rionegrino sigue avanzando contra otras comunidades en el marco de otras disputas territoriales con empresarios. Se trata de los casos de las comunidades Coronado Inalef, Millapi y Che Buenuleo, ubicadas en parajes cercanos a El Bolsón y Bariloche. Los tres casos con denuncias también por usurpación, a pesar de que las comunidades cuentan con títulos y el derecho ancestral sobre los territorios.
Criminalización de la Lof Quemquemtrew
El Juzgado de Bariloche fue el escenario, entre el martes y el jueves, del juicio por "usurpación" de diez hectáreas en el paraje Cuesta del Ternero (a 20 kilómetros de El Bolsón). Se acusa a seis personas vinculadas al Lof Quemquemtrew. Aunque solo tres de las personas imputadas estaban en la comunidad durante el operativo policial, en septiembre de 2021.
La causa fue impulsada por el empresario forestal Rolando Rocco. Los fiscales, Francisco Arrien y Betiana Cendón, y la estrategia de Rocco apuntan a la condena y al desalojo de la comunidad. El abogado del empresario forestal, Ernesto Saavedra, agregó en las audiencias que intentarán demostrar que la ocupación se hizo con "actos de violencia", como la rotura de tranqueras. La jueza a cargo es Romina Martini y anunció la lectura de la sentencia el próximo miércoles 2 de octubre.
En la primera audiencia del juicio, Rocco declaró por Zoom, con el argumento de su avanzada edad y de un reciente trasplante de hígado. También declaró de forma virtual su empleado, Martin Feilberg, condenado junto a Diego Ravasio, en diciembre 2022, por el homicidio del joven mapuche Elías Garay. Esa decisión fue revisada en junio de 2023, cuando el Tribunal de Impugnaciones provincial dejó firme la condena por homicidio contra Ravasio y anuló la de Feilberg, ordenando un nuevo juicio por su participación en el crimen. Su testimonio en el caso por "usurpación" busca respaldar la estrategia de su jefe de demostrar la posesión y la tenencia sobre las tierras.
Las diez hectáreas en disputa se encuentran en una zona de 2500 hectáreas otorgadas por el gobierno de Río Negro a Rocco en la década del 80 para explotación forestal. La comunidad mapuche sostiene que el empresario no es el titular de esas tierras y que nunca las habitó. En Río Negro, para poseer tierras fiscales, se debe vivir en ellas.
Foto: Roxana Sposaro
El empresario argumenta que las diez hectáreas reclamadas por la Lof Quemquemtrew son parte de las tierras que él utiliza para el monocultivo de pinos. La comunidad mapuche señala que sólo hay bosque nativo. Y recuerdan que el pino implantado no es una especie nativa, que es altamente combustible y que es el principal acelerante de los incendios forestales.
En el inicio de la segunda jornada de audiencias, desde la lof lamentaron: "Escuchamos mucha frivolidad de la parte querellante por cómo se refirieron al asesinato de nuestro lamién (hermano) Elías. Ojalá todas las imprecisiones que tuvieron puedan ser tenidas en cuenta por la jueza. Ellos quieren demostrar que hubo una usurpación, cuando, en verdad, llegamos a un territorio totalmente abandonado".
Romina Jones, una de las imputadas e integrante de Lof Quemquemtrew, expresó: “Rolando Rocco nunca tuvo en regla nada. No es el dueño del territorio, estaba abandonado, no tenía un alambre en pie. Rocco incumple, está en falta. No hay usurpación porque no hay plantación de pinos, no hay una vivienda y era un lugar en abandono. Pero la Justicia, la mayoría de las veces, se maneja por las presiones del poder político y de los empresarios”.
Reivindicación territorial, crimen e intentos de desalojos
La reivindicación territorial en la zona de Cuesta del Ternero comenzó el 18 de septiembre de 2021. Cuando la comunidad inició la recuperación, la Policía de Río Negro instaló en la base del cerro un retén del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate. A través de él, impidió el acceso de personas, alimentos y abrigo para los comuneros. Esto generó un acampe humanitario sostenido por el Pueblo Mapuche, vecinos y organizaciones sociales. El mismo duró hasta mediados de noviembre de ese año.
Pero el 21 de noviembre, pocos días después de levantado el acampe, los dos empleados de Rocco ingresaron al territorio con el permiso de la policía y asesinaron a Elías Garay. Además, hirieron gravemente a Gonzalo Cabrera.
A fines de diciembre de ese año, el juez de Garantías Gregor Joos ratificó el fallo que ordenaba el desalojo de la Lof Quemquemtrew. Pese a esto,la comunidad logró un acuerdo privado con el empresario y la convivencia pacífica con sus empleados. No obstante, Rocco, en el marco de una situación regresiva en lo que refiere a los derechos de las comunidades indígenas, reimpulsó el juicio por usurpación, dejando caer el acuerdo entre partes y reactivó la orden de desalojo.
Foto: Roxana Sposaro
Desde la comunidad, se solicitó en reiteradas ocasiones la intervención del gobierno de Río Negro (durante la gobernación de Arabela Carreras y la actual de Alberto Wereltineck) y la creación de una mesa de diálogo para dar una solución política al conflicto. No obtuvieron respuestas.
La abogada de la comunidad, Andrea Reile, anticipó al inicio de las audiencias la presentación de documentación pública demostrando que no hubo afectación de la actividad económica de Rocco por parte de la comunidad. Y recordó: “Cuesta de Ternero siempre fue ocupado por comunidades indígenas, por el Pueblo Mapuche. Se utilizó de diversas maneras, ya sea para las trashumancias, para el pastoreo, para las reuniones, para las celebraciones, para las actividades. Siempre fue un lugar de actividad cultural, espiritual y religiosa mapuche".
Sobre esta causa, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, afirmó: “Hay una complicidad muy enorme por parte del gobierno provincial junto con el sector empresarial. Las decisiones del Poder Judicial vienen siendo marcadas por ese alineamiento. Reivindicar no es usurpar”.
La Lof Lafken Winkul Mapu también a juicio
También este jueves se inició el juicio contra integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, acusados de "usurpación" de tierras ubicadas en Villa Mascardi (en cercanías de Bariloche). La Gremial de Abogadas y Abogados representa a los ocho integrantes de la comunidad mapuche. El juicio se desarrolla durante hoy y los días 27 y 30 de septiembre en el Escuadrón N° 34 de Gendarmería, ubicado en Bariloche. El magistrado a cargo es el juez federal de General Roca y subrogante en Bariloche, Hugo Greca.
En la primera jornada se registró un importante operativo de gendarmes en inmediaciones del lugar. Ya en la audiencia, el Juez hizo lugar a un pedido de la defensa y de la Fiscalía para sobreseer a la machi Betiana Colhuan Nahuel, ya que era menor cuando ocurrieron los supuestos hechos que se imputan a los acusados.
Camino al juicio, el juez Greca —el mismo que había homologado el acuerdo entre la comunidad y Parques Nacionales— ordenó, el 10 de septiembre, la detención preventiva de dos de las mujeres mapuches judicializadas: Luciana Jaramillo y Romina Rosas para “garantizar su presencia” en el juicio. Jaramillo fue detenida por agentes de la Policía Federal mientras estaba en la oficina de la Dirección de Género y Diversidad en Cushamen (Chubut). Fue trasladada a la Unidad Operacional de Seguridad preventiva de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche. Romina Rosas, al enterarse del pedido de detención, se presentó espontáneamente en el Escuadrón 35 de Gendarmería en El Bolsón para notificarse.
El 5 de septiembre pasado, Gonzalo Fabián Coña (también imputado en este juicio y presente durante el asesinato de Nahuel) se presentó voluntariamente en el Juzgado de Las Heras (Santa Cruz). El momento fue grabado por quien lo acompañaba, para evitar noticias falsas acerca de ese suceso. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad se difundió la detención como el resultado de un exitoso operativo de esa cartera.
"Un entramado perverso entre el poder judicial, político y empresarial"
Las asambleas socioambientales de Río Negro, nucleadas en la coordinadora Curru Leufu, denunciaron "la persecución, el hostigamiento y las múltiples violencias ejercidas por el Estado Nacional" contra las comunidades mapuches-tehuelches. "Vemos con preocupación cómo se vienen ejerciendo prácticas discriminatorias, violatorias del estado de derecho que, a través de un entramado perverso entre el Poder Judicial, político y empresarial distorsionan la ley para ocupar territorios legítimamente habitados por comunidades originarias y se apropian de los bienes comunes", señalaron.
También apuntaron a los medios de comunicación, que "promueven discursos de odio y el racismo vuelve a instalarse endureciendo los corazones". Y resaltan que, en 18 años de vigencia de la Ley 26.160, en Río Negro se han completado sólo 64 carpetas técnicas de relevamiento territorial, de un total de 190 comunidades registradas.
La persecución judicial contra el Pueblo Mapuche como política de gobierno
La reactivación de las causas judiciales contra la Lof Quemquemtrew y la Lof Lafken Winkul Mapu no son hechos aislados. La Lof Coronado Inalef, comunidad mapuche ubicada en Rinconada de Inalef, en el paraje Mallín Ahogado (El Bolsón), denuncia el despojo de su territorio en favor de intereses inmobiliarios. Las tierras, de una extensión de siete hectáreas, son reclamadas por una familia oriunda de la zona, de apellido Sepúlveda. El juez de Garantías de Bariloche, Juan Pablo Laurence, dispuso en febrero que los integrantes de la comunidad abandonen de forma voluntaria el predio que ocupan, desde abril de 2023, en reclamo de sus derechos ancestrales.
En marzo, cuando se cumplió el plazo voluntario, la defensora pública, Natalia Araya, presentó en nombre de la comunidad un recurso extraordinario para frenar el desalojo, que fue aceptado y elevado al Tribunal de Impugnación provincial para definir la situación. En tanto, el juicio por usurpación continúa y el 30 de septiembre habrá una nueva audiencia.
En paralelo, el 11 de agosto pasado, la Policía de Río Negro realizó un violento operativo en la vivienda del mapuche Juan Carlos Villa en Rinconada de Inalef. Sin mostrar ninguna orden de allanamiento, el policía Adrián Lamadrid persiguió a Villa, le disparó en el cuello y luego lo remató en el piso, según denunció la Coordinadora del Parlamente Mapuche-Tehuelche. Lamadrid hirió con otro disparo a Emanuel Villa, hijo de Carlos, cuando ya estaba esposado en el piso.
Foto: Alex Dukal / LUAN - Colectiva fotográfica
Tras el crimen de Villa, la Coordinadora del Parlamente Mapuche-Tehuelche resaltó la posición tomada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien ordenó dar "todo el asesoramiento legal necesario" al policía Lamadrid, quien fue detenido y luego dejado en libertad por el juez Víctor Gangarrossa, bajo el argumento de que el fusilamiento fue en defensa propia. "¿El objetivo será despejar las tierras de la Rinconada Inalef para el avance inmobiliario?", advirtió la Coordinadora.
En febrero, cuando se ordenó el desalojo de la comunidad en Mallín Ahogado, también se emitió una medida cautelar contra Sergio Marín, de 83 años, lonko de laLof Millapi en Paso de los Molles, ubicada a cien kilómetros de Bariloche. La medida fue en favor del empresario Juan Enrique Saint Antonin —integrante de la Sociedad Rural de Bariloche— quien desde 2015 se presenta como dueño del valle donde la lof realizada la veranada de sus animales. La medida judicial dictó la prohibición de acercamiento del lonko al predio en disputa, que fije domicilio en Bariloche y que se someta a tres visitas semanales de maneras aleatorias de la policía provincial.
La resolución fue firmada por el juez Marcelo Alvarez Melinger. A Marín lo acusaron de los delitos de "daños, usurpación y desobediencia"; y hasta la actualidad no puede acercarse a su territorio, a pesar de que en 2007, el Superior Tribunal de Justicia provincial ya se había manifestado a favor de otorgarle el título de propiedad. En 2011, la Corte Suprema de Justicia había confirmado el derecho a la propiedad de ese territorio que les asiste como ocupantes preexistentes. Sin embargo,la nueva causa por usurpación en contra de la comunidad avanza: la última decisión judicial fue prorrogar la etapa de investigación.
Por otro lado, en julio, el Tribunal de Juicio de Bariloche compuesto por Romina Martini, Ignacio Gandolfi y Víctor Gangarrossa —el mismo que liberó al policía que mató al mapuche Villa— condenó a cinco miembros de la comunidad mapuche Buenuleo a 15 meses de prisión en suspenso por el delito de usurpación de tierras y ordenó el desalojo inmediato de las 92 hectáreas conocidas como "Pampa de Buenuleo", al pie del Cerro Ventana en Bariloche.
En la causa intervino la fiscal Betiana Cendón, la misma que actúa en la causa contra la Lof Quemquemtrew. Tras el fallo judicial, el 16 de septiembre, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) emitió la Resolución 44/2024. La misma dejó sin efecto las resoluciones N° 159/2022 y N°151/2023, que reconocían la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo.
Mientras el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arregla maletas para dejar a atrás el poder y también un “fiestón con bailongo”, como él lo llamó, miles de voces hicieron eco en las calles de ciudad de México este jueves (26), para señalar enfáticamente que “fue el ejército”, refiriéndose a la desaparición de los 43 normalistas, de quienes no se sabe de su paradero desde hace 10 años atrás. Mientras tanto, AMLO se empecinó en defender tajantemente a las fuerzas armadas.
Son 10 largos años sin saber de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Una década de distancia que las madres y padres cargan en su andar en la búsqueda de sus hijos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Han señalado que conforme avanzaban las pesquisas independientes, desde el gobierno mexicano, se obstaculizó la justicia y se optó por proteger a los militares, último reducto que ha impedido revelar información clave en su poder para dar con los responsables y conocer los detalles de lo ocurrido en Iguala aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
Es así que este jueves (26), bajo la constante lluvia, la seguridad del Estado Mayor Presidencial desplegó una valla de metal alrededor de donde preside sus últimos días de gobierno López Obrador. Ese fue el mensaje con el que cierra el capítulo de Ayotzinapa. Aunque las voces de esta masiva movilización retumbaron en los muros de palacio nacional, un eco se replicó exigiendo “presentación con vida de los 43 estudiantes”.
A pesar de los obstáculos colocados para impedir su ingreso al zócalo, miles de personas acuerparon a las madres y padres de los normalistas, quienes marcharon por las calles de la Ciudad de México recordando que, “quien dio la orden (de la desaparición) fue el expresidente Enrique Peña Nieto y, es a él y al ejército a quien esta encubriendo el presidente”, dijo uno de los estudiantes presente en esta protesta.
Sobre el templete en la plaza principal de la ciudad, las palabras de Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, también remarcaron la responsabilidad del ex presidente Peña Nieto, en cuya administración fabricaron la verdad histórica para encubrir el crimen de Estado pero, sobre todo, recordó su promesa de “justicia” de AMLO, la cual ha traicionado.
“Prefirió darle la razón al ejército, dando la espalda al caso a Ayotzinapa y traicionando su palabra”, sentenció Legideño. Por su parte, Mario César González, padre de César Manuel González, cuestionó la razón por la cual AMLO no cumplió con su compromiso y le recordó que, aquel “que encubre o entorpece las investigaciones también es cómplice de las desapariciones forzadas”.
Investigaciones, estancadas
Días antes, el martes (24), durante su conferencia matutina, el presidente dio conocer una carta dirigida a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos en la cual aseveró que “no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes”. La respuesta, en voz de Mario González, padre de César Manuel González Hernández fue contundente:
“Señor presidente, no nos hagamos tontos. Usted sabe perfectamente bien quién fue él que participó masivamente en el ataque cobarde hacia nuestros hijos. Que fue el ejército, usted lo sabe y desafortunadamente se puso del lado de la traición, porque no solo traicionó usted a estos 43 padres de familia sino a todo un pueblo mexicano sediento de justicia y de saber la verdad”.
El miércoles (25), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) difundió el tercer informe en torno al caso. El documento, con más de un centenar de páginas, destaca la continuación de las labores de búsqueda en distintos sitios de Guerrero, lo que ha permitido dar continuidad al análisis de restos óseos para la identificación genética. No obstante, señala que, de 132 perfiles genéticos analizados, ninguno resultó positivo con los perfiles de los estudiantes desaparecidos.
Resalta que los lugares donde se han intensificado las labores de búsqueda corresponden a sitios indicados por un miembro del crimen organizado, quien funge como testigo protegido y quien ha condicionado la entrega de más información a cambio de recibir amnistía y de evitar la extradición a los EEUU de un criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Acorde al presidente, la negativa de otorgar mayores datos por parte del criminal es lo que ha estancado las investigaciones. En contraste, para Vidulfo Rosales, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado de los familiares de los normalistas desaparecidos, el contenido del último informe de la Covaj no revela información relevante pues no indica cuáles son los avances en las pesquisas, ni especifica cuáles son las líneas de investigación que se seguirán por parte del organismo del ejecutivo.
“Lo que vamos a encontrar es cómo culpa a otras organizaciones, cómo culpa a entes externos del fracaso que el propio gobierno tuvo en la investigación”, reclamó el abogado durante el mitin en el zócalo en referencia al contenido del informe y la mas reciente misiva del presidente.
Para Rosales, el estancamiento de las investigaciones surgió cuando se encontraron pistas en el año 2022, con el involucramiento del ejército mexicano. Fue en febrero de ese año cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló, mediante su tercer informe, que elementos del ejército -contrario a los dichos de AMLO que aluden a su omisión- tuvieron un rol activo en la desaparición forzada.
Los militares monitorearon las actividades de los estudiantes e interceptaron sus comunicaciones durante los hechos que llevaron a su desaparición forzada. Además, se comprobó la visita de elementos del 27 Batallón de infantería en Iguala a la comandandancia de Iguala, donde un grupo de 17 estudiantes había sido trasladado por policías municipales durante las primeras horas del 27 de septiembre del 2014.
Aquella línea de investigación fue seguida por el ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo quien para agosto del 2022 preparó 83 órdenes de aprehensión, dentro de las cuales se encontraban 20 militares: el general Rafael Hernández Nieto, el coronel José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, y 17 soldados que patrullaron las calles de Iguala durante los hechos.
Sin embargo, lo que vino después, acorde a Rosales, fue el desmantelamiento de la Covaj y de la UEILCA, con la renuncia de Trejo y la cancelación, en septiembre del 2022, de las órdenes de aprehensión de 16 militares. “Ahí el gobierno ya no quiso continuar con la investigación. Ahí el gobierno dio la espalda a las madres y padres de familia”, recordó el abogado de los familiares durante el mitin en el marco de los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas.
“Por ello, compañeros, está claro y de manifiesto que fue el gobierno quien dio un paso hacia atrás, que fue el gobierno quien ya no quiso que la investigación continuara. La investigación se vino en picada y hoy en día estamos en la total impunidad. Hoy en día el gobierno ha decidido ya no continuar en la investigación”, sostuvó el abogado Rosales desde el zócalo de la capital mexicana.
Movimientos sociales refrendan su solidaridad
Tras una serie de protestas, que comenzaron desde el 18 de septiembre en el estado de Guerrero, y en las que familiares de los 43, estudiantes normalistas, y organizaciones sociales se manifestaron frente a dependencias de gobierno, la mañana del jueves (26) una comisión de familiares se reunió con movimientos sociales en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ante una sala repleta, el pase de lista con los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos fue el preámbulo con el que, Isidoro Vicario, otro de los abogados de los familiares, dio inició a su participación mediante la cual insistió en la postura de las madres y padres de los normalistas desaparecidos que exigen investigar al ejército mexicano.
Vicario hizo énfasis en que la participación de los militares se dio antes, durante y después de la noche del 26 de septiembre del 2014, pues incluso existen reportes de la misma Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde se asegura que Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, era un militar en activo y cuyo rol, como Órgano de Búsqueda de Información (OBI) consistía en realizar reportes de inteligencia que entregaba a mandos del ejército del 50 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo, Guerrero.
Por ello, el abogado recalcó la exigencia de los familiares para que el ejército entregue los 800 folios, documentos elaborados por Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) que opera en Iguala -y cuya existencia ha sido negada por la Sedena a pesar de las pruebas presentadas por el GIEI- pues en ellos podrían encontrarse las claves para conocer el paradero de los normalistas.
María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, reclamó que los militares se han negado a abrir sus archivos para dar continuidad a la investigación y seguir las pistas que indican la presencia de los militares en lugares como el Hotel Cristina, la Barandilla de Iguala y en las inmediaciones del Palacio de Justicia de esa ciudad, donde los estudiantes fueron agredidos con armas de fuego.
“Duele y es indignante ver un país que nada más de dientes para afuera dice que es democrático. Que es humanista. Tenemos mucho coraje que nosotros como madres y padres de familia a casi 10 años no sepamos dónde están nuestros hijos y que es una burla, porque él (presidente) firmó un decreto presidencial donde dijo que iba a esclarecer el caso de Ayotzinapa”, señaló Tlatempa ante estudiantes y miembros de organizaciones sociales que refrendaron su solidaridad ahora en el cumplimiento de una década de impunidad, y hasta que la verdad salga a la luz.
Por último, reclamó que, en vez de investigar al ejército, éste se vio fortalecido durante el sexenio de AMLO con la creación de la Guardia Nacional y con su postura para proteger a las fuerzas armadas ante las acusaciones de su participación en la desaparición de los 43 normalistas.
“Hoy, después de 10 años, ese grito de rabia y justicia permanece. El caso Ayotzinapa, muestra que el poder del ejército es transexenal y es capaz de doblegar al actual presidente aún con todo el apoyo que tiene entre la población. Ayotzinapa es la prueba de que para alcanzar la justicia en este país, lo que se requiere son cambios estructurales que afecten a los poderes fácticos que siguen impunes”, señalaron los estudiantes, en voz de una de las organizadoras del encuentro, quien enfatizó el apoyo de más de 300 organzaciones que se adherieron a un pronunciamiento por verdad y justicia en el caso.
Mientras tanto, durante su conferencia del viernes (27), el mandatario mexicano omitió declaración alguna sobre la gran movilización, pero si detalló que en su “fiestón con bailogo”, habrá una variedad de platillos de distintas regiones del país; como tamales, cochinita pibil, y tlayudas, acompañados de música en vivo de una banda oaxaqueña. “Ya es hora de decir que vamos a despedirnos, así que prepárense para el fiestón”, concluyó el mandatario.
