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Escenarios efímeros, violencia perpetua: la Guelaguetza y el Certamen Centéotl 2025 en Oaxaca

Foto de portada: Santiago Navarro F

El pasado 20 y 21 de julio, el Comité Organizador de la Guelaguetza, en coordinación con la Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta), realizaron el certamen Diosa Centéotl 2025 en la Plaza de la Danza de la ciudad de Oaxaca. Contó con la participación de 39 mujeres representantes de distintos pueblos indígenas y afromexicanos del Estado de Oaxaca. 

El “Certamen Diosa Centéotl” es un evento anual realizado en la tercera semana de junio que tiene por objetivo elegir a una mujer que “represente la esencia espiritual de las festividades de la Guelaguetza”. La convocatoria va dirigida a mujeres indígenas, afromexicanas y mestizas que habitan en las ocho regiones del estado de Oaxaca. Durante el concurso cada participante tiene un lapso no mayor a cinco minutos para presentar un discurso donde debe exponer “conocimiento, identidad y herencia cultural ante un jurado calificador”. Al finalizar la intervención de todas las participantes, el jurado emite su veredicto para premiar a la ganadora.

“¡Nosotros los indígenas sólo esperamos la justicia de dios!” Fue una frase que resonó durante la última intervención del certamen. Era la voz de Patricia Casiano Zaragoza, la joven mazateca de 24 años que resultó ganadora del “Diosa Centéotl 2025”.

Este concurso, realizado en el ámbito de la Guelaguetza - mega evento que figura como un escenario de performatividad del folclor de la cultura oaxaqueña –, ha sido utilizado por mujeres indígenas como un aparente espacio de denuncia. La mayoría de las participantes comunicaron fragmentos de sus discursos en su lengua originaria y emitieron mensajes de carácter político vinculados a la defensa territorial, cultural y a la justicia social. 

“Gracias a la voz de mis hermanas este concurso dejó de ser de belleza y de conocimiento para convertirse en un foro donde tengamos que manifestar las carencias que se viven en nuestros pueblos”, dijo en su participación, Ayelet Olbera Rivera, representante del municipio de Teotongo en la región Mixteca.

El salto de lo estético y cultural a lo político ha sido tal que inclusive el tema de las mineras también fue puesto sobre la mesa. Juana Cruz Santiago del Municipio de San Pablo Guilá (Valles Centrales) expresó: “San Pablo Guilá y todo Oaxaca expresan su sentir: ¡No a la mina!, ¡no a la sobre explotación de nuestros recursos naturales!, ¡no al extractivismo! y ¡sí a la vida!”. 

Foto: Santiago Navarro F

Sin embargo, la Guelaguetza y el Certamen Diosa Centéotl tienen en común un curioso poder, el de espectaculizar momentáneamente ciertos elementos indígenas, en pro de su comercialización. Cuando los reflectores se apagan, la magia sucede, todo parece volver a la normalidad y lo “normal” es un estado de paz ficticia sobre la complejidad política y social en Oaxaca.

La última de las participantes fue una joven mazateca originaria de la localidad Palo de Marca, perteneciente a la agencia de El Carrizal en el municipio de Huautla de Jiménez, ubicado en la región de la Sierra de Eloxochitlán de Flores Magón. Su nombre es Patricia y con 24 años de edad fue la mujer seleccionada como “Diosa Centéotl 2025”. 

Patricia, durante su intervención, se centró en su historia de vida para hablar de su lengua y explicar cómo en el pasado superó las barreras sociales al hablar únicamente su lengua materna: el mazateco. “Detrás de cada mujer que logra algo hay una historia de lucha y perseverancia”, expresó en su discurso. Al finalizar agregó: “nunca olviden su lengua materna, el legado de nuestros antepasados y la herencia para nuestros hijos”. 

En entrevista para Avispa Midía, Patricia profundizó algunos aspectos que mencionó en su discurso durante el certamen.

Uno de los temas que mencionó fue el de la justicia. “La justicia sólo parece existir para aquellos que pueden pagarla y nosotros los indígenas sólo esperamos la justicia de dios. Esa frase me nació del corazón. Me basé en lo que es mi vida cotidiana, lo que yo vi que sucedió en mi comunidad. Cuando tenemos a un vecino, a un familiar que lo culpan injustamente, sin tener las pruebas necesarias y sucede que la familia no tiene los recursos suficientes para pagar un abogado”, comentó.

Palo de marca, se encuentra aproximadamente a una hora -por carretera- de Eloxochitlán de Flores Magón, una comunidad de mujeres y hombres mazatecos que desde hace más de una década luchan contra el caciquismo, por la defensa territorial y por la libertad de sus presos políticos, encarcelados a partir de delitos fabricados, para que dejen de obstaculizar los negocios de Manuel Zepeda -el cacique del municipio. Ahí se encuentran las “Mazatecas por la libertad”, una colectividad de mujeres que al igual que Casiano, han visto cómo miembros de su familia han sido encarcelados injustamente y cómo la justicia está de lado de quien puede pagarla, en este caso: de la familia Zepeda.

Otra forma de injusticia y violencia que Patricia menciona es la progresiva pérdida de la lengua mazateca en la región. Desde su perspectiva, la lengua aún se mantiene viva en las localidades ubicadas fuera de la cabecera municipal de Huautla, situación que no sucede en el Centro de ese municipio. La pérdida se debe “a la falta de interés de los padres que no transmiten la lengua a sus nuevas generaciones”, considera la joven.

Para Patricia, la responsabilidad de preservar los bienes culturales en su comunidad está en las generaciones presentes. “Estas son quienes deben transmitir sus saberes a las infancias para que estas sientan orgullo de sus tradiciones y costumbres”. 

En 1969 - cuando la festividad de la Guelaguetza estaba consolidada- la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del estado de Oaxaca convocó por primera vez a mujeres de todo el Estado a participar en un certamen cuyo objetivo era ser elegida como “Diosa Centéotl”.

A diferencia de la ya conocida Guelaguetza, el certamen en cuestión había tenido poca relevancia frente a los reflectores oaxaqueños, de México y el mundo. Antes del 2024, cada participante durante su intervención explicaba diversos aspectos culturales de sus comunidades como los rituales, las danzas, los textiles, la gastronomía, entre otras actividades, pero, sobre todo, eran mujeres elegidas por su “belleza indígena”. 

Fue hasta el año pasado (2024) que el concurso tomó relevancia mediática, luego de que el mensaje de la locutora indígena Juana Hernández López -representante de Santiago Juxtlahuaca en la región Mixteca del Estado- se hiciera viral. 

Juana rompió el patrón que sus antecesoras habían seguido. No quiso demostrar un conocimiento profundo sobre su cultura, tampoco se preocupó por exaltar la belleza de sus rasgos indígenas. Más bien, habló de la migración, el empobrecimiento de su municipio, la violencia de género en las comunidades originarias y la lucha por los derechos indígenas entre otros temas político-sociales que, en certámenes pasados, habían estado muy lejos de ser mencionados. La locutora indígena fue la ganadora y una audiencia internacional aplaudió su discurso. 

Después del certamen Diosa Centéotl 2024, la ganadora Juana Hernández -quien además es socióloga rural por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco- asumió en enero de este año el cargo de titular de la Secretaría de Interculturalidad y Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca (SIPCA). Cargo público encomendado por el gobernador Salomón Jara, luego de que en diciembre pasado ordenara la creación de una secretaría y dos institutos. 

La región mixteca, “por su ubicación geográfica y su conformación social, es una zona que está interconectada con todo el país y con el resto del mundo”, menciona para Avispa Mídia Marcos Espíndola, activista oaxaqueño e integrante del proyecto de escritura autónomo Espiral de Pensamiento Crítico en la ciudad. Espíndola es -al igual que Juana Hernández- de la región mixteca, una zona donde él reconoce diversos problemas sociales.

El escritor y activista oaxaqueño observa que hay una receptibilidad a la voz de los pueblos mixtecos que estos han ganado y construido a partir de luchas y “no desde la concesión altruista de los gobiernos y los medios de comunicación hegemónicos”. Es decir, que más allá de los reflectores momentáneos que el gobierno ofrece, los pueblos mantienen su resistencia.

En su andar, Espíndola se ha involucrado en procesos como: “ jóvenes intérpretes por la defensa del acceso a juicios en lenguas nativas, iniciativas de la lucha contra el cambio climático, encuentros respuesta al despojo de territorios costeros, los colectivos en lucha frente a la gentrificación, de localidades que resisten a la criminalización de sus asambleas comunitarias, iniciativas por el rescate de la fauna silvestre y  otras que reivindican la memoria desde la arqueología y la oralidad de los pueblos”, experiencias que escapan de las redes del Estado y denuncian con sus propias herramientas sus diversas realidades.

Foto: Santiago Navarro F

Lo anterior, en la lógica de Espíndola, “nos habla de una inmensa vitalidad en los pueblos que mezcla la sabiduría y la experiencia de generaciones mayores con el entusiasmo y nuevos entendimientos de las juventudes”.

“El gobierno más que un impulsor de estos procesos ha sido un obstáculo, ya que la cooptación, la burocracia y la represión, que han sido su sello, han impedido muchas de estas apuestas creativas florezcan, aun así hay quienes han peleado desde espacios más oficiales como la academia, las políticas públicas o las iniciativas de ley. Todo esfuerzo suma en la perspectiva de lucha por la vida”, asegura el activista. 

En las luchas de los pueblos oaxaqueños que pelean por sus derechos desde una perspectiva que no encaja con la indianidad “buena onda” que el Estado dibuja anualmente en temporada de Guelaguetza, el gobierno sostiene un papel antagónico. Quienes están de primera línea por la defensa territorial, ahí permanecen. Y en contraste, Juana Hernández después de ser nombrada titular de la SIPCA, no volvió a dar un mensaje tan contundente ni tan lleno de postura como el que emitió para ganar el concurso.

Guelaguetza (‘cooperar’ en zapoteco) es una palabra que refiere a una praxis precolonial común entre los pueblos originarios del mundo: el dar en forma recíproca, la compartencia colectiva que pone en el centro a la generosidad grupal y que, en conjunto, son parte de la base comunal.

La festividad, que se apropió del concepto de los pueblos, fue creada y organizada por primera vez en 1932, por miembros de la “vallistocracia” -antigua clase alta y media alta en Oaxaca-, bajo el título de “Homenaje racial”. Consistía en que una “delegación racial” -como la sociedad oaxaqueña nombraba a la diversidad cultural del Estado- de cada región participara mostrando su vestimenta, música y danza originaria.

Foto: Santiago Navarro F

Posteriormente ese homenaje fue reemplazado por una tradición virreinal conocida como “lunes del cerro”. En 1959, ambas celebraciones se conjugaron para dar origen a la Guelaguetza como la conocemos en la actualidad. 

De 1932 a 1959 la vallistocracia que organizaba estas celebraciones, lo hacía bajo el mando del gobierno municipal del centro de la ciudad. En 1980, la organización de esta festividad pasó a manos de la Secretaría de Turismo del estado y con ello inicia “la consolidación de la fiesta de la ciudad como espectáculo folclórico para el turismo”, analiza María de la Luz Maldonado en su artículo “La Guelaguetza y los procesos de simbolización de la ritualidad festiva en las comunidades de Oaxaca”.

El escenario del certamen Centéotl del año pasado y a la edición más reciente se ha visto adornado con arreglos manuales hechos con hojas de maíz, mazorcas y semillas expandidas por el espacio. Tanta alevosía al maíz no es casualidad.

Centéotl (‘dios mazorca madura’ en náhuatl’), entre los mexicas, era la deidad principal relacionada con el maíz. En algunos pueblos de Oaxaca, le rendían rituales para la buena fertilidad de la tierra y abundancia en las cosechas.

Actualmente en Oaxaca se generan 35 de las 220 razas de maíz que prevalecen en América Latina, también es una pieza clave en el proceso de la domesticación del maíz, pues en Mitla habitan las mazorcas más antiguas de América. “La fecha más temprana en México de un macro resto de maíz, le corresponde a unos olotes de la cueva de Guilá Naquitz, en Oaxaca, fechados en 6250 antes del presente” de acuerdo con datos de la revista Arqueología Mexicana.México por su parte alberga 59 razas, siendo la mayor diversidad que se conoce en el mundo. Además, la principal base alimentaria de este país se encuentra en esta semilla. 

La “máxima fiesta de los oaxaqueños” pone en el centro al folclor como mercancía. Al ser un evento organizado por el Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), “la Guelaguetza también puede ser vista como una manifestación de la centralización del poder económico y político propio de la ciudad y sus dirigentes”, ahonda Maldonado y las cifras lo comprueban.

Para la edición 92 de la Guelaguetza (año 2024), se calculó que del 19 al 29 de julio la capital recibiera a más de 139,000 turistas, con una derrama económica estimada en $517,000,000 (MXN).

Otro de los eventos realizados en el marco de la Guelaguetza es la Feria del Mezcal. En su edición 25 realizada en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca del 20 al 30 de julio del año pasado, recibió a 125, 321 visitantes y obtuvo $ 31,260,367 (MXN), de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca (SEDECO).

A partir del 2 de junio de este año y hasta agotar existencias, los boletos para la Guelaguetza estuvieron disponibles con precios de $1,573.78 (MXN) para el Palco A y $1,273.96 (MXN) para el Palco B, más cargo por servicio, las áreas C y D se establecieron como gratuitas, informó el gobierno del Estado a través de sus páginas oficiales.

El costo de acceso a la Guelaguetza no cuadra con la economía de los habitantes locales que viven al día. En este 2025 en la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) -todo el país a excepción de la Frontera Norte-, el salarió mínimo se estableció en $278.80 (MXN) por jornada diaria de trabajo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI). 

En 2024 en Oaxaca, la fuerza laboral ocupada alcanzó un salario promedio mensual de $3,800 (MXN), de acuerdo con el portal del gobierno federal “Data México”. Lo cual significa que, en Oaxaca, quienes ejercen “oficios” ganan entre $1500 y $1600 por semana. Si un oaxaqueño con ese salario quisiera adquirir un boleto para la Guelaguetza, con buena vista y cerca del escenario, tendría que estar dispuesto a invertir la mitad de su sueldo mensual.

Hasta el 2020, en grado de rezago social por entidad federativa, Oaxaca estaba en el lugar 2 de 32, indicando que es la segunda entidad con mayor rezago social en el país; 76 de sus 570 municipios aparecen en el rango “muy alto” de rezago y 142 en “alto”, informó el índice de Rezago Social a nivel entidad federativa y municipio, presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con último corte hasta ese año. 

En esta misma ciudad, 2, 483, 644 personas (el 58.4% de la población oaxaqueña) vive en situación de pobreza. 29.1% vive en rezago educativo, sólo el 65.7% tiene acceso a los servicios de salud, el 74.3% a la seguridad social y el %21.2 a la calidad y espacios de la vivienda, datos de acuerdo con el anexo estadístico de la medición de la pobreza a nivel entidad federativa con corte hasta el 2022, emitido también por el CONEVAL. 

Foto: Santiago Navarro F

¿Qué significa realizar un evento de acceso inasequible en la entidad que ocupa el segundo lugar de rezago social a nivel país?, ¿cuáles son los beneficios de ese arribo turístico tan masivo y su exorbitante derrama económica para la población oaxaqueña que no pertenece a la industria hotelera, mezcalera y turística en general? Quizá ninguno. Probablemente su lugar sólo sea el de espectadores que visualizan la masiva llegada de turistas para ver el performanceo en escena de ciertos elementos culturales. La creciente sensación de sentirse extraños en su propia tierra.

Si afinamos la mirada, ¿qué podemos avistar entre el cada vez más amplio colorido de los listones, entre la manta cada vez más blanca de la vestimenta que portan los bailarines, entre los maquillajes cada vez más cargados, entre las canastas cada vez más adornadas y entre los guaraches o botas cada vez más perfeccionados y relucientes? Una creciente sofisticación de la imagen india, afro y mestiza en Oaxaca: una purificación de identidades en pro de su comercialización.

Un proceso de refinamiento -por no decir blanqueamiento- en cada una de las danzas y jarabes, que es imprescindible en la oferta y demanda del folclor oaxaqueño, porque claro ¿quién pagaría por consumir un espectáculo rústico, que de acuerdo a la expectativa turística que apela lo fantástico, rayaría en lo simple?

Por mientras, la paradoja permanecerá en el aire: entre más pretenden mostrar lo verdaderamente “autóctono”, más se alejan de los orígenes auténticos que buscan representar.

Oaxaca: Juez reconoce inocencia de la profesora mazateca Maribel Betanzos

La profesora Olga Maribel Betanzos Fuentes durante entrevista. Ella es una de las ocho mujeres mazatecas que, desde el 31 de marzo, tiene diversas órdenes de aprehensión en su contra. Foto: Santiago Navarro F

El juez de Huautla de Jimenez, Oaxaca, Constantino Santiago, reconoció en la mañana de este viernes (11) que la profesora mazateca de la comunidad Eloxichitlán de Flores Magón, Olga Maribel Betanzos Fuentes, es inocente en relación a los delitos que se le acusaban de robo y incendio, bajo a los cuales se le habían liberado cinco órdenes de aprehensión. Otras 55 personas de la comunidad son acusadas por los mismos delitos, supuestamente cometidos en 14 de diciembre de 2014

“Hoy por supuesto vamos a celebrar y vamos a tronar cohetones porque Maribel ha sido declarada inocente y es libre, pero tenemos otros compañeros en riesgo todavía”, alertó la abogada Argelia Betanzos, de la colectiva Mujeres por la Libertad, tras la decisión del juez.

A pesar de que el juez declaró la inocencia de Maribel, la decisión judicial sigue sosteniendo que los delitos son vigentes, a pesar de que existen siete resoluciones anteriores a nivel del Tribunal Superior y a nivel federal que establecen la prescripción de los delitos.

“El hecho de que este juez vuelva a decir que sí existe, no solo es una grosería, es un crimen. Hay que denunciarlo. Hay que denunciar esa necesidad criminal de volver a decir que un delito sí existe en contra de siete resoluciones. Eso ya no podemos permitirlo como comunidad. Que sigan jugando con nosotras de esta forma. ¿Por qué?”, sostuvo la abogada.

El próximo 18 de agosto tres habitantes más de Eloxochitlán, que cuentan con órdenes de captura, acudirán al juzgado para que se resuelva también sobre sus libertades. 

Chiapas: Con oposición de comunidades, inician autopista Palenque–San Cristóbal

Una mujer de 80 años, que vive sola, llora día y noche. El predio donde se ubica su vivienda, en Bahtaj, ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, fue marcado en el perímetro de la autopista Palenque-San Cristóbal de Las Casas. “Es viuda, no vive con sus hijos y la carretera va a pasar por su casa. ¿A dónde va a ir a vivir si no le han dicho nada?”, cuestiona Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Consejo del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón e integrante del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), en entrevista con Avispa Mídia.

En el mes pasado, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, dio el banderazo para el comienzo de la obra vial, pese a los dos amparos interpuestos por los pueblos originarios. Los 153 kilómetros de este megaproyecto carretero pasan por los municipios de Palenque, Salto de Agua, Chilón, Ocosingo, San Juan Cancuc, Tenejapa, San Juan Chamula y San Cristóbal de Las Casas; además de Ocosingo a partir de un ramal de 18 kilómetros.  

La carretera fue impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto; sin embargo, Andrés Manuel López Obrador la integró al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024, a través del proyecto Eje Carretero Transversal Pijijiapan–Palenque, que enlaza las rutas Pijijiapan–Tuxtla, Tuxtla–San Cristóbal y San Cristóbal–Palenque.

Eduardo Ramírez Aguilar, actual gobernador del Estado de Chiapas, es ahora el responsable de ejecutar la vía que atravesará Chiapas de norte a sur y que estará vinculada con el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

Solo un mes después de las elecciones del 2 de junio de 2024, donde Ramírez Aguilar resultó electo como gobernador, lanzó promocionales sobre la autopista y los supuestos beneficios para las regiones. 

En marzo (2025), 13 municipios mayas que integran Modevite presentaron dos amparos contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas para la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, y para exigir la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales. 

“Es una imposición en las comunidades, hicieron consultas amañadas en las cabeceras municipales donde no son afectados. Se ha violado nuestro derecho a la consulta, no hubo información clara y ya comenzaron con la construcción, a pesar de los amparos”, señala Pascuala Vázquez. 

La infraestructura fue detenida en 2016 cuando el Pueblo Creyente realizó una magna peregrinación. De nuevo, en 2018 los pueblos originarios se manifestaron contra la fragmentación de sus tierras y lograron parar la construcción.

Este año, después de interponer los amparos antes citados y de que 13 municipios de Chiapas se declararan libres de megaproyectos, Modevite tuvo acceso a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del primer trazo que abarca Palenque, Salto de Agua, Chilón y Ocosingo, con fecha de marzo de 2025. 

De acuerdo a la clasificación de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), la autopista será edificada en un tiempo de cinco años, de los cuales, 18 meses se destinarán al primer tramo.

Con la poca información en la MIA, a cual tuvo acceso Avispa Mídia, Modevite ha contabilizado que esta primera parte atraviesa 60 localidades. Solo en el ejido San Sebastián Bachajón de Chilón, fueron marcadas, al menos, 50 hectáreas. Pero no hay más información para los locales.

“Los que están haciendo este proyecto de destrucción, los empresarios y las autoridades tienen la información. Pero nosotros, los verdaderos dueños de las comunidades no sabemos nada. No hay datos claros y están violando nuestro derecho”, dice Pascuala Vázquez. 

Recuerda las promesas de beneficios económicos para las comunidades y cuestiona cómo será posible cuando, incluso la consulta, no tuvo transparencia. “Con el Tren Maya hicieron los mismos compromisos y nuestros hermanos solo sufren la devastación. (…) Se habla de desarrollo, pero nosotros estamos bien, cosechamos nuestros propios alimentos, nuestra milpa y nuestro frijol”, insiste Pascuala Vázquez. 

La tala ya está sucediendo, pero también les preocupa el agua. “Van acabar con nuestros cerros sagrados donde nuestras aguas están conectadas entre sí, pero ellos no saben, porque no hay un estudio verdadero de impacto ambiental, el que existe lo publicaron por el amparo que interpusimos”. 

Así mismo, el gobierno buscó a algunos ejidatarios para dividir a las comunidades. La documentación de Modevite muestra que les prometieron beneficios económicos en la construcción, nombraron a comisariados ejidales y financiaron campañas políticas de algunos alcaldes para evitar “oposición”. 

“Los comisariados ejidales están pensando sacarle ganancia a esta construcción por los bancos de grava propiedad del ejido. En la comunidad Chaban, por ejemplo, entraron sin permiso a una parcela, en el ejido San Sebastián, para sacar arena”, sostiene. 

Al respecto, la MIA indica que se sacarán materiales pétreos de un total de 13 bancos en la zona, divididos en tres bancos destinados para pavimentos y 10 bancos destinados para terracerías, pero no especifica o nombra a los contratistas en ninguna de las áreas. 

Las organizaciones de la sociedad civil integradas a la red ‘Slamalil kinal’ consideran que la autopista representa una grave amenaza para la biodiversidad de la región, los ecosistemas locales y las comunidades. 

Para las y los defensores, la carretera está planteada bajo una visión de "desarrollo" capitalista y extractivista, y omite principios fundamentales del respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios, consagrados en la Constitución Mexicana y los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmados por México. 

“Nos preocupa la realización de consultas como las que fueron coordinadas por el gobierno del estado de Chiapas, ya que no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de consulta previa, libre e informada y culturalmente pertinentes en zonas mayoritariamente indígenas”, reza el pronunciamiento.

Trae a cuenta la carta pastoral Caminemos juntos a la luz del Señor del obispo Rodrigo Aguilar Martínez, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, en la que hace hincapié, sobre los posibles perjuicios ambientales y sociales que traen consigo los megaproyectos en Chiapas, como la autopista. 

Las organizaciones exigen la suspensión inmediata del proyecto de la carretera Palenque-San Cristóbal, la realización de consultas legítimas, previas, libres e informadas; la protección de los territorios, la biodiversidad y el patrimonio cultural de la región.

Señalan la necesidad de un verdadero modelo de desarrollo que respete y beneficie a los pueblos originarios, en lugar de violentar sus derechos y llamaron más organizaciones y pueblos de México a solidarizarse a la lucha contra la devastación de las comunidades y el medio ambiente.

“Los llamados megaproyectos no derivan en desarrollo. Son solo los corredores comerciales abiertos para que el crimen organizado tenga nuevos mercados. La disputa entre cárteles rivales no es solo por el tráfico de personas y drogas, es sobre todo la disputa por el monopolio del cobro de piso en lo que se mal llama ‘Tren Maya’ y ‘Corredor Transístmico”, señala el capitán Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en su escrito ‘Adagios’, publicado en 2024.

Para el total de la autopista se planea la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto, asfáltico, estructuras, en tronque, desnivel, puentes, túneles, gasas, 60 pasos vehiculares en ejidos, comunidades y rancherías, obras complementarias, señalamientos, horizontales y verticales; y cinco túneles en el primer tramo.

FBI y Comando Sur amplián presencia en Guatemala

Department of Homeland Security (DHS) Secretary Kristi Noem participates in U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Enforcement and Removal Operations (ERO) in Phoenix, Arizona. (DHS photo by Tia Dufour)

Hace unos días la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Kristin Noem, viajó a Guatemala para firmar un memorandum de entendimiento con el gobierno de Guatemala, que acuerda el lanzamiento del Programa Conjunto de Seguridad, el cual permitirá interceptar a personas vinculadas a las denominadas redes transforterizas del crimen organizado o con vínculos terroristas, en puertos y aeropuertos de este país.

A pesar de que Noem sostuvo que el acuerdo fue en torno a que Guatemala sería considerado el “tercer país seguro”, contrario a ello, el Ministerio de Gobernación del país centroamericano, Francisco Jiménez, negó que se hay asumido dicho compromiso. Mientras que el documento puntualiza que el objetivo es establecer el Programa de Seguridad Conjunta (JSP, por sus siglas en inglés), mediante  el cual se pretende ampliar la participación bilateral en cuestiones de control de seguridad fronteriza.

Los agentes de los Estados Unidos (EEUU) tendrán la posibilidad de participar presencialmente y actuar directamente en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en ciudad de Guatemala. Así mismo, se espera que los oficiales que participen en este programa, incluyendo los guatemaltecos, trabajen bajo la dirección y coordinación del jefe de Misión de los Estados Unidos en la República de Guatemala, y bajo la supervisión operativa de la división del Programa de Asesoría de Inmigración (IAP, por sus siglas eninglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Dirección General de la Policia Nacional Civil guatemalteca.

“La cooperación podrá ampliarse a otros puertos fronterizos, puertos marítimos y aeropuertos internacionales en la República de Guatemala”, reza el documento. 

Los agentes de EEUU también tendrán libre acceso a áreas operativas en ubicaciones donde se acuerde establecer este programa de seguridad, por ejemplo, acceso a áreas restringidas en los aeropuertos a fin de que los oficiales “puedan cumplir con sus obligaciones en virtud del presente memorando. La obtención de dicha autorización es fundamental para la implementación efectiva” del Programa de Seguridad Conjunta, según el acuerdo.

Guatemala tiene el compromiso de guardar total “confidencialidad sobre la información recibida de conformidad con el presente memorando, igual que a la información similar que ya tiene bajo su custodia”, según el pacto establecido todo tipo de divulgación sobre lo acordado en este programa tendrá que ser notificado con EEUU.

Por ejemplo, si la cooperación se interrumpe, total o parcialmente, ambos gobiernos se comprometen que protegerán toda la información intercambiada, de forma congruente con el memorando.

Firmas y fechas de memorandum entre EEUU y Guatemala

Pareciera ser que la administración del actual presidente de los EEUU, Donald Trump, busca endurecer la cooperación con la región centro y sudaméricana, colocando a México como un problema, al señalar que es el puente, junto con China y la India, para producir y traficar drogas sintéticas, incluido el fentanilo, y sus precursores químicos.

De acuerdo al Departamente de Estado se busca mejorar “la seguridad fronteriza, para desarticular a las denominada Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) y las organizaciones terroristas extranjeras (FTO)”, según la justificación del presupuesto para el año 2026.

Entre las iniciativas de este programa, se pretende ampliar el intercambio de información y concentración de datos biométricos a través de las redes interinstitucionales y regionales de Estados Unidos.

Es por ello que, posterior a la visita de Noem a Guatemala, el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), el Comando Sur y el 7º Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense realizaron un proceso de capacitación a distintos delegados de las fuerzas nacionales de policía civil de la región latinoamericana y el caribe en técnicas operativas. 

El objetivo del programa, liderado por la Unidad de Operaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el Hemisferio Occidental (TOC-Oeste), un apendice del FBI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD), “es mejorar la capacidad de los países socios para combatir a las organizaciones delictivas, especialmente a los cárteles de la droga. Los equipos operan actualmente en varios lugares de América Latina y el Caribe, y tienen previsto ampliar sus actividades a Panamá”, destacaron los instructores. 

Este programa, además de capacitar a los equipos que se despliegan activamente en lugares específicos de la región, su papel principal es “ayudar al FBI a investigar a la delincuencia organizada transnacional en el extranjero”, según los capacitadores.

Actualmente la Unidad de Operaciones TOC-Oeste ya tiene presencia en seis países. Además de Guatemala, Colombia, República Dominicana, Honduras y en México. La Unidad de Operaciones del TOC-Oeste está estudiando la posibilidad de expandirse a otros lugares de América Latina. 

Junto a estos compromisos, Guatemala fue sede de los ejercicios militares denominados  CENTAM Guardián 2025, un ejercicio anual coodinado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Este intercambio de capacidades militares fue realizado el pasado mes de mayo en la base militar Mariscal Zavala, un simulacro de operaciones en caso de una crisis de seguridad, “agravada por un desastre natural ficticio”, según los altos mandos militares de EEUU.

En este evento participaron fuerzas especiales, infantes de marina estadounidenses, soldados de la Guardia Nacional de Arkansas y las fuerzas especiales de Guatemala. En conjunto participaron más de 900 miembros de fuerzas militares y organismos civiles de seis países, con el objetivo de reforzar las relaciones entre los socios regionales y la interoperabilidad, tomando como justificación la asistencia humanitaria, socorro en caso de catástrofe y seguridad, especialmente en la zona trifronteriza de Guatemala, Honduras y El Salvador.

El ejercicio tuvo una duración de dos semanas, donde militares de Centroamérica, incluyendo Costa Rica y Rebublica Dominicana, fueron instruídos en tácticas de  combate y ejercicios con fuego real y simulacros de combate en escuadrón con diversas armas hasta lanzacohetes. En la primera semana, el entrenamiento incluyó combate sin armas y cuerpo a cuerpo. También se llevaron a cabo ensayos de órdenes y misiones, patrullas, incursiones y operaciones militares en terreno urbano.

Acuerpando a Lolita Chávez Ixcaquic: un llamado a seguir sembrando rebeldías

Texto por Camila Plá y Javier Perea

Fotografías por Alberto Hidalgo y Javier Perea

“En este territorio intentaron hacer silencio con la bala, pero como no lo consiguieron empezaron a hacerlo con saña. No lo han conseguido tampoco, ni lo conseguirán”, dijo Selvin Milla, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y compañero del Consejo de Pueblos K’iche (CPK), mientras nos explicaba la larga y compleja historia del pueblo K’iche en Iximulew, conocido en castellano como Guatemala. 

Estábamos reunidas a un día del “Reencuentro con Lolita Chávez y nuestra comunidad Maya K’iche”, en el espacio del CPK, Guatemala. Era viernes 27 de julio y ya era tarde. Afuera los comercios cerraban y dentro un fuego acompañaba nuestra plática. El grupo anfitrión estaba esperando la llegada de los internacionalistas de Colombia, Honduras, El Salvador y México quienes fuimos convocados para acompañar y acuerpar el aniversario del retorno de Lolita. 

Y es que esta defensora de territorio, vocera del CPK, feminista comunitaria y mujer de sonrisa generosa y abrazo enternecedor, estuvo exiliada durante siete años debido a múltiples amenazas contra su vida por defender los territorios que habita y la habitan. Hace apenas un año pudo regresar y seguir caminando con su comunidad para defender la vida. A lo largo de los años, el Concejo ha defendido el territorio frente a amenazas de empresas mineras como la canadiense Goldcorp, así como grupos madereros que talan los bosques que embellecen las montañas. 

Aunque ya está en casa, las amenazas no han parado y son la última cara que ha tomado la violencia sistémica que vive el pueblo K’iche. Dichas acciones datan de siglos. En las últimas décadas se manifestaron como genocidio a las comunidades mayas por el gobierno guatemalteco. Justamente de eso nos hablaba Selvin, nos contó que el territorio K’iche ha sido cuna de resistencias desde tiempos que se pierden en la memoria de su pueblo y que durante el genocidio su tierra se pintó con sangre, pero que aún así nunca han podido silenciar el grito de fuerza de su gente. 

El Estado y el poder no quedaron conformes con lo hecho y han continuado con el despojo, el asedio y la violencia a través de nuevas caras, cada vez con más saña y muchas veces vestidas de progreso, desarrollo y democracia. Ahora el pueblo defiende los bosques frente a las amenazas extractivas de madereros y mineras. Por esto y mucho más el CPK convocó al encuentro; para nombrar lo que se vive en el territorio y romper el cerco de comunicación que impide visibilizar el trabajo que realizan.  

El encuentro empezó el sábado 28 de junio frente al fuego. Para las mujeres del CPK comenzó a las 4 de la mañana ya que se levantaron a prender la lumbre para preparar el desayuno de los 150 participantes de las comunidades e invitados internacionales. Con los párpados todavía medio cerrados, las mujeres reían y cocinaban, emocionadas del encuentro.

A lo largo de la mañana, las personas representantes de cada localidad del K’iche fueron llegando al punto de encuentro y con el estómago lleno salimos en caravana hacia Gumarcaj, centro ceremonial que ha sido defendido por la comunidad ya que repetidas veces han querido cobrar la entrada para volverlo un centro turístico. 

Gumarcaj nos recibió con un fuego vivo de múltiples colores, olores y movimiento. En el centro, las contadoras del tiempo recitaron palabras de bienvenida, así como consignas de lucha, mientras pureaban. Compartieron que para ellas la espiritualidad es entendida como algo político, estratégico, cosmogónico y territorial. Se elaboran ceremonias de lucha y al purear (acto en donde se quema un puro de tabaco y hierbas) se expresa lo que se busca fortalecer o tumbar: se pacta y se purea para la justicia cósmica. 

La fuerza de las mujeres abrazó a la colectividad y entre ellas Lolita se veía en casa, acompañada por sus hermanas del territorio mientras compañeros sostenían fotografías de algunos y algunas luchadoras que han sido asesinados. Las mujeres nombraron la importancia de su retorno, recordando el dolor de la despedida y el exilio obligado que, aunque a quien expulsó fue a ella, dejó heridas en la organización. Durante este año su regreso se vio fortalecido y acuerpado por feministas comunitarias del Abya Yala quienes juntas han podido sanar. Se nombró al internacionalismo de la ternura, cuyas herramientas principales son el abrazo y el apapacho que fortalecen y articulan el apoyo mutuo de los pueblos frente al despojo.

Al cerrar la bienvenida comenzó el foro en el que se trataron temas sobre extractivismo, comunicación comunitaria, migración y la relación entre el sionismo y el genocidio tanto en Guatemala como en Palestina. 

Se nombró el paso silencioso del extractivismo y sus múltiples entradas a los territorios. No solo hay extractivismo con la minería, sino que se inserta desde las semillas, generando dependencias a los Estados y empresas. Se expuso la táctica internacional que actualmente busca reordenar geopolíticamente a Centroamérica desde el sur de México. Destacó la entrada de programas productivos impulsados por México en los países centroamericanos, como lo es Sembrando Vida que, según una investigación al respecto coordinada por CONNECTAS, busca que mitigue la migración a los Estados Unidos pero el funcionamiento ha sido poco transparente y, como expuso una panelista en el foro, el programa genera dependencia y daña el tejido comunitario al seleccionar beneficiarios específicos y no trabajar con las comunidades. También se mencionaron algunos megaproyectos como el mal llamado Tren Maya o el Interoceánico que a través del discurso de desarrollo atentan contra la forma de vida campesina e indígena.

El tema del extractivismo resonó con la participación de una mujer de Totonicapán, quien expuso los riesgos de la ley de agua en Guatemala que no ha consultado a las comunidades ni organizaciones y que, desde su perspectiva, es una herramienta para el despojo de este bien común. Sus palabras hicieron eco para Silverio de El Salvador, quien expuso que en su país se han realizado una serie de leyes para la privatización y el despojo, como lo son: la ley de recursos hídricos, la ley de minería y la ley de expropiación de tierras. “No gobiernan para el bien común, gobiernan para un pequeño grupo”, destacó Silverio quien también compartió que una estrategia utilizada para defenderse del despojo es “utilizar la técnica del pollo: que va directo al grano”, es decir cuidar las semillas; hizo un llamado a seguir sembrando rebeldías. 

El foro cerró con la participación de Alberto Hidalgo, quien presentó brevemente su trabajo sobre la relación entre la industria militar global y el papel de Israel en el genocidio guatemalteco. El desenvolvimiento irregular del conflicto interno que culminó con el genocidio de los pueblos mayas en Guatemala fue muy largo, su periodo data de inicios de la década de 1970 hasta la primera mitad de la década de 1980, cuya intención era producir la destrucción física de la población maya por considerarlos la base de la guerrilla y enemigos internos, por lo cual había que aniquilarlos. 

Para entender un poco más de lo ocurrido, hay que remontarse a los años cincuenta, cuando la mayoría de las tierras cultivables pertenecían a empresas estadounidenses. El entonces presidente, Jacobo Árbenz, buscaba gestionar una política agraria para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Ante esto, Estados Unidos impulsó un golpe de Estado, el cual fue una de las primeras intervenciones por parte de dicho país con la excusa de enfrentar el comunismo. El territorio guatemalteco era (y sigue siendo) de gran interés geopolítico por ubicarse en el centro del istmo mesoamericano y poseer una gran cercanía al canal de Panamá.

El investigador expuso cómo el gigante del norte utilizó la maquinaria armamentística israelí para seguir perpetrando crímenes de derechos humanos sin manchar su imagen. Es decir, las balas que intentaron acabar con el pueblo maya durante el gobierno de Ríos Montt fueron creadas en una fábrica de Israel en Guatemala, además de que los caibiles fueron entrenados por el mismo ejército que actualmente sigue cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Con sus palabras, Alberto tejió un lazo de resistencia entre ambos pueblos, recordando que el genocidio continúa como una estrategia de control global y que actualmente se nota a través del sionismo religioso como impulsor del individualismo en Guatemala. 

Al terminar el foro se realizaron diversos talleres como herramientas de apoyo a los procesos organizativos de las comunidades, tratando temas como: estrategia de comunicación para campañas, cartelismo político y serigrafía, registro audiovisual, tecnologías apropiadas, entre otros. 

Para cerrar el encuentro se realizó una rueda de prensa en donde los integrantes de cada delegación, así como el CPK, nombraron los despojos que se viven en cada latitud de procedencia y se reafirmó el compromiso de seguir construyendo redes, nombrar las resistencias y acuerpar a las y los compañeros que viven las afrentas. 

Destacó la criminalización y la judicialización como mecanismos estatales para frenar los procesos de organización comunitaria. Las voceras del CPK expusieron la violencia que actualmente viven desde el sistema patriarcal de justicia: las prácticas de criminalización sobre los cuerpos-territorios que no son otra cosa que un proceso de control y despojo que se ve constantemente materializado en las acusaciones a cada una de ellas. 

En voz de Lolita: “Nosotras también ponemos nuestro cuerpo en la línea frontal del ataque y queremos decirles que no estamos mintiendo, se nos criminaliza. A mí se me ha torturado públicamente en los medios, una tortura psicológica de decir que lo que defendemos no tiene fundamento. Denunciamos que a un año de mi retorno yo ya estoy nuevamente judicializada. Eso nos preocupa porque lo que planifica este Estado es que yo vaya a la cárcel o al cementerio. Ya nos atacaron a mano armada y eso no puede quedar silenciado”.

Durante la rueda de prensa, Lolita no dejó de recordar la fuerza del trabajo que realizan como defensoras y defensores del territorio: “Este corazón que tenemos dentro de nuestro ser es el corazón de montaña. Es así como vivimos la fuerza de la defensa territorial, es así como vivimos cotidianamente nuestro aquí y ahora con esa ilusión y esa fuerza de todas las expresiones de montaña. Vinimos a decir nuestra palabra como las abuelas nos han enseñado: una palabra que puede ser también la memoria y la historia de este gran territorio. A un año de nuestro retorno el CPK seguiremos el camino de las siembras de la rebeldía. Y esa semilla las que les dimos acá, llévensela, siémbrenla en sus territorios y también nosotras vamos a sembrar la semilla que ustedes nos dejaron con todas las denuncias que hicieron”.

Así como los procesos de despojo y violencia continúan, a lo largo de los años las resistencias también se reorganizan y renuevan mirando siempre al pasado desde la memoria colectiva. También hay continuidad a lo largo de los años en la resistencia de los pueblos. 

No hay casualidad alguna entre la concordancia que se da entre el significado del nombre del pueblo K'iche y la defensa que practican. K'iche significa ki (muchos) y che (bosque o árboles): el CPK es el bosque defendiéndose a sí mismo. Lolita lo recordó al comentar que “seguiremos diciendo que los bosques son nuestra vida, que los árboles son nuestros hermanos y hermanas y que les vamos a seguir abrazando y que les vamos a seguir sembrando porque el reverdecer K'iche es nuestro compromiso”. Una sola voz colectiva como despedida enunció: “Porque así es, así sea y así será”. 

Autonomía, un riesgo para el caciquismo en la Sierra de Flores Magón, Oaxaca

Foto de portada: Renata Bessi

El 14 de diciembre de 2014 se marca un parteaguas en la comunidad de Eloxochitlán, comunidad mazateca incrustada en los bosques de la Sierra donde nacieron los hermanos Flores Magón, estado de Oaxaca, México. Este día quedó marcado por un ataque hacia la asamblea comunitaria, organizada por usos y costumbres, perpetrado por el grupo caciquil liderado por la familia Zepeda, con intereses políticos y partidistas. A partir de entonces se inició un proceso de persecución política y jurídica contra los comunitarios que dura hasta la fecha. 

Avispa Mídia platicó, durante la primera misión de observación en la comunidad, con Argelia Betanzos, abogada e integrante de la colectiva Mujeres Mazatecas por la Libertad, para comprender las raíces históricas que engendran una década de persecución política y jurídica contra sus habitantes, cuyo estopín fue el ataque a la asamblea el 14 de diciembre de 2014.

Argelia comparte, en detalles, la historia de dominación caciquil en Eloxochitlán, los procesos de construcción de la autonomía comunitaria y la búsqueda de liberación de esta dominación, en la cual tiene su lugar la influencia del pensamiento libertario de Ricardo Flores Magón, un pensador anarquista reconocido internacionalmente y originario de este pueblo. 

Después de importantes experiencias de autonomía que se dieron sobre todo a partir de la década de 1980 en la comunidad, a finales de los años 2000 se dio el retorno expresivo de un nuevo grupo caciquil. Sin embargo, la comunidad ya no era la misma y la resistencia comunitaria hizo frente a este grupo que buscó por la fuerza imponer su poder. “El 14 de diciembre de 2014 y los diez años subsecuentes de persecución son resultado de este proceso”, cuenta Argelia.

Además, analiza la confluencia de fuerzas de actores políticos estatales que alimentan el conflicto en Eloxochitlán por más de una década. “Hay figuras de Estado que han estado detrás de la persecución, de la desarticulación y del despojo de esta comunidad, del despojo territorial, pero también del despojo de su herencia ancestral, de la organización comunitaria y de nuestra identidad originaria”, sostiene. 

Al menos 50 integrantes de la comunidad han sido perseguidos y respondido a procesos penales, 21 de ellos han sido encarcelados y, después, ganado su libertad porque las acusaciones no se sostuvieron. El 31 de marzo de 2025, de acuerdo con el informe oficial, se emitieron 200 nuevas órdenes de aprehensión en contra de 56 personas, todavía por presuntos delitos ocurridos en 2014, delitos que ya fueron estudiados siete ocasiones (a nivel federal y por el Tribunal Superior de Oaxaca) y se determinó la prescripción del delito; esto fue posible porque durante esta década también hubo defensores comunitarios presos dentro del mismo expediente 16/2016 del cual se desprendieron las recientes órdenes masivas.

Compartimos parte de una larga entrevista con la abogada e hija de perseguidos políticos – Eusebia y Jaime Betanzos -, en su casa, en Eloxochitlán de Flores Magón.


Porque la comunidad había demostrado su resistencia organizada para defender su autonomía y para defender su territorio. El auge fue en 2014, [cuando se exigió que se respetara la elección de sus autoridades por usos y costumbres y fue atacada por un grupo armado]. Este proceso viene de un histórico de más de 40 años donde hombres y mujeres de esta comunidad han reflexionado y organizado alrededor de la autonomía.

Eloxochitlán fue el primer municipio en 1995 en ser reconocido por tener un sistema normativo interno y a partir de allí varios otros municipios fueron siendo reconocidos. 

Pero también ese reconocimiento no fue un hecho aislado, sino que la comunidad ya había dado batalla al respecto. Antes, en los años 1980, también la comunidad dio batalla alrededor de la lucha por la libertad de credo. Esto es fundamental porque hizo que se disolvieran divisiones por credos y que la asamblea pudiera tener la capacidad de ser una sola.

También se difundió, desde la década de los años 60, vamos a decirlo así, el espíritu magonista. Aquí nació Ricardo Flores Magón y se trajo de regreso esa enseñanza, organizando cursos de verano a los estudiantes de secundaria. Así fue como se sembró la semillita de que este pueblo, además de que tenía una herencia ancestral, también podría ser un pueblo que aprendiera los ideales libertarios y que se convirtiera en un pueblo crítico hacia los gobiernos.

Entonces, la enseñanza de ser críticos junto al rescate de nuestra herencia ancestral fortaleció mucho ya los ejercicios de las décadas de 1990 y 2000 a nivel comunitario.

No fue siempre así en la comunidad [refiriéndose a la construcción del proceso de autonomía]. La comunidad, en la primera parte del siglo pasado, vivió bajo el caciquismo de los Hernández, que es una familia que llegó del estado de Puebla.

La vida política, quien tenía contacto con el gobierno del Estado no eran las personas originarias de esta comunidad. Los Hernández eran los únicos que tenían diálogo, interlocución con los gobiernos estatales. Fue así más de la mitad del siglo pasado. Lo que significa que nuestra comunidad estaba aislada de tener algún trato con el Estado.

Para nosotras eso dice muchas cosas. Por un lado, históricamente es una comunidad que no tenía la necesidad de tener relación con el Estado. Nadie de la comunidad algún día dijo, "queremos tener el derecho de hablar con el Estado”.

La comunidad en su vivencia cotidiana para sobrevivir y subsistir, comer, tener un techo y sanarse no necesitaba del Estado. Jamás las familias pensaron en que era necesario que nos relacionáramos con el gobierno del Estado. Mis bisabuelos no pensaron eso, mis tatarabuelas no pensaron eso, ni siquiera mis abuelos ni mis abuelas pensaron eso. No teníamos necesidad.

Por otro lado, la comunidad con ese régimen caciquil, sí, sufría opresión y esclavitud porque ojalá que los caciques llegaran solamente a vivir y a tener relación con el Estado, pero no.

Ellos sabían leer y escribir y entonces se presentaban con la comunidad como superiores a ella. Y tenían entonces la capacidad de amedrentarlos, aterrorizarlos, engañarlos y despojarlos. 

¿Cómo los despojaban? Un ejemplo, se les antojaba alguna carne, algún producto, amenazaban a los compañeros y compañeras diciéndoles, ¿sabes que?, existe algo que se llama orden de aprehensión, es cuando cometes algo indebido contra la ley y te tienen que llevar a la cárcel. Amenazaban, ‘tienes orden de aprehensión, ¿sabías? Nosotros sabemos porque nos llevamos con la gente del gobierno y ya nos avisaron que tú cometiste un delito. No te preocupes, el problema se puede resolver, pero danos tu mejor guajolote’. 

Prácticas como estas se dieron todavía en las décadas de 1960-1970. Pero anterior a esos años había un régimen de tributo. Entonces ya era un régimen en donde las familias de nuestras y nuestros compañeros rendían tributo alimentario a la familia caciquil.

Eso aquí en el pueblo; en otros pueblos como Huautla de Jiménez, esta familia caciquil se alió con matones y literalmente iban a robar. Iban a cometer robos. Hay registro de esto en libros publicados. O sea, eran unos bandidos. A parte de ser caciques, eran bandidos. 

Entonces, en un momento se organizaron los pueblos vecinos para desquitarse de esta familia, entraron a nuestra comunidad y quemaron el templo de San Antonio, desquitándose también de la población. Tuve familiares directos de la línea de mi padre cuyas casitas fueron quemadas. Entonces, el desplazamiento se aumentó hacia la montaña. Eso entre el 1915 y 1930 más o menos. Estos sucesos son muy crueles porque la comunidad pagaba las consecuencias de las acciones delictivas de los caciques, por un lado, y, por otro lado, eran saqueados aquí mismo. 

La imposición de los caciques es de tal magnitud que solamente una familia se atrevió a encararlos. Eso sí fue más o menos en los años 1940, se apellidaban Gallardo y las consecuencias fueron fatales. Al desquitarse los caciques, los Gallardo tuvieron que desplazarse para siempre a la Sierra Mazateca Baja y jamás han vuelto.

Después, los mismos maestros que trajeron la herencia magonista fueron frontales contra el grupo caciquil. Lograron establecer el primer internado de primaria que está aquí, el Ricardo Flores Magón, junto al río, que fue una lucha de 10 años para construir la escuela porque los caciques la mandaban a derribar.

Entonces empiezan a surgir pequeñitos grupos que, con esta fuerza, este espíritu y preparación, empezaron a confrontar el caciquismo. Hasta que la comunidad ya fue cobrando más esta noción.

Foto: Renata Bessi

A partir de la llegada de una organización cafeticultora, en la bodega de café, ahí se hacían muchos ejercicios asamblearios. Empezó la formación más política, por así decirlo, en donde la participación era de mujeres y de hombres y, a partir de ese tipo de organización alrededor de los cafeticultores - no del priismo, ni del cenecismo [Confederación Nacional Campesina], ni nada de eso -, fue como empezó también a cobrar solidez la asamblea comunitaria, en donde había la interacción, reflexión y consenso para temas públicos y políticos.

Para la comunidad es muy sencillo juntarse, reflexionar y tomar consenso porque esa es una práctica cotidiana en la vida común e íntima de todas las localidades. Eso se hace cuando va a haber siembra, cuando va a haber trabajos comunitarios en cada localidad. Los compañeros y las compañeras nos reunimos de manera muy natural, empieza la charla, se presentan los puntos y se toma un consenso.

Entonces, cuando llega esta unión cafeticultora y aglutina a la población que va participar allí, se empieza a tener una participación política muy activa y eso luego se vio reflejado en las asambleas generales de la comunidad, en donde incluso el número de asistentes aumentó abismalmente.

Bajo el régimen caciquil solamente participaban hombres que venían regularmente de trabajos comunitarios como los tequios y limpias de camino y los caciques, con ellos, legitimaban sus decisiones políticas, quién iba a ser el presidente municipal, quién iba a ser el presidente de padres de familia. La comunidad realmente no tenía preocupación por saber qué estaba pasando en la presidencia municipal.

La preocupación de la comunidad siempre ha sido que sus caminos estén limpios, que las veredas estén limpias, cumplir con el deber del tequio comunitario. Y poco a poco los compañeros y compañeras empezaron a preocuparse porque también llegaran algunos otros beneficios como la luz eléctrica, por ejemplo. La llegada o la petición de la luz eléctrica también provoca la organización de la comunidad. Pero entonces vuelvo al tema de la organización cafeticultora a partir de allí.

Esa presencia y reflexión política de mujeres y hombres se vio reflejada y fue trasladada al nombramiento ya de presidentes municipales. Si en las décadas de 1960-1970 participaban 50 personas en las asambleas y, con ellas, los caciques legitimaban sus decisiones; en la década de 1990 se da un giro brutal en esta situación.

La asamblea empieza a ser de 500 personas y en los años 2000 se rebasa el número de 1000 personas, 1500, o sea, en tan solo tres décadas el número pasó del clásico 50 de todo un siglo, ahora a casi 2000 personas activas. Las mujeres participando. 

Se logró establecer incluso cabildos por consenso y que muchos de los cabildos atendieron necesidades comunitarias. Varios, incluso, de gente que se apellida Zepeda, porque fue nombrado por la comunidad. Estamos hablando desde los años 90s y parte de la década de 2000, la comunidad sí vivió una interacción más sana con sus representantes comunitarios a nivel municipal, aunque esta organización sufrió confrontación directa de parte del priismo regional, que algunas veces atacó la integridad física de personas defensoras de la autonomía.

Cuando el Estado vio esta dinámica accionó intencionalmente para detenerla. Yo así lo aseguro, el Estado fue intencional para detener las dinámicas comunitarias que ya estaban incidiendo en la administración municipal. Ya no eran caciques que elegían con 50 personas y tampoco se estaban eligiendo bajo partidos políticos.

Esto es un golpe al Estado. El Estado se desquitó articulando, desde sus propias oficinas, un grupo caciquil, al que yo le digo neocaciquil, porque el anterior cacique pues prácticamente la comunidad lo desarticuló. El neocaciquismo tendría que estar conformado por personas con los mismos intereses que el Estado. Y este neocaciquismo se conforma por Manuel Zepeda que era un profesor ya jubilado para entonces, pero con una carrera extractivista.

Para el año 2010, Manuel llevaba varios años de iniciar su empresa de materiales pétreos, casi exclusivamente en el terreno de su casa. Él vive junto al río. El grupo neocaciquil es fortalecido también por el descendiente histórico de los Hernández, don Eleazar Hernández, es parte de este grupo neocaciquil.

También está la hija de Manuel Zepeda, Elisa Zepeda, que era la favorita para ser perfilada como un personaje político femenino. Además, en el grupo neocaciquil funge como pilar fundamental quien fue esposo de Elisa Zepeda, un ingeniero ambiental, David Tello. Es un hombre poblano que estudió en la Universidad del Mar en Puerto Ángel junto a Elisa, ingeniería ambiental.

David Tello, desde esos días, ya era una persona que conocía el manejo de todas las dependencias del Estado, estaba relacionado con funcionarias y funcionarios del Estado desde que llegó a la comunidad con Elisa en el año 2007. Entonces sus conexiones fueron avanzando, el propio Estado las permitió, el propio Estado le abrió las puertas para que sus relaciones se afianzaran y crecieran desde esos años.

Entonces las instituciones de Estado estaban disponibles para el grupo neocaciquil. Y este grupo empezó a actuar. La primera acción fue cuando Manuel Zepeda tomó el poder municipal de forma irregular (2011-2013). Esa fue la primera acción.

Paralelamente al crecimiento de la asamblea comunitaria y a la articulación del grupo neocaciquil, partidos políticos empiezan a entrar y a cooptar gente, sus operadores políticos dentro de la comunidad. 

Por ejemplo, entró la CNC, paralelamente a la organización campesina comunitaria UCOCAM, para jalar campesinos en el tema del café, del ala priísta e intentar restar a la UCOCAM.

El PRI trabajó toda la década de 1990 desde la CNC, todos los 2000 trabajó intensamente para ganar adeptos. Luego entraron otros partiditos pequeños, pero no se les ha notado trabajo ni presencia.

No me parece a mí que tengan conciencia partidista nuestros compañeros y compañeras de la comunidad. Los operadores, sí, pero no la comunidad. No hay una conciencia partidista. No hay una base verdaderamente sólida que diga, "somos priístas y damos la cara, damos el rostro”; son siempre los operadores. Pero, de todos modos, el intento de cooptación constante de parte de los partidos políticos, sí, genera y generó costos a la comunidad, porque en las décadas que les hablo hubo opresión contra la comunidad y contra activistas de parte de diputadas y diputados priístas que lastimaron incluso con intentos de asesinato, a quienes estaban trabajando por la autonomía. Y a la fecha las dirigencias de los partidos políticos que conciben la injusticia contra Eloxochitlán tienen la regla de no hablar de ello, porque, en el fondo, están de acuerdo con todo intento de desarticulación de la autonomía.

Entonces, cuando a nivel regional el grupo neocaciquil de Zepeda se forma, lo hace desde el ala priísta, precisamente. No que abiertamente Manuel dijera, "soy priísta", pero sí se tejió su nacimiento desde el ala priísta, la prueba testimonial es útil para afirmar esto, y por cuestión históricas también, porque era el único partido que dominaba la región. Después del priísmo cambió al perredismo y al partido Convergencia.

Cuando Manuel ganó la presidencia, los que organizaron su logística, por ejemplo, venían vestidos con una playera anaranjada, que era el color del partido Convergencia del entonces gobernador Gabino Cué.

Nos parece que la actividad partidista ha sido una preocupación del Estado para anular la actividad de la autonomía. Ha sido una confrontación real, pero más de parte de los operadores y diputados y diputadas que por parte de la comunidad. Eso sí hay que dejarlo muy claro.

No hay en la comunidad una parte que tenga arraigo por algún partido y que entonces se confronte con la otra, porque también ha sido parte del discurso que busca deslegitimarnos: "hay dos alas en la comunidad, una por la autonomía y otra por los partidos." Yo digo, pues, ¿dónde está la gente de los partidos? Los partidos trabajan con la comunidad a veces muy forzadamente para que voten por un diputado de un color o de otro, pero les cuesta muchísimo.

Lo que sí hay es una operación política regional o estatal para querer forzosamente intervenir en esta comunidad y desarticularla. Restarle fuerza a la asamblea comunitaria para que la gente intente identificarse con algún partido político. Ese acoso estatal de la mano de los partidos políticos es también una causa de fondo de por qué subsiste la persecución contra Eloxochitlán.

Sin decir expresamente que pertenecían a algún partido, pero sí trabajando bajo su sombra, Manuel Zepeda y su hija Elisa Zepeda Lagunas, llegaron al poder regalando cosas, cooptando el voto, era la primera vez que veíamos esa práctica en la comunidad.

Cuando la comunidad reflexionó ese ejercicio se dio cuenta que era una injuria a sus formas. Pues se burlaron de la comunidad, por eso no se le dio el bastón de mando a Zepeda el 1° de enero del 2011. Entonces vinieron las imposiciones desde las oficinas del Gobernador del Estado, la obediencia de Zepeda a las formas del Estado. 

Fue un trienio [2011-2013] marcado por la represión contra la comunidad con una serie de acontecimientos desde lesiones, cateos ilegales, torturas, intentos de asesinato, fabricación de delitos. Zepeda reprimió a la comunidad, primero, porque no le dio el bastón de mando y, segundo, porque la comunidad organizó sus propios trabajos comunitarios conforme a la costumbre. Y Zepeda estaba sin gente porque la gente no estaba con él haciendo los trabajos comunitarios. La comunidad estaba haciendo sus propios trabajos desconociéndolo. 

Lo que sucedió es que en lugar de que el Estado reconociera la legitimidad de la organización comunitaria y desconociera a Zepeda, el Estado respaldó al cacique. Estaba solito con sus dos regidores, nada más. El Estado le permitió a Manuel gobernar con dos regidores como si tuviera su cabildo completo. Entonces, cuando te das cuenta que un presidente sin legitimidad tiene el respaldo de ese tamaño, descubres que sí hay actores del Estado que son responsables de los delitos que se le cometieron a la comunidad, de la represión, lo fue el Gobernador Gabino Cué.

No puede ser solamente Manuel Zepeda el responsable de las torturas, de los cateos usando el Ejército, no puede ser solo él, porque ¿quién le va a dar el uso del Ejército?, ¿quién lo va a mantener en la impunidad?, ¿quién le va a dar el permiso de gobernar con solo dos regidores?

La comunidad, en el año 2012, ganó un juicio político electoral contra él. Ganó la comunidad, pero en la práctica se le permitió gobernar con solo dos elementos. 

La asamblea estaba unificada, pero estaba muy lastimada. Cada trabajo comunitario que se organizó fue reprimido. Los compañeros fueron heridos con piedras, fueron correteados, en algunos eventos fueron torturados, como el padre de Miguel Peralta. En esos tres años se lastimó tanto la comunidad, pero se tuvo la capacidad de subsistir unidos. Eso es un punto clave para entender por qué en el año 2014 la estrategia de represión se recrudeció.

A pesar de todo, la asamblea comunitaria no se disolvió. ¿Cuál es la expresión más clara de que la asamblea comunitaria mantiene su unidad en medio del trienio de Zepeda? En el año 2013, el último de Zepeda, la asamblea ganó las elecciones; fue capaz de derribar un estatuto que, en el último año, Zepeda impuso a la comunidad, para organizar las elecciones. Ahí ya venían las nuevas reglas de cómo se iba a elegir la autoridad municipal. Tenía que haber planillas por colores, fechas para dar a conocer la planilla, fechas para hacer la campaña. La comunidad se entera de ese estatuto un día antes de la votación en noviembre del año 2013.

Hicimos una manifestación, el día de las elecciones, con pancartas y escribimos: "tu estatuto, Manuel, es espurio y no vamos a hacer esta asamblea de elección municipal bajo tu estatuto". Y después entendí que ese estatuto no era local. Era de esos estatutos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) que se impone en la mayoría de los municipios de usos y costumbres.

Y ahí vuelvo a decir, la represión contra la comunidad no es solamente de un actor local, es de un actor estatal, es de un IEEPCO que hace una simulación de estatutos para comunidades como la nuestra con contenido idéntico a la forma de los partidos políticos. Solamente le cambian el nombre. 

Pero ahí, en noviembre de 2013, la comunidad ganó las elecciones y nombramos a Alfredo Bolaños Pacheco como representante por consenso.

Eso demuestra que la comunidad tenía la capacidad de resistir unida a pesar de los agravios físicos que se nos cometieran. 

¿Qué hacer frente a una comunidad a la que has torturado, a la que te has metido a sus casas con el Ejército, a la que fabricas delitos?; ¿qué hacer si estos se vuelven a juntar y ganan las elecciones?, ¿qué hacer si te siguen denunciando abiertamente por ecocida? 

El año 2014, fue el primer año de gobierno del compañero Alfredo Bolaños Pacheco y su cabildo indígena. 

Todo el 2014 les presionaron para que compraran piedra y arena de la empresa de Zepeda. El gobierno municipal dijo: "no vamos a comprar algo que es producto del saqueo; tú ya te autocompraste en tus 3 años que gobernaste el municipio”. Ese fue un punto que encendió la ira del cacique.

Manuel se autocompraba su propia grava y su propia piedra. En noviembre de 2014, llegó un aviso de la auditoría superior del Estado, relacionado al gobierno de Manuel, para que se cubriera el último ejercicio fiscal por 20 millones y medio de pesos, más o menos. Alfredo tuvo que enviarle la notificación y faltaban pocos días, dos o tres, para que se cumpliera el límite de la auditoría superior, cuando Zepeda le toma el palacio a Alfredo Bolaños, desplazan con violencia a nuestro presidente y a los compañeros. 

Y entonces es cuando nosotras encontramos, clarito, que se tejió una estrategia para provocar eventos que dieran lugar a una represión, pero ya no una represión vil y directa como la que hizo Zepeda – yo te pego, yo te golpeo, yo te reprimo, yo te torturo. A partir de los eventos de 14 de diciembre de 2014, cuando la asamblea fue ataca por un grupo armado, se empieza con una estrategia de represión limpia usando al poder judicial, la fiscalía, órdenes de aprehensión, delitos fabricados pero de alto impacto, todo “conforme a derecho”, como les gusta hablar.

Foto: Renata Bessi

En este año entonces se juntan gobierno del Estado, poder judicial, fiscalía, policías y la autoridad municipal, pero también se juntan sicarios. Es un año que se juntan todos los poderes fácticos para lastimar a nuestra comunidad. 

Esta estrategia perversa, que ya lleva más de diez años, no se pudo tejer de ninguna manera solamente por un grupo caciquil local. Porque aquí en Eloxochitlán ni siquiera hay sede de la policía estatal, no hay sede de las agentes estatales de investigación. Aquí no hay juzgado, aquí no hay nada del aparato del Estado como para decir que la estrategia fue solamente local.

Esta es una estrategia de Estado, repito, encuadra dentro de los delitos de lesa humanidad porque quienes están operando y respaldando son los propios gobernadores a lo largo de una década. 

¿A cuántas personas se escogieron para criminalizar? Aterrorizaron más o menos a 50 personas, pero sus primeras acusaciones se lanzaron en contra de 34 personas. Ahora son 200 nuevas órdenes de aprehensión, contra 56 personas.

Se enlistó a la representación comunitaria, se enlistó al activismo histórico por la autonomía, se enlistó a los compañeros cafeticultores organizados, se enlistó también a las representaciones de las localidades del municipio.

Para nosotras, como mujeres de la comunidad y familias, es claro que el Estado estableció e impuso una estrategia de terror con cara de limpia, porque la hizo usando el poder judicial.

Entonces cuando observamos la lista de las personas criminalizadas, pues confirmamos sin lugar a dudas que lo que aconteció el 14 de diciembre de 2014 fue perfectamente planificado.

Los gobernadores, el partido Morena al colocar a nuestra victimaria [Elisa Zepeda] en puestos de poder en el Estado les permitió precisamente provocar esta perpetuación, esa prolongación de las violaciones sistemáticas contra la comunidad a través de prisión injusta, desplazamiento injusto y forzado y a través de una serie de violaciones de derechos, derechos individuales, pero también derechos colectivos y ambientales.

Resumidamente, tienen interés económico e interés político. Quieren el control político de la región porque probablemente el brote de la resistencia comunitaria de los 80s y su capacidad de rearticularse puede ser un ejemplo, muy peligroso, para las comunidades vecinas, en un contexto en el cual el Estado quiere regalar estos territorios a empresas, como ya lo hizo una vez el gobierno federal con la Sierra Mazateca Baja, inundándola, desplazando a sus habitantes y matando a miles de ellos.

Empresas como Nestlé, por ejemplo, intentan imponer sus nuevas plantitas de café que no son las más amigables con el territorio. O entonces, las expediciones de personas extranjeras en nuestras cavernas. Es una actividad totalmente ilegal, no sabemos cómo se llaman, no sabemos quiénes son, pero sí se les ha visto muchas veces. Además, nuestro territorio es muy rico, en agua en un contexto donde el estado de Oaxaca tiene serios problemas de falta de agua. Las localidades de esta comunidad llevan agua en su nombre. Sin hablar de la explotación de grava y arena en nuestro río.

Río Xangá Ndá Ge. Foto: Santiago Navarro F

También están los intereses políticos electorales. Al final del día a la 4T no le importa si eres morenista o no, le importa contar votos. Entonces, los intereses electorales del Estado son determinantes a la hora de ser permisivos o de garantizar impunidad, porque lo prioritario para ellos no va a ser la comunidad, sino garantizar el voto y garantizar que sus operadores puedan moverse libremente por los territorios originarios, no solamente en Eloxochitlán, pero en toda la Sierra. 

Eso es lo que quieren, garantizar que haya un libre movimiento de sus operadores por territorios originarios para imponer sus políticas y que nadie les diga nada. Este es el trabajo que ha hecho Elisa Zepeda [hija de Manuel], que se alza en el poder del Estado a partir de la maquinación estatal del 2014, como diputada, luego como secretaria de Mujeres de Oaxaca y nuevamente diputada por Morena.

La asamblea comunitaria no ha realizado elección por consenso desde el año 2013, sus cabildos han sido impuestos simulando la participación comunitaria. Tampoco se ha presentado en los tribunales para denunciar el saqueo irracional que ha llevado al río Xangá Ndá Ge muy cerca de un punto de no retorno. Sin embargo, ha resistido con el Estado en su contra. Por tanto, a diez años de lucha y resistencia es legítimo exigir que el Estado admita su cobardía al imponer una lucha absolutamente desigual, y reconozca que la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón jamás renunciará a su herencia ancestral y a la defensa de su territorio. ¡Libertad para Eloxochitlán!