El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), en un comunicado publicado el lunes (13), alerta que la disputa por el territorio indígena para la extracción neoliberal, impulsada por el gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados, “se está apoyando en la represión oficial y el terror profesional, perpetrado por policías, grupos delincuenciales y paramilitares que dejan a su paso un terreno fértil para la apropiación capitalista”.
El CIG ejemplifica la situación con dos territorios que fueron sometidos por el Estado mexicano y empresas extractivistas a estas estrategias: el municipio de Juan C. Bonilla, en la región nahua cholulteca de Puebla, con la represión selectiva; la región zoque al norte de Chiapas, con la complicidad con grupos armado.
El Concejo alerta sobre la implementación de la guerra paramilitar para llevar la violencia al norte del estado de Chiapas, en torno a tierras aledañas al volcán Chichón, en el municipio de Chapultenango, en medio de una creciente presión para la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades organizadas han hecho frente y logrado detener.
“En ese contexto se dio el cobarde ataque paramilitar sufrido por hermanas y hermanos del pueblo zoque, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, el pasado 21 de noviembre, a partir de las 10 horas; mediante una acción coordinada un grupo armado atacó la comunidad de Esquipulas Guayabal. Alrededor de 20 personas encapuchadas dispararon armas de grueso calibre a la comunidad, provocando el desalojo forzado y el desplazamiento de 35 familias a la cabecera municipal”, describe en su comunicado.
El gobierno mexicano, denuncian los pueblos, a través de sus instituciones agrarias, “propicia graves conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio zoque del volcán Chichón, al mismo tiempo que propician la privatización de la tierra colectiva mediante el programa Procede bajo nuevos nombres, que con mecanismos fraudulentos fomenta el despojo y el conflicto”.
Denuncian, aun, la represión y persecución en contra de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta-Popo, “quienes en defensa del agua en el estado de Puebla, agua que está siendo fuertemente ambicionada y disputada por los intereses industriales y particularmente extractivos por parte de la empresa Bonafont, resisten y se organizan de una manera ejemplar”.
Los pueblos exigen el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que operan en el municipio de Chapultenango, Chiapas, y reiteran su “rechazo a los megaproyectos de muerte que el gobierno federal pretende imponer a costa de lo que sea, incluso la vida de nuestros pueblos”.
El pasado 24 de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que las 11 ministras y ministros del Pleno analizarán la controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial, publicado en mayo 2020, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El acuerdo presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020, ordena a la Fuerza Armada permanente -que incluye al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea- “a participar con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”. Esta participación no puede exceder los cinco años desde la entrada en vigor de las reformas que crearon la Guardia Nacional, el 26 de marzo de 2019.
El acuerdo especifica que las Fuerzas Armadas deben participar “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria”. Sin embargo, en el informe, “Poder Militar: La Guardia Nacional y los Riesgos del Renovado Protagonismo Castrense”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señala que en realidad “el Acuerdo Presidencial no se ajustó ni a la Constitución ni a la sentencia interamericana”.
Sofia de Robina Castro, abogada del Centro Prodh, precisó que el acuerdo de 2020 “en ningún momento establece como este uso es excepcional, como es que está delimitado en una cierta temporalidad, en un cierto espacio geográfico, a que decisiones establece su despliegue y, sobre todo, como es que va a estar subordinado a los elementos civiles.”
En el conversatorio, “Retrocesos en el modelo de seguridad desde los estándares internacionales” puntualizó: “Por el contrario, es una labor de coordinación que cada vez más vemos que va quedando en manos de las Fuerzas Armadas. Y todo este contexto es lo que nos hace suponer que estamos ante un modelo que sigue profundizando la militarización.”
A la controversia se suma una serie de otras acciones y amparos presentados por instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil contra leyes y acciones que militarizan la seguridad pública en México. Este modelo de seguridad militarizada impulsado por la administración de Andrés Manuel López Obrador no sólo es ineficaz, sino que crea condiciones idóneas para la violación reiterada de los derechos humanos, señalan expertas y expertos en la materia.
En lo que sigue, hacemos un recorrido breve por las pasos que han consolidado la militarización como una herramienta clave de la 4T, con la mirada puesta en los recientes acontecimientos.
“Militarización sin precedente”
La militarización de la seguridad pública tiene una larga historia en México. Sin embargo, en el informe “Poder Militar” el Centro Prodh señala que durante el sexenio de AMLO la militarización ha alcanzado “una profundidad legal no vista antes. Los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones”.
Durante el conversatorio sobre los retrocesos en el actual modelo de seguridad, Castro destacó algunos de los principales actos que el mandatario ha tomado en este sentido. “Tenemos presencia de las Fuerzas Armadas [en diversos ámbitos], pero además una reforma constitucional de creación de la Guardia Nacional con elementos preponderantemente castrenses. Tenemos las posteriores leyes secundarias en donde de nueva cuenta se les da facultades a esta institución de la Guardia Nacional que confunde elementos de prevención y de investigación que no deberían de ser propias de una institución con esta características. Vemos cada vez más que las autoridades y los elementos que están al frente de cargos de altos mandos en la Guardia Nacional son castrenses”.
Como recuerda la abogada, la Guardia Nacional fue creada el 26 de marzo de 2019, cuando se publicó un decreto efectuando una serie de modificaciones constitucionales necesarias para extender las tareas reservadas para los cuerpos policiacos al nuevo cuerpo de seguridad. La Ley de la Guardia Nacional fue publicada en mayo del mismo año.
Aunque la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su entrenamiento, las plazas, el reclutamiento y las prestaciones, “algo así como el ADN de la institución”, según la investigadora de World Justice Project, Lilian Chapa Koloffon- han estado a cargo de la Sedena y la Secretaría de Marina.
En su informe publicado en junio de 2021, el Centro Prodh cita varios hechos que desmienten la supuesta carácter civil de la Guardia Nacional. Lo que es más, todos los coordinadores estatales de la Guardia Nacional en los 32 estados provienen de las Fuerzas Armadas. Por si fuera poco, para aprobar de jure lo que ya es una realidad de facto, en junio del presente año el presidente adelantó que en 2023 presentará una reforma para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.
Aunque la Guardia Nacional fue creada por reformas constitucionales y leyes secundarias, cabe señalar que hay instrumentos administrativos que “están teniendo tanta trascendencia como si se tratase de actos legislativos”, según afirma el Centro Prodh. El acuerdo presidencial de mayo de 2020 es uno de ellos. Este acuerdo da facultades a la Fuerza Armada Permanente para realizar doce de las cuarenta y cuatro facultades conferidos a la Guardia Nacional por la ley que la conformó.
Por lo tanto, la Fuerza Armada Permanente puede garantizar, mantener y restablecer el orden así como prevenir la comisión de delitos en una muy amplia gama de lugares que incluye “las zonas fronterizas, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares”, así como en los parques nacionales y otros lugares de carácter civil.
Las Fuerzas Armadas también están participando en tareas públicas civiles como la edificación de sucursales del Banco del Bienestar, la distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19 y la participación en programas sociales clave de la 4T como “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
El informe de Centro Prodh resume: “El Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación es hoy la pieza fundamental de una militarización sin precedente.”
Megaproyectos en el sur de México
¿Cuál es el propósito de esta militarización excepcional?
Ana Esther Ceceña, economista y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, propone que los megaproyectos estrella de AMLO en el sureste mexicano jueguen un papel clave. En el informe, “Militarización del Sureste mexicano”, publicado en septiembre de 2021, señala que “la importancia económica, real o potencial, actual y futura de las megaobras proyectadas y, de alguna manera, ya en curso para esta región son una razón de gran peso para entender la creciente militarización, sobre todo por la resistencia organizada de los pueblos y comunidades.
Ceceña y sus colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rastrean la estrecha relación entre la imposición de megaproyectos y la militarización, en el marco de un enfoque regional de “seguridad interna” en el que los gobiernos nacionales ubican a los elementos desestabilizadores dentro de la población. Aunque en principio las políticas de seguridad interna dicen combatir el narcoterrorismo, funcionan sobre todo para proteger “los capitales y la propiedad privada de las grandes empresas frente a quienes resisten el saqueo desde los territorios afectados en nombre del desarrollo y el progreso”, según el informe.
Cabe señalar que López Obrador ha incrementado drásticamente la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción y operación de megaproyectos de infraestructura, así como el presupuesto para esta participación. Este es el caso especialmente de los territorios del sureste, marcados por una alta proporción de población indígena y altamente afectados por el tráfico de personas y de drogas, como se documenta en “Militarización del Sureste mexicano”.
De hecho, el pasado 4 de noviembre AMLO anunció que el Tren Maya, los aeropuertos de Palenque y Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum, así como el nuevo aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ en la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el Estado de México, serán administradas por una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente utilizó un discurso sobre la necesidad de blindar contra la futura privatización de estos bienes nacionales para justificar esta alarmante acumulación de poder en manos castrenses.
Bajó la misma lógica López Obrador firmó el pasado 22 de noviembre un acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.
El acuerdo instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar una autorización provisional de un año que permita al gobierno iniciar estos proyectos sin tener que esperar los dictámenes, permisos o licencias que generalmente se requieren.
Al calificar estos proyectos como integrales para la seguridad nacional, el acuerdo permite al gobierno reservarse la información sobre estos proyectos, restringiendo así el acceso a la información de la ciudadanía en general y de las comunidades afectadas en particular. De esta manera y al otorgar automáticamente la aprobación a los megaproyectos del gobierno, el acuerdo abre paso a la opacidad en la gestión de los proyectos públicos, establece un régimen de excepción en la regulación de los mismos y amenaza los derechos a la tierra y a la toma de decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios de los pueblos indígenas y agrarios, como señalan organizaciones de la sociedad civil en un comunicado publicado el mes pasado.
El doble discurso del interés público y la seguridad nacional que justifica este abuso de poder está inextricablemente ligado a la militarización sin precedentes del país por parte del presidente. Concluye Ceceña: “Constatamos con preocupación que no hay ningún intento por detener estas obras a pesar de la demostración de su naturaleza altamente depredadora, y que, para complicar aun más el mosaico de conflictividad, no serán posibles sin una amplia militarización de la zona, que ya está ocurriendo, pero que apunta a un establecimiento más permanente con la multiplicación de cuarteles y la fijación de tropas, y que pone en riesgo a la sociedad, las culturas, historias y riquezas de las ricas tierras del Sureste”.
En portada: Miles de migrantes haitianos se encuentran en la ciudad de Tapachula, en condiciones precarias, mientras esperan respuesta a sus solicitudes de refugio. Foto: Santiago Navarro F
“No nos abandonen a nosotros aquí”, comparte indignado un hombre con voz entrecortada. A su alrededor, aproximadamente 3,000 personas, adultos y niños haitianos procedentes de Sudamérica, se refugian del inclemente sol en la explanada del Estadio Olímpico en la ciudad de Tapachula, al sur de México.
El escenario es desalentador. Las personas migrantes no cuentan con ningún servicio básico y se encuentran hacinados. No hay acceso a agua potable, tampoco comida ni servicios médicos. Apenas algunos baños portátiles que bordean el sitio, desde donde se desprende un fuerte hedor por la falta de mantenimiento, mientras la acumulación de basura cubre el piso. Es solo mediante la propia auto organización de las personas migrantes que consiguen paliar algunas de sus necesidades.
Todos aguardan formados en filas, soportando las altas temperaturas, el hambre y las enfermedades, con la promesa de abordar un autobús que les permitirá salir de Tapachula. La ciudad fronteriza se ha convertido en una cárcel para los migrantes, pues pese a solicitar refugio a las instituciones de migración, estas no ofrecen respuesta. Peor aún, la falta de información por parte de las autoridades ha derivado en una situación caótica en la que miles de personas han buscado desesperadas la forma de continuar con su viaje.
Foto: Santiago Navarro F
Foto: Aldo Santiago
Foto: Aldo Santiago
“Estamos durmiendo sobre la mierda”, nos cuenta furiosa una mujer adulta, quien también señala la aparición de gusanos entremezclados en la basura y en los espacios que los migrantes ocupan para descansar. “Mucha gente (está) con gripa, fiebre, no hay luz. Estamos durmiendo dentro de la basura”, recalca otra migrante sobre las condiciones insalubres en las que se encuentran miles de personas.
“No he visto mucha organización ni presencia de nadie”, nos cuenta Laura Benítez coordinadora de proyecto de la organización GRM (Global Response Management), refiriéndose a las autoridades migratorias. Para ella, quien hace parte de una brigada médica que ha acompañado distintas caravanas en los años recientes, la actual crisis migratoria está alcanzando nuevos niveles, a la par de la nula respuesta por parte de las autoridades.
“Solo hubo como unos elementos de la Guardia Nacional el lunes, pero para mantener el orden me imagino (…) pero, así como realmente para venir a asistir a la gente, (...) yo no he visto a nadie”, refiere Benítez con respecto a las problemáticas de salud que se presentan entre los migrantes.
“Lo principal son niños con fiebre, gripe, tos, algunos problemas en la piel de alergia, por ejemplo, igual los adultos (…) la gente está esperando aquí horas, días bajo el sol. No se alimentan bien, no toman suficiente agua. Están deshidratados y con el calor pues nos ha tocado ver niños con más de 39 (grados) de temperatura”, relata sobre la emergencia de la situación en el lugar donde llegaron a aglomerarse hasta 10 mil personas.
Caos
Foto: Santiago Navarro F
De acuerdo a Karen Martínez, coordinadora de la oficina del Servicio Jesuita de Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés), fue a finales de noviembre cuando, debido a la incapacidad de la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur para agilizar las solicitudes de refugio, de manera extraoficial se difundió la noticia de que en esa misma oficina de Tapachula se realizaban traslados para reubicar a los migrantes a otros estados de la república.
Esto provocó que en cuestión de minutos 10 mil personas inundaran el lugar, por lo cual las autoridades, “al verse rebasadas, los mandaron a que fueran al estadio para hacer una fila y que ahí les iban a decir cómo se iban a ir”, contextualiza Martínez, quien considera que esta respuesta derivó en una situación caótica.
“Ha sido la verdad que muy triste ver las condiciones en que las personas se encuentran, el estadio se llenó y ha causado incomodidad, tal vez para muchos, pero es la única forma de presionar al Instituto Nacional de Migración (INM)”, detalla.
Fue hasta ese momento, el 28 de noviembre pasado, cuando el INM publicó un comunicado en el cual precisó que, para desahogar la concentración masiva de personas extranjeras de Chiapas, dicha institución agilizaría “el traslado de los procesos de regularización a otras entidades, a fin de emitir y entregar visas humanitarias de manera expedita y ordenada”.
“De ahí para atrás (las autoridades migratorias) nunca se pronunciaron y todo fue información extraoficial de personas que sí se movieron en estos traslados y que no sabemos más de ellos”, señala Karen Martínez, contrastando la versión oficial que habla de un traslado ordenado y seguro a otros estados del país.
“Migración llega una hora dice una cosa, en otra dice otra. Son tres filas. Llegaron ayer y dijeron que personas que tienen hijas tiene prioridad. ¿Pero las personas que llegaron antes?, se quedan en la fila”, denuncian testimonios recogidos en el estadio por el equipo de este reportaje, los cuales complementan la perspectiva de la JRS, para quien la situación se agrava en un contexto de desinformación, aunado a la aplicación de políticas migratorias que más allá de dar una respuesta, se ven volcadas a la contención migratoria.
Comar, rebasada
Foto: Santiago Navarro F
Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entre enero y noviembre del 2021, solo el estado de Chiapas recibió casi 50 mil solicitudes de refugio para un total de 90,038 personas extranjeras.
Del total de solicitudes, registradas tanto en la frontera norte y sur de México, el 38% corresponden a nacionales de Haití, lo que posiciona a las personas del país caribeño en el primer lugar en cuanto a cantidad de trámites para obtener refugio.
No obstante, la mayoría de ellos no proviene de su país natal, sino realizan el viaje desde hace meses o incluso años desde otros países de Sudamérica como Chile, Brasil y Argentina. De acuerdo a Karen Martínez de JRS, el hecho de que las personas de Haití continúen migrando tiene que ver con la xenofobia y las represalias contra las personas migrantes que se repiten en distintos lugares del continente, así como también en México.
Para Martínez, la población de Haití ha sido la más expuesta en Tapachula debido a que no les resta otra opción si quieren regularizar su estatus migratorio más que la de solicitar refugio. Ella puntualiza que este procedimiento a cargo de la Comar ha sido muy tardío, lo cual ocasiona que las personas se estanquen en Tapachula al no contar con ningún documento que respalde su estadía y posibilite su traslado a otras partes de México.
“La ley dice que todas las personas que estén sujetas a un procedimiento administrativo pueden ser acreedoras a un documento de regularización migratoria, en este caso las personas directamente solicitan una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Esta tarjeta la emite directamente el INM y esta tarjeta te acredita que tú puedes transitar por todo el país durante todo un año y no tengas, aparentemente, ningún problema por desplazarte internamente en el país de manera regular”, contextualiza.
Sin embargo, las oficinas de migración solo registran disponibilidad de citas hasta marzo y abril del próximo año. Mientras, las personas migrantes, quienes se encuentran en Tapachula contra su voluntad, permanecen sin trabajo, sin alimentos ni hogar, prácticamente en situación de calle, esperando tiempos prolongados para la respuesta por parte de las autoridades migratorias.
“Ante esta situación, empiezan a generarse estas nuevas caravanas saliendo de Tapachula (…) estas llamadas caravanas tienen repercusión de contención directamente con Guardia Nacional, con INM, en donde ha quedado evidenciado las graves violaciones a DDHH a las que las personas migrantes se han expuesto”, enfatiza Martínez sobre la respuesta violenta demostrada en las políticas migratorias del gobierno federal.
¿Reubicación?
Foto: Santiago Navarro F
“Estamos en miseria. Nosotros no somos animales”, nos cuenta otra migrante cuando preguntamos sobre su situación. “La migración tiene que sacarnos de acá, porque si quedamos vamos a morir de hambre, deshidratados, con enfermedades”, complementa, mientras la mayoría de los entrevistados concuerda que hay falta de información por parte de los funcionarios de migración, quienes en ocasiones son avistados en las proximidades del sitio, evadiendo los cuestionamientos de los presentes.
De acuerdo a los testimonios, la actitud del INM se basa en la inoperancia. Pese a que dicha institución prometió el envío de entre 50 y 70 autobuses para trasladar a los miles de migrantes, durante el transcurso de la semana solo se avistaron tres de ellos.
“(En la autopista) Ahí se estaban concentrando los autobuses el lunes, entonces la gente se fue para allá porque como que se dio cuenta que no iban a llegar aquí [en el estadio], entonces hay mucha gente allá que está esperando y que está durmiendo ahí, ya sabes, las mismas condiciones, ahí bajo el sol todo el día, está difícil”, cuenta Benítez, quien ha escuchado testimonios de los migrantes acerca de que los autobuses se dirigieron hacia San Luis Potosí, Guadalajara y Puebla.
Por su parte, Karen Martínez confirma, mediante informaciones extraoficiales, la existencia de los traslados, pese a la nula información de las autoridades migratorias sobre el destino de los mismos. “Sí nos han dicho que han llegado a Querétaro y muchos de ellos nos han dicho que, incluso, había personas que nos habían compartido que los habían dejado en Veracruz y que después de eso se acercaron para ver si había una oficina para regularizarse y la información fue ‘mejor muévanse, aquí no hay manera de regularizarse y busquen en el camino’”, relata preocupada pues aún no se tiene certeza sobre hacia dónde se están llevando a cabo las reubicaciones.
“Es una situación que se salió de control y que están buscando la forma de hacer estas rutas inciertas porque en realidad, hasta el día de hoy yo no conozco una información detallada de quiénes son, a dónde van, en dónde los dejan, cuál es su condición de estancia y todo queda muy en el aire. Entonces, la verdad es que es muy preocupante porque no garantiza ni la seguridad, ni los derechos de las personas”, denuncia Karla Martínez.
Martínez destaca que esto puede derivar en otro problema que ya ha sucedido, pues como ocurrió en las caravanas del 2018, muchos migrantes pueden “perder” el trámite de refugio “y luego los manden de nuevo a la frontera sur para verificar su estatus migratorio específicamente a solicitud de la Comar”.
Política migratoria militarizada
Foto: Aldo Santiago
En un escenario de mayor flujo migratorio en Tapachula, las necesidades básicas de subsistencia van en aumento y las complicaciones, como la xenofobia, también. Así lo indica Karen Martínez de JRS, para quien las políticas migratorias del gobierno, que han sido militarizadas, contribuyen a la represión contra las personas migrantes.
Una muestra de ello es el discurso, por parte del INM, que busca culpar a los migrantes de acciones violentas que dificultan la realización de los trámites. “Se detectaron grupos de personas que, por un lado, armados con piedras y palos bloquean avenidas y calles e impiden la llegada de los autobuses, y otros que, al mismo tiempo, recurren a acciones violentas para exigir salir el mismo día”, refiere la autoridad migratoria en su comunicado de finales de noviembre.
En contraste, en su acompañamiento a las distintas caravanas, Martínez señala que existen agresiones que han evidenciado el uso de la fuerza por parte de los funcionarios del INM, mientras los migrantes solo buscan defenderse. “Esto es consecuencia de lo que está sucediendo en esta región, las personas han tenido el no desde que salen desde su país y muchas veces no es tanto el idioma, porque dicen ‘es que no hablan español’; normalmente siempre va una persona que habla español que les puede traducir. Y a pesar de eso, no ha habido comunicación, ni diálogo ni escucha”, acusa.
También existen múltiples testimonios de migrantes quienes han denunciado intentos de extorsión por parte de la autoridad migratoria. Sin embargo, debido a la ya de por sí situación de vulnerabilidad, ninguna persona ha denunciado formalmente, “tal vez por temor, pero sí hemos escuchado constantemente estas malas prácticas por parte del INM. Esto, tener que pagar para poder subirse a estos camiones”, denuncia Martínez.
Para la coordinadora de la oficina de JRS, otro caso que demuestra que las políticas del Estado mexicano no garantizan los derechos fundamentales de las personas migrantes, es el accidente automovilístico ocurrido en la carretera de Tuxtla Gutiérrez – Chiapa de Corzo, en el cual, hasta el pasado viernes (10) arrojaba un saldo de 55 personas fallecidas, todas migrantes procedentes de la región Quiché de Guatemala.
“Estamos la verdad solidarizándonos con las familias por sus pérdidas y en la angustia de conocer la situación de sus seres queridos, y esto es un reflejo de la política migratoria militarizada, represiva y hasta violenta y que ha obligado a las personas que se desplazan por el sur de México a tomar estas opciones y estas rutas cada vez más peligrosas que ponen en riesgo su vida y su integridad”, señala Martínez.
Por su lado, Laura Benítez hace hincapié en la importancia de comunicar la crisis migratoria que está ocurriendo en Tapachula. “Para mí si fue increíble el lunes (6) llegar aquí y ver esa cantidad de personas y no ver a nadie que les estuviera asistiendo, ver tanta gente con necesidades básicas: de atención médica, de agua, de comida, entonces, pues ahí hacer un llamado a la población, a las organizaciones, a las instituciones gubernamentales, hay necesidad grande y pues hay que ser humanas, humanos y solidarizarnos”.
En Brasil el conflicto en el campo se ha disparado en 2021. Datos parciales del monitoreo realizado por El Centro de Documentação da Comissão Pastoral da Terra (CPT), divulgado este viernes (10), revelan que las muertes por consecuencia de los conflictos en el campo aumentaron 1.044% en relación a 2020, sumando 103 muertes, de las cuales 102 son de indígenas de la Amazonía.
Entre enero y agosto de 2021, 418 territorios en el país sufrieron violencia, de los cuales 28% son territorios indígenas, 23% quilombolas [comunidades afrodesciendentes]; 13% son territorios de sintierra, entre otros.
Entre la violencia en el territorio se registró un aumento de 94% en la destrucción de casas; un aumento de 104% en la destrucción de pertenencias; un aumento de 153% en la expulsión de los territorios; un aumento de 113% en la práctica del grilagem [apropiación ilegal de tierras]; y un aumento de 1057% en acciones que impiden el acceso a lugares de uso común. Estos datos, de enero a agosto de 2021, superan los números registrados en todo el año 2020.
Entre los responsables por estas acciones figuran los hacendados (23%), empresarios (18%), Gobierno Federal (14%), grileiros [personas que se expropiaron tierras públicas] (13%).
Asesinatos
En 2021, fueron registrados hasta el momento 26 asesinatos relacionados con conflictos en el campo, en relación a todo el año 2020, lo que representa un aumento de 30%. De los asesinados, 8 eran indígenas, 6 catalogados como sin tierra (todos muertos en la Amazonia), 3 pequeños propietarios, 3 quilombolas, 2 personas que trabajaban la tierra resultado de programas de distribución de tierras, 2 mujeres que trabajaban con cultivos de ‘coco babaçu’. Alrededor de 80% de los asesinados ocurrieron en la Amazonia.
Resistencia
Tras el aumento de la violencia y muertes en el campo brasileño en 2021, también hubo aumento de acciones de resistencia de los pueblos, comunidades tradicionales y movimientos sociales, después de un descenso en el primer año de pandemia.
En los primeros 8 meses de 2020, fueron registradas 768 protestas. En el mismo período, en 2021, fueron registradas 1278 manifestaciones
Además, también aumentó el número de familias en ocupaciones y en acciones de recuperación de tierras en 558,57%, un total de 3.418. “Eso significa que a pesar de la pandemia, las familias necesitan resistir para mantenerse vivas y en los territorios tradicionalmente ocupados. La ofensiva contra los pueblos del campo, de las aguas, y de los bosques no entró en cuarentena”, sostiene el informe de la CPT.
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, 21DICIEMBRE2012.- Al menos 20 mil miembros y simpatizantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marcharon pacíficamente por varios municipios del estado, durante el cambio de la era maya para poner "fin al silencio" en que se mantuvieron por más de un año.
FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM
En el año 2020, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declara alerta roja por la situación de violencia vivida en los territorios autónomos. Es cuando empiezan a intensificarse los ataques paramilitares. Desde entonces el territorio liberado ha vivido un ambiente de constante agresión. Invasiones de tierras recuperadas, la quema de plantaciones, escuelas, casas y comedores, asaltos a las tiendas y cooperativas zapatistas, robo de cosecha, secuestros, constantes balaceras, hostigamientos, torturas, cercamiento de tierras y fuentes de agua.
La Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la vida y la Humanidad, caracol 10, denunció dos últimos hostigamientos el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, cuando hombres armados y con tractores entraron en su territorio, en un intento de tomar el potrero colectivo de la comunidad Nuevo San Gregorio.
“El racismo ha estado, la guerra contra los pueblos en Chiapas es una realidad, continuada desde 1994, pero ahora profundizada”, alerta el profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gilberto López y Rivas.
El EZLN en sus últimos comunicados y las organizaciones que son base de apoyo de la lucha zapatista han alertado y denunciado que Chiapas vive al borde una guerra civil. “Es evidente que estamos en un escenario muy similar al que precedió la masacre de Acteal”, puntualiza el investigador López y Rivas, que se refiere a la incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en Los Altos de Chiapas, en 1997, donde fueron asesinados 45 indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de Acteal.
Además de la acción paramilitar, el propio gobierno federal ha intensificado el proceso de militarización en Chiapas, en un contexto de ocupación del territorio por megaproyectos. “Son aproximadamente 15 mil elementos del ejército en Chiapas y se está construyendo 12 nuevos cuarteles de la Guardia Nacional, además del arribo de los seis cárteles del narcotráfico aquí en Chiapas durante el año de pandemia. Todo eso en un contexto donde se busca imponer el Tren Maya, donde se despoja la tierra comunitaria y ejidal a partir del programa Sembrando Vida”, describe Diana Itzu, de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.
Caracol de la realidad, territorio rebelde zapatistas, dic. 2013. Foto por Santiago Navarro F.
A pesar de las frecuentes alertas y denuncias, el escritor y activista Raúl Zibechi observa que “sectores importantes de la sociedad niegan que hay un conflicto destructivo en Chiapas, incluyendo sectores de los movimientos, de las izquierdas, de las personas comprometidas con las luchas”, enfatiza.
La contrainsurgencia cuenta “con el apoyo del Estado (…) y la neutralidad, o aplauso incluso, de sectores importantes, eso es lo que vemos en estos momentos en México”, evalúa Zibechi.
¿Por qué se dibujó este escenario?, ¿por qué se niega que hay una guerra en Chiapas?, lanza la pregunta el escritor y la contesta presentando tres razones principales.
La primera, argumenta, es que no es una guerra tradicional, en donde hay dos lados claramente visibles en el escenario. “Es una guerra capilar. Es una guerra en la cual no se apila los muertos, aunque sí haya muertos. Es una guerra de desgaste que no busca destruir de un solo golpe, busca desmoralizar la población, busca desorganizarla y destruir su base material de sobrevivencia. Es una guerra que busca atacar el corazón ético de los pueblos. Todo eso pasa aparentemente como elementos aislados. Por eso es una guerra tan difícil de ver”.
El segundo elemento que dificulta visibilizar la guerra es el ‘progresismo’ del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Zibechi identifica una semejanza entre los países donde ha habido gobiernos considerados progresistas, es decir, logran llevar adelante proyectos de desarrollo antiguos, bajo un discurso progresista. En Brasil, por ejemplo, los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff lograron llevar a cabo megaproyectos que los militares, en su dictadura (1964-1985), no lograron.
En México, “si es la cuarta transformación la que encabeza la ofensiva narcoparamilitar en los territorios, porque es la que encabeza, genera mucho menos resistencia. Yo digo que para llevar adelante una guerra de exterminio, las grandes obras de infraestructura y el modelo extractivo, lo ideal son los gobiernos progresistas. Por eso están”, analiza.
Además, explica, los gobiernos progresistas se arropan de las políticas sociales. “El capitalismo ha entendido que para llevar adelante las peores facetas de su política es mejor el progresismo, que no es nada progresista, es la política reaccionaria de siempre pero revestida de un discurso de ayuda a los pobres, incluso de soberanía nacional”.
El tercer elemento, propuesto por el escritor para comprender la invisibilización de la guerra vivida en Chiapas, es el propio EZLN, “porque es la fuerza político, militar, revolucionaria completamente distinta del resto de la izquierda, no quiere tomar el poder, no quieren usurpar la representación de los pueblos, los pueblos se están organizando por sí mismos, no hace la política y el discurso que resuena en las izquierdas de América Latina”.
La política de transformar el mundo a través de las autonomías, según Zibechi, es una política que la izquierda no termina de aceptar. “Acepta transformar el mundo a través del Estado, porque el Estado es el altar mayor en el imaginario político de las izquierdas. Todo que no sea el Estado se mira con desconfianza. El Estado y los tipos de organización estado-céntricas, como los partidos y sindicatos”.
La cultura política hegemónica en las izquierdas y en los movimientos populares, sostiene él, sigue siendo una cultura colonial y patriarcal. “Estamos todos atravesados por esta cultura, pero hay algunos que luchan por revertirla o modificarla o por desobedecerla”.
Para poder visibilizar la importancia del proceso zapatista, según Zibechi, hay que mirar a los pueblos. “Hay que ver la maravilla que están construyendo y lo que están resistiendo. Porque no es lo mismo resistir en un lugar donde las cosas más o menos están organizadas, donde hay una retaguarda, que resistir como hacen las comunidades de Aldama o de Moisés y Gandhi.”
Itzu, Zibechi y López y Rivas expusieron sus vivencias y análisis sobre la guerra en Chiapas en el Conversatorio virtual: Las Autonomías Zapatistas frente a la guerra, Chiapas, México, organizado por Grupo de Trabajo CLACSO Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos.
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó, en una sesión pública en la tarde de este miércoles (8), presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se declara como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura de su gobierno. El Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre y ya está en vigencia.
Aunque el Acuerdo no es explícito en cuanto a la reserva de informaciones sobre las obras y proyectos de su gobierno, al decretarlos de seguridad nacional “realiza una reserva anticipada y generalizada de la información, vulnerando el derecho a saber de la sociedad”, enfatiza el INAI mediante comunicado.
De acuerdo con la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, la medida de AMLO “da lugar a que toda la información de las obras de infraestructura tenga el carácter de reservada, de manera general, previa y dogmática”.
Por su parte, al emitir su voto, el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, alertó sobre la amplitud de dicho Acuerdo. Alrededor de 250 entidades federales están obligadas a cumplirlo. Además “la expansión de la orden es impresionante, incluye hasta actividades de cultura y turismo”, subrayó.
El marco normativo general y federal en materia de acceso a la información pública prohíbe la clasificación previa de la información y ordena a los sujetos obligados a realizar un análisis caso por caso en la clasificación de la información.
