Por Juan Calles y Paolina Albani. Editado por Héctor Silva / Prensa Comunitaria
En portada: Hombres vestidos de civil utilizaron maquinaria pesada para destruir viviendas de la comunidad Chinebal. Imagen por Prensa Comunitaria.
Más de 90 familias de “Palestina”, una comunidad Q’eqchi’ ubicada dentro de la finca Chabiland, en Chinebal, al sur de El Estor, Izabal, se quedaron a la intemperie y perdieron todas sus pertenencias en cuestión de horas. El 16 de noviembre, pasado al mediodía, un grupo de hombres vestidos de civiles prendió fuego a las casas de la aldea. A pocos metros de distancia, los policías observaron impasibles el bailoteo de las llamas y el humo, mientras otros desalojaron a las pocas personas que no se habían refugiado en las montañas. El Gobierno aprovechó el estado de sitio impuesto en el municipio a finales de octubre y utilizó toda la fuerza de la policía en contra de una comunidad indefensa para “liberar” el terreno y entregarlo a la empresa de palma africana NaturAceites.
Todo empieza a las 8:00 de la mañana del mismo día. Los pobladores de Palestina, que forman parte de la comunidad San Pablo I, fueron alertados por la vecina Chinebal de la presencia de la policía. La gente sabía muy bien que la llegada de las fuerzas de seguridad solo podía significar un intento de desalojo. No era el primero, sino el onceavo en los últimos dos años. Apenas un mes antes había habido otro intento.
La policía no entró de inmediato a Palestina, sino que permaneció varias horas en Chinebal para organizarse. Eran las 12:10 horas cuando ingresaron a la finca Chabiland, donde está la comunidad, más de cien patrullas, 12 camionetas y 931 policías, de acuerdo al testimonio de los comunitarios y de Astrid Franco, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Izabal, en declaraciones a ConCriterio. El vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, dijo que fueron 500 agentes.
La presencia policial fue exagerada y únicamente fue posible por el estado de sitio que el Ejecutivo decretó en octubre pasado. Esto ha provocado que las calles estén inundadas de personas uniformadas y armadas. El 6 de octubre había sido el último intento de desalojo, esa vez también llegaron cientos de policías.
La orden de desalojo fue firmada por el juez Aníbal Arteaga del juzgado de Primera Instancia Penal de Izabal, la cual indicaba que la diligencia se realizaría de 10:00 a 11:30 de la mañana.
Los habitantes de Palestina, unas 500 personas, se negaron a dejar su hogar; alegaron que las autoridades estaban incumpliendo los protocolos legales. Además, aseguraron a la policía, al Ministerio Público (MP) y al juez de ejecución que el terreno les pertenecía y que esperaron durante varios años la visita de la ahora clausurada Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia para aclarar de quién es la propiedad. Pero esos funcionarios nunca llegaron.
Las autoridades no los escucharon; les advirtieron que tenían una hora para desalojar voluntariamente, de lo contrario, dijeron, utilizarían la fuerza. Los comunitarios se negaron una vez más. La policía procedió a empujar a la gente, sobre todo a las mujeres y a los niños. Luego les lanzó bombas lacrimógenas. Mientras esto ocurría, varios trabajadores de NaturAceites observaban todo de cerca. NaturAceites es la compañía propietaria de los cultivos de palma aceitera que rodean a la comunidad Palestina y ocupan grandes porciones de tierra al sur y oeste del Lago de Izabal y El Estor.
Las bombas lograron su cometido: dispersar a la gente. Empleados de la compañía aceitera aprovecharon el momento para tomar posesión de las tierras.
Minutos más tarde, las casas empezaron a arder y en varios rincones de la comunidad hombres vestidos de civiles con camisas azules, usaron maquinaría pesada para destruir las viviendas. Las casas que fueron destruidas por las máquinas luego fueron pasadas por el fuego. Donde había casas, ahora únicamente quedan cenizas.
La policía observó los hechos sin hacer nada para evitarlos. Mediante un comunicado oficial, dado en la Ciudad de Guatemala, afirman que el desalojo fue pacífico y que se privilegió el diálogo. Enfatizan en que ha habido manipulación mediática sobre el mismo, además de negar su participación en el incendio de las casas. En los videos solamente se les ve cerca de las casas que arden.
Pobladores de Chinebal informaron que, días antes, soldados del Ejército patrullaban y controlaban a la comunidad; después del desalojo, un grupo de policías continúa en lugar, interrogando e identificando a personas que se acercan a observar los escombros que quedaron luego del desalojo.
De esta trágica escena de violencia solo se salvaron dos terceras partes de la comunidad de San Pablo I. Sus casas quedaron intactas y los pobladores lograron evitar el desalojo al mostrar documentos firmados por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) que los respaldan. Ellos podrán permanecer en sus hogares, pero deberán de integrar una mesa de diálogo que coordinará la Gobernación Departamental, liderada por Héctor Alarcón, para llegar a acuerdos con NaturAceites, que sigue insistiendo en recuperar las tierras.
Detenciones y criminalización, el preludio al operativo del desalojo
Elementos del Ejército patrullaban la zona sur de El Estor antes del desalojo, lo que provocó temor en los comunitarios. Las familias que residen en Chinebal son hijos y nietos de personas víctimas de la represión gubernamental durante el conflicto armado interno, por lo que la presencia militar ha sido motivo de preocupación.
El 10 de noviembre, elementos de la fuerza naval y fuerzas especiales kaibiles capturaron a Oswaldo Rey Chub Caal cuando trabajaba en su criadero de peces.
La orden en contra de Chub fue firmada por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal, sindicado por los delitos de usurpación agravada y resistencia.
Según el relato de testigos que observaron la forma en que fue detenido Chub Caal, los militares actuaron de manera violenta e intimidatoria. Además, llegaron acompañados por tres personas civiles con la policía.
“Llegaron al lugar dos camiones del Ejército llenos de soldados. Cuatro carros pick-ups del Ejército, uno particular que era de la empresa NaturAceites”, expresó una de las personas que se encontraba trabajando en el terreno. El testigo no quiso decir su nombre por temor a represalias.
El Bufete para los Pueblos Indígenas, que acompaña legalmente a Chub Caal, informó a través de la abogada Wendy López que luego de su primera declaración fue ligado a proceso y se le dictó prisión preventiva.
El bufete asegura que el comunitario está siendo criminalizado por la empresa de monocultivo NaturAceites, representada por el abogado Cristian Henry Ayau, que se constituyó como querellante adhesivo en la causa en contra de Oswaldo Rey Chub Caal.
Sí hubo delito en el incendio de las casas
En los videos publicados del desalojo se puede observar a personas civiles que llegan al lugar en vehículos particulares, con camisas celestes. Ellos son quienes incendian las casas de los comunitarios, mientras la policía observa la acción. En otras escenas se observa a hombres con el mismo color de camisa, conversando con los policías.
Para la abogada Wendy López, este hecho constituye delito, pues no se observaron estándares internacionales en materia de desalojos, a los que el Estado de Guatemala está suscrito.
“Hay preeminencia de los derechos colectivos. Durante los desalojos se deben garantizar los derechos a la vivienda, a la alimentación, buscar el diálogo y no ejercer violencia, ni destrucción de viviendas; en este desalojo se hizo todo lo contrario”, observó Wendy López.
Astrid Franco, de la PDH de Izabal se limitó a informar que en el lugar había 931 agentes de la policía. Ella no pudo establecer quiénes eran las personas que iniciaron el fuego y dijo que la PDH reiteró a las autoridades que debían de verificar que este tipo de acciones no se realizaran. Lo que dijo la PDH, sin embargo, no detuvo los hechos violentos.
“Se está usando el estado de sitio como una manera de darle una lección a las comunidades que están en contra de la minería, de las hidroeléctricas, y en contra la explotación de la palma africana. Es una ola de terror como mecanismo de presión. Esto violenta el Convenio 169 de OIT y el artículo 63 de la Constitución Política, pues utiliza el Estado toda su fuerza en contra de una población indefensa que lo único que reclama es su derecho a la tierra”, manifestó el diputado Edgar Batres de la bancada Winaq.
Batres, junto a otros diputados de las bancadas Winaq, Semilla y URNG-Maíz, visitó El Estor hace una semana para revisar las condiciones en que se ejecutaba el estado de sitio impuesto por el Ejecutivo para favorecer a la minera de níquel que opera ilegalmente en el lugar.
Al día siguiente del desalojo en Chinebal, los diputados dieron una conferencia de prensa en la que denunciaron el uso excesivo de la fuerza durante el estado de sitio y que, de la misma forma, pudo haber sido aplicada en contra de los pobladores de Palestina.
“Si bien es cierto el estado de sitio está vigente, la desproporción del uso de la fuerza por la policía no justifica el incendio de comunidades”, agregó Batres.
Los demás diputados que integraron la comisión fueron consultados, pero no respondieron las llamadas de Prensa Comunitaria.
“Se siguieron los protocolos y el debido respeto a los Derechos Humanos de las personas. Hubo un grupo de personas que con machetes y garrotes con clavos amenazó a los participantes. A pesar de la tensión, se mantuvo el orden”, aseguró la policía en el comunicado.
El Ejecutivo instauró el estado de sitio en el municipio para “devolver la calma” a la comunidad, pero desde antes la policía despejó el camino a los camiones de la minera de níquel. Durante el estado de sitio, el Gobierno ha evitado los bloqueos y se ha encargado de perseguir y vigilar a las personas que participaron en la manifestación pacífica que detuvo la operación de la empresa durante 20 días. Todo apunta a que la presencia de la policía y del Ejército podría ser prolongada un mes más, según declaraciones del Gobierno.
Una antigua disputa por el territorio
La gente que hoy vive en San Pablo I, es descendiente de familias que migraron de Alta Verapaz hacia Izabal en la década de los 60 y tuvieron que huir a las montañas después de la masacre de Panzós en 1978. Solo regresaron cuando el Ejército y la Guerrilla comenzaron los acercamientos para la Firma de la Paz.
Durante el tiempo que se ausentaron de las tierras, los finqueros habrían decidido convertir la zona en potreros para el ganado y, posteriormente, empezaron a sembrar palma africana para la producción de aceites vegetales. Es así que Findesa, la finca ganadera, pasa a llamarse NaturAceites.
“La empresa de aceite, en 2005, hizo modificación de todas sus fincas. Tenía propiedad de regadas e hizo unificación, pero dentro de ellas había tierras nacionales que eran ocupadas por las comunidades indígenas. Desde entonces el título -de propiedad de NaturAceites– se utiliza para poder despojarlos de su tierra. Dentro de su propiedad aparece la finca 493, donde están las comunidades. Esas tierras son del Estado”, aseguró Robin Sicajá de la Defensoría Q’eqchi´.
Sicajá conminó al Gobierno para que realice un estudio profundo de las tierras, sobre todo aquellas que fueron despojadas a las comunidades durante el conflicto armado interno.
A su vez, condenó la forma arbitraria en la que se efectuó el desalojo y señaló que no es lo mismo que una mudanza, por lo que las familias que allí vivían lo perdieron todo.
“No son champas con nylon. No es una invasión. Hasta cancha de futbol tienen, es una comunidad bien establecida en su lugar”, refirió Sicajá.
¿Por qué es importante Chinebal para NaturAceites?
La expansión de la industria de la palma aceitera en Guatemala se ha casi duplicado en la última década, provocando conflictos agrarios entre empresas y comunidades. Y Chinebal no es la única afectada.
El mercado global del aceite de palma está dominado por Indonesia y Malasia, que juntas producen más del 80% de la oferta mundial. Sin embargo, Guatemala ocupa el segundo lugar en América Latina tras Colombia y es el sexto exportador mundial.
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El año pasado, Guatemala produjo unas 880,000 toneladas de aceite de palma crudo. Se exporta más o menos el 80 por ciento, principalmente a México y a otros países centroamericanos y europeos. El aceite de palma y sus ingredientes derivados se encuentran comúnmente en alimentos, cosméticos, y productos de limpieza.
NaturAceites, una de las principales empresas de aceite de palma en Guatemala, reclama la propiedad de la tierra que ocupa parte de la comunidad Chinebal, en ella sembraron palma africana, pero habitantes Q’eqchi’ aseguran que son tierras ancestrales.
Esta situación provocó un conflicto de tierras que ya dura varios años, en los que líderes comunitarios han enfrentado órdenes de captura por usurpación y otros delitos. Además de la muerte de José Chamán, el 31 de octubre de 2021 durante un desalojo.
En ese momento, había 300 policías presentes, quienes lanzaron gases lacrimógenos y dispararon sus armas de fuego en contra de la comunidad.
Además de la impunidad en la que quedó el asesinato de Chamán, existen varias denuncias de comunitarios que aseguran que los trabajadores de NaturAceites los hostigan constantemente y les acusan de usurpar las tierras de Palestina en Chinebal, propiedad de Juan Maegli quien arrienda dicha finca a la empresa palmera.
Maegli, quien fue presidente de Cementos Progreso, participó en el partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y se le vincula como financista de la campaña contrainsurgente de 1970 y 1980, aseguró que las tierras le pertenecen a la finca Chabiland, quien reclama 11 caballerías y 35 manzanas de territorio.
“A nuestro parecer, este es el retorno a la política de tierra arrasada. Vemos que hay un nivel de saña y desprecio hacia las comunidades indígenas”, dice la diputada Sonia Gutiérrez Raguay. Un sentir que comparten otros diputados y defensores de derechos humanos.
