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Pueblos indígenas son tragados por la ciudad más grande de América Latina: São Paulo

Hemisferio sur del planeta. En el calendario occidental, la primavera comienza en septiembre. Para el pueblo guaraní, el año viejo, tiempo de introspección y de descanso de la tierra, queda atrás y se abre el espacio para el nuevo año —hasta febrero— momento del cultivo, de la alegría y de la elevación espiritual. «Entendemos el paso del tiempo no a través de las cuatro estaciones del año, pero si en dos momentos, el nuevo tiempo (Arapyaú) y antiguo (Araymã)», explica para  Avispa Midia la indígena guaraní Mbya Sonia Barbosa.

En el tiempo nuevo se realizan las ceremonias de bautismo de los niños. Las ceremonias se llevan a cabo en las llamadas casas de oración, hechas de barro, por los hombres de la comunidad. Las mujeres tocan el Taquapu, instrumento de ritmo. Los hombres tocan la Embará, instrumento de cuerdas. El bautismo se realiza en el Amba, una especie de altar. «El abuelo entra en trance y se le revela el nombre del niño», dice Barbosa.

En esta fiesta también es el bautismo del maíz y de la hierba mate. «Este es el momento propicio para la revelación de los nombres de los niños, ya que es cuando Tupa se manifiesta más fácilmente con respecto a la presentación de las almas. Con la ceremonia se espera una buena cosecha en los campos que producirán para el futuro», dice la antropóloga María Inés Ladeira en su investigación de maestría. «El bautismo de las hojas de hierba mate revela noticias de parientes lejanos, sobre muertes, nacimientos, matrimonios y enfermedades».

Barbosa vive en una de las tres aldeas que forman parte de la Tierra Indígena de Jaragua, ubicada en la periferia de la ciudad más grande de América Latina, São Paulo. Prácticamente no hay espacio para la siembra, viven encerrados en una de las extensiones más pequeñas que han sido reconocidas y demarcadas por el gobierno de Brasil como territorio indígena, con 1,7 hectáreas. El maíz y la hierba mate ya no son suficientes ni para sus rituales. «Lo compramos en el mercado o conseguimos con nuestros parientes que viven en tierras de mayor dimensión en la costa del litoral», expresa Barbosa.

Las tierras habitadas por alrededor de 700 guaraníes, de los cuales muchos ellos no hablan portugués, tienen tres grandes delimitantes. Una autopista que irónicamente lleva por nombre Los Banderaintes, que es como se conocía a los hombres que durante el período colonial tomaban tierras y cazaban a los indígenas como animales para venderlos como esclavos. Las carreteras Anhanguera y Rodoanel, que unen la capital de São Paulo con el interior del estado, una región con un alto dinamismo económico. Además de una carretera turística, que lleva el nombre indígena de Jaragua, misma que fue construida en medio de la comunidad y divide su territorio.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Las familias viven en condiciones precarias de vivienda, saneamiento, abastecimiento de agua, la falta de alimentos. «Muchas personas que pasan por la aldea creen que es un barrio marginal o una Favela. La cuestión aquí es que tenemos muchas limitaciones para vivir plenamente nuestra cultura, porque es la naturaleza la que hace la cultura de los indígenas y no tenemos tierras para eso. Somos prohibidos, por ejemplo, de recolectar madera de la Reserva Estatal del Parque de Jaragua para construir nuestras casas. No tenemos como conseguir leña para cocinar, entonces nos vemos obligados a cocinar en la estufa como los blancos. Tenemos que adaptar nuestras costumbres y hábitos, nuestro modo de ser para poder sobrevivir», afirma David Martim para el equipo de Avispa Midia.

Pero lo que para muchos puede parecer simplemente otro terreno con vivienda inadecuada dentro de la ciudad, en realidad es un territorio que resiste y que guarda la tradición ancestral de los indígenas guaraní. «Mantenemos dentro de nosotros nuestra manera de ser, nuestro espíritu guaraní, nuestro idioma, nuestra oración, nuestros rituales. Esta espiritualidad es lo que nos fortalece. Sin esa fuerza no conseguiríamos caminar, porque recibimos muchos ataques, la enfermedad, la deforestación, la disputa por la tierra», comparte Martim.

Aparte de las tres aldeas de Jaragua —Tekoa Ytu, Tekoa Pyau, Tekoa Itakupe—, esta la Tierra Indígena de Tenondé Pora, en la zona sur de Sao Paulo, formada por las aldeas Tekoa Tenondé Pora, Tekoa Krukutu, Tekoa Eucaliptal y Tekoa Guyrapaju. Se estima que dos mil guaraní viven en esta zona. Los guaraní en Brasil están parcelados en subgrupos conocidos como Mbya, Ñandeva o Xiripá, y Kaiová.

Indígenas viviendo en las metrópolis

La idea habitual de que la población indígena vive sólo en áreas rurales remotas no corresponde a la realidad. Según el informe de la comisión Pro-indio de São Paulo, datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que algunos países como Australia, Canadá, Estados Unidos y Chile concentran la mayor parte de la población indígena viviendo en zonas urbanas.

En Brasil, los datos más recientes del censo de 2010 indican que la población indígena llegó a 817 mil 900 personas. De este total, el 36,2% vive en zonas urbanas y 63,8% en las zonas rurales. En el estado de São Paulo, los datos del censo de 2010 registraron una población indígena de 37 mil 915 indígenas que viven en las ciudades, lo que representa el 91% de la población indígena del estado. Sólo en la ciudad de São Paulo habitan 12 mil 977 indígenas,  11 mil 918 de los cuáles viven en zonas urbanas.

Territorio guaraní comido por la ciudad

Mientras mira el sol caer detrás de los edificios, Ari Augusto Martin —uno de los líderes espirituales y guardianes de esta tierra— suelta un suspiro y también unas palabras: «Aquí todo era monte». De fondo se podía escuchar el ruido de los automóviles que daban marcha a gran velocidad en las autopistas que rodean la aldea.

La urbanización es un proceso que también involucra a los pueblos indígenas. En el bosque del Jaragua no había presencia alguna de la urbanidad, eran todas zonas rurales. «Los animales y la gente se movían libremente. Los indígenas guaraní siempre creyeron que cercar sus tierras no era digno de ellos. Siempre buscaron libertad y con libertad usaban el bosque, los espacios. Las aldeas del sur de la ciudad también fueron áreas libres para los indígenas, donde tenían una contigüidad con pueblos costeros. Existen varios caminos que unen a las aldeas de la ciudad de São Paulo con las aldeas del Litoral del Sur del estado. «Dicho acceso continuaba, no había división o límites para la recolección o la caza», afirma Ladeira.

La geógrafa e investigadora de la Universidad de Sao Paulo, Camila Salles de Farias, en su investigación de maestría, identificó que las aldeas indígenas de Jaragua desde los años 60 mostraron un tipo de resistencia ante una metrópoli en proceso de expansión como lo ha sido la ciudad de Sao Paulo. «Ya con la instalación de las industrias y la formación del distrito de Jaragua, se desarrolló la implementación de rutas de autobuses, lo que dio pie a un aumento en la producción del espacio urbano, pero todavía predominantemente rural. Ya en las décadas siguientes, se construyo la autopista Los Bandeirantes y por lo tanto hubo un aumento en la producción de los asentamientos irregulares que remplazaron a las zonas rurales», afirma Salles.

De la misma forma, Ladeira concuerda en que la expansión de la ciudad se ha comido a las aldeas indígenas. «Cuando se dice que la tierra guaraní esta muy próxima de las ciudades, la verdad, la ciudad es la que se comió a la tierra guaraní».

Expropiados

Si en el campo la presión ejercida hacia las comunidades indígenas ha sido por la agroindustria y por las grandes obras de infraestructura, en el entorno urbano la reproducción del capital ha sido por medio de la expansión inmobiliaria que ha acorralado a los indígenas en pequeñas parcelas de tierra, sujetos a los desalojos y desplazamientos forzados.

«La producción capitalista de la ciudad de São Paulo tiene su punto de gravedad más importante en torno a la especulación y por tanto, en la valorización del espacio, en ese sentido, existe una imposibilidad de uso de la tierra urbana para la mayor parte de la población, lo que confirma un proceso continuo de desalojo de los no indígenas hacia los lugares cada vez más distantes o periféricos, en este caso hacia las tierra indígenas, agudizando e intensificando el conflicto de la lucha por el espacio, ya que los espacios de las comunidades indígenas se ven amenazados, sobre todo si no están regularizados», expresó Farías.

Mientras que São Paulo es en si una expresión de la modernidad como un referente de las principales metrópolis del mundo, intrínsecamente posee sus contradicciones. «Lo que se ve es que hay una tendencia de los suburbios a ser empujados cada vez más lejos y los centros se van expandiendo como nuevos entes de la modernidad» afirma Salle.

Hay una tendencia de expropiación hacia los indígenas por el proceso de periferización, según la investigadora, y Jaragua es un caso flagrante del avance de este proceso. «Hoy la expropiación viene del proceso de crecimiento de la ciudad, del proceso de la periferización, que cada vez empuja a los pobres a la periferia, ya que vivir en la ciudad se torna aun más caro, y los pobres van ocupando cada vez más áreas que los indígenas han usado desde siempre. Esta es la lógica de la producción de la ciudad en São Paulo», argumenta la geógrafa.

«La lógica de los indígenas guaraní de la ocupación de la tierra, es que esta debe darse en base a su uso y no en la lógica de la propiedad privada. Por eso resisten y luchan para que se garantice el reconocimiento por parte del Estado de sus derechos territoriales, determinante para su supervivencia»,

EXPRESA SALLE.

Demarcación estancada

La Fundación Nacional del Indio (Funai) concluyó el estudio antropológico que demuestra que las tierras de Jaragua, así como las de Tenondé Pora, son de uso tradicional de los guaraní. No obstante, el proceso de revisión de la demarcación se ha estancado en el Ministerio de Justicia.

La Tierra Indígena Jaragua, así como la tierra en el lado sur, se demarcaron en 1980 en un acuerdo con el gobierno del estado. Se hicieron demarcaciones de pequeñas parcelas, dejando fuera criterios mínimos para la reproducción física y cultural de los pueblos. Con la Constitución de 1988 estos criterios cambiaron, ofreciendo teóricamente condiciones mínimas para los indígenas.

Según Salle Farías, antes de la Constitución sólo se tomaba en cuenta la demarcación para la vivienda del indígena, sin incluir espacio para la recolección, la caza, la pesca y la agricultura. La idea era demarcar pequeños pedazos de tierra porque la lógica del Estado fue la integración de la sociedad indígena.

Poco después de la Constitución, los guaraní continuaron exigiendo la corrección de sus tierras, de tal forma que en ese reconocimiento se considerará su territorio como tal y los diversos usos que en ella se han realizado desde siempre. Después de mucho reclamar, el estudio se realizó por primera vez en el año 2000, pero se detuvo y se reinició en el año 2009 y por fin se terminó. En Jaragua en abril del año 2013 la Funai reconoció la necesidad de corrección de los limites de este territorio y consideró a 532 hectáreas de tierras como tradicionalmente ocupadas por los guaraní, incluyendo las tres aldeas actuales, los lugares de ocupación que abrigaron a los pueblos en el pasado y las áreas clave para su reproducción física y cultural, incluyendo lo que fue decretado como una área protegida, el Parque de Estado de Jaragua.

«Los guaraní tienen una relación con esta tierra inquebrantable. Las madres enterraban y siguen enterrando las placentas de sus hijos al nacer en la tierra. Esto significa que el niño, su alma se une para siempre con la tierra. Es un área que no están dispuestos a renunciar de ninguna manera», sostiene el antropólogo del Centro de Trabajo Indigenista (CTI), Daniel Calazans Pierri, para Avispa Midia.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Amenaza de desalojo

Desde 2002, los guaraní disputan en los tribunales la posesión del área de la zona que abarca el pueblo Pyau, en el que habita la mayor parte de los residentes de Tierra Indígena Jaragua. Dos supuestos propietarios reclaman la recuperación de estas tierras contra los indígenas, alegando tener títulos de propiedad sobre la zona. Estos individuos no residen y nunca residieron en el lugar, que los guaraní consideran de su uso tradicional. Aunque la Funai ha reconocido la zona como parte de Tierra Indígena Jaragua , el proceso todavía esta detenido en manos de la justicia brasileña.

Los guaraní de Jaragua también disputan ante los tribunales, desde el año 2005, el área de la aldea de Tekoa Itakupe (Sol Naciente). Los indígenas, que consideran el área como parte de sus tierras tradicionales, fueron retirados de ahí en el año 2005, en una acción de los tribunales de justicia. Funai apeló a la decisión y concluyó los estudios que reconocen la zona como parte del la Tierra Indígena Jaraguá. Una perito en antropología, designada por el tribunal, también confirmó que tradicionalmente los guaraní han ocupado en la zona.

Cansados de esperar el término del proceso de demarcación de la Tierra Indígena Jaragua, los guaraní retomaron sus tierras de la aldea Itakupe en junio de este año 2014, como una forma de evitar que la zona sea ocupada y lotificada por una adjudicación irregular. Los nativos están preocupados de que se les quite en cualquier momento la aldea.

De acuerdo con el artículo 231 de la Constitución Federal, se consideran nulos y extintos todos los actos administrativos relacionados con la posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas. Por lo tanto, si el gobierno federal abre la demarcación de la tierra, se tornarían nulos los supuestos títulos alegados por los individuos que disputan el área ocupada por los guaraní.

¿Que dice el Ministerio de Justicia?

El Ministerio de Justicia afirmó al Programa de la Américas, por medio de su departamento de prensa, que el proceso administrativo de la Tierra Indígena Jaraguá regreso a manos de la Funai, por determinación de la Consultoría Jurídica de este Ministerio, para cumplimiento de diligencias. «Solamente después del análisis jurídico de las respuestas a las cuestiones interpuestas por la Consultoría Jurídica el procedimiento tendrá continuidad». No obstante, cuando se le preguntó al departamento sobre cuáles serian estas diligencias, no se obtuvo una respuesta.

Y en relación al proceso administrativo de la Tierra Indígena de Tenondé Porã, el departamento de prensa del Ministerio de Justicia afirmó que «está en manos del ministerio, siendo necesario mediar las cuestiones relativas a los bienes públicos municipales y estatales incidentes en la Tierra Indígena, a fin de viabilizar la continuidad del procedimiento administrativo».

Para Martin, la estrategia del ministerio es establecer un «juego de tirar la papa caliente de un lado a otro”» evadiendo la responsabilidad, sobre todo en un contexto de elecciones —que se realizaran en el próximo mes de octubre del ano 2014— en las que hasta el momento ninguno de los candidatos a la presidencia de Brasil ha hablado sobre el tema indígena y mucho menos la posibilidad de retomar las demarcaciones.

 

Una nación indígena en el seno más industrializado de América del Sur

El sur y sudeste de Brasil son las regiones más ricas de este país y las más industrializadas de América Latina. Sólo el sudeste es responsable del 60% de Producto Interno Bruto (PIB), donde el 90% de la población se concentra en zonas urbanas. También en esta geografía de la modernidad se encuentra un territorio indígena que agoniza: el de los Guaraní, ubicados principalmente a la orilla del Océano Atlántico en los estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo y Mato Grosso do Sul. Los Guaraní constituyen el mayor pueblo indígena de Brasil, cuya población se estima en más de 50 mil personas.

La Mata Atlántica, de donde los Guaraní son originarios, es un ambiente fundamental para la reproducción física y cultural de las comunidades, que para 2011 estaba reducida a un 22% de su dimensión original, según el Ministerio del Medio Ambiente. De este total, solo el 7% está bien conservado. «Los procesos económicos, desde la colonización del país, orientados hacia la perspectiva de crecimiento y desarrollo, fue destruyendo la Mata Atlántica y acorralando a los indígenas», afirma para Avispa Midia la antropóloga María Inés Ladeira, del Centro de Trabajo Indigenista (CTI), que lleva por lo menos tres décadas documentando el tema.

La imagen de encierro de los Guaraní se visualiza por los datos generales de las áreas regularizadas en Brasil. De las tierras indígenas regularizadas en términos de superficie, 98,75% están en la Amazonía. No obstante, de 896 mil 917 indígenas existentes en Brasil, 554 mil 81 viven en otras regiones del país, de acuerdo con el Censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) del 2010, contando sólo con el 1,25% de la extensión de tierras indígenas regularizadas, de acuerdo con el Informe sobre la Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil 2013, del Consejo Indigenista Misionero (CIMI). «No es que en la Amazonía se tenga mucha tierra regularizada, fuera de estas áreas indígenas son mucho peor, porque son extremamente pequeñas, por lo que es imposible que los indios pueden establecer su espacio de vida y vivir con dignidad», explica María Inés.

Una forma de violencia, documentada por este informe, fue el hecho de que la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, detuviera los procesos de demarcación de las tierras indígenas.

La actitud de paralizar los ya morosos procesos en curso demuestran que las atenciones del gobierno están enfocadas a los sectores de la economía y de la política ligados al latifundio, al agronegocio, a los contratistas de las mineras y empresas de energía hidráulica, que tienen como objetivo exclusivo la exploración de la naturaleza en tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas —afirma el documento del CIMI.

La demarcación de las tierras ha sido un recurso de la lucha indígena en Brasil, aunque la delimitación de un área va en contra de la lógica de la concepción misma de la Nación Guaraní, que no contempla las fronteras de los Estados nacionales de América del Sur. «Para los Guaraní, la demarcación significa reducir su territorio y su propio encierro. No obstante, están conscientes de que, en el mundo actual, esta es la única alternativa», sostiene la antropóloga María Inés.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha registrado por lo menos 50 millones de indígenas en América Latina. Brasil sigue siendo el país con mayor diversidad de lenguas indígenas con 204 pueblos y 180 lenguas, que sobreviven a pesar de que una gran parte de ellas fueron sepultadas con el exterminio de pueblos enteros durante la colonización europea y en la época de la dictadura, seguido por la agricultura expansiva e industrial, denominada Revolución Verde.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

La nación sudamericana

Si bien es cierto que la condición de vida de los guaraníes de hoy es crítica, también es cierto que su supervivencia no es mera coincidencia, en ellos residen lazos de fortaleza. Tal vez la principal proviene de su identidad y de su integración, que se extiende a los territorios de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, formando lo que ellos consideran la Nación Guaraní.

Los Guaraní no tenemos fronteras. Nuestros caminos cruzan por las fronteras que ustedes crearon. Nuestra cultura está dentro de la naturaleza, ahí esta nuestra historia, ahí nacemos, vivimos y morimos, nosotros convivimos con ella. Pero cuando nos ven dentro de la naturaleza nos consideran vagabundos y nos consideran devastadores de la naturaleza, nosotros somos nativos junto con los árboles. Los Bandeirantes [durante la colonización, hombres aislados del comercio y sin alternativas económicas, atacaban a los indígenas para hacerlos esclavos y venderlos principalmente en regiones productoras de azúcar] y los que vinieron a buscar oro han acabado con los indios y con la naturaleza, y quieren más —dijo uno de los líderes llamado Ari, de la aldea Tekoapyau de Jaragua, en São Paulo, Brasil.

De acuerdo con Carlos Frederico Marés de Souza Filho, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, el límite de un Estado moderno va hasta donde su ejército puede defender y hasta donde su policía puede garantizar, importa poco la cultura, lo que une a un pueblo, una lengua, una religión o una relación simbólica con el medio ambiente.

Para el profesor, esta simpleza de la modernidad en relación con el territorio –que se desarrolla en la propiedad privada, versión individual de la soberanía del Estado– históricamente significó que cuando los gobiernos de América Latina reconocieron los derechos de los pueblos indígenas, sólo lo hicieron mientras fuera un área particular y demarcada, un pedazo de territorio bajo la soberanía y jurisdicción del Estado respectivo, con frecuencia dividiendo a los pueblos, como lo hicieron con los propios guaraní.

Comparativamente, «es generoso el concepto de territorio del pueblo Guaraní: la existencia de otros seres, incluidos los humanos, no les incomoda, mientras no esté cortando el Jerivá –palmera nativa de la Mata Atlántica– o contaminando el agua», dijo Marés de Souza Filho –quien escribió el prólogo del libro de María Inés Espacio Geográfico Mbya-Guaraní: significado, constitución y uso, fruto de su tesis de doctorado.

El camino es parte del lugar

En Brasil recae sobre el pueblo Guaraní el preconcepto de ser nómadas, vagabundos y que por esto no se asentaron en alguna tierra. «Dicen que no somos de aquí, somos de Paraguay. Mi padre escuchó en algún momento a las autoridades del Estado y gente de la FUNAI [Fundación Nacional del Indio] de Pará, que no nos daría la tierra, pero sí un billete de vuelta a Paraguay», cuenta  John Guaraní, conocido como Maranhão, quien vive al norte de Brasil, en Estado de Pará.

La investigación de maestría de  María Inés, titulada Caminar sobre la luz: el territorio Mbya frente al mar, trató de desmitificar esta concepción estereotipada respecto a los Guaraní, la cual muestra que el desplazamiento es sólo una parte de la construcción del territorio tradicional, que pasa por encima de  muchas fronteras nacionales del continente sudamericano. «No se les puede tachar de vagabundos, simplemente ocupan un territorio que forma parte de la cosmovisión guaraní, que les da acceso a las deidades», explica.

De acuerdo con la antropóloga, para los Guaraní, todos los seres que viven en la tierra poseen sus lugares en el mundo. «Y todo también tiene camino, el camino es parte del lugar, porque nada está fijo, ni las aguas ni el viento. Así, los lugares/caminos del viento no pueden ser detenidos. Los caminos de las aguas no deben ser desviados, así como las orillas de los ríos son parte de los ríos. Cuando los espacios, lugares y caminos, de estos elementos son invadidos nos quedamos sujetos  a las reacciones naturales».

ASIMISMO,«los guaraní mencionan que realizan [reproducen] en la tierra los mismos movimientos y caminos que realizan sus Nhanderu –El dios verdadero– quien garantiza la certeza de no perderse en el camino y de llegar al lugar»,

COMENTA MARÍA INÉS.

Para ella, lo que retiene en el mundo terrestre (yvy vai), lo que se fija en el espacio y se configura como territorio, es lo que se mueve dentro de él. «Si se trata de un precepto general (universal), en el caso de los Mbya no es inconsciente. Este movimiento, cuidar el territorio, se practica con perseverancia, incluso en las condiciones más adversas, para todos los seres y las especies que interactúan en el mundo Mbya en muchos ámbitos (simbólicos, terrestres, celestes), incluyendo a los propios Mbya como parte activa y conductora de un proyecto conjunto de la recreación y la conservación».

Tierra sin mal

Según el antropólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Rafael Fernandes Mendes Júnior, quien desarrolló investigaciones de maestría y doctorado sobre los Guaraní, ha documentado que ellos comienzan a emigrar a Brasil en el siglo XIX. Fueron grandes migraciones y vinieron caminando con el objetivo de encontrar el lugar adecuado para permitir el paso a la tierra donde no existe la maldad, espacio mítico y sagrado en su cultura. «Y en la medida en que fueron llegando a la región sureste del país fueron encontrando hostilidades de los brasileños. Los masacraron, murieron por enfermedades, esclavizados y los pocos pueblos que pudieron instalarse aquí, fueron a la Sierra del Mar, en las zonas menos demandadas por la agricultura», explica el antropólogo.

Al preguntarle por qué buscaban tierras costeras, Mendes Júnior explica: «El mar era la gran división entre la tierra y la otra tierra, la tierra sin mal. El sentido de la búsqueda era esta, llegar a la orilla del mar para cruzar el mar y vivir del otro lado. El mar es el elemento del pasaje a la tierra sin mal».

Aldeas conectadas

En la Nación Guaraní todos los pueblos están conectados entre sí. El estilo de vida Mbya-Guaraní define una ocupación territorial plenamente imbricado dinámico en las redes de parentesco, y esta asociación es la base de apoyo de la sociedad. La movilidad es, por tanto, inherente a este sistema, así como las relaciones de parentesco podrían ser referencias a los movimientos migratorios.

Todas las aldeas, independientemente de la situación jurídica, mantienen un fuerte vínculo por las relaciones de parentesco. Si se hiciera un árbol genealógico de las aldeas, se percibiría eso. Los casamientos configuran una espacie de tejido en las aldeas, creando un tipo de red de parentesco. Es por donde circulan los conocimientos, las relaciones de reciprocidad. Todo fluctúa en función de las conexiones, las alianzas de parentesco y solidaridad que se van haciendo por las nuevas generaciones —explica María Inés.

El pueblo Guaraní es una sociedad, afirma Mendes Júnior, donde los primos-hermanos son tratados con la misma nomenclatura que los hermanos, así que no hay matrimonios entre ellos y buscan relaciones con otros núcleos para casarse.

«En este cambio los hombres acostumbran a vivir con la familia de la mujer. Es un núcleo que crece alrededor de una pareja casada de más edad con las familias de sus hijos solteros y los hijos de sus hijas. Una mujer también puede ir a vivir con su suegra. Generalmente estos son los modelos de residencia, no es absoluto, sino que es una tendencia», explica el antropólogo.

De acuerdo con Ladeira, el sistema de reciprocidad, la participación de las familias de las diferentes aldeas acaban definiendo el diseño del mundo Mbya. «No basta con que las aldeas estén distribuidas, es necesaria la reciprocidad entre los grupos familiares. Una unidad familiar que se aísla pierde indefinidamente su vínculo con el territorio. Por lo tanto es necesario establecer lazos de parentesco y la reciprocidad de mantener el vínculo territorial».

Nuevas formas de violencia

Entre las aldeas guaraní existe una gran dependencia de la donación de despensas y de programas de transferencias de ingresos del gobierno federal; sin embargo, no hay suficientes programas para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades. Además, la mayor parte de la tierra indígena se concentra en la costa. En los municipios costeros las actividades y proyectos relacionados con el turismo y la recreación son un pilar importante de la economía local. La intensa actividad turística en la región genera vectores de presión sobre las tierras indígenas, tales como la urbanización costera y la especulación del suelo.

La situación de los indígenas en Brasil es hipócrita, es una hipocresía del Estado y de la sociedad brasileña, porque el indígena que tiene contacto con la sociedad, se destruye y desaparece. Se han perdido mas de 600 lenguas por las políticas del Estado. Durante la dictadura se siguieron ocupando sus tierras, se asesinaron y se destruyeron etnias enteras, hoy la situación no ha cambiado mucho, hoy día podemos hablar de una neocolonización —subraya el investigador y agrónomo Sebastião Pinheiro, para Avispa Midia

 

El Istmo en riesgo ambiental, concentra el mayor número de parques eólicos en América Latina

Por Santiago Navarro F y Renata Bessi

El Istmo de Tehuantepec, región sur de México que abarca los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, abriga la mayor concentración de proyectos de parques eólicos de América Latina. Es la tercera franja de tierra más estrecha del continente después de Nicaragua y canal de Panamá -sólo 200 km de tierra liga el océano Pacífico con el Atlántico- donde fue prevista la construcción de 28 parques, de los cuales 15 ya fueron finalizados.

La región es ideal por sus vientos constantes en cualquier época del año. “Ahí confluyen las cordilleras formando una especie de efecto de túnel, la misma estrechez de la parte terrestre, hace que los vientos alcancen una gran fuerza y velocidad”, describe Patricia Mora, profesora-investigadora en ecología costera y ciencias pesqueras, del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional  (CIIDIR Oaxaca).

El estudio de impacto ambiental realizado por la URS Corporation México, como un ejemplo, a cargo da empresa Gas Natural Fenosa, para justificar el parque Biíno Hioxo, en el município de Juchitám de Zaragoza, Oaxaca, atestigua que el desarrollo de un parque eólico “en esta zona del estado de Oaxaca es un claro ejemplo del desarrollo sustentable” y que “el proyecto es viable ambientalmente ya que aprovecha recursos renovables y no genera impactos significativos sobre el medio ambiente”.

En el caso de la región afectada por este parque, el estudio considera que no habrá impactos significativo en la fauna; el impacto de mayores consecuencias y al que se le dará la atención necesaria, de acuerdo con la relatoría, es el riesgo de colisión de aves con los aerogeneradores. En relación a flora, el mismo estudio considera la remoción de la vegetación como un impacto también no significativo.

Mientras las relatorías de impacto ambiental avalan la implantación de los parques, las comunidades locales, así como ambientalistas, están alertando sobre el hecho de que la fauna y flora están siendo afectadas. Los casos de la Barra Santa Teresa, en Alvaro Obregón, y Playa San Vicente, Juchitán de Zaragoza, son particularmente especiales. “Ahí esta la frontera de varios ecosistemas íntimamente relacionados, acuático y terrestres, denominados ecotonos. Lo que ocurre en ellos por separado afecta la dinámica de tal manera que está en peligro la existencia misma de todos los ecosistemas en su conjunto”.

La bióloga explica, en una entrevista detallada, lo que los estudios de impacto ambiental pasan por alto, cuales son los reales impactos en la fauna y flora del Istmo, extendiendo sus efectos negativos no solo en México sino también en los ecosistemas de regiones de la América Central.

Incluso, Mora pone en jaque la forma como son formulados estos estudios ambientales. “Generalmente hay ‘convenios’ a puertas cerradas entre las consultoras o centros de investigación y las oficinas de gobierno, previas a los estudios. Se utilizan machotes donde se copia información, a veces mal copiada, donde se dicen mentiras o verdades a medias, se desvía la atención de la realidad del proyecto, pero aparentemente se cumple con los ‘requisitos’ en papel”.

Entrevista completa:

¿Cuáles podrían ser los impactos a gran escala del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec en flora y fauna, principalmente en la Barra Santa Teresa, Playa Vicente y la Ventosa?

Los impactos son a dos escalas de tiempo. La primera sería el impacto directo. Al instalar el proyecto tienen que “desmontar”, este es un proceso de eliminación de la vegetación. Eso equivale a la destrucción de plantas, como de organismos sésiles – son aquellos que no tienen un órgano que sirva de pie o soporte- o con desplazamientos lentos como los reptiles, mamíferos, aves, anfibios, insectos, arácnidos, hongos, virus etc.

Generalmente solo percibimos lo macro, es decir, los organismos de mayor tamaño, y nunca se consideran los organismos diminutos e incluso microscópicos. Es ahí el mayor daño, pues muchas veces ni siquiera están identificados y curiosamente estos organismos son realmente los que mantienen los ecosistemas vivos y en equilibrio. En muchos de los ecosistemas mexicanos apenas están descritas algunas especies, esto depende de la disponibilidad de los investigadores, el presupuesto y la accesibilidad de la zona, por lo que no se puede cuantificar el daño real, aun así existen muchas especies endémicas, nativas que se encuentran en algún grado de peligro reconocido en listas nacionales e internacionales.

Después de finalizada la construcción continúa el impacto indirecto, pues se alteraron los ecosistemas, se fragmentaron y por lo tanto existe una mayor probabilidad de su desaparición, debido al cambio de uso del suelo y adicionalmente al cambio climático.

¿Cuál es la importancia del los ecosistemas de esta región?

Son considerados muy frágiles. Por su localización geográfica hablamos de zonas semiáridas donde el ciclo del agua es vital, estos ecosistemas actúan como retentores de humedad y su desaparición cambia drásticamente la capacidad de humedad del suelo. Al desaparecer la vegetación estos se convertirán en desiertos totalmente inhabitados, ya que la radiación solar cambia la dinámica del suelo, no permitiendo nueva vegetación.

La relación ser humano-naturaleza cambia, se deja de tener respeto por la tierra, contribuyendo a un mayor deterioro. Eso casi nadie lo considera, la tierra deja de percibirse como la proveedora y esencial para convertirse solo en mercancía.

En particular quisiera señalar el caso de la Barra Santa Teresa y Playa San Vicente, pues aquí nos encontramos en la frontera de varios ecosistemas íntimamente relacionados acuático y terrestres, se les denomina Ecotonos -es la zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas- y lo que ocurre en ellos por separado afecta la dinámica de tal manera que está en peligro la existencia de todos ellos en su conjunto.

Las zonas costeras de México son muy ricas en abundancia y diversidad, ahí no solo son los organismos terrestres son los acuáticos, en esas zonas hablamos de miles de especies que no son vistos a simple vista.

Un ejemplo dramático, en los océanos hay millones de virus, generalmente creemos que los virus son “malos” pues los relacionamos con enfermedades, pero eso es una gran falacia. Los virus, como las bacterias son los responsables de la vida en la tierra, así como de su riqueza y diversidad. En pocas palabras los necesitamos para mantener con vida al planeta.

En las zonas costeras están los ecosistemas de manglar, las dunas costeras, las zonas supra e infra litorales y particularmente  podemos decir que la vegetación costera juega un rol vital para la humedad de la zona. Al desaparecer estos ecosistemas quedaran desiertos, inermes, sin vida. La erosión haría estragos a la franja costera, favoreciendo la extinción de la laguna costera, ensalitrándose las tierras dulces, volviéndose inútiles para la agricultura.

El cambio climático afectará pues al desaparecer la vegetación, no habrá barreras naturales contra las corrientes de aire, tormentas tropicales y ciclones. Los ciclos de vida de muchas especies quedarán truncados, por ejemplo los reptiles requieren ciertas temperaturas para el equilibrio del sexo de sus crías, y para la misma incubación, ellos no regulan su temperatura corporal dependen de la temperatura ambiental.

Los manglares son el refugio de especies acuáticas, de hecho la Laguna Superior es uno de los sitios más importante en México para el resguardo de muchas especies terrestres. Forma parte del corredor Mesoamericano, por ahí pasan miles de aves -cientos de especies-. Las lagunas son humedales de refugio, descanso y comida para estas aves, si los manglares desaparecen, las aves no tendrán donde descansar y eso contribuye a su extinción. Están los murciélagos también, ellos serían afectados respecto a la luz y el sonido.

¿Los aerogeneradores crean un campo magnético, cuáles pueden ser las afectaciones para los microorganismos en el suelo y en la salud de los seres humanos?

Existe suficiente información sobre el daño que producen las ondas sonoras, estas aparentemente no son percibidas por el oído humano, pero eso precisamente las hace más peligrosas. Estas son de baja frecuencia, actúan sobre el sistema pineal y nervioso, causan ansiedad, depresión -hay un estudio que habla de incremento de suicidios en regiones donde están estos proyectos en EUA-, dolores de jaqueca, mareos, vómitos etc. La ciencia occidental le ha dado poco valor a las ondas electromagnéticas, sonoras. Pero la ciencia oriental que le da mucha importancia a los flujos energéticos en el cuerpo, relaciona el origen de muchas enfermedades a la contaminación que generamos con la emisión artificial de flujos energéticos, apenas se está reconociendo este daño.

En los demás seres vivientes también hay efectos, muchos organismos se orientan con las frecuencias sonoras, los murciélagos por ejemplo, en el caso de los acuáticos los peces se orientan con frecuencias electromagnéticas que pasan por su cuerpo, así como muchos otros organismos, muchas de las veces no saber hasta que profundidad aun les afecta.

Un ejemplo que me tocó observar muy de cerca en el acuario de Mazatlán –México. En la pecera donde están los tiburones ocurría que estos nadaban erráticos, chocando todo el tiempo con los cristales, alterados, no comían etc. Resulta que habían reparado este sitio usando unos tornillos de hierro distintos a los originales, al quitarlos de la pecera, los tiburones empezaron a estar tranquilos, resulta que la compostura había creado un campo magnético distinto con el material de construcción. Unos simples clavos.

También muchas especies tienen fototropismo positivo -que son atraídos por una luz. Uno lo puede observar cotidianamente con los insectos en la noche junto al alumbrado, o con la luz de tu computadora cuando estas a oscuras, incluso se utiliza como arte de pesca para capturar a los calamares y otras especies. Los ciclos de muchas especies están relacionadas con la luna llena y nueva para migrar. Lo que provocan con todos esos proyectos costeros que iluminan por las noches, es que alteran esos ciclos y es por eso que aparecen muertos muchos organismos en la orilla de la playa.

Se supone que las empresas deben de elaborar un estudio de impacto ambiental para sus proyectos ¿Que es lo que pasa con los estudios de estos proyectos? ¿Cuáles son los parámetros de estos estudios, que se considera y que no? ¿Quién le da seguimiento?

Lo que pasa es absoluta corrupción, es la verdad absoluta. Tengo que admitir, generalmente hay “convenios” a puertas cerradas entre las consultoras o centros de investigación y las oficinas de gobierno, previas a los estudios. Se utilizan machotes donde se copia información, a veces mal copiada, donde se dicen mentiras o verdades a medias, se desvía la atención de la realidad del proyecto, pero aparentemente se cumple con los “requisitos” en papel. Desafortunadamente las consultoras se aprovechan de la falta de empleo y contratan chicos inexpertos, profesionistas sin empleo, sin título y hasta se les coacciona para que modifiquen datos.

Los centros de investigación presionados por la falta de presupuesto para trabajar, aceptan estos trabajos y es bien conocido el hecho, de que hasta científicos reconocidos por CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)  aceptan las dádivas de estas empresas, pues sus laboratorios “necesitan” dinero para equipo o para sus bolsillos y así poder cumplir con un estilo de vida. Hay que mantener los niveles CONACYT, para que puedas trabajar como investigador dentro del Sistema Nacional de Investigadores. A ese nivel se llega la corrupción. Cuando uno revisa estos documentos se ve la información basura, incluso bajada de internet, toda enfocada a las “bondades del proyecto” y no se hace el estudio de fondo.

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) le da seguimiento, pero todo puede quedar en un buen arreglo, pues son burócratas los que tienen la última palabra.

¿Cuáles pueden ser las afectaciones en este ecosistema en su conjunto, incluyendo a las comunidades nativas, si una especie migra a otro lugar o desaparece por las condiciones de este proyecto?

La mayoría de las especies tienen nichos específicos, son pocas las consideradas pioneras, que son las que podrían habitar nuevos ambientes,  pero además debemos considerar que la aclimatación de cada especie depende de su ciclo de vida y su “elasticidad”. Para dar un ejemplo concreto, las tortugas marinas siempre regresan a la misma playa donde nacieron. Si desaparece ese lugar ellas no ocuparan otro lugar. Con los manglares es algo similar, estos solo habitan la zona intermareal de baja intensidad. Si cambia el oleaje, el nivel de inundación y la salinidad, desparecerán.

Considerando que estas comunidades viven de la pesca y la agricultura, no solo en el sentido económico, sino de forma cultural ¿cómo afectaría la presencia de este megaproyecto con esa gran cantidad de aerogeneradores?

La gente dejaría de hacer sus actividades tradicionales, la migración y la miseria serían su futuro, lo puedes constatar en otras zonas del país. Se perdería la cultura y una forma de vida profundamente respetuosa con la naturaleza. Hay el ejemplo de las zonas costeras del noroeste del país. El despojo y la llegada de proyectos desplazaron a pescadores y campesinos, ahora muchos de sus hijos o ellos mismos migraron, o en el peor de los casos se unieron al narcotráfico.

¿Se sabe como aprobaron el primer proyecto de prueba – proyecto piloto la Ventosa- en el sentido del estudio de impacto ambiental? ¿Cuáles han sido los beneficios y cuales las afectaciones?

No, se sabe poco de este proyecto, de hecho los estudios de impacto ambiental antes pasaban desapercibidos o estos no se realizaban.

Tampoco se conocen claramente los beneficios, las cifras no son claras. Por el contrario, el hecho de que la gente se empezó a organizar en contra de estos proyectos refleja el descontento y el escaso beneficio.

El único beneficio ha sido para las empresas. Con los bono de carbono han evadido impuestos y permitido a estas mismas empresas seguir contaminando, igual o más. Al entrar estos bonos en las casas bursátiles han tenido ganancias al especular en la bolsa, en resumen los únicos beneficios son para las transnacionales. El costo está siendo demasiado alto pues es la naturaleza la que se sigue dañando y el cambio climático es más grave de lo que se había estimado. Las cifras más recientes oficiales de la ONU así lo demuestran.

Tierras comunales, teatro de operaciones de la contrainsurgencia

Este reportaje es parte de cuatro entregas que documentan sobre los sistemas normativos de los pueblos originarios de Oaxaca. De los 570 municipios que conforman este estado, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política conocido como “usos y costumbres”, sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos.

En el año 2006 un equipo de geógrafos de la Universidad de Kansas realizaron una serie de mapeos de tierras comunales de la Sierra Norte de Oaxaca, bajo el proyecto denominado México Indígena, como parte de las Expediciones Bowman. Esto con el objetivo de incorporar por la fuerza o por la vía de acuerdos, los territorios indígenas al modelo corporativo transnacional de propiedad privada, con el argumento esencialista propagado por Geoffrey B. Demarest, que afirma que no hay paz sin propiedad privada. Dichas expediciones de interés estratégico para los Estados Unidos, con fines militares y geopolíticos, ha sido coordinadas desde el inicio por Peter Herlihy y el propio Demarest, este último teniente coronel del ejército de dicho país.

Aldo Gonzales Rojas, director de Vigencia de Derechos Indígenas del gobierno de Oaxaca afirma: "Las expediciones Bowman esta dentro de la lógica de contrainsurgencia de los Estados Unidos y lo denunciamos en el año 2009. Estas expediciones estaban haciendo una investigación sobre la información geográfica que poseen las comunidades indígenas de la Sierra Juárez. Los investigadores ocultaron que estaban financiados por  El Pentágono. Y creemos que esta investigación era una especie de piloto para ensayar como podrían hacer investigación en otros lugares del mundo en relación con pueblos indígenas y sus tierras comunales".

De acuerdo con el investigador y antropólogo Gilberto López y Rivas, «los agentes de las expediciones consideran  que las formas de propiedad comunal, colectiva y autónomas de las tierras representan un obstáculo para los planes de desarrollo que ya se están ejecutando de una forma muy agresiva, donde hay capital de empresas mineras, farmacéuticas, energéticas, entre otras». Las tierras comunales en México se reconocieron después de la Revolución Mexicana —en el año 1917— y han estado bajo posesión de los pueblos indígenas desde tiempos inmemorables.

El geógrafo y profesor de la Universidad de Colorado, Joe Bryan, afirma que como punto de referencia a esta ofensiva hacia las tierras comunales, esta el Comando Sur del ejército de los Estados Unidos,  uno de los diez que dicho país tiene desplegados en el mundo y que abarca el área relativa al Sur del continente Americano, América Central y el Caribe.

Han vuelto la vista donde no hay presencia estatal y ausencia de propiedad. Van buscando áreas comunales y presentan esas áreas como propicias para el narcotráfico y el crimen. Así que el Comando del Sur esta buscando como hacerse socio de los gobiernos y de ONG en Latinoamérica y con ese fin utilizan, por ejemplo, la operación llamada Misión Continua, que promueve servicios de salud a las comunidades, como método de ocupar el territorio y de contrainsurgencia.

El pensamiento de Demarest, como ideólogo o intelectual orgánico de estas expediciones, considera que la propiedad colectiva de la tierra es la matriz de la delincuencia y de la insurgencia y por ello hay que destruirla. Demarest es uno de los militares que formó la Escuela de las Américas, administrada por el Ejército de los Estados Unidos y fundada desde 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. En los últimos años graduados de la Escuela de las Américas han participado en asesinatos en Colombia; han sido parte del grupo narcotraficante Los Zetas en México; y han estado involucrados en el golpe de estado en Honduras en el año 2009, como lo demostraron los activistas estadounidenses de SOAW, quienes ganaron una demanda en contra Departamento de Defensa en febrero del año 2013.  

«Demarest es uno de los coordinadores de estas expediciones. Fue entrenado en la Escuela de las Américas, posteriormente fungió como agregado militar de la embajada estadounidense en Guatemala en los años de 1988 y 1991, donde se implementó un proyecto contrainsurgente que provocó terribles masacres contra poblaciones indígenas», asegura López y Rivas.

Indígenas Bribri celebrando su resistencia de varios años contra la mercantilización de sus bosques.Cordillera de Talamanca, Costa Rica. Foto: Santiago Navarro F

Manual de contrainsurgencia

Según el manual del ejército de los Estados Unidos (FM-3-24, MCWP 3-33.5), que marca los puntos estratégicos para desarticular cualquier forma de insurgencia, publicado en mayo del año 2014, bajo el título Insurgencies and Countering Insurgencies, cuando los elementos de una población crecen insatisfechos con el status quo y están dispuestos a luchar para cambiar las condiciones a su favor, utilizando tanto medios violentos y no violentos para afectar un cambio en la autoridad que prevalece, están dadas las condiciones para el surgimiento de insurgencias.

En ese mismo sentido, este manual esta hecho para contrarrestar cualquier tipo de insurgencia con distintos métodos y en colaboración de lo que se considera como Socios de Acción Unificada, una colaboración en un esfuerzo integral que va desde empresas nacionales o multinacionales y Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, hasta la presencia de organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas. «Las organizaciones regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) o de organizaciones mundiales como las Naciones Unidas pueden participar en algunas de las operaciones de contrainsurgencia. Las Naciones Unidas, en particular, tiene muchas agencias subordinadas y afiliadas activas en todo el mundo», dice textualmente el manual.

 La academia en la contrainsurgencia

«Cada año la Iniciativa Minerva, con fondos del Pentágono que, entre otros proyectos, busca mapear 59 pueblos indígenas en Centroamérica, premia a doce proyectos de 300 que se presentan.  En el año 2013, premió a un proyecto que se va a llevar acabo en Honduras con respaldo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, empleando como asistentes de investigación a indígenas y mestizos para mapear la zonas de propiedad comunal a destruir o aniquilar», afirma López.

En el año 2013 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos aprobó un presupuesto de 1.5 millones, con posibilidad de ampliarlos a 3 millones de dólares para Jerry Dobson y otros investigadores para poder continuar con las Expediciones Bowman, ahora con el programa de investigación Minerva. «La Iniciativa Minerva es un consorcio que se mueve en relación a los intereses del Pentágono y contacta a las mejores universidades de Estados Unidos y subsumen a universidades latinoamericanas que se prestan para recibir fondos del departamento de estudios militares del Pentágono para realizar investigación para la contrainsurgencia», manifiesta López.

Así, hay por lo menos 12 proyectos de investigación con financiamiento del Pentágono y canalizados por la Iniciativa Minerva para recabar datos para la contrainsurgencia. «Otro proyecto canalizado por la Iniciativa Minerva es le megaproyecto de la Universidad de Washington, en colaboración con Harvard que busca estudiar, el origen, las características y las implicaciones de los movimientos políticos de 23 países, contando con una base de datos de 58 países proporcionada por la Iniciativa Minerva, pretendiendo hacer un mapeo de los movimientos sociales en espacio y tiempo», sostiene López.

El caldo de cultivo de los movimientos indígenas

Las últimas reformas aprobadas en México, que tienen que ver con la privatización de la educación y el petróleo, por mencionar algunas, impactarán directamente en la vida de más de 80 millones de mexicanos, considerando que el 40 por ciento del gasto público del país han sido financiado con ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que en teoría destina dichos ingresos a educación, salud, infraestructura, seguridad y programas sociales. Un impacto que se verá reflejado también en el aumento del costo de la canasta básica, factor principal del aumento de la pobreza en México. Estas reformas son solo la punta del iceberg de lo que podría ser un caldo de cultivo que comienzan a provocar y agudizar nuevas movilizaciones sociales —pacíficas y violentas— en este país, catalogadas como movimientos insurgentes. Solo en tres sexenios de gobierno se concesionaron a empresas mineras casi la misma cantidad de tierras repartidas tras la Revolución Mexicana de 1910. Más de 94 millones de hectáreas concesionadas, una gran parte de estas concesiones se localizan sobre territorio indígena, a quienes no se les informó nada sobre el asunto. Desde diciembre del año 2013 Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Ya había previsto que los movimientos sociales se agudizarían al señalar que «la situación propiciada en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón podrían provocar confrontaciones sociales en las zonas afectadas».

La reforma sobre la ley de hidrocarburos, junto con la reforma educativa, la fiscal y la financiera, atentan contra los pueblos indígenas y el pueblo de México en general, da pase libre a las empresas transnacionales para expropiación de tierras, en lo que el artículo 33 denomina «para utilidad publica», lo cual contempla a las tierras comunales. Las comunidades solo tienen en su jurisdicción hasta 30 cm del subsuelo, después de ahí este es de ámbito federal. Esto «abre la puerta a la expropiación de terrenos por supuesta utilidad publica, a afectaciones, incluso a reservas de la biósfera, también a una serie de violaciones a los derechos humanos», afirmó en la discusión que al respecto de dió en el Congreso, el senador Zoé Robledo.

Estas reformas vienen acompañadas desde los primeros 16 meses de gobierno del mandatario de México, Enrique Peña Nieto, con un aumento de la criminalización del activismo y la lucha social en este país. Las desapariciones y detenciones forzadas ya son incuantificables.  «Desde aquí le decimos a Peña Nieto que no va a ser posible que decida por nosotros, porque nuestros pueblos están organizados, estamos decididos a que nos maten, pero no vamos a ceder las tierras a nadie», sostuvo Felipe Flores, que junto a otras comunidades indígenas se oponen a la construcción de una de la presas hidroeléctrica de La Parota, en el estado de Guerrero, al sur de México.

Para López, las luchas sociales están viviendo un contexto de militarización y contrainsurgencia, en donde se ve un Estado autoritario que usa la violencia selectiva, como lo hizo durante la guerra sucia de los años 60 y 70, con las desapariciones forzadas, los encarcelamientos y la persecución.

Guerra irregular

Las comunidades indígenas, donde se encuentran las bases de apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas México, son una muestra viva donde se aplican los mecanismo de la denominada guerra irregular, como lo determinan los manuales de contrainsurgencia.

Afirma Gilberto López y Rivas: "No es una Guerra de Baja Intensidad, sino una Guerra de Desgaste Integral, que va desde la cooptación de comunidades con programas asistenciales de gobierno, que siguiendo el manual de contrainsurgencia es quitarle el agua al pez, pero también se crean peces bravos al servicio del Estado que atacan a los peces insurgentes, es decir,  grupos paramilitares de la misma comunidad, quienes son los que perpetraron el ultimo ataque al movimiento zapatista, un movimiento que no ha realizado ningún acción ofensiva en estos últimos 20 años, porque tomaron la vía del apoyo a las autonomías de sus comunidades".

En los primeros días de agosto del año 2014, las comunidades zapatistas realizaban un encuentro con pueblos indígenas de México pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI) llamada Primera Compartición de los Pueblos Zapatistas y los Pueblos Originarios de México «Compañero David Ruiz García», cuando un grupo armado del Ejido Pojcol realizó actos de ocupación y hostigamiento hacia integrantes de la Comunidad Autónoma de Egipto. Por esta razón y tratando de evitar un posible ataque, el 2 de agosto de 2014, 32 personas —mujeres, niñas, niños y ancianos— se desplazaron forzadamente, caminando durante toda la madrugada, hasta llegar a otro pueblo zapatista en donde actualmente les albergan, tratando de evitar una confrontación.

Oaxaca, peligro de insurgencia

Desde el levantamiento armado del EZLN en 1994 y desde la firma de los acuerdos de San Andrés, en 1996, sobre derechos y cultura indígena, la gran mayoría de los pueblos indígenas de México hicieron eco de las exigencias plasmadas en ellos. Oaxaca, siendo mayoritariamente indígena, provocó preocupación para el gobernador en turno, Diodoro Carrasco Altamirano, y el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, quienes optaron por implementar una política de contención indigenista con una serie de reformas a la constitución local de dicho estado. Las reformas fueron acompañadas de una estrategia contrainsurgente elaborada por el Centro de Estudios Gubernamentales de Oaxaca, que siguió las mismas tácticas de contrainsurgencia implementadas por la Escuela de las Américas, quien desde 1953 y hasta 1996, había recibido a cerca de mil efectivos militares de México para tomar cursos de capacitación, según consta uno de los capítulos del informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Es así como en 1996, a partir de estas tácticas de contrainsurgencia, en todo el estado de Oaxaca se implementaron acciones políticas para cooptar o comprar líderes sociales, tareas de inteligencia, se crearon grupos paramilitares, como el de «Los entregadores» en la región Loxicha, un grupo a sueldo de los caciques  y cuya labor más importante era la delación: entregaban a los presuntos guerrilleros y realizaban acciones de tortura, asesinato selectivo, violación de mujeres y detenciones arbitrarias. De mas de 150 indígenas detenidos en ese periodo, hay siete presos políticos aún, mismos que son conocidos como «Los presos Loxicha».

En el año 2006 durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, se volcaron a las calles más de 2 millones de personas que pedían la destitución de dicho gobernador. Desde entonces las tácticas de contrainsurgencia han sido renovadas constantemente en esta región del país. Desde este periodo de gobierno, la ciudad de Oaxaca es una de las mas vigiladas del mundo con tecnología C4 Inteligente, con más de 230 cámaras que forman parte del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), que entre otras actividades no sólo filma y guarda los datos recabados en cada una de las áreas monitoreadas, sino que también es capaz de detectar rostros, gestos y rasgos, apoyados por sordomudos que analizan cada movimiento.

La guerra en sus diferentes fases, define un terreno de acción y un enemigo a reducir o controlar, en este caso, parece ser que los pueblos indígenas son el enemigo potencial que representan un peligro al conservar sus territorios de forma comunal o con proyectos autogestivos o autonómicos, donde la resistencia y la cohesión comunitaria, arma principal de la lucha de los pueblos indígenas, contrasta con el poder bélico y destructivo de los gobiernos y las empresas.

Textos que complementan la serie

La migración transforma usos y costumbres en México y la participación de la mujer en las comunidades

Reforma electoral en México pone en riesgo la autodeterminación de pueblos indígenas

A través de América Latina, la lucha por la tierra comunal y la autonomía indígena

Reforma electoral en México pone en riesgo la autodeterminación de pueblos indígenas

El Congreso de la Unión de México aprobó a fines de mayo del 2014 las leyes reglamentarias de la reforma político-electoral que deben organizar las elecciones federales y locales para el año 2015. Tal reforma representa un retroceso para los pueblos indígenas mexicanos ya que no considera la forma de elegir autoridades locales por el sistema de usos y costumbres.

A pesar del esfuerzo de ciudadanos, académicos, organizaciones y el movimiento indígena –quienes entregaron una serie de propuestas a senadores y diputados federales de Oaxaca, mucho antes de haber sido aprobada dicha reforma– la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas no ha sido garantizada.

«Al no garantizar el derecho de autonomía y representación política de los pueblos, se niega la diversidad de organización política que existe en el país», evalúa Aldo González Rojas, indígena zapoteco y director de vigencia de los derechos indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas, del estado de Oaxaca. «Se creó una laguna jurídica ya que este otro sistema existe pero no es reconocido. Las comunidades indígenas deben tener certeza jurídica», afirma González.

El consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Víctor Leonel Juan Martínez, también sostiene que la reforma pone en cuestión la autonomía de los pueblos indígenas. «Lejos de buscar el encuentro con los indígenas, buscan minar su espíritu colectivo; en lugar de establecer acuerdos, los ven como clientela política; lejos de construir un proyecto de nación multicultural, buscan intereses facciosos y hacen un uso instrumental de la bandera indígena», declaró durante la XIII Sesión del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, realizado en mayo del año 2014.

Frente a esta situación, contrasta la nueva iniciativa de reforma en materia de derechos y cultura indígena que está en trámite en el congreso de Oaxaca. «Lo que estamos haciendo en Oaxaca es que a partir de la propuesta de reforma constitucional en materia indígena, que está en discusión ahora en manos de la cámara de diputados,  se aborde el tema electoral de los pueblos y se garantice la autonomía de las comunidades indígenas», explica González.  Así, «si las leyes federales no regulan la materia vamos  a trabajar para que sea regulada de la mejor forma en la Constitución y las leyes del estado; en Oaxaca no podemos dejar de lado este asunto».

De acuerdo con el Instituto Federal Electoral (ahora INE), no existe una estadística a nivel federal de cuántos municipios en México eligen sus autoridades por el sistema de usos y costumbres. El único estado en el país que reconoce legalmente esta forma de elección es Oaxaca. De los 570 municipios que forman el estado, 418 eligen por usos y costumbres.

Reunión del Congreso Nacional Indígena en el marco de la Cátedra Tata Juan Chávez en agosto de 2013. Fotografía: Santiago Navarro F.

La comunidad oaxaqueña de Nochixtlán recibe información acerca de cómo funciona el proceso electoral a través de los partidos políticos. Fotografía: Santiago Navarro F.

Primera consulta a los pueblos indígenas

Para la construcción de la propuesta de la iniciativa de reforma, la Secretaría de Asuntos Indígenas, dependencia del gobierno estatal, emitió una convocatoria pública y llevó a cabo una consulta. Se realizaron 24 foros regionales donde participaron más de 5 mil personas, entre ellas, 1500 autoridades municipales, un foro estatal integrado por 500 delegados representantes de cada uno de los foros regionales.

En un primer momento, líderes indígenas, académicos y abogados trabajaron para crear criterios que fundamentasen la reforma. Estos tres grupos integrados hicieron estudios y analizaron leyes nacionales e internacionales que han sido referencias sobre procesos indígenas.  A partir de ahí se marcaron ejes de discusión como: comunicación indígena, cultura, medicina tradicional, mujer indígena, valores comunitarios, sistemas de gobierno, procesos electorales, autonomía, autodeterminación (tierra y territorio), jurisdicción de Estado y consulta.

Se construyó una plataforma para cada uno de los puntos y fueron  sometidos a consulta. De ahí se realizó una publicación con estos criterios y fue enviada a las autoridades de las comunidades para que la revisaran y se discutiese. En seguida fue lanzada la convocatoria en los lugares donde se realizarían las consultas. «Se lanzó la convocatoria basada en el principio de que el Estado debe escuchar a los pueblos antes de hacer reformas y leyes. Es la primera consulta que se hace en  los pueblos indígenas de Oaxaca», afirma Melquiades Cruz Miguel, jefe de departamento de comunicación indígena intercultural, de la Secretaría de Asuntos Indígenas, quien también fue partícipe de la realización de la consulta en la Sierra Norte.

Después de los foros, se creó un comité técnico de expertos, formado por intelectuales, abogados y líderes indígenas, para transformar en formato de proyecto de ley todo el resultado de la consulta.

Terminado el proceso, se convocó a un Foro Estatal de Pueblos Indígenas para que avalase la versión final del documento. «Y, por último, el texto fue presentado a un consejo consultivo, integrado también por intelectuales y líderes indígenas, de forma que validara y legitimara la consulta», explica Cruz.

La propuesta fue presentada al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, en agosto del año 2013. El texto pasó por un  consejo técnico de gobierno y, en marzo de 2014, fue enviado para su aprobación a la Cámara de Diputados.

Se prevé tener una resolución final en el mes de octubre. «No sabemos si los diputados van aprobar la reforma completa o recortada, porque tratar de territorio, de autonomía, de jurisdicción indígena, afecta intereses», afirma Cruz.

Asamblea de comunidades que escuchan lo que los candidatos ofrecen a cambio de su voto. Fotografía: Santiago Navarro F.

Asamblea de comunidades que escuchan lo que los candidatos ofrecen a cambio de su voto. Fotografía: Santiago Navarro F.

Fortalecimiento de las asambleas

La iniciativa de reforma busca desde un principio fortalecer el tejido de las comunidades indígenas. «Se fortalecen los derechos de las comunidades, se reconoce que las decisiones de las asambleas comunitarias tienen efectos hacia fuera, o sea, no sólo al interior del pueblo, el Estado tiene que respetar sus decisiones», afirma González.

La propuesta establece mecanismos para que las comunidades puedan desenvolver sus planes de desarrollo, ejecutar las acciones que determinen, evaluarlas y fiscalizarlas. «Se reconoce que las comunidades tienen mecanismos propios desde planificar hasta fiscalizar sus recursos».

Otro punto de la reforma es el derecho de las comunidades a la consulta y consentimiento libre, previo y formal siempre en casos de acciones administrativas por parte de los gobiernos municipal y estatal. «No es fácil pero, por ejemplo, en casos de concesión de tierra a las empresas de minería, uno de los requisitos que les piden es tener el cambio de uso de suelo otorgado por la autoridad municipal. La propuesta es que este cambio de uso de suelo pase por asamblea», explica González.

Cortes en la propuesta

De acuerdo con el secretario de vigencia de los derechos indígenas, el gobernador quitó, antes de enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, dos puntos básicos fruto de la consulta. La propuesta inicial contemplaba que se establecería un instituto autónomo de los pueblos indígenas de Oaxaca, que sería fundamental para llevar adelante las políticas públicas. «Y cuando  se presenta por el gobernador al congreso, la propuesta del instituto ya no estaba».

Otra propuesta no aceptada completamente es la que establece la posibilidad de que los municipios que se rigen por sistemas normativos propios pudieran nombrar a sus diputados por mecanismos diferenciados a la de los partidos políticos.

«Hay algunos actores que no manejan el tema de los pueblos indígenas, que tienen temores acerca del derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos y que tratan de minimizar algunas de las propuestas», justifica González.

Disputa de fuerzas

Para González, un punto que debe generar más polémica se trata de los derechos políticos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el planteamiento de la creación de un parlamento indígena, del cual considera que quizá no se apruebe en su totalidad. «Seguramente se quedará algo general en la Constitución sobre el asunto».

Una reforma de esta naturaleza es una disputa fuerte dentro del Estado, evalúa. «No se puede olvidar que Oaxaca es esencialmente indígena y el Estado tiene una deuda enorme con los pueblos. Que se pueda aprobar una reforma de esta naturaleza sería hacer justicia. No aprobarla sería una injusticia. Los pueblos indígenas han estado invisibles. El Estado se construyó liberal de acuerdo con el pensamiento francés y norteamericano. Nunca se volteó a ver que los pueblos indígenas también tenían sus propuestas».

Resistencia Comunitaria a uno de los 28 parques eólicos planificados para la región del istmo oaxaqueño. La municipalidad se declaró autónoma. Fotografía: Santiago Navarro F.

Resistencia Comunitaria a uno de los 28 parques eólicos planificados para la región del istmo oaxaqueño. La municipalidad se declaró autónoma. Fotografía: Santiago Navarro F.

Límites

González admite los límites de la ley. «Cuando sea aprobada la reforma, los indígenas tendrán nuevos recursos jurídicos para defender sus tierras. Pero no es una cuestión fácil. No son recursos orales, no son de fácil acceso, son necesarios los abogados para acceder a estas herramientas. Será necesario pasar por un periodo de pruebas».

Cruz advierte, por su parte, que la aprobación de la reforma constitucional no será suficiente si no se garantiza el funcionamiento de nuevas instituciones que materialicen políticas públicas para los pueblos indígenas. «Si esto no ocurre, pasará lo mismo que pasó con la ley de 1998, que no tuvo repercusión. Es necesario reglamentar, definir cómo las leyes van a ser aplicadas, cuáles instituciones deben operarlas y de dónde deben venir los recursos. El trabajo que tendremos después de la aprobación es mucho mayor. Es necesario tener los mecanismos para que se pueda aterrizar todo esto».

Historia

De acuerdo con el abogado y jurista indígena Francisco López Bárcenas, los pueblos indígenas de Oaxaca tienen una larga historia y tradición de lucha en defensa de sus derechos, que han sabido combinar para relacionarse con el Estado y el resto de la sociedad manteniendo su identidad étnica. Esto se ha reflejado en las constituciones y leyes que han normado la vida política de esta entidad federativa desde antes de la federación mexicana.

«El estado de Oaxaca cuenta entre sus méritos haber sido el primero de la República mexicana que comenzó a legislar en materia de derechos indígenas, mucho antes incluso de que el gobierno federal firmara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en el año de 1989, y por lo mismo antes de que se reformara el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde por primera vez se reconoció la pluriculturalidad de la nación mexicana sustentada en la presencia de sus pueblos indígenas y algunos derechos culturales de ellos», afirma López Bárcenas.

Un factor determinante fue el surgimiento del movimiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, compuesto mayoritariamente por indígenas, que marcó una nueva generación del movimiento indígena en México y el mundo.

«Fue un parteaguas en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México y del mundo. El levantamiento del EZLN, y en particular, los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena fueron factores fundamentales para la generación de un fuerte movimiento indígena nacional que conformó el Congreso Nacional Indígena (CNI), mismo que se hizo portavoz principal –junto con el EZLN- de las exigencias de los pueblos indígenas», son los antecedentes que fundamentan los documentos de esta nueva iniciativa de reforma.

Mujeres declaran autónomo su municipio. Fotografía: Santiago Navarro F.

Mujeres declaran autónomo su municipio. Fotografía: Santiago Navarro F.

Contradicción

Las herramientas jurídicas han sido importantes para que los pueblos puedan ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho, pero independientemente de esto, existen comunidades que con reconocimiento o sin él, siguen fortaleciendo sus lazos comunitarios y su autonomía. Los desobedientes y rebeldes seguirán siendo las minorías, los que siguen construyendo su cotidianidad con o sin permiso.

«Nosotros tenemos muy bien arraigadas nuestras formas de organizarnos y una cosa es lo que las leyes dicen en los papeles, aquí todo tiene que pasar por asamblea y nosotros seguiremos viviendo así porque nos ha funcionado bien», afirma Saúl Aquino, comisariado de bienes comunales de la comunidad zapoteca de Capulalpam de Méndez.

«Los pueblos indígenas deben fortalecer sus procesos autonómicos preparando a las nuevas generaciones como autónomas y no esperar nada bueno de la clase política de este país», afirma el antropólogo e investigador Gilberto López y Rivas.

A través de América Latina, la lucha por la tierra comunal y la autonomía indígena

Este reportaje es parte de cuatro entregas que documentan sobre los sistemas normativos de los pueblos originarios de Oaxaca. De los 570 municipios que conforman este estado, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política conocido como “usos y costumbres”, sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos.

Tierras comunales y autonomía

Adentrarse en el corazón de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca, México, tierra de los mixtecos y zapotecas, es como abrir puertas y ventanas a un mundo de colores, formas, texturas y sabores que contrastan con la cultura occidental que rige la cotidianidad de las grandes ciudades y de las familias modernas. Estas comunidades indígenas son parte de las montañas,  del aroma a café que se mezcla con el olor de los pinos y la fragancia de las flores, que abren también puertas hacia las leyendas y la poesía tejida en la vestimenta y en los telares, todo esto pasa en las tierras que no tienen dueño ni precio.

Si la poesía, las leyendas, la vestimenta y la comida son los canales por los cuales se materializa y se mantiene viva la cultura de los ancestros indígenas oaxaqueños, los llamados «usos y costumbres» son la expresión viva de un sistema político propio de estos pueblos, que han sostenido su legitimidad históricamente como cualquier sistema estatal. De los 570 municipios del estado de Oaxaca, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política de «usos y costumbres», sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos, una realidad peculiar que no sólo es relevante en México sino en toda América Latina.

Por citar un ejemplo, Bolivia es el país con mayor población indígena de Latinoamérica según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 62% de su población. No obstante, sólo se reconocen 11 autonomías indígenas campesinas que tienen el derecho de elegir a sus autoridades mediante «usos y tradiciones propias».

Oaxaca es uno de los 31 estados de México donde se encuentra la mayor diversidad y cantidad de población indígena del país. De 3,5 millones de habitantes que tiene el estado, según las estadísticas oficiales, más de un tercio de ellos son de origen indígena (1,165,186 personas). No fue sino hasta el año de 1995 que a todos los municipios se les reconoció jurídicamente en el Congreso de Oaxaca, sus sistemas normativos de «usos y costumbres».

Cada pueblo tiene sus propias reglas para organizar de la mejor forma su vida en  comunidad, no son homogéneos. A pesar de la diversidad, dos puntos caracterizan estos sistemas políticos propios: el sistema de cargos y la asamblea.

A las asambleas, que constituyen la máxima instancia de decisión, asisten todos los jefes de familia, hombres y mujeres, y de viva voz deliberan sobre los asuntos del pueblo para llegar al consenso. La asamblea es presidida por autoridades designadas. Existen distintos niveles de asambleas: la doméstica amplia, la de barrio o sección, la de cabildo, la civil, la religiosa y la de tipo agrario. La asamblea comunitaria es producto y culminación de estas asambleas previas. De hecho, es la máxima autoridad indígena y la que decide las reglas de funcionamiento de la comunidad.

Sus autoridades no son elegidas por el sistema tradicional electoral, pero sí manejan un sistema jerárquico de cargos, desempeñados de forma gratuita y por obligación a cada miembro de la comunidad, llamado «sistema de escalafón».  Así, para que se llegue a ocupar el cargo en la presidencia municipal, el ciudadano necesita prestar su servicio en una serie de cargos a lo largo de su vida en la comunidad. Por lo general se inicia a muy temprana edad. Un niño de 10 años puede iniciar sus actividades comunitarias con algún tipo de servicio en la iglesia, tocando las campanas en horarios clave para la comunidad, por ejemplo.

Desde ahí se inicia un proceso de tránsito por los cargos, todos deliberados en asamblea. Las comunidades de Guelatao de Juárez, habitada por no más de 800 habitantes, y Capulalpam de Méndez, con 1500 habitantes, ubicadas a 60 km de la ciudad de Oaxaca –ambas localizadas en la Sierra Norte del estado– son un referente donde prevalecen estas tradiciones. En estas comunidades se inicia el cargo desde topil o auxiliar de policía, luego mayor, regidor tercero o de obras, regidor segundo o de educación, ecología, salud, regidor primero de hacienda, síndico y presidente.

Hay dos presidentes, uno es municipal, dedicado a la administración del área urbana, como el servicio de educación, drenaje, agua potable; y el otro es el presidente o comisariado de Bienes Comunes, quien administra cuestiones agrarias como las tierras comunales, ya que no existe la propiedad privada. Existen aún otros tres cargos: el alcalde, el tesorero y la secretaria. En Guelatao existe un consejo consultivo, formado por ancianos y personas con experiencia y de respeto para la comunidad.

Calpulapam. Fotografía: Santiago Navarro

Calpulapam. Fotografía: Santiago Navarro

En las tierras de Guelatao de Juárez, Jesús Hernández Cruz acaba de asumir su cargo de presidente municipal, aún tiene las manos ásperas, típica de un campesino, empuña un lápiz y un cuaderno donde hace sus notas, sentado en un escritorio hecho con madera de la región.  El presidente fue profesor por 34 años, se jubiló en 2005 e inició sus servicios comunitarios hasta ser elegido como presidente. Tiene una pensión y aún se dedica al cultivo de sus árboles frutales de tejocote, del cual produce jalea.

El presidente explica la lógica de participar en los cargos desde abajo, como la limpieza de lugares públicos, hasta alcanzar la presidencia. «El objetivo es que la persona pueda conocer los problemas y las necesidades de la comunidad para poder resolverlos cuando se asumen los cargos mas importantes. De forma colectiva, se van acomodando las personas en sus actividades, de acuerdo con sus habilidades. Antes de todo es un proceso de aprendizaje en el que se pulen las capacidades. No se gana dinero aquí. Así, cada uno va acumulando conocimiento sobre la realidad de la comunidad. Lo único que se gana al prestar un buen servicio, es el respeto de la comunidad y el reconocimiento del pueblo», comparte.

En Guelatao, los habitantes son compensados con servicios como el agua o el alumbrado público, que no pagan. «Los cargos son un servicio a la comunidad y, a cambio de él, la comunidad ofrece beneficios a los ciudadanos, como distintas facilidades que otorga la autoridad municipal en retribución. Por dicha razón, está mal visto que alguna persona no cumpla con el cargo y recurra a la autoridad a solicitar favores. Caso contrario, si no siente deseos de realizar el servicio –el cargo– de manera gratuita, es preferible que la persona abandone el pueblo, o dejará de gozar de los beneficios».

Las festividades también son momentos importantes para los pueblos. Las comunidades realizan por lo menos una fiesta cada año, donde participan todos y la asamblea nombra una comisión responsable por la organización, tarea que también forma parte del sistema de cargos.

Pilares

Un medio  de comunicación en las comunidades son los altavoces que están principalmente en el centro del pueblo y las radios comunitarias. Desde ahí las autoridades anuncian los festejos, las asambleas, el llamado al  tequio –trabajo colectivo– que se presta a la comunidad. «Apenas  invitamos a todos para limpiar la carretera que marca los linderos con la comunidad de Ixtlán. Este tipo de servicio sirve también para integrar a las personas en un sentido de comunidad», afirma el Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez, Saúl Aquino Centeno.

Los elementos que sustentan toda la estructura organizativa comunitaria son los saberes y valores que han predominado a lo largo de su historia. «Debemos entender lo que somos nosotros, no como el yo o el tú, sino, el nosotros, y debemos aferrarnos a esos principios, para impedir la intromisión vulgar y descarada de los principios individualistas. No debemos entrar en competencia sino reproducir la compartencia», afirma el indígena y antropólogo zapoteco, Jaime Martínez Luna. «Estamos en contra del desarrollo, porque es lineal y ascendente, nosotros somos circulares, en espiral, por eso entendemos que el hombre y la mujer no son el centro de la naturaleza, no  somos dueños de la naturaleza, es ella la dueña de nosotros».

Además, «a la tierra se le considera una madre y no se le puede violentar porque nos da la vida, y respetamos a las semillas porque nuestros abuelos nos han enseñado que ellas lloran sino se les cuida, los abuelos dicen que la madre tierra nos da de comer y cuando morimos nos recibe y nos abraza», dice Silvestre Ocaña López, indígena de Tlahuitoltepec Mixes, Oaxaca, quien al mismo tiempo no duda en marcar una diferencia con el pensamiento de su pueblo y el pensamiento occidental. «Dentro del mundo occidental la tierra es una mercancía y para nosotros los pueblos indígenas, la vemos como nuestra madre, ella no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella».

Jesús Hernández Cruz, presidente municipal de Guelatao. Fotografía: Santiago Navarro

Jesús Hernández Cruz, presidente municipal de Guelatao. Fotografía: Santiago Navarro

Antecedentes

El abogado en derecho indígena Francisco López Bárcenas se ha sumergido al contexto histórico de las comunidades indígenas en Oaxaca, quien afirma que el debate sobre los derechos indígenas en este estado se ha sostenido desde antes de la creación del Estado. «Se retomó el 10 de enero de 1825, al promulgarse la primera Constitución Política del Estado, la cual estableció en su artículo 5 que para la administración del mismo se dividía en departamentos, partidos y pueblos; estos últimos serían administrados por Ayuntamientos integrados por alcaldes, regidores y síndicos, siempre que su población llegara a tres mil «almas». De esta forma, el Estado de Oaxaca reconocía la organización que desde la época de la colonia asumieron los pueblos indígenas para resistir la opresión española».

En ese sentido, López Bárcenas asume que Oaxaca fue el primero en legislar en materia de derechos indígenas, mucho antes incluso de que el gobierno mexicano firmara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en el año de 1989.

Tierras comunales

Las tierras en estos pueblos son comunales, todo es de todos. No hay propiedad privada, incluso la pequeña propiedad. La transferencia de tierra se hace por cesión de derecho. El padre puede transferir sus tierras para sus hijos, por ejemplo. Y todo pasa por asamblea. Nadie puede vender y nadie puede comprar.

«Si alguien quiere trabajar en el campo se designa una parcela de tierra para esta persona. Pero debe trabajarla continuamente. Si en tres años no produce, la tierra será transferida para otra persona que tenga interés. El  propio comisariado se encarga de eso», explica el presidente de bienes comunales de Capulalpam.

Las asambleas aun pueden decretar áreas comunales protegidas. «Estamos actualizando el estatuto comunal que rige los bienes comunes. Vamos a decretar intocable el área donde están nuestros manantiales. Sabemos que ya existen proyectos para tomar nuestra tierra», afirma el comisariado.

Las personas que vienen de otras comunidades tampoco pueden adquirir tierras, sólo alquilarlas. Ni pueden participar en el sistema de asamblea automáticamente. En Guelatao, «aquel que se establece tiene la obligación de reportarse al municipio para ser considerado para trabajos y cargos comunitarios, pero solamente es aceptado después de pasar por decisión de la asamblea», explica el presidente municipal de Guelatao.

Justicia

Guelatao posee  un reglamento de seguridad. «Aquí los castigos son desde la cárcel  –por 8 horas, 12 horas o 24 horas y de hasta tres días–, multa o trabajos forzados para beneficio de la comunidad. El síndico es la persona directamente responsable para la justicia en casos de golpes, robo y delitos. Ya el alcalde se responsabiliza por pleitos familiares. El es mediador de la familia.  Y el también  es el que da seguimiento a problemas que el síndico no esté en su competencia. Si fuera muy grave, la cuestión es transferida para un Ministerio Público. Pero la mayoría de los casos se solucionan aquí», explica Cruz.

Empresas comunitarias

En Guelatao, su presidente municipal afirma que la comunidad depende de recursos federales y del estado. «Existe una imposición de reglamentos a seguir que son los fondos destinados a los municipios para desarrollo social. Estos recursos provienen del gobierno federal, destinados a infraestructura y funcionamiento municipal».

En Capulalpam, también reciben recursos, pero es mínimo. «Las comunidades han crecido  y mejorado con los recursos propios. Es autosuficiente económicamente», explica el presidente de bienes comunales.

La autosuficiencia del municipio proviene de recursos generados por cinco empresas comunitarias: embotellamiento de agua, aserradero –existen bosques manejados de forma sustentable en la comunidad–, trituradora de piedras, una fábrica de juguetes y el proyecto ecoturístico. «Cada empresa posee su administración propia. La asamblea elige una comisión de acompañamiento para cada una de ellas. Cada unidad debe informar al comisariado sobre los movimientos económicos, que son llevadas para aprobación  en la asamblea, normalmente son cada cuatro meses», explica el presidente.

Las ganancias son aplicadas para beneficio social. «Ningún comunero o ciudadano posee apoyo o  beneficio directo económico. Los recursos son repartidos de acuerdo con las necesidades de la comunidad. El municipio tiene algunos empleados, como jardinero, bibliotecaria, una persona encargada del centro de cultura. Las empresas dan un aporte para pagar a estas personas», relata.

Nochixtlan. Fotografía: Santiago Navarro

Tequio en Nochixtlan. Fotografía: Santiago Navarro

¿Será autonomía?

Poco se habla de autonomía como concepto entre la gente de las comunidades, definición tan perseguida por los espacios académicos. Es posible que no se tenga construido un concepto totalitario que pueda abrazar todos los matices y experiencias vividas por estos pueblos. Lo que si es seguro, es que bajo sus pies que han marcado su andar y entre el viento que agita los arboles esta el bien común de sus pueblos, de su lengua y sus tradiciones, esta su territorio, la madre tierra como la reconocen ellos.

La autonomía parece ser mas bien una cotidianidad que se respira y se siente en la armonía de su gente cuando va a dar su tequio –el trabajo colectivo– o cuando acude a la asamblea, o si es necesario defender el territorio, también cuando se  festeja y se baila. En los cargos de autogobierno aun lo hacen como un símbolo de respeto hacia el que es elegido a dar el servicio sin ninguna remuneración económica.

El presidente de Guelatao reconoce que existe autonomía de organización política e social, pero es critico en relación a participación de recursos gubernamentales en las comunidades. «El gobierno se está  metiendo en todo, desde que comenzó  hacienda y crédito publico. Antes los campesino tenían puro campo, ahí éramos autónomos. Producimos, y nos manteníamos. No necesitábamos que viniese el recurso del gobierno. Se administraban las cuestiones de la municipalidad por cooperación de la comunidad. Ahora no tenemos autonomía  al 100% porque dependemos de recursos do gobierno».

Para Martínez Luna, en la medida en que las comunidades garanticen, por ellas mismas, el abasto de alimento serán mas autónomas. «Que la autonomía no sea un ejercicio que nos inyecten de fuera, sino que sea la capacidad nuestra, ejercitada, no desarrollada».

Según el antropólogo, otros dos puntos son necesarios para garantizar la autonomía. «Tenemos que valorar lo que somos, porque así valoramos lo que tenemos, porque esto nos permite florecer en plenitud. Tenemos que pensar de manera descolonizada» La educación comunitaria es otro rumbo a seguir. «Impedir que el valor individual se introduzca a nuestra manera de ser, porque existe, pero tenemos que luchar por borrar eso a través de la educación comunitaria. Porque no soy yo o tú, somos nosotros».

Agradecimiento a la Madre Tierra en los Valles Centrales. Fotografía: Santiago Navarro F

Amenazas

Algunas comunidades indígenas han sido penetradas por los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, quienes ofrecen despensas o condicionan apoyos económicos del gobierno que de todos modos tienen que llegar a manos de los campesinos o indígenas. Otra forma en que han influido, es cuando hacen acto de presencia junto con empresas constructoras que les ofrecen un porcentaje del presupuesto destinado a ciertas construcciones de obra publica a las autoridades o  representantes de la comunidad y a cambio deben aceptar dichos proyectos. En algunos casos, donde el  monto económico es mas alto, como los parque eólicos, contratan sicarios o crean grupos de choque para enfrentar a la misma comunidad y así pueda injerir el Estado para restablecer «el Estado de derecho», a tal grado de que hay líderes indígenas que han sido asesinados por no aceptar dichos proyectos».

«Reconocemos que enfrentamos el despojo de las empresas transnacionales y el hostigamiento de los malos gobiernos a través de sus partidos políticos, entrega de programas y dinero que corrompen a muchos líderes y nos dividen en nuestras comunidades», sostiene la declaración del Congreso Nacional Indígena (CNI) de la región Istmo, realizada en marzo del 2014.

Mientras que en otros pueblos de México y Latinoamérica se ha desatado una lucha férrea por el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, en este estado se debate una nueva legislación en la materia y al mismo tiempo hay proyectos a gran escala que siguen avanzando.

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