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Estadounidenses y europeos son favorecidos en México, mientras que centroamericanos son discriminados

En México, cuando se hace referencia a la migración, se piensa en los millones de Mexicanos y Mexicanas que residen en Estados Unidos. Sin embargo, México es un país que también recibe a una cantidad significativa de extranjeros: según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la población nacida en otro país asciende a 1 007 063 personas lo que equivale a 0.84% de los residentes del país. Esta población se ha duplicado en los últimos quince años ya que en 1990 la población extranjera representaba el 0.4 % del total de la población censada.

Las historias, identidades, situaciones migratorias y socio-económicas de esas personas son diversas. “En algunos casos la migración empieza siendo de tránsito, pero por distintas circunstancias se hace más permanente; en otros se trata de niños y jóvenes con padres de origen mexicano que regresan al país, en otros más los extranjeros se ven atraídos por oportunidades académicas o laborales y hay quienes buscan un lugar más económico o con un clima más amigable para retirarse”, resume Ana Melisa Pardo Montaño y Claudio Alberto Dávila Cervantes en una investigación intitulada “Extranjeros residentes en México. Perfil sociodemográfico, ocupación y distribución geográfica en 2015”.

La mayoría son Estadounidenses

Estados Unidos es el país con mayor porcentaje de residentes en México. Esa realidad se puede explicar por la fuerte presencia de personas nacidas en Estados Unidos con padres de origen mexicano. De hecho, de toda la población nacida en el extranjero, el 42.6% también tiene la nacionalidad mexicana.

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Sin embargo, México también recibe a un número significativo de ciudadanos originarios de EEUU que no cuentan con raíces mexicanas. Según el académico Omar Lizárraga Morales, muchos de ellos son adultos mayores jubilados que se establecen en alguna entidad mexicana. Lizárraga habla de “turismo residencial” y de “inmigración de jubilados” para calificar ese fenómeno.

Cabe señalar que el 70% de esas personas forman parte de la población económicamente inactiva ya que viven en el país sin trabajar (también es el caso del 62% de los canadienses).

Esa situación hace que sea difícil saber con certeza cuantas personas viven de esa manera. Como lo expresan Ernesto Rodríguez Chávez y Salvador Cobo en una investigación para el Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional De Migración (INM) “La forma de vida de muchos estadounidenses pensionados o con recursos suficientes, hacen que tengan viviendas en ambos países y residan parte del tiempo en cada país, por lo que no necesariamente son captados por los censos de población o en los registros migratorios de México, no obstante pueden radicar la mayor parte del año en suelo mexicano. Este fenómeno hace que se tenga un subregistro de extranjeros de nacionalidad estadounidense residiendo en México, situación inversa al sobreregistro respecto a los hijos de mexicanos residentes en México nacidos en Estados Unidos.”

Centroamericanos, Sudamericanos, Europeos, Caribeños y Asiáticos

Guatemala es el segundo país con más presencia de ciudadanos en México. De esta población, muchas personas son refugiadas de la guerra civil de los años ochenta, otras vinieron a trabajar, y otras más iban a EEUU pero terminaron quedándose en México, explica el sociólogo Guillermo Paredes Orozco.

En los últimos años, también ha aumentado la presencia de Hondureños y Salvadoreños en el país, lo que implica un aumento significativo de los centroamericanos. Las personas provenientes de Centroamérica son los migrantes con más altos niveles de población sin escolaridad y primaria completa. Se establecen en su mayoría en Chiapas y Quintana Roo donde trabajan en el sector agrícola, muchos como jornaleros.

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En cambio, muchos son los Sudamericanos y Europeos que se establecen en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Puebla. Los extranjeros de Sudamérica y Europa son quienes tienen la mayor escolaridad, con más del 70 % con licenciatura o más. También se encuentran números significativos de personas provenientes del Caribe (de Cuba en su mayoría) y de Asia.

“Las diferencias en los niveles de escolaridad tienen relación, entre otros elementos, con las causas para emigrar. Mientras que la población centroamericana, y específicamente la guatemalteca, emigra por cuestiones económicas o de seguridad y en muchos casos se encontraba de paso en México para llegar a Estados Unidos, pero se estableció en el país por distintas circunstancias, los provenientes de América del Sur y del Caribe ingresan al país como estudiantes a cursar licenciaturas o posgrados, o como empresarios para establecer empresas”, explican Ana Melisa Pardo Montaño y Claudio Alberto Dávila Cervantes. Por otro lado, señalan que “los Asiáticos y Europeos tienen el mayor porcentaje de patrones o empleadores”.

El racismo determina el trato recibido por migrantes

Si bien miles de Norteamericanos, Europeos y Sudamericanos pueden gozar de condiciones de vida particularmente favorables, otros miles de migrantes de origen centroamericano experimentan condiciones de vida y laborales extremadamente precarias en México, además de ser perseguidos por las autoridades migratorias.

Como lo señaló un reportaje de El Universal, “en los primeros cuatro meses de 2019 las autoridades mexicanas detuvieron a 52 195 extranjeros por no acreditar su situación migratoria en el país. Esta cifra significa 38% del total de presentados durante todo 2018, año en el que este indicador llegó a los 138 612 migrantes detenidos”.

Para Gretchen Kuhner, directora del Instituto de mujeres en la Migración (IMUMI), "la orden parece ser la de detener a los Centroamericanos a cualquier precio, incluso si eso significa violar la constitución, recogiendo a la gente en base a criterios racistas y la detención y deportación de los jóvenes indígenas de México".

Mientras tanto, poco se habla de la presencia en el país de miles de estadounidenses indocumentados en México. De acuerdo con la Encuesta Intercensal elaborada del 2015, en esa fecha de los 739 168 ciudadanos provenientes de EEUU contabilizados, solo 65 mil tenían su residencia regular.

Por su lado el Departamento de Estado de EEUU habla de la presencia de 1,5 millones de ciudadanos estadounidenses en México, lo que llevaría a más de 1 millón de indocumentados provenientes de este país.

Como lo resume el geógrafo Michael Janoschka, mientras es común la integración de extranjeros a la vida social e incluso política de algunas nacionalidades consideradas privilegiadas, otras no son bienvenidas y experimentan la exclusión.

México: El otro neoliberalismo que también despoja y mata

Cideci, Chiapas. Foto Santiago Navarro F

Los vientos de guerra para los pueblos originarios en México parecen ser los mismos que el de los gobiernos anteriores . Son apenas cuatro meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la imposición de proyectos de desarrollo, el despojo, la persecución, el hostigamiento, la desaparición forzada y el asesinato, siguen siendo los mismos.

Este 4 de mayo, en el sur de México, estado de Guerrero, los indígenas Nahua pertenecientes a la organización Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), realizaron una reunión para coordinar acciones ante dependencias estatales y federales para exigir sus demandas sociales y políticas que los tres niveles de gobierno les han negado. Al finalizar esta reunión, aproximadamente a las 6 de la tarde, un comando armado, en Chilapa, Guerrero, secuestraron y posteriormente asesinaron a los indígenas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI).

Más de una vez los miembros de esta organización señalaron al mandatario mexicano que han estado bajo “el asedio de organizaciones criminales toleradas por los tres niveles de gobierno”, denunciaron los integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

Los indígenas son tajantes al afirmar que AMLO ha tenido la información del contexto de estas comunidades y no puede asumir “que no sabía”.

Por su parte, el CNI-CIG y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), señalaron en un comunicado conjunto que los indígenas fueron asesinados por Narco-paramilitares que cuentan el respaldo del gobierno. “Es importante señalar que nuestros compañeros asesinados y sus comunidades llevan años organizando su Policía Comunitaria para resistir la violencia, la extorsión y la imposición de la siembra de la amapola por parte de dos grupos criminales, Los Ardillos y Los Rojos, quienes controlan las presidencias municipales de la región, cuentan con la complicidad del Ejército Mexicano y de las Policías estatales y municipales e incluso lograron imponer, en algún momento, a uno de sus líderes como presidente del Congreso del estado de Guerrero”, asevera el comunicado.

La creación del grupo criminal Los Ardillos se remontan a los 1980, cuando el ex policía rural Celso Ortega Rosas, apodado La Ardilla, quien se dedicaba a la siembra de amapola en la región de Quechultenango, Guerrero, funda esta organización. En el 2008 fue detenido por el secuestro de una mujer y por el homicidio de dos agentes de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), en el 2011 fue liberado.

La organización criminal Los Rojos sostiene una disputa por el territorio con Los Ardillos por los municipios de Chilapa y Chilpancingo. De acuerdo con las autoridades de la región, este grupo criminal es dirigido por Zenén Nava Sánchez, quien opera el secuestro y la extorsión en la región, y es el responsable de la introducción de droga en el penal de Chilpancingo.

Los miembros del CNI-CIG y EZLN responsabilizan, por este crimen a los tres niveles de gobierno, “por ser cómplices de la represión hacia la organización de los pueblos en la defensa de sus territorios; también los responsabilizamos de la seguridad e integridad de nuestros hermanos del CIPOG-EZ”.

Por otra parte, los integrantes CIPOG-EZ tienen 67 órdenes de aprensión, incluyendo a los indígenas asesinados, pero aun así aseguran que continuaran “caminando abajo, con los pueblos indios y frente al sistema capitalista que nos despoja, explota, desprecia y asesina. Como pueblos originarios caminamos con los principios que nos heredaron las luchas de nuestros pueblos, que anduvieron con Vicente Guerrero y con Emiliano Zapata".

Continuidad

Desde el primer día de este nuevo tiempo de gobierno, bautizado por AMLO como la “4ª Transformación”, el CNI-CIG ha documentado; la agudización del hostigamiento por parte de la Marina hacia el proceso autónomo de la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán; El hostigamiento hacia la Asamblea Comunitaria de la comunidad indígena Binniza de Gui’ Xhi’ Ro’, Álvaro Obregón, Oaxaca; Persecución y órdenes de aprensión en contra de Mateo López Cruz y Juan Sánchez Torres, de la comunidad de Suclumpa, municipio de Salto de Agua, Chiapas; Amenazas de despojo de tierras recuperadas en 1994 por el Pueblo Chol de la comunidad de San José El Bascan, municipio de Salto de Agua, Chiapas; Desapariciones forzadas de 5 integrantes de la familia P´urhépecha Guzmán Cruz originaria de Tarejero, Michoacana; Desaparición y asesinato de integrantes de Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), en Oaxaca, entre otros más.

Uno de los sucesos con los que se inauguró este nuevo gobierno, ha sido el asesinato de Samir Flores Soberanes, dirigente en la comunidad de Amilcingo, Morelos; uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos.

“Denunciamos la agudización de la represión neoliberal en contra de los pueblos, naciones y tribus originarias que no estamos de acuerdo con sus proyectos de muerte en Guerrero y en todo México, ni con la violencia de la que se sirven para imponerlos y reprimir, secuestrar, desaparecer y asesinar a los que decidimos sembrar un mundo nuevo desde las geografías indígenas que somos”, arremeten los indígenas del CNI-CIG.

Los indígenas que forman parte del CNI-CIG continúan su procesos de organización en todo el país para resistir a la nuevas políticas neoliberales que se presentan con nuevos discursos, como el Corredor Transìsmico, el Tren Maya, entre otros, asegurando que desconocerán cualquier tipo de consulta y, “rechazamos cualquier forma de simulación tendiente al despojo de los territorios”, afirman.

México y Canadá continúan colaboración para imponer más proyectos mineros

Fotos de Cuartoscuro

De acuerdo con el reporte “Survey of Mining Companies 2018” del canadiense Instituto Fraser, México ya pasó del lugar 44 al 29 en el índice de atracción de inversión para el sector minero.

Y para Canadá, México parece ser particularmente atractivo: de enero a septiembre de 2018, las mineras canadienses invirtieron en México aproximadamente 914 millones de dólares según el padrón de inversión extranjera.

Para el tercer trimestre del 2018, el sector minero contaba con 176 compañías canadienses, además de 45 empresas de Estados Unidos, 13 con capital chino y 10 con capital australiano, según el prontuario de la Industria Minero Metalúrgico de la Secretaría de Economía (SE).

Estamos dentro de los cuatro inversionistas más importantes de México. Sin embargo hay que formalizar más la arquitectura y vamos a ver cómo vamos a traer más inversionistas a México y viceversa”, declaró Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, quien fue uno de los invitados especiales a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018.

Mexico Mining Day”

En los primeros meses del 2019, los países siguieron trabajando de la mano para fomentar más inversiones mineras en México. Del 3 al 6 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Toronto un evento de promoción minera llamado “Prospectors & Developers Association of Canada” (PDAC, por sus siglas en inglés). El foro reunió a compañías mineras, empresas proveedoras de servicios, desarrolladores, geo-científicos, consultores, ejecutivos, autoridades, directivos de instituciones financieras y legales de la industria minera, provenientes de más de 130 países.

En el marco de este evento, el gobierno mexicano organizó el Mexico Mining Day, en el que participó la Secretaría de Economía (SE) con una delegación encabezada por el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga. Lo acompañaron la directora general de Minas, Laura Díaz; la directora general de Desarrollo Minero, Yvonne Stinson; el director general del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), Alfredo Tijerina, y la directora general del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp.

Con su participación, la SE se dio a la tarea de fortalecer la promoción de nuevos proyectos mineros en el país y captar inversores en exploración minera en Latinoamérica y a nivel mundial.

“Las reuniones con los inversionistas son necesarias para reforzar la confianza en el país, tanto del capital nacional como extranjero, porque la inversión pública no alcanzaría para crecer como lo necesita el país”, dijo Quiroga.

México también aprovechó el evento internacional para presentar una nueva herramienta digital llamada GeoInfoMex y desarrollada por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), con el propósito dar a conocer el potencial minero del país a inversionistas y así incentivar las inversiones.

Consulten la plataforma aquí ⇒ https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/

La plataforma proporciona información muy detallada que incluye datos sobre yacimientos de minerales, estudios metalúrgicos, geología, presencia de proyectos y empresas mineras pero también sobre la situación hidrológica y sísmica, la existencia de áreas naturales protegidas o la repartición de núcleos agrarios, vegetación o usos de suelo a lo largo y ancho del país.

Minería ¿“más allá de la simple sustentabilidad”?

El discurso que han adoptado las autoridades mexicanas y canadienses es el de la “sustentabilidad”. De hecho, el lema del año para el PDAC era “Mining beyond simple sustainability”, o en español: “Minería más allá de la simple sustentabilidad”.

El subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, invitó a los inversionistas a hacer una minería que contribuya al estado de derecho y al desarrollo social. Así mismo, hizo un llamado a evitar el daño, mediante la aceptación de las consultas públicas, la protección ambiental y el respeto a los derechos humanos.

“La vida humana, los desastres naturales, y el gobierno como un regulador imparcial, no son negociables”, señaló el funcionario.

Sin embargo, la realidad permite dudar de esas afirmaciones.

El Senado desecha la propuesta de modificación de la Ley Minera

A finales de marzo, tan sólo unas semanas después del evento de Toronto, el Senado mexicano desechó una iniciativa de modificación a la Ley Minera que pretendía otorgarle a la SE el poder de cancelar concesiones mineras y declarar zonas “inviables de explotación” o “en conflicto por impacto social negativo”.

"En materia presupuestaria se encontró que la iniciativa es incompleta, ya que no se define el costo fiscal que implican tanto las nuevas funciones asignadas a la Secretaría de Economía y al Servicio Geológico Mexicano, así como las posibles cancelaciones mineras por el impacto de las medidas añadidas", señala el desechamiento de la iniciativa.

"No se establece un procedimiento preciso para la determinación de 'Zona Inviable de Explotación o en Conflicto por Impacto Social Negativo'; de igual manera, no se especifica si aplica para las existentes o las nuevas concesiones que se asignen a partir de la promulgación de esta Ley. Siendo el caso para todas, incluyendo las existentes, estaríamos ante una violación de derechos constitucionales", advierte el argumento contra la propuesta de ley.

La iniciativa quedó desechada y archivada como total y definitivamente concluida.

Por otro lado, las empresas mineras canadienses representan el 40 por ciento de las grandes operaciones mineras en América Latina, y durante mucho tiempo han habido acusaciones de abuso en sus operaciones en el terreno.

Las mineras canadienses involucradas en muchos casos de violaciones de los Derechos Humanos

Los conflictos han crecido a medida que la exploración se ha intensificado, dice Shin Imai, profesor de derecho en la Universidad de York y director del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa. Entre 2000 y 2015, hubo presuntos casos de violencia y actos delictivos que involucran a 28 empresas mineras canadienses en América Latina , incluidas 44 muertes y 403 lesiones, según los registros del grupo del profesor Imai.

Joe Fiorante es el abogado de los demandantes en dos juicios que acusan a mineras canadienses de actos de violencia en contra de la población en Guatemala. Él expresa: "Existe la percepción de que las empresas canadienses son más responsables social y ambientalmente porque son canadienses, pero podemos ver que están involucradas en algunas denuncias muy graves de abusos contra los derechos humanos”.

En una columna editorial del New York Times el comentarista mexicano Jaime Porras Ferreyra asegura: “Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social”.

Finalmente, para Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), "la minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo, y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían".

En Chiapas, militarización en aumento en territorios zapatistas y campesinos

Los Caracoles Zapatistas son centros para la administración de las Juntas de Buen Gobierno. En ellas también se realizan actividades culturales, deportivas y artísticas.

Desde la toma de posesión del actual gobierno federal presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, se ha intensificado la estrategia contrainsurgente en regiones donde se ubican pueblos originarios bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de acuerdo a informes de brigadas civiles de observación desplegadas en Chiapas.

Mediante el boletín publicado el 2 de mayo del 2019, el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas destacó que sólo en el mes de abril elementos del ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron 14 incursiones en los alrededores del Caracol de La Realidad en la Selva Lacandona.

Entre las acciones avistadas se registran patrullajes militares con tanquetas artilladas. En enero, a solo unos días de que en La Realidad el EZLN hiciera una fuerte crítica al gobierno de AMLO, en cuatro ocasiones militares incursionaron en la comunidad, y en otras cuatro realizaron sobrevuelos en helicóptero.

Según el informe de las brigadas civiles de observación, durante enero y febrero personal de la Sedena, vestido de civil, ha entrado a La Realidad a preguntar por las actividades del EZLN.

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Las denuncias se incrementan

Ya el 10 de abril de 2019, durante la conmemoración de los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, el EZLN había denunciado que con el nuevo gobierno “ha aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar y de espías, orejas e informantes”, además de que aparecieron los sobrevuelos de aviones y helicópteros, “así como de vehículos artillados, como en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari”.

María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno leyó el texto firmado por el Subcomandante Insurgente Moisés. “Aparecen en las comunidades diciendo que viene la guerra y que sólo están esperando órdenes de ‘mero arriba’. Y algunos se hacen pasar por lo que no son ni nunca serán, según esto para conocer los supuestos ‘planes militares’ del EZLN. Tal vez ignorando que el EZLN dice lo que hace y hace lo que dice… o tal vez porque el plan es montar una provocación y luego culpar al EZLN”.

Por ello, aseguraron que López Obrador en realidad actúa como sus antecesores, “pero cambia ahora la justificación: hoy la persecución, acoso y ataque a nuestras comunidades es ‘por el bien de todos’ y se hace bajo la bandera de la supuesta ‘IV Transformación’”.

Recuento de la actividad militar en la zona del Caracol de La Realidad. Fuente: Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas

La militarización que persiste en los nuevos gobiernos federal de Andrés Manuel López Obrador y estatal de Rutilio Escandón Cadenas, atenta contra la vida de comunidades de Pueblos Originarios que en Chiapas defienden su derecho a la autonomía, autodeterminación y territorio.

Cabe recordar que el 2 de mayo 2014, durante la misma acción donde fue ejecutado extrajudicialmente José Luis Solís López, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos- Histórica destruyeron la escuela y la clínica autónoma, así como amenazaron con desmantelar el Caracol Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños. El hecho fue un pretexto para que la Sedena intensificara la militarización, lo cual fue señalado por el Frayba como un acto de intimidación, en vez de buscar justicia y medidas de solución al conflicto de manera civil y pacifica.

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Minería y megaproyectos, unas de las razones

En lo que va del año 2019 esta no es la primera vez que el organismo de derechos humanos con sede en San Cristóbal del las Casas ha denunciado acciones militares en contra de organizaciones y comunidades que defienden sus territorios en Chiapas, al sur de México.

Durante el encuentro de defensoras del territorio Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos, realizado el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, denunciaron acciones de espionaje en contra de activistas y defensores de derechos humanos presentes en el evento.

"Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro. Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo... lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo", comunicó el organismo en medios locales.

En aquella región de la Sierra Madre de Chiapas existe la organización contra la actividad minera de la empresa canadiense BlackFire quien extrae barita, titanio y magnetita en diferentes regiones del estado de Chiapas.

La Parroquia de San Pedro y San Pablo ubicadas en la cabecera municipal han cuestionado la inversión para la construcción del cuartel militar ubicado en las cercanías que ya conecta a los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Concordia. “Nos cuestiona la gran inversión del recurso público que se invierta para la construcción y mantenimiento del gran cuartel militar mientras que no hay recursos para las y los mexicanos tengamos a acceso a servicios de primera necesidad como salud,educación y agua”, han denunciado los campesinos que se oponen al proyecto actualmente suspendido.

En Chiapas existen al menos 99 concesiones mineras que abarcan al 15 por ciento del territorio estatal. Algunas de ellas se encuentran en zonas de amortiguamiento de importantes áreas naturales protegidas como la de la Reserva de El Triunfo y la Encrucijada, ambas en la región del Soconusco.

También continúan vigentes proyectos de extracción de hidrocarburos y de instalación de un parque geotérmico en la región zoque, al norte del estado y minicentrales hidroeléctricas y parques eólicos en la región costa-istmo de Chiapas.

México: La Guardia Nacional y las Zonas Económicas Especiales

El Corredor Transístmico se ha trazado en escasos 220 kilómetros de tierra firme que conecta los océanos Pacífico y el Atlántico. El avance ha sido con infraestructura carretera, telecomunicaciones y la generación de energía eólica con más de 26 parques eólicos. Esta zona ha sido considerada también estratégica por los grupos del crimen organizado que casi, a la par de los proyectos de desarrollo, han hecho presencia en esta región, conocida como el triangulo de la muerte o triangulo de las bermudas, establecido entre Veracruz y Oaxaca. Es por ello que en su visita por la región, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que sería prioridad para la Guardia Nacional.

Aunque el mandatario mexicano anunció, en su conferencia matutina del 25 del abril, que las 7 Zonas Económicas Especiales (ZEE), decretadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, van a desaparecer, es claro que el Corredor Transístmico es prioridad por su posición geográfica. Por tanto, los principales proyectos de inversión del gobierno anterior se mantendrán. “Vamos a ver el avance de la rehabilitación del Tren del Istmo, porque es parte del Programa Transístmico, así como las refinerías y los puertos. Para desarrollar como nunca esta importante región de México”, dijo Obrador al continuar su gira hacia Matías Romero y Juchitán, Oaxaca.

Previo a su visita por Oaxaca, Obrador anunció en Minatitlán, Veracruz, los programas sociales que esta implementando su gobierno y junto a ello, la estrategia de la Guardia Nacional. “Pero también hace falta la presencia de la policía, del ejercito, de la marina, cuidando a la gente y garantizando la seguridad pública”, explicó el mandatario mexicano.

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El General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, quien acompañó en su gira al presidente, anunció que dentro de la estrategia de paz y seguridad para el periodo 2018-2024, en México, se han creado 266 Coordinaciones Regionales de la Guardia Nacional que cubrirán todo el país de forma gradual. Se agruparán en 150 coordinaciones. “La estrategia de Seguridad Nacional esta enfocada a la atención del delito. A reducir los índices de actividades delictivas”, argumentó el general.

De las 266 coordinaciones que tendrán presencia en todo el país, 153 zonas están consideradas con un alto nivel de peligrosidad delictivo, 62 con un nivel de violencia medio y 50 con un nivel bajo. La modalidad de coordinación de la Guardia Nacional será a través de un mando único compuesto por militares, policía naval y policía federal.

Entre las zonas más peligras figura el Estado de México, donde serán desplegadas 32 regiones, solo cuatro se consideran con un nivel de violencia “media”.

Le sigue Veracruz, en donde se identificaron 18 regiones de las cuales 14 están consideradas como de alto riesgo. También en Guadalajara serán desplegadas 15 regiones, de los cuales ocho son identificados con alto nivel de peligrosidad.

En Oaxaca incursionarán 15 regiones, nueve de ellas son de alto riesgo, cuatro de riesgo medio y 2 de riesgo bajo. Entra las zonas de mayor violencia se incluye a Oaxaca capital, Tuxtepec y a Ciudad Ixtepec.

Los municipios de alta peligrosidad de Veracruz y Oaxaca, componen el llamado Triangulo de las Bermudas y coinciden con las zonas prioritarias donde se desplegarán los destacamentos de la Guardia Nacional. Los medios locales han documentado el tráfico de drogas y armas, mercancía robada, gasolina robada (huachicol), secuestro, desaparición de migrantes y el robo a camiones de trasporte de mercancías.

Es por ello que esta zona en materia de seguridad es de vital importancia sostuvo Obrador en su visita, que además de anunciar los despliegues de la Guardia Nacional, dijo que también “ incluye mejorar la carretera del Istmo, incluye, crear un corredor en el Istmo para que sea una zona franca y bajen los impuestos en toda la franja de Salina Cruz a Minatitlán, Coatzacoalcos. Como se esta haciendo en la frontera norte, va a bajar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se va a reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la mitad. También el costo de los energéticos costaran menos para que en toda esta franja se puedan establecer empresas. Van a establecerse empresas ensambladoras para que haya trabajo”, afirmó Obrador durante su gira. La reducción del ISR será de 30 a 20% y del IVA de 16 a 8%.

Según los medios informativo de la región el Corredor Transístmico es uno de los lugares más peligrosos de México. Ya que el triangulo de las bermudas es disputado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel del Golfo. En el año 2016 documentaron que con la ejecución de Antonio Ruiz Cano, a quien señalaron como jefe del grupo criminal CJNG con presencia en los estados de Oaxaca y Veracruz los crímenes aumentaron más del 400%.

El asesinato fue perpetrado en San Juan Bautista Tuxtepec, lugar donde será construido uno de los cuarteles de la Guardia Nacional. La Cuenca del Papaloapan “será la primera de las ocho regiones del estado de Oaxaca donde comenzará sus operaciones”, señaló el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.

Zonas estratégicas

Entre los municipios de Córdoba y Cosamaloapan Veracruz y San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se encuentra Tierra Blanca, Veracruz. En noviembre del año 2017 se anunció uno de los mayores descubrimientos de petróleo de los últimos tiempos en este municipio, ya que sus reservas probadas, probables y posibles (3P) podrían alcanzar más de mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce). Las estimaciones preliminares indican que, en la plenitud de su etapa de producción, calculada para 2022, el campo Ixachi 1 podría aportar hasta 80 mil barriles diarios de condensado y 720 millones de pies cúbicos de gas diariamente.

Este descubrimiento agudizó las actividades del crimen organizado en la región para obtener el control en los procesos de exploración y explotación. El yacimiento es más grande de lo que se había determinado originalmente, ya que cuenta con un área de 50 kilómetros cuadrados aproximadamente y una columna de hidrocarburos superior a los mil metros.

El Cuartel de la Guardia Nacional que será construido en San Juan Bautista Tuxtepec, será clave para poder proceder en “paz y seguridad” con los proyectos estratégicos del Corredor Transísmico. “Además de los programas de desarrollo y de bienestar sectoriales, regionales y coyunturales”, dice el documento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, columna vertebral de la Guardia Nacional, también “el gobierno federal tiene como prioridad fortalecer el sector social de la economía”, afirma. Entre los programas que retoma este documento están: la Zona Especial de la Frontera Norte; el Tren Maya; el Corredor Transístmico, entre otros.

Cambio de concepto

 Para la calificadora mexicana HR Ratings las ZEE podrían ser sustituidas por el Programa Transísmico, sin cambiar los proyectos principales en el Istmo. “El Programa toma como eje de la dinámica económica el concepto de Corredor Multimodal Interoceánico para aprovechar la posición geoestratégica del Istmo de Tehuantepec”, señala la calificadora de riesgo.

La calificadora también aseguran que la eliminación de las 7 ZEE, “probablemente los esfuerzos se concentren en una Zona Libre en el Istmo de Tehuantepec, el cual conectará el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el de Coatzacoalcos, Veracruz y el Tren Maya”, lo que coincide con las declaraciones del presidente de México al asumir que se requiere que el Istmo sea “una zona franca”.

La estrategia para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec plantea las siguientes líneas rectoras, según el Proyecto Nación 2018-2024: Modernizar el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, FIT, para transformarlo en un medio de transporte de mercancías eficiente, rápido y competitivo; Rediseñar y fortalecer la infraestructura de vías terrestres y de telecomunicaciones, para impulsar una vinculación eficiente al interior y al exterior de la región; Modernizar la infraestructura portuaria y aeroportuaria, así́ como acondicionarla para atender las demandas del desarrollo integral del Istmo, entre otros.

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Minatitlán, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, el puerto de Veracruz, Xalapa y Cosamaloapan son las localidades consideradas por la Guardia Nacional como municipios de mayor riesgo en todo Veracruz .

 El presidente también aprovechó su gira para anunciar que la Refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, se modernizará con una inversión de 2 mil millones de pesos, ya que con los gobiernos anteriores “se habían invertido 4 mil millones de dólares en la reconfiguración de esta refinería”, pero, dijo Obrador en su vista por este complejo petrolero que, “fue ineficiente”.

En estas zonas de riesgo se encuentra la principal infraestructura petrolera de la Cuenca del Sureste: más de 11 mil pozos perforados en tierra; transporte y distribución de gas a través de 3,202 km de ductos y 40 instalaciones; terminales marítimas de Pajaritos y Dos Bocas; complejo procesador de Gas La Venta, Nuevo Pemex, Cactus y Ciudad Pemex; complejos petroquímicos Pajaritos, Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque.

Argentina: Triunfo Mapuche en el corazón de Vaca Muerta

Foto: Agencia uno

Empresas petroleras, gobierno de Neuquén y estancieros esperaban ayer una buena noticia de los tribunales de Neuquén: un fallo "ejemplificador" contra el Pueblo Mapuche. Pero pasó lo contrario. El juez de Garantías Gustavo Ravizzoli absolvió a seis integrantes de la comunidad Campo Maripe, que llegaron a juicio acusados de "usurpar" la tierra que habitan desde 1920. La sentencia se da en el marco del avance petrolero-gubernamenal en Vaca Muerta, donde viven más de treinta comunidades indígenas. La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) festejó el fallo: "Volvemos a nuestro territorio a celebrar, a desahogar la tensión de este juicio, a seguir reafirmando nuestra posesión tradicional, actual y pública sobre la tierra que vio nacer a cada uno de los que fuimos juzgados en este infame juicio".

Luego de cinco jornadas de testigos, el juez Ravizzoli absolvió a los seis integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe, llevados a juicio acusados de "usurpación" por un hecho producido en noviembre e 2014, en la zona rural de Añelo, corazón de Vaca Muerta. Los denunciantes (Pablo, Andrés y Gilberto Vela) mantiene acuerdos comerciales con YPF por servidumbre de paso y afirman tener documentación posesoria que data de la década del '70.

El juez Ravizzoli explicó que se demostró el ingreso al lote en disputa pero no se pudo determinar que fue un accionar con dolo (intención de cometer un delito). Y recordó que existe una causa civil abierta (donde se definirá la posesión del predio).

Gilberto Huilipan, de la Confederación Mapuche, recordó que el Pueblo Mapuche habita la Patagonia desde siglos previos a la avanzada militar ("Campaña del desierto) y mucho antes a la llegada de las petroleras. Sin embargo suelen llamarlos "usurpadores" de su propio territorio. "Fue la primera vez que alguien de un poder del Estado escuchó a la comunidad Campo Maripe, su historia de dolor e injusticias. Celebramos que el juez haya dejado claro nuestros derechos", afirmó Huilipan.

El fiscal del caso, Marcelo Silva, no ocultó su pública posición anti mapuche. Durante el juicio mismo acusó a los Campo Maripe de no ser una comunidad ni pueblo originario, y dijo que pretendían el territorio para cobrarle dinero a las petroleras (la comunidad exige que las empresas se retiren de su comunidad, no acuerdos económicos).

El negacionismo de la pre-existencia mapuche también fue asumida por el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara, con larga experiencia en el Movimiento Popular Neuquino de confrontar con las comunidades indígenas y asumir posturas públicas (y medidas de gobierno) en sintonía con los pedidos de petroleras y estancieros. Durante el juicio, dio testimonio en favor de la familia Vela y no reconoció a los Campo Maripe como comunidad (a pesar que la Provincia otorgó la personería jurídica en el 2014).

En 2015, un estudio ("Informe histórico antropológico") solicitado por el gobierno provincial y realizado por un equipo interdisciplinario dio cuenta que la comunidad Campo Maripe vive en la zona de Añelo desde, al menos, 1927. El trabajo, de 247 páginas, detalla la historia de la comunidad, las zonas que habitó y las parcelas que le fueron arrebatadas (muchas de ellas durante la última dictadura militar). Otra prueba de la pre-existencia mapuche: el cementerio de la comunidad está en el predio en disputa.

La comunidad mapuche explica que sus mayores pesares comenzaron en 2013, luego que YPF y Chevron firmaran el acuerdo para explotar Vaca Muerta (con la cuestionada técnica del "fracking" --fractura hidráulica--), justamente en la zona conocida como "Loma Campana", que es el territorio del Lof Campo Maripe. Es regla del modelo extractivo: el avance petrolero, minero y sojero (entre otras actividades) se produce violando la legislación vigente que el propio estado argentino aprobó.

Los defensores Emmanuel Guagliardo y Micaela Gomiz hicieron eje en las leyes que protegen a los pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional y de Neuquén, Ley 26160 --que frena los desalojos y ordena relevar territorios indígenas--) y rechazaron que el conflicto deba resolverse en el fuero penal.

Además de la familia Vela, otros actores que pedían la condena a los mapuches fueron el gobierno provincial y las petroleras, que ven a las comunidades indígenas como un escollo ante el avance de la explotación hidrocarburífera. Esperaban la condena de tres años de prisión para la comunidad Campo Maripe.

En el caso de Campo Maripe, el estado provincial y nacional aún no completó el relevamiento territorial que exige la Ley 26.160, sancionada en 2006 y que establecía que en tres años debía relevarse todos los territorios indígenas.

La Confederación Mapuche emitió un comunicado ayer por la tarde. Consideró de "fallo histórico que reconoce el derecho indígena" y destacó que la sentencia rompe "el blindaje jurídico" que protege a las petroleras en Vaca Muerta. Resalta que el juez Gustavo Ravizzoli hizo hincapié en la legislación que protege los derechos de los pueblos originarios, y que rara vez es aplicada por el Poder Judicial de Argentina. "Por primera vez en muchos años sentimos como mapuches que nuestros derechos preexistentes eran asumidos y expuestos por una autoridad de Estado, como es un juez. Celebramos que el Poder Judicial ponga las cosas en su lugar y exija al poder político que se se olvide de los negociados y cumpla con las leyes", señaló la Confederación Mapuche.

Por Por Darío Aranda/Página12