Los Caracoles Zapatistas son centros para la administración de las Juntas de Buen Gobierno. En ellas también se realizan actividades culturales, deportivas y artísticas.
Desde la toma de posesión del actual gobierno federal presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, se ha intensificado la estrategia contrainsurgente en regiones donde se ubican pueblos originarios bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de acuerdo a informes de brigadas civiles de observación desplegadas en Chiapas.
Mediante el boletín publicado el 2 de mayo del 2019, el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas destacó que sólo en el mes de abril elementos del ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron 14 incursiones en los alrededores del Caracol de La Realidad en la Selva Lacandona.
Entre las acciones avistadas se registran patrullajes militares con tanquetas artilladas. En enero, a solo unos días de que en La Realidad el EZLN hiciera una fuerte crítica al gobierno de AMLO, en cuatro ocasiones militares incursionaron en la comunidad, y en otras cuatro realizaron sobrevuelos en helicóptero.
Según el informe de las brigadas civiles de observación, durante enero y febrero personal de la Sedena, vestido de civil, ha entrado a La Realidad a preguntar por las actividades del EZLN.
Ya el 10 de abril de 2019, durante la conmemoración de los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, el EZLN había denunciado que con el nuevo gobierno “ha aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar y de espías, orejas e informantes”, además de que aparecieron los sobrevuelos de aviones y helicópteros, “así como de vehículos artillados, como en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari”.
María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno leyó el texto firmado por el Subcomandante Insurgente Moisés. “Aparecen en las comunidades diciendo que viene la guerra y que sólo están esperando órdenes de ‘mero arriba’. Y algunos se hacen pasar por lo que no son ni nunca serán, según esto para conocer los supuestos ‘planes militares’ del EZLN. Tal vez ignorando que el EZLN dice lo que hace y hace lo que dice… o tal vez porque el plan es montar una provocación y luego culpar al EZLN”.
Por ello, aseguraron que López Obrador en realidad actúa como sus antecesores, “pero cambia ahora la justificación: hoy la persecución, acoso y ataque a nuestras comunidades es ‘por el bien de todos’ y se hace bajo la bandera de la supuesta ‘IV Transformación’”.
Recuento de la actividad militar en la zona del Caracol de La Realidad. Fuente: Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas
La militarización que persiste en los nuevos gobiernos federal de Andrés Manuel López Obrador y estatal de Rutilio Escandón Cadenas, atenta contra la vida de comunidades de Pueblos Originarios que en Chiapas defienden su derecho a la autonomía, autodeterminación y territorio.
Cabe recordar que el 2 de mayo 2014, durante la misma acción donde fue ejecutado extrajudicialmente José Luis Solís López, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos- Histórica destruyeron la escuela y la clínica autónoma, así como amenazaron con desmantelar el Caracol Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños. El hecho fue un pretexto para que la Sedena intensificara la militarización, lo cual fue señalado por el Frayba como un acto de intimidación, en vez de buscar justicia y medidas de solución al conflicto de manera civil y pacifica.
En lo que va del año 2019 esta no es la primera vez que el organismo de derechos humanos con sede en San Cristóbal del las Casas ha denunciado acciones militares en contra de organizaciones y comunidades que defienden sus territorios en Chiapas, al sur de México.
Durante el encuentro de defensoras del territorio Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos, realizado el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, denunciaron acciones de espionaje en contra de activistas y defensores de derechos humanos presentes en el evento.
"Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro. Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo... lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo", comunicó el organismo en medios locales.
En aquella región de la Sierra Madre de Chiapas existe la organización contra la actividad minera de la empresa canadiense BlackFire quien extrae barita, titanio y magnetita en diferentes regiones del estado de Chiapas.
La Parroquia de San Pedro y San Pablo ubicadas en la cabecera municipal han cuestionado la inversión para la construcción del cuartel militar ubicado en las cercanías que ya conecta a los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Concordia. “Nos cuestiona la gran inversión del recurso público que se invierta para la construcción y mantenimiento del gran cuartel militar mientras que no hay recursos para las y los mexicanos tengamos a acceso a servicios de primera necesidad como salud,educación y agua”, han denunciado los campesinos que se oponen al proyecto actualmente suspendido.
En Chiapas existen al menos 99 concesiones mineras que abarcan al 15 por ciento del territorio estatal. Algunas de ellas se encuentran en zonas de amortiguamiento de importantes áreas naturales protegidas como la de la Reserva de El Triunfo y la Encrucijada, ambas en la región del Soconusco.
También continúan vigentes proyectos de extracción de hidrocarburos y de instalación de un parque geotérmico en la región zoque, al norte del estado y minicentrales hidroeléctricas y parques eólicos en la región costa-istmo de Chiapas.
El Corredor Transístmico se ha trazado en escasos 220 kilómetros de tierra firme que conecta los océanos Pacífico y el Atlántico. El avance ha sido con infraestructura carretera, telecomunicaciones y la generación de energía eólica con más de 26 parques eólicos. Esta zona ha sido considerada también estratégica por los grupos del crimen organizado que casi, a la par de los proyectos de desarrollo, han hecho presencia en esta región, conocida como el triangulo de la muerte o triangulo de las bermudas, establecido entre Veracruz y Oaxaca. Es por ello que en su visita por la región, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que sería prioridad para la Guardia Nacional.
Aunque el mandatario mexicano anunció, en su conferencia matutina del 25 del abril, que las 7 Zonas Económicas Especiales (ZEE), decretadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, van a desaparecer, es claro que el Corredor Transístmico es prioridad por su posición geográfica. Por tanto, los principales proyectos de inversión del gobierno anterior se mantendrán. “Vamos a ver el avance de la rehabilitación del Tren del Istmo, porque es parte del Programa Transístmico, así como las refinerías y los puertos. Para desarrollar como nunca esta importante región de México”, dijo Obrador al continuar su gira hacia Matías Romero y Juchitán, Oaxaca.
Previo a su visita por Oaxaca, Obrador anunció en Minatitlán, Veracruz, los programas sociales que esta implementando su gobierno y junto a ello, la estrategia de la Guardia Nacional. “Pero también hace falta la presencia de la policía, del ejercito, de la marina, cuidando a la gente y garantizando la seguridad pública”, explicó el mandatario mexicano.
El General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, quien acompañó en su gira al presidente, anunció que dentro de la estrategia de paz y seguridad para el periodo 2018-2024, en México, se han creado 266 Coordinaciones Regionales de la Guardia Nacional que cubrirán todo el país de forma gradual. Se agruparán en 150 coordinaciones. “La estrategia de Seguridad Nacional esta enfocada a la atención del delito. A reducir los índices de actividades delictivas”, argumentó el general.
De las 266 coordinaciones que tendrán presencia en todo el país, 153 zonas están consideradas con un alto nivel de peligrosidad delictivo, 62 con un nivel de violencia medio y 50 con un nivel bajo. La modalidad de coordinación de la Guardia Nacional será a través de un mando único compuesto por militares, policía naval y policía federal.
Entre las zonas más peligras figura el Estado de México, donde serán desplegadas 32 regiones, solo cuatro se consideran con un nivel de violencia “media”.
Le sigue Veracruz, en donde se identificaron 18 regiones de las cuales 14 están consideradas como de alto riesgo. También en Guadalajara serán desplegadas 15 regiones, de los cuales ocho son identificados con alto nivel de peligrosidad.
En Oaxaca incursionarán 15 regiones, nueve de ellas son de alto riesgo, cuatro de riesgo medio y 2 de riesgo bajo. Entra las zonas de mayor violencia se incluye a Oaxaca capital, Tuxtepec y a Ciudad Ixtepec.
Los municipios de alta peligrosidad de Veracruz y Oaxaca, componen el llamado Triangulo de las Bermudas y coinciden con las zonas prioritarias donde se desplegarán los destacamentos de la Guardia Nacional. Los medios locales han documentado el tráfico de drogas y armas, mercancía robada, gasolina robada (huachicol), secuestro, desaparición de migrantes y el robo a camiones de trasporte de mercancías.
Es por ello que esta zona en materia de seguridad es de vital importancia sostuvo Obrador en su visita, que además de anunciar los despliegues de la Guardia Nacional, dijo que también “ incluye mejorar la carretera del Istmo, incluye, crear un corredor en el Istmo para que sea una zona franca y bajen los impuestos en toda la franja de Salina Cruz a Minatitlán, Coatzacoalcos. Como se esta haciendo en la frontera norte, va a bajar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se va a reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la mitad. También el costo de los energéticos costaran menos para que en toda esta franja se puedan establecer empresas. Van a establecerse empresas ensambladoras para que haya trabajo”, afirmó Obrador durante su gira. La reducción del ISR será de 30 a 20% y del IVA de 16 a 8%.
Según los medios informativo de la región el Corredor Transístmico es uno de los lugares más peligrosos de México. Ya que el triangulo de las bermudas es disputado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel del Golfo. En el año 2016 documentaron que con la ejecución de Antonio Ruiz Cano, a quien señalaron como jefe del grupo criminal CJNG con presencia en los estados de Oaxaca y Veracruz los crímenes aumentaron más del 400%.
El asesinato fue perpetrado en San Juan Bautista Tuxtepec, lugar donde será construido uno de los cuarteles de la Guardia Nacional. La Cuenca del Papaloapan “será la primera de las ocho regiones del estado de Oaxaca donde comenzará sus operaciones”, señaló el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.
Zonas estratégicas
Entre los municipios de Córdoba y Cosamaloapan Veracruz y San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se encuentra Tierra Blanca, Veracruz. En noviembre del año 2017 se anunció uno de los mayores descubrimientos de petróleo de los últimos tiempos en este municipio, ya que sus reservas probadas, probables y posibles (3P) podrían alcanzar más de mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce). Las estimaciones preliminares indican que, en la plenitud de su etapa de producción, calculada para 2022, el campo Ixachi 1 podría aportar hasta 80 mil barriles diarios de condensado y 720 millones de pies cúbicos de gas diariamente.
Este descubrimiento agudizó las actividades del crimen organizado en la región para obtener el control en los procesos de exploración y explotación. El yacimiento es más grande de lo que se había determinado originalmente, ya que cuenta con un área de 50 kilómetros cuadrados aproximadamente y una columna de hidrocarburos superior a los mil metros.
El Cuartel de la Guardia Nacional que será construido en San Juan Bautista Tuxtepec, será clave para poder proceder en “paz y seguridad” con los proyectos estratégicos del Corredor Transísmico. “Además de los programas de desarrollo y de bienestar sectoriales, regionales y coyunturales”, dice el documento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, columna vertebral de la Guardia Nacional, también “el gobierno federal tiene como prioridad fortalecer el sector social de la economía”, afirma. Entre los programas que retoma este documento están: la Zona Especial de la Frontera Norte; el Tren Maya; el Corredor Transístmico, entre otros.
Cambio de concepto
Para la calificadora mexicana HR Ratings las ZEE podrían ser sustituidas por el Programa Transísmico, sin cambiar los proyectos principales en el Istmo. “El Programa toma como eje de la dinámica económica el concepto de Corredor Multimodal Interoceánico para aprovechar la posición geoestratégica del Istmo de Tehuantepec”, señala la calificadora de riesgo.
La calificadora también aseguran que la eliminación de las 7 ZEE, “probablemente los esfuerzos se concentren en una Zona Libre en el Istmo de Tehuantepec, el cual conectará el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el de Coatzacoalcos, Veracruz y el Tren Maya”, lo que coincide con las declaraciones del presidente de México al asumir que se requiere que el Istmo sea “una zona franca”.
La estrategia para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec plantea las siguientes líneas rectoras, según el Proyecto Nación 2018-2024: Modernizar el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, FIT, para transformarlo en un medio de transporte de mercancías eficiente, rápido y competitivo; Rediseñar y fortalecer la infraestructura de vías terrestres y de telecomunicaciones, para impulsar una vinculación eficiente al interior y al exterior de la región; Modernizar la infraestructura portuaria y aeroportuaria, así́ como acondicionarla para atender las demandas del desarrollo integral del Istmo, entre otros.
Minatitlán, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, el puerto de Veracruz, Xalapa y Cosamaloapan son las localidades consideradas por la Guardia Nacional como municipios de mayor riesgo en todo Veracruz .
El presidente también aprovechó su gira para anunciar que la Refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, se modernizará con una inversión de 2 mil millones de pesos, ya que con los gobiernos anteriores “se habían invertido 4 mil millones de dólares en la reconfiguración de esta refinería”, pero, dijo Obrador en su vista por este complejo petrolero que, “fue ineficiente”.
En estas zonas de riesgo se encuentra la principal infraestructura petrolera de la Cuenca del Sureste: más de 11 mil pozos perforados en tierra; transporte y distribución de gas a través de 3,202 km de ductos y 40 instalaciones; terminales marítimas de Pajaritos y Dos Bocas; complejo procesador de Gas La Venta, Nuevo Pemex, Cactus y Ciudad Pemex; complejos petroquímicos Pajaritos, Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque.
Empresas petroleras, gobierno de Neuquén y estancieros esperaban ayer una buena noticia de los tribunales de Neuquén: un fallo "ejemplificador" contra el Pueblo Mapuche. Pero pasó lo contrario. El juez de Garantías Gustavo Ravizzoli absolvió a seis integrantes de la comunidad Campo Maripe, que llegaron a juicio acusados de "usurpar" la tierra que habitan desde 1920. La sentencia se da en el marco del avance petrolero-gubernamenal en Vaca Muerta, donde viven más de treinta comunidades indígenas. La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) festejó el fallo: "Volvemos a nuestro territorio a celebrar, a desahogar la tensión de este juicio, a seguir reafirmando nuestra posesión tradicional, actual y pública sobre la tierra que vio nacer a cada uno de los que fuimos juzgados en este infame juicio".
Luego de cinco jornadas de testigos, el juez Ravizzoli absolvió a los seis integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe, llevados a juicio acusados de "usurpación" por un hecho producido en noviembre e 2014, en la zona rural de Añelo, corazón de Vaca Muerta. Los denunciantes (Pablo, Andrés y Gilberto Vela) mantiene acuerdos comerciales con YPF por servidumbre de paso y afirman tener documentación posesoria que data de la década del '70.
El juez Ravizzoli explicó que se demostró el ingreso al lote en disputa pero no se pudo determinar que fue un accionar con dolo (intención de cometer un delito). Y recordó que existe una causa civil abierta (donde se definirá la posesión del predio).
Gilberto Huilipan, de la Confederación Mapuche, recordó que el Pueblo Mapuche habita la Patagonia desde siglos previos a la avanzada militar ("Campaña del desierto) y mucho antes a la llegada de las petroleras. Sin embargo suelen llamarlos "usurpadores" de su propio territorio. "Fue la primera vez que alguien de un poder del Estado escuchó a la comunidad Campo Maripe, su historia de dolor e injusticias. Celebramos que el juez haya dejado claro nuestros derechos", afirmó Huilipan.
El fiscal del caso, Marcelo Silva, no ocultó su pública posición anti mapuche. Durante el juicio mismo acusó a los Campo Maripe de no ser una comunidad ni pueblo originario, y dijo que pretendían el territorio para cobrarle dinero a las petroleras (la comunidad exige que las empresas se retiren de su comunidad, no acuerdos económicos).
El negacionismo de la pre-existencia mapuche también fue asumida por el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara, con larga experiencia en el Movimiento Popular Neuquino de confrontar con las comunidades indígenas y asumir posturas públicas (y medidas de gobierno) en sintonía con los pedidos de petroleras y estancieros. Durante el juicio, dio testimonio en favor de la familia Vela y no reconoció a los Campo Maripe como comunidad (a pesar que la Provincia otorgó la personería jurídica en el 2014).
En 2015, un estudio ("Informe histórico antropológico") solicitado por el gobierno provincial y realizado por un equipo interdisciplinario dio cuenta que la comunidad Campo Maripe vive en la zona de Añelo desde, al menos, 1927. El trabajo, de 247 páginas, detalla la historia de la comunidad, las zonas que habitó y las parcelas que le fueron arrebatadas (muchas de ellas durante la última dictadura militar). Otra prueba de la pre-existencia mapuche: el cementerio de la comunidad está en el predio en disputa.
La comunidad mapuche explica que sus mayores pesares comenzaron en 2013, luego que YPF y Chevron firmaran el acuerdo para explotar Vaca Muerta (con la cuestionada técnica del "fracking" --fractura hidráulica--), justamente en la zona conocida como "Loma Campana", que es el territorio del Lof Campo Maripe. Es regla del modelo extractivo: el avance petrolero, minero y sojero (entre otras actividades) se produce violando la legislación vigente que el propio estado argentino aprobó.
Los defensores Emmanuel Guagliardo y Micaela Gomiz hicieron eje en las leyes que protegen a los pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional y de Neuquén, Ley 26160 --que frena los desalojos y ordena relevar territorios indígenas--) y rechazaron que el conflicto deba resolverse en el fuero penal.
Además de la familia Vela, otros actores que pedían la condena a los mapuches fueron el gobierno provincial y las petroleras, que ven a las comunidades indígenas como un escollo ante el avance de la explotación hidrocarburífera. Esperaban la condena de tres años de prisión para la comunidad Campo Maripe.
En el caso de Campo Maripe, el estado provincial y nacional aún no completó el relevamiento territorial que exige la Ley 26.160, sancionada en 2006 y que establecía que en tres años debía relevarse todos los territorios indígenas.
La Confederación Mapuche emitió un comunicado ayer por la tarde. Consideró de "fallo histórico que reconoce el derecho indígena" y destacó que la sentencia rompe "el blindaje jurídico" que protege a las petroleras en Vaca Muerta. Resalta que el juez Gustavo Ravizzoli hizo hincapié en la legislación que protege los derechos de los pueblos originarios, y que rara vez es aplicada por el Poder Judicial de Argentina. "Por primera vez en muchos años sentimos como mapuches que nuestros derechos preexistentes eran asumidos y expuestos por una autoridad de Estado, como es un juez. Celebramos que el Poder Judicial ponga las cosas en su lugar y exija al poder político que se se olvide de los negociados y cumpla con las leyes", señaló la Confederación Mapuche.
El lunes 22 de abril, tres mil migrantes que se trasladaban desde el municipio de Mapastepec hacia Pijijiapan, Chiapas, fueron interceptados por un operativo de agentes del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y la Policía Federal para prohibir su paso rumbo hacia la frontera norte del país.
En un primer momento reportes oficiales anunciaron la detención de 500 migrantes, los cuales fueron trasladados a la ciudad fronteriza de Tapachula para ser deportados a sus países de origen.
No obstante, aproximadamente mil personas evadieron el operativo. Familias con hijos se internaron a los matorrales para evitar ser capturados, aunque centenas de ellos fueron alcanzados a escasos kilómetros antes de llegar al municipio de Pijijiapan, en la región del Soconusco.
Foto por Isaín Mandujano
Al final del día dos mil migrantes fueron detenidos, mientras el resto pudo evadir el operativo.
La respuesta desde los funcionarios federales es que dicha acción no ha cambiado su política para “darles opciones laborales en el sur del país, como visas de trabajo, así como atender el resto de las causas que producen el fenómeno migratorio y las recientes caravanas que han arribado a México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos”, como declaró el presidente en conferencia el martes 23 de abril.
Sin embargo, fuentes del gobierno de los EEUU afirmaron que la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concretó compromisos, sin la firma de un acuerdo, con las políticas de Donald Trump con la finalidad de aceptar un número limitado y temporal de migrantes.
De acuerdo a lo publicado por la revista Proceso, “tres días antes de que el presidente (Trump) decretara la emergencia nacional (que le dio la facultad para deportar a los migrantes hacia México) ya habíamos realizado la primera reunión con el gobierno mexicano para encontrar una solución negociada al problema de la presencia de los peticionarios de asilo”, de a cuerdo a testimonios de un funcionario del Departamento de Seguridad Interior estadounidense, (DHS, por sus siglas en inglés), quien confirmó que ya con AMLO como presidente de México, su administración comenzó a actuar como filtro migratorio de Trump aun sin la firma de un acuerdo de Tercer País Seguro (TPS).
Desde diciembre en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez se reportan crisis humanitarias en múltiples centros de refugio para migrantes centroamericanos, pues la espera para la oportunidad de presentar peticiones de asilo en EEUU no se concreta aún.
Reportes de medios han señalado que en la franja fronteriza del norte agentes migratorios mexicanos obstaculizan el paso de los migrantes hacia los puentes que conducen a las garitas estadounidenses. Destacan las denuncias por las detenciones de los funcionarios mexicanos quienes incluso han separado a menores de edad de sus padres.
En el discurso oficial, el gobierno de AMLO ha rechazado transitar a la figura de México como TPS. Pese a ello de acuerdo a las negociaciones entre ambos países, si el gobierno de Trump regresara de manera unilateral a los migrantes centroamericanos a México, esto se hará de forma limitada y ordenada, “con la menor afectación posible para no poner en peligro a las personas al momento de su regreso a México”, según los reportes periodísticos.
Durante el fin de semana santa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó refugios y estaciones migratorias en Chiapas donde constató la presencia de 1,676 menores de edad entre los migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica.
Sexta caravana de migrantes en su paso por Chiapas
Uno de los espacios donde se encuentran los migrantes retenidos, la Estación Migratoria Siglo XXI se tiene un registro de 2,331 personas cuando su capacidad es sólo para 960.
Otro lugar, el conocido como “Recinto ferial” alberga 1,493 personas mientras en el puente fronterizo “Rodolfo Robles” se contabilizó a 1,100 migrantes quienes permanecen sin poder transitar debido al bloqueo de las autoridades mexicanas.
En el municipio de Mapastepec hasta 2 mil personas han permanecido desde los primeros días de abril, con la promesa de recibir tarjetas de visitantes y permisos de trabajo de los funcionarios mexicanos. Mientras los 3 mil migrantes que entraron hace una semana a México optaron por no permanecer en el albergue municipal. Mas tarde este contingente fue objeto de persecución.
El 16 de abril el INAMI detuvo a un centenar de migrantes cerca de Huixtla, además de deportar a 148 cubanos.
Según cifras de la Secretaría de Gobernación el INAMI se encuentra tramitando 1,632 solicitudes migratorias de personas originarias de Cuba, Haití, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Debido a la política de hostilidad hacia las personas en tránsito, organizaciones sociales que realizan labores de monitoreo y acompañamiento a los migrantes cuestionaron la estrategia del gobierno mexicano que al mismo tiempo de proceder con trámites para visas humanitarias, ejecuta operativos para la detención y deportación de grupos que caminan por las carreteras, en domicilios particulares y sus lugares de trabajo.
Indígenas del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau. Foto por Gabriel Uchida
Por Clara Roman
Indígenas denuncian aumento de grileiros (invasores de tierras), amenazas y tiroteos cerca de aldeas y disminución de la caza y pesca en el territorio
Una nueva ola de invasiones intensifica la amenaza a los pueblos indígenas que viven en la Tierra Indígena (TI) Uru Wau Wau, en el estado de Rondônia, Brasil (Ubicado en la parte suroeste de la región Norte de este país, entre los ríos Madera y Guaporé). Cerca de 180 invasores entraron ilegalmente en las últimas semanas, y se encuentran cerca de las aldeas, según una denuncia de los indígenas y de la organización no gubernamental Kanindé. Con esta nueva invasión, la ONG estima que más de 1.000 personas están ocupando ilegalmente el territorio.
La TI, homologada en 1991, está habitada por tres pueblos indígenas que tienen contacto con la población y cuenta con, al menos, tres registros de pueblos en situación de aislamiento voluntario (quienes no han establecido contacto alguno con la población en general) confirmados por la Fundación Nacional del Indio (Funai). Los pueblos aislados optan por no tener ningún contacto con otros pueblos indígenas y no indígenas.
Las invasiones denomiados grileiros en TI han aumentado desde el comienzo del año. "Las palabras contra los pueblos indígenas por el nuevo gobierno han estimulado las invasiones", afirma Awapu Uru-yo-Wau-Wau, líder del pueblo uru-yo-Wau-Wau, en una entrevista con el Instituto Socioambiental (ISA). Desde el final del año pasado, con la elección del presidente Jair Bolsonaro (PSL) más grileiros han entrado en el área. La evaluación de Ivaneide Bandeira, coordinadora de Kanindé, es que el discurso de Bolsonaro de revisión de demarcaciones de tierras indígenas incentiva a la ocupación ilegal de estos territorios.
Los indígenas y Kanindé denunciaron la situación ante el Ministerio Público Federal en el estado de Rondônia el pasado día 8 de abril. Según la procuradora Daniela Lopes de Faria, los órganos de seguridad pública están conscientes y están articulando una acción conjunta. Además, la fuerza nacional fue solicitada.
"El riesgo es de un enfrentamiento entre invasores e indígenas que puede llevar a alguna muerte. El MPF está acompañando el caso con la prioridad y atención que exige junto con los órganos de seguridad pública", afirma la fiscal. Entre septiembre y octubre de 2018, el análisis del ISA identificó 42 focos de deforestación incidentes en un área cercana a la aldea Alto Jamari, donde viven familias del pueblo Uru-Yo-Wau-Wau. Estas áreas sumadas representan 692,34 hectáreas de corte raso de bosque - área equivalente a 700 campos de fútbol. Las áreas deforestadas y detectadas por el ISA coinciden con los puntos de campamento de los invasores indicados por los indígenas, ubicados en el área de superposición entre la tierra indígena y el Parque Nacional Pacaás Novos.
"Es probable que los grileiros estén aprovechando el período lluvioso para lotear las tierras y preparar la apertura de nuevas áreas en el período seco, que comienza en junio", afirma Tiago Moreira, investigador del ISA. En la evaluación de Gabriel Uchida, de la Asociación Kanindé, una nueva ola de deforestación se espera para esa época.
Según Awapu Uru-Yo-Wau-Wau, como consecuencia de las invasiones, la caza y la pesca empezaron a escasear en el territorio. "No tienen más paz y libertad en la naturaleza, no tiene más aire puro. "Estamos respirando humo", afirma. La presencia constante de intrusos hace la caza peligrosa para los indígenas. "Es peligroso encontrar algún invasor y tener algún conflicto", agrega.
Ivaneide Bandeira, de Kanindé, afirma que los indígenas están psicológicamente afectados. Awapu también relata amenazas constantes por parte de los invasores. "En la última semana, oímos un tiroteo muy cerca de la aldea", relata.
Según Kanindé, entidades locales están detrás de los intentos de grilajes (invasiones), entre ellos una que cuestiona la demarcación de la tierra en la justicia.
Según el artículo 231 de la Constitución de este país, los indígenas tienen derecho originario sobre las tierras que ocupan. "Son nulos y extintos, no produciendo efectos jurídicos, los actos que tengan por objeto la ocupación, el dominio y la posesión de las tierras indígenas (artículo 231, § 6º)". Es decir, cualquier acto que dé la posesión de tierra para un no indígena dentro de una Tierra Indígena no tiene validez jurídica.
Tierra Indígena Uru-Yo-Wau-Wau
El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) ya había detectado altas tasas de deforestación en la TI. En 2018, los datos oficiales relativos al Prodes indican la región como la octava más devastada de Brasil, con la pérdida de 937,15 hectáreas de bosque entre agosto de 2017 y julio de 2018, un aumento del 41% con relación al período anterior. Además, el entorno de TI que no se enmarca como área protegida, ya ha perdido más del 70% de cobertura forestal, considerando un radio de 20 km. Historial de amenazas
Las invasiones en el territorio de los Uru-Yo-Wau-Wau y Amondawa son anteriores a la demarcación. En las décadas de 1970 y 1980, el Incra estableció asentamientos dentro de la Tierra Indígena. Los agricultores nunca fueron indemnizados, y el conflicto permanece hasta hoy. En esa región, entre los ríos Nova Floresta y Jamari, la deforestación es asombroso y ya consumió cerca del 60% del bosque de la región. Esta deforestación es ilegal porque no está respaldado por ningún tipo de licencia de los organismos ambientales competentes.
Muy cerca de esa área que sigue en litigio, existen 388 Catastros Ambientales Rurales (CAR) declarados irregulares sobre la TI, sumando más de 30 mil hectáreas. Los CAR son auto-declarados, y necesitan validación del órgano estatal o municipal competentes para regularizarlos. "En este caso, el CAR no podrá ser validado por el órgano ambiental porque no es posible regularizar ambientalmente áreas superpuestas a la Tierra Indígena, La Constitución Federal garantiza a los indígenas el usufructo exclusivo de las riquezas de los suelos, de los ríos y de los lagos existentes en la TI. "Estos recursos no pueden ser compartidos con invasores o ocupantes ilegales", evalúa Juliana Batista, abogada del ISA. El monitoreo del ISA detectó, en esa región, la presencia de ramales congruentes con los límites de los CAR declarados irregularmente.
En 2017, la Policía Federal desarticuló una cuadrilla de grilieros acusados de invadir, grilar y desmatar la Tierra Indígena Uru-Yo-Wau-Wau. Los grileiros habían dividido la tierra en 328 lotes, que se vendían por hasta 40 mil reales. En la ocasión, fueron detenidas 14 personas, entre ellos policías militares acusados de informar a los criminales de las operaciones de fiscalización, con antelación.
A cien años del asesinato del General en Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata Salazar, la entrada de la ex-hacienda de San Juan Chinameca -lugar en donde lo traicionaron a balazos- fue tomada por cientos de personas y decenas de colectivos y organizaciones.
Los presentes lanzaron vivas a su memoria, respondiendo al llamado de la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDTA-MPT), la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, el Congreso Nacional Indígena (CNI) /Concejo Indígena de Gobierno (CIG), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (y muchas organizaciones más), para sumarse a las Jornadas de Lucha “Zapata vive, Samir vive, la lucha sigue” que consistieron en una Asamblea Nacional el 9 de abril en Amilcingo, y la Movilización Nacional el 10 de abril en Chinameca.
Esto provocó que las aspiraciones que tenía el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de realizar su acto conmemorativo en Chinameca se vieran frustradas. AMLO contaba con dos cartas simbólicas para recuperar la figura de Zapata y colocarla como elemento central “con un lugar especial en la cuarta Transformación”: Dar su discurso desde el lugar en que lo habían asesinado, y hacerlo acompañado de Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata. No logró ninguna.
Su decisión de continuar el Proyecto Integral Morelos (PIM) -contraria a sus promesas de campaña-, así como su respuesta ante el asesinato de Samir Flores Soberanes, le ganaron a AMLO la animadversión a nivel nacional e internacional, pero en especial de las organizaciones, colectivos y sectores de las comunidades afectadas de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Muchas de las cuales llevan resistiendo al PIM por años.
Un Mega Proyecto Extractivo de muerte
El Proyecto Integral Morelos (PIM) fue ideado durante el sexenio de Ernesto Zedillo , iniciado con Felipe Calderón e impulsado con Enrique Peña Nieto. En el documento de la Subdirección de Desarrollo de Proyectos - Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se describe que el PIM “Está integrado por: ·Dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 MW cada una que consumen gas natural como energético, ·Un ducto para transportar el gas desde los ductos de Pemex, al sitio de las centrales, de 150 km y diámetro de 30”, en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, ·Línea eléctrica de 20 km a la subestación Yautepec ·Y un acueducto de 20” desde Cuautla con longitud de 10 km”. No obstante pertenece a la CFE, la obra ha sido concesionada a las empresas españolas ELECNOR, ABENGOA y ANAGAS, además de la empresa italiana BONATTI.
Desde sus inicios, la imposición del PIM se ha enfrentado a fuertes resistencias de las comunidades y pueblos afectados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. En palabras de Juan Carlos Flores Solís, abogado y ex-preso político a causa de su oposición al PIM, han sido “nueve años de decir los pueblos del volcán Popocatépetl no al Proyecto Integral Morelos, de vivir encarcelamientos, persecuciones judiciales, tortura, difamación, militarización, cierre de radios comunitarias, división de las comunidades, compra de conciencias, engaños, formación de grupos de choque, enfrentamientos de población con la policía, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y amparos ganados”.
Los riesgos señalados son muchos, pero entre ellos destacan la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos originarios; así como los peligros medioambientales, resumidos por Aurelio Fernández Fuentes, fundador del Centro Universitario Para la Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la siguiente manera:
“Siempre nos opusimos a él, básicamente porque su trayecto cursa sobre las faldas del volcán Popocatépetl, acreditadamente activo, uno de los cinco más peligrosos del mundo y el que propicia el mayor riesgo por el número de habitantes afectables por una erupción mayor. La peor parte del proyecto para el bienestar de la gente es que está diseñado para distribuir el gas mediante ramales durante el trayecto de 160 kilómetros, lo que propiciaría el desarrollo de zonas industriales. Todos sabemos que a las zonas industriales le siguen las zonas habitacionales; en una palabra, se propiciaría el acelerado poblamiento de regiones altamente susceptibles de recibir productos eruptivos, y, además, se afectaría severamente la capacidad de absorción de agua”.
En un comunicado de prensa titulado: Proyecto Integral Morelos y volcán Popocatépetl, con fecha del 8 de febrero de 2019, el CUPREDER enuncian además varias preocupaciones adicionales: Por la contaminación del agua, sonora, y del aire, por el robo de combustible y por la opacidad con que se manejó el trazo del ducto, el cuál afirman: “es un enigma. Nuestros estudios de campo indican que hay un trazo caprichoso, correspondiente a los ajustes que hicieron los constructores para sortear la resistencia de los habitantes”. Según el comunicado tampoco se han revisado las condiciones de la tubería a propósito del terremoto del 19 de septiembre, con epicentro localizado a tan solo 33.5 kilómetros de distancia, por lo que concluyen: “En este sentido, cualquier apresuramiento puede resultar en una desgracia”.
Una ofensa a los pueblos que los pone en mayor riesgo y vulnerabilidad
El 10 de febrero de 2019, durante un evento ex profeso en Cuautla, Morelos, AMLO anunció su deseo de continuar la construcción de la termoeléctrica en Huexca, y para dicho efecto sometería la decisión a una consulta muy cuestionada que se realizó dos semanas después. Esto desconcertó a las y los habitantes agraviados por la imposición del PIM, pues durante una visita a Yecapixtla, Morelos, durante mayo de 2014, AMLO había prometido que iría a “defender con todo lo que podamos a los pueblos (…) No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica y no queremos tampoco las minas”.
Los sectores organizadas contra el PIM ahí presentes, entre quienes se encontraba Samir Flores Soberanes, manifestaron su decepción y coraje ante dicha decisión, y entre pancartas y gritos el presidente los señaló y les dijo: “Hay ambientalistas auténticos, pero también hay intereses creados. (…) Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores, escuchen”.
El presidente argumentó que de no finalizarse la termoeléctrica, no se podría ahorrar una parte del gasto hecho al comprar luz a empresas extranjeras; aunque no aclaró todos los riesgos medioambientales y los peligros que correrían las comunidades afectadas, y omitió el hecho de que las obras mismas fueron concesionadas a empresas españolas e italianas. Y en términos de beneficios para estas empresas extranjeras, tampoco esclareció las implicaciones que el proyecto sea financiado con un esquema de inversión con impacto diferido en el gasto público (Pidiregas).
En una carta abierta redactada un día después por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, publicada en la página del CNI, dirigida a AMLO y titulada Los opositores al Proyecto Integral Morelos: ¿Radicales ultraconservadores? se le expresa una preocupación muy sensible:
“Usted Sr. Presidente debe ser consciente que su posición, puede empoderar a sujetos que han estado atacando al pueblo de Huexca y que pueden provocar un crimen o una desaparición forzada de la cual usted sería en parte responsable, porque derivaría de las causas del proyecto que usted esta impulsando, omitiendo ver los problemas sociales que existen al respecto. Por eso antes de opinar a favor del proyecto y con descalificativos a los opositores, debe observar también que los impactos sociales que se han generado en los pueblos se encuentran en situaciones delicadas, donde es irresponsable hablar como usted habló de Huexca ayer, porque Huexca estuvo ahí y no la escucho, la ofendió. (…) Nos preocupa que mientras organismos nacionales o internacionales reconocen la defensa de los derechos humanos de quienes se oponen al PIM, usted, que antes se oponía al PIM, llame ahora a los opositores “ultraconservadores de izquierda radical”, pues solo se sigue la labor de defender los derechos humanos. Estos calificativos no abonan al reconocimiento y protección de los defensores de derechos humanos y pueblos indígenas y su posición los pone en mayor riesgo y vulnerabilidad”.
Nueve días después, en la madrugada del 20 de febrero, asesinaron a balazos a Samir Flores Soberanes en la puerta de su casa. Samir, campesino de origen Nahua, nació en Amilcingo, Morelos, y fue defensor indígena, comunicador comunitario, integrante de varios sectores organizados para la defensa de la Tierra y el Territorio y férreo opositor al PIM.
El FPDTA-MPT, en su denuncia, comunicó que un día antes del asesinato de Samir, él todavía asistió al foro informativo que el Delegado Federal en Morelos (y encargado de coordinar la consulta) Hugo Erick Flores, fundador del Partido Encuentro Social, había sostenido en Jonacatepec, y ahí lo cuestionó. Dos días después del velorio de Samir, a pesar que pueblos y colectivos le pidieran al gobierno que la pararan, la consulta popular se realizó.
La consulta fue muy rápida, a diferencia de la investigación del asesinato de Samir; A casi dos meses, la Fiscalía General del Estado no ha anunciado avances en la investigación. Al contrario, la fiscalía lo ha criminalizado, ya que descartó “a priori la posibilidad de que estos hechos estén relacionados con la actividad de defensa del señor Flores”, y al mismo tiempo insinuó que estaba relacionado con el narcotráfico (sin presentar pruebas, ya que confirmó que las extravió) .
Por todo lo anterior, varios sectores organizados contra el PIM llamaron a boicotear la consulta, la cuál, denunciaron, no cumplía con los principios rectores que establecen los convenios internacionales en materia de pueblos originarios para realizar una consulta indígena: es decir, no fue previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Además, no garantizaba certeza pues no se hizo público qué instancia estuvo a cargo del conteo, o cuales fueron los resultados por casillas, por mencionar algunos cuestionamientos. Tampoco quedó claro en dónde se instalaron casillas y en dónde no, ni cuales fueron los criterios para decidirlo. Solo se presentaron los resultados finales a la mañana siguiente de terminada la consulta, y se dió por terminado el proceso.
Fotos: Santiago Navarro F y Rafael E. Lozano
“Focos rojos y riesgos que hay que atender”
El lunes 8 de abril, ante la especulación sobre la visita del presidente para la conmemoración de los 100 años del asesinato de Zapata, el subsecretario de Gobierno del Estado de Morelos, José de Jesús Guízar Nájera confirmó en conferencia que el evento oficial se haría en Cuernavaca y no en Chinameca como se había anunciado anteriormente. Ante una pregunta sobre las protestas que se advertían, Guízar Nájera respondió:
“Sabemos que tenemos focos rojos, siempre está ese mapa de riesgos, tendremos que atenderlos (…) Los riesgos siempre están ahí, tenemos algunos focos rojos, insisto, pero vamos a tenerlos que atender”,
HACIENDO REFERENCIA EXPLÍCITA A QUIENES EXIGEN JUSTICIA POR EL ASESINATO DE SAMIR FLORES, Y QUIENES SE OPONEN A LA TERMOELÉCTRICA.
Estas declaraciones suceden pocas semanas después de que la ONU-DH emitiera un comunicado en el que “recuerda que es responsabilidad de las autoridades contribuir a generar un ambiente propicio para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión, lo que incluye abstenerse de realizar acciones que puedan agravar situaciones de vulnerabilidad e incrementar riesgos”.
Al mismo tiempo, Teresa Castellanos, coordinadora del Comité Huexca en Resistencia y acompañante de lucha de Samir y los sectores organizados contra el PIM (a los que Guízar Nájera se refiere como “Focos Rojos”) es reconocida por el premio de derechos humanos Sergio Méndez Arceo de 2019 por su labor en defensa del territorio, de los derechos humanos e indígenas, y por su trabajo por la erradicación de la violencia contra la mujer.
Rumbo a las jornadas de lucha en Amilcingo y Chinameca
Samantha Cesar, habitante de Amilcingo e integrante del FPDTA-MPT, en entrevista con Avispa Midia expresó:
“Estamos planteando que estamos en un estado de emergencia, pues es claro que viene una etapa mucho más agresiva hacia muchos pueblos que cuentan con diferentes bienes comunes; y todo el despojo con esos proyectos como el PIM, el Tren Transístmico, el Tren Maya; son proyectos que vienen con todo, contra territorios que se han logrado mantener y defender. Y ahora también el embate contra las comunidades zapatistas, el acoso del ejército… Estamos en un estado preocupante, necesitamos analizar, pero necesitamos realmente actuar para parar todas estas agresiones y violencias del estado y del capitalismo. (…) Por eso llamamos a todos y todas aquellas mujeres y hombres que sientan que algo está mal en este país a que se organicen, con sus vecinos, con sus vecinas, a que busquen realmente que el cambio se haga desde abajo. El cambio no se va a lograr si no se hace desde abajo”.
Conmocionados por los acontecimientos anteriormente descritos, diferentes sectores del país y de fuera se han ido articulando en procesos organizativos que se tejen ahora en las Jornadas de Lucha del 9 y 10 de abril.
Foto: Por Rafael E. Lozano
Foto: Por Rafael E. Lozano
Foto: Por Rafael E. Lozano
Por nombrar algunos de estos procesos: Inmediatamente después del asesinato de Samir Flores se convocó a realizar acciones dislocadas y dos días después se realizaron marchas en la Ciudad de México, en Huexca y en Cuernavaca, y se reportaron manifestaciones en Morelos y Oaxaca.
Posteriormente se convocó a una Jornada de información y exigencia de justicia por el asesinato de Samir dentro de la cual se realizó la Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia de Estado y la Autodeterminación de los Pueblos, en Amilcingo Morelos el 9 de marzo, la cual declaró a AMLO como persona non grata en Morelos por “pretender acabar con los territorios de los pueblos originarios para convertirlos en mercancía a través de la explotación y destrucción de la vida” y “por incumplir su palabra empeñada en 2014”.
Dicha Asamblea promovió la convocatoria para encontrarse en la Novena Sesión del Congreso de los Pueblos de Morelos el 7 de abril en Anenecuilco, y ratificó los acuerdos del CNI-CIG para sumarse a las jornadas de lucha del 9 y 10 de abril en Amilcingo y Chinameca, Morelos.
Estos acuerdos se habían consensuado un día antes, el 8 de marzo, en la Ciudad de México, donde se realizó la tercer asamblea entre el CNI-CIG en la que acordaron, después de un periodo de consulta, “incorporase a algo más grande, que sea capaz de incorporar nuestras luchas, pensamientos e identidades”. Por lo cuál llamaron “a los pueblos originarios, a las redes y organizaciones que han apoyado al CIG-CNI, así como a los colectivos y organizaciones de trabajadores, de estudiantes, de mujeres, de campesinos y de jóvenes que luchan contra el capitalismo neoliberal, a crecer nuestras resistencias y rebeldías y a participar en la Asamblea Nacional entre los pueblos del Congreso Nacional Indígena y las organizaciones, redes y colectivos que en México y el mundo luchan y se organizan; así mismo al acto con motivo del centenario del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar los días 9 y 10 de abril del presente año en el estado de Morelos”.
Fotos: Rafael E. Lozano
Voces desde la asamblea de Amilcingo
Bajo el sol filoso de Morelos, Samantha Cesar relata a Avispa Midia, “en Amilcingo nos reunimos para generar diálogos, generar análisis colectivos, a través también del CNI-CIG, pero también se abrió a organizaciones y colectivos de todo el país para hablar esta situación que vivimos de despojo ante este nuevo gobierno”. Se refiere a la Asamblea Nacional que se celebró el 9 de abril de 2019 en las inmediaciones de la Escuela Primaria Samir Flores Soberanes de Amilcingo, Morelos. En ésta se registraron al menos 824 asistentes de más de 120 organizaciones (mayoritariamente nacionales) que se reunieron en mesas de trabajo primero, y en plenaria después, para discutir cómo viven la nueva administración en sus comunidades y qué acciones conjuntas pueden realizar en defensa de sus territorios.
“Pudimos analizar este contexto”, continúa Samantha, “llegamos a las conclusiones de que vivimos en un momento muy complicado porque las políticas no cambiaron, al contrario, se han agudizado, principalmente con estos mecanismos de simulación de democracia para legitimar proyectos de muerte en nuestros pueblos. También se logró avanzar en el sentido en que hay que generar acciones colectivas en los pueblos, en las regiones, para ir construyendo una defensa más articulada y más fuerte ante estos despojos”.
Miguel López, originario de Santa María Zacatepec, Puebla, es Concejal Nahua de la zona de los volcanes entre el Iztaccíhuatl y Popocatépetl, y como mucha gente presente en la asamblea, conoció y luchó junto a Samir Flores.
“Junto a otros compañeros de Zacatepec y la otra comunidad indígena que es Tlaxcalancingo dijimos: pues vamos a poner unas radios comunitarias para que demos voz porque imagínense que solo está hablando el gobierno, y aunque las comunidades indígenas tenemos la palabra, no sabemos como llevarla hacia el resto”.
Al fondo, en un mural de la primaria, sobresalen los retratos frescos de Emiliano Zapata, Samir Flores, y su tío Vinh Flores. El colectivo Taller Gráfico Mayahuel cuenta que Samir ya había comenzado el trazo de Zapata en ese mural. Ahora ella y ellos se dieron a la tarea de terminarlo de manera solidaria, inmortalizando el rostro de Samir y su tío Vinh junto al de Zapata. Al frente, en conversación con Avispa Midia el Concejal Miguel López continúa, “Entonces surgió la idea con Samir de que se pusiera una radio aquí en Amilcingo, iniciando solo con altavoces. Ya después dice: vamos a profesionalizarnos más, y entonces ya se puso el transmisor, y luego empezó a ir a unos talleres en donde ya mismo en Amilcingo, las chavas y los jóvenes, pudieran hacer sus propios transmisores y pudieran ya no estar pidiendo chichi al gobierno, o pidiendo concesión, o permiso, al instituto de comunicaciones; y entonces se fue armando la defensa del territorio”.
Esa misma tarde, María Macario Salvador, Concejala Purépecha del Concejo Indígena de Gobierno y delegada del CNI, originaria de Jarácuaro, Michoacán, y carguera del fuego nuevo en su comunidad, comparte también con Avispa Midia sus impresiones del encuentro: “El sentir es de hacer justicia, de luchar por la tierra, por la libertad, por tener la autonomía en nuestras comunidades; y creo que eso nos une a todos y a todas”.
En un esfuerzo por recoger las expresiones volcadas en la asamblea, la Concejala María Macario continúa, “lo que comentaron los compañeros es que no hay ningún cambio, la situación ha empeorado. Para muchas comunidades es cada vez más difícil. La mayoría coincidimos en que la organización es lo más importante para poder luchar y para poder afrontar este despojo. (…) Para nosotros como pueblos originarios lo que sigue es apoyar a la comunidad de Amilcingo y exigir justicia por el compañero Samir. Es una fecha muy importante por los cien años de la muerte de Emiliano Zapata, que para nosotros es una bandera de lucha como pueblos originarios. Lo que sigue es la organización (…) que no se quede la muerte de nuestro compañero Samir en el olvido. Nuestra lucha es por la lucha que tienen ellos contra todos los proyectos de muerte, apoyarnos entre nosotros como pueblos”.
Más tarde, antes de que la noche arribara sin demora a la asamblea en Amilcingo, Norma Alicia Palma le cuenta a Avispa Midia, “En nuestras comunidades hemos estado analizando lo que ha estado haciendo el nuevo presidente (…) muchos de los pueblos Rarámuri dicen que están confundidos, que no saben si es realmente con buena intención lo que está haciendo. (…) Los pueblos indígenas no vemos el desarrollo como lo ven los grades empresarios, no lo vemos igual, para nosotros ese tipo de proyectos no es progreso, es acabarnos como pueblo. (…) Como pueblo Rarámuri estamos en esto, en buscar información, ir despertando porque estos mismo problemas que están acá muy avanzados se nos están viniendo, pues, encima estos problemas allá también para estar preparados, y recibirlo como lo hacemos nosotros, con resistencia, seguir luchando y seguir siendo lo que somos: pueblos indígenas”.
Al día siguiente, el 10 de abril de 2019, a pocos metros del templete abandonado que esperaba la visita de un presidente ausente, se montó al pié de Chinameca otro templete que sostuvo (en su mayoría) a mujeres indígenas rebeldes que con su presencia, su congruencia y su palabra abrazaron la memoria de Emiliano Zapata y Samir Flores. Entre ellas, la vocera Nahua del CIG, Marichuy, pronunció el Mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; y antes, la voz de la Concejala Rarámuri Norma Palma, pronunció la Declaración de Chinameca:
“A Samir lo seguimos viendo y escuchando. Camina entre nosotros y nos recuerda que el camino es abajo, que la dignidad no se vende y que la vida no se negocia. Hermano Samir, en nuestros pueblos vivos y luchando seguirás estando pues tu vida es esperanza para la nuestra. (…) Esa misma guerra que (a Zapata) lo mató hace cien años y que nos arrebató a Samir, es la que nos hace convocarnos ante el hermano compañero general Emiliano Zapata, vivo y caminando la conciencia de los pueblos de Morelos, de este país y mundo que retiembla”.
