En portada: Palestinos desplazados llegan al centro de Gaza tras huir de la ciudad de Rafah. Mayo, 2024. Foto: Abdel Kareem Hana
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ha emitido una orden contundente dirigida a Israel, exigiendo la inmediata detención de su controvertida operación militar en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza. Esta decisión, resultado de un caso presentado por Sudáfrica, acusa a Israel de genocidio y señala el "inmenso riesgo" que enfrenta la población palestina.
El presidente de la CIJ, principal tribunal de la ONU, Nawaf Salam, fue claro al declarar que Israel debe detener su ofensiva militar y cualquier otra acción en Rafah que pueda poner en peligro la vida del pueblo palestino en Gaza, evitando así su destrucción física total o parcial. Esta orden se suma a las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica previamente en su causa por genocidio.
La directora regional del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, Heba Morayef, destacó la importancia de esta orden. “Con esta orden, CIJ lo ha dejado meridianamente claro: las autoridades israelíes deben detener por completo las operaciones militares en Rafah, ya que cualquier acción militar en curso podría constituir un acto subyacente de genocidio”, puntualizó Morayef.
La situación humanitaria en Rafah ha sido descrita como "desastrosa" por el presidente de la CIJ. Con miles de desplazados y una escasez continua de ayuda humanitaria, la comunidad internacional ha intensificado su llamado a Israel para que cumpla con esta orden judicial.
Trece de los 15 jueces de la CIJ estuvieron de acuerdo en exigir a Israel que detenga su asalto en Rafah. Salam subrayó la necesidad de que los observadores de la ONU tengan acceso inmediato al área de conflicto para asegurar la preservación de cualquier evidencia de posibles crímenes de guerra.
El último balance de víctimas en Gaza es devastador. Al menos 57 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas, elevando el total a 35,857 fallecidos desde el inicio del ataque el 7 de octubre de 2023, según datos del Ministerio de Sanidad palestino. Además, 80,293 personas han resultado heridas.
La presión sobre Israel para cumplir con orden de alto al fuego es ahora más intensa que nunca. El mundo está atento a cómo responderá Jerusalén ante este mandato internacional.
En portada: Familias maya q’eqchi’ son expulsadas de la comunidad Buena Vista, en el norte del lago de El Estor. Foto: Juan Bautista / Prensa Comunitaria
La mañana del miércoles (22), cientos de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala desalojaron a la comunidad maya Q’eqchi’ de Buena Vista Tzinté, ubicada en la parte norte del Lago de Izabal, departamento del mismo nombre, Guatemala.
Tras la afectación de su previo asentamiento, cuya condición inhabitable fue declarada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) debido a deslaves ocurridos en la sierra Santa Cruz, desde el año 2015 las familias de Buena Vista ocupaban las tierras que sus abuelos reivindicaban ancestralmente y donde hasta hace unos días sembraban alimentos para el autoconsumo.
En total, 29 familias fueron expulsadas de un terreno de siete caballerías (un predio agrícola de 6 a 43 hectáreas) pertenecientes a la micro región “El Bongo” y cuya propiedad reclama el agroindustrial Luis Fernando Arriaza Migoya, dueño de monocultivos de palma aceitera que suministra insumos a la empresa Naturaceites, también señalada por utilizar violencia para expandirse en la región del Valle del Polichic.
Según reporta Prensa Comunitaria, el conflicto por las tierras tiene su origen debido a que, en el año 1980, Arriaza Migoya “se apropió de 7 caballerías del Bongo”, por lo que entre 2019 y 2021 las familias campesinas ya habían sido objeto de intentos de desalojo por parte de los agroindustriales que mantienen monocultivos de palma aceitera en aquellas tierras.
Familias pasaron la noche en la intemperie y sin resguardo. Foto: Prensa Comunitaria
Ya desde el año 2016, la Cámara del Agro acusaba los campesinos de invasión y usurpación contra la Finca Tzinté. A través del empresario cafetalero Nils Pablo Leporowski Fernández, el gremio agroindustrial presionaba al poder judicial de Guatemala para efectuar el desalojo de las familias al sostener, mediante denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, la destrucción del bosque por los campesinos.
Ahora, niños y adultos padecen el desabrigo tras ser desalojados debido a la orden emitida por la jueza Sandra Nineth Ayala Tello, del Juzgado de Paz de El Estor, atendiendo los reclamos por supuestos delitos medioambientales.
Un comunicado firmado por el Comité de Unidad Campesina (CUC) asevera que dicha sentencia aún no está firme, ya que está siendo revisada en un recurso extraordinario de casación. “A pesar de esto, el Juzgado de Paz ha procedido con la ejecución del desalojo”, denuncia la organización que es acompañada por articulaciones sociales a nivel internacional.
Resalta que desde la Finca Tzinté se provee de racimos de frutos frescos a la procesadora Pataxte, al sur del Lago de Izabal y propiedad de Naturaceites, quien a su vez vende el aceite de palma a Ferrero, la tercera empresa de confitería de chocolate más grande del mundo.
“Está claro que la ejecución del desalojo es promovida por una orden judicial que presenta evidentes de irregularidades. La finca Tzinté, en la que habitan estas familias, es parte de un grupo de propiedades bajo investigación judicial por diversas irregularidades, investigación que hasta la fecha no ha avanzado. Estas acciones son promovidas por los poderes ocultos que tienen cooptado a jueces y cortes corruptas que avalan estas ordenes ilegales”, asevera el CUC.
Para agravar la situación, de acuerdo a testimonios recabados por el periodista Carlos Ernesto Choc, además del desalojo existen siete personas con órdenes de captura, tres de ellas mujeres, lo que mantiene a los campesinos en estado de alerta.
En estado de alerta
En el año 2019, durante el intento de desalojo de la comunidad Plan Grande y el caso de criminalización contra Abelino Chub Caal, el historiador Harald Waxenenecker presentó un peritaje para coadyuvar en el proceso penal de Chub Caal, perseguido por las empresas Inversiones Cobra S.A y Bananera de Izabal S.A, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya.
En su estudio, el historiador demuestra el entretejido familiar-empresarial de los Arriaga por medio del cual consiguió el título de propiedad de las fincas donde ahora producen palma de aceite. El documento “Relaciones sociales de poder y apropiación de recursos naturales y de la tierra en El Estor, Izabal” detalla que fue gracias a los beneficios otorgados a empresarios y militares, durante y después del conflicto armado interno (1960-1996), lo que les permitió a los Arriaga apoderarse de grandes extensiones de tierra.
En ese contexto, las afectaciones no se limitan a la comunidad de Plan Grande, -como en el caso de Chub Caal-, ni de Buena Vista solamente. Habitantes de la comunidad maya Q’eqchi’ de Chapin Abajo, al sur del lago de Izabal, aseguran que sus tierras también fueron despojadas durante los años de la guerra por lo que actualmente mantienen procesos de recuperación de sus tierras ancestrales.
En entrevista con Avispa Mídia, Pedro Cuc Pan, autoridad ancestral de Chapín Abajo asegura que en días previos recibieron información, cuya fuente se mantienen en anonimato por seguridad, sobre el desalojo de Buena Vista y el preludio de nuevas agresiones por parte de la agroindustria, en complicidad con el poder judicial guatemalteco a través del Ministerio Público (MP).
Foto: Carlos Ernesto ChocFoto: Carlos Ernesto ChocFoto: Festivales Solidarios
Desde el pasado viernes (17), autoridades ancestrales de comunidades alrededor del Lago de Izabal emitieron la denuncia sobre las amenazas de desalojo. Peor aún, aseguraron que la empresa Naturaceites pretende capturar o asesinar a líderes comunitarios.
Cuc Pan detalla que, de acuerdo a la información obtenida, el plan de la agroindustria es detenerlo junto con Pedro Choc Ico y Mariano Choc Bol, también autoridades Q’eqchi’. Según Cuc Pan, si no logra capturar a las autoridades ancestrales, la empresa Naturaceites está dispuesta a contratar sicarios para ordenar su asesinato.
El indígena Q’qechi’ sostiene que estas amenazas ocurren en un contexto de intimidación, debido a que, desde el mes de enero de este 2024, han escuchado detonaciones provenientes de un embarcadero naval cercano. Cuc Pan asegura que los disparos son realizados con armas de grueso calibre.
“Nos pueden capturar, asesinar un par de nosotros, no importa, de todos modos tenemos hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños y niñas que se le están inculcando sobre estos derechos históricos”, destaca la autoridad, pues asegura que las tierras son propiedad indígena, “no como lo dice un documento, sino como lo declara la historia”.
Por su parte, la mañana de este jueves (23), autoridades ancestrales de Iximulew -con la participación de pueblos mayas, xingas y garífunas-, se pronunciaron contra el que calificaron como “desalojo ilegal” de las 29 familias de Buena Vista Tzinté.
Mediante comunicado, el Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ del Estor condenó las violaciones a los derechos humanos cometidos por el MP y la jueza Ayala Tello, así como declaro como non grata a la Fiscal General, Consuelo Porras.
“Alzamos nuestra voz como autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ en el territorio y exigimos el respeto a nuestros derechos, especialmente al MP, que está al servicio de la corrupción, del crimen organizado, de terratenientes y empresas extractivas, como también de jueces cooptados y que criminalizan a las y los hermanos quienes defendemos la Madre Tierra y los territorios”, sostienen en el documento, y exigen un alto a los desalojos y criminalización.
“Desafortunadamente el ejido de San Antonio Calpulalpan es de los más deforestados de la región, sus áreas boscosas están desapareciendo junto con los vestigios arqueológicos y nuestra identidad - sin ellos, sin su estudio no sabremos quienes fuimos y no sabremos defender quienes somos y qué tenemos- a pasos agigantados sin que ningún representante ejidal se pronuncie al respecto afectando no solo al ejido sino a toda la región con sus malas decisiones y su ambición de poder y dinero”, integrantes del Colectivo 16 de Octubre.
En los últimos cuatro años, Calpulalpan, Tlaxcala, México, ha enfrentado una serie de desafíos que han afectado profundamente a su comunidad. Entre estos se encuentra la instalación de varios proyectos industriales, incluido el Parque Solar Nueva Xcala, así como una planta cartonera, una cervecera y una maltera. Estas iniciativas han generado tensiones dentro de la población, exacerbando problemas preexistentes y contribuyendo a un clima de inseguridad. Se ha observado un aumento en la actividad del crimen organizado, con casos de robos a mano armada, narcomenudeo, desapariciones y asesinatos. Sin embargo, la respuesta de la administración municipal ha sido su falta de atención a estas problemáticas y su aparente falta de voluntad para abordarlas de manera efectiva.
En este contexto de adversidad, ha surgido un movimiento de resistencia liderado por un grupo de vecinas-vecinos, ejidatarios y defensores de derechos humanos conocido como Colectivo 16 de Octubre (C16O). Esta organización, que se describe a sí misma como apartidista y sin fines de lucro, busca proteger el territorio y el patrimonio de la comunidad frente a lo que perciben como intentos de despojo por parte de diversas entidades e instituciones. Su labor se enfoca en la defensa integral del territorio, abordando tanto las amenazas ambientales como las violaciones de derechos humanos que enfrenta la población local.
“Nos organizamos para defendernos colectivamente de las personas, instituciones y empresas que quieren despojarnos de nuestro territorio y patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados,” sostienen integrantes del C16O.
En términos de acciones concretas, el C16O ha colaborado estrechamente con la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) para presentar una demanda legal destinada a anular contratos de usufructo de tierras ejidales con empresas fotovoltaicas, como ENGIE. Esta demanda busca garantizar que las decisiones tomadas por la Asamblea General de Ejidatarios se realicen conforme a la ley y en beneficio de la comunidad en su conjunto. El colectivo ha llevado a cabo investigaciones sobre las actividades de las empresas involucradas en los proyectos industriales y ha realizado labores de concientización y movilización ciudadana.
“En el año 2023 presentamos una demanda que busca anular las actas de las Asambleas Generales de Ejidatarios y Ejidatarias de los años 2017 y 2018, donde se autorizó de forma ilegal la celebración de contratos de usufructo de las tierras ejidales de San Antonio Calpulalpan con empresas fotovoltáicas como ENGIE. Pues queremos que las decisiones que tome la asamblea se realicen respetando la Ley Agraria y en beneficio de la comunidad y las familias de Calpulalpan”, señalan integrantes del C16O.
Los impactos del Parque Solar Nueva Xcala en los habitantes de Calpulalpan han sido profundos y multifacéticos. Además de fracturar el tejido social y limitar el libre tránsito en áreas cercanas al parque, se ha observado un cambio en el clima regional, con consecuencias devastadoras para la agricultura y otras actividades económicas tradicionales, como la ganadería y la producción de pulque. Este cambio climático, exacerbado por la presencia de la empresa fotovoltaica y sus instalaciones, ha llevado al despojo de territorio y a la violación de derechos fundamentales de la población, incluido el acceso a la alimentación y la consulta sobre decisiones territoriales.
Existe una preocupación creciente por los efectos potenciales de futuros proyectos industriales en la región. La instalación de más parques solares y la construcción de un libramiento en la carretera federal México-Veracruz amenazan con aumentar los daños ambientales, la deforestación y la disminución de tierras de cultivo, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la comunidad local y el medio ambiente. Estos proyectos también podrían afectar negativamente la economía local, aumentando la inseguridad y la migración de la población.
“Ante este escenario vemos la llegada de otros dos parques solares en el municipio y otros en la región; la pretensión de instalar un basurero en la cabecera bajo la imposición de la actual gobernadora. Quisieron instalar uno en el ejido de Cuaula pero metieron una demanda y no se ha instalado; y una imposición más, un libramiento en Calpulalpan, en la carretera federal México-Veracruz sin consultar a la población”, informan integrantes del C16O.
La lucha de Calpulalpan va más allá de la resistencia a proyectos industriales específicos; es un reflejo de un contexto político más amplio de corrupción, saqueo y falta de representación efectiva por parte de las autoridades locales y ejidales que está presente en todo el país.
La falta de transparencia y la complicidad de las administraciones municipales en la promoción de megaproyectos industriales han generado una profunda desconfianza en las instituciones gubernamentales y han llevado a la población a buscar otras formas de organización y resistencia. En este sentido, el trabajo del C16O y otros grupos de defensa de derechos humanos es fundamental para empoderar a la comunidad y proteger su territorio y patrimonio frente a intereses externos y el despojo.
En portada: Comunidades indígenas de Xapuri, en la Amazonía brasileña, han denunciado esquemas de despojo de tierras impulsados por entes financieros internacionales. Foto: GRAIN.
El Banco Mundial anunció durante su Conferencia sobre la Tierra, realizada entre el 13 y 17 de mayo, en Washington, Estados Unidos, que aumentará de 5,000 millones de dólares a 10,000 millones de dólares, en el transcurso de los próximos cinco años, sus inversiones en gestión y en estrategias para garantizar la tenencia de la tierra en todo el mundo.
Acorde al discurso oficial de representantes del órgano financiero, el objetivo del banco es ayudar a los países en desarrollo a lograr la seguridad de la tenencia de la tierra para todos los hombres y todas las mujeres.
Más específicamente, las discusiones en la conferencia giraron alrededor de la necesidad de garantizar la tenencia de la tierra en todo el mundo para viabilizar los proyectos que visan a mitigar el cambio climático y promover la “transición energética”.
“Estamos trabajando en 28 países el tema de la tierra, y queremos duplicar esta cifra”, dice Juergen Voegele, vicepresidente del Banco Mundial. El órgano ha invertido 38,600 millones de dólares, durante el 2023, en iniciativas relacionadas con el clima en los “países en desarrollo”, de manera que es la principal entidad de financiamiento internacional en temas relacionados a la “transición energética”, dentro de los lineamientos del Acuerdo de París.
Durante la conferencia, en medio a discursos impregnados de un tono filantrópico que predicaban la necesidad de proteger las tierras indígenas, el pragmatismo del mercado saltaba a los ojos. “Hasta hoy no hemos encontrado suficiente tierra para las inversiones en energía renovable que se necesita. Y no es simplemente que tenemos que lograr que las zonas rurales aborden el tema naturaleza, sino que necesitamos de lugar para inversión”, dice el ex director de medio ambiente del Banco Mundial Andrew Steer, hoy presidente de la organización Bezos Earth Fund, que ha financiado proyectos de conservación ejecutados por organizaciones conservacionistas internacionales como WWF y Conservation International.
No necesitan solamente de tierras. Necesitan que las tierras estén tituladas, ¿por qué?
Las discusiones durante la conferencia trataron de responder. En resumen, lo que se menciona es que la mala gobernanza de las tierras, leyes pocos claras y la tenencia insegura de la tierra limitan la seguridad de la inversión y el acceso a financiamientos de proyectos climáticos. Las inversiones del Banco Mundial, por ejemplo, exigen que las tierras estén tituladas.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el mundo solamente el 30% de la población tiene un título de propiedad debidamente registrado de sus tierras.
“Vimos que los registros de la tierra incompletos y desactualizados causan dilaciones y obstáculos al desarrollo de la infraestructura con la consiguiente consecuencia social que es el desplazamiento”, dijo. Con los recursos destinados a la titulación de la tierra por el Banco Mundial, “esperamos que se contribuya a la infraestructura necesaria que nos permita alcanzar los objetivos climáticos a nivel mundial”, sostiene el vicepresidente de infraestructura del Banco Mundial, Guangzhe Chen.
En el ámbito de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la máxima reunión de los órganos de negociación internacional de cambio climático, la necesidad de la reglamentación de las tierras también está presente. Tanto es así que los países acordaron destinar, en la COP 26, en Glasgow, 1,700 millones de dólares en tenencia de la tierra, recordó Andrew Mitchell, Ministro de Estado del Reino Unido, uno de los propulsores de la conferencia.
Reglamentar para acaparar
Si para el Banco Mundial las acciones para garantizar la tenencia de la tierra han significado la seguridad de los negocios de grandes inversionistas, para organizaciones de productoras y productores de alimentos a pequeña escala, pueblos indígenas, trabajadoras y trabajadores, comunidades de base han significado el acaparamiento de tierras, en medio del desplazamiento de millones de personas en los países del Sur Global.
La denuncia fue hecha por 94 organizaciones de todo el mundo pocos días antes de iniciar la conferencia. El banco ha promovido “la financiarización de la tierra, los bosques y la pesca, transformando los derechos tradicionales y consuetudinarios sobre la tierra en títulos privados listos para el mercado”, señalan las organizaciones en una declaración.
Exigen que el Banco Mundial se quede fuera de las tierras de las comunidades. “El Banco Mundial no sólo invierte directamente en proyectos de tierras, sino que también tiene un largo historial promocionando una gestión de los recursos naturales basada en una estrategia de mercado (…) al tiempo que facilita la privatización de los recursos naturales y su concentración en manos de élites y corporaciones con intereses propios”, sostienen.
La política de “reforma agraria asistida por el mercado” del Banco, con su modelo de “comprador dispuesto-vendedor dispuesto” que se impulsó en varios países en desarrollo, “aumentó la desigualdad de la tierra y la pobreza y creó las condiciones para la concentración de la tierra en lugar de su redistribución”.
Más recientemente, el órgano se ha convertido en un promotor de los mercados de carbono y otras medidas de mitigación del cambio climático con un enfoque de mercado. Es un actor importante en la creación de mercados mundiales del carbono a través de numerosos fideicomisos de carbono y mecanismos de financiación.
“Estas medidas pretenden utilizar los territorios de las poblaciones como sumideros de carbono para los grandes contaminadores, permitiendo al mismo tiempo nuevas emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción de los ecosistemas”, afirman.
Las organizaciones hacen un llamado a los Estados para que garanticen que el Banco Mundial se abstenga de influir en las políticas mundiales, regionales y nacionales relativas a la tenencia, la tierra y los territorios, así como al cambio climático y la protección de la biodiversidad.
Además, que reorienten su financiación del Banco Mundial relacionada con la tierra y el cambio climático hacia las “soluciones verdaderas aplicadas por las personas y las comunidades en sus territorios”.
En portada: Participantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida durante protesta en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Febrero, 2023. Foto: Santiago Navarro F
Colectivos, pueblos indígenas y organizaciones sociales se reunieron el pasado sábado (18) en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”, en la Ciudad de México, para llevar a cabo el foro “En medio de la farsa electoral, la guerra capitalista contra los pueblos”.
Las y los presentes compartieron análisis y reflexiones en torno a la violencia y represión que se vive en México, enfatizando que, con la denominada “Cuarta Transformación” (popularmente conocida como 4T), la militarización incrementó contra las comunidades indígenas, especialmente en territorios zapatistas en Chiapas.
“Grupos paramilitares y el crimen organizado operan con toda impunidad como garantes de la imposición no solo de megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos; están al servicio del Estado y el gran capital para llevar a cabo el despojo del territorio, la Madre Tierra y la vida”, aseveraron mediante comunicado firmado por la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
En medio del contexto electoral, las y los particpantes del foro sostuvieron que, el próximo 2 de junio, no está en disputa la democracia, sino el poder económico y político “que busca sostenerse con la militarización, con la impunidad, y con la acumulación de riqueza en las manos un@s cuant@s al servicio de las grandes transnacionales”.
“Las crisis en múltiples niveles del capitalismo y la devastación de la naturaleza están provocando fenómenos nuevos, que no habíamos observado o que no se observaban de manera tan aguda. Nuestro país, nos digan lo que nos digan, de un modo cada vez más creciente está siendo dominado, está siendo controlado por cárteles criminales que, de manera relativamente nueva, están poniendo sus miras en los territorios donde existe mayor concentración de riqueza natural y de agua”, enfatizó Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena.
Foto: Ké Huelga Radio
Por ello, la Asamblea sostuvo que el plan de la 4T es sostener una guerra capitalista contra los pueblos y comunidades indígenas y para denunciarlo, destacaron las agresiones armadas contra comunidades autónomas zapatistas; la intimidación policial contra la comunidad otomí y Diego García, quienes mantienen la toma de la Casa de los Pueblos; así como la violencia contra Pueblos Unidos de la región choluteca, quienes resisten a la operación irregular de un basurero; casos de presos políticos; el encubirmiento militar en el caso Ayotzinapa, entre muchos otros.
Ante las agresiones, miembros de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán pidieron no parar con la difusión de los casos, “de hacer acciones directas para seguir denunciando, visibilizando y arrancándole (al Estado) lo poquito de justicia que podemos seguir recuperando desde nuestras fuerzas como comunidades organizadas”.
Agresiones contra zapatistas
Durante el foro se denunció el incremento de las agresiones armadas contra las comunidades autónomas zapatistas, especialmente las realizadas por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes durante años han atacado impunemente a las Bases de Apoyo del EZLN (BAEZLN), provocando desplazamientos forzados, tortura, desapariciones e intentos de homicidio.
En lo que va del 2024, fueron desplazadas 28 personas BAEZLN de la comunidad La Resistencia. En enero, cuando se registraron las agresiones también fueron destruidas la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas y siembras; además robaron una tienda y otros bienes de la comunidad.
Habitantes de las comunidades de Nuevo San Gregorio han reportado el incremento de las agresiones armadas contra su comunidad autónoma.
En el poblado autónomo de Emiliano Zapata quemaron un potrero de las bases de apoyo. Para febrero, integrantes de la ORCAO atacaron la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, donde registraron más de 100 disparos con arma de fuego de alto calibre.
Ante el incremento de la violencia, denunciaron la agresión armada, ocurrida en mayo del 2023 contra el integrante base de la base de apoyo Jorge López Sántiz, que puso en grave riesgo su vida. También mencionaron el caso del indígena chol, BAEZLN, José Díaz Gómez, quien desde el 25 de noviembre del 2022 es rehén del gobierno de Chiapas, pues se encuentra encarcelado acusado por robo con violencia, “como represalia por su adherencia política zapatista”.
La Asamblea sostiene que, programas sociales como Sembrando Vida, han empoderado a grupos criminales, exacerbando la violencia y el despojo de tierras colectivas. “La guerra integral de desgaste contra la autonomía zapatista, empezada desde hace décadas por los diferentes partidos políticos, ha sido intensificada durante este gobierno de la cuarta simulación”, señalan.
Guerra
De acuerdo a las y los participantes del foro, a través del territorio mexicano existen otros ejemplos de violencia contra los pueblos organizados, como es el caso del hostigamiento a la Comunidad Otomí en CDMX, quienes desde el año 2020 tomaron el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en demanda de vivienda justa y por ello han sido objeto de violentos intentos de desalojo, así como de criminalización.
La Asamblea denuncia la complicidad del director del INPI, Adelfo Regino Montes, y del gobierno de la CDMX en estos ataques.
En Puebla, en la región Choluteca, diversos pueblos resisten desde el pasado 21 de marzo contra la operación de un relleno sanitario, de la empresa ProFaj Hidro Limpieza, mediante protestas y un campamento, pero indican que han recibido represión estatal.
“El gobierno envió un operativo con más de 500 policías y grupos de choque para forzar la entrada de camiones recolectores de basura, policías estatales y municipales dispararon en contra de los habitantes que resisten en las barricadas para impedir la entrada de dichos camiones, y tras muchas horas de represión dirigida hacia el plantón y barricadas, las unidades de policía y guardia nacional, así como los camiones de basura se retiraron”, sostienen mediante comunicado.
Protestas de Pueblos Unidos para exigir la clausura de las operaciones irregulares del relleno sanitario en la Región Choluteca.
La Asamblea denuncia la criminalización de los defensores del territorio, como Miguel López Vega, primer preso político de la 4T y Alejandro Torres Chocolatl, ambos defensores del río Metlapanapa.
Destaca también el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A punto de cumplirse una década y, a pesar de numerosas investigaciones que apuntan como actor clave la participación del ejército mexicano en el crimen, el gobierno continúa negándose a entregar documentos, en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que podrían dar pistas para dar con el paradero de los estudiantes.
La Asamblea resalta que, en el cierre del sexenio de López Obrador la cifra de desaparecidos alcanza la cifra de 116 mil personas, en cuya mayoría de los casos no existen avances en la búsqueda por parte de las autoridades, sino que son las madres y familiares buscadores quienes realizan las investigaciones.
Pese a la negativa del ejército para entregar información y los intentos de división de las autoridades, los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa continúan la lucha.
“Las madres y familiares están en constante riesgo de ataques por grupos criminales, policía, ejército alentados por el desdén con que el ejecutivo federal se refiere a ellas. Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio manchado de la sangre de 7 madres buscadoras que fueron asesinadas por buscar a sus hijos”, acusan.
Las y los participantes del foro también exigieron justicia para las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023 y donde murieron 40 migrantes. Ante ello, denunciaron la violencia sistemática contra las personas en movilidad, pues solo en 2023, durante su paso por México fueron detenidos 782 mil 176 migrantes, un récord histórico de personas que muchas veces son víctimas de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes los extorsionan o entregan a grupos del crimen organizado.
Los periodistas y defensores de derechos humanos también fueron mencionados por las agresiones en su contra. México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para el periodismo, con 56 periodistas asesinados en el último sexenio, que han ocurrido en medio de la legitimación de la violencia desde la presidencia contra quienes muestran una postura crítica hacia el gobierno y sus nexos criminales.
Por último, reconocieron la lucha de las y los presos políticos con casos como los defensores del territorio de San Juan Cancuc, Saúl Rosales Meléndez, los presos de Eloxochitlán, así como el caso de criminalización contra Karla y Magda de la Okupa Cuba.
Las inundaciones en Rio Grande do Sul provocaron cientos de muertes, desaparecidos y pérdidas millonarias. Su ubicación geográfica, el avance del agronegocio y las mega represas lo hacen más vulnerable frente al cambio climático. La política pública que prioriza la rentabilidad del monocultivo provoca deforestación, pérdida de biodiversidad y menor absorción en los suelos.
Foto: Nelson Almeida / AFP
Más de 140 personas muertas, otras cientas desaparecidas, municipios evacuados y el 80 por ciento del estado de Río Grande do Sul bajo las aguas. La inundación en el sur de Brasil es considerada la mayor en la historia del país. Esa región —donde domina el agronegocio con el monocultivo de soja— ya sufrió en el último año tres inundaciones y un ciclón, luego de tres años de sequías. ¿Cuáles son las causas de este desastre? Leonardo Melgarejo, activista e ingeniero agrónomo, responde desde Porto Alegre: "Hay una prioridad del punto de vista económico en relación a las políticas ambientales".
Rio Grande do Sul está conformado por 497 municipios, de los cuales 388 están padeciendo las consecuencias del temporal que comenzó el pasado 29 de abril. Debido a las lluvias que desbordaron el río Guaíba, más de dos millones de personas están afectadas en forma directa por las inundaciones o por la falta de energía, abrigo o agua.
El Movimiento Sin Tierra (MST) denuncia que "no hay manera de separar la tragedia ambiental de la cuestión agraria brasileña". Y manifiesta que no es posible luchar en defensa de la naturaleza "sin hablar de reforma agraria, de la derogación del marco temporal (una legislación sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas), el reconocimiento y regularización de las tierras de los pueblos y comunidades tradicionales". Alegan: "No hay posibilidad de una alternativa sin comenzar por señalar a los verdaderos culpables de la crisis climática".
Foto: Anselmo Cunha / AFP
La organización campesina organiza actividades solidarias para contribuir con la región. Mientras, ve cómo sus cultivos de arroz se pierden por el desastre: más de diez toneladas de arroz agroecológico está en riesgo.
El Instituto de Defensa de los Consumidores, que integra el Observatorio del Clima de Brasil, cuestiona que aún se niegan "las evidencias científicas", que se tilda a los defensores ambientales de "alarmismo" y que "la defensa del medio ambiente impide el avance económico". "Todo esto es producido por el accionar de las empresas, por la deforestación y por los gobiernos que flexibilizan leyes que destruyen nuestro país y nuestro planeta", sentencia sobre las inundaciones.
Deforestación, calentamiento del planeta y suelos que no absorben
Lo que ocurre en Brasil no es una sorpresa. En 2023 hubo precipitaciones por encima de lo normal (entre el 40 por ciento y el 50 por ciento más) en el sur y el sureste de Brasil. El reciente informe del "Estado del clima en América Latina y el Caribe 2023", de la Organización Meteorológica Mundial, señala la existencia de lluvias intensas concentradas en pocos días. Explica que esto se debe al fenómeno llamada La Niña, que tuvo lugar en el primer semestre del año pasado, y El Niño, ocurrido durante el segundo semestre del año.
En junio pasado, la misma región estuvo afectada por lluvias torrenciales que desencadenaron un ciclón extratropical, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. Tres meses después, en septiembre, otra creciente provocó al menos 48 víctimas fatales, el desplazamiento de 21.000 personas y que casi 5.000 quedaran sin hogar. En tanto, los tres años anteriores habían sido de una grave sequía.
Foto: Anselmo Cunha / AFP
El estado de Rio Grande do Sul es uno de los mayores productores de cereales del país. Además, la zona cuenta con la mayor red hidrográfica brasileña. Respecto a esto último, Melgarejo considera: “Es un premio de la naturaleza que, por ser mal aprovechado, se transforma en una condición de horror. Difícilmente sufriríamos dramas de este tipo, pero con el aumento de la temperatura del planeta nuestra posición geográfica se convirtió en lugar donde ahora sobra agua, mientras que en el futuro podemos experimentar sequías”.
La organización World Wide Fund for Nature (WWF) indica que el aumento de las represas en la Amazonía "amenaza el flujo natural de sus ríos y altera los ciclos naturales". Melgarejo, en una entrevista realizada por el Grupo de Mujeres Brasileñas, agregó: "Cuando vemos imágenes de las regiones antiguas del planeta, con ríos sinuosos llenos de curvas, indican que la sabiduría de la naturaleza ha establecido mecanismos que reducen la velocidad de circulación de las aguas. Las represas vienen haciendo el servicio contrario, generando inestabilidad en esos mecanismos. La fuerza de la velocidad del agua se agrava por el hecho de que los suelos están impermeabilizados porque las barreras biológicas fueron interrumpidas".
A principios de abril, el Código Forestal del estado fue modificado y el gobernador Eduardo Leite sancionó una ley que flexibiliza el uso de represas en áreas de preservación permanente. "El escenario es complejo, pero si además se flexibilizan la legislación ambiental y las normas que exigen cuidados en las zonas costeras, las consecuencias son escenas como las que estamos viendo", comentó al respecto Suely Aráujo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima de Brasil, en una entrevista brindada a The Intercept.
Por otro lado, Rio Grande do Sul se encuentra en el punto de confluencia de frentes fríos que llegan desde el sur del planeta y frentes cálidos que descienden del norte. Los "ríos voladores" de la Amazonía transportan la humedad y conducen por aire el agua acumulada en la atmósfera en esa zona. Pero ese proceso también se ve afectado por el aumento de la temperatura del planeta y por la deforestación.
A la acumulación de agua se suma que el suelo perdió sus capacidades de absorción. "La naturaleza determina una multiplicidad de organismos que se superponen y forman una red de protección de la vida. Cuando sustituimos esa red por cultivos, que producen rentabilidad; cuando sustituimos la biodiversidad por campos de soja, estamos provocando un proceso de degradación ambiental que genera a su vez un proceso invisible que afecta la posibilidad de absorción del suelo", señala.
La bancada ruralista y las inundaciones en Brasil
Melgarejo apunta: "Rio Grande do Sul viene siendo gobernado por personas capturadas por intereses económicos, con una visión de corto plazo que está desarticulando la legislación ambiental y provocando la desmoralización de la alertas con relación a estas preocupaciones. Las administraciones negacionistas nos trajeron a este punto".
Buena parte de los parlamentarios oriundos de ese estado integran la bancada ruralista en el Congreso Federal, conocida como la “bancada del buey”. Esos legisladores trabajan “día y noche para destruir la legislación ambiental”, denuncia Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima.
Durante su gestión como ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles tomó medidas para flexibilizar los delitos ambientales de la agroindustria. En 2019, el actual gobernador Eduardo Leite (del conservador Partido de la Social Democracia Brasileña) propuso modificaciones al Código Ambiental. Los mismos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa del estado sin debate y de forma exprés. Dichos cambios desarticularon la protección ambiental frente a intereses inmobiliarios.
En 2021, el Congreso Nacional aprobó una ley que da a los municipios la posibilidad de regular las zonas de restricción a la vera de los ríos, lagos y lagunas en sus límites urbanos. "Esto fue un gran retroceso, porque en los municipios la presión inmobiliaria es enorme, e implica una tendencia de reducción de las áreas de protección", explica Aráujo.
Actualmente, se está discutiendo en el Congreso Federal un nuevo “paquete de Destrucción” que amenaza derechos socioambientales e indígenas. El mismo contiene 25 proyectos de ley y tres enmiendas constitucionales con altas probabilidades de avance inmediato, alertan desde el Observatorio del Clima. Las iniciativas versan sobre la reducción de protección ambiental de monte nativo (poniendo en peligro 48 millones de hectáreas) para su uso con fines agrícolas y mineros; sobre la reducción de la reserva legal en la Amazonía; y sobre la flexibilización de actividades agrícolas y mineras en tierras indígenas.
En Argentina, la Fundación Barbechando —lobbista del agronegocio en el Congreso— está construyendo una bancada a semejanza de la brasileña. Allí ya se encuentran 22 legisladores del Pro, el peronismo, el radicalismo y la La Libertad Avanza.
