En portada: Campesinos del Bajo Aguán se manifiestan en la capital Tegucipalpa debido a un incremento en los ataques contra el movimiento campesino. Foto: ContraCorriente.
La región del Bajo Aguán, norte de Honduras, vive una crisis de violencia exacerbada. Ante ello, miembros de cooperativas agropecuarias y empresas asociativas campesinas, organizadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), protestaron este martes (3) frente al Ministerio Público (MP), en Tegucigalpa, para denunciar la impunidad de grupos armados que operan en la zona.
La violencia reciente se refleja en casos como el asesinato de Josué Esaú Aguilar Cárcamo, de 22 años, hijo de Guadalupe Cárcamo, socia de la empresa campesina Gregorio Chávez, de la comunidad de Panamá. El sábado 31 de mayo, alrededor de las 6:30 de la tarde, Josué fue acribillado por hombres armados mientras viajaba en motocicleta en la comunidad vecina de Rigores.
Josué Esaú Aguilar Cárcamo.
Otro suceso violento es el acontecido contra Hipólito Hernández, exsocio de la Cooperativa El Chile, quien murió tras un tiroteo durante la madrugada del viernes 30 de mayo, en la finca Pasó Aguán, un territorio que habitantes de comunidades como Panamá y Rigores han denunciado es controlado por grupos armados irregulares desde hace más de una década.
Los testimonios aluden ataques e intimidaciones por parte del grupo criminal “Los Cachos” quienes serían responsables también de desplazamientos forzosos y extorsiones, así como por el asesinato de miembros y dirigentes campesinos como Hipólito Rivas y su hijo, Luis Hernández; Suyapa Guillén, Juan Moncada, y a su vez, señalados por participar en los hechos de violencia recientes.
“Exigimos la pronta investigación de los asesinatos y la intervención en las zonas donde operan estos grupos criminales, donde las autoridades tienen pleno conocimiento del modo en que operan estos grupos criminales que mantienen el terror en las comunidades”, señala un comunicado de la Plataforma Agraria que acompañó la protesta de este martes (3).
Durante el gobierno de Xiomara Castro, a partir del año 2022, se han registrado al menos 15 asesinatos de campesinos, cuatro de ellos en 2025. Esto pese a que, desde febrero del 2022, el gobierno hondureño firmó un acuerdo con el movimiento campesino para buscar una solución a los conflictos en el Bajo Aguán, el cual hasta ahora ha sido infructuoso, pues campesinos señalan la influencia de agroindustriales para entorpecer los trabajos.
Con más de 200 muertes en tres décadas debido a conflictos por recuperación de tierras campesinas, las organizaciones exigen la intervención del gobierno de Xiomara Castro y denuncian la complicidad de sectores agroindustriales que, según sus testimonios, alimentan el ciclo de violencia.
La sombra de la Corporación Dinant
Las denuncias de la Plataforma Agraria no sólo se centran en los grupos criminales, sino también en su presunta conexión con el sector agroindustrial, en particular con la Corporación Dinant. “La promoción de grupos armados irregulares por los compradores de fruta es un patrón frecuentemente observado”, sostiene el movimiento campesino quien también demanda una investigación sobre éstos nexos delincuenciales.
La sede regional del Aguán de la empresa agroindustrial Dinant, y su planta extractora de aceite de palma, colinda con la comunidad Quebrada de Arena y la Cooperativa El Chile, por lo que testigos afirman que Dinant habría facilitado recursos logísticos a “Los Cachos”, incluyendo el uso de instalaciones como refugio para sicarios y el transporte de armas.
Por ello, este martes (3), Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, informó sobre la existencia de denuncias en el MP contra Miguel Mauricio de la Soledad Facussé, jefe ejecutivo de la Corporación Dinant; Elvin Gabriel Martínez Echeverría, jefe de seguridad de la empresa; así como contra Juan Carlos Lizama, a quien acusan, junto a Pedro Flores y Mileni Lizama, por actuar como líderes del grupo delictivo “Los Cachos”.
De acuerdo a la Plataforma, los acusados coordinan las acciones de un grupo armado de aproximadamente 20 a 30 personas y tienen antecedentes penales por crímenes como asesinato, venta de narcóticos y posesion ilegal de armas. Todos fueron formalmente acusados de desplazamiento forzoso y portación ilegal de armas en audiencias concluidas los días 14 y 15 de mayo, en la cual se dictaron las medidas de prisión preventiva. Pese a ello, acusan que el juzgado resolvió sobreseimiento provisional por el crimen de asociación para delinquir. Acorde a denuncia de Rivas, a pesar de encontrarse en prisión, Lizama continúa coordinando la estructura criminal que ataca al movimiento campesino.
Durante los últimos cuatro años, las cooperativas campesinas Los Camarones, Tranvío y El Chile, miembros de la Plataforma, han sido víctimas de constantes ataques violentos por parte del grupo criminal “Los Cachos”. La violencia se intensificó el 24 de diciembre de 2024, cuando un ataque armado desplazó a 160 familias de la Cooperativa Los Camarones, quienes aún no han regresado a sus tierras.
Ataque contra Cooperativa Tranvío.
El 27 de enero, las cooperativas Tranvío y El Chile fueron desplazadas, pero pudieron regresar debido a la presencia policial después de sufrir ataques con armas de alto calibre, resultando en lesiones. Un socio de la Cooperativa Tranvío fue secuestrado y gravemente herido antes de ser rescatado.
Los ataques continuaron del 27 de enero al 1 de febrero, interrumpidos parcialmente por la presencia policial. Las fuerzas policiales también fueron atacadas y lesionadas. “Los Cachos”, acusa el movimiento campesino, “han impuesto un clima de miedo en la zona, afectando a cientos de personas, incluidos niños que sufren secuelas traumáticas. Durante más de diez años, la banda ha controlado la comunidad Quebrada de Arena en Tocoa, sembrando terror y cooptando a algunos vecinos. Decenas de familias originarias de Quebrada de Arena, socios de las cooperativas, han sufrido persecución y amenazas, obligándolas a desplazarse”. Entre ellos, Alexander Pérez, de 18 años y socio de la Cooperativa El Chile, fue asesinado el 29 de marzo bajo un contexto de fuertes amenazas.
También, el dia 13 de mayo fue asesinado Douglas Alexander Pereira, socio de la Empresa Asociativa Campesina Mártires de Tumbador, “cuyas tierras la misma empresa Dinant pretende despojar”, sostiene la Plataforma. El mismo día el hijastro del tesorero de la Coordinación de la Plataforma Agraria también fue asesinado, por lo que el movimiento campesino exige una pronta investigación de estos asesinatos.
El 24 de mayo, la Plataforma denunció que durante muchos años los residentes de la zona han observado una estrecha relación entre los Cachos y la empresa Dinant, “a tal extremo que cuando Dinant mantenía despojado las tierras de la Cooperativa Camarones y la Cooperativa Tranvío, Dinant entregó a Los Cachos la administración de áreas baldíos de las fincas para el pasteo de ganadería. Prestar terrenos a ganaderos armados para así mantener la posesión de tierras en disputa es una táctica ampliamente utilizada por agroindustriales en varios países de las Américas”, acusó el movimiento campesino mediante comunicado.
“Durante décadas, los grupos armados pagados por agroindustriales han desplazado a cooperativas de reforma agraria, acompañados de campañas de desinformación que presentan los hechos como simples enfrentamientos entre campesinos”, denuncia la Plataforma.
En portada: Mineros trabajan en un punto de extracción de oro ilegal en Itaituba, estado de Pará,en la Amazonia brasileña. Foto: Lucas Landau
La deforestación de bosques primarios y la contaminación de ríos por minería ilegal de oro se expande en la Amazonía, en zonas de frontera de Ecuador, Colombia, Brasil y el Perú. A la vez, se registra una correlación entre la actividad formal e informal en territorios transfronterizos.
En el noroeste de la Amazonía, crece la contaminación de ríos por la minería aurífera de aluvión en la triple frontera entre Colombia, Brasil y el Perú, advierte un estudio del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
El impacto grave se registra en las cuencas del Puré, Cotuhé, Caquetá, Amazonas, Apaporis y Putumayo, en territorio colombiano; en los ríos Napo, Curaray, Putumayo, Yaguas, Nanay y Mazán, en el Perú; y en el Puruí y Japurá, en suelo brasileño.
Esta actividad minera no causa deforestación, pero daña directamente los caudales y la biodiversidad al emplear dragas y mercurio. La contaminación por este mineral se propaga en los alimentos y pone en peligro la salud de las poblaciones amazónicas.
En Colombia la zona más afectada por el mercurio es la cuenca del río Caquetá. Foto: Radio Macondo FM.Minería ilegal en Ecuador. Foto: Amazon Frontlines.
Pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los yurí-passé, altamente vulnerables, corren riesgo por los vertidos en el Parque Nacional Natural Río Puré, en el sureste de la Amazonía colombiana.
En esta zona, la mayoría de la actividad minera por aluvión se registra en la frontera con Brasil. En noviembre de 2024, a través de imágenes satelitales, se detectaron 29 dragas en el curso del río Puré, mientras que en marzo y abril de este año se hallaron 27 dragas.
A su vez, la actividad se expande en el río Cotuhé, que pasa por el Resguardo Indígena Cotuhé Putumayo y limita con el Parque Nacional Natural Amacayacu, en el Trapecio Amazónico Colombiano, en las fronteras con Perú y Brasil.
Los monitoreos encuentran una correlación entre la entrega de concesiones mineras formales en áreas transfronterizas y el crecimiento de minería ilegal. En Colombia se observan balsas mineras clandestinas que ingresan a áreas protegidas, provenientes de zonas de Brasil donde se registran licitaciones mineras legales. La crisis de la minería ilegal en la Amazonía no es abordada por los gobiernos desde la fiscalización de la economía legal, mientras la mayor parte del oro exportado desde la Amazonía a los mercados globales proviene de la minería ilegal.
Ecuador en estado de emergencia
De otro lado, al norte de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos, crece la extracción aurífera ilícita alrededor de la reserva ecológica Cofán Bermejo, poniendo en peligro seis territorios ancestrales de etnias shuar y kichwa, indica un reciente informe del MAAP.
En esta provincia, cerca de la frontera con Colombia, a lo largo de la transición con la Cordillera de los Andes, desde el 2020 se registra un rápido incrementode actividad minera en áreas de amortiguamiento, importantes para la conservación de la biodiversidad amazónica, como el Bosque Protector El Bermejo y el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Cascales (ACU Cascales).
Minería en zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Cofán Bermejo. Se aprecia maquinaria en el bosque, muy cerca del río.
En esta última se encuentra la mayor superficie deforestada por organizaciones criminales que operan en territorio fronterizo.
El impacto ambiental se agrava en el país, donde entre 2002 y 2024 se perdió un total de 262,000 hectáreas de bosques primarios y el 5,6% de su cobertura arbórea, de acuerdo a Global Forest Watch (GFW).
La suma de superficie boscosa afectada por minería informal hasta finales del año pasado en Ecuador es de aproximadamente 754 hectáreas. El mayor aumento fue en 2024, con una expansión de 189 hectáreas.
A la par del crimen organizado, los territorios son vulnerados por los gobiernos. Al sur de la Amazonía ecuatoriana, recientemente se aprobó una nueva licencia ambiental para la etapa de exploración del proyecto Panantza. La Corte Constitucional anuló en 2022 un primer permiso, debido a que la licitación se ubica en áreas indígenas y no se realizó consulta previa.
El precio del oro y la seguridad nacional
La violencia por la minería ilegal en Ecuador llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declarar conflicto armado interno y estados de excepción. En mayo, una emboscada atribuida a organizaciones criminales dejó once militares muertos.
Bandas locales y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del lado colombiano, se disputan zonas auríferas como Alto Punino, Yutzupino, El Chical y Camilo Ponce Enríquez. Solo en Alto Punino se han perdido 1,500 hectáreas de selva desde 2019, según el MAAP.
La minería ilegal permite la expansión de otras economías ilícitas, haciendo del oro una fuente de financiamiento para grupos armados.
En Colombia, la extracción de oro de aluvión es controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Más del 70 % de esta minería es ilegal, afectando 63,000 hectáreas, principalmente en los departamentos de Chocó, Antioquia y Nariño.
En términos monetarios, este tipo de minería puede extraer hasta tres kilogramos de oro por mes, lo que equivale a unos 275,000 dólares.
El crecimiento de la extracción de oro en Sudamérica, motivado por el alza de su precio en el mercado global, es una amenaza para las comunidades ancestrales amazónicas. En esa línea, el MAAP localizó el 68% de la deforestación por minería en Ecuador en tierras de comunidades indígenas.
En 2008, la onza de oro se cotizaba en alrededor de 812 dólares. Para 2024 se incrementó en más de 200%, alcanzando los 2,514 dólares. Las políticas arancelarias recientes y las compras de bancos centrales impulsan aún más la demanda. Así, este año el precio del mineral llegó a nuevos máximos de 3,000 dólares por onza, en una suerte de nueva fiebre del oro. La violencia y la destrucción en la Amazonía siguen su curso creciente a la par del valor del oro para la economía mundial.
La biblioteca Henestrosa fue el espacio donde este viernes 30 de mayo a partir de las 6 de la tarde, dio inicio la Jornada de Solidaridad con el pueblo Palestino, que culminará el próximo 26 de julio. Organizada por el Colectivo Oaxaca en Solidaridad con Palestina, esta jornada de actividades ha sido planeada para “alzar la voz frente a una de las mayores tragedias de nuestro tiempo: el genocidio y el despojo de décadas que vive y resiste el pueblo palestino en manos del sionismo y el fascismo”, expresaron en su comunicado las y los integrantes de dicha colectividad.
Apenas caía la tarde del sábado 30 de mayo al interior de la biblioteca Henestrosa, cuando su inmenso patio comenzaba a concurrirse con la presencia de un público diverso, que llegaba principalmente por dos motivos: informarse y apoyar la causa de alto al genocidio estadounidense-israelí contra una población de 2.3 millones de palestinos y palestinas en Gaza.
Al costado derecho de la biblioteca, sobre los muros de una de sus salas el público admiraba y fotografiaba las decenas de carteles pro Palestina libre: una mamá explicándole con entusiasmo la composición de un cartel a su pequeño; un señor de la tercera edad tomándole fotos, con cierta dificultad, a uno de los carteles ubicado en la parte superior de la exposición; una pareja de jóvenes tomados de la mano admirando con total concentración las obras, fueron algunas de las escenas de ternura sincronizadas con la calurosa energía del espacio.
De pronto, una joven irrumpió el murmullo colectivo para hacer un llamado de atención a la conferencia de prensa que dio inicio con la lectura de un posicionamiento redactado por el colectivo organizador: “somos un esfuerzo colectivo, autónomo e independiente de cualquier partido político, organismo no gubernamental, empresa privada u organización formal”.
Desde la formación de esta red en mayo del 2024, las y los integrantes han alzado la voz “frente a una de las mayores tragedias de nuestro tiempo: el genocidio y el despojo de décadas que vive y resiste el pueblo palestino en manos del sionismo y el fascismo”, compartieron en su comunicado. También, han organizado más de una veintena de actividades (presenciales y virtuales) como: la recaudación de fondos para el comedor comunitario Gaza Soup Kitchen y la recolección de firmas para exigir al gobierno mexicano que corte relaciones con el gobierno de Israel.
Fotos: Santiago Navarro F
En torno a Gaza Soup Kitchen, Charlynne Curiel docente universitaria de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), comparte en entrevista para Avispa Mídia que “es uno de los pocos proyectos a los que se les puede enviar dinero para que puedan comprar y gestionar alimentación, que es una gota en un mar, pero es algo, entonces, desde que inicio Oaxaca con Palestina enviamos lo poco que podemos recaudar a este proyecto”.
Así mismo, la profesora y activista puntualiza que “desde el 7 de octubre del 2023 [cuando inició el genocidio actual] el gobierno de Netanyahu decidió entorpecer el aprovisionamiento de alimentos, de electricidad, de agua, de gasolina, de medicamentos y en los últimos tres meses, es decir, desde el 6 de marzo se cerraron todas las fronteras a la ayuda humanitaria, entonces la gente está en riesgo de inanición: se están muriendo de hambre”, declaró.
Para el día en que dio inicio esta Jornada solidaria, es decir el 30 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que Gaza se ha convertido “en el lugar con más hambre del planeta y donde el 100% de la gente está en riesgo de hambruna”, una crisis posible debido al bloqueo de ayuda humanitaria referido por Curiel.
En el arranque de esta jornada, pocas personas se animaron a compartir su opinión en el micrófono, no obstante, fue muy emotiva la participación de un abuelo que se puso de pie para dirigirse a la juventud presente y decirles: “¡están del lado correcto de la historia!”.
Rato después al término de la conferencia, una joven dio lectura a un conmovedor texto donde rememora que: “en 1946 Palestina fue ocupada, sobre ella instalaron lo que hoy denominan Israel que desde entonces ha fungido como colonia de los Estados Unidos para el control geopolítico de Oriente Medio, eso con la ayuda y financiamiento de Europa, a esta invasión se le conoce en árabe como la “nakba” (catástrofe)”.
Luego, continuó con un llamado a la empatía lanzando líneas que decían algo así: “imagina buscar una y otra vez a tus familiares bajo tierra porque el misil hecho en Estados Unidos cayó justo ahí donde se refugiaban, sólo encuentras partes de sus cuerpos y aullando de dolor recoges de los escombros un pie, una mano, una cabeza” … para culminar diciendo: “Y si aún con tu último aliento intentas defenderte o sobrevivir, te dirán terrorista”.
En un inconsciente intento por contener las emociones generadas en torno a la lectura ya mencionada, tocó la participación de un joven conocido en la escena local como “Flores” que –entre otras cosas—se dedica a componer e interpretar corridos contra el Poder y la tiranía. En compañía de su guitarra y con la animada actitud que lo caracterizan, Flores interpretó poco menos de diez temas entre los que se encontró el ya afamado entre las colectividades en rebeldía Demolición, canción con la que Los Saicos –una agrupación punk peruana— puso a bailar a toda una generación a finales de los sesentas.
Boicot
Detrás de ese escenario ya animado con la música de este joven al que es imposible definir en un género musical específico, Eugenia Islas, integrante del Colectivo organizador, comunicóloga y maestrante de Acción Social en Oaxaca, accedía a una entrevista para Avispa Mídia. Al preguntarle sobre qué acciones serían necesarias para frenar de manera efectiva el genocidio, ella apunta hacia el boicot: “si todos los pueblos del mundo nos organizáramos y boicoteáramos y exigiéramos romper relaciones con Israel, Israel estaría aislado, tendría este castigo internacional de aislamiento”.
La estudiante Islas complementa argumentando que, “hay una organización que se llama BDS [Boicot, Desinversión y Sanciones] y en todo el planeta promueve el boicot económico, que las personas no consumamos productos que vienen de Estados Unidos o Israel. El boicot, la desinversión, las sanciones: Israel no puede tener toda esa tecnología de punta para bombardear a todo un pueblo y que nadie haga nada”.
De acuerdo con el movimiento BDS, algunas de las marcas y empresas en complicidad con Israel que operan en México son: HP, Disney, DELL, Amazon, Google, HSBC, Coca-cola, Domino´s, Burger King y Airbnb, entre muchas más.
En la misma sintonía que Eugenia, la profesora Charlynne Curiel –quien también accedió a una entrevista—señala a la economía como una pieza central en la vitalidad del Estado israelí, una economía vinculada a la industria bélica: “los intereses del capital son muy poderosos de lo que nos estamos dando cuenta después de esto es que la complicidad que Occidente ha tenido con Israel ha tenido una estructura de dominación y de poder y de intereses donde el sionismo está detrás de todo: del cine, del arte, la educación, el petróleo, el agua, el gas, de la industria armamentista”.
Foto: Santiago Navarro F
Charlynne agrega que “además porque estamos en un momento de la historia en que se están organizando las fuerzas neofascistas, que implican o tienen en su entraña una agenda bélica, armamentista, le están apostando a la venta de armas y mientras haya guerra ellos ganan”.
Respecto a esta necesidad de cortar todo tipo de relación con Israel, encontramos la iniciativa ciudadana de recolección de firmas para exigir el rompimiento del gobierno de México con Israel, acción que surge en Guadalajara y que posteriormente retoman en otras ciudades como es el caso de Oaxaca, donde el Colectivo está trabajando duro para juntar las 130 mil firmas requeridas.
En Opinión de Charlynne: “Es una iniciativa ciudadana, es un acto simbólico, es un acto político, no sabemos lo que va a pasar porque la presidenta Claudia Sheimbaun ha tenido una posición muy tibia respecto al genocidio pero es importante que sepa que un porcentaje de la población estamos reprobando lo que está pasando, que reprobamos que nuestra representante mantenga relaciones con un gobierno criminal y genocida como el de Israel”.
¿Mañana quién?
Otro punto en común que Curiel e Islas sostienen es que Palestina es un experimento de Estados Unidos y Europa, para después continuar con una lógica expansionista sobre aquellos pueblos del mundo cuyo nivel de devastación dependerá de los recursos naturales que posean: “Los occidentales van por todo, Estados Unidos e Inglaterra están pensado en Jordania, en Siria, en Irán, en Líbano, es la expansión hacía el mundo árabe, es la expansión hacía esos territorios que tienen gas, que tienen una ruta comercial, es una zona que ha sido muy codiciada por Occidente. Palestina es sólo la puerta para empezar a ir por todo y siempre fue esa la idea del Estado de Israel”, comparte Charlynne.
La joven que rato antes leía ese desgarrador llamado a la empatía, era Eugenia quien en uno de los fragmentos compartió: “Palestina hoy: ¿mañana quién?”, una polémica pregunta que genera temor al hacernos pensar que el próximo blanco podría ser México. Fernando Isaí quien también integra el Colectivo, compartió durante el comunicado de prensa que en las geografías mexico-sureñas, las personas viven un desplazamiento forzado –al igual que en Gaza—, pues no van al Norte Global porque así lo quieran sino porque hay condiciones económicas que las arrojan a esa alternativa.
Otra similitud de despojo que las y los integrantes del Colectivo ubican entre México y el territorio palestino, es el saqueo y control de recursos naturales: “en Oaxaca está la crisis del agua y allá en Gaza se está utilizando el acceso al agua como arma de guerra, entonces, empezar a normalizar las cosas que están pasando allá va a ser que a nosotros también nos empiecen a aplicar esto: el agua como un arma de guerra y lo vamos a ver muy normal y entonces la dignidad planetaria va a ser algo muy fácil de controlar”. Ante ello, Isaí afirma: “hasta que Palestina sea libre lo serán todos los pueblos del mundo”.
Fotos: Santiago Navarro F
La Jornada solidaria Oaxaca con Palestina tendrá una duración de dos meses, culminando el 26 de julio, tiempo en que se realizarán diariamente diversas actividades artísticas, políticas y culturales tales como talleres, mesas de diálogo, cine-debates y la recolección de firmas entre otras de carácter público.
En un informe titulado “Los muertos en Gaza por la ofensiva israelí superan los 54.000” y publicado en el sitio web de la ONU, el pasado martes 27 de mayo se informó –con base en el Ministerio de Sanidad gazatí— que “más de 54.000 personas han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023”, esto sin que haya un cese en los desplazamientos masivos pues “desde el 18 de marzo, cuando terminó el alto el fuego, al menos 616.000 personas se han visto forzadas a huir, 180.000 de ellas solo entre el 15 y el 25 de mayo”.
Es una decisión individual querer mirar o no a la devastación actual, pero es una obligación colectiva plantearnos aquella pregunta contenida en uno de los textos leídos durante el inicio de la Jornada solidaria: “Palestina hoy: ¿mañana quién?”
"¡Fuera Wildlife Works del territorio Ka'apor! ¡El mercado de carbono es una falsa solución ambiental!" se lee en la pancarta de jóvenes Ka'apor.
En portada: “¡Fuera Wildlife Works del territorio Ka'apor! ¡El mercado de carbono es una falsa solución ambiental!” se lee en la pancarta que sostienen jóvenes Ka’apor.
Indígenas del pueblo Ka’apor, estado de Maranhão, norte de Brasil, han denunciado la presencia de la empresa estadounidense Wildlife Works y la ONG Forest Trends en su territorio con la pretensión de imponer un proyecto para la generación de créditos de carbono. Según testimonios del pueblo indígena, reportes de organizaciones ambientalistas y periodísticos, las actividades de estas empresas están generando conflictos internos en la Tierra Indígena (TI) Alto Turiaçú.
Desde el año 2023 Wildlife Works y Forest Trends buscan implementar en el noroeste de Maranhão un proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), estrategia encaminada a la generación de créditos de carbono y vinculado a las ideas de “neutralidad y compensación de carbono” que organizaciones y pueblos a nivel global han denunciado como falsas soluciones a la crisis climática.
Tuxa Ta Pame, un Consejo de gobierno Ka’apor creado en el año 2013, denuncia que el proyecto de la empresa norteamericana “líder global en desarrollo de proyectos REDD”, pretende abarcar una extensión de 531,000 hectáreas de selva amazónica para generar los créditos de carbono a través del mecanismo promovido por la ONU, empresas trasnacionales y ONGs conservacionistas.
Guerreros Ka'apor atan a madereros durante una expedición en la selva para buscarlos y expulsarlos del territorio indígena de Alto Turiaçu. Foto: Lunae ParrachoGuerreros Ka'apor durante una expedición a la selva para buscar y expulsar a los madereros del territorio indio del Alto Turiaçu. Foto: Lunae ParrachoUn guerrero Ka'apor junto a un camión maderero en llamas. Foto: Lunae Parracho
Mientras tanto, el pueblo Ka’apor mantiene la defensa contra la deforestación en la selva del Alto Turiaçú donde la protegen activamente contra amenazas que van desde cazadores furtivos, ganaderos y empresas madereras y mineras. Ahora, denuncian que las pretensiones de las empresas norteamericanas generan divisiones internas debido a que han mantenido reuniones secretas con algunos miembros de su pueblo, llegando incluso a firmar acuerdos sin la representación ni consulta a toda la comunidad indígena.
División
Un informe de la organización Salva la Selva asevera que, de acuerdo a testimonios de dirigentes de Tuxa Ta Pame, los dos grupos norteamericanos mantienen reuniones desde principios de año con representantes de la Asociación Ka'apor Ta Hury del río Gurupi, los cuales están a favor del proyecto. “Las reuniones se celebraron en la ciudad de Zé Doca, donde tiene su sede la asociación. Según los dirigentes de Tuxa Ta Pame, Wildlife Works y Forest Trends nunca les invitaron a participar en las reuniones”, complementa.
Entre otros señalamientos, recalcan que la empresa norteamericana ha recurrido a otros pueblos, como el Tembé, que habita las tierras Alto Río Guamá y Turé-Mariquita en el estado de Pará, fronterizo con Maranhão, para que le acompañen a celebrar reuniones con comunidades Ka’apor. Según las denuncias, los grupos norteamericanos han ofrecido cuantiosas sumas de dinero a los miembros del pueblo Ka’apor con quienes se reunen, sin embargo, no han presentado los detalles del proyecto a los líderes de Tuxa Ta Pame.
Consejo Tuxa Ta Pame del Territorio Indígena Alto Turiaçu en la Amazonía brasileñaIthau Ka'apor hablando en una reunión sobre el problema de los mercados de carbono. Imagen: World Rainforest Movement
Un reportaje del medio The Intercept Brasil confirma estas acusaciones al presentar la entrevista con el cacique Iracadju Ka’apor, presidente de la Asociación Ka’apor Ta Hury, quien compartió que el contrato con Wildlife Works se propone para una duración de 10 años, con una donación inicial de poco más de 70 mil dólares, “para llevar a cabo la vigilancia y protección del territorio por parte de los indígenas”.
Adicionalmente, la empresa norteamericana prometió ingresos por más de 350 mil dólares, mensuales, derivados por la venta de los créditos de carbono, los cuales prometió serán destinados para inversión en salud, educación y protección del territorio indigena. No obstante, remarca el reporte, “ni la Asociación, ni la empresa, ni la ONG facilitaron más detalles sobre el proyecto”.
Acusaciones contra Wildlife Works
La empresa norteamericana Wildlife Works enfrenta denuncias por violaciones a derechos humanos en algunos países donde tiene presencia. Tal es el caso en Kenia, donde empleados de la empresa han sido acusados de cometer abusos sexuales dentro de las actividades del proyecto REDD+ del Corredor de Kasigau, al sureste del país africano.
Una investigación realizada por SOMO y la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) revela que Wildlife Works, en contradicción con su imagen social y ética, es responsable de graves violaciones de derechos humanos en el proyecto Kasigau, el cual genera créditos de carbono que vende, entre otros, a clientes como Microsoft, Netflix, McKinsey y Shell.
Ahora, en la Amazonía, yacen señalamientos de conducta ilegal por parte de Wildlife Works, quien pese a no contar con registro legal en Brasi, ha firmado un memorando de entendimiento con la Asociación Ka’apor Ta Hury, lo que de acuerdo a la legislación del país sudamericano restringiría sus operaciones en esos territorios.
En contraste, Itahu Ka'apor, miembro de los Tuxa Ta Pame, asevera que para los Ka'apor, sus relaciones no se basan en el intercambio monetario, sino en un sentido de colectividad, ancestralidad, autonomía y reciprocidad entre los seres humanos y los demás seres vivos presentes en el territorio, por lo que mantendrán la resistencia contra el proyecto REDD+ y su intención de mercantilizar la naturaleza.
En portada: Habitantes de la cooperativa El Bosque se concentraron en la calle a Comasagua, San Salvador, para manifestarse ante órdenes de desalojo para 300 familias.
El pasado 12 de mayo, mientras la comunidad campesina de la Cooperativa El Bosque, en el El Salvador, realizaba una vigilia pacífica como acto de protesta contra una orden de desalojo de sus tierras, un operativo de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y la Policía Militar irrumpió con lujo de violencia. Detuvieron a José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa de estas tierras. Al día siguiente, sin una orden oficial, en la capital de este país, también aprendieron al abogado y defensor ambientalista Alejandro Henríquez. Ambos fueron incomunicados por nueve días.
En entrevista para Avispa Mídia, Dalia Gonzáles, quien al igual que el abogado Henríquez, es parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES) y del Foro del Agua del El Salvador, dijo que la detención del abogado no es un caso aislado, sino que es selectivo por su activismo. “Desde meses atrás venía acompañando a la comunida El Bosque, en Santa Tecla. Porque enfrentan un proceso judicial injusto e irregular de desalojo de tierras”, señala la activista.
Esta comunidad, que acompaña el abogado, tenía una orden de desalojo emitida por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla y tendría que ser ejecutada el pasado 22 de mayo, afectando al menos 300 personas que conforman esta comunidad. Es por ello que inmediatamente los campesinos se pusieron en alerta para evitar que se llevará a cabo este acto, “la comunidad hizo un planton pacífico en las cercanías de la residencia donde vive el presidente Nayib Bukele, pero las fuerzas del orden reprimieron y fue donde detuvieron al pastor de la comunidad, el 12 de mayo”, señala la activista Gonzáles.
Protesta para exigir la liberación de defensores de la Cooperativa El Bosque en El Salvador
Al día siguiente (13), sin una orden oficial, también detienen al agobado Henríquez, bajo la consigna de que su detención era “por el delito de desórdenes públicos. Hoy se cumplen más de 15 días desde la detención”, explica la militante de ReverdES y del Foro del Agua.
“La acusación de ‘desórdenes públicos’ carece de fundamento, ya que la vigilia fue pacífica. Esto refleja un uso instrumental de figuras penales ambiguas para reprimir la protesta social”, destaca la organización Foro del Agua en un comumicado.
Así mismo, en el comunicado refirman que estas detenciones responden a una estrategia de criminalización contra la lucha por el agua, la defensa del territorio y la resistencia antiminera en El Salvador.
“Su rol como abogado y defensor ambiental lo ha convertido en blanco de hostigamiento, buscando desincentivar el acompañamiento legal a comunidades en resistencia”, abunda el comunicado.
Tras una campaña pública, incluyendo la entrega de una carta al presidente Nayib Bukele, el juzgado suspendió el desalojo. No obstante, no se respetó esta orden y se ejecutó una acción represiva donde se detuvieron a los activistas.
La Cooperativa El Bosque
La modalidad de Cooperativa, bajo la cual tienen en posesión estas tierras, fue producto de la reforma agraria a través de la cual se transfirieron las tierras por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), en el año de 1985. Posteriormente, en los años 90s, la Cooperativa recibió prestamos del Banco Rural para el cultivo de café, pues en ese momento se vivia una crisis de este grano.
En ese contexto de crisis, los campesinos contrataron al ingeniero agrónomo Luis Antonio Palomo Urbin, para reactivar la producción y poder pagar el crédito, “pero no les ayudó. Más bien se aprovechó de la gente que no sabía leer y escribir y les hizo firmar unos pagares. Así que lo hecharon de la cooperativa en 2006, pero tiempo despúes usó esos documentos firmados para demandar a la comunidad”, puntualiza la activista Gonzáles. La comunidad tenía que pagar en un primer momento 130 mil dólares, con la orden de desalojo el monto asciende a más 800 mil dólares por moratorias e intereses.
Cooperativa El Bosque. Foto: Victoria Paz/Mala Yerba
“Entonces este personaje pretende cobrarse con la tierra y mediante documentos y procesos viciados”, denuncia la activista. El ingeniero Luis Antonio Palomo Urbin, quien denuncian por haber recibido favoritismo de las autoridades, es también prestador de servicio del gobierno de Nayib Bukele, a través de su empresa Proyectos e Inversiones Diversas SA de CV (PROYIN S.A. DE C.V.).
Otros casos
Estas detenciones se dan en un contexto donde El Salvador vive un régimen de excepción, que ha suspendido derechos básicos, bajo la narrativa de una “guerra contra las pandillas”, dice la activista.
Lo ocurrido “no es un caso aislado” dice la activista del Foro del Agua. La criminalización de líderes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos se ha intensificado en El Salvador bajo el régimen de excepción. Alejandro Henríquez ha asesorado a más de 100 juntas de agua y ha acompañado casos emblemáticos de defensa territorial, como Valle Ángel, amenazado por la especulación inmobiliaria.
Henríquez también es uno de los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Minería Metálica, aprobada en diciembre de 2024, que permite nuevamente la explotación minera en el país tras años de moratoria. Lo mismo con la abogada Ruth López, que es la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal de El Salvador, “quien fue detenida de manera arbitraria en otro contexto”, agrega Gonzáles.
La activista González, politóloga y compañera del movimiento ReverdES, concluye que la detención de su compañero “es por su activismo, ya que ha trabajado con comunidades que el Estado quiere silenciar. Esta es una estrategia de terror: encarcelar a quienes organizan, a quienes dan herramientas legales a la gente pobre, a quienes dicen que el agua no puede ser un negocio”.
Repudio internacional
Las detenciones han generado condena internacional. La Relatora Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, ha expresado su preocupación. Organizaciones como Amnistía Internacional y hasta el Partido Verde de Alemania han exigido su liberación inmediata.
Protesta para exigir la liberación de defensores de la Cooperativa El Bosque en El Salvador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado patrones de criminalización contra defensores ambientales y territoriales en toda la región. En El Salvador, hoy, “denunciar un despojo puede costarte la libertad —o la vida”, dice la activista.
Del 15 de mayo hasta el 11 de junio de 2024 mantuve mi puesto de libros día y noche en el plantón magisterial del zócalo de la ciudad de Oaxaca. Este texto es resultado de un conjunto de impresiones, diálogos y vivencias recuperadas desde hace un año durante la toma del zócalo hasta el Operativo Pescador efectuado recientemente en la Central de Abasto, pero también de la necesidad de hablar respecto al tema de las adicciones, las drogas, la criminalización, el despojo, la gentrificación y la turistificación que en su conjunto no es más que hablar de lo que significa vivir en esta ciudad capital.
El año pasado dos vecinos cercanos, uno de 17 y otro de 34 años, se suicidaron en sus hogares. Ambos estaban desempleados y fueron consumidores de cristal hasta sus últimos días.
Es importante hablar de esta guerra social en la cual la droga y la miseria conviven a diario, y en la que una es utilizada como justificación para criminalizar a la otra.
Los intereses del capital prevalecen ante la vida, un discurso desarrollista cimentado en la mercantilización cultural y territorial es impulsado por los gobiernos, el despojo sigue avanzando tanto como las problemáticas que de él derivan, sembrando impotencia y dolor en una colectividad que se niega a mirar su propio reflejo.
El plantón no sólo es una cuestión gremial. Una economía subterránea se inaugura en cada temporada de protestas y los beneficiados no sólo son los militantes de las organizaciones sociales aliadas o del sindicato de maestros, sino también artesanos, artistas independientes, pequeños comerciantes, desempleados, campesinos, obreros, gente sin hogar, migrantes, viajeros sin presupuesto y los yonquis de la Central de Abasto.
Lo que aparentemente constituye un golpe para la industria turística en cada temporada de protestas, por otro lado, es un respiro económico para la fauna que no encaja en el Oaxaca de moda.
Hay ecosistemas que florecen y desaparecen casi al instante. El plantón, por ejemplo, es un hábitat efímero en donde confluyen personalidades y situaciones que superan cualquier discurso o propaganda mediática.
Ni el más encumbrado intelectual ni el periodista o escritor más progre, ni la tesis estudiantil más refinada ni este texto, engloban o definen la vida que se desarrolla en las entrañas del centro de Oaxaca cuando es tomado por las bases del magisterio oaxaqueño y sus aliados.
Aquí la resistencia no está en lo visible y evidente, sino en las múltiples posibilidades que germinan cuando el espacio público es tomado por el pueblo oaxaqueño y sus diversos rostros interactúan abiertamente.
Mientras escribo un par de apuntes, el Profe irrumpe recitando un fragmento de su último poema: "Porque cada piedra es una sílaba del inmenso nombre que entre todos deletreamos". Me mira fijamente gesticulando un rostro irónico y sombrío, como si fuera el mismísimo diablo jugando con mi mente: “¿qué pedo, sigues fumando cristal a escondidas?", me vacila, llamando la atención de un par de lectores despistados que buscan algún título en la mesa de libros que he montado.
La primera vez que conocí al Profe fue en el festival independiente Lux Vocis de 2021 durante el Oaxaca pandémico de “la sana distancia” y la psicosis colectiva. Coincidimos por un amigo en común al que apoyamos en un proyecto artístico comunitario de intervención lumínica urbana. En aquella ocasión el Profe presentó un performance inspirado en el teatro independiente del finado Enrique Cisneros, aquel Llanero Solitito que fundó en 1973, junto con otros estudiantes de teatro, el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA).
"La contracultura es esto: la toma del espacio. Aquí es como un charco al que llegan zancudos, libélulas, ranas, sapos y hasta nacen peces. Sólo es por temporadas, cuando cae la lluvia. La gente es culera, cree que nos conoce, pero no es así. A los de la Central los estatales nos ubican y no nos dejan subir al centro, si nos ven por aquí nos basculean en corto. Lo loco del ambiente es que te vuelves amoral, no antisocial, dejamos la moral preestablecida y construimos otra cosa. Tenemos nuestros propios códigos. No cagamos donde comemos, pero al mismo tiempo la necesidad pone a prueba nuestro ingenio, pues tenemos que generar entre 300 y mil pesos diarios mínimo, claro, eso dependiendo de lo que consumas y cuánto consumas. No siempre es posible robar. Los que roban de verdad están bien vestidos, los yonquis requieren pensar más pues tienen en su contra a la sociedad y sus etiquetas morales de por sí".
El Profe comparte su visión mientras prepara la próxima dosis de negra (heroína) que le calmará la última malilla (síndrome de abstinencia) del día.
"La malilla de negra está de la verga. Te cala hasta los huesos", advierte el Profe mientras se limpia el sudor de la frente. Cierra los ojos, inhala y exhala. Saca un pedazo de aluminio. Corta un poco de goma y la coloca encima. Prende fuego por debajo y en breve aspira el humo por un tubo de vidrio delgado que lo conduce hasta los pulmones, para después salir en bocanada como vapor caliente. No hay testigos: ni policía estatal ni profesores ni ciudadanos ni clérigos, sólo un círculo de adictos en relativa igualdad de condiciones. No hay palabras, sólo un tibio silencio que aparenta calma.
El Profe enciende un cigarro y retoma el diálogo: “No busco felicidad, busco paz y se llama heroína. Me detectaron un tumor en la cabeza hace poco. Yo no me aferro a la vida, asumo las cosas como vienen”. Le da un fume a su cigarro, cavila unos segundos y continúa hablando: “He caído bajo, lo sé, ¡bien bajo!, pero no tanto como un dirigente sindical o un gobernador. ¡Hay niveles de dignidad y eso no hay que olvidarlo!”, la efusividad del comentario provoca risas indiscretas y capta la atención de un grupo de profesoras.
El frío nocturno transcurre alrededor de una fogata común: la droga. De alguna forma los yonquis se sienten seguros en el centro del campamento, quizá es porque durante estos días el primer cuadro no le pertenece a la policía estatal ni a los inspectores, o quizá sea porque una librería ambulante es un refugio seguro para mimetizarse. Sólo requieren actuar con discreción y lo saben, no son estúpidos. La fórmula con el tubo de cristal la repiten otros tres adictos que a contraluz semejan rostros párvulos de mirada ansiosa y taciturna. Son poco más de las tres de la mañana y la madrugada se perfila en retirada hacia el alba.
La catedral barroca se impone a nuestras espaldas. Comienzan a pasar los primeros barrenderos municipales, casi amanece. Por un momento me imagino en la Oaxaca del siglo XIX, aquella en la que cada sábado el zócalo se convertía en un mar de gente que vendía y truequeaba por todos lados. Y en la que, parafraseando al historiador Juan Sánchez García, el mercado municipal y el espacio público eran literalmente subastados para ser subarrendados por el aristócrata prominente del momento.
Por ejemplo, cuenta que “una familia muy liberal”, la del político y militar José María Castellanos, un hombre cercano a Benito Juárez, encargado de suprimir la rebelión juchiteca de 1851 y alcalde del ayuntamiento de Oaxaca en 1832, durante casi un siglo fue la encargada de cobrarle a los campesinos y pequeños comerciantes por laborar en el mercado y en el tianguis de los sábados.
Las cuotas dependían de la extensión ocupada y la unidad de medida para determinarlas era el petate. Los comerciantes pudientes rentaban las “tareas”, que equivalían a más de un petate, y los menos pudientes sólo rentaban “la sombra sencilla común y corriente de un petate”.
Los vendedores ambulantes más pobres ofertaban sus productos a salto de mata, cuidándose de que los inspectores y la policía no los arrestaran, situación que no ha cambiado mucho hoy en día en el primer cuadro del Oaxaca turístificado.
Un Oaxaca en el que la burocratización del espacio y el cobro abusivo por parte de organizaciones sociales y el gobierno municipal, prevalece.
Erick Yurem o el Profe, como lo nombra el escuadrón yonqui, tiene un rostro cavernario que no aparenta más de cuarenta años. Su abismal mirada refleja los andenes nocturnos del Oaxaca invisibilizado que el Estado pretende encubrir con el Oaxaca de moda, esa mezcla de mercantilización cultural, paraíso turístico, segregación racial y explotación laboral. Su trayectoria como Asesor Técnico Pedagógico (ATP), performer, artesano, profesor, pintor, políglota, poeta, lector asiduo y hoy un disciplinado consumidor de heroína que hasta hace poco desconocía estar en la antesala de las quimioterapias, es insospechada ante ojos ciudadanos.
Actualmente, Yurem asegura estar trabajando en una novela sobre la Central de Abasto, un espacio que sus pies reconocen más que él mismo y “al que tarde o temprano la sed [de droga] te hace volver”.
El vínculo entre los yonquis y el movimiento social oaxaqueño existió en el 2006. Tras la derrota de la policía estatal en su burdo intento por desalojar el plantón magisterial el 14 de junio de ese año, ordenado por el entonces gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, por más de nueve meses estalló una revuelta popular generalizada en la que florecieron barricadas en la mayoría de barrios y colonias populares de la ciudad de Oaxaca y municipios aledaños, ya no sólo en apoyo al movimiento magisterial, sino abanderando demandas propias, dando cimientos a expresiones espontáneas y organizativas más allá de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Más de una barricada, por ejemplo la de Cinco Señores, fue sostenida desde el principio y hasta el último momento por los yonquis y la fauna callejera que coincidió en los espacios tomados.
“La toma de Ciudad Universitaria en Todos los Santos”, crónica escrita por Alejandro Guzmán que describe la batalla del 2 de noviembre de 2006 entre el pueblo insurrecto y la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), menciona:
"...Ya son más: los de la APPO, los vecinos, los chismosos siempre presentes en las aglomeraciones urbanas, estudiantes parásitos e indiferenciados, los rockers y punketos, los maestros con sus hijos, los rojillos, los universitarios que defienden a su ‘Alma Mater’, ‘ciudadanos conscientes’ o medianamente informados, los belicistas y belicosos que además odian a los uniformados, los chilangos y extranjeros ‘wanna be's’, los yonquis sin remedio... El pueblo, pronto a la crueldad y a la cobardía, inhumano e irreflexivo, encuentra su lado generoso y valiente: se halla a sí mismo, en cantera transformado. Su apatía gatuna mutada en una solidaridad que se sabe única".
El relato de Guzmán coincide con las reflexiones de Marco Espíndola, quien en su más reciente libro, ‘Ingobernables: apuntes sobre la juventud antiautoritaria oaxaqueña’ (2024), expone: “De quien venimos hablando es de un actor no tan nuevo, rezagado, mutilado, adormilado pero vivo: la comunidad espontánea. La masa marginal, el lumpen-proletario, noción ambigua que en nuestro país fue referido con el término ‘nini’ (ni estudia ni trabaja), como parte de una estrategia publicitaria del calderonato (ante la que se respondió con la campaña "¡ninis ni madres!") para referirse a los excluidos, al ejército de reserva, a los que no tienen otra forma de vivir que, en los umbrales del terror, la barbarie, el silencio”.
Espíndola reivindica a las voces relegadas e invisibilizadas de una lucha social en donde la creatividad y la autodefensa popular puso en jaque al autoritarismo político tradicional y sentó un precedente de insurrección analizado hasta la fecha.
Y remarca específicamente a esta juventud marginal, a la masa anónima que sostuvo las barricadas, como “el último bastión”, como el primer frente en poner la carne y el alma ante la violencia estatal directa. Al mismo tiempo denuncia la politiquería y el aspiracionismo mezquino, corporativista y burocrático que cultivan las izquierdas y sus múltiples expresiones. Esa tendencia a priorizar una política formulada sobre dogmas, tradicionalismos y negociaciones infinitas, se queda corta ante un contexto que demanda la construcción de nuevos puentes de entendimiento y acción, aunque también menciona: “los que vivieron de forma directa o cercana el 2006, han ido construyendo una sensibilidad compartida desde una ética de resistencia y rebeldía” en que “el Estado, sus esbirros y la gente que responde por éstos” sigue siendo el enemigo común como en aquellos días.
El futuro político del país en aquel entonces tenía su mirada en el otrora Distrito Federal y en el sur de México. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador convocaba a sus seguidores a tomar el zócalo capitalino para denunciar el fraude electoral que posicionaría al panista Felipe Calderón en la Presidencia de la República de 2006 a 2012.
Más al sur, la rabia oaxaqueña y sus múltiples rostros, gestionaba sus utopías, sueños y realidades al calor de las barricadas y la lucha popular.
De igual forma, como una respuesta a la contienda electoral del Estado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzaba un comunicado para anunciar “La otra campaña”, en la que el Subcomandante Marcos recorrería con una delegación rebelde los 32 estados del país.
La transición hacia un nuevo rostro político se dibujaba como algo inminente a nivel nacional. Aún no surgía el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ni iniciaba el periodo más cruel y sangriento de “la guerra contra el narcotráfico” impulsada por el calderonismo y el gobierno norteamericano, una guerra que de 2007 a 2023 contabilizaba más de 420 mil personas asesinadas, de las cuales el 36 por ciento eran jóvenes de entre 15 y 29 años (153 mil, según cifras del INEGI).
Hoy gobierna Morena, pero el reciente descubrimiento de un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, destapó la continuidad de esta lógica de exterminio y desaparición que prevalece en México.
El reclutamiento forzado de jóvenes y la eterna lucha de las madres buscadoras es un tema recurrente, siendo la droga uno de los pilares que sostienen está economía de exterminio y dolor, más no el único.
En múltiples reportajes de diarios internacionales se ha evidenciado la red que existe entre la política oficial, el crimen organizado y la inversión de capital en todo tipo de negocios legales e ilegales, que van desde la esclavitud sexual y el cobro de piso hasta la industria restaurantera, ganadera y agrícola.
La rotación semanal de profesores ha dejado un espacio vacío de casas de campaña entre los merolicos y mi puesto de libros.
Los yonquis aprovechan y montan su base temporal aquí. Arman un tendido colectivo de pinturas enmarcadas, plumones, cofres de madera con acabados de repujado y artesanías de reciclaje. Todo hecho por ellos. Cada uno comparte su visión y cómo se gana la vida en el Oaxaca actual. Comparten alimento, agua y ropa si es necesario. Establecen relaciones económicas, afectivas y de apoyo mutuo. A veces liman asperezas con un tiro limpio o cuando todo se sale de control es posible recurrir al filero. Arman grupúsculos con sus iguales. De cierta forma intuyen que en un contexto hostil sólo se tienen a sí mismos, y entre ellos se reconocen e identifican porque comparten una geografía existencial común. Aquí la necesidad y la malilla ponen a prueba su destreza para generar dinero y relaciones sociales de supervivencia.
“La mejor hora para atrapar palomas es entre las 6 y las 8 de la mañana”, asegura el Platanito mientras teje con destreza un chapulín de palma. “El lance tiene que ser certero. Caminas tranquilamente y esperas a que estén en grupo, así se confían. Lanzas el manotazo y ¡mocos!, la atrapas. Mi récord son 15 en un día. Me las pagan en la central de a 60 cada una, las ocupan para comida, brujería y como mascotas. Desde hace cinco años llevo mis gastos entre la palma y las palomas, principalmente, pero ahora que tengo morra estoy generando menos. Ya sabes, el tiempo, y uno se reporta”.
¿Cómo se te ocurrió lo de las palomas?, lo interrumpo. “La creatividad es hija de la necesidad. Nosotros somos la economía de aquí, nos toca la chamba dura. Un día en la Central de Abasto es un día de trabajo. Hay que vivir”.
Alfredo, mejor conocido como el Platanito, es enfático: “la droga de moda es el cristal, pero no se compara con la heroína, aunque en ambos casos la malilla sólo descansa cuando descansamos".
Las casas de campaña son golpeadas por la ventisca nocturna. Entre ronquidos y murmullos los yonquis se recuestan sobre cartones. Es momento de recuperar energía. El Platanito permanece despierto. En ningún momento deja de tejer sus chapulines y rosas de palma. Los primeros rayos de sol alumbran la plaza.
Es 4 de junio de 2024, han pasado dos días desde la jornada electoral municipal en la que ganaría el empresario mezcalero Ray Chagoya.
Su presencia pasaría inadvertida para los profesores: su pose actuada, con sonrisa relajada y bigotes a lo Mario Bros, la misma con la cual en múltiples ocasiones ha remarcado con entusiasmo su admiración y servilismo al actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y por supuesto, a su hermano, el secretario de gobierno de su administración, Noé Jara Cruz.
Más tarde, los profesores harían una denuncia pública contra el gobierno estatal por enviar a un grupo de choque del sindicato Confederación Joven de México a San Juan Bautista, la Raya, donde reportaron cinco profesores heridos y al menos 20 vehículos destrozados, durante una protesta en el aeropuerto.
Desalojo del Tianguis Cultural Libertad y Resistencia.
La organización se desmarcó, pero lo cierto es que en lo que va del año 2025 se han registrado más denuncias similares, siendo la última la del ataque contra los artesanos del Tianguis Cultural Libertad y Resistencia, en pleno centro histórico de Oaxaca.
Estamos en 2025. “Bienvenidos a Oaxaca, esto es Oaxaca. Jodete Salomon Jara”, reclama Antonio a bordo de una patrulla estatal mientras se dirige a la cámara de un medio digital, el video se viraliza rápidamente por redes sociales.
Minutos antes, un oficial lo obliga a sacar sus pertenencias de la mochila, pero no encuentra nada, “¿Cómo ve jefe, nos lo llevamos?”, valoran la situación; “déjalo, vamos por otros”.
Antonio se confía porque no trae ninguna droga ni sustancia de ningún tipo, tan sólo una mochila con sus pertenencias y su guitarra, la herramienta de trabajo con la que labora todos los días tocando en los camiones, y con la que practica los cóvers y canciones de su autoría que toca con su banda de ska Los Meskalez.
Camina tranquilamente con rumbo a su segundo trabajo de obrero de la construcción, hasta que otro grupo de policías lo increpa y lo sube por la fuerza a una patrulla, sin mayor razón ni motivo que su aspecto físico.
Es un acto que recuerda las redadas de la policía de Estados Unidos promovidas por Donald Trump contra la población inmigrante e indocumentada, pero esto es una acción dirigida por un gobierno que se dice de izquierda y de la lucha social.
Estamos en la ciudad de Oaxaca, en la Central de Abasto, el corazón comercial que sostiene la economía popular oaxaqueña.
“Nos llevaron a San Bartolo, ahí adentro éramos como 200. Nos separaron en grupos y nos pidieron nuestros datos. De pronto todos se alocaron y empezaron a correr por todos lados, pero la policía los agarró de nuevo. Si mi jefa no hubiera visto el video ahí estaría. No sé qué situación ocurra con los otros, muchos de ellos eran malillas y yonquis, pero no había ningún ‘dealer’ ni nadie de los puntos.
“Todo mundo los conoce, los puntos de droga siguen funcionando como si nada. Son unos fascistas, a mí me detuvieron sólo por mi aspecto. Es que quieren inaugurar el nuevo mercado de la Central. Todo tiene sentido, no nos quieren en la foto”, asegura Antonio Ramírez, cantautor de la agencia de Santa Rosa.
Rememorando, en mayo de 2020, la Central de Abasto sufrió un incendio “accidental” que afectó al menos a 100 locatarios.
En aquella ocasión el cabildo municipal otorgó un apoyo simbólico a los afectados y el gobernador Salomón Jara anunció una inversión de 100 millones de pesos como parte del Proyecto de Rehabilitación de la Central de Abasto. El 9 de febrero de 2023 Jara hizo público un convenio con la firma de 35 líderes del mercado y aseguró una inversión de 218 millones de pesos para la reconstrucción de la zona de expendios de comida y pan.
También dijo: “no nos importa el color ni la religión, nos interesa Oaxaca, el pueblo”, y “los tres niveles de gobierno generarán alternativas para las personas con problemas de adicciones”.
Se aproxima la Guelaguetza 2025 y al parecer al gobierno le preocupa dar una imagen repleta de folclore y sonrisas en la que los yonquis y la gente pobre no entra en el concepto escénico. Es por eso que el pasado 16 de mayo inició el Operativo Pescador, en el que bajo el argumento del combate al crimen y la droga, más de mil elementos policiacos de los tres niveles de gobierno se dedicaron a perseguir a más de 400 personas, entre migrantes, gente sin hogar, yonquis y transeúntes.
Quizá se aproxime la inauguración del nuevo mercado en el que la inversión millonaria promete un espacio de acuerdo con los estándares que demanda la industria turística y las élites empresariales de Oaxaca.
La conexión entre el Oaxaca turistificado del primer cuadro del centro y la Central de Abasto avanza con la pretensión de construir una ruta ‘ad hoc’ a los intereses del Oaxaca Disney que satisfaga las necesidades del turismo de masas.
No es casualidad la remodelación que ocurre en el mercado 20 de Noviembre y por la cual fueron desplazadas las cenadurías históricas de alrededor.
Palabras como reordenamiento espacial, higiene visual, rehabilitación y mobiliario urbano son eufemismos que pretenden encubrir el despojo y el desplazamiento de los sectores más oprimidos.
Las imágenes de los detenidos fueron banalizadas en redes sociales mediante burlas y notas amarillistas, dando pie a narrativas de criminalización que el propio Estado utiliza para justificar sus actos contra los sectores más vulnerables o para justificar el asesinato de defensoras del territorio como sucedió recientemente con la activista mixe Sandra Domínguez.
No hay una reflexión respecto al tema, no se cuestiona el trasfondo de esta lógica persecutoria que usó de telón un operativo contra narcomenudistas y criminales que operan en la Central de Abasto.
La droga ha sido vinculada a estrategias de control social y financiamiento de grupos armados. En los años setenta la guerra contra las drogas sirvió para criminalizar a comunidades de negros, chicanos y comunistas en Estados Unidos. También ha sido utilizada como un mecanismo de contrainsurgencia por parte de la CIA, como en el caso de Nicaragua en los años ochenta.
En esa línea, los operativos de la Central de Abasto se presentan como combate al narcomenudeo, pero colectivos y organizaciones señalan una estrategia de control territorial contra vendedores ambulantes, migrantes y disidentes, así como una lógica de “limpieza social” para desplazar a poblaciones marginales y reconfigurar el espacio urbano, acelerando con ello un proceso de gentrificación y turistificación que beneficia a las élites de Oaxaca.
La droga consiste en el álgebra de la necesidad, una ecuación en la que el único elemento insustituible es el adicto, y mientras haya adictos habrá un mercado para la droga como establece el escritor norteamericano William Burroughs.
Bajo esta perspectiva, cualquier operativo que pretenda el Estado es contradictorio en sí mismo, si antes no se piensa en cuál es la condición social y psicológica que atraviesa el adicto y por qué existen cientos de jóvenes en condiciones de este tipo, es decir, cuáles son las condiciones generales que generan adicción en las calles y qué relación hay entre la miseria, la pobreza y la violencia económica que perpetúa el Estado.
Lo más fácil es atrapar adictos y abandonarlos a su suerte en la carretera, pero qué programas o políticas públicas hay en torno a este problema más allá de detenciones masivas, cuánto presupuesto es destinado a programas de acompañamiento y desintoxicación por parte de los gobiernos, sin que este sea un mecanismo de desvíos de recursos, claro.
La recuperación hoy es un jugoso negocio y hay clínicas que cobran entre 4 mil y 15 mil pesos mensuales, cifra que no todos pueden costear. Aunado a eso es importante remarcar que hay establecimientos en los que prácticamente se deja a la intemperie al adicto.
No son pocos los casos de denuncia en contra de establecimientos en los que se han documentado casos de tortura, violencia física e incluso violaciones. ¿Qué propuestas tienen los gobiernos ante una problemática que han permitido que crezca en la entidad?
Sea la administración de los Murat, los Jara o los Chagoya, Oaxaca está sumergido en una podredumbre social en donde el racismo, el clasismo y la violencia policial en contubernio con el crimen organizado sigue azotando a los sectores más vulnerables y precarizados de Oaxaca.
Con malos salarios, criminalizados y desesperanzados, miles de jóvenes oaxaqueños se han acostumbrado a la desesperación y la precariedad cotidiana. ¿Qué o quiénes somos responsables ante dicha condición? ¿Cómo estamos abordando está problemática como comunidad? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno y las élites que explotan Oaxaca? No hay respuestas, sólo prejuicios e indiferencia.
En una sociedad domesticada por el capital y en palpable decadencia que enaltece la violencia irracional y la indiferencia, lo más contracultural que puede haber hoy en día es cuidar de la vida. Y cuidar de ella implica mirarla tal cual es, sin prejuicios. Criminalizar y evidenciar a quienes viven en las calles o padecen de alguna adicción es un discurso clasista y fascista promovido por el Estado, no una solución a la problemática de la droga, la adicción y la violencia criminal que hay en Oaxaca.
En las fotos que han circulado en redes observo un rostro similar al de Platanito. La última vez que lo vi fue hace un año sobre García Vigil y Murguía. Eran las 8 de la mañana. Llevaba el rostro ensangrentado y me pidió dinero prestado para el aliviane. Dos palomas asomaban sus ojos negros y redondos al pie del cuello de su camisa. Tenía el rostro helado y una respiración agitada brotaba de su voz. “Me tumbaron los estatales. No soy inocente ni víctima, tampoco soy lo que cree la sociedad que soy. Está cabrón vivir así… Para mí por ahora no hay otra, no tengo a donde ir.”
Desde esa fecha no le he vuelto a ver, ni a él ni al Profe ni al escuadrón yonqui de la Central de Abasto.
