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Italia condena a una mujer por ser “socialmente peligrosa” después de luchar junto a los kurdos

Por Veröffentlicht am

Después de pasar casi un año luchando contra el Estado Islámico en Rojava, la región kurda de Siria, Maria Edgarda “Eddi” Marcucci, una mujer italiana de 29 años, fue condenada a dos años de vigilancia especial por el tribunal de Turín en marzo de 2020.

La joven tiene prohibido salir de su casa entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Tampoco se le permite frecuentar lugares públicos después de las 6 de la tarde, y cada vez que se mueve fuera de la capital piamontesa debe notificar a la policía.

Su licencia de conducir y su pasaporte han sido confiscados. No puede conducir o salir de Italia, ya que su documento de identidad ya no es válido para la expatriación. Tampoco puede participar en ningún evento público.

“Socialmente peligrosa”

La fiscal a cargo de su caso, Emanuela Pedrotta, consideró que María Edgarda Marcucci representa “un peligro social”, aunque la joven no había cometido ningún delito.

La Fiscalía emitió la hipótesis de un “futuro crimen”, y argumentó que Marcucci había convertido a “la lucha contra el sistema capitalista (su propia) razón de vivir”.

Confederalismo Democrático kurdo

Después de haber luchado en las Unidades Femeninas de Protección kurdas (YPJ) en defensa del cantón de Afrin hasta junio de 2018, la joven italiana emprendió un viaje por la península itálica para contar la experiencia revolucionaria kurda, que comenzó en 2012 en Siria.

En una entrevista con Euronews, Marcucci explica que, de esta manera, expuso el “confederalismo democrático”, ideología kurda, en “asociaciones culturales, universidades, grupos de investigación, centros sociales, congresos y escuelas” de todo el país.

La joven defiende el sistema de auto-organización democrática kurdo, que se basa en los principios del municipalismo libertario, la democracia directa, la ecología, el feminismo, el multiculturalismo y la economía del reparto.

“Esta experiencia política nos ha dado nuevas herramientas para comprender cómo el destino de nuestro pueblo y de la gente está íntimamente ligado al resto del mundo. De vuelta en Italia, explicamos cómo es posible un cambio tan radical, profundo y efectivo, al que voluntariamente se han unido cinco millones de personas”,

EXPLICA MARCUCCI.

“Una oposición constante a las medidas de las autoridades públicas”

En su sentencia, los tres magistrados justifican la severidad de las medidas por la “oposición constante, obstinada y latente a las medidas de las autoridades públicas” que caracterizarían a Marcucci.

Los jueces de Turín afirman que su participación en una manifestación en la Cámara de Comercio de Turín, en noviembre de 2019, fue decisiva para aplicar medidas tan severas.

Los activistas irrumpieron en el lugar mientras se celebraba una conferencia para denunciar “un intercambio comercial en el sector aeroespacial en el que supuestamente también estaría implicada Turquía”, según los documentos oficiales. Un movimiento pacífico, señala Marcucci, en el que con “pancartas y folletos” denunciaron “el suministro de material de guerra a Turquía”.

“Daesh ha sido un enemigo de la humanidad, y después de la invasión de Turquía en octubre de 2019, el Estado Islámico está incluso recuperando fuerza”, critica la joven.

“Hemos sido acusados de ser un peligro social, pero la pregunta es: ¿de qué sociedad estamos hablando? No tengo dudas de que fue correcto y tengo un profundo respeto por esta revolución”, añade.

“Un precedente peligroso para las libertades civiles en Italia”

Marcucci afirma que el proceso judicial al que ha sido sometida se trata de una “monstruosidad” generada por “una atención morbosa y persecutoria a la disidencia social”.

“Este es un precedente muy peligroso para las libertades civiles en este país”, afirma Marcucci.

Sin embargo, la joven italiana fue la única de las seis personas procesadas en ser condenada. Para ella, el sistema acusatorio “no gira en torno a la culpabilidad o inocencia de una persona, sino que se basa en una predicción del comportamiento”.

Marcucci espera poder apelar esta decisión en otoño para poder defenderse ante los tribunales italianos.

FUENTE: Lillo Montalto Monella/ Euronews/ kurdistanamericalatina

Indígena Tzotzil, quién había participado en el EZLN, muere por Covid-19

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, 21DICIEMBRE2012.- Al menos 20 mil miembros y simpatizantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marcharon pacíficamente por varios municipios del estado, durante el cambio de la era maya para poner "fin al silencio" en que se mantuvieron por más de un año. FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM

Hidadelfo Gómez Álvarez, conocido hasta los últimos días de su vida como Manuel, falleció a los 57 años de edad durante la tarde del 25 de Julio en la clínica Covid-19 instalada en el área conocida como La albarrada, ubicada en el sur de San Cristóbal, Chiapas, después de permanecer internado 18 días.

Desde hace años, vivía en San Cristóbal de las Casas donde tenía una cafetería con su esposa Socorro. Antes de eso, se hacía llamar Franck. Es bajo ese nombre que participó, desde noviembre de 1983, como uno de los iniciadores de la organización armada Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

De origen Tzotzil, Gómez Álvarez, nació el 20 de diciembre de 1962 en la Lázaro Cárdenas, municipio de Huitiupán, al norte del Estado de Chiapas.

A los 12 años de edad, salió de su comunidad para San Cristóbal en busca de trabajo. A partir de los 16 años, comenzó a participar en actividades políticas que lo llevaron a internarse a la Selva Lacandona como miembro de la entonces Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), junto con Rodolfo, Javier, el comandante Germán y la Comandanta Elisa.

En una entrevista realizada en el año 2004 para la Jornada, Franck hizo el relato de la fundación del ejército zapatista. “Se hizo primero el trabajo previo de exploración durante un año, con gente de las comunidades” de la zona, ubicada en Ocosingo, explicó. Para noviembre del 1983, es que salieron para la selva.

“De la cabecera de Ocosingo salimos el 15 de noviembre por la noche en camiones de tres toneladas. Dormimos en Rómulo Calzada, a varios kilómetros de la montaña. El chofer se regresó. Nosotros cruzamos el río Jataté el 16 a eso de las 6 horas y desayunamos en La Sultana, donde ya nos esperaba un contacto. Luego, con la carga en caballos, caminamos despacio, uniformados color caqui y con pistolas y armas largas guardadas en costales. En el camino encontramos gente y cuando nos preguntaban quiénes éramos, les decíamos que de Pemex (Petróleos Mexicanos), que íbamos a explorar yacimientos en varias comunidades”,

RELATÓ.

Es en un paraje próximo a la laguna de Miramar, en la montaña de Chuncerro, donde German, Elisa, Rodolfo, Javier y Frank – los últimos tres indígenas – fundaron el EZLN.

“La Garrapata se llamó el primer campamento donde fundamos el EZLN el 17 de noviembre de 1983. Tres días tardamos ahí para curarnos las ampollas y que bajara la hinchazón de los pies”, contó el indígena Tzotzil. “Las primeras noches no encendimos fuego para no llamar la atención. Llovía mucho. Algunos leían manuales de guerra y otros hacíamos picada (abrir brecha)”, precisó.

Permanecieron en la zona varios meses, cambiando de posición. “Unos estaban enfocados en la formación militar y otros en lo político”.

En 1989, cuando ya se había formado el EZLN, Frank era uno de los dirigentes de la Alianza Campesina Independiente Emiliano Zapata (ACIEZ), brazo político del grupo rebelde. En 1991 organizó un congreso en Puebla, donde nació la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ).

Cuando se dio el alzamiento armado del EZLN, en enero de 1994, Franck no estaba en Chiapas, sino en Oaxaca, donde le había tocado realizar trabajo político, como otros habían sido enviados a Veracruz, Guerrero, Puebla o la Ciudad de México.

Finalmente, se separó de las filas del EZLN en 1997.

Sus restos fueron incinerados en Tuxtla Gutiérrez y sus cenizas fueron trasladadas a la cafetería que era su propiedad en San Cristóbal, donde llegaron familiares y amigos para participar en rezos y ceremonias tradicionales. El domingo 26 de Julio sus cenizas fueron llevadas a la comunidad en la que nació, en las Montañas del Norte de Chiapas.

Video: ¿Qué dijo Amlo a campesinos de Oaxaca sobre contaminación minera?

El pasado 10 de julio, mujeres y hombres de la comunidad de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, ubicada al sur de México, se alertaron por una nueva contaminación en las aguas que bebe su ganado y de dónde se nutren sus cultivos.

La comunidad tomó acciones intuyendo que está contaminación recae en la responsabilidad de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, la cual se encuentra a menos de 300 metros explotando diariamente, a través de túneles, más de 8 millones de onzas de plata y 50 mil onzas de oro.

En 2018 se registró una de las contaminaciones más severas de esta mina, al derramarse la presa de jales (estructura que contiene residuos de la explotación de los minerales). En 2019, cuándo Andrés Manuel López Obrador (Amlo), presidente de México, se dirigía de visita a otra comunidad los campesinos de Magdalena Ocotlán le cerraron el paso para exponerle está contaminación.

¿Qué fue lo que dijo?

En este video-documental recogemos las voces de la comunidad de Magdalena Ocotlán y la voz de Amlo a su paso por esta comunidad.➜ Nueva contaminación de Minera Canadiense en comunidades de Oaxaca

Huelga de hambre de presos mapuche: un llamado a la solidaridad

Movilización de la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres de Jujuy. Foto: Negro Ramírez

Desde el pasado 4 de Mayo más de una veintena de presos políticos Mapuche, en Chile, se declararon en huelga de hambre en las cárceles de Angol, Temuco y en la prisión de Lebu. Los primeros presos en declararse en huelga ya cumplen más de 80 días sin consumir alimentos y sus condiciones de salud se deterioran cada día que pasa. Entre sus demandas exigen:
A.-Cambio de lugar de cumplimiento de condena y que esta sean en su ruka. Aplicando el Convenio 169.
B.- Cambio de medidas de cumplimiento de condena de todos los Presos Políticos Mapuche y no mapuches.

Desde la Red de Apoyo a los Presos Políticos Mapuche lanzan un llamado a la solidaridad internacional con cualquier tipo de acción para no dejar morir a los presos.

Saber más: Tras 70 días de huelga de hambre preso Mapuche dice a su pueblo, en caso de muerte, “no bajar la guardia”

Por Josefa Sánchez Contreras

Más de ochenta días de huelga de hambre lleva el preso político mapuche machi Celestino Córdova, la exigencia inmediata es la aplicación del Convenio 169 de la OIT que le permita en tiempos de pandemia un arresto domiciliario para volver a su rewe (territorio sagrado). Junto a él 26 presos mapuches desde los reclusorios de Lebu, Angol y Temuco se han sumado de forma escalonada a la insurrección de los cuerpos en huelga, tal como la ha llamado Tito Tricot.

La impunidad y la criminalización es histórica y por tanto no es la primera vez que los mapuches aún en prisión recurren a su cuerpo como instancia vital para poner de manifiesto el despojo que sistemáticamente el Estado Chileno ha aplicado a todo un pueblo.

Recordemos aquel ciclo de huelga suscitado durante el 2010 y 2011, en el que de forma consecutiva 38 presos políticos protestaron contra la aplicación de la Ley Antiterrorista 18.314 con la que se les juzgaba.

Actualmente esta ley sigue vigente y una serie de huelgas de hambre también; no obstante, la cuestión de fondo es la imputación que decenas de presos políticos mapuches padecen. El incendio del fundo Luchsinger-Mackay del cual se le acusa al machi Celestino Córdova exhibe la guerra que se vive en Chile, una de disputa territorial y autonómica más no terrorista o separatista.

Por tanto, lo que la huelga evoca a cuestionar es la ocupación militar en el Wallmapu (territorio ancestral), además del despliegue de empresas forestales y de propiedad privada que durante doscientos años se ha forjado con la gran usurpación liberal del siglo XIX y el marco jurídico dictatorial de Augusto Pinochet.

La disputa se agudiza en tanto el Estado aplica la mano de hierro para combatir a un supuesto enemigo interno. Solo basta mencionar la “Operación Huracán” en 2017 desplegada en las regiones de la Aracaunia, Biobio y Los Ríos, fue un operativo de inteligencia policíaca en el que se detuvo a ocho comuneros mapuches bajo el cargo de asociación ilícita terrorista acusándolos de actos incendiarios contra empresas de transportes y maquinarias, después de una serie de investigaciones por parte de la Fiscalía Nacional en el 2018 se descubrió que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros había falsificado las pruebas creando un montaje.

Pese a que se aplico la absolución a los ocho comuneros, el caso de montaje pone en cuestión las irregularidades que privan en los procesos judiciales que atraviesan decenas de presos políticos mapuches, varios de los que se encuentran actualmente en huelga de hambre están en prisión preventiva desde hace ocho meses a la espera de un juicio.

La consigna del 2018 de la revolucionaria kurda Leyla Güven “Una prisionera no tiene más que su propio cuerpo”cobra sentido en cada uno de los huelguistas que en estos días se debaten la vida, el estado de salud es critico y la perdida de peso es acelerada.

En la prisión de Angol los ocho mapuches que iniciaron la huelga el 4 de mayo de 2020 han perdido en promedio dos terceras partes del peso con el que comenzaron. Como pasó con la liberación de Leyla Guven en el 2018, tendrá que ser la solidaridad internacional la que desafié el complejo carcelario vinculado a la economía bélica, exigiendo poner fin a esta guerra que ejercen los Estados contra los pueblos que luchan por la paz, la vida, en defensa del planeta y por su autodeterminación.

En este sentido cada paso realizado para ampliar la solidaridad con actos concretos y acciones comunes en soporte de la resistencia de los presos mapuche es un deber moral en defensa de la humanidad y al mismo tiempo un paso en dirección a una victoria para todos los pueblos en el mundo que luchan por la libertad.

La huelga de hambre mapuche en tiempos de crisis sanitaria mundial pone al descubierto que en otras latitudes y realidades el confinamiento se había instalado ya de forma violenta antes de la imposición de la cuarentena o de toque de queda. Los cuerpos en huelga desafían la continuidad de las guerras, las prisiones y la devastación de la tierra al tiempo que evocan la libertad, la autodeterminación y la dignidad de los pueblos.

Contra todo encierro las manifestaciones en las calles de Chile para que se cumpla el Convenio 169 de la OIT no han cesado. Desde ahí la comunidad internacional ha hecho eco manifestándose en la embajada de Chile de la Ciudad de México y por su parte desde comunidades indígenas de Guerrero y Michoacán hasta Dinamarca, Kurdistán, el país Vasco, Bolivia y Argentina han enviado mensajes al gobierno de Sebastián Piñera para exigir el regreso del machi Córdova a su rewe y la libertad de todas y todos los presos políticos mapuches.

Magdalena Ocotlán: De la esperanza a la resistencia

Los habitantes de este pequeño pueblo en el sur de México llevan años denunciando los efectos ambientales de uno de los proyectos mineros más grandes de Oaxaca. Ahora, en plena pandemia, se preparan para protestar por una nueva contaminación de sus aguas y para exigir respuestas de un gobierno que les ha dado la espalda.

Las tierras de Magdalena Ocotlán, un pequeño pueblo en el sur de México, son fértiles y ricas en oro y plata. Aquí la mayoría de las mujeres se dedica a bordar, hacer tortillas y comerciar los cultivos que sus esposos producen en las tierras comunales. En mayo, la administración de Andrés Manuel López Obrador lo incluyó en la lista de ‘Municipios de la Esperanza’, 324 territorios que podían continuar con sus actividades económicas por no registrar casos de covid-19. 

La esperanza duró poco en Magdalena Ocotlán. Este municipio oaxaqueño, al igual que su vecino San José del Progreso, registró su primer contagio un poco después de que la Compañía Minera Cuzcatlán –filial de la canadiense Fortuna Silver Mines– reiniciara sus actividades el 27 de mayo. Esto debido a que desde el 13 de ese mismo mes el gobierno federal catalogó como “actividades esenciales” la industria automovilística, la de construcción y la minería. Sectores que cuentan con todo el respaldo del gobierno para continuar con sus operaciones.

Desde ese momento, una terrible desconfianza asaltó al pueblo. “Porque viene gente del extranjero, del norte del país y de otras ciudades”, señaló preocupado el campesino Felipe Martínez. Algunos habitantes del pueblo también trabajan en la mina. De hecho, según autoridades de la comunidad la persona contagiada era la madre de un empleado local de la mina que murió por causa del virus, y afirman que hay otros casos dentro de la compañía que están siendo ocultados.  Aunque los filtros sanitarios y el protocolo implementado durante la cuarentena se mantienen, ya nada les asegura que la covid-19 no se propague.  

Cultivos de maíz de Magdalena Ocotlán se ubican a menos de trescientos metros de la minera Cuzcatlán. Foto por Santiago Navarro F.

De los 324 ‘Municipios de la Esperanza’ ya no quedan más de 40 sin casos de covid-19. El Estado de Oaxaca, el tercero más pobre del país, ya rondaba los 10 mil contagios y las 800 muertes por el coronavirus al 26 de julio. México es hoy el cuarto país con más muertes por covid-19 en el mundo y el sexto en número de contagios. La historia de Magdalena Ocotlán es la de un pueblo que resiste al abandono y, ahora, a las medidas implementadas por AMLO para reactivar la economía por encima de la salud. 

¿Pruebas para covid-19? ¿ventiladores? nunca llegarán a estas comunidades, porque ni en las principales ciudades de Oaxaca cuentan con lo necesario para contener el rápido aumento de contagios y muertes por el coronavirus. Hay municipios con más de una veintena de muertos que no aparecen en las cifras, porque simplemente consideran una pérdida de tiempo informar. Mientras esto sucede, en plena pandemia, la ciudad de Oaxaca fue galardonada como la mejor ciudad turística del mundo en el concurso The World’s Best 2020, de la revista Travel + Leisure. También ganó con su típico platillo, la tlayuda, la encuesta de Street Food Latinoamérica de Netflix.

Minera Cuzcatlán mantiene operaciones en medio de la pandemia de la Covid-19. Foto por Santiago Navarro F.

A menos de una hora de la turística capital de Oaxaca, los campesinos de Magdalena Ocotlán se enfrentan a un doble reto: protegerse de la pandemia y de los efectos de la “actividad esencial” de la minería. El pasado 10 de julio notaron que el agua de una de las presas que construyeron para captar el agua de lluvias estaba contaminada. Una sustancia rojiza pintaba las aguas antes cristalinas y una lama blanca que flotaba en la superficie despedía un olor fétido. Al parecer esta extraña sustancia fue arrastrada por los escurrimientos de la lluvia de la de la presa de jales de la minera, lo que significa que también los cultivos pueden estar contaminados.

Sustancia que ha contaminado el agua de las piletas de dónde bebe agua el ganado de los campesinos de Magdalena Ocotlán. Foto por Santiago Navarro F.

Un viejo temor revivió entre los habitantes del pueblo. No era la primera vez que sus aguas se veían afectadas por las actividades de Cuzcatlán, que opera a menos de 300 metros de las represas de agua y los cultivos de maíz del pueblo. Aunque solo fue registrada una contaminación en 2018, han encontrado pigmentaciones extrañas a orillas de los arroyos. “Ya es la tercera vez que registramos una contaminación visible. Pero tenemos la seguridad de que hay otras formas de contaminación que aún no hemos identificado. Por eso ya no tomamos agua de nuestros pozos y aunque es muy cara el agua purificada, ahora todos la compramos”, afirmó Olivia Sánchez, regidora de ecología en Magdalena Ocotlán. 

Según el director de Cuzcatlán, Luis Camargo, la minera “extrae 8 millones de onzas de plata y 50 mil onzas de oro al día”. Es uno de los tres proyectos mineros en fase de explotación en Oaxaca, de 355 concesiones mineras que hay en este estado. Dos concesiones activas se encuentran en el territorio de Magdalena Ocotlán y son filiales de Fortuna Silver Mines. Junto con el proyecto de Gold Resource Corporation, explotan un área de 120.000 hectáreas. 

Quizás el nivel de contaminación en está ocasión no se compara con el derrame de la presa de jales de la misma minera ocurrida en octubre del año 2018; pero es suficiente para alertar a los pobladores de Magdalena Ocotlán. Ese año, según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el desborde se esparció a lo largo de aproximadamente cuatro kilómetros sobre el cauce del arroyo El Coyote, cuyas aguas desembocan al río Magdalena, y éste, a su vez, al río Atoyac. Esto afectó directamente al pozo de agua potable de Magdalena Ocotlán y es por ello que comenzaron a comprar agua embotellada.

El pasado 16 de julio las autoridades de la comunidad de Magdalena Ocotlán llevaron el agua contaminada ante la Profepa y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero les dijeron que no cumplían con los requerimientos necesarios, por lo que ellos tomarían las muestras. Los funcionarios del gobierno tardaron siete días en llegar. 

Con toda razón, los habitantes de la comunidad dudan de las autoridades ambientales, porque se aprecia en sus dictámenes un cierto servilismo hacia la empresa. Tal y cómo sucedió con el derrame de 2018. “Nosotros detectamos irregularidades por parte de estas instituciones, quienes argumentaron que no contaban con la capacidad técnica. Entonces fue la empresa quien tuvo que hacer y pagar todas las pruebas para demostrar que no había contaminación”, compartió el abogado José Pablo Antonio, coordinador ejecutivo de Servicios del Pueblo Mixe, quien acompaña jurídicamente el caso de Magdalena Ocotlán. 

Aunque esperan la respuesta de la queja interpuesta ante Profepa y Conagua, los pobladores de Magdalena Ocotlán saben que su única opción es protestar y resistir. Intuyen que, si antes de la pandemia estas entidades alegaron no tener la capacidad técnica, esta vez la respuesta puede ser aún peor.

Autoridades tradicionales de Magdalena Ocotlán denuncian públicamente la posible contaminación de la Minera Cuzcatlán en la ciudad de Oaxaca. Foto por Santiago Navarro F.

En el 2018 la comunidad tuvo que movilizarse para obtener una respuesta por parte de las autoridades. Hoy, a pesar de los riesgos sanitarios que conlleva una protesta, los habitantes de este municipio también están dispuestos a hacerse escuchar. “Nos estamos preparando, porque no vamos a esperar más. Vamos a realizar movilizaciones y bloqueos de la autopista. Porque incluso, el presidente de la República se comprometió a mandar una comisión en el año 2019 para hacer una evaluación de las afectaciones y no mandó a nadie”, compartió el campesino Felipe Martínez.

Los campesinos están preocupados por esta contaminación en medio de la pandemia, pero también están enojados. Ellos recibieron en tres ocasiones a López Obrador en su comunidad y le expusieron la problemática de la contaminación, pero hoy sienten que les ha dado la espalda. “Nos sentimos traicionados, porque nos dijo que iba a resolver el problema y simplemente nos ignoró”, señaló la regidora de ecología.

Haber considerado a Magdalena Ocotlán como un territorio de la esperanza y al mismo tiempo la minería como una “actividad esencial” ha sido una burla para estos campesinos. Sin embargo, la resistencia de esta pequeña población frente a uno de los proyectos extractivos más grandes del estado sí constituye un símbolo de esperanza para muchos otros pueblos oaxaqueños que se oponen al avance indiscriminado del negocio minero.

Se fortalece frente de resistencia indígena contra construcción de Tren Transístmico

En una reunión organizada el pasado 30 de junio, las autoridades municipales y agrarias de 14 comunidades pertenecientes a los municipios de Santa María Petapa, Matías Romero, San Juan Guichicovi y Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así como representantes de grupos de mujeres, comités de salud y, directivos del movimiento ferrocarrilero Demetrio Vallejo Vive crearon un frente contra el corredor transístmico y en defensa de los derechos de los pueblos, de las mujeres y de los trabajadores de la región.

En un comunicado publicado por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Oaxaca (UCIZONI), explicaron que dicho frente nace como una necesidad ante la violación a los derechos de la población del Istmo de Tehuantepec por las obras del megaproyecto, en particular, las relacionadas con la construcción del tren destinado a conectar los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz en Oaxaca.

El Tren Transítsmico 

De acuerdo con el documento publicado por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados intitulado  “El proyecto del tren transístmico”, contempla la  renovación de una antigua ruta ferroviaria y su prolongación, con la puesta en marcha de un tren eléctrico de doble vía de 300 kilómetros, equipado con tecnología de punta de última generación, capaz de transportar 300 mil toneladas al día, además de pasajeros.

Este medio de transporte tendría las características de un Tren de Alta Velocidad (TAV), apto para circular a una velocidad de más de 250 km por hora, acercándose a veces a los 350 km por hora, lo que lo sitúa “en el entorno de las velocidades de rotación de los grandes aviones comerciales”.

Cabe señalar que para poder funcionar, el trazado de las vías del tren “debe ser tan recto como sea posible, evitando al máximo las curvas y pendientes. Radios de menos de 5 kilómetros son considerados muy ajustados en términos de alta velocidad”, según el documento del proyecto.

La meta del proyecto “Tren Transístmico” es posicionarse a nivel internacional para acelerar los flujos intercontinentales de comercio mundial, compitiendo con el Canal de Panamá. Así, como lo señala el documento del CESOP, el Tren Transístimico deberá “unir los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz en tan sólo 3 horas, a efecto de que las empresas navieras tengan ahorros de tiempo y dinero, mientras que en el canal de Panamá tardan en cruzar más de 8 horas, con un tiempo de espera de hasta 15 días”.

La ruta total del tren atraviesa 79 municipios de Veracruz y Oaxaca, incluyendo numerosas comunidades indígenas, así como una variedad de ecosistemas.

Inicio ilegal de las obras 

Para poder iniciar las obras, la empresa ferroviaria a cargo, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), presentó el 17 de enero pasado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en cuanto a la rehabilitación y modernización de un tramo de casi 133 kilómetros de las vías del Tren Transístmico ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Después de varios meses de incertidumbre, la Semarnat autorizó la MIA el 21 de mayo pasado, incluyendo, sin embargo, una serie de requisitos específicos. Indicó, en particular, que con el fin de reducir los efectos negativos al medio ambiente y los ecosistemas, la empresa deberá establecer medidas de mitigación y compensación así como de remediación, si la situación lo requiere.

Específicamente, señaló que la empresa tendrá que poner en práctica programas de rescate y reubicación de flora y fauna silvestre, así como hacer una bitácora de especies vulnerables y considerar las acciones para su conservación. También precisó que se deberán de implementar pasos de fauna subterráneos y aéreos, y un programa de vigilancia de especies del hábitat.

Por otro lado, precisó que la constructora deberá contar con un plan de protección y conservación de suelos para reducir los efectos de erosión, así como un programa de cuidado de las fuentes de agua.

Para asegurar que el FIT cumpliera con los requisitos, la Semarnat también recomendó la creación de comités de vigilancia que incluyan a representantes de las comunidades involucradas y organizaciones sociales de la región. Sin embargo, las autoridades ejidales y municipales de los municipios de San Juan Guichicovi y Matías Romero denunciaron que empleados de compañías contratadas por la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) han iniciado trabajos sin cumplir con los requisitos ambientales requeridos previamente.

A demás, se denunció que más de 2000 familias de Salina Cruz, Tagolaba, La Noria, El Jordán Tehuantepec, Comitancillo, Ixtepec, Mogoñe Estación, Rincón viejo, La libertad, Tolosita, Palomares y ejido nuevo Progreso están siendo amenazadas con ser desalojadas por vivir en la ruta planeada para las vías del tren. El comunicado puntualizó que empleados del FIT están ofreciendo el pago de una renta a cambio de que las familias acepten ser reubicadas.

Asimismo, se denunció que es ilegal el resolutivo de la Semarnat en el sentido de dejar en manos de una empresa como es el FIT la auditoría ambiental y la consulta indígena. En cuanto a la consulta indígena, cabe mencionar que por la actual pandemia de COVID-19, el proceso nunca se concretó.

El tren transístmico, punta de lanza del Corredor Interoceánico

El tren transístmico no viene sólo sino que es la punta de lanza del megaproyecto de Corredor Interoceánico promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual pretende transformar el Istmo de Tehuantepec en un canal interoceánico y corredor industrial y energético, convirtiéndolo en un verdadero centro logístico y de manufactura en el continente americano.

Corredor Interoceánico es el nuevo nombre que se la ha dado a lo que se proyectó, bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto, como Zonas Económicas Especiales (ZEE), con las que se pretendía modernizar el sureste mexicano de una manera muy parecida.

Con la llegada al poder de AMLO, las ZEE fueron formalmente canceladas en noviembre del 2019 con la publicación de un decreto. Posteriormente, el 30 de diciembre de 2019, otro decreto fue publicado precisando que “los recursos humanos, materiales y financieros de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, serán reasignados o, en su caso, donados, al organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de conformidad con lo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Así, el tren es en realidad la primera de una serie de 7 etapas, recopiladas de la siguiente manera en el documento del CESOP,  “El proyecto del tren transístmico”:

  1. Modernización de las carreteras y construcción de otras vinculantes y de la doble vía de ferrocarril para carga y pasajeros
  2. Instalación de red de fibra óptica
  3. Modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz
  4. Rehabilitación de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán
  5.  Instalación de parques industriales en el corredor del istmo
  6. Atracción de empresas industriales y de servicios
  7. Creación de una zona franca

Para el Corredor Interoceánico, la inversión estimada es de 104 mil 220 millones de pesos con capital nacional privado, público y del sector social.  La superficie planeada es de 36 mil 112 kilómetros cuadrados (22,150 en el estado de Oaxaca y 13,962 en el estado de Veracruz), donde habita una población total de 1 millón 930 habitantes, según las cifras de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, de los cuales 663 mil corresponden a Oaxaca y 1 millón 267 mil que residentes de Veracruz (1.6% de la población nacional).

“Ahora la primera etapa es la remodelación de las vías, y suponemos que va a seguir con la ampliación para poder tener mayor capacidad de transporte. Paralelamente y desde hace años se está construyendo la ampliación de las autopistas. Luego viene la ampliación del puerto de Salina Cruz y el rompeolas, en Oaxaca. Y después van a empezar a montar la infraestructura necesaria para las zonas industriales”, resume Mario Quintero integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDT) y parte de la coordinación de la campaña global “El Istmo es nuestro”, en una entrevista para Avispa Midia.

Como lo señala una extensa investigación de GeoComunes intitulada Análisis General del Proyecto de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, para al desarrollo de las zonas industriales, ya se dibujó una zona ahora llamada “Zona Libre del Istmo de Tehuantepec”. Aunque los pocos documentos oficiales disponibles no mencionen con claridad en qué consistirá, “lo que hasta ahora sabemos es que es un área constituida por una franja de 20 kilómetros a cada lado de los 300 kilómetros de largo del ferrocarril, área que involucra 48 municipios de los 79 que contempla el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”. Según un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se tratará de una zona con exenciones de impuestos – entre otros atractivos fiscales – para las empresas que ahí se instalen.

Paralelamente, el proyecto pretende intensificar la producción de energía y articular los centros de producción energética con diferentes mercados a escala regional e internacional contemplando la “creación de un enclave energético-industrial que mejore la integración manufacturera y el potencial exportador”.

“El Istmo de Tehuantepec, contrario a lo que han decidido dignamente sus pueblos, es hoy la región con mayor generación de energía eólica de México: concentra la mitad de todos los parques operando a nivel nacional y el 46% de la capacidad instalada. A esto hay que sumar que la región colinda al noreste con la zona de mayor extracción y reservas probadas de hidrocarburos en el país, sin dejar de lado que también es el paso terrestre obligado de cualquier conexión para el transporte de energía entre el centro y norte del territorio nacional con la península de Yucatán y el Istmo centroamericano. Por todas estas características, el Istmo de Tehuantepec es para el capital un espacio de articulación entre diversas redes de producción, transporte y consumo de energía, y no solamente un potencial corredor interoceánico”, documentó al respeto la investigación de GeoComunes.

También, cabe mencionar que en la región ampliada del Istmo de Tehuantepec ya se encuentran en construcción algunos proyectos como por ejemplo la Refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco. Como lo señala el colectivo de geógrafos, “si bien no aparece como parte del proyecto Corredor Interoceánico, claramente está relacionada con la dinámica que se pretende intensificar en la región, respecto a la producción, circulación y consumo de la energía fósil al servicio de la industria, o para su exportación mediante las redes de transporte que pretenden atravesar el istmo”.

“Este proyecto es el reordenamiento total del Sureste, es la industrialización del sureste mexicano y también es la nueva frontera norte para EEUU, aquí ya lo hemos visto con la sobre-militarización de la región”, agrega Mario Quintero. El integrante de la APIDT también señala que para la puesta en marcha del corredor, “contratar mano de obra migrante va a ser esencial. Claro, porque, ¿de dónde van a conseguir la mano de obra barata? ¡Pues de los compañeros centroamericanos que vienen huyendo de las políticas neoliberales y de la pobreza!”, explica.

A pesar de la magnitud del proyecto, Quintero lamenta que no haya información sobre el tema para la población de la región. “Nosotros estamos haciendo una labor de estar informando y comunicando sobre este proyecto pero a pesar de eso en la región no hay información del corredor interoceánico. Incluso hay gente que le dice “tren maya”, y nos preocupa mucho porque entonces no se tiene claro qué es lo que viene”.

Para él, la forma en la que se están dando las cosas es engañosa, “están empezando con la cara bonita de un proyecto de infraestructura de transporte que genera una buena opinión pública, van a continuar dotando de servicios y supongo que van a seguir diciendo que es para la gente, y ya después es que llegan los grandes proyectos depredadores”, advierte.

La vida amenazada

La realidad del proyecto es preocupante para todos los seres vivos que habitan la región del Istmo de Tehuantepec.

“Hay que tener en cuenta que es un proyecto muy grande, es un macroproyecto, y que es muy difícil para nosotros poder marcar las pautas de cómo este proyecto nos afectaría. Las afectaciones inmediatas son la deforestación, el agua como pieza clave para toda la zona industrial que quieren hacer, los gasoductos que van a enterrar por la región… las zonas industriales van a requerir de agua, drenaje y de energía eléctrica. Y, para todo eso también van a necesitar mano de obra, de hecho están considerando la mano migrante, que va a generar que los pueblos crezcan o que se creen nuevos centros de población en la región, lo que va a culminar en que se plantee nuevamente la necesidad de agua, luz y drenaje. O sea va a ser una devastación y un extractivismo gigante”, advierte Quintero.

De hecho, como lo cuenta, la devastación ya ha empezado desde hace varios años en la región. “Ya de por sí, con la refinería de Salina Cruz han habido derrames de arsénico, de crudo y otros químicos, que ya han afectado. Son de esos daños invisibles de los que no se habla pero que ya hay. En el tema de los eólicos, ya han dejado su huella en la región también: la deforestación, el aumento de la sequía, la muerte de aves, el aceite industrial que se escurre en el aire y el agua. También está la presa de Xalapa del marques. Ya hay proyectos que han causado impactos a la naturaleza y este proyecto lo va a agudizar, va a haber más sequía, va a faltar más agua”, resume.

Violencia y resistencia 

Para asegurar el buen desarrollo del macroproyecto, ya han sido implementadas estrategias para regar el miedo dentro de la población de la región y frenar los procesos de resistencia que se están fortaleciendo localmente. En el comunicado publicado por la UCIZONI, ya se denunciaron “las amenazas que han sufrido algunos representantes y las acciones para dividir a las comunidades y ejidos”.

Por su lado, Mario Quintero menciona la reciente masacre que dejó al menos 15 muertos en la comunidad ikoots de San Mateo del Mar los días 21 y 22 de junio pasado. “Lo que pasó en San Mateo es la puntita de la desestabilización y la contrainsurgencia a los pueblos, los movimientos y organizaciones de la región”, expresó.

Pocos días después del ataque, el equipo operativo de la Preparatoria Comunitaria “José Martí” de la comunidad vecina de Santo Domingo Ixhuatán abundó en el mismo sentido, al declarar en un pronunciamiento: “la masacre al pueblo Ikoot de San Mateo del Mar no es un conflicto interno o poselectoral como lo considera el presidente AMLO: tiene como base la negativa de las asambleas comunitarias a la implementación de megaproyectos que actualmente se circunscriben al Corredor Interoceánico, y saca a relucir los intereses de personas y grupos que quieren convertirse en capataces ante esta nueva conquista”.

Mario Quintero también advierte sobre el papel que está teniendo el crimen organizado para debilitar las resistencias en la región. “También hay que tener claro que el narco está en la región, ellos están siendo el brazo paramilitar de esta 4T y son el riesgo latente para la resistencia”, afirma.

A pesar de todo, el integrante de la  APIDT confía en la fuerza y la determinación de los pueblos que desde hace siglos habitan el Istmo. “Es muy complejo el proyecto por la falta de información. Es muy peligroso porque van a poder, están pudiendo avanzar ahora, y piensan que lo tienen arreglado, pero no. Los pueblos cuando vean el tamaño de estas obras y los riesgos, van a reaccionar colectiva y masivamente. Porque si algo tienen y saben los pueblos del Istmo es que cuando ven que su territorio que les da vida está en peligro, lo defienden hasta la muerte, colectivamente. Esto al final es una guerra por el territorio, una lucha por la vida”, concluye.