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Erdogan apunta sus cañones contra el Kurdistán sirio

Por Leandro Albani para La tinta

Una tensión filosa como un cuchillo recorre el Kurdistán sirio (Rojava). La frontera de casi mil kilómetros que separa a Turquía y Siria, en los últimos días, se recargó de fuerzas militares, luego de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan aumentara su apuesta de invadir esa región controlada por la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES).

El domingo, Erdogan volvió a encender la mecha de una bomba que, si llega a explotar, profundizará la guerra en un país devastado después de ocho años de atentados, combates encarnizados, desplazamiento forzados de personas, asesinatos masivos y cohetes que estallan al compás de las frágiles relaciones entre las potencias implicadas en el conflicto sirio.

“Ahora, vamos a ir al este del Éufrates. Se lo hemos dado a conocer a Rusia y Estados Unidos”, expresó el mandatario durante la inauguración del Hospital Urbano de Bursa y la autopista Estambul-Izmi. Erdogan argumentó que los movimientos militares de las fuerzas armadas turcas en la frontera con Rojava se deben a supuestos ataques desde el lado kurdo, algo negado por la AANES. “Tendremos paciencia hasta un cierto punto. Esta paciencia tiene un límite”, remató el presidente.

Desde hace varios días, tropas turcas se trasladan hacia la frontera y las amenazas de Erdogan fueron creciendo con el trascurso de las semanas. El gobierno de Ankara demanda que se establezca una “zona segura”, controlada por el ejército turco, que ingrese 30 kilómetros en el territorio de Rojava. La AANES y las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) dejaron en claro que esa “zona segura” podría aplicarse si tiene una extensión de cinco kilómetros, bajo el control de fuerzas enviadas por Naciones Unidas y las Asayish, las unidades locales que se desempeñan como una policía comunitaria.

En la actualidad, las tropas turcas -junto al Ejército Libre Sirio (ELS)- ocupan de forma ilegal el cantón kurdo de Afrin, además de zonas en Jarabulus, Al Bab y Azaz. La presencia turca en estas regiones fue denunciada desde un principio por la AANES y hasta por el propio gobierno sirio. Turquía también mantiene su presencia militar en la provincia de Idlib -en donde respalda a los grupos armados irregulares- luego de llegar a un acuerdo con Rusia.


La ocupación turca en Rojava ha generado una crisis humanitaria que continúa en aumento. Se calcula que, luego de la invasión de Afrin, en marzo de 2018, al menos 200 mil pobladores fueron obligados a abandonar sus hogares y más de 300 asesinados. A esto se suma el secuestro sistemático de personas, efectuados por las milicias del ELS -conformadas por ex miembros del Estado Islámico (ISIS) y Al Qaeda-, como también el plan de cambio demográfico aplicado en el territorio con la metodología de expulsar a los habitantes originarios y trasladar desde otros puntos de Siria a yihadistas desmovilizados junto a sus familias. Entre las atrocidades cometidas por las fuerzas de ocupación, también se cuentan el robo de reliquias y artefactos arqueológicos, el saqueo de viviendas particulares, la prohibición del idioma kurdo y el cambio de los planes de estudios en las escuelas.


Aunque Turquía todavía no lanzó una invasión abierta contra Rojava, los bombardeos contra diferentes lugares de la región son constantes. Sólo en la jornada de ayer, el ejército turco bombardeó las poblaciones de Herbil, Sheikh Isa y Semuqa, en el cantón de Shehba, al mismo tiempo que lanzaba fuego de artillería sobre las aldeas de Zuwyan, Xirbet Şaalê, Til Cîcan y Til Medîq, en Al Bab. El mismo lunes, las bombas turcas cayeron en las poblaciones de Burc Qes y Mezin, en el distrito de Sherawa, en Afrin, dejando como saldo una persona muerta y dos heridas.

Ante esta situación crítica, la AANES y las FDS alertaron que las amenazas y los ataques turcos permiten el incremento de las actividades delictivas y los atentados de ISIS. Si bien las FDS derrotaron al Estado Islámico en marzo pasado cuando liberaron el pueblo de Baghuz, en la región sobreviven células yihadistas que ya cometieron varios atentados. Las fuerzas de autodefensa de la AANES advirtieron que “las células de ISIS continúan sus ataques con el objetivo de erosionar la seguridad en la región e infundir el miedo entre la población” y reiteraron que el principal aliado del grupo terrorista es Turquía.

El objetivo principal de Turquía con sus intenciones de invadir Rojava es cortar de cuajo el proceso político y social que se viene desarrollando hace siete años, cuando las fuerzas kurdas -a las que se sumaron grupos árabes, turcomanos, armenios, asirios y de otras nacionalidades- liberaron el territorio y declararon una autonomía basada en la igualdad étnica y religiosa, el empoderamiento de las mujeres y la construcción de cooperativas y comunas. Para Erdogan, esta propuesta choca directamente con sus ambiciones neo-otomanas de expansión territorial e ideológica, donde se mezclan las ideas nacionalistas más reaccionarias y el islam político más conservador, ligado al pensamiento de los Hermanos Musulmanes.


Ante el avance turco, Estados Unidos y Rusia pujan por tener bajo su ala a Erdogan. La Casa Blanca, que mantiene menos de dos mil tropas en el norte de Siria y forma parte de la Coalición Internacional contra ISIS, intenta presionar al mandatario para que, por un lado, se aleje de Moscú y, por otro, reduzca la presión contra los kurdos. Desde el gobierno ruso, el acercamiento con Ankara es constante, tanto en lo diplomático como en lo político y militar (en este último caso, con la venta de armamento pesado). Estados Unidos y Rusia tienen una gran responsabilidad sobre lo que sucede (y pueda suceder) en Rojava, ya que poseen el poder suficiente para detener las aspiraciones de conquista de Erdogan. Hasta ahora, ese poder es administrado de diferentes formas, pero, por el momento, los planes de Turquía avanzan sin demasiados problemas.


Los peligros que atraviesan la AANES y las FDS también se extienden por otros frentes. Desde el gobierno de Damasco, mantienen la intransigencia de no reconocer la autonomía en el norte y el este del país, y las conversaciones iniciadas meses atrás se suspendieron sin ningún logro importante. Por otra parte, la agencia de noticias Hawar reveló que la Guardia Revolucionaria de Irán -que respalda en el terreno al gobierno sirio- desplegaron tropas en la provincia de Deir Ezzor, liberada por las FDS y que posee vastas reservas de hidrocarburos. En el territorio iraní, viven más de ocho millones de kurdos en la región conocida como Rojhilat, que forma parte del Kurdistán histórico. Los kurdos de Irán son blanco de una represión permanente por el gobierno central.

Ante este panorama crítico, la comandante general de las FDS, Newroz Ehmed, expresó que sus fuerzas siempre favorecieron el diálogo como método para resolver el conflicto vigente y advirtió que, si Turquía ataca Rojava, se extenderá la guerra en Siria.

En una entrevista publicada ayer en la agencia de noticias ANF, Ehmed aclaró “nunca hubo ataques” al territorio turco “desde nuestro lado” y que “nunca nos hemos comprometido a poner en peligro la política estatal turca”. La comandante de las FDS explicó que “la idea de zona segura entró en nuestra agenda a través de las amenazas” de Turquía, ya que “nuestra región es la más segura”.

Para Ehmed, Turquía y sus aliados “quieren dividir la región entre ellos y destruir los valores creados a través de un alto precio pagado. Esto es lo que crea la gran amenaza y expone las verdaderas intenciones del Estado turco”. La comandante de las FDS apuntó que “cada vez que el Estado turco nos amenaza, ISIS intensifica sus ataques en la región. Los ataques han aumentado significativamente en este período más reciente, lo que demuestra que el Estado turco quiere revivir al ISIS y controlar la región a través de ellos, o si eso falla, solo crear el caos”.

Sobre la reciente reunión del comando central de las FDS con el general estadounidense Kennet McKenzie y el enviado especial para la Coalición Internacional, William Roebuck, Ehmed señaló que los representantes de la Casa Blanca se mostraron favorables a “alcanzar una solución sin otra guerra en la región”, pero “las amenazas estatales turcas están bloqueando la solución. Estas reuniones más recientes no han producido resultados concretos, pero el proceso continúa”.

Al cierre de esta edición, una delegación estadounidense se había trasladado a Ankara para discutir con el gobierno de Erdogan la implementación de la “zona segura”. Más allá de lo que se defina en ese encuentro, el mandatario turco tiene en claro que su gran aporte para la causa neo-otomana es barrer a los kurdos de Siria y, si eso sucede, seguir soñando con convertirse en el nuevo sultán de Medio Oriente.

10 integrantes del CNI asesinados en primeros 5 meses de gobierno de AMLO

Foto: Santiago Navarro F

Foto por Santiago Navarro F. Chinameca Morelos, abril, 2019.

Durante los primeros 5 meses de gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador, 10 integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) han sido asesinados. Es el peor inicio de un sexenio desde su fundación el 12 de Octubre de 1996.

Cada uno de los 10 asesinados eran miembros de comunidades en procesos de lucha y resistencia en defensa de sus territorios contra megaproyectos y/o tráfico de drogas, armas y personas.

Sin gran sorpresa, nadie ha sido detenido por esos homicidios: la impunidad es la regla en el país.

Según la investigación “Impunidad en homicidio doloso en México 2018” elaborada por la organización Impunidad Cero, en 2017 por ejemplo, se registraron 29,139 homicidios dolosos (con la intención de matar), más del doble de los homicidios registrados en el 2001 (13,855). De esos homicidios, un promedio de 87.5% quedó impune. Las entidades que se sitúan como las más impunes del país son Oaxaca y Morelos, ambas con una impunidad directa en homicidio doloso de 99.4%, seguidas de Guerrero (98.2%), Chiapas (97.1%) y Baja California Sur (96.9%).

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Carlos González, nahua de Jalisco, abogado especialista en derecho agrario e integrante de la Coordinación del Concejo Indígena de Gobierno del CNI explica en una entrevista para Contralínea que si bien la violencia está recrudeciendo, no es nueva: los pueblos indígenas viven una guerra permanente. Para él, las agresiones contra las comunidades son parte de “una política sistemática y perfectamente planificada para destruir y para exterminar a los pueblos indígenas”.

Cabe señalar que según un recuento no exhaustivo con datos del CNI, se registraron 117 asesinatos y 11 desapariciones contra integrantes del CNI desde 1996. Se sabe que la lista real es más larga ya que la lista tentativa recopila casi exclusivamente los casos de asesinatos de personas que tenían responsabilidades políticas y/o operativas.

González también señala que la “militancia de izquierda” del actual presidente de la República es más una ilusión que una realidad ya que todo su proyecto de gobierno sigue las reglas del neoliberalismo. Para él, los pueblos indígenas no pueden esperar un cambio favorable por parte del nuevo gobierno federal.

Las personas asesinadas durante el actual sexenio son:

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  • Los choles Noé Jiménez Pablo y Santiago Gómez Álvarez, integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, organización adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri-CNPA MM). Fueron secuestrados mientras su organización mantenía un plantón en el Palacio Municipal de Amatán, Chiapas. Fueron torturados y desfigurados con ácido.
  • El nahua Samir Flores Soberanes, campesino, herrero y comunicador comunitario comprometido con la lucha contra el Proyecto Integral Morelos. Fue asesinado el 20 de Febrero en las puertas de su domicilio en Amilcingo, Morelos
  • El me’phaa Julián Cortés Flores, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la región de la Costa Chica, Guerrero. Fue asesinado a balazos en San Luis Acatlán.
  • El tsotsil Ignacio Pérez Girón, síndico del municipio de Aldama, Chiapas. Había denunciado ataques de paramilitares contra su comunidad. El 4 de Mayo de 2019 fue secuestrado, torturado y asesinado en Tuxtla Gutiérrez.
  • Los nahuas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPO-EZ). Fueron emboscados y asesinados en Chilapa de Álvarez, Guerrero.
  • Los nahuas Bartolo Hilario Morales, de la comunidad de Tula, Guerrero, e Isaías Xanteco Ahuejote, de la comunidad de Xicotlán, integrantes del CIPO-EZ y de la CRAC-PC Pueblos Fundadores. Fueron secuestrados, torturados y asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados.

Estos últimos cuatro asesinatos ocurren en el contexto de resistencia de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero contra grupos narcoparamilitares que buscan controlar su territorio.

  • y un joven nahua de la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, en Colima. El 31 de Mayo de 2019, un grupo paramilitar entró disparando al pueblo asesinando al joven y dejando otros 3 heridos. Su comunidad está en conflicto por la tierra con una comunidad mestiza vecina.

Con información de Contralínea

Brasil: Mediante autodemarcación de su territorio, pueblo Munduruku expulsa taladores

Fotos de Archivo Munduruku

El pueblo indígena Munduruku, habitante de la región alta y media del río Tapajós, estado de Pará en Brasil, ha denunciado la devastación de los bosques provocada por la industria minera y maderera. Durante la quinta etapa del proceso de autodemarcación de la Tierra Indígena Sawre Muybu, los Munduruku afirman haber encontrado caminos utilizados por taladores de madera para realizar sus actividades.

En una reciente expedición realizada por más de 100 kilómetros en el territorio indígena, los Munduruku expulsaron a quienes encontraron devastando los bosques y con dicha acción consiguieron desalojar maquinaria destinada a la tala ilegal.

“Y bajo presión, ellos pasaron toda la madrugada sacando 11 máquinas pesadas, 2 camiones, 1 cuadriciclo, 1 balsa y 8 motos. Todos sin placa de identificación”, apunta un comunicado del pueblo indígena de la amazonía brasileña.

“Los invasores nos están quitando la vida y derramando la sangre de nuestra selva. Nuestra vida está en peligro”.

Además de la tala de bosques y la producción agroindustrial, la actividad minera ha sido señalada como otro de los motores de la deforestación en esta región. Así lo demuestra el testimonio compartido por el pueblo Munduruku pues tuvieron que beber "agua sucia del río Jamanxim", debido a la contaminación causada por la extracción minera.

“Solos, hemos logrado expulsar a los madereros, cosa que ni el ICMBio, el IBAMA y la FUNAI (Órganos del gobierno responsables por vigilar a las áreas naturales protegidas, al medio ambiente en general y a las tierras indígenas) habían logrado hacer. Y sabemos que, adentro de la Flona Itaituba II (Una de las áreas naturales protegidas de su región), hay una pista de aterrizaje".

“Los invasores nos están quitando la vida y derramando la sangre de nuestra selva. Nuestra vida está en peligro. Precisamente por eso, vamos a seguir con nuestra resistencia y nuestra autonomía”.

El camino de la autodemarcación

Fue en el año de 2014 cuando el pueblo Munduruku inicio el proceso de autodemarcación del territorio Sawre Muybu. Dos años después y tras una intensa presión por las movilizaciones indígenas, la Fundación Nacional del Indio (Funai) publicó un informe detallado de identificación y delimitación de las tierras por las que los Munduruku se movilizan.

Pese a la existencia de la documentación para concretar la demarcación de la tierra indígena, el Estado brasileño, entonces administrado por el Partido de los Trabajadores (PT) con Dilma Rouseff al cargo, no concluyó el trámite. Y ahora en la era de Bolsonaro, las atribuciones con las cuales contaba la Funai para declarar tierras indígenas en Brasil han sido trasladadas hacia el congreso, donde existe una fuerte representación de la agroindustria y el sector minero quienes mantienen interés en expandir sus actividades en territorios indígenas por todo el país.

En los últimos años, los pueblos Munduruku han luchado contra los grandes proyectos hidroeléctricos en la amazonía y también denunciado la devastación de los bosques y ríos.

“¿Será que hace falta que mueran otras hermanas y hermanos, como ha pasado con el líder Wajãpi, para que los órganos competentes accionen?”, cuestionan los Munduruku. "Estamos aquí defendiendo lo que es nuestro, y no de los pariwat (no indígenas). Por eso, no vamos a parar de luchar por las demarcaciones de nuestros territorios. Nunca nos van a derrumbar. Nunca vamos a negociar lo que es sagrado".

A continuación el comunicado completo:

La autodemarcación y la autodefensa de nuestro territorio continúa. Nosotros, pueblo Munduruku del Medio y del Alto Río Tapajós, seguimos con la autodemarcación de nuestro territorio Daje Kapap Eipi, conocido como Tierra Indígena Sawre Muybu. Caminamos más de 100 km en nuestro territorio, en la tierra que ya tiene un Reporte Circunstancial de Identificación y Delimitación, publicado en el Diario Oficial desde abril de 2016.

Organizados en 5 equipos - los guerreros Pusuru Kao, Pukorao Pik Pik, Waremucu Pak Pak, Surup Surup y la guerrera Wakoborun - continuamos a defender nuestro territorio sagrado. Nuestra resistencia siempre fue así. Como nuestros antepasados, que siempre vencían las batallas y nunca fueron alcanzados por las flechas de los enemigos, nosotros también continuamos limpiando nuestras brechas, supervisando, formando equipos de vigilancia y fundando nuevas aldeas, como Karoebak, en el Río Jamanxin.

Durante esta quinta etapa de autodemarcación y reapropiación de nuestro territorio, hemos encontrado nuevas veredas y varios caminos abiertos por los madereros y palmiteros adentro de nuestra tierra. Hemos expulsado a dos grupos de madereros que habían invadido nuestros territorios.

Nos enojamos mucho al ver nuestros árboles derrumbados y nuestros castaños hechos pedazos de madera, arriba de los camiones. Y sabemos que, después de sacar toda la madera, van a querer transformar nuestra tierra en un gran pastizal, para el ganado. Por eso, hemos dado un plazo de tres días para que los invasores retiraran todo su equipo.

Nosotros estábamos armados con nuestras canciones, nuestra pintura, nuestras flechas y la sabiduría de nuestros ancestros. Y bajo presión, ellos pasaron toda la madrugada sacando 11 máquinas pesadas, 2 camiones, 1 cuadriciclo, 1 balsa y 8 motos. Todos sin placa de identificación.

Durante la recuperación de nuestras tierras, caminamos 26 km, vigilando los caminos que los madereros habían abierto en nuestros territorios, y tomando agua sucia del Río Jamanxim, contaminado por la minería.

Solos, hemos logrado expulsar a los madereros, cosa que ni el ICMBio, el IBAMA y la FUNAI habían logrado hacer. Y sabemos que, adentro de la Flona Itaituba II, hay una pista de aterrizaje. Los invasores nos están quitando la vida y derramando la sangre de nuestra selva. Nuestra vida está en peligro. Precisamente por eso, vamos a seguir con nuestra resistencia y nuestra autonomía.

Somo capaces de cuidar y de proteger nuestro territorio para nuestros hijos y las futuras generaciones. Nadie nos va a hacer sentir miedo y nadie nos va a detener, porque nosotros mandamos en nuestra casa, que es nuestro territorio.

Estamos aquí defendiendo lo que es nuestro, y no de los pariwat (no indígenas). Por eso, no vamos a parar de luchar por las demarcaciones de nuestros territorios. Nunca nos van a derrumbar. Nunca vamos a negociar lo que es sagrado.

¿Será que hace falta que mueran otras hermanas y hermanos, como ha pasado con el líder Wajãpi, para que los órganos competentes accionen?

Continúa el despojo de Israel hacia civiles de Palestina

Palestinian women walk by the family house of Khaled Mahamra after it was demolished by Israeli troops in the West Bank village of Yatta south of Hebron Thursday August 4 2016 Khaled and his cousin Mohammed Mahamra opened fire at a restaurant in Tel Aviv in June killing four people in one of the deadliest attacks in a 10-month wave of Israeli-Palestinian violence AP Photo Nasser Shiyoukhi

Con explosivos y maquinaria pesada por lo menos 900 soldados israelíes irrumpieron desde la madrugada del 22 de Junio en un barrio periférico de Jerusalén Este, donde habitan más de 6 mil palestinos. Derribaron 13 edificios con 70 apartamentos. Esta región no esta bajo jurisdicción de Israel, ya que no fue anexionada en 1967 tras la guerra de los Seis Días como el resto de la ciudad, pero sí había quedado bajo control parcial de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

En Junio de 1967, tras la guerra llamada de los Seis Días, Israel anexionó 70 km cuadrados adicionales a los límites municipales de Jerusalén Oeste, e impuso su ley. Pero esta zona donde han derribado estos edificios no esta adscrita oficialmente al término municipal de su ciudad, por lo que esta incurriendo en actos flagrantes de despojo.

Esta no es la única acción que ha realizado el gobierno de Israel, pero si es considerada una de las mayores operaciones de derribo de construcciones palestinas desde el inicio de la ocupación en 1967. A las personas afectadas no les dieron el tiempo necesario para tomar lo más básico de sus pertenencias, ya que la zona fue acordonada por los militares, asegurando que era una “zona militar cerrada”.

Estos actos se han agudizado tras las declaraciones, en Mayo de 2018, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al reconocer a Jerusalén como capital de este país.

Por su parte el líder palestino Mahmud Abás denunció el jueves (25) la suspensión por tiempo indefinido de todos los acuerdos existentes con Israel.

"No sucumbiremos a los dictados y la imposición de un hecho consumado sobre el terreno por la fuerza bruta, específicamente en Jerusalén",

denunció Abás en una reunión de emergencia en Ramala, citado por la agencia de noticias palestina WAFA.

Wu Haitao, representante permanente asistente de China ante la ONU, como enviado especial en el área de los hechos, resaltó que “las partes pertinentes deben cesar de inmediato la demolición de viviendas palestinas, la destrucción de propiedades palestinas, cesar todas las actividades de construcción de asentamientos en los territorios ocupados, y tomar medidas para evitar la violencia contra civiles”.

Desde Cuba, el ministro de Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, expresó que "la posición destructiva de los estadounidenses, contraria a los planteamientos de la abrumadora mayoría de los miembros de la comunidad internacional, demuestra una vez más la línea encaminada a romper el marco jurídico internacionalmente reconocido para la solución del conflicto de Oriente Medio, consagrado en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apoyadas por Washington, entre otras".

A estas declaraciones también se sumaron diversos países de la Unión Europea. Afirmando ante la ONU estar "seriamente preocupados por la continua demolición de propiedad palestina por parte de las autoridades israelíes", pues esta es "contraria a la ley humanitaria internacional" y a "las resoluciones del Consejo de Seguridad" de la ONU.


Con información de Palestinalibre y Adncuba

En Guatemala, demanda de minera norteamericana por caso La Puya

El 11 de Diciembre de 2018, la empresa minera norteamericana Kappes Cassiday & Associates presentó una demanda de arbitraje internacional por 300 millones de dólares en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) bajo el amparo del tratado de libre comercio DR-CAFTA, firmado entre los países centroamericanos y EEUU.

El recurso jurídico refiere al proyecto minero Progreso Derivado VII el cual fue suspendido el 22 de Febrero de 2016 por la Corte de Constitucionalidad, debido al incumplimiento de la empresa al no realizar consulta a las poblaciones de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, antes de implementar el proyecto.

Desde 2011, mujeres, niños y hombres ha articulado acciones de resistencia contra la operación de la mina en una región campesina y con escasez de agua en el país centroamericano. A pesar de una campaña de criminalización y difamación, y una renovada presencia militar en la región, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del día.

Para hacer efectivo el rechazo a la mina, los habitantes colocaron un campamento para bloquear el camino a la maquinaria. Sin embargo, diversas denuncias señalaron la operación de la empresa utilizando otras vías para la extracción de los minerales, incluso después de la orden de la corte, lo cual derivó en la apertura de una carpeta de investigación por el delito de explotación legal.

Guatemala, con anterioridad, pagó 249 millones de quetzales (32.4 millones dólares) a dos empresas noretamericanas (RDV y TECO) que le demandaron internacionalmente y se abstuvo a suspender los trabajos de la Mina Marlin (propiedad del gigante GoldCorp) para evitar una demanda similar durante el gobierno de Álvaro Colóm.

El juicio, un abuso más contra las comunidades

El pasado 23 de Julio de 2019, durante una citación realizada a diversos funcionarios de Gobierno, estos no informaron sobre la estrategia que utilizará el Estado guatemalteco en su defensa legal.

Durante la citación, realizada por el diputado Leocadio Juracán, la abogada Jennifer Moore del Centro de Estudios Políticos, presentó el estudio “Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional”.

Moore, resaltó como estas demandas permiten a las empresas ganar millones de dolores gracias a un sistema unilateral, en el que solo las empresas pueden demandar y quienes dictan sentencias son allegados suyos.

Despojo legalizado

El CAFTA-DR, al igual que los miles de otros acuerdos internacionales de inversión, otorga a las empresas transnacionales un recurso vinculante a un sistema de arbitraje internacional perverso conocido como Solución de Controversias Inversionista – Estado Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés). Los reclamos de ISDS se escuchan en tribunales como el CIADI y han sido ampliamente condenados por privilegiar los intereses corporativos en detrimento de las comunidades locales y el medio ambiente. Este mecanismo permite a las corporaciones transnacionales pasar por encima de los tribunales nacionales y socavar a la soberanía de las naciones. Tribunales como el CIADI no son cortes de justicia, sino paneles secretos de abogados corporativos altamente pagados cuyas decisiones no tienen la obligación de respetar ningún precedente.

“Es una tergiversación del concepto de justicia, en donde se permite que empresas interpongan sus intereses mezquinos por encima y sin cumplir con la ley en el país”,

expresó la abogada.

En la misma sintonía, la resistencia pacífica de La Puya expresó su preocupación por el hecho de que proceda una demanda de “esta empresa que a criminalizado, ha alterado la paz social de las comunidades, está atentando contra la vida de los ecosistemas de la zona y la calidad de vida humana”.

A su vez las comunidades en resistencia pacífica de La Puya demandaron “Que declare lesivo el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y lo denuncie tal como se lo permite la Constitución Política de la República en el artículo 183 inciso o)”, pro lo cual actualmente se encuentra sujetos a demandas de arbitraje por cientos de millones de dólares.

La producción orgánica argentina es segunda en el ranking mundial

Foto: Gentileza Asociación de Productores de la 1610. F. Varela.

Esta actividad es desarrollada por 1.366 productores primarios, reúne a 1.590 operadores certificados totales y llegó a representar exportaciones por 165.867 toneladas.

La producción orgánica en la Argentina cuenta ya con 3,2 millones de hectáreas certificadas, lo que representa un crecimiento interanual del 12% y que coloca al país, segundo en el ranking mundial, detrás de Australia.

En la Argentina, esta actividad es desarrollada por 1.366 productores primarios, reúne a 1.590 operadores certificados totales y llegó a representar exportaciones por 165.867 toneladas.

Además abastece a un mercado interno en pleno crecimiento, de modo que la producción orgánica representa hoy una alternativa posible y rentable que agrega valor a los alimentos argentinos y abre nuevas oportunidades comerciales a los productores.

En este sentido, la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación congregó a la 65ª Reunión de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, ámbito donde se encuentran representadas todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que trabajan para aumentar la competitividad de este sistema de producción.

Durante el encuentro, que contó con la presencia del secretario de Alimentos y Bioeconomía, Andrés Murchison, y la directora Nacional de Alimentos y Bebidas, Mercedes Nimo, fueron analizados los principales temas vinculados actualmente con el sector.

Se habló sobre los avances en el control de la importación de alimentos orgánicos, desarrollos en el control de la venta de productos declarados como «orgánicos» pero que incumplen la normativa oficial.

También se abordó el estado de situación de las negociaciones sobre orgánicos con la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos y los progresos del Plan Estratégico para el Fomento y Control de la Producción Orgánica al 2030.

En tanto, fue debatida la situación actual y necesidades vinculadas con las semillas orgánicas, entre otros temas como la presentación de la Guía Práctica para el Desarrollo Provincial y Regional de la Producción Orgánica.

El encuentro fue calificado por Mercedes Nimo como «paso trascendente para que el Plan Estratégico forme parte de la agenda cotidiana de cada una de las empresas y que a su vez, éstas puedan plantearle a las autoridades cuestiones concretas, claras y consensuadas».


Por Conclusión