La migración transforma usos y costumbres en México y la participación de la mujer en las comunidades

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1 enero, 2015

Este reportaje es parte de cuatro entregas que documentan sobre los sistemas normativos de los pueblos originarios de Oaxaca. De los 570 municipios que conforman este estado, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política conocido como “usos y costumbres”, sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos.

Consecuencias de la emigración recae sobre las mujeres

El sistema de usos y costumbres que rige 418 de los 570 municipios del estado de Oaxaca, en México –basado en prácticas sociales y políticas tradicionales de las comunidades indígenas– resiste contra un enemigo que los acompaña desde la década de 1960, la migración. Este sistema, fundado en el trabajo comunitario y en asambleas para elección de sus autoridades –paralelo al sistema de elección partidista–, se encuentra perjudicado en muchas comunidades por la salida de la gente de tierras oaxaqueñas, dejando detrás vacíos en el sistema colectivo de la organización social y político de los pueblos, único en América Latina.

El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) calcula que alrededor de dos millones de oaxaqueños viven en Estados Unidos de América –considerando que en todo el estado de Oaxaca hay 3.1 millones de personas–. De cada 100 migrantes internacionales del estado, en 2010, 98 se fueron a Estados Unidos. El dato a nivel nacional es de 89 de cada 100. La mayoría de los inmigrantes son indígenas y trabajan como jornaleros agrícolas, en la industria de la construcción, prestación de servicios domésticos, restaurantes, limpieza, jardineros, obreros; y se concentran en Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago, San Antonio, San Francisco, Phoenix, Fresno, Sacramento y Tucson.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 570 municipios que conforman el estado de Oaxaca, San Juan Quiahije, municipio de la región Costa, y San Bartolome Quialana, en los Valles Centrales, ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, en el contexto nacional con mayor índice de intensidad migratoria.

«Oaxaca es el segundo estado más pobre de la República Mexicana. El sueldo mínimo mexicano es aproximadamente $49.50 por un día de trabajo de ocho horas. En Oaxaca existen demasiadas personas que reciben menos que el sueldo mínimo», sustenta el Centro de Orientación al Migrante de Oaxaca. Para empeorar la situación, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), signado en 1994, el maíz, que es base de la alimentación indígena, en este caso el importado, se tornó más barato que el maíz local, en un 30% menos. Esto provocó la emigración de campesinos de las regiones rurales que no pudieron competir con los precios bajos. El resultado es el «abandono del campo y áreas rurales y la pérdida de tradiciones culturales».

Despertar político

La migración es masculina. Según el INEGI, en 2008, 8 de cada 10 emigrantes de Oaxaca, eran hombres. Esto trajo consecuencias para las mujeres que sólo asumían actividades domésticas dentro de las comunidades regidas por usos y costumbres.

«Mientras los hombres se van, las mujeres se quedan y entonces comienzan a ser designadas a cargos en las escuelas, en los tequios, servicios comunitarios, inclusive recae sobre la mujer la responsabilidad de la subsistencia de la casa», afirma para Avispa Midia Carmen Alonso Santiago, indígena zapoteca directora de la organización no gubernamental Flor Y Canto. Para ella, la necesidad de asumir cargos y funciones en la comunidad es uno de los principales motivos que llevaron a las mujeres a despertar para la participación política.

Teotitlán del Valle es un pueblo oaxaqueño de 8 mil habitantes, que se rige por usos y costumbres, con una tradición muy arraigada como tejedores de lana. Los coloridos tapetes y las prendas para el frío son conocidos en diferentes partes de México. Todo se hace con un sistema artesanal, desde el lavado de los hilos y los tintes; la tradición es crear colores para teñir de forma natural con flores, frutos, hojas, corteza de árboles. En mayor medida aún se conserva el tejido de piezas auténticas que reflejan las leyendas y la historia de estas comunidades. No hay casa sin al menos un telar y se enseña el arte de tejer a los niños desde los 10 años de edad.

En este pueblo, hace 17 años un grupo de mujeres tejedoras decidieron juntarse y formar la cooperativa Vida Nueva. «Nos juntamos por pura necesidad. Vendíamos nuestros tapetes para los revendedores, pero el pago era muy poco. Éramos madres solteras, viudas, esposas de hombres que habían emigrado. Teníamos que sacar a la familia adelante», dice Pastora Gutiérrez Reyes, una de las fundadoras. «Hay mucha migración. En la década de 1940 nuestros abuelos comenzaron a irse, después nuestros padres, nuestros hermanos, jóvenes que salen de la secundaria y se van. Nuestro grupo se formó en un sentido de buscar opciones de trabajo. Así nos dedicamos al campo y a tejer », afirma Pastora.

Ahora, además de trabajar en la cooperativa, ellas también ejercen un trabajo político con las mujeres de la comunidad. «Promovemos talleres de sexualidad, salud, autoestima, contra el uso de drogas». De la misma forma Pastora cuenta alguno de los retos que tuvieron que superar: «en el principio de la cooperativa nos criticaban mucho. ¿Puedes imaginar un grupo de mujeres que se organizó hace 17 años? La mujer ni siquiera podía salir del pueblo».

En un determinado momento cuando los trabajos estaban más consolidados, las mujeres de la cooperativa tomaron la iniciativa de presentarse con las autoridades locales. «Poco a poco nos empezaron a tomar en cuenta como grupo de mujeres. Comenzamos a participar en las asambleas. Otras mujeres comenzaron a ver nuestra participación. Poco a poco vinieron más mujeres, principalmente las que tienen a sus maridos fuera del país o que son viudas», Pastora suelta un suspiro y empieza a recordar. «Ahora somos tomadas en cuenta en lo social y en lo político. Cuando hay eventos oficiales o políticos somos invitadas por las autoridades locales. La mujer ya desempeña cargos. Los hombres fueron viendo que las mujeres organizadas que trabajan políticamente tienen buenos resultados. Hoy hay un poco más de equidad».

Vida política limitada

El sistema de usos y costumbres ha sido valorizado y defendido por las comunidades durante siglos. Cuando se atenta contra su territorio, es defendido por hombres, mujeres, ancianos y niños. Sin embargo, la participación política de las mujeres, aunque ha aumentado, es bastante reducido dentro de este sistema. De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en los gobiernos municipales que se eligen de esa manera, las mujeres tuvieron una participación del 1.68%, para el periodo 2014-2016, y en el régimen de partidos políticos fue de 5.2%.

La directora de Flor y Canto alerta que en las diferentes comunidades la condición de la mujer es diversa, todo es de acuerdo a lo que determinen los usos y costumbres de cada pueblo. «Hay comunidades en que las mujeres pelean por sus derechos, en otras no tanto. Hay comunidades que hasta el momento no es permitido para nada que se elija una mujer para ser autoridad y en otras comunidades no hay discriminación. En algunas otras, las mujeres no son tomadas en cuenta ni para levantar las manos en las asambleas y asumen su papel en otras funciones. Pero hay otros lugares en que desde hace muchos años la mujer participa en las asambleas, vota y es votada», explica.

Mapeo de la participación femenina

En su publicación Participación Política de las Mujeres en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mapeó la participación de la mujer en el sistema de cargos de los municipios regidos por usos y costumbres, con base en las elecciones del 7 de octubre de 2007. En este año, 361 municipios estaban registrados dentro de este sistema.

La pesquisa muestra que existen varias combinaciones de criterios que definen cuáles mujeres votan. En 234 municipios (62.7 %) votan mujeres solteras, casadas y viudas; en 59 las mujeres están excluidas del voto (15.8 %); en 15 de ellos sólo votan las mujeres casadas; en cinco municipios votan sólo mujeres viudas; en 10 votan sólo las solteras; y en siete municipios sólo permiten votar a las solteras y viudas. Aún 48 municipios no reportan información al respecto.

Como parte del ayuntamiento, como regidoras, y en pocos casos, como presidentas municipales, las mujeres están presentes en 21 municipios (5.6 %). Y apenas en 48 de ellos (12,9%) hay mujeres que integran la administración municipal, como tesoreras, secretarias, o contraloras; y en comisiones administrativas, como la de agua potable.

Las mujeres participan más como integrantes de comités –en 195 municipios (52.3 %)– que se forman por iniciativa de las instituciones públicas, como desarrollo integral de la familia, instituciones del sector de salud, educación y programas sociales de combate a la pobreza. Como presidentas de comités aparecen solamente en 14 municipios (3.8 %).

Mujeres en los cargos

En 56 municipios (15%), la CNDH registra que las mujeres cumplen cargos de manera obligatoria en las siguientes categorías: son religiosos y tradicionales como mayordomas, encargadas de templo, catequistas e incluso son policías. Sólo en seis municipios aparece el cargo de policía dado a mujeres (1.6 %).

El servicio comunitario es obligatorio para las mujeres en 64 de los municipios (17.2%). Mientras los cargos son desempeñados por personas autorizadas por la asamblea, el servicio comunitario involucra en una única actividad a la comunidad en su conjunto –generalmente en días importantes de festividad y tequio–.

En 42 municipios (11.3%) las mujeres participan durante las fiestas tradicionales, en el 3.2%, 12 municipios, las mujeres organizan tales festejos. Otros 31 municipios (8.3 %) deciden el servicio comunitario de las mujeres en diversos tequios, que van desde la limpieza de espacios públicos, iglesias, locales de la comunidad y como promotoras de programas comunitarios.

De acuerdo con la publicación, la escasa participación política y presencia de mujeres en estructuras gubernamentales locales se explica por dos factores. «Los de carácter estructural de la desigualdad social reflejado en el nivel del índice de desarrollo humano casi 15 % por debajo del índice de la población no indígena, así como por la prevalencia de los usos y costumbres que son altamente excluyentes de la participación de las mujeres».

Y además, la participación femenina «en espacios públicos municipales se aprecia como una prolongación de sus funciones en el espacio privado del hogar y la familia, puesto que sus funciones están ligadas a la reproducción familiar: educación, salud, servicios de consumo colectivo (molino, lechería); las propias instituciones que desarrollan programas de beneficio social requieren siempre este tipo de “participación” tutelada de las mujeres en el ámbito comunitario», de acuerdo con la publicación.

«Las mujeres realizan innumerables labores para el desarrollo comunitario, pero son poco reconocidas y tienen escaso poder de decisión» afirma la profesora del Colegio de Posgraduados en Texcoco, Verónica Vázquez García, en su estudio Los derechos políticos de las mujeres en el sistema de usos y costumbres de Oaxaca.

«Los roles tradicionales de género no sólo no se transforman, sino que se reproducen cotidianamente. Las mujeres rara vez llegan a puestos de poder. Hace falta mucho trabajo para derribar, una a una, estas formas de discriminación, que están profundamente enraizadas en la política de cada municipio», evalúa la profesora que incluyó 19 municipios oaxaqueños en su investigación.

Derechos garantizados por la ley

El día 3 de agosto de 2011, la diputada del Congreso de Oaxaca, Eufrosina Cruz Mendoza, siendo presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presentó en el Congreso legislativo una iniciativa de reforma constitucional para garantizar el derecho al voto activo y pasivo de las mujeres en los municipios que se rigen por usos y costumbres, y para dar paso a la creación de la Regiduría de Equidad y Género en todos los ayuntamientos de la entidad. La propuesta fue aprobada el día 28 de abril de 2011.

En el Congreso del Estado de los 42 integrantes de la LXI Legislatura, sólo 16 personas son mujeres y de ellas, sólo Eufrosina Cruz es originaria de un municipio indígena que se rige por el sistema de usos y costumbres, de Santa María Guiegolina, distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca.

Cruz Mendoza fue electa presidenta de su municipio en 2007 y el resultado tuvo ser anulado por estipular las leyes tradicionales en que las mujeres no podían ser electas al cargo.

Construcción de la cotidianidad

El sistema de usos y costumbres es mucho más que el sistema de cargos, de elecciones de autoridades, del sistema de decisión por asamblea. Está basado en la construcción de una cotidianidad en que el papel de la mujer es fundamental. «Estamos hablando de formas propias de convivio en la comunidad, de relacionarnos entre nosotros, de educar a nuestros hijos, de labrar la tierra, de preparar nuestros alimentos, de relacionarnos con la naturaleza, de luchar contra quien quiere explotar nuestras tierras. Todo esto es lo que sustenta y permite a las comunidades mantener sus usos y costumbres. Y las mujeres son fundamentales en todos estos procesos», afirma Carmen Alonso Santiago.

La directora de Flor y Canto define lo que ha permitido a las comunidades mantener sus usos y costumbres a lo largo del siglo. «Siento que tenemos una raíz profunda en nuestro ser como pueblo indígena, que se va transformando con el tiempo, es verdad, pero todavía tenemos muy arraigado nuestros valores de solidaridad, hermandad, el trabajo comunitario. Todos estos valores están arraigados en lo más profundo de nuestro ser y se refleja en la forma en que se organiza la comunidad. Es una espiritualidad fuerte, que nos llama a la comunidad, a la unidad. Y todo esto se transmite con la educación que enseñamos principalmente las mujeres».

Santiago recuerda la inserción decisiva de sus abuelas en el sistema de usos y costumbres, aunque no participaban en el sistema de cargos. «Las abuelas no participaban en asambleas, no hablaban el castellano, pero desde siempre fueron las consejeras en la comunidad. Con su sensibilidad, su intuición, ellas eran buscadas para resolver problemas internos de los matrimonios. Eran reconocidas. Cuando era elegido un presidente municipal, la autoridad venía con su esposa, con sus hijos a la casa a platicar con las abuelas. Y llamaban a otras abuelas también de respeto. Y las mujeres daban ahí concejos a la autoridad y decían como se tenían que comportar. Cuando se nombraba una autoridad eran a ellas que se les pedía que estuvieran en las ceremonias. Vengo de una familia de donde no se marginó a la mujer. En mi familia había mucha igualdad y eso traigo de herencia de mis abuelas», cuenta la directora.

María Isabel Jiménez Salinas, que vive en el Istmo Tehuantepec y es parte de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán, afirma que la mujer, así como los hombres, trabaja para el sustento a la vida. «Por aquí los hombres pescan por la noche, traen el pescado por la mañana y la mujer sostiene la comercialización por el día. El hombre descansa mientras la mujer vende el producto. Y los campesinos trabajan la tierra y las mujeres elaboran y venden los productos».

En la cotidianidad de las comunidades hay una participación equitativa entre hombres y mujeres, como en la siembra o en la cosecha, evalúa la directora de Flor y Canto, en que los roles de convivencia y sobrevivencia están bien definidos. «Ahora poco a poco se está acercando a una equidad en la participación política. Es la mujer que está empujando un proceso para aumentar su nivel de participación».

Textos que complementan la serie

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Por

Renata Bessi y Santiago Navarro F

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17 noviembre, 2014

Como en la Segunda Guerra Mundial o como en Vietnam, el napalm estadounidense quemó los cuerpos de cientos de indígenas en Brasil, en pueblos que no tenían ni ejército ni armas; el objetivo era ocupar sus tierras. Los pueblos indígenas de este país fueron quienes más sufrieron las atrocidades de la dictadura militar (1964-1985), apoyada por los Estados Unidos. Por primera vez en la historia de Brasil, la Comisión Nacional de la Verdad, creada por el Gobierno Federal en el año 2012 para investigar los crímenes políticos cometidos por el Estado durante la dictadura militar, presenta las cifras de indígenas asesinados que pueden ser 20 veces más, que los militantes de izquierda registrados hasta el momento de forma oficial.

A diferencia de lo ocurrido con otras víctimas de crímenes de Estado de esa época, los indígenas no han recibido ningún tipo de reparación o indemnización por los hechos; ni siquiera eran considerados víctimas del régimen militar. «Desde el norte al sur y de este a oeste, se registraron [con las Comisiones estatales de la Verdad] las acusaciones de genocidio, asesinato de líderes y defensores de los derechos de los indígenas, esclavitud, masacres, envenenamiento de las aldeas, desalojos forzosos, represión, prisiones secretas para indígenas, bombardeos a las aldeas, tortura y trato denigrante», explica Marcelo Zelic, vicepresidente del Grupo Tortura Nunca Mais-SP, una de las organizaciones que componen la Comisión Indígena de la Verdad y la Justicia, creada para proporcionar documentos e información a la Comisión Nacional de la Verdad.

El jefe guaraní Timoteo Popyguá, de la comunidad El dorado, estado de São Paulo, relata que sus padres y abuelos, que vivían en un municipio de la región de Manguerinha, en el estado de Paraná al sur de Brasil, fueron víctimas del régimen militar. Popyguá relata que su familia fue desalojada de sus tierras y que los que consiguieron quedarse sufrieron la reducción drástica de su territorio y eso, para él, es una forma de violencia hacia los pueblos que tienen una «cultura de vida en amplitud». «Mis padres fueron víctimas de abusos, encadenados en los troncos. La razón era la tierra», dijo. «Tiene que haber una reparación por la pérdida de nuestro territorio y de nuestra cultura».

Actualmente, los documentos oficiales producidos por la Comisión de Amnistía –órgano distinto a la Comisión de la Verdad–, instalada en 2001 por el Ministerio de Justicia con el fin de analizar los requerimientos de amnistía política; enumera 457 víctimas de los militares, asesinados o desaparecidos. Pero la suma de los casos que podrían ser determinados por la Comisión de la Verdad, registran ocho mil indígenas asesinados entre 1964 y 1985 y se registra que otras mil personas pertenecientes a organizaciones políticas también corrieron la misma suerte.

«Para los indígenas afectados por la dictadura militar cabe la reparación. Una reparación del mismo modo que se hizo con los familiares de los asesinados y desaparecidos de las organizaciones políticas o como se dio a los presos políticos. Debe ser constituida una legislación para la reparación colectiva de estos pueblos. Se deben de demarcar sus tierras como señal de respeto a estos pueblos y contra todas las violencias que ellos siguen sufriendo hoy en día», argumenta Zelic.

Los números presentados –alerta Zelic– no engloban la totalidad de los casos ocurridos durante el período militar, por lo que deben ser entendidos como un número parcial, ya que los datos oficiales sobre las poblaciones indígenas están mal definidos y los militares alegan que muchos documentos fueron destruidos. Los datos más fiables se obtuvieron en estudios de campo llevados a cabo por investigadores, antropólogos e indigenistas.

«De hecho, la discusión no debe girar en torno al número de muertos, porque es una cuenta absolutamente imposible de hacer con precisión, ya que la mayoría de los pueblos no tiene siquiera un censo de población. Lo que tenemos que discutir es la acción del Estado en su proceso de desarrollo y cómo este proceso ha afectado a los pueblos indígenas. Y estos procesos tienen lugar a partir de 1940 y se extienden con las políticas de desarrollo llevadas a cabo hasta el día de hoy por el Estado. La reparación incluye también el cambio de conducta del Estado», defiende Zelic.

Dan Mitrione: «El maestro de la tortura» en tierras brasileñas

Fue la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) la que creo en el estado de Minas Gerais, al sudeste de Brasil, dos prisiones para indígenas, bajo la responsabilidad de la Policía Militar de ese estado. Uno era Krenak, en el municipio de Resplandor, y el otro se llamaba Fazenda Guaraní, en Carmesia.

Las prisiones eran como campos de concentración, a donde fueron enviados los nativos de varios estados de Brasil considerados por el Estado como peligrosos. Los obligaron a un régimen de trabajo forzado y fueron colocados en prisiones individuales, aislados unos de otros. Fueron sometidos a palizas y torturas. Aunado a esto, existían las prisiones clandestinas en todo el país, inclusive algunas fueron construidas en territorio indígena.

Además, en 1969 el Estado creó la Guardia Rural Indígena (GRI), un auxiliar para reprimir y contener el descontento en las aldeas indígenas. Reclutaron indígenas que fueron sometidos a tres meses de entrenamiento con el Batallón Escuela de la Policía Militar de Minas Gerais.

Un documento realizado por la Comisión Indígena de la Verdad y la Justicia, titulado Comisión Nacional de la Verdad y los Pueblos Indígenas: a un paso de la omisión, plantea la siguiente pregunta: ¿quiénes son los militares que trabajaron con los indígenas durante los tres meses? Los realizadores de dicho documento, a través de una serie de investigaciones en archivos oficiales, llegaron a la figura de Dan Mitrione, «El Maestro de la Tortura».

Fotografía: Santiago Navarro F. — Fotografía: **Santiago Navarro F.**

Daniel A. Mitrione, agente de la CIA, fue enviado por los Estados Unidos en la década de los 60’s, para entrenar a la policía de América Latina, principalmente a los policías de la dictadura brasileña y a los uruguayos en el «arte» del interrogatorio, la tortura y la represión de los movimientos sociales revolucionarios. Mitrione llegó por parte de la Oficina de Seguridad Pública de la Agencia de Estados Unidos para El Desarrollo Internacional (USAID).

En su estancia en Brasil, Mitrione entrenó a la Policía Militar del estado de Minas Gerais, responsable de las prisiones hechas para los indígenas y de la formación de la Guardia Rural Indígena. «La exhibición de un extracto de una película hecha por el fotógrafo alemán Jesko PUTKAMER, encontrada por Marcelo Zelic, muestra un desfile de uniformados de la GRI, aplaudidos por los presentes en ese momento, incluidos los militares, en el que dos indígenas sostienen a un prisionero en un “pau de arara” (técnica difundida por la CIA), como evidencia de las técnicas represivas aprendidas por el Guardia Rural Indígena», dice el informe.

El documento también destaca la información contenida en el libro Hidden Face of Terror, de AJ Lagguth, para contextualizar el origen de la presencia de Dan Mitrione en Brasil y cómo la creación de la Guardia Rural Indígena y el Reformatorio Krenak se relacionan con el hecho.

«A principios de la década de 1960, los Estados Unidos estaban más convencidos que nunca de que sus técnicos –ingenieros, agrónomos, la policía– eran detentores de conocimientos vitales que deberían ser transmitidos a las naciones menos progresistas del mundo. En Washington, Byron Engle estaba a cargo de la organización de un equipo de trabajo capaz de entrenar a la policía de Asia, África, y especialmente en América Latina», dice el informe de la Comisión Nacional Indígena de la Verdad y la Justicia, y concluye: «Por ahí viene Dan Mitrione. La creación de la Guardia Rural Indígena es la réplica del curso que dio a la policía de Minas Gerais».

En el año 2006, el historiador Carlos Fico, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), descubrió documentos en un archivo en Washington, que confirmaban la participación de los Estados Unidos en el golpe militar que sufrió el pueblo de Brasil en 1964. Uno de los documentos se titula Un plan de contingencia para Brasil y fue elaborado con ayuda de Lincoln Gordon, embajador durante el golpe. EEUU ayudó a los golpistas a hacer frente a lo que llamó «una intervención comunista». El Departamento de Estado de este país bautizó a la operación con el nombre de Brother Sam.

A esto se suma una denuncia realizada en el año 1997 por el grupo brasileño de derechos humanos Tortura Nunca Mais, el cual documentó que por lo menos 20 militares fueron graduados de la Escuela de las Américas de los Estados Unidos (SOA por sus siglas en inglés) y mejor conocida como la escuela de la tortura. El grupo sostuvo que por lo menos dos instructores de la SOA estuvieron relacionados directamente con la represión y las violaciones de derechos humanos, incluyendo encarcelamientos falsos y torturas por métodos tales como la picana eléctrica, la asfixia y la inyección del «suero de la verdad».

Intereses económicos de la dictadura

Después del golpe militar que se produjo en 1964, miles de hectáreas de tierras indígenas quedaron en manos de grupos económicos. Así lo revela un documento publicado por la Asociación de Ex Presos Políticos Antifascistas, enviado al II Tribunal Penal Internacional Bertrand Russell en 1974 a Roma y Bruselas, y firmado por un grupo de antropólogos que no revelaron su identidad dada la persecución que sufrieron en el momento.

En 1970 se inicia el movimiento real de la ocupación de tierras adquiridas por los grupos económicos en años anteriores, estimulados por los organismos internacionales de crédito, afirma la denuncia. El Banco Mundial destinó, a partir de 1970, 40 millones de dólares para financiar las inversiones en la ganadería en el país. El gobierno federal estableció incentivos fiscales: 50% de exención del impuesto sobre la renta y otras instalaciones para los que se dedican a invertir en la Amazonia. Además de eso, estaba a cargo de la infraestructura y la creación del Plan de Integración Nacional (PIN) para la construcción de un sistema de carreteras.

«Para los numerosos indígenas habitantes de una extensa región y que inevitablemente serían alcanzados por el frente de la expansión, fue definida una actuación que la presidencia de la FUNAI traduce de la siguiente manera en la Orden n.01/N, de 25/01/1971: La asistencia hacia los indígenas, que debe ser lo más completa posible, no pretende y no puede obstruir el desarrollo nacional o los ejes de incursión para la integración de la Amazonia», dice el documento.

«Todo el proceso de las prisiones indígenas y el campo de concentración étnica está vinculado a la liberación de la tierra para los dueños de las haciendas. El militarismo llegó junto con la implementación de los agronegocios, con la política de integración nacional y también industrial, como fue el caso de la aplicación de Aracruz Celulosa, en el estado de Espírito Santo», dijo Benedito Prezia, de la Pastoral Indígena de Sao Paulo.

Contacto de muerte

La denuncia enviada al II Tribunal Bertrand Russell, en 1974, relata los casos de un sinnúmero de grupos étnicos de la Amazonia que fueron diezmados o sufrieron las consecuencias de la política de desarrollo del gobierno brasileño. También informa sobre las tácticas utilizadas por las empresas y por la FUNAI en una perspectiva de «pacificación» de los nativos.

En 1970, por ejemplo, se establece el primer contacto con un grupo de Paracanãs en valle del río Pacajás, en el norte de Brasil. United States Steel, monopolio estadounidense del acero, había acabado de obtener, en sociedad con la compañía estatal Vale do Rio Doce, la concesión para explotar los yacimientos de hierro en esta área. «No es de extrañar el interés mostrado por United States Steel en la “pacificación” de Paracanã. Dio intenso apoyo a la expedición de la FUNAI, y un helicóptero descendió en un claro abierto por los taladores de bosques en tierras indígenas».

En el helicóptero viajaban agentes de la FUNAI y un director de la empresa. «Cuando los Paracanã llegaron al encuentro, había 25 personas, tres de los cuales estaban con gripe. Antes de pasar seis meses del encuentro, 40 indígenas habían muerto a causa de la gripe». Después de este primer contacto, otras enfermedades se han identificado en los indígenas, como las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis.

Otro caso citado por el documento que identifica la acción directa de las empresas que entraron en contacto con los nativos, es sobre la etnia Tembes, situada entre la frontera de los estados de Pará y Maranhão. «Ellos se sentían seguros con el avance de la expansión económica, ya que tenían en sus manos el título de su territorio. No obstante, la FUNAI respaldó a King Ranch, una gran empresa agrícola estadounidense, certificando que no existían indígenas en la región [Este era un documento exigido por la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia (SUDAM) para autorizar proyectos favorecidos por incentivos fiscales]». Inmediatamente después, la compañía comenzó a pedir, junto al gobierno de Pará, la anulación de la posesión del título de las tierras de la etnia Tembe.

Zelic, en su testimonio ante la Comisión de la Verdad, retoma como ejemplo otro caso, el exterminio de dos aldeas Pataxó en el estado de Bahía, noreste de Brasil, con el objetivo de tomar sus tierras para la implantación de haciendas de cacao y la cría de ganado. Para asesinar a los indígenas utilizaron el método la inoculación intencional del virus de la viruela.

Más empresas involucradas

Según el informe de la Comisión Nacional de la Verdad y los pueblos indígenas: a un paso de la omisión, por los menos las siguientes empresas fueron beneficiadas con el proyecto del régimen militar de ocupación de la Amazonia. Éstas son: Swift, AndersonClayton, Volkswagen, Goodyear, Nestlé, Mitsubishi, Mappin, Bordon, Ludwig, Codeara, Camargo Correa, Bradesco, Bamerindus.

Uso de napalm

El primer informe de la Comisión Estatal de la Verdad de Amazonas, titulado «El genocidio del pueblo con derecho Wiamiri Atroari», describe la táctica de «redadas», expediciones de matanza de indígenas que ocurrieron hasta finales de la década de los 70’s, especialmente en los estados del norte, Amazonas y Acre. «Muchos de los episodios de “redadas” contaron con la participación directa de los funcionarios públicos», afirma el documento.

Una de las tácticas empleadas fue el uso de napalm. En su testimonio ante la Comisión de la Verdad de Sao Paulo, la periodista Memélia Moreira, quien cubrió durante el régimen militar el genocidio perpetrado por el Estado a los pueblos indígenas, dijo que en una de sus coberturas en el territorio Wiamiri-Atroari –que estaba en la ruta de la construcción la carretera BR-174, entre 1967 y 1977–, encontró evidencia de la utilización de napalm.

«Ví, la recogí y guardé una cápsula de Napalm», relató la periodista que fue ponente del IV Tribunal Bertrand Russell, en 1980 en Holanda, durante la cual Brasil fue declarado culpable de violación de los derechos humanos. «Ellos fueron bombardeados por lo menos dos veces en 1975 y 1976. Muchas de las veces, los indígenas, que no hablaban muy bien el portugués, querían referirse a la muerte, señalando en dirección al cielo».

El napalm es una sustancia gelatinosa que contiene ácido napténico y palmítico mezclado con éter de petróleo o un combustible similar, puede alcanzar temperaturas de inflamación entre los 800 y 1,200 grados centígrados (1,500 2,200 Fh). Cuando cae sobre las personas, la gelatina se pega a la piel, el pelo y la ropa causando quemaduras severas hasta llegar a los huesos. El napalm fue desarrollado en 1943, en un laboratorio secreto en la Universidad de Harvard, Massachusetts, por un equipo dirigido por el químico Louis Fieser. Fue utilizado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y de forma masiva en Vietnam.

Egydio Schwade, teólogo y coordinador de la Comisión de la Verdad en la Amazonia, que en la época de la construcción de la BR-174 fue secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), denuncia que al menos 2,000 indígenas Wiamiri Atroari murieron durante el periodo de la construcción de la autopista. «Padres, madres y niños murieron, aldeas destruidas por el fuego y por las bombas. La gente resistía y corría por el bosque en búsqueda de refugio en las aldeas vecinas. Ésta fue la geografía política y vivencial experimentada por los pueblos desde el inicio de la construcción de la BR-174», dice el informe de la Comisión de la Verdad en la Amazonia.

Schwade trabajó con proyectos indígenas en la educación, utilizando el método de Paulo Freire, a mediados de 1980. El exterminio siempre apareció en diferentes formas de expresión del pueblo Wiamiri Atroari. «Con los primeros dibujos y cartas que se elaboraron con dicho método, proyectaron las armas que Kamna –así le llamaban a los blancos– utilizó para asesinarlos. Aviones, helicópteros, bombas, armas de fuego, los cables eléctricos y las enfermedades extrañas. Comunidades enteras desaparecieron después de que los helicópteros militares sobrevolaban o aterrizaban en sus aldeas», aporta el informe.

La aparición del napalm también fue relatada al teólogo por los nativos. En junio de 1985, sentado en la calzada frente al edificio de la FUNAI en Brasilia, en compañía de dos Waimiri Atroari, uno de ellos le preguntó al profesor Egydio Schwade: «¿Qué es lo que el hombre civilizado hecha del avión que quema el cuerpo de la gente?» Y se esforzó en explicar un hecho que ocurrió en un pueblo donde vivió gran parte de su familia.

Ya durante la construcción de la BR -174, de acuerdo con el documento, las empresas mineras solicitaron y obtuvieron permisos que autorizaban la minería en tierras Wamiri-Atroari. Con la finalización de la BR-174, la empresa Paranapanema se apresuró a iniciar actividades en la zona. En 1979, el grupo invadió el territorio indígena y luego «conquistó la ley» mediante funcionarios y servidores corruptos de la FUNAI y el Ministerio de Minas y Energía. En 1981, el Presidente de la República, João Figueiredo, fragmentó la parte este de las Tierras Indígenas Wiamiri-Atroari. En 1982, la FUNAI concedió la autorización para la construcción de una carretera de acceso a las minas de la empresa Paranapanema en tierras indígenas Wiamiri-Atroari.

Comisión Nacional de la Verdad

La Comisión Nacional de la Verdad asume los crímenes contra los pueblos indígenas como uno de sus 13 ejes. El informe final debe ser entregado a la recién reelegida presidenta Dilma Rousseff el día 10 de diciembre de 2014. Los trabajos de investigación de la comisión deben generar recomendaciones al gobierno brasileño para la reparación integral del daño a las víctimas del régimen militar.

El capítulo indígena del informe se envió a la Comisión Indígena de la Verdad y la Justicia, antes de ser entregado a la presidencia. El documento ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Según Marcelo Zelic, innumerables denuncias no fueron incluidas en el informe y muchos otros casos, entre ellos la participación de los funcionarios públicos, no fueron investigados. «Es asombroso el tamaño de la omisión de la Comisión con respecto a violaciones contra los pueblos indígenas», critica Marcelo Zelic.

Para él, hay muchos hechos que aún no han sido comprobados acerca de los crímenes cometidos por el régimen militar y sugiere la necesidad de dar continuidad a las investigaciones. «Todavía tenemos un largo camino por recorrer hacia la verdad del exterminio indígena que debe ir más allá de los plazos establecidos por la Comisión de la Verdad», explica el miembro de la Comisión Indígena de la Verdad y la Justicia.

Brasil: REDD sigue la ruta del colonialismo en tierras de los guerreros Pataxó

Por

Renata Bessi y Santiago Navarro F

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14 noviembre, 2014

Tiempo del Cono Sur, el reloj marca las 5 de la mañana, 13 de octubre del 2014. Los indígenas Pataxo del Extremos Sur del estado de Bahía, nordeste de Brasil, forman tres barricadas en la carretera BR101 de la región de Monte Pascoal, ciudad de Itamaraju, una de las vías principales que conectan los extremos norte y sur de este país.

Con ramas, palos y llantas viejas han cerrado la carretera que pasa a la orilla de su territorio. Cientos de camiones que transportan mercancías de empresas transnacionales se han detenido. La policía no tarda en llegar. Los indígenas están atentos a una posible represión. Algunos pintan sus cuerpos con una mezcla de colores entre el amarillo, el rojo y el negro, colores con los cuales sus abuelos anunciaban la guerra. Otros más contrastan con el color blanco, señal de paz. Colores indelebles en la piel de los indígenas, sobrevivientes de una guerra desigual que ha durado mas de cinco siglos.

El clima era de tensión por la presencia de la Policía Federal, aunque no era sorpresa para los Pataxos. Ellos han vivido desde siempre el rechazo por parte de los ganaderos, empresarios y gente que vive en las ciudades mas próximas al Monte Pascoal, una de las áreas más ricas en fauna y flora del mundo. Ahí están los pocos trechos que restan de la Mata Atlántica – formación vegetal neotropical, presente en Brasil, Paraguay y Argentina. La tensión social sobre los indígenas se pudo sentir el día del cierre de la carretera. Al caminar por las calles, no faltaron los comentarios peyorativos de la gente que expresaban palabras como, «estos indios van a robar todas nuestras tierras».

«A partir del año 2010 los indígenas intensificaron las retomadas de sus tierras en un proceso de autodemarcación», explica para Avispa Midia Domingos Andrade, del Centro Missionario Indigenista (CIMI). Hasta hoy los indígenas poseen 8627 hectáreas de tierra, homologadas en la década de 1990. Pero la parte mas grande de este territorio es arena y no es apta para la agricultura. «La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) ya realizó un estudio que “comprueba” que estas tierras son indígenas, pero el gobierno no las ha homologado. Es una política de gobierno de no demarcar los territorios indígenas por presión de sectores del “agronegocio”»,
SOSTIENE ANDRADE.

Nomacaxhi Pataxo señala que el pueblo Pataxo está luchando por la demarcación de su territorio. «Queremos nuestras tierras para que puedan vivir nuestros hijos y para conservar nuestra cultura. El gobierno junto con las empresas ha destruido la naturaleza con sus políticas de desarrollo», afirma el indígena que vive en la aldea Boca da Mata.

Lo que Nomacaxchi no sabe es que a pocos kilómetros de ahí, sus parientes están trabajando en un proyecto que representa otra forma de mercantilizar y explotar los bosques, una amenaza no tan perceptible como las grandes obras de infraestructura o como la deforestacion para la creación de ganado. Se trata del proyecto Monte Pascoal de compensación de carbono. Cuando preguntamos al Pataxó sobre la existencia del proyecto en la región, afirmó, «existen trabajos de reforestación hechos por los indígenas con dinero del gobierno federal, pero desconocemos la venta de bonos de carbono».

Estos mecanismos manejan una concepción del bosque muy distinta a la concepción indígena. El indígena conoce el tiempo de la naturaleza y sabe comunicarse con ella. El tiempo de la conservación para la acumulación de carbono es otro, pensado por las grandes corporaciones del mundo, quienes ahora apuestan la naturaleza en las principales bolsas de valores, como Wall Street o la bolsa de Londres. Son ellos quienes planean las formas de calcular y de dar precio a la biodiversidad y, a pesar de actuar en silencio, los expulsados o refugiados en nombre de la conservación van avanzando en el mundo y son, principalmente, pueblos nativos los afectados.

A escasos días de la vigésima Conferencia de las Partes (Cop 20), donde los gobiernos del mundo continuaran discutiendo el tema sobre el cambio climático y sus soluciones, programada en Perú en el mes de diciembre de este año 2014, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (MMBT), con presencia en 40 países, se prepara para presentar las fallas y deficiencias que ha implicado el programa REDD y REDD+. Brasil ha sido uno de sus principales campos de investigación, ya que este país encierra el mayor bosque tropical continuo del mundo y alberga alrededor del 20% de las especies vegetales y animales a nivel mundial.

En el año 2007 en la COP 11, realizada en Montreal, se consideró como punto central el Cambio Climático, por tanto, se planteó la necesidad de reducir las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) mediante el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, mejor conocido por sus siglas ingles como (REDD).

REDD es la plataforma de un nuevo mercado que vende bonos de carbono – permisos de contaminación- a las empresas del mundo que contaminan con CO2. Con el protocolo de Kyoto se puso un tope a las emisiones de CO2 de las empresas y países signatarios, no obstante, tienen la posibilidad de seguir contaminando si invierten en lo que se denomina como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) -como los controvertidos parques eólicos o las presas hidroeléctricas.

Otra opción que tienen es comprar bonos de carbono a las empresas que están invirtiendo en programas de conservación o reforestación, como el Programa REDD. Pero para negociar este tipo de bonos es necesario contar con bosques intactos, ya que los arboles absorben el CO2 de la atmósfera y liberan oxigeno (O2). De esta forma, el permiso de contaminación que adquieren las industrias consiste en pagar para que en otra parte del mundo se dejen de derrumbar los bosques y se planten árboles. Es decir, buscan compensar la emisión del CO2 que se genera como consecuencia de los procesos de producción de grandes industrias, y de actividades como la agricultura y el ganado que forman parte del agronegocio de grandes corporaciones.

«Se especula con el precio de estos bonos de carbono en la bolsa de valores ya que tiende a aumentar cuando la contaminación aumenta y los bosques no son suficientes para absorber el CO2 emitido por las industria», sostiene Winne Overbeek del MMBT.

Existen dos tipos de mercados de carbono: los de cumplimiento regulado y los voluntarios. El mercado regulado es el que utilizan las empresas y gobiernos que, por ley, tienen que declarar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GDI), entre los cuales se encuentra el CO2. El segundo es el Mercado Voluntario, que comprende a todas las transacciones de créditos de carbono que no están regidas por una obligación regulatoria de cumplir con una meta de reducción de emisiones, como es el caso de Brasil.

El sector privado puede comprar los créditos de carbono directamente de los proyectos de las empresas o de los fondos de carbono como el Fondo de Biocarbono del Banco Mundial. Este fondo está compuesto por un conjunto de capitales de Noruega, Estado Unidos y el Reino Unido, y financia actividades enfocadas en el almacenamiento de carbono (C) en sistemas forestales y agrícolas, como la nueva iniciativa donde se han destinado 280 millones de dólares, llamada «Paisajes Forestales Sostenibles», que tiene como principal objetivo, respaldar al sector productivo de la ganadería y la denominada agricultura inteligente.

El Monte Pascoal es un pequeño accidente geográfico, con altitud de 536 metros, ubicado en las afueras de la ciudad de Itamaraju, municipio del estado de Bahía, en Brasil. El monte fue la primera porción de tierra vista por Pedro Álvares Cabral en abril de 1500, cuando los portugueses llegaron a tierras brasileñas. Para la historiografía oficial, la colina es un hito en el «descubrimiento» de Brasil. Para el pueblo Pataxó, quienes han habitado este lugar por cientos de generaciones atrás, fue el comienzo de la destrucción de su territorio.

Nomacaxhi Pataxo afirma para Avispa Midia con seguridad que en este territorio nació la cultura Pataxo. «Nuestros abuelos vivieron desde siempre aquí y son ellos quienes nos enseñaron a convivir con el bosque, porque es nuestra casa y porque de ahí comemos. Estamos aquí desde antes de la llegada de los portugueses.»

Si los primeros vientos de la colonización europea en Brasil llegaron justo por esta región, ahora en este mismo territorio de los Pataxo, en el Monte Pascoal, llega una nueva forma de colonización con el proyecto REDD, el cual se ha vendido como un proyecto piloto para la financiación de la restauración de bosques «degradados” a través de la venta de créditos de carbono.

El MMBT lanzo una primera denuncia en un estudio realizado por Jutta Kill en el año 2013 sobre el impacto y la evolución del proyecto en la región. Según el informe de MMBT, las grandes ONG conservacionistas internacionales y grupos regionales de conservación han promovido la iniciativa de corredores ecológicos en el Bosque Atlántico, originalmente propuestas por el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil y apoyados por el Banco Mundial. El objetivo es crear un corredor ecológico entre los parques Monte Pascoal y Pau Brasil, a 60 km de distancia el uno del otro, formando el Corredor Ecológico del Monte Pascoal-Pau Brasil.

Las gigantes ONGs de conservación como Conservación Internacional (CI) y The Nature Conservancy (TNC) también participaron en la redacción del proyecto y proporcionaron fondos para parte de la iniciativa. También fueron recibidas contribuciones financieras de las empresas de plantación de eucalipto, Veracel y Aracruz, facilitadas por el grupo IBIO. Vale la pena señalar que Veracel posee más de 100 mil hectáreas de árboles de eucalipto plantados en el Extremo Sur de Bahia y durante la década de 1990 se suspendieron sus actividades debido a la implicación que tenía la empresa con la deforestación.

De acuerdo con el estudio, TNC ha propuesto la inclusión de un componente de compensación de carbono de aproximadamente 1.000 hectáreas en la iniciativa de conservación de 24.000 hectáreas; en 2008, 17 hectáreas fueron restauradas como parte de un contrato de compensación de carbono con Kraft Foods, una compañía global de alimentos y socio corporativo de CI; en 2009, se firmó un contrato de carbono por 30 años con Natura Cosméticos, para la restauración de 250 hectáreas de «tierras degradadas», lo que almacenaría 316 toneladas de CO2.

En 2010, el proyecto de compensación fue anunciado como el primer proyecto de restauración forestal de Brasil en haber recibido una certificación Climática, Comunidad y Biodiversidad (CCB). Este estándar es utilizado por muchos proyectos REDD y otros proyectos de compensación de carbono forestal como evidencia de los beneficios sociales y ambientales que se supone que deben proporcionar. El proyecto de Restauración Forestal Monte Pascoal recibió un premio especial, el Nivel Oro de la CCB, que tiene por objetivo indicar que el proyecto ofrece otros beneficios sociales, más allá de los requisitos mínimos de certificación.

¿Qué es lo que queda para las comunidades?

Uno de los objetivos de este proyecto es proporcionar «valiosas habilidades técnicas, empleo e ingresos a las comunidades locales», afirma el documento del MMBT, aún cuando por lo menos tres aldeas pataxó han sido involucradas en el proyecto de reforestación.

Cooplantar, cooperativa local, creada con el objetivo de llevar a cabo la reforestación, plantación de árboles y trabajos de mantenimiento para el proyecto Monte Pascoal, cumple un papel importante en la justificación de la expedición de la certificación CCB Nivel Oro, y en su informe de 2013 declaró, «Y si bien la iniciativa sin duda ha proporcionado un poco de entrenamiento y habilidades en la siembra y mantenimiento de árboles y, en un principio, algo de empleo e ingresos, muchos miembros de la cooperativa estaban desempleadas en el momento de la investigación de este informe, otros habían comenzado a ocupar puestos de trabajo como jornaleros en haciendas ganaderas, plantaciones de café o pimienta de cayena, o en la industria del turismo».

Otro problema encontrado por el estudio se refiere a la falta de comprensión de la comunidad local involucrada en el proyecto respecto a la asignación de los bosques para almacenar bonos de carbono, su comercialización y quién sale ganando con este mercado.

Las dificultades en la ejecución del proyecto

El proyecto Monte Pascoal de compensación de carbono ligado al contrato de carbono de 250 hectáreas con Natura Cosméticos, de acuerdo a la información recabada, se encuentra actualmente en «fase de espera”. Hasta el cierre del informe, se habían restablecido sólo 56 hectáreas de las 250 contratistas.

El proyecto, según MMBT, entró en dificultades cuando el Código Forestal del país se modificó en 2012, reduciendo las obligaciones de los propietarios de tierras privadas para restaurar. Como resultado, los propietarios perdieron el interés en ofrecer sus tierras para restaurar el proyecto de compensación.

Brasil en REDD

Brasil es también uno de los campos de estudio de la iniciativa REDDX, la cual ha realizado una amplia gama de investigaciones en materia de financiamiento para la conservación de bosques, la inversión y el comercio de productos forestales sostenibles. De acuerdo con los datos documentados por REDDX, entre 2009 y 2011 hubo un flujo de financiamiento para proyectos REDD en el Brasil en el orden de 598,604,833 dólares.

El estudio menciona de forma general a los personajes más relevantes que estructuran este flujo, donantes como el Banco Mundial (BM), Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, (UNEP por sus siglas en inglés), denominadas Instituciones Multilaterales, y agencias gubernamentales a través de las cuales se canalizan los recursos, el banco alemán gubernamental de desarrollo KFW, la Agencia de Cooperación Internacional Alemana-GIZ, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, del Reino Unido (UK-FCO por sus siglas en inglés), la Agencia para el Desarrollo Internacional, de Estados Unidos (USAID por sus siglas en inglés) y fundaciones privadas como Moore, Ford, Packard, Climate Works, Petrobras, entre otros.

«La mayor parte del dinero, por lo que logramos mapear, va para empresas de consultoría que hacen el inventario de carbono de los bosques y el monitoreo del carbono. La menor parte va para las comunidades. Se prometen muchas cosas en nombre del desarrollo sustentable, pero la experiencia es que no se cumple nada, los indígenas que no son expulsados terminan siendo trabajadores de este nuevo mercado», denuncia Overbeek, miembro del MMBT.

De acuerdo con Overbeek, aún hay poca información de cómo funciona la articulación entre los distintos actores para la implementación de los proyectos y, mucho menos, de sus resultados. La iniciativa REDDX también externa en su sitio web la falta de claridad en torno a estos proyectos, «A pesar de los compromisos financieros de alto nivel (multilaterales, bilaterales o del gobierno), sigue siendo limitada la información sobre exactamente cuanto dinero está en realidad fluyendo a los países, así como de los tipos de actividades REDD+ financiadas durante este período de inicio rápido y las organizaciones que realmente se encuentran gestionando e implementando estas actividades».

«Estamos en una fase de transición desde que fue lanzada la idea de REDD. Calculamos que existen entre 200 y 300 proyectos en todo el mundo. Son proyectos piloto todavía. Estamos observando un esfuerzo tanto de gobiernos, empresas y grandes ONGs conservacionistas de invertir cada vez más en este tipo de proyectos en diversos países», afirma para Avispa Midia Overbeek y pone como ejemplo a Mozambique, «Actualmente se está loteando el 60% del territorio nacional para este tipo de proyectos. El estado de Acre, al norte de Brasil, también se está organizando para que todo el territorio se transforme en área de negociación de servicios ambientales, inclusive creando una legislación específica».

Una cosa es cierta, asegura el miembro del MMBT, la apuesta de los gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales es aumentar las inversiones en estos proyectos lucrativos a partir de los bosques que aún existen en el mundo, «Van a continuar ganando dinero de la misma forma en la que siempre lo han hecho, explotando la naturaleza y, por otra parte, continuarán con el proceso de acumulación gracias a estos mecanismos denominados Servicios Ecosistémicos. La previsión es tener el control total sobre las áreas de bosque, incluyendo las Áreas Protegidas, los Parques Nacionales y Parques para la paz, entre otros conceptos que ellos utilizan.»

Los que siempre cuidaron los bosques, son los más afectados

Lo que el MMBT ha observado en todo el mundo es un proceso de criminalización de los pueblos y comunidades nativas que habitan los bosques, «El uso de los bosques por los pueblos tradicionales aparece en los estudios preparatorios de los proyectos REDD en todo el mundo como motivo número uno de deforestación, superando los niveles que han provocado las grandes empresas», afirma Overbeek.

Las organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza, (WWF por sus siglas en inglés), CI, TNC, respaldadas por la ONU, actúan en el sentido de estimular el decreto de áreas de conservación, de tal manera que sean intactas para las poblaciones. Así, los pueblos nativos pierden autonomía y autodeterminación sobre su territorio, «Estas organizaciones junto con los gobiernos son las que han estimulado las políticas de crear los parques nacionales. Son estas ONGs las que administran estos proyectos, y son ellas quienes acaban siendo las principales accionistas de este mercado», sotiene el investigador del MMBT.

Juta Kill afirma que CI «ha reunido mas de 3000 millones de dólares prometiendo salvar lugares valiosos. Además de la conservación de la tierra se ha ocupado de la extracción de petróleo, la explotación de madera y el desarrollo. BP, Chevron, Exxon Movil y Shell están representadas en su comité empresarial.»

Los pueblos indígenas durante mucho tiempo usaron el método de cultivo mejor conocido como agricultura itinerante, migratoria o nómada, o de roza, tumba y quema, una agricultura de subsistencia practicada en regiones vastas y de vegetación de bosque o selva tropical. Los indígenas abrían claros en la vegetación, quemaban los árboles, para que las cenizas se pudiera integrar al suelo, «Este ha sido el motivo por lo cual se les criminaliza. Nosotros como MMBT hemos luchado mucho para denunciar esta concepción conservacionista. Tenemos bosques porque ha habido gente que ha conservado los bosque y estos son los pueblos indígenas, pero las ONG los han considerado enemigos de la conservación y justifican en nombre del conservacionismo que sean expulsados». Overbeek no duda en enfatizar que la principal causa del cambio climático ha sido y sigue siendo la quema de los combustibles fósiles presente en todas las cadenas de producción de mercancías.

Por décadas se les llamó «fallas de mercado» o «externalidades negativas» a los procesos de destrucción que provocó el extractivismo y las diferentes fases del proceso de producción de mercancías. «El mercado de carbono y principalmente el programa REDD surgen en un contexto de crisis económica y ecológica que son parte de una misma y no buscan enfrentar, como ellos argumentan, las causas de este problema, sino mas bien es una oportunidad para continuar lucrando», sostiene Overbeek.

Sin respuesta

Conservación Internacional (CI) y The Nature Conservancy (TNC) fueron procuradas por el Programa de las Américas para esclarecer cuestiones como: la implantación del proyecto de captura de carbono del Corredor Monte Pascoal-Pau Brasil, sobre como actúan en tierras brasileñas, como trabajan con los indígenas de la región de Monte Pascoal, quién sale ganando con el proyecto REDD y sí los indígenas podrán utilizar los bosques que están reforestando, ya que son áreas de preservación natural.

Coincidentemente, las dos organizaciones internacionales intermediadas por sus departamento de prensa en Brasil no contestaron a la solicitud de entrevista argumentando que no tenían tiempo.

Los indígenas en Brasil son solo usuarios de sus tierras, no son propietarios

Por

Renata Bessi y Santiago Navarro F

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10 noviembre, 2014

El gobierno brasileño –por medio del departamento de prensa del Ministerio de Justicia– es categórico en afirmar a Avispa Midia que “todo el procedimiento de identificación y demarcación de las tierras indígenas guaraní de Jaraguá, en la ciudad de São Paulo, se ha llevado a cabo con la participación de la comunidad indígena interesada, conforme se establece en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Brasil es signatario del convenio 169 que, entre otros puntos, garantiza el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, así como “el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”

Mas allá del hecho de que los indígenas cuestionan la versión del gobierno federal, sosteniendo que no han sido llamados para participar de forma efectiva en los procesos de demarcación de sus tierras, existe un punto fundamental que pone en cuestión el derecho a la autodeterminación de estos pueblos que se refiere a la forma de posesión de las tierras.

La geógrafa e investigadora de la Universidad de São Paulo, Camila Salles de Faria, afirma para Avispa Midia que en Brasil sólo hay dos modalidades de posesión de la tierra, las tierras públicas y las tierras privadas. De acuerdo con ella, aunque sean reconocidas las tierras indígenas a través de demarcaciones de espacios, son tierras que no les pertenece a los indígenas, ya que en el marco jurídico de Brasil no existe la propiedad comunal o colectiva, por tanto, queda bajo la jurisdicción del Estado, y en cualquier momento que éste decida interferir en esta área, lo puede hacer. ¨Las tierras indígenas son de la Unión, es decir, son propiedad pública que esta bajo la jurisdicción del Estado, como la vegetación, el bosque y las tierras de los indígenas, por tanto, ellos solo tienen derecho al uso de la tierra, es decir son usuarios.”

“Brasil firmó el acuerdo 169 de la OIT, pero no respeta este acuerdo, porque la autodeterminación debería de ser un derecho. Brasil esta violando este acuerdo, porque aunque la constitución ha avanzado en algunos casos, el territorio indígena queda bajo la tutela del gobierno federal y eso es una forma de interferir. Hasta en el mismo proceso de reconocimiento étnico interfiere, porque es un órgano federal [FUNAI] el que tiene que determinar quien es indio y quien no es”,
AFIRMA PARA AVISPA MIDIA KARAY POPYGUA, UNO DE LOS LIDERES GUARANÍ MAS JÓVENES DE LA ALDEA TEKOA PYAU.

Según la investigadora, actualmente en Brasil se vive una intensificación del conflicto entre pueblos indígenas y la lógica capitalista que a fragmentado y a equiparado a la tierra como una mercancía más que se ofrece en el mercado. A diferencia del uso que le dan pueblos indígenas, que la ven como parte de su vida y por tanto como reproducción de esta misma, materializada en su cultura, en sus ceremonias y en sus relaciones cotidianas.

Brasil sin reforma agraria

De acuerdo con la investigadora Salles, existe un contexto histórico de la formación de la propiedad de la tierra brasileña que no debe ser olvidado. “Cuando los portugueses llegaron, dividieron las tierras en las llamadas seis marías, un modelo portugués que copiaron para Brasil, considerando fundamentalmente la división de la tierra. La corona era propietaria de la tierra y la única que podía ceder títulos de propiedad. Tiempo después el Estado fue legalizando estas tierras que fueron siendo apropiadas indebidamente, sin que hubiera un proceso de reforma agraria. “Entonces la propiedad surge no como un derecho constitucional, sino como una apropiación e imposición de los que estaban en el poder local y de los que ya tenían tierra y que fueron ganando aun más”. El resultado es que “esa concentración de tierra fue generando otros poderes políticos y económicos que estaban ahí y lo que hicieron con los indígenas, fue desalojarlos.”

Durante el proceso de la dictadura militar en Brasil se aprobó la Ley N° 4504 sobre el estatuto de la tierra, el primer documento oficial que tocaba el tema de la reforma agraria en Brasil, que fue diluida al fortalecer y aumentar los latifundios en unas cuantas manos que dieron paso a la tecnificación e industrialización de la agricultura, el primer reordenamiento territorial que fue la plataforma de la denominada revolución verde, la cual, hasta el día de hoy tiene el monopolio de las tierras, con los monocultivos de soja, caña, eucalipto, entre otros que actualmente enverdecen aun mas el discurso de la producción industrial de alimentos y agrocombustibles con el concepto de sostenibilidad.

“La concentración de la propiedad y posesión de la tierra fue la primer estrategia, la segunda fue la expulsión de campesinos e indígenas para transformarlos en consumidores potenciales de la industria alimentaria. Esto dio la posibilidad del agronegocio en expansión con mayor velocidad y en menor tiempo, concentrando el monopolio de la tierra y producción de alimentos en una docena de empresas, entre ellas los inversionistas buitres de Gustavo Grobocopatel y Geroge Soros, con la familia Elszstein, Coca-Cola, Pepsi-cola, Nestlé, Cargill, entre otros,” afirma el agrónomo e investigador de la Universidade Federal do Río Grande do Sul, Sebastião Pinheiro.

En el caso de los guaraníes, especialmente en el sur y sureste de Brasil, Salles explica que a lo largo del siglo XX se tornó común la practica para los no indígenas de denominarse “dueños” de las zonas de ocupación guaraní y así “permitían” el uso a los indígena, con el objetivo posterior de adquirir documentación de propiedad efectiva y convertirlas en propiedad privada. Antes de que tomaran posesión de la tierra, los supuestos propietarios, “solicitaban” a los indígenas que dejaran sus tierras, a menudo bajo amenaza y ante procedimientos judiciales para la toma de posesión.

Modelo de demarcación de tierras

La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) fue creada con la Ley Nº 5371 del año 1967 y ha tenido como principal función, mantener la protección de las tierras y recursos naturales indígenas. Hasta el día de hoy ha fungido como una especie de puente entre el gobierno y las comunidades indígenas para promover las demarcaciones de las tierras, siguiendo el reglamento establecido por el decreto Nº 1775/96, que exige una serie de elementos antes de que el poder ejecutivo pueda reconocer una tierra indígena, la mayoría de estos elementos están en manos de la FUNAI. Entre ellos, el estudio de identificación y delimitación; la declaración de los límites, en manos del Ministerio de Justicia; la demarcación física, la encuesta de la validación de la tierra por los ocupantes no indios; la homologación de la demarcación, a cargo de la presidencia de la república.

Desde el periodo colonial existe en Brasil un reconocimiento de los derechos de los pueblos que ya ocupaban la tierra, con el llamado “derecho originario”, pero nunca se delimito jurídicamente este territorio. Fue hasta inicios del siglo xx, específicamente en 1910, que se creó un órgano indigenista –el Servicio de Protección Indigenista (SPI)– fue cuando se comenzó a demarcar el territorio indígena, pero desde un punto de vista integracionista, es decir, con el objetivo de que el indígena dejase de ser indígena. Con eso hubo una demarcación de pequeñas áreas, que servían apenas para vivienda, con el aumento de la población fueron empujados a vivir en condiciones deplorables.

El propio Estatuto del Indio de 1973 predijo que los indios serían responsabilidad de la FUNAI hasta que se integraran poco a poco en la sociedad nacional. Ser indígena sería una condición en transición. “No obstante este diagnóstico de que los indígenas dejarían de ser indígenas y que no necesitarían mas de tierra, no aconteció”, explica para Avispa Midia Juliano Silva, miembro de la FUNAI en Marabá, estado de Pará.

Con la Constitución de 1989 se establecieron nuevos marcos jurídicos para las demarcaciones que garantizaban teóricamente un territorio suficiente para la reproducción de su cultura material e inmaterial. “La demarcación fue una disputa entre la correlación de fuerzas de la época. Fue a través del régimen jurídico que se logró llegar a que se garantizarán las condiciones mínimas para los indígenas, aunque no fue lo ideal para estas poblaciones”, afirma la antropóloga María Inés del Centro de Trabajo Indigenista (CTI).

Para el investigador y agrónomo Sebastião Pinheiros las políticas de integración y de respeto por una etnia son una mera teoría en Brasil. “Eso es muy triste y dramático. La tendencia desarrollista brasileña o incorpora o desaparece a los indígenas. En Río Grande do Sul, por ejemplo, en 1960 habían por lo menos 50 áreas indígenas, hoy día sólo quedan cuatro y las miles de hectáreas de territorio indígena no llegan a centenas de hectáreas y eso ocurrió en todo Brasil.”

Resistencia a las demarcaciones

Salles señala que desde la década de 1980 las demarcaciones no siempre fueron aceptadas por los guaraníes, ya que en este espacio producido por el Estado, se encontraba confinado por los límites impuestos por señales, vallas e incluso paredes. «Aparte del temor de que su forma de vida fuera controlada, muchas veces preferían abandonar los lugares que ocupaban. Sin embargo, en la actualidad ante las recurrentes expropiaciones y expulsiones, la demarcación es un recurso que les queda para conservar sus tradiciones, resistiendo y manteniendo esta lucha por el espacio,» afirma la geógrafa.

Aunque los indígenas no están del todo contentos con la FUNAI, consideran que la demarcación de sus tierras es el último recurso que les queda para no desaparecer y este tiene que ser promovido por esta institución. De acuerdo con el indígena Casè Angatu del pueblo Tupinambá, el problema de todos los pueblos indígenas en Brasil hoy son las demarcaciones de sus tierras, un proceso que se ha detenido, y para empeorar su situación, el órgano que tenia la principal función de mediar estos procesos, la FUNAI, se está volviendo caduca por el gobierno.

“Existe un proyecto de enmienda constitucional, de la constitución de 1988, la Pecº 215-A, que dice que es el congreso quien va a dar la última palabra de la demarcación de nuestras tierras y nosotros estamos radicalmente en contra, porque el congreso esta constituido por muchos ruralistas que tienen poder de fuego, de voto y de dinero”, afirma Casé Angatu.

Antes de las elecciones del 5 de octubre, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) lanzó una carta abierta a los candidatos a la presidencia, denunciando el favoritismo concedido por el gobierno a los sectores vinculados a la agroindustria, la minería, la madera, a los contratistas y grandes empresas que han impactado sobre las tierras indígenas. De la misma forma exigen que se respeten los acuerdos internacionales signados por este país en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de derechos y cultura indígena, así como la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Pueblos indígenas son tragados por la ciudad más grande de América Latina: São Paulo

Por

Renata Bessi y Santiago Navarro F

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12 octubre, 2014

Hemisferio sur del planeta. En el calendario occidental, la primavera comienza en septiembre. Para el pueblo guaraní, el año viejo, tiempo de introspección y de descanso de la tierra, queda atrás y se abre el espacio para el nuevo año —hasta febrero— momento del cultivo, de la alegría y de la elevación espiritual. «Entendemos el paso del tiempo no a través de las cuatro estaciones del año, pero si en dos momentos, el nuevo tiempo (Arapyaú) y antiguo (Araymã)», explica para Avispa Midia la indígena guaraní Mbya Sonia Barbosa.

En el tiempo nuevo se realizan las ceremonias de bautismo de los niños. Las ceremonias se llevan a cabo en las llamadas casas de oración, hechas de barro, por los hombres de la comunidad. Las mujeres tocan el Taquapu, instrumento de ritmo. Los hombres tocan la Embará, instrumento de cuerdas. El bautismo se realiza en el Amba, una especie de altar. «El abuelo entra en trance y se le revela el nombre del niño», dice Barbosa.

En esta fiesta también es el bautismo del maíz y de la hierba mate. «Este es el momento propicio para la revelación de los nombres de los niños, ya que es cuando Tupa se manifiesta más fácilmente con respecto a la presentación de las almas. Con la ceremonia se espera una buena cosecha en los campos que producirán para el futuro», dice la antropóloga María Inés Ladeira en su investigación de maestría. «El bautismo de las hojas de hierba mate revela noticias de parientes lejanos, sobre muertes, nacimientos, matrimonios y enfermedades».

Barbosa vive en una de las tres aldeas que forman parte de la Tierra Indígena de Jaragua, ubicada en la periferia de la ciudad más grande de América Latina, São Paulo. Prácticamente no hay espacio para la siembra, viven encerrados en una de las extensiones más pequeñas que han sido reconocidas y demarcadas por el gobierno de Brasil como territorio indígena, con 1,7 hectáreas. El maíz y la hierba mate ya no son suficientes ni para sus rituales. «Lo compramos en el mercado o conseguimos con nuestros parientes que viven en tierras de mayor dimensión en la costa del litoral», expresa Barbosa.

Las tierras habitadas por alrededor de 700 guaraníes, de los cuales muchos ellos no hablan portugués, tienen tres grandes delimitantes. Una autopista que irónicamente lleva por nombre Los Banderaintes, que es como se conocía a los hombres que durante el período colonial tomaban tierras y cazaban a los indígenas como animales para venderlos como esclavos. Las carreteras Anhanguera y Rodoanel, que unen la capital de São Paulo con el interior del estado, una región con un alto dinamismo económico. Además de una carretera turística, que lleva el nombre indígena de Jaragua, misma que fue construida en medio de la comunidad y divide su territorio.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Las familias viven en condiciones precarias de vivienda, saneamiento, abastecimiento de agua, la falta de alimentos. «Muchas personas que pasan por la aldea creen que es un barrio marginal o una Favela. La cuestión aquí es que tenemos muchas limitaciones para vivir plenamente nuestra cultura, porque es la naturaleza la que hace la cultura de los indígenas y no tenemos tierras para eso. Somos prohibidos, por ejemplo, de recolectar madera de la Reserva Estatal del Parque de Jaragua para construir nuestras casas. No tenemos como conseguir leña para cocinar, entonces nos vemos obligados a cocinar en la estufa como los blancos. Tenemos que adaptar nuestras costumbres y hábitos, nuestro modo de ser para poder sobrevivir», afirma David Martim para el equipo de Avispa Midia.

Pero lo que para muchos puede parecer simplemente otro terreno con vivienda inadecuada dentro de la ciudad, en realidad es un territorio que resiste y que guarda la tradición ancestral de los indígenas guaraní. «Mantenemos dentro de nosotros nuestra manera de ser, nuestro espíritu guaraní, nuestro idioma, nuestra oración, nuestros rituales. Esta espiritualidad es lo que nos fortalece. Sin esa fuerza no conseguiríamos caminar, porque recibimos muchos ataques, la enfermedad, la deforestación, la disputa por la tierra», comparte Martim.

Aparte de las tres aldeas de Jaragua —Tekoa Ytu, Tekoa Pyau, Tekoa Itakupe—, esta la Tierra Indígena de Tenondé Pora, en la zona sur de Sao Paulo, formada por las aldeas Tekoa Tenondé Pora, Tekoa Krukutu, Tekoa Eucaliptal y Tekoa Guyrapaju. Se estima que dos mil guaraní viven en esta zona. Los guaraní en Brasil están parcelados en subgrupos conocidos como Mbya, Ñandeva o Xiripá, y Kaiová.

Indígenas viviendo en las metrópolis

La idea habitual de que la población indígena vive sólo en áreas rurales remotas no corresponde a la realidad. Según el informe de la comisión Pro-indio de São Paulo, datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que algunos países como Australia, Canadá, Estados Unidos y Chile concentran la mayor parte de la población indígena viviendo en zonas urbanas.

En Brasil, los datos más recientes del censo de 2010 indican que la población indígena llegó a 817 mil 900 personas. De este total, el 36,2% vive en zonas urbanas y 63,8% en las zonas rurales. En el estado de São Paulo, los datos del censo de 2010 registraron una población indígena de 37 mil 915 indígenas que viven en las ciudades, lo que representa el 91% de la población indígena del estado. Sólo en la ciudad de São Paulo habitan 12 mil 977 indígenas, 11 mil 918 de los cuáles viven en zonas urbanas.

Territorio guaraní comido por la ciudad

Mientras mira el sol caer detrás de los edificios, Ari Augusto Martin —uno de los líderes espirituales y guardianes de esta tierra— suelta un suspiro y también unas palabras: «Aquí todo era monte». De fondo se podía escuchar el ruido de los automóviles que daban marcha a gran velocidad en las autopistas que rodean la aldea.

La urbanización es un proceso que también involucra a los pueblos indígenas. En el bosque del Jaragua no había presencia alguna de la urbanidad, eran todas zonas rurales. «Los animales y la gente se movían libremente. Los indígenas guaraní siempre creyeron que cercar sus tierras no era digno de ellos. Siempre buscaron libertad y con libertad usaban el bosque, los espacios. Las aldeas del sur de la ciudad también fueron áreas libres para los indígenas, donde tenían una contigüidad con pueblos costeros. Existen varios caminos que unen a las aldeas de la ciudad de São Paulo con las aldeas del Litoral del Sur del estado. «Dicho acceso continuaba, no había división o límites para la recolección o la caza», afirma Ladeira.

La geógrafa e investigadora de la Universidad de Sao Paulo, Camila Salles de Farias, en su investigación de maestría, identificó que las aldeas indígenas de Jaragua desde los años 60 mostraron un tipo de resistencia ante una metrópoli en proceso de expansión como lo ha sido la ciudad de Sao Paulo. «Ya con la instalación de las industrias y la formación del distrito de Jaragua, se desarrolló la implementación de rutas de autobuses, lo que dio pie a un aumento en la producción del espacio urbano, pero todavía predominantemente rural. Ya en las décadas siguientes, se construyo la autopista Los Bandeirantes y por lo tanto hubo un aumento en la producción de los asentamientos irregulares que remplazaron a las zonas rurales», afirma Salles.

De la misma forma, Ladeira concuerda en que la expansión de la ciudad se ha comido a las aldeas indígenas. «Cuando se dice que la tierra guaraní esta muy próxima de las ciudades, la verdad, la ciudad es la que se comió a la tierra guaraní».

Expropiados

Si en el campo la presión ejercida hacia las comunidades indígenas ha sido por la agroindustria y por las grandes obras de infraestructura, en el entorno urbano la reproducción del capital ha sido por medio de la expansión inmobiliaria que ha acorralado a los indígenas en pequeñas parcelas de tierra, sujetos a los desalojos y desplazamientos forzados.

«La producción capitalista de la ciudad de São Paulo tiene su punto de gravedad más importante en torno a la especulación y por tanto, en la valorización del espacio, en ese sentido, existe una imposibilidad de uso de la tierra urbana para la mayor parte de la población, lo que confirma un proceso continuo de desalojo de los no indígenas hacia los lugares cada vez más distantes o periféricos, en este caso hacia las tierra indígenas, agudizando e intensificando el conflicto de la lucha por el espacio, ya que los espacios de las comunidades indígenas se ven amenazados, sobre todo si no están regularizados», expresó Farías.

Mientras que São Paulo es en si una expresión de la modernidad como un referente de las principales metrópolis del mundo, intrínsecamente posee sus contradicciones. «Lo que se ve es que hay una tendencia de los suburbios a ser empujados cada vez más lejos y los centros se van expandiendo como nuevos entes de la modernidad» afirma Salle.

Hay una tendencia de expropiación hacia los indígenas por el proceso de periferización, según la investigadora, y Jaragua es un caso flagrante del avance de este proceso. «Hoy la expropiación viene del proceso de crecimiento de la ciudad, del proceso de la periferización, que cada vez empuja a los pobres a la periferia, ya que vivir en la ciudad se torna aun más caro, y los pobres van ocupando cada vez más áreas que los indígenas han usado desde siempre. Esta es la lógica de la producción de la ciudad en São Paulo», argumenta la geógrafa.

«La lógica de los indígenas guaraní de la ocupación de la tierra, es que esta debe darse en base a su uso y no en la lógica de la propiedad privada. Por eso resisten y luchan para que se garantice el reconocimiento por parte del Estado de sus derechos territoriales, determinante para su supervivencia»,
EXPRESA SALLE.

Demarcación estancada

La Fundación Nacional del Indio (Funai) concluyó el estudio antropológico que demuestra que las tierras de Jaragua, así como las de Tenondé Pora, son de uso tradicional de los guaraní. No obstante, el proceso de revisión de la demarcación se ha estancado en el Ministerio de Justicia.

La Tierra Indígena Jaragua, así como la tierra en el lado sur, se demarcaron en 1980 en un acuerdo con el gobierno del estado. Se hicieron demarcaciones de pequeñas parcelas, dejando fuera criterios mínimos para la reproducción física y cultural de los pueblos. Con la Constitución de 1988 estos criterios cambiaron, ofreciendo teóricamente condiciones mínimas para los indígenas.

Según Salle Farías, antes de la Constitución sólo se tomaba en cuenta la demarcación para la vivienda del indígena, sin incluir espacio para la recolección, la caza, la pesca y la agricultura. La idea era demarcar pequeños pedazos de tierra porque la lógica del Estado fue la integración de la sociedad indígena.

Poco después de la Constitución, los guaraní continuaron exigiendo la corrección de sus tierras, de tal forma que en ese reconocimiento se considerará su territorio como tal y los diversos usos que en ella se han realizado desde siempre. Después de mucho reclamar, el estudio se realizó por primera vez en el año 2000, pero se detuvo y se reinició en el año 2009 y por fin se terminó. En Jaragua en abril del año 2013 la Funai reconoció la necesidad de corrección de los limites de este territorio y consideró a 532 hectáreas de tierras como tradicionalmente ocupadas por los guaraní, incluyendo las tres aldeas actuales, los lugares de ocupación que abrigaron a los pueblos en el pasado y las áreas clave para su reproducción física y cultural, incluyendo lo que fue decretado como una área protegida, el Parque de Estado de Jaragua.

«Los guaraní tienen una relación con esta tierra inquebrantable. Las madres enterraban y siguen enterrando las placentas de sus hijos al nacer en la tierra. Esto significa que el niño, su alma se une para siempre con la tierra. Es un área que no están dispuestos a renunciar de ninguna manera», sostiene el antropólogo del Centro de Trabajo Indigenista (CTI), Daniel Calazans Pierri, para Avispa Midia.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Amenaza de desalojo

Desde 2002, los guaraní disputan en los tribunales la posesión del área de la zona que abarca el pueblo Pyau, en el que habita la mayor parte de los residentes de Tierra Indígena Jaragua. Dos supuestos propietarios reclaman la recuperación de estas tierras contra los indígenas, alegando tener títulos de propiedad sobre la zona. Estos individuos no residen y nunca residieron en el lugar, que los guaraní consideran de su uso tradicional. Aunque la Funai ha reconocido la zona como parte de Tierra Indígena Jaragua , el proceso todavía esta detenido en manos de la justicia brasileña.

Los guaraní de Jaragua también disputan ante los tribunales, desde el año 2005, el área de la aldea de Tekoa Itakupe (Sol Naciente). Los indígenas, que consideran el área como parte de sus tierras tradicionales, fueron retirados de ahí en el año 2005, en una acción de los tribunales de justicia. Funai apeló a la decisión y concluyó los estudios que reconocen la zona como parte del la Tierra Indígena Jaraguá. Una perito en antropología, designada por el tribunal, también confirmó que tradicionalmente los guaraní han ocupado en la zona.

Cansados de esperar el término del proceso de demarcación de la Tierra Indígena Jaragua, los guaraní retomaron sus tierras de la aldea Itakupe en junio de este año 2014, como una forma de evitar que la zona sea ocupada y lotificada por una adjudicación irregular. Los nativos están preocupados de que se les quite en cualquier momento la aldea.

De acuerdo con el artículo 231 de la Constitución Federal, se consideran nulos y extintos todos los actos administrativos relacionados con la posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas. Por lo tanto, si el gobierno federal abre la demarcación de la tierra, se tornarían nulos los supuestos títulos alegados por los individuos que disputan el área ocupada por los guaraní.

¿Que dice el Ministerio de Justicia?

El Ministerio de Justicia afirmó al Programa de la Américas, por medio de su departamento de prensa, que el proceso administrativo de la Tierra Indígena Jaraguá regreso a manos de la Funai, por determinación de la Consultoría Jurídica de este Ministerio, para cumplimiento de diligencias. «Solamente después del análisis jurídico de las respuestas a las cuestiones interpuestas por la Consultoría Jurídica el procedimiento tendrá continuidad». No obstante, cuando se le preguntó al departamento sobre cuáles serian estas diligencias, no se obtuvo una respuesta.

Y en relación al proceso administrativo de la Tierra Indígena de Tenondé Porã, el departamento de prensa del Ministerio de Justicia afirmó que «está en manos del ministerio, siendo necesario mediar las cuestiones relativas a los bienes públicos municipales y estatales incidentes en la Tierra Indígena, a fin de viabilizar la continuidad del procedimiento administrativo».

Para Martin, la estrategia del ministerio es establecer un «juego de tirar la papa caliente de un lado a otro”» evadiendo la responsabilidad, sobre todo en un contexto de elecciones —que se realizaran en el próximo mes de octubre del ano 2014— en las que hasta el momento ninguno de los candidatos a la presidencia de Brasil ha hablado sobre el tema indígena y mucho menos la posibilidad de retomar las demarcaciones.

Una nación indígena en el seno más industrializado de América del Sur

Por

Renata Bessi y Santiago Navarro F

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30 septiembre, 2014

El sur y sudeste de Brasil son las regiones más ricas de este país y las más industrializadas de América Latina. Sólo el sudeste es responsable del 60% de Producto Interno Bruto (PIB), donde el 90% de la población se concentra en zonas urbanas. También en esta geografía de la modernidad se encuentra un territorio indígena que agoniza: el de los Guaraní, ubicados principalmente a la orilla del Océano Atlántico en los estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo y Mato Grosso do Sul. Los Guaraní constituyen el mayor pueblo indígena de Brasil, cuya población se estima en más de 50 mil personas.

La Mata Atlántica, de donde los Guaraní son originarios, es un ambiente fundamental para la reproducción física y cultural de las comunidades, que para 2011 estaba reducida a un 22% de su dimensión original, según el Ministerio del Medio Ambiente. De este total, solo el 7% está bien conservado. «Los procesos económicos, desde la colonización del país, orientados hacia la perspectiva de crecimiento y desarrollo, fue destruyendo la Mata Atlántica y acorralando a los indígenas», afirma para Avispa Midia la antropóloga María Inés Ladeira, del Centro de Trabajo Indigenista (CTI), que lleva por lo menos tres décadas documentando el tema.

La imagen de encierro de los Guaraní se visualiza por los datos generales de las áreas regularizadas en Brasil. De las tierras indígenas regularizadas en términos de superficie, 98,75% están en la Amazonía. No obstante, de 896 mil 917 indígenas existentes en Brasil, 554 mil 81 viven en otras regiones del país, de acuerdo con el Censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) del 2010, contando sólo con el 1,25% de la extensión de tierras indígenas regularizadas, de acuerdo con el Informe sobre la Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil 2013, del Consejo Indigenista Misionero (CIMI). «No es que en la Amazonía se tenga mucha tierra regularizada, fuera de estas áreas indígenas son mucho peor, porque son extremamente pequeñas, por lo que es imposible que los indios pueden establecer su espacio de vida y vivir con dignidad», explica María Inés.

Una forma de violencia, documentada por este informe, fue el hecho de que la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, detuviera los procesos de demarcación de las tierras indígenas.

La actitud de paralizar los ya morosos procesos en curso demuestran que las atenciones del gobierno están enfocadas a los sectores de la economía y de la política ligados al latifundio, al agronegocio, a los contratistas de las mineras y empresas de energía hidráulica, que tienen como objetivo exclusivo la exploración de la naturaleza en tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas —afirma el documento del CIMI.

La demarcación de las tierras ha sido un recurso de la lucha indígena en Brasil, aunque la delimitación de un área va en contra de la lógica de la concepción misma de la Nación Guaraní, que no contempla las fronteras de los Estados nacionales de América del Sur. «Para los Guaraní, la demarcación significa reducir su territorio y su propio encierro. No obstante, están conscientes de que, en el mundo actual, esta es la única alternativa», sostiene la antropóloga María Inés.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha registrado por lo menos 50 millones de indígenas en América Latina. Brasil sigue siendo el país con mayor diversidad de lenguas indígenas con 204 pueblos y 180 lenguas, que sobreviven a pesar de que una gran parte de ellas fueron sepultadas con el exterminio de pueblos enteros durante la colonización europea y en la época de la dictadura, seguido por la agricultura expansiva e industrial, denominada Revolución Verde.

Fotografía: Santiago Navarro F.

La nación sudamericana

Si bien es cierto que la condición de vida de los guaraníes de hoy es crítica, también es cierto que su supervivencia no es mera coincidencia, en ellos residen lazos de fortaleza. Tal vez la principal proviene de su identidad y de su integración, que se extiende a los territorios de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, formando lo que ellos consideran la Nación Guaraní.

Los Guaraní no tenemos fronteras. Nuestros caminos cruzan por las fronteras que ustedes crearon. Nuestra cultura está dentro de la naturaleza, ahí esta nuestra historia, ahí nacemos, vivimos y morimos, nosotros convivimos con ella. Pero cuando nos ven dentro de la naturaleza nos consideran vagabundos y nos consideran devastadores de la naturaleza, nosotros somos nativos junto con los árboles. Los Bandeirantes [durante la colonización, hombres aislados del comercio y sin alternativas económicas, atacaban a los indígenas para hacerlos esclavos y venderlos principalmente en regiones productoras de azúcar] y los que vinieron a buscar oro han acabado con los indios y con la naturaleza, y quieren más —dijo uno de los líderes llamado Ari, de la aldea Tekoapyau de Jaragua, en São Paulo, Brasil.

De acuerdo con Carlos Frederico Marés de Souza Filho, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, el límite de un Estado moderno va hasta donde su ejército puede defender y hasta donde su policía puede garantizar, importa poco la cultura, lo que une a un pueblo, una lengua, una religión o una relación simbólica con el medio ambiente.

Para el profesor, esta simpleza de la modernidad en relación con el territorio –que se desarrolla en la propiedad privada, versión individual de la soberanía del Estado– históricamente significó que cuando los gobiernos de América Latina reconocieron los derechos de los pueblos indígenas, sólo lo hicieron mientras fuera un área particular y demarcada, un pedazo de territorio bajo la soberanía y jurisdicción del Estado respectivo, con frecuencia dividiendo a los pueblos, como lo hicieron con los propios guaraní.

Comparativamente, «es generoso el concepto de territorio del pueblo Guaraní: la existencia de otros seres, incluidos los humanos, no les incomoda, mientras no esté cortando el Jerivá –palmera nativa de la Mata Atlántica– o contaminando el agua», dijo Marés de Souza Filho –quien escribió el prólogo del libro de María Inés Espacio Geográfico Mbya-Guaraní: significado, constitución y uso, fruto de su tesis de doctorado.

El camino es parte del lugar

En Brasil recae sobre el pueblo Guaraní el preconcepto de ser nómadas, vagabundos y que por esto no se asentaron en alguna tierra. «Dicen que no somos de aquí, somos de Paraguay. Mi padre escuchó en algún momento a las autoridades del Estado y gente de la FUNAI [Fundación Nacional del Indio] de Pará, que no nos daría la tierra, pero sí un billete de vuelta a Paraguay», cuenta John Guaraní, conocido como Maranhão, quien vive al norte de Brasil, en Estado de Pará.

La investigación de maestría de María Inés, titulada Caminar sobre la luz: el territorio Mbya frente al mar, trató de desmitificar esta concepción estereotipada respecto a los Guaraní, la cual muestra que el desplazamiento es sólo una parte de la construcción del territorio tradicional, que pasa por encima de muchas fronteras nacionales del continente sudamericano. «No se les puede tachar de vagabundos, simplemente ocupan un territorio que forma parte de la cosmovisión guaraní, que les da acceso a las deidades», explica.

De acuerdo con la antropóloga, para los Guaraní, todos los seres que viven en la tierra poseen sus lugares en el mundo. «Y todo también tiene camino, el camino es parte del lugar, porque nada está fijo, ni las aguas ni el viento. Así, los lugares/caminos del viento no pueden ser detenidos. Los caminos de las aguas no deben ser desviados, así como las orillas de los ríos son parte de los ríos. Cuando los espacios, lugares y caminos, de estos elementos son invadidos nos quedamos sujetos a las reacciones naturales».

ASIMISMO,«los guaraní mencionan que realizan [reproducen] en la tierra los mismos movimientos y caminos que realizan sus Nhanderu –El dios verdadero– quien garantiza la certeza de no perderse en el camino y de llegar al lugar»,
COMENTA MARÍA INÉS.

Para ella, lo que retiene en el mundo terrestre (yvy vai), lo que se fija en el espacio y se configura como territorio, es lo que se mueve dentro de él. «Si se trata de un precepto general (universal), en el caso de los Mbya no es inconsciente. Este movimiento, cuidar el territorio, se practica con perseverancia, incluso en las condiciones más adversas, para todos los seres y las especies que interactúan en el mundo Mbya en muchos ámbitos (simbólicos, terrestres, celestes), incluyendo a los propios Mbya como parte activa y conductora de un proyecto conjunto de la recreación y la conservación».

Tierra sin mal

Según el antropólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Rafael Fernandes Mendes Júnior, quien desarrolló investigaciones de maestría y doctorado sobre los Guaraní, ha documentado que ellos comienzan a emigrar a Brasil en el siglo XIX. Fueron grandes migraciones y vinieron caminando con el objetivo de encontrar el lugar adecuado para permitir el paso a la tierra donde no existe la maldad, espacio mítico y sagrado en su cultura. «Y en la medida en que fueron llegando a la región sureste del país fueron encontrando hostilidades de los brasileños. Los masacraron, murieron por enfermedades, esclavizados y los pocos pueblos que pudieron instalarse aquí, fueron a la Sierra del Mar, en las zonas menos demandadas por la agricultura», explica el antropólogo.

Al preguntarle por qué buscaban tierras costeras, Mendes Júnior explica: «El mar era la gran división entre la tierra y la otra tierra, la tierra sin mal. El sentido de la búsqueda era esta, llegar a la orilla del mar para cruzar el mar y vivir del otro lado. El mar es el elemento del pasaje a la tierra sin mal».

Aldeas conectadas

En la Nación Guaraní todos los pueblos están conectados entre sí. El estilo de vida Mbya-Guaraní define una ocupación territorial plenamente imbricado dinámico en las redes de parentesco, y esta asociación es la base de apoyo de la sociedad. La movilidad es, por tanto, inherente a este sistema, así como las relaciones de parentesco podrían ser referencias a los movimientos migratorios.

Todas las aldeas, independientemente de la situación jurídica, mantienen un fuerte vínculo por las relaciones de parentesco. Si se hiciera un árbol genealógico de las aldeas, se percibiría eso. Los casamientos configuran una espacie de tejido en las aldeas, creando un tipo de red de parentesco. Es por donde circulan los conocimientos, las relaciones de reciprocidad. Todo fluctúa en función de las conexiones, las alianzas de parentesco y solidaridad que se van haciendo por las nuevas generaciones —explica María Inés.

El pueblo Guaraní es una sociedad, afirma Mendes Júnior, donde los primos-hermanos son tratados con la misma nomenclatura que los hermanos, así que no hay matrimonios entre ellos y buscan relaciones con otros núcleos para casarse.

«En este cambio los hombres acostumbran a vivir con la familia de la mujer. Es un núcleo que crece alrededor de una pareja casada de más edad con las familias de sus hijos solteros y los hijos de sus hijas. Una mujer también puede ir a vivir con su suegra. Generalmente estos son los modelos de residencia, no es absoluto, sino que es una tendencia», explica el antropólogo.

De acuerdo con Ladeira, el sistema de reciprocidad, la participación de las familias de las diferentes aldeas acaban definiendo el diseño del mundo Mbya. «No basta con que las aldeas estén distribuidas, es necesaria la reciprocidad entre los grupos familiares. Una unidad familiar que se aísla pierde indefinidamente su vínculo con el territorio. Por lo tanto es necesario establecer lazos de parentesco y la reciprocidad de mantener el vínculo territorial».

Nuevas formas de violencia

Entre las aldeas guaraní existe una gran dependencia de la donación de despensas y de programas de transferencias de ingresos del gobierno federal; sin embargo, no hay suficientes programas para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades. Además, la mayor parte de la tierra indígena se concentra en la costa. En los municipios costeros las actividades y proyectos relacionados con el turismo y la recreación son un pilar importante de la economía local. La intensa actividad turística en la región genera vectores de presión sobre las tierras indígenas, tales como la urbanización costera y la especulación del suelo.

La situación de los indígenas en Brasil es hipócrita, es una hipocresía del Estado y de la sociedad brasileña, porque el indígena que tiene contacto con la sociedad, se destruye y desaparece. Se han perdido mas de 600 lenguas por las políticas del Estado. Durante la dictadura se siguieron ocupando sus tierras, se asesinaron y se destruyeron etnias enteras, hoy la situación no ha cambiado mucho, hoy día podemos hablar de una neocolonización —subraya el investigador y agrónomo Sebastião Pinheiro, para Avispa Midia