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Militarizan Oaxaca con fondos de Iniciativa Mérida para imponer modelo educativo

Por Santiago Navarro F y Renata Bessi

El estado de Oaxaca, al sur de México, amaneció militarizado el martes 21 de julio de este año 2015, un hecho que hizo recordar el año 2006, cuando el gobierno intentó reprimir una de las manifestaciones de los profesores de este estado, hecho al cual respondieron mas de un millón de personas que salieron a las calles para exigir la destitución del gobernador de ese momento, Ulises Ruiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado de abuso de poder y de desvió de recursos públicos. El saldo de este proceso, que se extendió durante seis meses, fue una brutal represión que dejó por lo menos 27 muertos, entre ellos un periodista estadounidense, Brad Will, así como cientos de detenidos y torturados.

Nueve años después, miles de efectivos de las fuerzas federales y estatales se desplegaron en Oaxaca para resguardar edificios estratégicos, como la planta de la empresa estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex), los aeropuertos del estado, así como puntos turísticos en la costa del pacifico en Puerto Escondido y Huatulco. Mientras tanto 9 helicópteros de la Policía Federal sobrevolaban en la ciudad de Oaxaca, resguardando centros comerciales, gasolineras y las radiodifusoras para que no fueran tomadas por el sindicato de profesores como una forma de presión ante el gobierno, tal como sucedió en el año 2006.

La intensificación del proceso de militarización, iniciado desde los acontecimientos de las elecciones estatales realizadas el 7 de junio de 2015, fue estratégico para que el gobernador en turno, Gabino Cue Monteagudo, con respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, pudiera tomar el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que hasta antes del día 21 de julio estaba en manos de los profesores de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Esto implicó la cancelación de las cuantas bancarias de la CNTE y el bloqueo de la señal de su radiodifusora, al mismo tiempo se liberaron 32 ordenes de aprehensión para los lideres sindicales de Oaxaca.

Entre los cerca de 10 mil policías que custodian la capital de este estado figuran los elementos de la Gendarmería Nacional, quienes se capacitaron con fondos de la Iniciativa Mérida. El Congreso de los E.U. ha asignado fondos a la Iniciativa Mérida con amplio apoyo bipartidista, aportando mas de 1,600 millones de dólares a México. En apoyo a esta iniciativa, se ha equipado a la policía con helicópteros, equipo de alta tecnología y actualmente están participando con asistencia y conocimientos técnicos con el fin de lograr la «profesionalización» de la policía, y la reforma judicial y penal.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

«La embajada de los Estados Unidos se honra en asociarse con el gobierno de México para el desarrollo de la capacidad de sus fuerzas de seguridad», dijo Anthony Wayne, embajador de este país, en agosto del año 2014 ante la presentación oficial de la denominada Gendarmería Nacional de la policía federal mexicana. Así mismo sostuvo, «a través de la Iniciativa Mérida, varias agencias estadounidenses ofrecen capacitación y comparten mejores prácticas para aumentar el liderazgo y profesionalismo dentro de las agencias mexicanas de procuración de justicia».

«Desde que empezaron a implementar la políticas neoliberales y desde el Consenso de Washington, comenzó un proceso de eliminación de personas como mecanismo de control social. Y por su puesto que la gente comenzó a defenderse y fue cuando comenzaron a crear ejércitos y policías. En ese sentido el gobierno no defiende al pueblo, se defiende de él, en este caso, para que puedan avanzar las inversiones transnacionales en la educación, la energía, el petróleo, la minería y otros sectores», comentó el obispo Raúl Vera, nominado al premio Nobel de la Paz en el año de 2012.

Reforma educativa militarizada

Pese a las acusaciones hechas por el gobierno a la forma de administración del IEEPO por la Sección 22, la militarización es una acción estratégica para dar continuidad a la denominada reforma educativa por la vía de la imposición, tal como fue aprobada en el año 2013 por el congreso federal y que se esta llevando acabo en todos los estados de México. A excepción de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, donde los profesores han resistido a la implementación de dicha reforma argumentando que su principal objetivo es la privatización de la educación.

Con la presencia de los policías federales existe una tensión latente por una posible represión parecida a la del año 2006. «El narcotráfico aún es mas potente y México esta militarizado. Este contingente militar que esta aquí en Oaxaca es para controlar a unos insurrectos, ¿y cuál es la insurrección?, simplemente pedir justicia, pedirle al Estado mexicano que cese con esa reforma educativa que no es otra cosa que la eliminación de la educación publica. Porque van a eliminar a los profesores, después sigue la salud pública, y así con el sindicato de Petróleos Mexicanos», afirmó Raúl Vera.

Los profesores de la sección 22, desde un primer momento, han rechazado dicho modelo educativo, ya que es un modelo homogéneo para todo el país, sin considerar las condiciones de los estados que cuentan con pueblos indígenas o condiciones de extrema pobreza, como es el caso de Oaxaca, donde hay lugares que no cuentan ni con materiales de trabajo y a veces ni con aulas.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

De acuerdo con Dolores Villalobos, profesora del sindicato de la Sección 22, es un modelo que busca tercerizar la educación remplazando los espacios con nuevos trabajadores por medio de un contrato y sin derechos laborales, hasta que se torne un servicio privado. «Esta no es una reforma educativa sino laboral, lo que pretenden es que el Estado deje de proporcionar la educación pública y gratuita. Antes el Estado tenía la obligación de brindar la educación pública. Como parte de la reforma eso esta cambiando. Cambia el concepto a sólo «garantizar» la educación, esto significa que no habrá condiciones y se tornará privada. En el fondo quieren reducir el numero de trabajadores de la educación. Ahora con la reforma funcionará el sistema de contratos por uno o dos años, sin ningún beneficio», afirma Dolores Villalobos.

Así, el mayor obstáculo para que el gobierno pueda hacer efectiva la reforma al 100% ha sido la CNTE. Aunque esta coordinadora cuenta sólo con alrededor de una fracción de 200 mil profesores de un total de 900 mil trabajadores de la educación en todo México. De estos 200 mil, 60 por ciento están en el estado Oaxaca.

«El gobierno sabe que la mayor resistencia contra la Reforma está aquí en Oaxaca. Porque si esta reforma procede aquí, en este estado, no habrá mas resistencia y se implementará en todos lo demás estados», dijo Villalobos.

Mientras tanto el 22 de julio de este año 2015, en Toluca, Estado de México, por lo menos diez gobernadores de diversos estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal se reunieron para detallar su próximo encuentro para el mes de octubre de 2015 con gobernadores de los Estados Unidos y Canadá. Una reunión que aprovecharon para discutir las medidas que tomarían en caso de posibles movilizaciones del CNTE como respuesta a la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Modelo educativo para América Latina

En el año 2013, tras un tumulto de protestas y un fuerte operativo policiaco-militar, fue aprobada la reforma educativa, sugerida por OCDE en el año 2008 al presidente Enrique Peña Nieto, en el Acuerdo de Cooperación OCDE-México para Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas de México. En el documento, la OCDE se posiciona a la «vanguardia de los esfuerzos emprendidos para ayudar a los gobiernos a entender y responder sobre los cambios y preocupaciones del mundo actual, como el gobierno corporativo, la economía de la información y los retos que genera el envejecimiento de la población».

Una de las sugerencias de la OCDE fue abrir espacios al sector privado en el área de educación.«La reforma educativa es demasiado importante para el futuro de México como para dejar solos a los educadores en esta tarea. El Consejo Asesor de la OCDE considera urgente la creación de una ‘coalición orientadora’ que incluya a los líderes políticos y universitarios, a los líderes del sector privado y de la sociedad civil», consta en el documento.

El órgano hizo básicamente 15 recomendaciones proponiendo «una estrategia de acción que busca dar más apoyo a las escuelas, directores y docentes para mejorar los resultados de las escuelas y los estudiantes», en busca de «escuelas eficientes». Uno de los componentes de este acuerdo trata sobre el desarrollo de políticas y prácticas adecuadas para evaluar la calidad de las escuelas y los maestros y para vincular los resultados con los incentivos para lograr procesos de mejora. «Estas líneas de trabajo fueron dirigidas por el Consejo Asesor de la OCDE sobre Políticas de Evaluación e Incentivos para Docentes en México, conformado por expertos internacionales», explica el documento.

«No estamos en contra de la evaluación. El problema es cómo son realizadas y las consecuencias que trae detrás de estas evaluaciones. Por el contrario nosotros hemos construido un modelo alternativo que ya presentamos ante el congreso y no se ha respetado», afirma la profesora Villalobos.

Un referente de este modelo de educación en Latinoamérica es Brasil, así como en México, la política educacional tiene una orientación de organismos internacionales, intensificada a partir de la década de los años 90. Fueron implantadas políticas de evaluación por competencias y habilidades, un sistema de avaluación en larga escala, donde se estableció una participación público-privada, y la concepción de la educación giró en torno a las políticas desarrollistas y neoliberales, es decir, para el mercado, inclusive respaldándose en conceptos de economía, de competencias y habilidades, explica la investigadora Alayde Digiovanni, del Programa de Estudios de América Latina, de la Universidad de São Paulo (PROLAM/USP).

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

«Los sistemas de evaluación en como son implementados no ayudan en casi nada. En algunos lugares ya tenemos este modelo que incentiva la competitividad, sistema de bonos para aquellos que presenten más rendimiento conforme la evaluación. El resultado es competición y desigualdad entre las escuelas. El sistema comúnmente desconsidera el contexto socio-económico de donde se encuentran las escuelas», sostiene la investigadora Alayde Digiovanni.

De acuerdo con Digiovanni, los acuerdos con los órganos internacionales no se restringen sólo a Brasil y México. Son políticas determinadas por organismos internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) implementadas para toda América Latina y el Caribe. «Se identifica la educación como un factor primordial para el desarrollo económico, implicado en una serie de indicaciones internacionales para las políticas públicas en temas de educación de América Latina y el Caribe. Tales recomendaciones siguen el modelo orientado por las políticas neoliberales», sostiene Digiovanni.

Justificación mediática

Junto a la estrategia militar, el gobierno ha trazado una estrategia mediática. Desde el día 21 de julio de 2015, todos los medios comerciales se han sincronizado, desde los periódicos hasta los canales de televisión que no han dejado de emitir mensajes a favor de la determinación del gobernador y de los beneficios de la reforma educativa. Detrás de la cuenta de Twitter del gobierno hay todo un equipo que mantiene un bombardeo de mensajes que terminan apagando los mensajes en contra, por ejemplo: «En ‪#Oaxaca inicia una nueva etapa de eficiencia, modernidad y dignidad en el sistema educativo estatal» o «La ‪#ReformaEducativa en ‪#Oaxaca avanza y no se detendrá». El gobierno federal también figura con sus mensajes de apoyo: «El ‪@GobRep respalda al Gobierno de ‪#Oaxaca y al Gobernador ‪@GabinoCue». Aliados del gobierno desde los partidos de izquierda como los de derecha también aplauden en las redes sociales los cambios para aplicar a reforma educativa en Oaxaca.

 Alerta de las organizaciones civiles

Por otra parte, una red de más de 100 organizadores de derechos humanos publicaron una nota conjunta en la que externan su preocupación por la utilización de la policía federal y las fuerzas armadas contra el magisterio oaxaqueño y la ciudadanía en general. «En este país, la presencia policíaca y militar no representa una mayor garantía de seguridad, al contrario es sinónimo de represión y criminalización de la protesta social, como las graves violaciones de derechos humanos vividos en el año 2006, varios de ellos investigados actualmente en la Fiscalía de Investigaciones para Delitos de Trascendencia Social (FIDTS)», afirma la nota. Así mismo exigen la salida inmediata la policía federal y la gendarmería de Oaxaca. «(…) y responsabilizamos al gobierno federal y al gobierno del estado de los hechos que se desencadenen a raíz del proceso de militarización que vive Oaxaca», finaliza la nota.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

La Comisión de la Verdad de Oaxaca, que ha registrado y denunciado violaciones a los derechos humanos durante la militarización del año 2006, también se pronunció al respecto. «La presencia de la gendarmería, lejos de salvaguardar los derechos humanos, está propiciando un clima intimidatorio en diversos sectores de la población. Para muchos sectores aun esta fresca la memoria de los años 2006 y 2007 en Oaxaca, en los que efectivos de la Policía Federal Preventiva incurrieron en faltas graves y cometieron violaciones a los derechos humanos, hechos que esta Comisión actualmente investiga», destaca la Comisión.

Ante el contexto de militarización y de la reestructuración del IEEPO por parte del Estado, la Sección 22 ratificó que la demanda central de los estados miembros de la CNTE es la abrogación de la reforma educativa. El rechazo a la evaluación y el desconocimiento al decreto de desaparición del IEEPO, sosteniendo que de no obtener una respuesta favorable continuarán con el proceso organizativo de una huelga nacional. Mientras tanto, el lunes 27 de julio del año 2015, fue convocada la primera mega manifestación de los profesores en la ciudad de Oaxaca. Así mismo, el resto de los agremiados en la CNTE en otros estados ya han comenzado a realizar acciones de protesta en solidaridad con sus compañeros de Oaxaca y contra la reforma educativa.

Brasil: indígenas ocupan congreso contra proyecto que vulnera derechos sobre sus territorios

Foto por Santiago Navarro F

Jefes indígenas de las cinco regiones de Brasil viajaron durante varios días para poder llegar al campamento convocado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que se llevó acabo del 13 al 16 de abril de 2015, en el Distrito Federal en Brasilia, centro geográfico y del poder brasileño, sede de los tres poderes de esta nación. Más de 1,500 indígenas llenaron de colores, de música y de rituales uno de los jardines frente al Congreso Nacional donde pernoctaron por tres noches. Su principal objetivo fue presionar a los tres poderes de esta nación para que no aprueben el proyecto de enmienda constitucional numero 215 –mejor conocida como la PEC 215/2000. Este proyecto, entre otros puntos, transfiere al poder legislativo de Brasil, la facultad de decidir sobre la demarcación de los territorios indígenas, una determinación jurídica-política que hasta el momento está en manos del poder ejecutivo, es decir, de la presidenta Dilma Rousseff.

En el congreso de Brasil existe una fracción conocida como «bancada ruralista», un conjunto de legisladores que han transferido los intereses privados de las empresas multinacionales hacia el poder legislativo. De los 50 diputados que figuran en la Comisión Especial para revisar la propuesta de enmienda constitucional PEC 215/2000, por lo menos 20 de ellos financiaron sus campañas electorales con apoyo de las empresas agropecuarias, de la minería, de energía, del sector forestal y por los bancos. Entre los miembros de la bancada ruralista figura la empresaria y actual ministra de Agricultura, Katia Abreu, férrea defensora de las empresas del agronegocio. Otro personaje es Luis Carlos Heinze, uno de los principales dirigentes de esta fracción parlamentaria, también es presidente del grupo Frente Parlamentario Agropecuario (FPA). En el año 2014 fue objeto de una denuncia penal por las organizaciones indígenas porque alentó a los agricultores industriales a utilizar guardias armados para desalojar las tierras indígenas.

Los indígenas vestían sus atuendos de jefes o sabios de la comunidad, pintaban sus rostros con pinturas vegetales, de colores fuertes como el rojo, el amarillo o el negro. Algunos fumaban su tabaco, otros preparaban sus arcos y sus flechas, era el momento de salir a las calles para entregar una carta firmada por todos los pueblos presentes en el campamento, dirigida a Dilma Rousseff para que ratifique y firme el caso de más de 20 tierras indígenas que aún están bajo su jurisdicción. Y para recordarle el compromiso que firmó en la carta dirigida a los pueblos indígenas durante su campaña presidencial, difundida en octubre del año 2014, donde se comprometía a no cambiar la constitución y a demarcar las tierras indígenas.

«Ella (Dilma Rousseff) se comprometió en su campaña para la presidencia a que iba a demarcar el territorio indígena de Brasil y hoy vemos que los pueblos indígenas estamos encaminados hacia la desaparición. Si ella misma no respeta sus palabras y la constitución, lo último que nos queda es la autodemarcación y la defensa de nuestras tierras ancestrales, porque sino hacemos algo, estaremos en manos de las empresas multinacionales con esa ley», dijo Francisco da Silva, jefe indígena kapinawá del estado de Pernambuco.

Indígenas del pueblo xingú presentes contra el proyecto de enmienda constitucional 215. Fotografía: Santiago Navarro F.

Indígenas del pueblo xingú presentes contra el proyecto de enmienda constitucional 215. Fotografía: Santiago Navarro F.

Mientras se realizaba el campamento en Brasilia, la presidenta Rousseff en una conferencia de prensa realizada día 15 de abril para varios medios, fue cuestionada sobre los indígenas concentrados en el campamento. Su respuesta fue en sentido de descalificar este movimiento indígena nacional concentrado en el campamento. Afirmó que la discusión sobre los indígenas en su gobierno «es sistemática», que «no existe un movimiento indígena unificado, que la cuestión indígena no es solamente una, es diversa».

«Al declarar eso [Rousseff] comete un error grave en su discurso porque estamos aquí con representantes de las cinco regiones del país, con más de 200 pueblos indígenas diferentes», dijo la indígena Sonia Guajajara del estado de Maranhão en el nordeste de Brasil.

Las mujeres jefas indígenas también estuvieron presentes en la toma del congreso para denunciar la violación a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.

Las mujeres jefas indígenas también estuvieron presentes en la toma del congreso para denunciar la violación a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.

El diálogo se agota

El jefe indígena Babau Tupinambá, de una de las etnias más organizadas de Brasil y con un alto nivel de autosuficiencia, no dudó en afirmar que los pueblos indígenas se tienen que preparar para una lucha más radical e incluso violenta. «Yo dije en el congreso que hemos regresado al tiempo de la colonización. Y nosotros como tupinambá, el primer pueblo en enfrentar a los colonizadores en el año 1500, hoy llamamos a todos los pueblos para prepararnos para una confrontación. Y si es necesario hasta una guerrilla formaremos sin no reculan con esa ley», dijo el jefe indígena tupinambá.

Babau sabe que sus palabras son fuertes y de extrema responsabilidad, no obstante, los tupinambá son reconocidos por ser grandes guerreros, en el arte de la guerra tupinambá. Babau dice que lo que esta en riesgo es la vida de los indígenas que están siendo asesinados por los dueños de los cultivos y la ganadería industrial. «Nosotros los pueblos indígenas somos pacíficos, no tenemos deseos de ninguna confrontación, solo queremos nuestras tierras. Pero con estas decisiones nos están llevando a un punto para rebelarnos. Si no tenemos otro camino y ellos continúan, porque tienen 102 propuestas en el congreso nacional contra los pueblos indígenas, nosotros vamos a formar una guerrilla, porque no vamos a permitir que nos despojen de nuestras tierras ancestrales, no vamos a salir. Porque un indígena sin tierra, no es indígena».

La PEC-215/2000 es sólo una de tantas violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil. «No hay comunidad en este momento que no sufra impactos por algún proyecto capitalista, detrás de esta ley existen intereses de Monsanto, Nestlé, Syngenta, Cargill y otras empresas que quieren apropiarse de nuestros territorios. Son los mismos que promueven el asesinato de indígenas», sostuvo la indígena Rootsi Tsitna del estado de Mato Grosso do Sul.

Todos los pueblos han sufrido violación de sus derechos humanos, «existen cientos de proyectos en comunidades indígenas y en ninguno se consultó a los pueblos. Están violentando la constitución de 1988 que ya costó mucha sangre y el convenio 169 de la OIT que establece la consulta previa de los pueblos. No deberíamos de negociar nada, porque son nuestras tierras y es nuestro derecho», afirmó el indígena Francisco da Silva del estado de Pernambuco.

Los indígenas xucuru de estado de Pernambuco son uno de los pueblos más organizados de Brasil y sostienen que su lucha es por todos los pueblos de Brasil. Fotografía: Santiago Navarro F.

Los indígenas xucuru de estado de Pernambuco son uno de los pueblos más organizados de Brasil y sostienen que su lucha es por todos los pueblos de Brasil. Fotografía: Santiago Navarro F.

¿Aliados?

La PEC-215/2000 preocupa no sólo a los pueblos indígenas. Las organizaciones como WWF muestran su preocupación, ya que esta enmienda también decidirá sobre las áreas naturales protegidas de este país. No obstante, contrasta con la posición de varios pueblos que han sido afectados por sus políticas. Sólo por poner un ejemplo, en el año 2011 el Grupo Maggi ha hecho su primera venta de «soja responsable» (una cantidad de 85 mil toneladas), con la «etiqueta verde» otorgada por la WWF, a través de un programa de «certificación ambiental», en colaboración con Bunge, Cargill, Monsanto, Nestlé, Shell, Syngenta, Unilever, entre otras empresas que han despojado a los pueblos indígenas de sus tierras en Brasil y varios países del mundo.

Algunos personajes políticos se presentaron en el campamento de los pueblos indígenas como supuestos aliados, como la ex candidata a la presidencia de Brasil, Marina Silva, miembro honorario de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y defensora de políticas de conservación promovidas por WWF entre otras ONG que promueven Parques Nacionales, Áreas Naturales Protegías, Parques para la Paz, Parques Transfronterizos, Santuarios, políticas de mercado verde o bonos de carbono.

Los indígenas xucuru del estado de Pernambuco mostraban su coraje por un Estado que no respeta a los pueblos indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.

Los indígenas xucuru del estado de Pernambuco mostraban su coraje por un Estado que no respeta a los pueblos indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.

«Hay muchos políticos que se han acercado a nosotros, sobre todo en tiempo de elecciones, pero nosotros lo único que queremos es la demarcación de nuestras tierras», dijo el indígena Cayapo del pueblo Xingu de Mato Grosso do Sul, quien sostuvo que los bonos de carbono son otra forma de despojo de su territorio, «nosotros hemos visto las experiencias del pueblo Suruí, que aceptaron el mercado de bonos de carbono de REDD+ y los proyectos de conservación, pero ya no pueden cazar, cultivar ni tener los materiales para la fiesta para los rituales. Nosotros sabemos cuidar la naturaleza porque es nuestra madre y no queremos tener ningún pacto con los créditos de carbono, porque son otra forma de despojarnos de nuestras tierras sagradas».

¿Día del Indio?

Durante la realización del campamento, los jefes indígenas hicieron acto de presencia en la cámara de diputados y de senadores, en diversos momentos donde no sólo llevaron la carta firmada por ellos, sino su descontento y su rabia, la respuesta fue que la PEC-215/2000 no será votada pero tampoco archivada, lo cual no les dio confianza a los inconformes.   

El ultimo día del campamento, el 16 de abril, se abrieron las puertas del congreso y la tribuna a los representantes de los pueblos indígenas en honor al «Día del Indio». Tras una revisión extrema con personal de seguridad –que no fue aceptada por todos los indígenas– sólo pudieron entrar 500 de 700 que estaban previstos. Fue un evento donde no asistió el alcalde.

El jefe indígena Marcos Xucuru se muestra enojado y dice que no se puede esperar mucho del gobierno y de los partidos políticos, lo que queda es tomar sus tierras asumiendo las responsabilidades, «nuestra lucha va persistir y vamos a autodemarcar y si es necesario lucharemos como los tupinambá quienes han enfrentado a la policía federal y al ejército y los vamos sacar de nuestro territorio. Como jefes indígenas estamos dispuestos a entregar nuestra vida para nuestros encantados –ancestros- y a la naturaleza», agregó Marcos Xucuru del estado de Pernambuco.

El indígena Babau afirma que el gobierno será el único responsable de que el genocidio continúe en este país, «nosotros llamamos a las comunidades indígenas de otros pueblos del mundo, que son los únicos que nos entienden, a estar atentos de lo que va acontecer. Porque el gobierno ha tenido la posibilidad de negociar con nosotros, pero el diálogo se esta agotando. Nosotros ofrendaremos nuestras vidas si es necesario pero no vamos a dejar que nos quiten nuestras tierras».

 
La policía militar en todo momento estuvo protegiendo las sedes de los tres poderes de la nación brasileña contra los indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.

La policía militar en todo momento estuvo protegiendo las sedes de los tres poderes de la nación brasileña contra los indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.

Privatización penitenciaria en Brasil sigue la ruta del modelo de Estados Unidos

Entre los años de 1992 y 2013, la población de reclusos en Brasil aumentó en más de 400% en comparación con un 36% del crecimiento de la población según los datos del Ministerio de Justicia (MJ) de este país. Son 711,463 presos, más de medio millón de seres humanos que son considerados como una mercancía dentro del proceso de especulación que comienza a levantarse en este país con lo que se conoce como industria penitenciaria, un modelo que cosifica y mercantiliza los cuerpos.

«Yo estaba visitando una unidad femenina privatizada, en Espirito Santo, entré a la sala de medicamentos y la directora con orgullo me dijo que todas las presas estaban medicadas con psicotrópicos al 100% durante 3 meses. Eso es control de población. Este fue uno de los casos mas extremos de cosificación de los presos que hasta el momento he encontrado ahí», dijo Jesus Filho, ex miembro de Pastoral Carcelaria Nacional de Brasil.

Casi todos los delitos están relacionados con crímenes patrimoniales y el tráfico de drogas. «La población en su mayoría es negra, gente pobre que no tuvo ninguna oportunidad en la vida, ni educación, salud, ni una vivienda digna, gente que termina en la delincuencia como ultima opción», comentó la abogada Fernanda Vieira del colectivo Margarida Alves, que ofrece asesoría jurídica popular en el estado de Minas Gerais.

De acuerdo con el 8º Anuario Brasilero de Seguridad Pública, de las 53,646 víctimas de homicidio, 36,479 son negras; de los 574,207 presos, 307,715 son negros. «Por lo menos un 40% de los presos aún no tienen una condena, están a la espera de que alguien les diga si son culpables o no. La mayoría son jóvenes», dice la abogada Vieira. De la misma forma los datos del Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN) de este país, ha documentado que el número de mujeres presas aumentó de 10,112 en el año 2000 a 35,039 en el año 2012. Esto significa un aumento de 246% en el período. La mayoría de las mujeres cumplen condena por prostitución y por trafico de drogas.

Parece ser que la tendencia de los presos en Brasil va en aumento cada día y no hay señales que muestren una posible reducción de esta población carcelaria. De cierta forma tiene que ver con la brecha de desigualdad social. En el año 2012, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la brecha entre pobres y ricos estaba aumentando en muchos países de América Latina, la región más desigual y urbanizada del planeta, donde un 80% de la población vive en las ciudades y más de un cuarto de la población vive en condiciones infrahumanas. El 20% de la población más rica tiene en promedio un ingreso per cápita casi 20 veces superior al ingreso del 20% más pobre. Los países más desiguales en base a la distribución de la renta son, en este orden, México, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, República Dominicana y Bolivia.

Privatización justificada

Las condiciones del sistema penitenciario en Brasil son comparadas con lo que el imaginario colectivo ha descrito como el «infierno». En el año 2012 el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, en respuesta a su posición sobre la adopción de la pena de muerte, dijo, «si fuera a cumplir muchos años en una prisión en algunas de nuestras prisiones, preferiría morir».

Actualmente Brasil se ubica como el cuarto país con mayor población carcelaria del mundo después de Estados Unidos con (2,2 millones), China (1,6 millones) y Rusia (740,000). Brasil cuenta con capacidad de espacios para un poco más de la mitad de sus presos. El Sistema de Información Nacional Penitenciario (InfoPen) señala que existe un déficit en el sistema penitenciario de 358 mil espacios adecuados para los reclusos, lo que implica que en cada celda haya más del doble de su capacidad. Este es el principal argumento que se ha utilizado para el proceso de privatización de las prisiones. «El discurso de la privatización en Brasil solo ha ganando credibilidad porque las prisiones estatales son pésimas, la salud y la educación son catastróficas», dijo Marta Machado, profesora de la Escuela de Derecho de São Paulo de la fundación Getulio Vargas.

De prisiones a empresas redituables

Prisioneros en masa son un incentivo que han despertado el interés de los inversionistas del mercado de la seguridad privada. En el año 2009 la sociedad anónima llamada Gestores Presiónales Asociados (GPA) ganó la concesión con la modalidad público-privada (PPP, de acuerdo con las sigla en portugués y en inglés) para la administración del primer complejo compuesto por cinco unidades presionales, en Ribeirão das Neves, en el estado de Minas Gerais, Brasil, con la firma de un contrato de 27 años, que podrá ser renovado por otros cinco años. GPA es un grupo formado por cinco empresas, la mayoría constructoras: CCI Construções S.A, Construtora Augusto Velloso S.A., Empresa Tejofran de Saneamento y Serviços, N.F. Motta Construções e Comércio y el Instituto Nacional de Administração Prisional – INAP.

De conformidad con el artículo 1,134 del Código Civil brasileño, una compañía extranjera necesita una autorización del gobierno federal para operar en Brasil a través de una sucursal, por tanto, difícilmente se puede identificar el capital transnacional. «Aún no tenemos claro si hay capital transnacional en estos complejos. Pero podemos darnos cuenta que los personajes que formaron la empresa en Minas Gerais son los mismos que antes eran directores de las prisiones públicas, la corrupción es muy clara», dijo la abogada Fernanda Vieira, quien también acompaña los casos de algunos presos en este complejo penitenciario de Ribeirão das Neves.

En el año 2013 se inauguró este primer complejo penitenciario en Ribeirão das Neves, en el estado de Minas Gerais, de la misma forma también el Centro Integrado de Resocialización de Itaquitinga con la misma modalidad, en el estado de Pernambuco. Según la investigación llamada El Primer Complejo Penitenciario de Asociación Público-Privada do Brasil, realizada en el año 2014, esta modalidad de PPP representa una forma innovadora de cooperación entre el gobierno y el sector privado, mediante contratos de concesión por una periodo determinado, donde se comparte la gestión y el riesgo. Por lo tanto, el Estado paga por su demanda de servicio penitenciario al consorcio del capital privado, mientras que el operador tiene la oportunidad de utilizar la infraestructura y/o servicio en la búsqueda de la rentabilidad.

Influencia estadounidense

De acuerdo con el profesor Laurindo Dias Minhoto, profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo, la privatización de las prisiones es un modelo brasileño con ciertos elementos de las prisiones privadas de los Estado Unidos y del modelo británico que permite usar capital privado para pagar por infraestructura pública. «El proyecto neoliberal sobre todo en la vertiente norteamericana, busca convertir todas las esferas de la vida social en una empresa, incluyendo al propio Estado, pautada por una racionalidad económica emprendedora», dijo Dias Minhoto en el debate «Asociación Público-Privada en las prisiones brasileñas: implicaciones jurídicas, políticas y éticas» realizado en el mes de marzo de 2015.

Massoneto comparte que el modelo de las PPP sigue la lógica de las políticas neoliberales en el sentido de la acumulación y reproducción ampliada del capital. «La lógica neoliberal en el mundo ha sido la multiplicación de las oportunidades de acumulación de capital combinada con un aumento de la racionalidad represiva del Estado y del control social. Desregulación financiera de un lado, ‘ley y orden’ por el otro».

En el documento llamado Las lecciones aprendidas y oportunidades, el gerente ejecutivo de la Unidad Central PPP, en Minas Gerais, Marcos Siqueira Moraes, sostiene, entre otros puntos, que el complejo busca aumentar la eficiencia de las operaciones en la infraestructura. Contratos de largo plazo, compartición de riesgos de demanda, gerenciales y financieros, así como la garantía de rentabilidad de capital.

El documento titulado «Compartición de las ganancias de las PPP» presentado en el IV Congreso de Gestión Pública (CONSAD), realizada en el año 2011, donde participó Siqueira Moraes, entre otro puntos, afirma que, para que el sector privado pueda participar en la construcción de estos proyectos, se requiere de una ingeniería financiera que permita a los inversionistas captar recursos de forma más barata. Los riesgos del mercado y de la demanda están total o parcialmente a cargo del Estado. Este proceso dio lugar a lo que hoy se denomina la nueva gestión pública, que representa el escenario en el que el Estado transfiere la ejecución de ciertas políticas al capital privado, dejando previamente en sus manos la infraestructura correspondiente.

Prisión en modalidad de empresa

Jesus Filho no duda que los espacios en los complejos privados son más limpios y que la comida es mucho mejor que las unidades públicas, pero se muestra sorprendido con los flujos de capital que esto implica. «La privatización cuesta mucho. Son, mínimo, 3000 reales (U$940) por preso al mes, si eso se multiplica por 600 mil presos. ¿De cuántos millones estamos hablando por mes que Brasil va a gastar? Cuesta mucho», dijo Filho en el debate en el que también participó Dias Minhoto.

Mientras tanto, el Banco de Desenvolvimiento de Brasil (BNDES) en su documento del año 2011, llamado Financing Infrastructure in Brazil: prospects and challenges, enmarca dentro de su financiamiento de largo plazo a las PPP. «No hay pérdida alguna porque este complejo de PPP esta siendo cubierto por el Banco de Desenvolvimiento de Brasil (BNDES) y no hay problema de cubrir la demanda de presos en este tipo de prisiones, sólo en un fin de semana en Minas Gerais, en una festividad se detuvieron a cientos de presos», sostuvo la abogada Fernanda Vieira.

La principal fuente de ingreso que obtendrán estos complejos vienen del Estado, un costo superior al de las prisiones públicas, un promedio de 900 dólares por mes por cada preso. No obstante, el consorcio GPA asegura tener resultados concretos en el desarrollo de los prisioneros, con indicadores de calidad que serán verificados por la empresa multinacional Accenture, una firma con presencia en mas de 56 países, prestando servicios de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing. De acuerdo con la investigación El primer complejo penitenciario de Asociación Público-Privada de Brasil, el compromiso es evaluar los indicadores de desempeño, los pagos hechos por el Estado para el consorcio y para ayudar en la resolución de los posibles conflictos.

«El gran mercado de hoy es de la creación de tecnologías de seguridad, logística e infraestructura, la industria del control del crimen», afirma Dias Minhoto.

Salarios por debajo del mínimo

En la guerra de los cotos de procesos de producción, el principal problema que enfrentan los países ricos y las empresas son los salarios que no se pueden reducir más, por el contrario, las luchas laborales son por el aumento de dicho salario y mejores condiciones de trabajo. Un problema que se desdibuja con la privatización de las prisiones, donde parece que, a mayor número de presos, mayor mano de obra barata. «Es un proceso de mercantilización porque los presos no tendrán la facilidad de defender sus derechos laborales», agregó la abogada Fernanda Vieira.

Aunque este modelo de prisión privada, llamado por la investigadora estadounidense y activista de los años sesenta, Ángela Davis, «complejo industrial carcelario», tiene como uno de sus principales objetivos el abaratamiento de los costos de producción de mercancías, en Brasil aún es un proceso que está en construcción. «Por el momento el único flujo de capital es a través del Estado y las empresas tercerizadas de tecnología y de servicios. No podemos dejar de notar que el lobby empresarial no se limita a la expansión de la política de encarcelamiento. Existe una presión empresarial cada vez mayor para el uso de nuevas tecnologías de control social y de vigilancia», agrega Fernando Massoneto.

Violación de los derechos humanos

Los nuevos complejos privados no ofrecen condiciones de rehabilitación porque tienen un sentido de deshumanizar a los presos. «Es todo muy frío y aislado. Las visitas son igual de degradantes que en la prisión pública. A partir del momento en que una persona se va a un complejo privado donde su vida vale 3000 mil reales por mes, deja de ser un ser humano y se convierte en una mercancía y eso es una violación a los derechos humanos. Hasta el momento no tienen educación, salud ni trabajo y se supone que el pago del Estado cubre esto».

Es absolutamente evidente el «capital carcelario», dice el profesor Massoneto, cuantificado en las hojas de cálculo de los administradores y garantizado por el Estado para reducir los riesgos del negocio. «El control de los cuerpos estuvo presente en la producción del excedente social de las formas antiguas de esclavitud hasta la explotación mercantil de la fuerza de trabajo. La violencia sobre el cuerpo fue modificada gradualmente, yendo desde la decisión de la vida o la muerte del esclavo hasta las más modernas técnicas de subordinación del trabajo al capital. Lo que el capitalismo contemporáneo expone de modo cínico es el control de los cuerpos como insumo fundamental para la reproducción del capital carcelario», dijo el profesor Massoneto.

Brasil: indígenas tupinambá recuperan tierras bajo una guerra de baja intensidad

Foto: Santiago Navarro F

Extremo sur del estado de Bahía, nordeste de Brasil, región de intenso conflicto por las tierras indígenas. Un juez pregunta a Rosivaldo Ferreira da Silva, jefe indígena babau, sobre las acciones que los tupinambá están tomando para recuperar las tierras ancestrales que estaban en manos de los coroneles ricos –hacendados. «Tu hablaste que sus encantados –espíritus de los ancestros tupinambá– les ordenaron retomar sus tierras y que ustedes no las devolverán, aunque tengan que morir enfrentando a la policía». Babau respondió: «Exactamente». El juez, tratando de cambiar la idea de Babau le propuso: «Pero nosotros podemos proponer algo que pueda mediar. Nosotros podemos ofrecer una canasta básica a las familias, algo para que ustedes se puedan mantener». El indígena indignado, respondió contundentemente: «Nosotros los tupinamba, somos así, señor juez, si hace falta comida en nuestra casa, comeremos hiervas silvestres, comeremos lo que nos de la tierra, no vamos a pedir nada a nadie. Porque estaríamos dejando que otros gobiernen nuestras vidas».

El pueblo tupinambá fue el primer pueblo indígena que hizo frente a la invasión portuguesa en Brasil en el año 1500. Un pueblo de grandes guerreros que emplean formas organizativas que implican tácticas y estrategias de guerra desde su cosmovisión. Desde el año 2004 comenzaron el proceso de recuperación de sus tierras.

Mujer tupinambá pone al sol las semillas de cacao que serán destinadas para producir chocolate. Sierra do Pedeiro. Fotografía: Santiago Navarro F.

Mujer tupinambá pone al sol las semillas de cacao que serán destinadas para producir chocolate. Sierra do Pedeiro. Fotografía: Santiago Navarro F.

El órgano gubernamental Fundación Nacional del Indio (FUNAI) reconoció en sus estudios que los tupinambá poseen tradicionalmente una superficie de más de 47 mil hectáreas, pero el gobierno aún no ha firmado la demarcación de este territorio, violentando el articulo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece «la consulta y la participación de los pueblos indígenas y tribales en las políticas y en los programas que puedan afectarles. Dispone el goce de los derechos fundamentales y establece políticas generales para los pueblos indígenas y tribales en cuestiones tales como las costumbres y las tradiciones, el derecho a la tierra, la utilización de los recursos naturales encontrados en tierras tradicionales».

Al obtener sólo el silencio como respuesta del gobierno, los indígenas tupinambá han recuperado una buena parte de su territorio. Uno de los pocos pueblos indígenas en Brasil que se han atrevido a iniciar un proceso de autodemarcación de sus límites y a ocupar al mismo tiempo. Retomaron haciendas que estaban en manos de terratenientes, recuperaron los nacimientos de agua, recuperaron casas abandonadas. Sólo en la comunidad de Serra do Padeiro, cerca de 70 haciendas fueron retomadas.

«Expulsamos a los hacendados que sólo estaban deforestando y que no necesitaban de la tierra para vivir porque tenían sus casas en otros lugares. Y las personas que necesitan un lugar donde vivir, pequeños productores se quedaron con nosotros», afirma el jefe indígena. «Nuestro criterio fue acabar con la deforestación. Nuestro lema es deforestación cero. Todos los ríos volvieron a tomar su camino, la naturaleza esta riendo de felicidad, los animales volvieron», dijo el jefe indígena Babau.

Niñas de la escuela tupinambá en la aldea de Sierra do Padeiro. Fotografía: Santiago Navarro F.

Niñas de la escuela tupinambá en la aldea de Sierra do Padeiro. Fotografía: Santiago Navarro F.

La reacción a todo esto no tardó en llegar de forma sistemática y continua. En el año 2008 la policía hizo su primer gran ataque en Serra do Padeiro. Invadieron el territorio tupinambá con 2 helicópteros, 130 hombres y vehículos pesados. Decían que querían detener a Babau, pero no tenían una orden de aprensión. «Fue un día de guerra. Durante un día ellos se divirtieron con nosotros y nosotros con ellos», se burla el jefe indígena Babau. «La lucha para los tupinambá no representa ofensa alguna, somos hijos de la guerra. La cuestión es que ellos quieren una guerra, pero sin que el otro lado pueda guerrear, quieren que nosotros crucemos los brazos», afirma.

«Creían que nosotros íbamos a huir, pero eso no sucedió. Cuando entraron y comenzaron atacar, nuestra respuesta fue usar resorteras y piedras y usamos la estrategia de aislarlos. Los encantados nos prohibieron usar el arco y las flechas porque dijeron que esta gente no está preparada para una guerra con los tupinambá, y además no tenemos interés en causar ninguna muerte. Ellos entraron a nuestras tierras sin pedir permiso y después no podían salir. Y cuando llegó el final del día, ellos estaban desesperados, pidieron refuerzos y sólo así pudieron quitar las barricadas que habíamos levantado por los camino», recuerda Babau. Desde ese momento las ofensivas han sido mas constantes.

Existen intereses por las tierras de los tupinambá por parte de los hacendados y productores a gran escala, así como de los dueños de complejos turísticos de lujo que comienzan a construirse rápidamente en este territorio. Como el Hotel «Fazenda da Lagoa», donde figuran los inversionistas como Arthur Bahía y Arminio Fraga, naturalizado como ciudadano estadounidense, ex presidente del Banco Central de Brasil y ex miembro del Banco Mundial (BM), quien afirma que en la región no hay indígenas, que son sólo oportunistas que quieren robarles las tierras a los verdaderos dueños.

Círculo de fuego donde realizan sus ceremonias los tupinambá de Sierra do Padeiro. Fotografía: Santiago Navarro F.

Círculo de fuego donde realizan sus ceremonias los tupinambá de Sierra do Padeiro. Fotografía: Santiago Navarro F.

Mientras tanto, en el nuevo mandato de la presidenta Dilma Rousseff, figuran políticos como la empresaria, ganadera y senadora Kátia Abreu, que actualmente ocupa el máximo cargo en el Ministerio de Agricultura. Es una de las principales defensoras del bloque –dentro del congreso– que defiende a las empresas nacionales y multinacionales del agronegocio en Brasil, quienes sostienen una ofensiva fuerte sobre los pueblos indígenas de este país.

La FUNAI reconoció la presencia de por lo menos 4,700 tupinambás, concentrados en por lo menos 23 comunidades, entre las montañas y la costa del estado de Bahía, un área que se extiende desde la Serra del Padeiro hasta la costa de Olivença, inmersas en la Mata Atlántica –selva tropical. Las comunidades se distribuyen en dos regiones, tupinambá del bosque y tupinambá de la playa y cada aldea cuanta con su propio jefe indígena.

Militarización del territorio tupinambá

A mediados de febrero del año 2014, a petición de Jaques Wagner, gobernador del estado de Bahía en aquel momento y actual ministro de la Defensa de Brasil, la presidenta firmó una autorización del gobierno federal para que el ejército pudiera incursionar en el territorio tupinambá en el sur del estado. La intervención federal tenía un plazo para terminar en un lapso de un mes y se ha extendido hasta el día de hoy.

Jefa indígena tupinambá de la región de la playa. Fotografía: Santiago Navarro F.

Jefa indígena tupinambá de la región de la playa. Fotografía: Santiago Navarro F.

Un mes antes, en enero del año 2014, agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y de la policía federal instalaron una base en la aldea de Serra do Padeiro. Desde ese momento los indígenas han sido vigilados constantemente y se ha reintegrado la posesión de algunas tierras a los hacendados de forma violenta.

Las medidas se tomaron después de que el Ministerio de Defensa de Brasil publicará el manual titulado «Cómo garantizar la ley y el orden», el 20 de diciembre del año 2013. Un manual que alienta el uso de la acción militar para garantizar la «seguridad pública». También enumera las formas en que se cataloga a los enemigos, que van desde individuos, grupos, organizaciones y movimientos sociales considerados «fuerzas opuestas», destacando aquellos cuyas acciones violan «el orden público o la seguridad pública».

Haroldo Heleno, del Consejo Indigenista Misionario (CIMI) del estado de Bahía, relató que los indígenas tupinambá, tras la recuperación de sus tierras a partir de un proceso de autodemarcación, han sufrido constantemente una campaña de criminalización, tachándoles de criminales, invasores de tierras y de vagabundos. El CIMI denunció el ataque de la policía federal en el año 2008 en la aldea de Serra do Padeiro, con más de 130 agentes, 2 helicópteros y 30 patrulleros. El saldo fue, 22 indígenas heridos con balas de goma e intoxicación por bombas de gas, destrucción de casas, vehículos comunitarios, alimentos y equipamiento escolar.

Escuela tupinambá en la región de la playa. Toda la comunidad tiene una vista al mar. Fotografía: Santiago Navarro F.

Escuela tupinambá en la región de la playa. Toda la comunidad tiene una vista al mar. Fotografía: Santiago Navarro F.

El fuego de la guerra

Un fuego pasivo se va interiorizando dentro de la corteza de un tronco hasta convertirlo en cenizas. Un fuego que debe estar encendido en todo momento, incluso en los días de lluvia. Es la luz de los ancestros tupinambá, es el centro del pueblo, ahí donde los antepasados tomaban las decisiones más importantes de la comunidad, como cuando se decidía ir a la guerra, comenta la profesora Fernanda Barbosa Silva, que enseña la lengua tupinambá a los niños indígenas y no indígenas de la comunidad de Sierra do Padeiro. «Aquí es donde hacemos nuestras ceremonias para la siembra. Aquí pedimos a nuestros encantados que nos iluminen nuestros caminos. Es el fuego del pueblo Tupinambá, nuestro alimento espiritual».

El concepto de guerra occidental se diferencia del concepto de guerra para los pueblos indígenas. En la guerra occidental el objetivo es someter o destruir a su enemigo y de la misma forma todo lo que impida la propiedad privada. «La propiedad colectiva de la tierra es la matriz de la delincuencia y de la insurgencia y por ello hay que destruirla. No hay paz sin propiedad privada», afirma Geoffrey B. Demarest, uno de los militares que formó la Escuela de las Américas, administrada por el ejército de los Estados Unidos y fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia.

Actualmente Damarest es el ideólogo e intelectual orgánico de las denominadas Expediciones Bowman, las cuales avanzan en Centro y Sudamérica y algunos otros países donde existe propiedad colectiva. El principal objetivo militar son los pueblos indígenas, para incorporar sus territorios al modelo de propiedad privada por la vía de la fuerza o por medio de acuerdos.

Tupinambá en la región de la playa. Su hogar es toda la aldea y la comunidad en su conjunto. Las chozas son solo para descansar. Fotografía: Santiago Navarro F.

Tupinambá en la región de la playa. Su hogar es toda la aldea y la comunidad en su conjunto. Las chozas son solo para descansar. Fotografía: Santiago Navarro F.

Para «nosotros», dice Babau, «la guerra es por la vida, para cuidar a nuestros encantados, es decir, a nuestros antepasados que habitan el bosque y las montañas, quienes también nos cuidan y protegen. Nosotros los tupinambá no tenemos permitido matar a nadie, no es de nuestro interés».

La Guerra de Baja Intensidad (GBI) o guerra irregular, según la doctrina militar estadounidense y brasileña dice, «en lugar de un conflicto militar formal, estamos siendo testigos de una serie de guerras «irregulares»: el terrorismo, la insurgencia guerrillera, los movimientos de resistencia, insurgencia y conflictos asimétricos en general, que hay que atacar con todos los medios posibles».

Los indígenas zapatistas en México, le llaman Guerra de Desgaste Integral, una estrategia de guerra que utiliza paramilitares, mercenarios a sueldo y programas de políticas publicas para contener o reducir el apoyo de las bases sociales hacia movimientos de resistencia catalogados como terroristas o insurgentes.

Babau Tupinambá, jefe la aldea de Sierra do Padeiro, en la región de la montaña. Fotografía: Santiago Navarro F.

Babau Tupinambá, jefe la aldea de Sierra do Padeiro, en la región de la montaña. Fotografía: Santiago Navarro F.

Persecuciones

Tras una orden de aprensión emitida por un juez en el sur del estado de Bahía, en febrero de 2014, el jefe indígena Babau decidió entregarse a la justicia el 24 de abril del mismo año. Tras su entrega, Babau argumentó que los tupinambá no huyen. De acuerdo con la orden de aprensión era acusado de haber ordenado el asesinato de un agricultor de la región. «Es una estrategia, porque quieren asesinarme los hacendados de la región y también el ejercito», dijo Babau Tupinambá. Cinco días después de haberse entregado, por una decisión preliminar del Tribunal Superior de Justicia (STJ), quedó en libertad.

En el año 2009, se registró la detención de uno de los hermanos del jefe indígena Babau y otros 5 indígenas más fueron torturados por la policía federal. Sucesivamente, en los últimos años, hasta 2014, Babau ha sido detenido por diversos delitos que los acusadores no pueden sostener.

Ataque a la autonomía

«Nosotros y la naturaleza somos uno, nosotros y nuestra ancestralidad somos uno», sostiene Babau. «Aquí no vas a encontrar a ninguna mujer violentada por su compañero, niños golpeados por el padre, no encuentras gente casando por diversión. Si queremos tener un animal cerca de nosotros colocamos comida en la puerta de la casa, el viene a comer cerca de nosotros».

Trabajo colectivo en Sierra do Padeiro para la producción de harina de mandioca. Santiago Navarro F.

Trabajo colectivo en Sierra do Padeiro para la producción de harina de mandioca. Santiago Navarro F.

Sierra do Padeiro es totalmente autosuficiente. Produce su propio alimento en un sistema parecido al de la agroecología y los excedentes se comercializan.

«Para plantar observamos la luna, el periodo de las lluvias, si el viento del este va a pasar por los cultivos. ¿Tu sabes reconocer el viento del este? Mira ahí, estas viendo aquel árbol, esta con las puntas secas. Ahí pasó el viento del este. Es un viento doliente que trae la enfermedad a las plantas y las personas, es fuerte, poderoso. Entonces tienes que reconocer los caminos por donde pasa este viento y alejarte de él. No puedes quedarte en el camino de aquello que no puede ser interrumpido, entonces ponemos mucha atención», relata Babau.

Los tupinambá tiene festejos todo el año, sus tierras son muy productivas, cultivan cacao, café, plátano, mandioca y una gran diversidad de frutos y legumbres. Siempre que realizan una fiesta hacen comida en abundancia e invitan a todos para convivir, es impactante, que a pesar de que el peligro está tan cerca, ellos sonríen.

«Nosotros exportamos cacao, pero no nos preocupamos de producir para vender, primero comemos nosotros, quedamos felices y esa es nuestra preocupación y lo que sobra lo vendemos para comprar cosas extras que necesitamos», dijo María da Gloria de Jesús, una mujer de 50 años quien plantó solita en la última siembra 40 mil plantas de piña y también recibió un impacto de bala en el pecho por parte de la policía federal en una ofensiva en su territorio. «La agroecología no es más que el conocimiento indígena, un conocimiento circular, que tiene una relación con los animales del bosque, las aves y hasta el insecto mas pequeño», dice María.

En el trabajo colectivo hay jóvenes y mayores de edad, todos contribuyen y todos se benefician. Fotografía: Santiago Navarro F.

En el trabajo colectivo hay jóvenes y mayores de edad, todos contribuyen y todos se benefician. Fotografía: Santiago Navarro F.

La autonomía alimentaria de los tupinambá se puso en riesgo a partir del 2007 cuando iniciaron una serie de tentativas tratando de golpear la sustentabilidad de los indígenas. «Percibimos que la policía comenzó a incursionar en nuestras aldeas en la temporada de la siembra, entre los meses de mayo y agosto. Nosotros vivimos de lo que nosotros plantamos, entonces el objetivo era perjudicar nuestra cosecha», afirma Babau. «Pero no lograron afectarnos».

Contexto histórico de los tupinambá

De acuerdo con el documento realizado en 2006 por el Ministerio de Educación (MEC) y la UNESCO, el etnólogo Curt Nimuendajú señaló en su mapa etnohistórico la existencia de más de 1,400 pueblos indígenas en el territorio «descubierto» de Brasil en el año 1500. Eran pueblos de grandes familias lingüísticas –Tupi-guaraní, Ge, Carib, Arawak, Xiriana, Tucán, etc.– con una gran diversidad geográfica y organización social. Julian Steward, en el libro Handbook of South American Indians calculó más de 1,500,000 indígenas que habitaban en Brasil y William Denevan proyectó la existencia de casi 5,000,000 de indígenas sólo en la Amazonia.

Según los datos recabados por el documento del MEC, los indígenas tupinambá tenían presencia en todo el estado de Bahía, el bajo Amazonas en la costa noreste, llegando hasta el estado de São Paulo. Los descensos más importantes que sufrieron los pueblos indígenas, fueron, a través de la guerra de sometimiento y de destrucción que expulsaron a miles de indígenas –continúa el documento– pero sobre todo, por la propagación de enfermedades como la viruela, el sarampión y la tuberculosis que diezmaron rápidamente a pueblos enteros, como lo relató en sus escritos el misionero jesuita José de Anchieta, quien presenció parte de este contexto histórico en los años 1500.

Vista de Sierra do Padeiro, es una de las aldeas más recónditas, inmersa dentro de la selva tropical del estado de Bahía, Brasil. Fotografía: Santiago Navarro F.

Vista de Sierra do Padeiro, es una de las aldeas más recónditas, inmersa dentro de la selva tropical del estado de Bahía, Brasil. Fotografía: Santiago Navarro F.

Somos Tupinambá

Siguiendo los relatos de María da Gloria, madre del jefe indígena Babau Tupinambá, durante la colonización de los portugueses los pueblos indígenas recibieron a los esclavos que huían de las haciendas o de los ingenios. «Eso explica el porqué algunas aldeas de los tupinambá son mezclados en la actualidad, pero todos somos tupinambá. Tenemos vivos nuestros saberes, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Una forma de vida diferente al de los blancos. Pero el gobierno utiliza esto para decir que el pueblo tupinamabá esta en extinción. Nosotros decimos que ¡no!, que estamos vivos y que estas son tierras de nuestros ancestros y no tienen precio», sustenta.

Caos

«Los encantados nos dicen de lo que va a suceder en el mundo y lo que tenemos que hacer para protegernos. Si tenemos que ir a la guerra, será hasta el fin. Queremos garantizar nuestras tierras lo más rápido posible porque el mundo va a entrar en un caos total. En el futuro, las tierras indígenas serán los únicos lugares donde se podrá interactuar con la naturaleza. Entonces no vamos a esperar la demarcación del Estado, estas son tierras ancestrales y solo nosotros las conocemos, porque pertenecemos a la tierra tupinambá», finaliza el jefe indígena Babau Tupinambá.

Una versión de este texto fue publicada en ⇒ Truthout.org

Brasil: la sociedad petrolera contra los territorios de la utopía

En 2006, el gobierno brasileño anunció el descubrimiento de reservas de petróleo y gas en aguas ultra profundas, por debajo de una capa de sal de dos mil metros de espesor, –bautizada como Pre-sal la cual posicionará a Brasil como el sexto mayor productor de petróleo para el año 2035. La IV Flota de los Estados Unidos –desactivada después de la II guerra mundial– reapareció en el teatro de operaciones, rondando la costa brasileña. En su momento el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó: «nosotros estamos preocupados, no necesitamos de la IV Flota; lo que necesitamos es que nuestra marina cuide de nuestras plataformas y nuestros yacimientos de Pre-sal».

Desde finales del año 2014, la paraestatal Petrobras vive un momento crítico desde que la Operación Lava Jato –investigación llevada a cabo por la Policía Federal– identificó una red de corrupción que involucra a ciertos funcionarios y políticos con lavado de dinero y crimen organizado. Mientras tanto, en las cúpulas de poder y los medios de comunicación, así como en los espacios académicos, se ha desencadenado una guerra de discursos sobre el tema. Creando así una polarización entre quienes están a favor de la estatización y de quienes defienden la privatización como una de las salidas al problema. Como el economista y profesor de la Universidad de Sâo Paulo (USP), Luiz Ferreira, quien sostuvo que «una de las formas eficientes para devolver —la empresa— Petrobras a la sociedad brasileña es a través de su privatización».

Por otra parte hay quienes defienden el petróleo en el contexto de la operación Lava Jato, como el ex presidente Lula da Silva. El 24 de febrero de este 2015 fue lanzada la campaña «Defender a Petrobras es defender a Brasil», donde se presentó un manifiesto que entre otras palabras reza, «no tenemos el derecho de ser ingenuos en esta hora: hay intereses poderosos contrariados por el crecimiento de Petrobras, ávidos de adueñarse de la empresa, de su mercado, sus compras y de los inmensos yacimientos de petróleo y gas de Brasil».

Fotografía: Santiago Navarro F.
Fotografía: Santiago Navarro F.

El viernes 13 de marzo de 2015, más de 70 mil trabajadores pertenecientes a diversos sindicatos, así como organizaciones sociales y militantes del Partido de los Trabajadores (PT) –quienes votaron por Dilma Rousseff– marcharon por la avenida Paulista, símbolo del capital financiero de este país, reivindicando la defensa del petróleo y sobre todo el Pre-sal. De la misma forma reivindicaron la defensa del mandato de la presidenta de este país, quien se ha visto vulnerada por los actos de corrupción en Petrobras.

En las diversas acusaciones se ha hablado mucho de las personas que fueron corrompidas, pero muy poco sobre las empresas que incurrieron en la corrupción para poder implementar sus proyectos. «Tenemos que ser duros con los corruptos pero también con los corruptores. Esta es una estrategia de privatización», dijo José María Rangel presidente de la Federación Única de los Petroleros (FUP), quien también es parte de la campaña.

Fotografía: Santiago Navarro F.
Fotografía: Santiago Navarro F.

Aunque realmente los dos discursos no caben para la gente común que no ha recibido ningún beneficio del llamado patrimonio de los brasileños. Fuera de las dos posiciones, hay personas comunes que consideran que existe una crisis de credibilidad en los diversos partidos políticos, tanto de los progresistas como de los de derecha y del mismo gobierno. «Ahora están discutiendo quienes son los ladrones en Petrobras. ¿Qué país ese este?, todos en el gobierno son unos ladrones, esto viene desde la dictadura», afirmó Pedro Costa del municipio de Linhares en el estado de Espirito Santo.

«Entonces cuando hablamos de que el petróleo es nuestro. ¿Nuestro? ¿De quién?, ¿De los capixabas –población de Espirito Santo– de Río de Janeiro, de Brasil o de las empresas? Es un discurso que nos están vendiendo y de todos modos el petrolero pasará a manos de las empresas multinacionales y de todas las empresas que hacen parte de los encadenamientos de producción en torno al petróleo», sostiene Marcelo Calazans de la Federación de Órganos para la Asistencia Educacional y Social (FASE).

Los vientos del progreso en comunidades tradicionales

Mientras que el debate sobre privatización o por la defensa del petróleo se agudiza, las consecuencias de la velocidad de la exploración y explotación de nuevos yacimientos recaen sobre comunidades tradicionales, quienes no se han beneficiado de las ganancias del petróleo.

Comunidad de Degredo, municipio de Linhares, costa del estado de Espirito Santo. Un color amarillo intenso contrasta con la vegetación compuesta por palmeras de coco y el color tenue de las casas rústicas construidas con láminas de metal y madera, algunas otras de concreto. Es el color de cual están pintados los tubos de gas y petróleo que, como arterias, están esparcidos por toda la comunidad. En esta geografía, una vez más alardea el discurso del desarrollo y el progreso que traerá la minería y el petróleo.

La mayoría de las personas en la comunidad trabajan con el cultivo de las palmeras de coco, como productores de miel, pero sobre todo, con la pesca artesanal. Ellos mismos tejen sus redes para pescar y la mayor parte de las veces ellos mismos construyen sus lanchas. No es la primera vez que escuchan el discurso del progreso. Pedro Costa, un pescador y apicultor, relata que desde que tenía 14 años, en 1952, los procesos de exploración y explotación de petróleo hicieron acto de presencia prometiendo el desarrollo y la mejoría de sus comunidades. Pedro guarda silencio por un momento y con una voz suave continúa, «ese desarrollo nunca llegó, lo único que conocemos de ese discurso es la desgracia».

Fotografía: Santiago Navarro F.
Fotografía: Santiago Navarro F.

José Costa, también pescador y apicultor, viste una camisa amarilla y un pantalón desgastado de color anaranjado. Es de la empresa donde trabajó tiempo atrás, con un logo que dice, Giokinetics. Es una empresa multinacional con sede en Houston, Texas. Especializada en la industria del petróleo y en la minería. Esta empresa se jacta en su sitio web de ofrecer sus servicios en todo el mundo, principalmente en Medio Oriente, Alaska, en las selvas y montañas de América del Sur, donde hay petróleo y mineras.

Uno de los servicios que ofrece Giokinetics es la adquisición e interpretación de datos sísmicos en tierra y agua. Se trata de una tecnología geofísica que aplica el método de prospección sísmica de reflexión. Un sistema que puede usar descargas eléctricas mediante aire comprimido o a través de detonaciones con explosivos. Son ondas de choque sísmicas disparadas hacia las profundidades del mar, las cuales viajan a velocidades que permiten a los geólogos determinar cuáles capas tienen que perforar y a qué profundidad actuar para extraer el petróleo. En Brasil, es una de las empresas que esta rastreando el petróleo no convencional, conocido como Pre-sal.

Pre-sal es una gigantesca área de reserva de petróleo que se encuentra a 7 mil metros bajo el nivel del mar, En Brasil. Los yacimientos se localizan entre los estados de Santa Catarina y Espirito Santo

Según los datos de Petrobras, del año 2010 al año 2014, la producción diaria promedio anual de Pre-sal aumentó casi 12 veces, pasando de un promedio de 42 mil barriles por día (bpd) en 2010 a 739.500 bpd en 2014. De acuerdo con el informe de la EIA del año 2013, Brasil, está destinado a convertirse en sexto mayor productor de petróleo y uno de los líderes mundiales en la producción de energía, hasta alcanzar los 6 millones bdp en 2035, lo que supondrá un tercio del incremento neto de la producción mundial de petróleo.

Fotografía: Santiago Navarro F.
Fotografía: Santiago Navarro F.

«A pesar de que la exploración del Pre-sal se inició en el año 2010 aquí en el estado de Espírito Santo, los impactos se venían dando desde la década de 1990. La explotación de petróleo ya existía aquí, pero no era tan intensa así como hoy es con Pre-sal. Los impactos comienzan desde antes de instalar las plataformas, se utilizan explosiones con un método que se llama sísmica», comenta José dos Santos, presidente de la Federación de Asociaciones de Pescadores y Acuicultores de Espirito Santo.

Santos asegura que este método de prospección está matando a los peces y a las diversas especies marinas que dependen del sonido para comunicarse. «Los investigadores nunca nos dieron una respuesta, si mata o no a los peces, pero nosotros tenemos la certeza de que sí los mata y eso afectará a las comunidades», finaliza Santos.

De acuerdo con el «Informe sobre los principales impactos de las prospecciones petrolíferas en el mar», publicado en el año 2012 por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, los dispositivos más comunes para la realización de campañas de adquisición sísmica suelen generar niveles de intensidad sonora de 215-230 decibelios (dB), con frecuencias de entre 10-300 hercios (Hz), cuando la comunidad científica ha adoptado 180 dB como el nivel de intensidad sonora a partir del cual se pueden producir daños fisiológicos irreversibles en cetáceos –grupo de mamíferos marinos, compuestos entre otros por distintas especies de delfines y ballenas que se comunican a través del sonido. De igual modo, la capacidad del sistema auditivo humano, en una exposición de 120 dB puede provocar una pérdida total.

La punta del iceberg

La prospección sísmica es solo la punta del iceberg de lo que implica la extracción del Pre-sal. Sólo en la zona costera de Espirito Santo se tienen proyectados tres decenas de mega proyectos. La explotación requiere de una serie de empresas públicas o privadas que van desde los que tienen que realizar los estudios de impacto ambiental, el control de residuos radioactivos, la infraestructura eléctrica, carreteras, sistemas de drenaje, almacenamiento y, sobre todo, el transporte marítimo y terrestre.

«Imagina que la costa de Espirito Santo, que es relativamente pequeña –400 kilómetros de extensión– pasa a recibir diversas propuestas. Son 30 megaproyectos. Existe un impacto que es de cada uno de ellos, pero también existe un impacto global», sostuvo la investigadora Cristiana Losekann, quien también es autora del libro «Ambientalistas en Movimiento en Brasil».

Fotografía: Santiago Navarro F.
Fotografía: Santiago Navarro F.

El flujo de los navíos en los 30 puertos podría rebasar mas de 3000 barcos por mes. «¿Tu imaginas hoy un movimiento de embarcaciones de 100 o 200 embarcaciones –en cada puerto–, dependiendo de la carga, yendo y viniendo? Entonces tu multiplicas eso por 30, en la visión que ellos ponen de aumentar el volumen de carga y la productividad. ¿Como será esa velocidad de crecimiento?», comentó Ernani Pereira, presidente del Sindicato de Portuarios quien también afirmó, «hay que dejar de ser hipócritas y hay que decirlo; sólo el trafico de las embarcaciones ya genera una contaminación sorprendente para los puertos y para el ambiente marino».

Daniela Mirelles de la organización FASE, nos relató que una gran diversidad de empresas están llegando a este estado y aparentemente son proyectos desconectados del Pre-sal. «Lo que pasa es que las reservas de petróleo y gas son tan grandes que están activando una cadena de producción que gira en torno al Pre-sal. Podemos citar algunos ejemplos, como la industria del acero, del transporte marítimo y terrestre, las empresas productoras de equipos especiales».

Un puerto más: Manabi

Sólo por dar un ejemplo de la dimensión de estos proyectos: en el municipio de Linhares, específicamente en la comunidad de Degredo, se tiene proyectada la construcción de un puerto, llamado Puerto Norte Capixaba para las operaciones offshort, que abarcará una dimensión de 597 hectáreas a lo largo de 6 kilómetros de la zona costera de esta comunidad.

Según informaciones recabadas en la presentación, realizada en diciembre de 2014, del proyecto de la empresa Manabi –responsable del proyecto portuario–, en torno a este puerto se levantará un franja de estructura de apoyo, con una área industrial, líneas de transmisión de energía, carreteras y vías férreas, los cuales atraerán nuevas inversiones en otros proyectos.

Fotografía: Santiago Navarro F.
Fotografía: Santiago Navarro F.

Manabi, a pesar de considerarse a si misma como una de las más grandes del mundo, fue creada recién en el año 2011, con una base de inversión de US$850 millones, de los cuales el 11.5% proviene de la empresa estadounidense EIG Global Energy Partners; 17,8% de Ontario Teachers Pension Plan (OTPP) de Canada; 17,3% de Korea Investment Corporation; 14,7% de Fabrica Holding; 9,7% de Southeastern Asset Management; y 29% de otras empresas. El objetivo principal de esta empresa, además del puerto, es la construcción de un minero ducto, donde fluirán cada año 25 millones de toneladas de fierro de alta calidad –Palled Feed–, destinadas para la exportación a diversas partes del mundo.

Para que el fierro llegue al Puerto Norte Capixaba en Linhares, el mineroducto abarcará 511 kilómetros, cruzando por 23 municipios. Tendrá un punto de partida, desde el municipio del Morro del Pilar, donde ya se esta explotando el fierro en el estado de Minas Gerais, hasta el municipio de Linhares en el estado de Espirito Santo.

La capacidad de producción de esta minera, esta proyectada para un poco más de dos décadas de explotación, según el informe técnico realizada por SRK Consulting, –un grupo consultor internacional independiente, líder en el mercado mundial de certificación de reservas minerales, petróleo, entre otros.

De acuerdo con el informe de esta consultora, las reservas certificadas en Morro del Pilar, son de 1.3 billones de toneladas de recursos medidos e indicados y 312 millones de toneladas inferidas.

La empresa Manabi abarca las tres áreas del megaproyecto con tres nombres; Manabi Logística S.A para el Puerto Norte Capixaba; Dutovias do Brasil S.A para la construcción del mineroducto; Morro do Pilar Minerais S.A para la explotación del fierro.

Fotografía: Santiago Navarro F.
Fotografía: Santiago Navarro F.

«¿Y después cuando se termine el petróleo y la minería qué nos va quedar?», preguntó uno de los pescadores que asistió a la presentación del proyecto de la empresa Manabi. La respuesta del gerente de pre-operación del puerto, Romeu Rodríguez –quien se molestó de tantas preguntas– fue la siguiente: «El proyecto será desarrollado de forma favorable para las comunidades costeras. Y tendrán empleo para que compren más peces. También hay talleres que la empresa esta ofreciendo, o proyectos, como una fabrica de hielo o la formación de pescadores profesionales», dijo Rodríguez.

A esta misma pregunta, Alexandre Pasolini, gerente de proyectos de la empresa Econservación, responsable por la elaboración de los estudios de impacto ambiental del proyecto –en Brasil los estudios de impacto ambiental son pagados por la propia empresa responsable de la obra–, dijo, «la compensación puede ser con la enseñanza de otras técnicas de la pesca; el puerto incluso puede ser un atractivo para los peces». Las dos respuestas fueron rechazadas con abucheos por los asistentes.

Fotografía: Santiago Navarro F.
Fotografía: Santiago Navarro F.

Carpintería para poder trabajar en los barcos y para la manufactura de motores de los mismo barcos», afirmaron los presentadores de la empresa Manabi.

La investigadora Simome Raquel Batista de la Universidad Federal de Espirito Santo, quien se ha opuesto junto con otros investigadores a la implementación del conjunto de estos proyectos, comentó que «la pesca es una autonomía de vida de estas comunidades que respetan a la naturaleza y eso es lo que esta en peligro. Es una disputa de los territorios. Yo acabo de estar en comunidades que han sido devastadas por el Súper Puerto de Açu, en Río de Janeiro, donde circulará entre otros productos siderúrgicos, petróleo, carbón, granito, escoria, hierro y carga en general. Si estos proyectos avanzan los pescadores desaparecerán y no habrá vuelta atrás».

Fotografía: Santiago Navarro F.
Fotografía: Santiago Navarro F.

Explotación al limite del petróleo

«El petróleo no es cualquier mercancía del sistema capitalista. Es la columna vertebral del sistema capitalista», afirmó Calazans, quien junto con otras organizaciones, han impulsado actividades e iniciativas como las denominadas «Áreas Libres de Petróleo».

El petróleo esta presente en nuestra cotidianidad, en nuestra comida, en la ropa, en los teléfonos móviles. De alguna forma representa la sangre del mercado y, sobre todo, en el sueño anhelado de medio mundo de adquirir productos como los automóviles.

«¿Para qué exactamente necesitamos más petróleo? Para qué tanto consumo? Esas preguntas no se hacen. Se parte del presupuesto de que se tiene que expandir y más que eso, se tiene que expandir a una velocidad enorme, rápidamente, hasta el limite», relata Calazans.

«Disminuir el ritmo de la expansión o disminuir el alcance de la expansión es algo muy estratégico para las luchas de hoy. Para las luchas que los pueblos sostienen por sus territorios. Por que son luchas de sobrevivencia. Esos territorios van a desaparecer», agregó Calazans.

Territorios de la utopía

Marcelo Calazans no cree en el crecimiento económico, en el desarrollo y en la modernidad. Incluso habla del decrecimiento económico. «Hemos visto que el PIB de los países, no necesariamente reflejan la felicidad de los pueblos. Yo estoy de acuerdo con la gente que propone un decrecimiento económico».

Si continuamos a esa velocidad de lo que se conoce como crecimiento económico, no tendremos la posibilidad de dar marcha atrás, asegura Calazans. «Se dice, tenemos que buscar alternativas al petróleo. La energía nuclear, eólica, solar o la que sea. La cuestión no es buscar una alternativa al petróleo, la cuestión es buscar una alternativa para la sociedad petrolera. No es cambiar el petróleo, es cambiar el patrón de sociedad, ese sueño consumista».

Calazans habla sobre la importancia de salvar la memoria. «¿Qué es lo que va a quedar de territorio para las sociedades futuras?. Tenemos que prepararnos porque habrá un limite de la sociedad industrial consumista. Tenemos que prepararnos y guardar estos territorios de la utopía, que es a partir de ellos que podremos recuperar los nuevos valores».

La migración transforma usos y costumbres en México y la participación de la mujer en las comunidades

Este reportaje es parte de cuatro entregas que documentan sobre los sistemas normativos de los pueblos originarios de Oaxaca. De los 570 municipios que conforman este estado, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política conocido como “usos y costumbres”, sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos.

Consecuencias de la emigración recae sobre las mujeres

El sistema de usos y costumbres que rige 418 de los 570 municipios del estado de Oaxaca, en México –basado en prácticas sociales y políticas tradicionales de las comunidades indígenas– resiste contra un enemigo que los acompaña desde la década de 1960, la migración. Este sistema, fundado en el trabajo comunitario y en asambleas para elección de sus autoridades –paralelo al sistema de elección partidista–, se encuentra perjudicado en muchas comunidades por la salida de la gente de tierras oaxaqueñas, dejando detrás vacíos en el sistema colectivo de la organización social y político de los pueblos, único en América Latina.

El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) calcula que alrededor de dos millones de oaxaqueños viven en Estados Unidos de América –considerando que en todo el estado de Oaxaca hay 3.1 millones de personas–. De cada 100 migrantes internacionales del estado, en 2010, 98 se fueron a Estados Unidos. El dato a nivel nacional es de 89 de cada 100. La mayoría de los inmigrantes son indígenas y trabajan como jornaleros agrícolas, en la industria de la construcción, prestación de servicios domésticos, restaurantes, limpieza, jardineros, obreros; y se concentran en Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago, San Antonio, San Francisco, Phoenix, Fresno, Sacramento y Tucson.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 570 municipios que conforman el estado de Oaxaca, San Juan Quiahije, municipio de la región Costa, y San Bartolome Quialana, en los Valles Centrales, ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, en el contexto nacional con mayor índice de intensidad migratoria.

«Oaxaca es el segundo estado más pobre de la República Mexicana. El sueldo mínimo mexicano es aproximadamente $49.50 por un día de trabajo de ocho horas. En Oaxaca existen demasiadas personas que reciben menos que el sueldo mínimo», sustenta el Centro de Orientación al Migrante de Oaxaca. Para empeorar la situación, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), signado en 1994, el maíz, que es base de la alimentación indígena, en este caso el importado, se tornó más barato que el maíz local, en un 30% menos. Esto provocó la emigración de campesinos de las regiones rurales que no pudieron competir con los precios bajos. El resultado es el «abandono del campo y áreas rurales y la pérdida de tradiciones culturales».

Despertar político

La migración es masculina. Según el INEGI, en 2008, 8 de cada 10 emigrantes de Oaxaca, eran hombres. Esto trajo consecuencias para las mujeres que sólo asumían actividades domésticas dentro de las comunidades regidas por usos y costumbres.

«Mientras los hombres se van, las mujeres se quedan y entonces comienzan a ser designadas a cargos en las escuelas, en los tequios, servicios comunitarios, inclusive recae sobre la mujer la responsabilidad de la subsistencia de la casa», afirma para Avispa Midia Carmen Alonso Santiago, indígena zapoteca directora de la organización no gubernamental Flor Y Canto. Para ella, la necesidad de asumir cargos y funciones en la comunidad es uno de los principales motivos que llevaron a las mujeres a despertar para la participación política.

Teotitlán del Valle es un pueblo oaxaqueño de 8 mil habitantes, que se rige por usos y costumbres, con una tradición muy arraigada como tejedores de lana. Los coloridos tapetes y las prendas para el frío son conocidos en diferentes partes de México. Todo se hace con un sistema artesanal, desde el lavado de los hilos y los tintes; la tradición es crear colores para teñir de forma natural con flores, frutos, hojas, corteza de árboles. En mayor medida aún se conserva el tejido de piezas auténticas que reflejan las leyendas y la historia de estas comunidades. No hay casa sin al menos un telar y se enseña el arte de tejer a los niños desde los 10 años de edad.

En este pueblo, hace 17 años un grupo de mujeres tejedoras decidieron juntarse y formar la cooperativa Vida Nueva. «Nos juntamos por pura necesidad. Vendíamos nuestros tapetes para los revendedores, pero el pago era muy poco. Éramos madres solteras, viudas, esposas de hombres que habían emigrado. Teníamos que sacar a la familia adelante», dice Pastora Gutiérrez Reyes, una de las fundadoras. «Hay mucha migración. En la década de 1940 nuestros abuelos comenzaron  a irse, después nuestros padres, nuestros hermanos, jóvenes que salen de la secundaria y se van. Nuestro grupo se formó en un sentido de buscar opciones de trabajo. Así nos dedicamos al campo y a tejer », afirma Pastora.

Ahora, además de trabajar en la cooperativa, ellas también ejercen un trabajo político con las mujeres de la comunidad. «Promovemos talleres de sexualidad, salud, autoestima, contra el uso de drogas». De la misma forma Pastora cuenta alguno de los retos que tuvieron que superar: «en el principio de la cooperativa nos criticaban mucho. ¿Puedes imaginar un grupo de mujeres que se organizó hace 17 años? La mujer ni siquiera podía salir del pueblo».

En un determinado momento cuando los trabajos estaban más consolidados, las mujeres de la cooperativa tomaron la iniciativa de presentarse con las autoridades locales. «Poco a poco nos empezaron a tomar en cuenta como grupo de mujeres. Comenzamos a participar en las asambleas. Otras mujeres comenzaron a ver nuestra participación. Poco a poco vinieron más mujeres, principalmente las que tienen a sus maridos fuera del país o que son viudas», Pastora suelta un suspiro y empieza a recordar. «Ahora somos tomadas en cuenta en lo social y en lo político. Cuando hay eventos oficiales o políticos somos invitadas por las autoridades locales. La mujer ya desempeña cargos. Los hombres fueron viendo que las mujeres organizadas que trabajan políticamente tienen buenos resultados. Hoy hay un poco más de equidad».

Vida política limitada

El sistema de usos y costumbres ha sido valorizado y defendido por las comunidades durante siglos. Cuando se atenta contra su territorio, es defendido por hombres, mujeres, ancianos y niños. Sin embargo, la participación política de las mujeres, aunque ha aumentado, es bastante reducido dentro de este sistema. De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en los gobiernos municipales que se eligen de esa manera, las mujeres tuvieron una participación del 1.68%, para el periodo 2014-2016, y en el régimen de partidos políticos fue de 5.2%.

La directora de Flor y Canto alerta que en las diferentes comunidades la condición de la mujer es diversa, todo es de acuerdo a lo que determinen los usos y costumbres de cada pueblo. «Hay comunidades en que las mujeres pelean por sus derechos, en otras no tanto. Hay comunidades que hasta el  momento no es permitido para nada que se elija una mujer para ser autoridad y en otras comunidades no hay discriminación. En algunas otras, las mujeres no son tomadas en cuenta ni para levantar las manos en las asambleas y asumen su papel en otras funciones. Pero hay otros lugares en que desde hace muchos años la mujer participa en las asambleas, vota y es votada», explica.

Mapeo de la participación femenina

En su publicación Participación Política de las Mujeres en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mapeó la participación de la mujer en el sistema de cargos de los municipios regidos por usos y costumbres, con base en las elecciones del 7 de octubre de 2007. En este año, 361 municipios estaban registrados dentro de este sistema.

La pesquisa muestra que existen varias combinaciones de criterios que definen cuáles mujeres votan. En 234 municipios (62.7 %) votan mujeres solteras, casadas y viudas; en 59 las mujeres están excluidas del voto (15.8 %); en 15 de ellos sólo votan las mujeres casadas; en cinco municipios votan sólo mujeres viudas; en 10 votan sólo las solteras; y en siete municipios sólo permiten votar a las solteras y viudas. Aún 48 municipios no reportan información al respecto.

Como parte del ayuntamiento, como regidoras, y en pocos casos, como presidentas municipales, las mujeres están presentes en 21 municipios (5.6 %). Y apenas en 48 de ellos (12,9%) hay mujeres que integran la administración municipal, como tesoreras, secretarias, o contraloras; y en comisiones administrativas, como la de agua potable.

Las mujeres participan más como integrantes de comités –en 195 municipios (52.3 %)– que se forman por iniciativa de las instituciones públicas, como desarrollo integral de la familia, instituciones del sector de salud, educación y programas sociales de combate a la pobreza. Como presidentas de comités aparecen solamente en 14 municipios (3.8 %).

Mujeres en los cargos

En 56 municipios (15%), la CNDH registra que las mujeres cumplen cargos de manera obligatoria en las siguientes categorías: son religiosos y tradicionales como mayordomas, encargadas de templo, catequistas e incluso son policías. Sólo en seis municipios aparece el cargo de policía dado a mujeres (1.6 %).

El servicio comunitario es obligatorio para las mujeres en 64 de los municipios (17.2%). Mientras los cargos son desempeñados por personas autorizadas por la asamblea, el servicio comunitario involucra en una única actividad a la comunidad en su conjunto –generalmente en días importantes de festividad y tequio–.

En 42 municipios (11.3%) las mujeres participan durante las fiestas tradicionales, en  el 3.2%, 12 municipios, las mujeres organizan tales festejos. Otros 31 municipios (8.3 %) deciden el servicio comunitario de las mujeres en diversos tequios, que van desde la limpieza de espacios públicos, iglesias, locales de la comunidad y como promotoras de programas comunitarios.

De acuerdo con la publicación, la escasa participación política y presencia de mujeres en estructuras gubernamentales locales se explica por dos factores. «Los de carácter estructural de la desigualdad social reflejado en el nivel del índice de desarrollo humano casi 15 % por debajo del índice de la población no indígena, así como por la prevalencia de los usos y  costumbres que son altamente excluyentes de la participación de las mujeres».

Y además, la participación femenina «en espacios públicos municipales se aprecia como una prolongación de sus funciones en el espacio privado del hogar y la familia, puesto que sus funciones están ligadas a la reproducción familiar: educación, salud, servicios de consumo colectivo (molino, lechería); las propias instituciones que desarrollan programas de beneficio social requieren siempre este tipo de “participación” tutelada de las mujeres en el ámbito comunitario», de acuerdo con la publicación.

«Las mujeres realizan innumerables labores para el desarrollo comunitario, pero son poco reconocidas y tienen escaso poder de decisión» afirma la profesora del Colegio de Posgraduados en Texcoco, Verónica Vázquez García, en su estudio Los derechos políticos de las mujeres en el sistema de usos y costumbres de Oaxaca.

«Los roles tradicionales de género no sólo no se transforman, sino que se reproducen cotidianamente. Las mujeres rara vez llegan a puestos de poder. Hace falta mucho trabajo para derribar, una a una, estas formas de discriminación, que están profundamente enraizadas en la política de cada municipio», evalúa la profesora que incluyó 19 municipios oaxaqueños en su investigación.

Derechos garantizados por la ley

El día 3 de agosto de 2011, la diputada del Congreso de Oaxaca, Eufrosina Cruz Mendoza, siendo presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presentó en el Congreso legislativo una iniciativa de reforma constitucional para garantizar el derecho al voto activo y pasivo de las mujeres en los municipios que se rigen por usos y costumbres, y para dar paso a la creación de la Regiduría de Equidad y Género en todos los ayuntamientos de la entidad. La propuesta fue aprobada el día 28 de abril de 2011.

En el Congreso del Estado de los 42 integrantes de la LXI Legislatura, sólo 16 personas son mujeres y de ellas, sólo Eufrosina Cruz es originaria de un municipio indígena que se rige por el sistema de usos y costumbres, de Santa María Guiegolina, distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca.

Cruz Mendoza fue electa presidenta de su municipio en 2007 y el resultado tuvo ser anulado por estipular las leyes tradicionales en que las mujeres no podían ser electas al cargo.

Construcción de la cotidianidad

El sistema de usos y costumbres es mucho más que el sistema de cargos, de elecciones de autoridades, del sistema de decisión por asamblea. Está basado en la construcción de una cotidianidad en que el papel de la mujer es fundamental. «Estamos hablando de formas propias de convivio en la comunidad, de relacionarnos entre nosotros, de educar a nuestros hijos, de labrar la tierra, de preparar nuestros alimentos, de relacionarnos con la naturaleza, de luchar contra quien quiere explotar nuestras tierras. Todo esto es lo que sustenta y permite a las comunidades mantener sus usos y costumbres. Y las mujeres son fundamentales en todos estos procesos», afirma Carmen Alonso Santiago.

La directora de Flor y Canto define lo que ha permitido a las comunidades mantener sus usos y costumbres a lo largo del siglo. «Siento que tenemos una raíz profunda en nuestro ser como pueblo indígena, que se va transformando con el tiempo, es verdad, pero todavía tenemos muy arraigado nuestros valores de solidaridad, hermandad, el trabajo comunitario. Todos estos valores están arraigados en lo más profundo de nuestro ser y se refleja en la forma en que se organiza la comunidad. Es una espiritualidad fuerte, que nos llama a la comunidad, a la unidad. Y todo esto se transmite con la educación que enseñamos principalmente las mujeres».

Santiago recuerda la inserción decisiva de sus abuelas en el sistema de usos y costumbres, aunque no participaban en el sistema de cargos. «Las abuelas no participaban en asambleas, no hablaban el castellano, pero desde siempre fueron las consejeras en la comunidad. Con su sensibilidad, su intuición, ellas eran buscadas para resolver problemas internos de los matrimonios. Eran reconocidas. Cuando era elegido un presidente municipal, la autoridad venía con su esposa, con sus hijos a la casa a platicar con las abuelas. Y llamaban a otras abuelas también de respeto. Y las mujeres daban ahí concejos a la autoridad y decían como se tenían que comportar. Cuando se nombraba una autoridad eran a ellas que se les pedía que estuvieran en las ceremonias. Vengo de una familia de donde no se marginó a la mujer. En mi familia había mucha igualdad y eso traigo de herencia de mis abuelas», cuenta la directora.

María Isabel Jiménez Salinas, que vive en el Istmo Tehuantepec y es parte de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán, afirma que la mujer, así como los hombres, trabaja para el sustento a la vida. «Por aquí los hombres pescan por la noche, traen el pescado por la mañana y la mujer sostiene la comercialización por el día. El hombre descansa mientras la mujer vende el producto. Y los campesinos trabajan la tierra y las mujeres elaboran y venden los productos».

En la cotidianidad de las comunidades hay una participación equitativa entre hombres y mujeres, como en la siembra o en la cosecha, evalúa la directora de Flor y Canto, en que los roles de convivencia y sobrevivencia están bien definidos. «Ahora poco a poco se está acercando a una equidad en la participación política. Es la mujer que está empujando un proceso para aumentar su nivel de participación».

Textos que complementan la serie

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Reforma electoral en México pone en riesgo la autodeterminación de pueblos indígenas

A través de América Latina, la lucha por la tierra comunal y la autonomía indígena