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Homenaje en vida al indígena Quechua que promovió la reforma agraria en el Perú

Hugo Blanco, un dirigente histórico de la lucha campesina del Perú, un símbolo vivo de las luchas revolucionarias latinoamericanas. A principios de los años 50 y 60s fue protagonista de la Reforma Agraria que encarnó la insurrección de los pobres del campo de los valles de las provincias de Convención y Lares, del departamento del Cuzco. En 1963 fue perseguido y capturado. Tres años después, fue juzgado por un Tribunal Militar que intento condenarlo a muerte, tiempo después fue liberado por una amnistía. En el exilio fue elegido por la Asamblea Constituyente con una gran cantidad de votos a su favor, en 1980 asumió su cargo como diputado y en 1990 como senador. Actualmente Blanco ha estado muy cercano a la luchas indígenas, como las del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) en México.

Blanco es una parte de la memoria viva de las luchas campesinas e indígenas del Perú. A pesar de que el gobierno lo dio por muerto más de una vez, ha cumplido 83 años y continua luchando, sigue militando, transmitiendo sus conocimientos y experiencias. Debido a su trayectoria política, el Programa Democracia y Transformación Global (PDTG) y el Centro Bartolomé de Las Casas de Cusco rendirán homenaje en vida a Hugo Blanco con la presentación de la tercera re-edición de su libro “Nosotros los indios”, considerado por su autor como una “reivindicación al movimiento indígena, por su lucha permanente contra la amenaza de la extinción de la humanidad y su rol en la conservación de la naturaleza”. El homenaje a Blanco será el próximo miércoles 24 de mayo en Lima, Perú.

Banco viajó para Argentina para estudiar agronomía cuando rondaba los 20 años y fue en la Plata, donde se ligo a la Organización Troskista que publicaba el periódico Palabra Obrera. De la universidad dio un giro radical y se fue a una fabrica, ahí realizó su primera escuela de formación política. Después volvió al Perú, donde dio inicio con la toma de tierras que llevarían a la Reforma Agraria. “El campesinado del Valle de la Convención y de Lares había decidido no trabajar más para los hacendados. Era una época donde se trabajaba el campo en un sistema semifeudal, donde se trabajaba para el hacendado para pagar la pequeña parcelita que el hacendado daba al campesino sin obtener ningún centavo” dijo Blanco.

Las autoridades lo acusaron de terrorista. Tenían razón. El sembraba el terror entre los dueños de la tierra y de la gente. Durmió bajo las estrellas y en celdas ocupadas por las ratas. Hizo 14 huelgas de hambre. En una de ellas, cuando ya no aguantaba más, el ministro del Interior tuvo un gesto cariñoso y le envió, de regalo, un ataúd”,

COMENTARIO DE EDUARDO GALEANO AL LIBRO DE HUGO BLANCO, LLAMADO “NOSOTROS LOS INDIOS”.

El luchador social, quien organizó grupos de autodefensa para la ocupación y defensa de las tierras, relata que “en Convención y Lares fueron expulsadas comunidades indígenas amazónicas que no podían adaptarse al trabajo servil. Y el Estado pagaba a los nativos por sus tierras, 10 centavos por hectárea”.

A sus 83 años, le sonríe a la senda caminada. No se arrepiente de nada, y con su mirada seria dice, “si estoy vivo es por suerte, porque la policía uniformada, con la cual yo me enfrenté, tenia orden de agarrarme muerto”.

Blanco, indígena Quechua, relata que el Estado siempre ha utilizado a los propios indígenas o campesinos para que se maten entre ellos. Ese fue el caso de cuando fue perseguido por la policía y cuando pidieron la pena de muerte para él. Sabiendo quien había pedido la pena de muerte, Blanco respondió en el juicio definitivo. “Si los cambios sociales que han habido en la Convención (Departamento del Cusco) merecen la pena de muerte, estoy de acuerdo con la pena de muerte. Y señalé al que había pedido mi cabeza. Pero que sea esté (al que pidió la pena) el que me mate con sus propias manos, que no ensucie con mi sangre las manos de los policías, que son hijos del pueblo”.

El indígena Quechua ha pintado las paginas de la historia de su país en cada una de sus acciones. Pero también Actualmente, produce una serie de publicaciones temáticas, y un periódico mensual llamado Lucha Indígena, que recoge las últimas acontecimientos sociales y políticos del país, desde una visión indigenista. Ha estado presente en diversas luchas y resistencias, sobre todo, de los pueblos originarios de la Latinoamérica. Fue en el año de 1994 cuando pisó territorio liberado por el EZLN cuando hizo su primer acercamiento a esta organización. Desde entonces ha participado en diversos eventos públicos realizados por el EZLN y el CNI, asegurando que en las manos de los pueblos indígenas esta detener la destrucción del sistema capitalista. “Ahora que hay un ataque feroz contra naturaleza, los primeros en levantarse por la defensa de la madre tierra son los indígenas, porque le quietaron su agua, su tierra, y por lo tanto, la represión se descarga sobre ella. Esta en manos de nosotros los pueblos indígenas la posibilidad de crear una alternativa al capitalismo. Los zapatistas son una esperanza para los pueblos latinoamericanos”, señaló Blanco.

En México el derecho al agua no está garantizado

Sitio sagrado de la Muxatena, Nayarit. El lugar está amenazado por la ocnstrucción de un sistema de presas que inundaría la zona protegida por náyeris y wirrárikas.

En México se viola permanentemente el derecho humano al agua y al saneamiento. Esa fue la conclusión compartida por el Relator Especial de la ONU en la materia, Léo Heller, durante conferencia de prensa el 12 de mayo en la Ciudad de México. 102 organizaciones nacionales recibieron al funcionario y lo trasladaron a comunidades y poblaciones en el Valle de México, Veracruz y Chiapas para que atestiguara las problemáticas que enfrenta la mayoría de la población mexicana ante un sistema racista e ineficaz en la distribución y acceso al agua para consumo humano.

El Salto de Juanacatlán, Jalisco, es una de las caìdas de agua más grandes de México. Los altos niveles de contaminación en los afluentes de la zona son resultado de la actividad de más de 300 industrias que descargan sus desechos al agua en detrimento de la salud de toda la población.

Las organizaciones que apoyaron la visita del relator se han conformado en una coalición que dará seguimiento a las denuncias y propuestas presentadas al relator y las que éste haga al estado mexicano el próximo septiembre cuando presentará su informe de lo presenciado en México ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Mientras tanto la pasividad e indiferencia de las autoridades respecto al tema es la regla.

Exclusión: la norma histórica 

Las mediciones oficiales de acceso al agua en México ofrecen un panorama sesgado e incompatible con la realidad al referir que 94% de la población cuenta con acceso al agua segura y adecuada. Los informes oficiales miden solo las obras de infraestructura -mantenimiento, operación y gestión aparte- lo cual contrasta con el cotidiano de millones.

Paradójicamente estados como Chiapas que cuentan con vastas fuentes de agua, padecen de los estragos por la mala distribución y las pésimas condiciones salubres en que es repartida. La desigualdad en el acceso al agua es la norma mexicana, reflejado como un problema histórico de discriminación evidente en la situación de pueblos originarios y en particular de las mujeres. A su vez, Chiapas cuenta con los mayores índices de mortalidad en niños y adultos mayores por desnutrición y enfermedades gastrointestinales, padecimientos determinados por la falta de acceso al agua segura y confiable que convierten en situación cotidiana la emergencia sanitaria en gran parte del estado.

Especialistas en manejo integrado de cuencas y calidad del agua de San Cristóbal de las Casas presentaron al relator de la ONU el sustento científico y técnico para ampliar la información de los niveles de contaminación en la ciudad de los Altos de Chiapas ante la ausencia de datos en el monitoreamiento y la información pública sobre la calidad del agua. En dichos reportes se encontró que todas las fuentes de abasto de agua en la ciudad presentan riesgos microbiológicos responsables de enfermedades que tienen incidencias en el desarrollo de diarreas comunes, tifoidea, hepatitis e incluso cáncer de estómago. Ante los resultados el grupo de expertos solicitó el saneamiento inmediato de las aguas residuales pues el agua en San Cristóbal de las Casas, como en la gran parte de Chiapas, no es potable.

También se denunció por anticipado las consecuencias negativas que traerán los planes de recortes presupuestales destinados a obras de agua que han sufrido un recorte de 37% a nivel nacional, lo cual pone entredicho cualquier plan oficial para cumplir con el derecho a la salud. En Chiapas existen 194 plantas de tratamiento de agua de las cuales solo funcionan 12 y la ciudad de San Cristóbal de las Casas es solo una de las múltiples en el estado que carecen de tratamiento de sus aguas residuales. No solo hay una falta de inversión sino un gasto errado.

Los municipios, encargados de la prestación del servicio, tienen poco soporte de los gobiernos estatales y federal, esto deriva en servicios muy precarios y se observa en la calidad del agua y el acceso real a ella pues los sistemas tarifarios impactan al sector más pobre de la población. También alarman las múltiples escuelas, hospitales y edificios públicos que carecen de instalaciones adecuadas para el suministro de agua. Por ello las organizaciones presentes en conferencia de prensa el 15 de mayo en Chiapas apuntaron hacia la corrupción en la administración de sistemas de agua potable urbanos. No solo a la cantidad de agua que suministran sino a la revisión de cuentas en obras, la administración interna de los sistemas de gestión, la falta de transparencia en gastos y la exclusión de la población en la elaboración de políticas públicas en relación al acceso al agua de calidad crean escenarios como la crisis hídrica de ayer y hoy.

¿Agua para quién?

La tribu Yaqui, de Sonora es uno de lo spueblos que mantienen la lucha contra el Acueducto Independencia, uno de los megaproyectos de infraestructura promovidos por empresas automovilistas y refresqueras para robar su agua.

Las organizaciones chiapanecas que contribuyeron a reportar varios de los 19 casos de violaciones al acceso al agua en México ante el funcionario de la ONU, demandaron que para respetar su derecho al agua de manera suficiente, salubre y potable para la población se debe colocar el bienestar público por encima de cualquier uso comercial o industrial. Por ello exigieron la revisión y revocación de las concesiones de agua que la Comisión Nacional del Agua recientemente renovó a Coca Cola-FEMSA, (propiedad local de un ramal denominado Inmobiliaria del Golfo SA de CV) quien extrae 1.6 millones de litros diarios, rebasando los 500 millones de litros de agua al año desde 1994 cuando comenzaron a explotar el Cerro del Huitepec, considerado como un “volcán de agua” por sus importantes volúmenes de aguas subterráneas.

En lugar de suministrar esa agua equivalente para 200 mil habitantes, todos los habitantes de San Cristóbal de las Casas con 80 litros por persona por un año, la empresa refresquera utiliza dichas cantidades para incrementar la epidemia de caries, obesidad y diabetes provocadas por el consumo de sus productos, principalmente en las poblaciones indígenas donde es más barato comprar Coca-Cola que en las ciudades. Otro de los problemas es la dependencia del agua embotellada y el hecho de que México tenga el más alto nivel de consumo per cápita en el mundo, 480 litros al año, es evidencia de la falta de confianza de la población sobre el agua que recibe además de que hay zonas del país donde las tarifas por el servicio son muy altas, lo cual es preocupante, porque si la gente no puede pagar se viola su derecho humano al acceso a este recurso.

Uno de los puntos retomados del discurso del realtor de la Onu es el efecto de la minería pues los aprovechamientos hidroeléctricos utilizados por la industria extractiva comprometen de forma seria el acceso de agua de calidad. Chiapas es una geografía siempre vista como surtidora de materias primas para todo el país, y en la actualidad lo es sobre todo de generación energética a través del sistema de presas en los mayores caudales de México. A dicha presión al recurso hídrico por los corredores energéticos, se suma la prioridad del uso industrial y minero conforme establece la reforma energética de 2013.

Sólo el Grupo México (empresa responsable por contaminar los mantos acuíferos del río Sonora con el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y evasora de impuestos) mantiene 142 títulos de concesión de agua; y la minera canadiense Goldcorp, Inc, ocupa más de 47 millones 600 mil metros cúbicos anuales. Catorce empresas mineras han contaminado los cuerpos de agua de las comunidades donde se encuentran. Otras siete acaparan el líquido de tal forma que ponen en riesgo a las localidades que las circundan y el 38 por ciento de los proyectos mineros coinciden en zonas de acuíferos con disponibilidad hídrica precaria o que son considerados sobreexplotados.

Aspectos de la mina de oro en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde la actividad a cielo abierto se realiza a escasos metros de la comunidad, lo que orillo el desplazamiento de cientos de familias.

En el caso del norte de Chiapas, la apertura de la ronda 2.2 que se va a licitar para el 14 de julio sobre 84 mil 500 hectáreas en 9 municipios ha colocado en situación de alarma a la población zoque de la región. El riesgo: la contaminación de las fuentes de suministro en 8 arroyos y ríos de la cual depende el abasto de agua para todos.

Por último, campesinos tseltales de Petalcingo, municipio de Tila, que se dieron cita para protestar al final de la conferencia de prensa, manifestaron su rechazo a proyectos para construir centrales hidroeléctrica en su territorio; compartieron la situación de persecución y represión ejecutada por el sacerdote local, José Herrera Alcalá quien promueve la división de la comunidad mediante el otorgamiento de becas y la promoción de estatutos oficiales como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares que han permitido la venta de tierras a particulares en México.

Campesinxs tseltales protestaron por la persecución y hostigamiento tras manifestarse contra proyectos hidroeléctricos en la zona norte de Chiapas.

Uno de los manifestantes denunció que desde hace siete años el ayuntamiento pretende controlar la gestión del agua pero debido a la resistencia de la comunidad su intento se vio frustrado. Sin embargo en la actualidad existen expediciones con helicópteros y presencia de funcionarios estatales, militarizando la región. Sumado a ello acechan una docena de órdenes de aprehensión producto de las protestas contra la construcción de la hidroeléctrica, hasta ahora no reconocida en los proyectos estatales.

Panamá: Fuerza de élite, entrenada por Comando Sur, despoja familias que luchan por vivienda

La Fuerza de Tarea Conjunta Águila (FTC), presentada oficialmente este 27 de marzo para combatir al crimen organizado en Panamá, junto al Sistema Nacional de Protección Civil del país, con el uso de extrema violencia desalojaron a centenas de familias de sus viviendas, el pasado viernes 12 de mayo, en un barrio llamado Cerro Galera, en el distrito de Arraiján, considerado un asentamiento ilegal por parte de las autoridades. Durante el operativo, las fuerzas represoras provocaron la muerte de una persona, Demetria Montengero de Asprilla, que fue aplastada durante la demolición de una de las viviendas.

La Fuerza de Tarea Conjunta Águila, recibió entrenamiento del Comando Sur de los Estados Unidos y fue creada para combatir al crimen organizado. Son 300 elementos del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio de Protección Institucional y el Servicio Nacional de Migración quienes conforman este grupo de élite.

La unidad de la Fuerza de Tarea Conjunta Águila esta siendo utilizada para realizar desalojos y viabilizar megaproyectos, además de reprimir manifestantes”, asegura el Colectivo de Mujeres Diana Morán, quienes forman parte del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá. Dicho colectivo también exige el cese inmediato de los desalojos forzosos y una pronta solución al problema habitacional que reclama el Movimiento Comunal Nacional (MOCONA).

Asprilla pertenecía a la coordinadora Victoriano Lorenzo, una organización que reúne familias pobres del país para luchar por viviendas dignas, desde hace mas de 20 años. Cómo una de las estrategias de lucha, las familias realizan ocupaciones de tierras en el Este y Oeste de Panamá. “Las personas de Cerro Galera tenían viviendo más de 12 años ahí. Pero es una zona que el gobierno quiere recuperar para la ampliación del complejo Panamá Pacifico”, Señaló el abogado Pablo Martínez, asesor de la Coordinadora Victoriano Lorenzo.

El complejo inmobiliario Panamá Pacifico era una base de EE.UU., hasta 1999, llamada Howard. La Ley 41 de 2004 la convirtió en una Zona Económica Especial, que abarca por lo menos 1400 hectáreas, incluye espacios para oficinas, bodegas, centros comerciales, un parque industrial y de negocios, farmacias y hospitales, parques y más de 22 mil viviendas. Este proyecto solo ha avanzado el 15% y ya concentra a más de 300 empresas multinacionales. Un complejo financiado por el Banco Mundial (BM) a través de la Corporación Financiera Internacional. El desarrollo del proyecto se adjudicó a London & Regional Panamá (LRP), en abril del 2007, mediante una licitación pública internacional. “Otra áreas ocupadas por familia que no tienen dinero para comprar sus casas o pagar renta también van a ser despojadas”, agrega Martínez.

Las familias sostienen que no quieren que se regalen estas tierras, pero sí que el Estado expropie estas tierras y que se las venda a un precio que sea accesible. “Al gobierno no le interesa porque no generan ganancias como las empresas transnacionales”, dijo Martínez.

Mientras tanto, las autoridades han mostrados sus condolencias en las redes sociales ante la muerte de la señora, pero la gente de la comunidad lo toma como una burla. Por otra parte, los medios locales de información argumentan que la señora no vivía en el predio y que ella decidió entrar a su vivienda cuando llevaba más del 70% de la demolición. Pero los vecinos de esta comunidad sostienen que, “ella siempre ha vivido en este lugar. Aquí todos nos conocemos. Esto fue un asesinato y sus condolencias es una estupidez”.

Por otra parte el Colectivo de Mujeres Diana Morán denunciaron que, “el caso de la señora Asprina no es la primera víctima de estos desalojos violentos. A inicios de abril Adelaida García falleció como consecuencia de otro desalojo en Nueva Visión, Pedregal. (…) la Policía Nacional y otros elementos que conforman la Fuerza de Tarea Conjunta Águila, hoy se esta ensañando contra la gente más pobre que reclama tierra y una vivienda adecuada”.

Huelga general en Brasil paraliza las principales ciudades

Ha estallado la huelga general en Brasil. Las principales ciudades brasileñas se paralizaron este viernes 28 de abril del año 2017. Millones de trabajadores, personal de transporte público, trabajadores de los bancos, profesores, estudiantes y médicos han salido a las calles para expresar su rechazo hacia la reforma laboral que pretende debilitar las leyes laborales de este país sudamericano.

Los manifestantes han tomando una posición en contra de las reformas laborales que pretenden establecer un recorte en el sistema de pensiones y fijar la edad mínima de jubilación a los 65 años para los hombres y 62 años para las mujeres. Actualmente este proyecto de ley esta por determinarse en el Congreso de la Unión.

De la misma forma los manifestantes han aprovechado la huelga para mostrar su descontento hacia Michel Temer, actual presidente de este país sudamericano, de quien se cuestiona la legitimidad de su gobierno. Temer fue expuesto por Wikileaks en la filtración de documentos donde se afirma que había sido informante de la Agencia Central de la Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) durante el período en el que Lula da Silva fue presidente. Según los documentos, Temer mantenía el intercambio de información con los Estados Unidos aún cuando ya había asumido el poder.

Durante el juicio político contra Dilma Rousseff , cuando era solo una iniciativa que aún debía ser aprobada por el Congreso de Brasil, el entonces vicepresidente Michel Temer ya contaba con un programa económico que debía seguir, un paquete de reformas estructurales, el mismo paquete que se ha implementado en la mayoría de los países latinoamericanos.

Hoy, Temer asegura que los cambios son necesarios para superar la peor recesión económica de Brasil. Así mismo, ha defendido férreamente el paquete de reformas estructurales dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El discurso de Temer ha sido tal y como lo dibuja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “las reformas estructurales ofrecen la mejor palanca para impulsar el crecimiento y el empleo”. Contrariamente a este discurso, los índices de desempleo han rebasado ya los 14 millones de personas desempleadas.

La huelga general ha sido el termómetro político del pueblo brasileño de un posible rumbo que puede tomar en los próximos años, considerando que el actual presidente va perdiendo credibilidad y popularidad. La última huelga general en Brasil tuvo lugar en 1996 durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, por el alto desempleo y los bajos salarios. Mientras tanto, en este año 2017, ya han dado una primera muestra de que el pueblo ya no esta dispuesto a quedarse en sus hogares. Algunos manifestantes establecieron barricadas en varias ciudades, entre ellas Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte y Brasilia.

Los movimientos sociales de Brasil estiman que en todo el país se movilizarón por lo menos 40 millones de personas. Tan solo en Sao Paulo, la ciudad más grande de este país, fuerón detenidos por lo menos 20 manifestantes. Hay detenidos y heridos en diversas ciudades. También se realizarón tentativas de ocupación de edificios por parte del movimiento de la vivienda en Sao Paulo.

Honduras: la resistencia y la matrifocalidad del pueblo Garífuna

La Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, por más de cuatro décadas ha resistido y luchado contra el avance de la agricultura industrial y los procesos de implosión y explosión de los complejos turísticos. Así como de los proyectos de generación de energía “limpia” por medio de presas hidroeléctricas, la minería y el narcotráfico. Esta organización surgió en el año de 1978, como Federación del pueblo  garífuna de Honduras para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las 46 comunidades garífunas situadas en la costa caribeña de Honduras.

La columna vertebral de esta organización son las mujeres, la Matrifocalidad, la fortaleza espiritual que guardan las abuelas que rinden tributo en el Dügü, religión del pueblo Garífuna.

El territorio Garífuna reside en la posesión colectiva y comunitaria de la tierra, pero sobre todo, en el cuerpo social de las mujeres que resisten a la fragmentación y mercantilización del mismo.

La propia OFRANEH se ha visto preocupada en recoger y proteger la memoria viva de este pueblo ancestral amenazado por el Estado hondureño y organismos financieros nacionales e internacionales que quieren desconocer su existencia para diluir la propiedad comunitaria. A continuación un texto reproducido por la OFRANEH, el cual recoge la importancia de la Matrifocalidad en la lucha de este pueblo, pero también recoge los diversos entes a los que se enfrentan.

Honduras: 220 años de resistencia y la sobrevivencia de la matrifocalidad del pueblo Garífuna

Sambo Creek, 27 de Abril del 2017.- Una vez más, el 12 de abril se conmemoró el arribo del pueblo Garífuna a Honduras, tras haber sido expulsado de la isla San Vicente (Antillas menores), y librado dos guerras consecutivas contra los Británicos, los que finalmente se apoderaron del último bastión de los Caribes Arawak.

En Honduras durante los últimos años, el Estado se apropia de la fecha para efectuar sus rituales de poder, al mismo tiempo que incrementaba su estrategia de despojo del pueblo Garífuna, la que inició en los albores del siglo XX; cuando entregó el destino de la costa norte a las compañías bananeras, pretendiendo en el siglo XXI expulsar a nuestro pueblo y comunidades a través de las “ciudades modelo” (ZEDE) y otros proyectos de industrias extractivistas.

La etnogénesis del pueblo Garífuna se remonta a mediados del siglo XVII, cuando náufragos africanos fueron acogidos por indígenas Arawak Caribe, de los cuales heredamos nuestro idioma, religión y costumbres. En la actualidad nuestro pueblo preserva el idioma Garifuna de origen arawak maipure norteño Kalinagu de las Antillas Menores.

La familia extensa Garífuna prevalece, no obstante los esfuerzos realizados por la cultura dominante, y el proceso migratorio que se intensificó a partir de mediados del siglo pasado, contribuyendo ésto en cierta medida a fortalecer la condición matrifocal de nuestro pueblo, la que tiene raíces entre las culturas de la yuca amarga provenientes del río Orinoco y pueblos indígenas de África.

La matrifocalidad del pueblo Garífuna ha sido ignorada y hasta soterrada por la cultura dominante de índole patriarcal, la que simplemente desconoce su existencia y alienta la sustitución de las redes de mujeres en nuestras comunidades, promoviendo la organización social de corte occidental, que nos convierte en simples estadísticas y podemos decir que hasta en mercancía.

La matrifocalidad del pueblo Garífuna fue señalada en las investigaciones realizadas por Nancy Gonzales, la que en su libro “Peregrinos del Caribe”, resaltó la importancia que juegan las mujeres en las ceremonias relacionados con el culto ancestral, el cual gira alrededor de las abuelas (nagoto) a las que se les rinde tributo en el Dügü, religión animista que hasta la fecha sobrevive entre nuestro pueblo a pesar de las influencias exógenas, especialmente de las sectas evangelistas que rechazan la posibilidad de cualquier tipo de sincretismo.

Ademas de Nancy Gonzales, las antropólogas Virginia Kerns y Keri Brondo han hecho énfasis en la matrifocalidad Garífuna. Brondo además ha escrito sobre el rol que jugamos las mujeres en la defensa del territorio ancestral, el que se ve asediado por una oleada de apropiaciones y despojos que cuentan con el apoyo del estado.

Sí bien hasta la fecha logramos conservar la matrifocalidad, no obstante; las políticas de homogeneización cultural promovidas por el Estado y organismos financieros internacionales desconocen su existencia e incluso promueven la disolución de la propiedad comunitaria como un impedimento para el “desarrollo” de corte occidental, el que promueven con un enorme ahínco.

Desafortunadamente la herencia matrilineal (alagận) ha venido siendo sustituida por el concepto de herencia patriarcal predominante entre cultura mestiza. La aparición de procesos de “legalización” y titulación de tierras promovidos por el Estado, han servido para despojar al pueblo Garífuna, y desconocer la herencia matrilineal.

La herencia tradicional Garífuna contemplaba a las mujeres como las herederas, siendo sustituido nuestro alagận por la visión occidental donde se le confiere al hombre, especialmente a los mayores el derecho a la herencia. La mayoría de las ventas de tierras que han sido desmembradas de forma ilegal de los títulos comunitarios, recaen en los hombres, especialmente los que retornan tras haber emigrado a los Estados Unidos.

La influencia de los meriganas -término que se usa en Garífuna para los que habitan o han retornado de los Estados Unidos- es impactante, ya que además de poseer un presunto capital financiero, muchos han adquirido usos y costumbres ajenos a la cultura Garífuna, especialmente relacionados con el concepto de propiedad privada.

Las redes de mujeres Garífunas en las comunidades cuentan con organizaciones centenarias, como lo son los denominados clubes de danza, los cuales mantienen vivas las tradiciones orales entre nuestro pueblo, además de propulsar grupos de apoyo social de dimensiones insoslayables.

Sí bien pudimos conservar en cierta medida hasta la fecha nuestra matrifocalidad, la pérdida del alagận implica la paulatina desaparición de nuestro territorio el cual es apetecido por empresarios del turismo, palma africana y extractivos; apropiándose del territorio por pedazos, contando con el apoyo de municipalidades, Instituto de la propiedad y la complicidad del Ministerio Público que como de costumbre se niega a intervenir en los despojos.

La sobrevivencia del pueblo Garífuna es un desafío ante la desaparición del territorio y la pérdida del idioma y cultural a través de la influencia de los medios de comunicación manejados por la cultura dominante además del fracaso de la educación bilingue intercultural.

Los retos son enormes, pero con la protección y la guía de las deidades ancestrales, así como la resolución en la defensa de nuestra herencia cultural y territorial lograremos sobrevivir como cultura diferenciada, para garantizar los bienes comunes de la naturaleza a las futuras generaciones.

 OFRANEH

Avanza presencia del Ejército Estadounidense en México

Con el apoyo del Comando Sur y del Comando Norte de los Estados Unidos, las fuerzas armadas de México y Guatemala impulsan la creación de un nuevo grupo de elite, una nueva Fuera de Tarea que realizara operaciones conjuntas en la frontera que comparte México y Guatemala. Este grupo de elite se suma a las más de 7 Fuerzas de tarea constituidas y creadas por el gobierno de los Estados Unidos en conjunto con los gobiernos de Centroamérica.

De acuerdo con el general Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, esta Fuerza de Tarea realizará labores de reconocimiento, patrullajes terrestres y aéreos. Así como el intercambio de información e inteligencia para combatir al crimen organizado transnacional.

En febrero de este año 2017 Avispa Midia documentó en un reportaje especial la previa visita del Comando sur y del Comando Norte en territorio Mexicano, así como en Honduras y Guatemala, donde los asistentes pidieron el anonimato.

El investigador guatemalteco Luis Solano explicó para Avispa Midia que, “las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales buscan posicionarse en los principales centros fronterizos con México, Belice, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Honduras. Estamos hablando de alrededor de 7 Fuerzas de Tarea formadas en y desde Estados Unidos. Hay infraestructura y un andamiaje institucional y financiamiento de este país, es decir, ellos están detrás de estas Fuerzas de Tarea”.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina con apoyo financiero de ambos comando permitieron que la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (Centsec 2017) se realizara por primera vez en México. Así mismo el general asevero que, ‘‘se ha venido trabajando desde hace más de cinco años’’ en la constitución de dicho grupo de elite. La región del Peten ha sido considerada como un teatro de operaciones estratégicos donde operará este grupo de elite.

Aunque cada militar de las Fuerzas de Tarea cuenta con tecnología especializada, como sensores de calor y visores de alcance de 2 kilómetros para realizar operaciones nocturnas, así como armamento de alto poder y vehículos tácticos, las actividades del narcotráfico no han disminuido, según el investigador Solano.

Las Fuerzas de Tarea al igual que otros programas implementados por los Estados Unidos no han cumplido con los objetivos ofrecidos en la guerra contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, los megaproyectos de infraestructura para la extracción de minerales, petróleo, agua y gas han aumentado de forma violenta. Esto junto al narcotráfico es un factor de expulsión de la gente en sus comunidades que son obligados a migrar. Guatemala sigue siendo un punto clave de paso del narcotráfico hacia México y hasta Estados Unidos. Por distintas formas, vía área, marítima y terrestre, y todas las formas posibles para trasladar las drogas. Todas las rutas comienzan en Honduras y el Salvador, y terminan en Peten, Huehuetenango y San Marcos que son los departamentos que tiene la frontera con México. Aquí hay una gran cantidad de puntos de cruce del narcotráfico de forma impresionante, y que no han sido alterados desde la formación de la primer Fuerza de Tarea que supuestamente tiene presencia en esta zona”, dice Solano.

Las conclusiones de la Centsec 2017 se centraron en la importancia del intercambio de información basado en la confianza como una necesidad para responder de manera efectiva a las amenazas de crimen trasnacional,.

Los temas centrales de estos encuentros han sido la migración, el narcotráfico y la delincuencia organizada. En las mesas de dialogo se han trazado como meta establecer protocolos de actuación y formar alianzas estratégicas entre México y los países centroamericanos (Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Belice, El Salvador y Panamá). En ningún momento se habla del mercado de la venta de armas legales e ilegales, tampoco se habla de la contrainsurgencia. Son datos que se abordan en el siguiente reportaje: Intervención de Estados Unidos en México y Centroamérica: la continuación de la economía de guerra.