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Cherán K´eri: el pueblo p’urhépecha que venció el miedo por la defensa de su bosque

Texto y fotos por Carolina Díaz Iñigo y Francisco De Parres Gómez

El 15 de abril del 2024 se cumplieron 13 años de la expulsión del crimen organizado y los talamontes que destruían el bosque y las posibilidades de una vida digna y segura en Cherán K´eri, comunidad p’urhépecha de aproximadamente 20 mil habitantes ubicada en el estado de Michoacán de Ocampo, México. 

Hoy día,  gracias a la instauración de un gobierno basado en su sistema de usos y costumbres, la conmemoración del alzamiento fue acompañada, entre muchas más actividades, por un ritual realizado en El Calvario, el cual inició a las 5 de la mañana para recibir el alba, además de un desfile encabezado por la Ronda Comunitaria seguido de mujeres, hombres, jóvenes,  niñas y niños que recorrieron los cuatro barrios del municipio autónomo. 

Acompañado con música y consignas, este pueblo nos recuerda la insurrección que comenzó con algunas mujeres defensoras del bosque y que continuó con el levantamiento de toda la comunidad, que en su momento se organizó en 189 fogatas que funcionaron como barricadas y puntos de encuentro para construir la organización: “¡Cherán avanza, avanza y no se raja. Cherán unido, jamás será vencido!”

Con la expulsión de los talamontes y de la criminalidad, se depuso de su territorio también a la policía estatal y federal junto a los partidos políticos, pues éstos mantenían nexos con quienes delinquían e instauraban el miedo, la violencia, el despojo y el ecocidio. 

Así, se inició un proceso de autogobierno, y el Estado tuvo que reconocer el derecho de la comunidad p’urhépecha a decidir sobre su presente y futuro sin partidos políticos, pero con los recursos económicos que les corresponden como pueblo. Este logro también obedeció a la lucha jurídica que emprendieron para lograr el reconocimiento de autogobernarse por medio de su propio sistema normativo. 

Con el levantamiento popular vino también la construcción de otras maneras de organizarse, se creó el Concejo Mayor de Gobierno Comunal rotativo cada tres años, y las Asambleas como las principales formas de toma de decisiones, así como una Ronda Comunitaria que vigila y se encarga de la seguridad. Incluso, la fogata representa en una parte importante en la estructura comunitaria y para la toma de decisiones. 

La comunidad de Cherán K´eri es uno de los 22 municipios que componen a la región p’urhépecha del estado de Michoacán. Con una gran historia de resistencia primero frente al imperio Mexica y luego frente a la invasión colonial española, el pueblo de Cherán sigue conservando elementos importantes de su identidad. Uno de estos principios es su comunión con el bosque compuesto por 27 mil hectáreas, de las cuales, alrededor de 5 mil están bajo el régimen posesionario, lo que significa que las familias pueden vivir y hacer uso de estas tierras, aunque la propiedad sigue siendo comunal.

Para los habitantes de Cherán K´eri, la defensa del bosque es la defensa de la vida y la dignidad. Si el bosque vive, la comunidad puede vivir:  “Así nos lo enseñaron nuestros abuelos”, comenta una mujer cheraní. 

Cherán es también un ejemplo de lo que la organización comunitaria puede hacer frente al capitalismo y sus lógicas de muerte, que mediante la colonialidad de la naturaleza ha buscado instaurar el dominio y explotación de los bienes naturales para convertirlos en mercancía. La colonialidad de la naturaleza intenta establecer en lo más profundo de las subjetividades y en las instituciones, la mercantilización de la vida y de los cuerpos. Pretende despojar de dignidad a los seres vivos, incluidos los seres humanos, los bosques, los ríos y todas las especies que habitan el planeta tierra, pues todos ellos representan en las lógicas de muerte un terreno sobre el cual puede lograrse alguna ganancia. “El bosque no es mercancía”, señala una cartulina sostenida por una niña durante las conmemoraciones.

Las mujeres de Cherán fueron desde el inicio piezas fundamentales en esta lucha contra la delincuencia y la explotación del bosque, lo son también en el rescate de la identidad. Como ejemplo de ello tenemos al colectivo de jovenas “Mujeres por la Memoria de Cherán”, quienes hacen una labor importante por rescatar los símbolos de resistencia y usan las paredes de su comunidad como un recordatorio visible de lo que se ha logrado hasta el día de hoy, gracias a la organización y dignidad comunitaria. 

En conmemoración del aniversario, esta colectiva realizó dos murales participativos junto con Amehd Coca Castillo, artista originario de Morelia, que utiliza la técnica del fotomural como plataforma de denuncia ante las desigualdades y para fortalecer las luchas. Con esta acción, se hizo referencia a la memoria insurrecta acompañada de imágenes y frases como: “Admiro a una mujer que ha luchado porque yo creo que así es la valentía”  y “Traiciona nuestras raíces aquel que destruye los saberes del bosque”.

Las niñeces representan igualmente el futuro de Cherán, en el desfile de su 13 aniversario su participación reveló la importancia de la identidad y de su relación con el bosque y el sostenimiento de la vida. En las infancias y juventudes este pueblo muestra su presente y la posibilidad de futuro. Una cartulina sostenida por una niña en el desfile evoca: “Cherán ejemplo de lucha en defensa de sus bosques”.  

Reconocimiento también a las y los guardabosques, a la Ronda Comunitaria quienes día con día, sin importar el sol, lluvia, frio y noche resguardan la seguridad del pueblo. Esta participación es sostenida por la comunidad y por la convicción de que la resistencia por la seguridad, la tranquilidad, el bosque, es decir, la vida, es su principal sustento. 

Hoy, Cherán K´eri es un ejemplo para otros contextos donde se debaten entre la vida o la muerte que quiere imponer el sistema capitalista y el crimen organizado, como otro de sus brazos. En oposición a la destrucción de la naturaleza y el calentamiento global, “en Cherán K´eri salvamos el planeta”, manifiesta una de las mantas sostenida por algunas de las mujeres en el desfile que celebra el 13 aniversario de su levantamiento popular.

¡Larga vida a Cherán, comunidad autónoma rebelde!

Carolina Díaz Iñigo

Antropóloga social.  Autora del libro La sutileza de la resistencia. Mujeres y emociones contra el despojo en la frontera sur de Chiapas. Colaboradora en la Asociación Civil Kalli Luz Marina. Coautora de: Prevención y atención de la violencia contra las mujeres nahuas de la Sierra de Zongolica, Veracruz. La experiencia de Kalli Luz Marina.Cofundadora del Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas – COTRIC.

Francisco De Parres Gómez

Antropólogo social, comunicólogo y fotógrafo. Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades (CJA-CIESAS-UDG). Autor de Poéticas de la resistencia: Arte Zapatista, estética y decolonialidad. Su trabajo ha sido expuesto en México, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Alemania, España, Italia, Inglaterra, y Corea del Sur. Cofundador del Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas – COTRIC.

Chiapas: condena a defensores tseltales confirma crisis de derechos humanos en México

En portada: Protesta de habitantes de San Juan Cancuc, quienes exigen la liberación inmediata de los cinco defensores del territorio acusados por el homicidio de un policía de dicho municipio en los Altos de Chiapas. Foto: CDH Frayba

El pasado viernes (19), el Juzgado Penal de San Cristóbal de Las Casas ratificó la sentencia condenatoria contra cinco defensores tseltales originarios del municipio de San Juan Cancuc, en la región Altos de Chiapas, por un delito que, argumentan organizaciones sociales, eclesiásticas y de derechos humanos, no cometieron.

“Sentencia injusta” es como las organizaciones chiapanecas califican la reciente condena, por 25 años de cárcel, contra Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, acusados por la muerte de un policía municipal de San Juan Cancúc, en el año 2022.

La ratificación de la sentencia sucede después que la defensa legal de los indígenas recurriera al recurso de apelación contra la primera condena, emitida el 12 mayo del 2023. Esto se debe a que, desde el momento de su detención, abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), quienes dan seguimiento al caso, acusan que el proceso acusatorio ha presentado múltiples irregularidades.

En respuesta a la apelación, el Poder Judicial de Chiapas anunció, en febrero del 2024, su decisión para reponer la audiencia de juicio oral. Sin embargo, el CDH Frayba sostiene que la justicia del estado sureño no se pronunció para abordar el fondo del caso, es decir, la comprobación de la existencia del delito y la acreditación de la responsabilidad de los inculpados. Sobre todo, acusan que no se corroboró el papel de la Fiscalía de Chiapas, a quien señalan de fabricar pruebas y validar testimonios falsos para mantener a los indígenas presos mientras se alargaba el proceso.

“Durante las audiencias que acaban de terminar, vimos que no había ningún argumento, ninguna prueba contundente que pudiera dar argumentos a la juez para dejarlos presos”, sostuvo Dora Lilia Robledo García, directora del CDH Frayba durante conferencia de prensa realizada este martes (23).

El posicionamiento del CDH Frayba es que, con la ratificación de la sentencia, “quedó nuevamente comprobado que se trata de una acusación fabricada; la nueva jueza no tomó en consideración que ninguna prueba responsabilizaba directamente a los acusados, y que existen incluso dudas sobre la existencia de un delito”, reclamó mediante comunicado.

Injusticia

En entrevista con Avispa Mídia, Mario Ortega, abogado y coordinador del área de sistematización e incidencia del CDH Frayba, subraya que existen serias dudas sobre la causa de la muerte del policía municipal.

Ortega contextualiza que, testimonios de la comunidad tseltal narran que durante la noche de los hechos se escucharon fuertes quejas de dolor por parte del policía, por lo cual las personas cercanas salieron de sus casas, encontrándolo tirado y sucio cerca de un barranco. Según el abogado, esto es un indicio de que el policía habría caído y de ahí derivara la causa de su muerte. 

“La comunidad llamó a la policía municipal quien se lo llevó aún con vida. Por su parte la fiscalía inventó una versión en la que la población lo agredió multitudinariamente causándole la muerte”, detalla el abogado sobre la contradicción en las versiones.

Según Ortega, la jueza “da erróneamente por hecho el asesinato con la declaración de la persona que hizo la necropsia, sin tomar en cuenta un metaperitaje - informe técnico cuya finalidad es determinar si existió o no falta de rigor técnico o metodológico en el análisis pericial-, ofrecido por la defensa en el que se menciona que la muerte fue causada por un único golpe y que no presentaba más lesiones”. Esta argumentación, sostiene el defensor, refuerza la versión de la caída del policía y desmiente la agresión por parte de los pobladores. Una hipótesis que la Fiscalía nunca indagó.

Esposas de los 5 presos de Cancuc se manifiestan frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas. Foto: Orsetta Bellani

El abogado enfatiza que, durante el juicio, comprobaron la fabricación de declaraciones de los elementos de seguridad quienes inventaron la versión de la agresión tumultuaria y, no obstante, nunca mencionaron haber visto a los cinco inculpados. “Es evidente que las declaraciones fueron fabricadas, ya que textos enteros coinciden completamente en la redacción, lo cual es inverosímil y es una práctica arcaica”, acusa el integrante del CDH Frayba.

Otro punto que destaca el abogado es que, a la fecha, no existe una investigación real para saber a ciencia cierta cómo murió el policía. “Si fue por la caída; si hubo alguna agresión previa antes de que la población lo encontrara; si los mismos policías le hicieron algo después de que se lo llevaron. Es decir, la fiscalía se cerró a una sola hipótesis en la que acusa a los cinco defensores y trató, a través de declaraciones a modo, de limitarlo a ello. Es importante no sólo reconocer que los compañeros son inocentes, sino también llegar a la verdad para las familias”, asevera Ortega.

Según el abogado, lo que sigue ahora es recurrir a una nueva apelación del juicio oral, en la que se abren tres escenarios. El primero es que, por tercera vez, se reponga el proceso. El segundo, que el Poder Judicial de Chiapas aborde el fondo del asunto y reconozca que no existen pruebas que sustenten la condena. Y el tercero, que, tras la reposición de las audiencias, el fallo de la justicia de Chiapas vuelva a ratificar la condena, en cuyo caso la defensa de los cinco defensores presentaría una demanda de amparo federal.

Por el momento, agrega Ortega, a nivel internacional el caso ya fue presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del cual esperan una respuesta para hacer un llamamiento al gobierno mexicano para el esclarecimiento del caso.

El CDH Frayba señala que, desde mayo de 2022, los defensores tseltales fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, acusados y procesados penalmente como represalia a su labor como defensores comunitarios en el marco de la imposición de proyectos de infraestructura y militarización en su territorio.

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El centro de derechos humanos destaca que desde la primera audiencia del juicio “se expusieron inconsistencias en las pruebas fabricadas por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena, además de múltiples violaciones a derechos humanos”, como parte de lo que denominan “fábrica de culpables”.

Por ello, aseveran que con la nueva sentencia “se confirma que existe una criminalización a defensores del territorio, agravando la crisis de derechos humanos que se vive en México”.

“De nueva cuenta nos encontramos ante el reto de impugnar un juicio a todas luces injusto. El Estado demuestra que su apuesta es al cansancio, pues antes que reconocer la insostenibilidad de la acusación tiende a reponer, infinitamente, los procedimientos”, sostiene la organización de derechos humanos.

Abusos en la reclusión

El pasado 9 de abril, los cinco defensores de Cancuc, quienes se encuentran presos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) no. 5, ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, participaron de una denuncia colectiva mediante la cual los reclusos señalaron una serie de abusos y violaciones a derechos básicos por parte de la dirección del penal.

Mediante una carta, reclusos señalan que, desde mediados de febrero, el CERSS no 5 tuvo un cambio de director. Tomó posesión José Hernández Márquez, a quien señalan por realizar una serie de cobros y extorsiones contra la población del penal.

Entre las denuncias, señalan que el nuevo director realiza cobros para el uso de diversas áreas del reclusorio, como el área conyugal, así como por derecho de piso y pago de cuotas por sacar a los internos a consultas médicas pues el CERSS carece de médico residente. También señalan extorsiones por ingresos generados en el interior del penal, como aquellos derivados por las donaciones a las iglesias y a oficios como una carpintería autogestionada por los presos.

Denuncian que Hernández recurre al acoso sexual hacia personal administrativo, internas, así como contra las visitas, por lo que solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar su actuación actual y pasada, pues también yacen sobre él denuncias de corrupción mientras dirigía el CERSS n16, ubicado en el municipio de Ocosingo.

Ante la nueva sentencia y las condiciones de reclusión que viven, los defensores tseltales enviaron una carta, dirigida a los tres niveles de gobierno, para exigir su libertad inmediata. “Nos han robado dos años de vida. Nos han robado dos años de estar con la familia, nos han robado la posibilidad de ver crecer a nuestros hijos, pero no nos han robado nuestra dignidad y la esperanza de obtener justicia”, sostuvieron en la misiva.

¿A dónde nos llevan las propuestas para frenar el cambio climático?

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En portada: La población de El Bosque, Tabasco, ha sido desplazada forzadamente de sus tierras debido al incremento del nivel del mar, el cual avanza destruyendo casas, escuelas y otras estructuras de la comunidad en las costas del Golfo de México. Foto: Santiago Navarro F

En toda América Latina las olas de calor, que se pensaba serían pasajeras, no dan tregua. Durante los últimos diez meses la temperatura ha sido inédita. Un equipo de Avispa Mídia se aventuró, entre junio y agosto de 2023, en medio de una ola de calor, a realizar un viaje para documentar cuestiones climáticas en México y países de Centroamérica. Fue uno de los viajes más difíciles para el equipo de periodistas por todo lo que conlleva la temperatura extrema. 

Meses después estuvimos en el cono sur, en Brasil, entre diciembre y enero, e igualmente el territorio ardía. Rio de Janeiro alcanzó en marzo sensaciones térmicas que sobrepasan los 60 grados Celsius, algo que nunca antes habían experimentado las personas de esta región. 

De regreso a México, las olas de calor continúan. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya emitió una alerta por la llegada de una nueva ola de intenso calor a principios de abril y otras más para junio. La situación se agrava por la crisis del agua en todo el territorio. Para tener una idea, donde me encuentro, al sur del país, el agua del suministro público ha llegado a las casas cada 40 días. La solución ha sido comprar el vital líquido a empresas privadas.

En el norte global, los reportes que llegan desde Canadá y Estados Unidos alertan sobre un invierno caluroso. “La nieve caía y no tardaba en derretirse. Algo que nunca hemos visto”, me comentaba una colega de Canadá. 

Las aguas del océano Atlántico, especialmente el área que va del Caribe al nordeste de Brasil, extendiendo hacia África, completan un año con temperaturas que superan las ya registradas. El director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, Gavin Schmidt, dijo para la revista New Yorker que “no sabemos realmente lo que está pasando desde marzo del año pasado”. 

¿Si el escenario es apocalíptico?, no hay como negarlo. La crisis climática no es retórica. El cuerpo siente y está en alerta. 

Durante un debate promovido por la Agência Pública, un medio de periodismo de investigación brasileño, en el cual participó el indígena Ailton Krenak y un importante científico brasileño, Carlos Nobre, que por diversos años participó del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el público manifestó perplejidad delante de las evidencias y los análisis catastróficos presentados por los entrevistados. 

Una de estas evidencias fue la visión de lo que pasaría con nuestros cuerpos en altas temperaturas y sequía extrema. “Simplemente puedes salir a comprar pan y no regresar a tu casa, porque te derretiste literalmente en la calle”, dijo el científico, que hace décadas viene alertando sobre la posibilidad del planeta llegar a un punto de no retorno, cosa que, para él, está muy próximo de acontecer.

La pregunta que surgió entonces, principalmente para los medios de comunicación, fue ¿cómo informar a la gente que podemos extinguirnos en un futuro no tan lejano, sin generar pánico?, y añado: especialmente a la población que vive en el confort de las ciudades del norte global, las principales responsables por las emisiones de carbono.

Dada la situación de emergencia, pregunto si no es una misión imposible. Creo que en un primer momento no hay cómo no generar pánico. Nosotros que buscamos generar información no es raro entrar en pánico.

La cuestión es salir del estado de inercia que genera el pánico, hacer lo que nos toca y empezar a entender lo que está siendo propuesto a nivel supranacional para cambiar la situación. Aquí me refiero a las propuestas de los países, principalmente del norte global, instituciones financieras mundiales y de las empresas, quienes proponen una salida desde el punto de vista tecnológico. Es decir, proponen remplazar el tipo de energía, pero, la lógica es que los engranajes de la producción de servicios y mercancías, así como el hiperconsumo, se mantengan. Esto al final le llaman, desarrollo sostenible.  

Ellos, sí, no están en pánico, tampoco en la inercia. Están accionando muy rápidamente, especialmente a partir de la pandemia, tanto para construir marcos jurídicos y administrativos para mover sus planes y sus capitales con más seguridad como para implementar sus proyectos en los territorios que, según ellos, son la salvación del planeta. La cuestión aquí es si estas acciones van realmente en el sentido de combatir la crisis.

Sin resultados favorables

Mucho se habla del Acuerdo de París y de las Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COPs). Aquí propongo un vistazo muy general de cómo se han configurado estos procesos. 

Los esfuerzos y acuerdos mundiales para salvar el planeta están concentrados principalmente en el Acuerdo de París, consensuado por los “líderes mundiales” y aprobado en 2015. Los países, empresas y organizaciones se reúnen periódicamente en las llamadas COPs para concretar los acuerdos y presentar los avances de los compromisos asumidos por las partes. 

El Acuerdo de París establece una serie de compromisos con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura en la tierra a 2°C – preferencialmente hasta 1,5°C – arriba de los niveles pre industriales, aumento considerado seguro para la manutención de la vida en el planeta. 

El acuerdo entró en vigor en 2016 y ha sido firmado por 193 países más la Unión Europea. Es una guía de las naciones que establece objetivos a largo plazo. Los países deben enviar, cada cinco años, un plan nacional actualizado de acción climática que se conoce como Contribución Determinada a Nivel Nacional. Y los compromisos asumidos por cada país debe ser revisado cada cinco años. En 2020 presentaron el primero.

La presentación del primer informe del balance global de emisiones ocurrió previa a la inauguración de la COP 28, en Dubái, a finales de 2023. Los resultados no son esperanzadores. Lo que se ha acordado para impedir el aumento de la temperatura no está resultando eficaz.

La propia Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió en diciembre de 2023 que los acuerdos cerrados hasta el momento son insuficientes para llevar al mundo a conseguir el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, pues constituyen apenas el 30% de la reducción de emisión de gases invernaderos necesaria.

Es bueno mencionar que en estos espacios de decisión hay poca o casi nula participación de la sociedad civil, activistas ambientales o de los pueblos y cada vez más participación de empresas contaminantes, como las petroleras, haciendo lobby obviamente por sus intereses. Eso ha sido denunciado por diversas organizaciones como el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Infelizmente sabemos que en el “juego democrático” prevalece quien tiene mayor poder de influencia.

El proceso de descarbonización del planeta debe ser urgente, advierten los últimos informes del IPCC, que señalan que si el cambio no pudiese acelerar el paso, el punto de no retorno no tardará en llegar. Lo que pasa es que los acuerdos alcanzados no obedecen a esta lógica de urgencia. 

La lógica es que los países, especialmente los ricos, y empresas como las petroleras, pueden continuar contaminando, mientras compran el derecho de contaminar a partir de proyectos de bonos de carbono, generalmente instalados en los bosques del sur global, generando sus cercamientos y conflictos por el territorio, situación que Avispa Mídia ha documentado en toda América Latina en los últimos años.

También está en pauta lo que llaman de transición energética, es decir, sustituir la matriz energética a partir de fuentes fósiles por las energías renovables. Un objetivo necesario. Sin embargo, como está siendo propuesto e implementado en los territorios solamente está aumentando las desigualdades entre norte y sur global, y devastando más territorios.

Entre los acuerdos alcanzados está el compromiso de los países para triplicar la capacidad instalada de energía renovable. La meta es insuficiente, como apunta la AIE. Además, los mega proyectos instalados, o en proceso de instalación, han generado conflictos sociales y más destrucción ambiental, como Avispa Mídia ha documentado. 

También está el compromiso de los países ricos en sustituir sus parques vehiculares a base de combustibles fósiles para coches eléctricos, lo que demanda el aumento de la extracción minera en los países del sur, para la producción de las nuevas tecnologías necesarias principalmente para las baterías de los coches. En diversos países europeos y en los Estados Unidos, este proceso está en curso. 

¿Para dónde van los carros a base de combustible fósil? En el caso de los Estados Unidos, la respuesta está en las carreteras que bajan desde Estados Unidos a Belice, Guatemala, Honduras, principalmente. Los carros son llevados a estos países para ser vendidos, o simplemente acaban como basuras. En Belice es común encontrar depósitos, muchas veces abonados, con estos vehículos, como hemos presenciado en uno de nuestros viajes a este país.

La carrera por planear e implementar estos proyectos que supuestamente nos salvarían de la extinción – llevada a cabo principalmente por China, Estados Unidos y Unión Europea – se ha configurado como un proceso para “revitalizar” el capital, abrir nuevos campos de inversión y de su reproducción. Y los territorios, especialmente del sur global, están siendo considerados, a pesar del bonito discurso de la “descarbonización” del planeta, como territorios en disputa para ser recolonizados. 

Tomar consciencia de los caminos por los cuales nos está llevando esta reconfiguración es un primer paso para, desde abajo, salirnos del estado de inercia y entrar en acción.

Google despide a 28 empleados por protestar contra su suministro tecnológico a Israel

Google, la gigante tecnológica con sede en Mountain View, California, es el centro de atención tras el polémico despido de 28 empleados que participaron en protestas contra el “Proyecto Nimbus”, un servicio que Google y Amazon brindan desde 2021 al gobierno israelí. 

En 2016, el gobierno de Israel estableció la visión un gobierno digitalizado y fue hasta el año 2021 que, tras una licitación, anunció que había seleccionado a Amazon Web Services (AWS) y Google como sus principales proveedores de nube y más de 185 servicios digitales. Un proyecto destinado, en primera instancia, a servicios del sector público y al ejército israelí. En esta primera fase, Israel pagó alrededor de $1,230 millones de dólares a las dos empresas por un contrato inicial de siete años, potencialmente prorrogables hasta 23 años.

Tras el despido de sus trabajadores, Google sostuvo en un comunicado que el Proyecto Nimbus no se está utilizando para despliegue militar o recopilación de inteligencia, y que la dimisión tuvo que ver con una "conducta completamente inaceptable" que interfiere en el trabajo de otros empleados y crea una atmósfera amenazante en el lugar de trabajo. 

Además, Google amenazó con posible represalias y despidos de más trabajadores.

Protesta del Movimiento sin tecnología para el apartheid.

El grupo No Tech For Apartheid, movimiento al cual se sumaron los trabajadores dimitidos, señaló a la transnacional digital por mentir sobre lo ocurrido durante las protestas, alegando que fue una acción pacífica. “Los despidos son un claro indicio de que Google prioriza sus intereses financieros sobre el bienestar de sus empleados”, denunciaron los trabajadores expulsados de esta empresa.

Sundar Pichai, CEO de Google, remarcó que lo que más importa a la empresa es mantener la productividad y la seguridad en el lugar de trabajo, “especialmente en un momento crucial para el desarrollo de la inteligencia artificial”.

Esta no es la primera vez que los empleados de Google expresan su descontento con las decisiones de la compañía. Anteriormente han precedido otras acciones de protesta que han cuestionado la ética sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y otros acuerdos comerciales que la empresa ha asumido.

En las acciones de protesta contra el Proyecto Nimbus, los trabajadores de la empresa también han expresado su descontento contra el aumento del número de muertes durante la ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la población civil de Palestina, que ha cobrado la vida de más de 34 mil personas.

El grupo No Tech for Apartheid afirma que, con el Proyecto Nimbus, sigue sin estar claro cómo se utiliza la tecnología en la guerra contra Palestina.

"Los trabajadores tienen derecho a saber cómo se utiliza su trabajo y a opinar para garantizar que la tecnología que construyen no se utiliza para hacer daño", afirma el grupo en un comunicado. 

México: Reforma a la Ley de Amparo limita defensa contra violaciones de autoridades públicas

OAXACA, OAXACA, 25NOVIEMBRE2022.- Decenas de mujeres marcharon este viernes hacia la Alameda de León en la ciudad de Oaxaca cómo parte de la “Jornada de indignación contra el feminicidio en Oaxaca”, convocadas por colectivas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las manifestantes exigieron un alto a los feminicidios que en Oaxaca suman 715 desde 2016. FOTO. CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM

El Senado de la República de México aprobó la reforma a la Ley de Amparo la cual quita a los jueces la facultad de suspender de manera provisional -mientras tramita un juicio de amparo-, las leyes y decisiones de gobierno, incluso obras públicas, que sean impugnadas. 

Es decir, los jueces no podrán detener obras o normas, de forma cautelar ante posibles violaciones de derechos humanos, durante el trámite del juicio de amparo, situación que ha ocurrido, por ejemplo, en juicios de amparo contra las obras del Tren Maya, que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y organizaciones sociales.

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Con 69 votos a favor, 42 en contra y cero abstenciones, se aprobaron las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo. El proyecto fue propuesto por Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado. La iniciativa ahora debe votarse en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el documento La Ley de Amparo en Lenguaje Llano, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo es una de las herramientas jurídicas más utilizadas en México. 

El 2 de abril de 2013, entró en vigor la actual Ley de Amparo en México. Pero, el amparo no es nuevo en México, existe a nivel federal desde la Constitución de 1857. 

El amparo se puede interponer contra actos de una autoridad, omisiones de una autoridad, normas generales - ya sea tratados, leyes federales, estatales, bandos

municipales, decretos, normas oficiales, entre otros -, cuando se considere violado un derecho humano.

El juicio de amparo permite a todas las personas defenderse de los actos de la autoridad pública que violen sus derechos humanos. Estos actos pueden provenir de policías, agentes del ministerio público, regidores e incluso hasta de los actos de los mismos jueces.

Mientras los senadores de la oposición justificaron que la iniciativa de Morena busca blindar los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el dictamen aprobado se destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar “el respeto irrestricto a la separación de poderes”. 

También se subraya que el juicio de amparo es un medio de control constitucional contra los actos emitidos con motivo del ejercicio del poder. Sin embargo, en el dictamen se argumenta que “no debe ser utilizada como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro”.

Feministas alertan por incremento en agresiones contra defensoras en Centroamérica

En portada: Organizaciones indígenas y feministas se manifiestan por sentencia en caso del asesinato y feminicidio político de Berta Cáceres, quien coordinara el COPINH. Foto: Orlando Sierra. 

Organizaciones feministas en México y Centroamérica han alertado que, durante 2023, se registró un incremento de agresiones contra defensoras de derechos humanos en los países de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.

De acuerdo a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), el año pasado contabilizaron 6,214 agresiones contra defensoras, lo que representa un aumento del 13% respecto al año 2022.

Según los datos, este incremento se debe a que las agresiones colectivas pasaron de 2,683 en 2022 a 3,828 en el año 2023. Destaca en este rubro el aumento de la violencia en Honduras, donde este tipo de agresiones se triplicaron respecto al año precedente.

En su registro, las organizaciones feministas resaltan que al menos 10 defensoras fueron asesinadas, mientras que otras 47 sobrevivieron a intentos de homicidio. Los asesinatos del 2023 acontecieron en México, Honduras y El Salvador.

Entre los casos se encuentran los homicidios de tres mujeres transexuales, así como de tres buscadoras de familiares desaparecidos en México. También destacan que las agresiones se expresan en la criminalización de la labor de defensa de derechos humanos, pues a nivel regional se registraron 130 causas judiciales y 116 detenciones arbitrarias. 

“Documentamos 47 detenciones en México, 37 en Honduras, 30 en Nicaragua y 2 en El Salvador. Más de la mitad de las detenciones arbitrarias en México (24) se perpetraron en el mes de marzo, la mayoría en el contexto de manifestaciones que conmemoran el 8 de marzo”, sostiene IM-Defensoras que, en el caso mexicano, enfatiza que solo en ese mes se registró el 24% del total de agresiones perpetradas en 2023.

Las organizaciones subrayan que durante 2023 identificaron que las agresiones son parte de una estrategia con el objetivo de criminalizar a las defensoras mediante actos de divulgación de hechos falsos y campañas de desprestigio.

En total, las agresiones afectaron a 1,188 defensoras y a 73 organizaciones que trabajan en labores de defensa de derechos humanos en los cuatro países analizados. A su vez, enfatizan que, mientras marzo se confirma como el mes más peligroso, la tendencia de años anteriores - de que los Estados son los principales agresores - también se repitió en el último registro.

“Casi la mitad de las agresiones registradas en este año (47,8%) fueron perpetradas por actores estatales: autoridades públicas locales, estatales o federales/nacionales (23,5%), agentes policiales (23,1%) o fuerzas armadas (1,2%)”, detallan las organizaciones feministas, quienes añadieron que estas agresiones suceden con frecuencia debido a que las autoridades buscan proteger intereses y actores privados. 

Desplazamiento forzados

Una de las violencias que han cobrado relevancia, debido a su incremento como por los impactos generados es de los desplazamientos forzados. “Durante 2023 documentamos 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados, lo que supone 4 veces que más que en 2022”, alertan las organizaciones feministas. Honduras y Nicaragua encabezan las cifras con mayor desplazamiento de defensoras, con 168 y 69 personas respectivamente.

“A los desplazamientos internos y externos antecedieron un conjunto de agresiones que obligaron a las defensoras a abandonar de manera forzada sus comunidades. Son agresiones que no sólo buscan detener su trabajo de defensa en los territorios, sino también castigarlas en un intento por destruir sus proyectos de vida y debilitar sus redes de apoyo. Además lanzan un mensaje que genera temor en las mujeres y las comunidades, inhibiendo así la defensa de los derechos humanos”, enfatiza IM-Defensoras.