^{En portada: Asistentes al velatorio de la lideresa Maria Fátima Muniz de Andrade condenaron el ataque de ruralistas contra poblaciones indígenas en el sur de Bahía. Foto: Leo Otero.}

Este domingo (21), un ataque de terratenientes y ruralistas -promotores del agronegocio en Brasil- provocó la muerte de la indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, quien se desempeñaba como majé (chamán femenina) en su comunidad Pataxó Hã-hã-hãe.

El crimen ocurrió en el municipio de Potiraguá, en el territorio indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, reivindicado por el pueblo Pataxó. En el lugar se reportó la detención de dos hacendados por la portación ilegal de un arma; ambos son sospechosos de haber matado a tiros a Muniz de Andrade.

En el ataque armado también fue herido el cacique Nailton Muniz Patas, quien sufrió un impacto de bala en el riñon y por ello fue sometido a cirugía. Una mujer indígena sufrió la rotura de un brazo y otras personas fueron hospitalizadas.

Acorde al Ministerio de Pueblos Indígenas (MPI), alrededor de 200 hacendados y terratenientes de la región se organizaron a través de una aplicación de mensajería para recuperar la posesión de la hacienda Inhuma, que fue retomada por los indígenas Pataxó apenas el sábado pasado (20).

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Según la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Bahía (SSP-BA), el ataque fue organizado por un grupo denominado “Movimiento Invasión Cero”. Por su parte, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) difundió un comunicado para condenar la agresión armada. En él, subraya la importancia de garantizar la demarcación de las tierras indígenas como forma de resolver los crecientes conflictos por la tierra en Brasil.

“La retoma de la hacienda de Américo, en el territorio de Caramuru, comenzó en la madrugada del sábado pasado (20). La región se enfrenta a la intransigencia de los hacendados invasores, que se proclaman propietarios de tierras tradicionales y acusan a la población de ser ‘falsos indios’. La aprobación del marco temporal acentúa la intransigencia de los invasores, que se sienten autorizados a ejercer todo tipo de violencia contra el pueblo”, argumenta la asociación indígena.

Las declaraciones de la Apib hacen referencia a la revocación del Congreso Nacional, el pasado 14 de diciembre del 2023, de la mayoría de los vetos del presidente Lula al proyecto de ley 2903/2023, restaurando con ello el denominado “marco temporal”, un proyecto de ley que suprime protecciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

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“La propuesta, que ahora está en vigor como Ley 14.701/2023, ha dado a los finqueros, empresarios y políticos opuestos a la causa indígena aún más ímpetu para atacar a las comunidades indígenas en un intento de desalojar a las familias de sus tierras tradicionales.Para ello, utilizan la truculencia y la violencia”, asevera el Consejo Indigenista Misionero (CIMI).

Complicidad del Estado

Testimonios difundidos por la articulación de organizaciones políticas, territorios, pueblos y movimientos sociales en lucha autónoma por Tierra y Territorio, Teia dos Povos, aseguran que la policía militar, fingiendo mediar, abrió el camino para que los hacendados atacaran al pueblo Pataxó Hã-hã-hãe. 

Según los relatos, los ruralistas abrieron fuego contra los indígenas a pesar de la presencia de los cuerpos de seguridad y aún mas, con la anuencia y posterior participación de la policía militar bahiana en la agresión. Además de los hacendados detenidos, también fue arrestado un indígena Pataxó que portaba un arma artesanal.

“Además de las golpizas y torturas, (los indígenas Pataxó) sufrieron varias pérdidas materiales muy importantes para su autonomía. Los terratenientes incendiaron sus vehículos, rompieron sus teléfonos móviles, estropearon su comida”, denuncia la Teia dos Povos mediante sus redes sociales.

Cabe destacar que este crimen es solo el más reciente dentro de una ola de creciente violencia contra pueblos indígenas en Brasil. 

Acorde al CIMI, en poco más de 30 días (periodo entre el 14 de diciembre al 21 de enero), se han producido al menos ocho ataques contra pueblos indígenas en el Sur y Extremo Sur de Bahía, cuatro de ellos sólo en los primeros 21 días de enero. “La situación demuestra la necesidad de que los derechos territoriales reivindicados por los pueblos indígenas sean analizados y garantizados con rapidez y eficacia”, sostiene la organización.

El 21 de diciembre pasado, el jefe del pueblo Pataxó Hã-hã-hãe, Lucas Santos Oliveira, de 31 años, fue asesinado en una emboscada cuando regresaba de la ciudad de Pau Brasil con su hijo a su aldea de Caramuru -Catarina Paraguassu. 

Según el CIMI, los asesinos iban en moto, y hasta ahora no hay mucha información sobre los motivos o los sospechosos. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2023, un grupo de familias Pataxó de la comunidad Itacipiera, en el municipio de Trancoso, fueron atacadas por hombres armados que destruyeron parte de la comunidad, quemando motocicletas y electrodomésticos pertenecientes a los indígenas. La acción se produjo en un intento de desalojar a las familias de la zona que ocupan. 

El mismo día, un empresario entró en la aldea de Tibá, amenazando a mujeres y niños, después de que los indígenas prohibieran la extracción de arena para su comercialización en la aldea de Cumuruxatibá y la región circundante, esto debido a que se estaba afectando a los nacimientos de dos ríos que abastecen al territorio indígena.

Apenas el 5 de enero, un terrateniente de la región, acompañado de un grupo de personas no identificadas por los indígenas, intentó romper el candado que da acceso a un área recuperada en la región de Monte Pascoal, cerca de la aldea Jitaí. El área en poder de las familias Pataxó no fue invadida debido a la rápida acción de los líderes Pataxó.

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Para el 8 de enero, los indígenas Pataxó de la aldea de Quero Ver fueron sorprendidos por la presencia de policías militares de la Fuerza de Tarea dentro del área forestal de la comunidad, sin el consentimiento del jefe y de sus líderes. El caso fue denunciado al comando de la Policía Militar (PM) de la región y a la Justicia del Estado de Bahia.

Al día siguiente, 9 de enero, cerca de la aldea Trevo do Parque, se encontró el cadáver del indígena Ademir Machado Reis. El pasado martes (16), Roberto Bráz Ferreira fue encontrado sin vida en el interior de su casa, en la aldea de Barra Velha, con señales de golpes de hacha en varias partes del cuerpo. Líderes indígenas dicen desconocer el móvil y si hay sospechosos.

No obstante, para el CIMI es claro quienes están detrás de los ataques. 

“No hace falta investigar mucho para saber quiénes son las cabezas pensantes de ese ‘poder paralelo’, esa milicia armada que se ha instalado en Bahía, sus vínculos con los actos antidemocráticos que se han extendido por todo el país y que, abiertamente y sin ningún pudor ni temor a ser castigados, llaman a cometer acciones ilegales contra indígenas, trabajadores sin tierra y otros, porque están plenamente convencidos de que no serán penalizados. ¿Alguien puede explicar esta sensación de impunidad?”, reclama la organización que se solidariza con la reivindicación de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales.