Cerca de 50 abogados sudafricanos, liderados por el jurista Wikus Van Rensburg, están preparando una demanda legal contra los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, acusándolos de complicidad en los crímenes de guerra ejecutados por Israel hacia Palestina. La iniciativa busca procesar a los coautores de los delitos mediante tribunales civiles y cuenta con la colaboración de abogados estadounidenses y británicos.
En declaraciones a la agencia Anadolu, Van Rensburg argumenta que Estados Unidos debe rendir cuentas por las infracciones cometidas en la región, destacando la importancia de este proceso. Compara la situación con lo ocurrido en Irak, señalando que, a pesar de los crímenes cometidos, Washington no fue responsabilizado debido a la falta de atención adecuada sobre el tema. Afirmó que, actualmente, Estados Unidos está gastando recursos para permitir que Israel continúe sus ataques en Gaza, instando a poner fin a esta situación.
La acción legal surge tras las audiencias por genocidio en la Franja de Gaza presentadas por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Van Rensburg ve este caso como un ejemplo para su demanda y espera que, si la CIJ falla a favor de Sudáfrica, Estados Unidos pueda enfrentar sanciones incluso si no acepta el veredicto. Destaca que el fallo fortalecerá el caso contra la administración de Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos (EEUU).
El grupo de abogados ha escrito cartas abiertas a los líderes de EEUU y Reino Unido, recordándoles su responsabilidad en estos crímenes de guerra. Van Rensburg subraya que Sudáfrica ha presentado argumentos sólidos en La Haya y expresa confianza en llevar a cabo el proceso legal en el extranjero trabajando en conjunto.
Esta iniciativa refleja la creciente preocupación internacional por la rendición de cuentas en conflictos armados y destaca la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de guerra en Palestina.
Alemania defiende a Israel
Mientras tanto Alemania ha resaltado su apoyo a Israel, rechazando la acusación de "genocidio” que viene realizando en la Franja de Gaza. El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, anunció la intención de intervenir como tercera parte en el proceso, generando divisiones en la comunidad internacional.
Esta declaración de apoyo a Israel fue recibida con entusiasmo por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien expresó su agradecimiento al canciller alemán, Olaf Scholz. No obstante, la presidencia de Namibia condenó la posición de Alemania, recordando el genocidio cometido por colonizadores alemanes en Namibia a principios del siglo XX.
Namibia expresó su consternación y cuestionó la autoridad moral de Alemania al recordarle que este Estado fue responsable del genocidio de los pueblos Herero y Nama en Namibia, ocurrido entre 1904 y 1908, donde los colonizadores alemanes asesinaron de entre 34 mil y 110 mil personas de estos pueblos nativos.
Berlín acabó reconociendo en 2021 lo ocurrido como un genocidio, pidió disculpas y ofreció una indemnización de 1,100 millones de euros a los descendientes.
La Presidencia de Namibia considera que Alemania, al respaldar a Israel, carece de autoridad moral para declarar su compromiso con la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio. Hace referencia a las muertes violentas de más 23 mil palestinos en bombardeos israelíes y acusa a Alemania de respaldar un "holocausto y genocidio" en Gaza.
En portada:Como parte de las protestas por la desaparición de los defensores, familiares y amigos se concentraron fuera de la Procuraduría Agraria el 27 de enero de 2023. Foto: Oliver Méndez/ObturadorMX
El pasado lunes (15) se cumplió un año de la desaparición forzada del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y del profesor y líder de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Ambos sostenían la defensa legal de la población nahua, ubicada en la región Sierra Costa de Michoacán, para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.
Lagunes y Díaz fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima, después de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde aquel momento no se tiene información de su paradero y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.
Familiares de los defensores desaparecidos realizaron una manifestación en la Glorieta de las y los desaparecidos, en la Ciudad de México, el 22 de enero de 2023. Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX
El crimen ocurrió a pesar de que, meses atrás, Díaz y Lagunes habían alertado a las autoridades, tanto estatales como federales, sobre una serie de amenazas contra ellos y otras personas de la comunidad indígena. Desde hacía tiempo, los pobladores nahuas señalaban a la minera, que extrae uno de los principales yacimientos de hierro en México, como un factor de división y fragmentación social al interior de la comunidad.
Pese a las advertencias reportadas a las autoridades de diferentes niveles, a quienes se les solicitó su intervención para mediar los conflictos entre la población y la minera para evitar la escalada de la violencia en la región, estas fueron ignoradas, destaca un comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (RedTDT).
No es un caso aislado
Mediante posicionamiento a un año sin información de su paradero, la RedTDT asevera que la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz no es un hecho aislado. “En los últimos 15 años han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales en México, 62 de ellas por defender el territorio indígena ante proyectos de minería y de tala clandestina de madera”, asevera la red de organismos de derechos humanos en México.
Cabe destacar que, durante el último año, en la región Sierra Costa de Michoacán se han registrado mas ataques y desapariciones contra otras comunidades indígenas y defensores del territorio. De acuerdo a la RedTDT, esto sucede en un contexto fuertemente marcado por la injerencia de la empresa Ternium y la presencia del crimen organizado.
El profesor Antonio Díaz se distinguió por ser un líder de su comunidad. Foto: cortesía de los familiares/MongabayManifestación de los comuneros de San Miguel Aquila a las afueras del Tribunal Unitario Agrario 38. Imagen tomada de un video realizado por Meridiano Colima/Mongabay
Resaltan los ataques contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, donde tres guardias comunitarios fueron asesinados días después de las desapariciones en Aquila. Ostula también reporta cuatro defensores del territorio que continúan desaparecidos.
También se registró, el 1 de abril del 2023, la desaparición de Eustacio Alcalá, perteneciente a la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, población que desde 2017 se declaró como territorio libre de minería y que mantiene una batalla legal para cancelar las concesiones minera de Las Encinas. Tres días después de su desaparición fue encontrado el cadáver de Alcalá.
Eustacio Alcalá, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla. Foto: Cortesía Centro Prodh/Mongabay
“Ante las múltiples exigencias de colaboración con la empresa, la respuesta de todos los actores fue continuar las negociaciones económicas dejando en segundo plano las desapariciones y sin fortalecer las estrategias de búsqueda y localización. Tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal aceleraron los acuerdos con la empresa Ternium, para reactivar la operación de la mina e incidieron en actores locales para que respaldaran esta decisión, aprovechando la gran dependencia económica que la mina históricamente ha generado en la comunidad”, destaca la RedTDT sobre el lento avance en la búsqueda de Lagunes y Díaz.
Acorde al posicionamiento, a un año de su desaparición forzada, las familias de los defensores han experimentado la realidad que viven miles de buscadoras y buscadores en México, “simulación, superficialidad en los compromisos de búsqueda e investigación y revictimización desde todas las esferas gubernamentales”.
En portada: Ejidatarios de Tila durante movilización en Ciudad de México para reclamar la devolución de 130 hectáreas usurpadas por la presidencia municipal en la década de los ochenta. Foto: La otra Ejido Tila
El pasado fin de semana, ejidatarios del municipio de Tila difundieron un par de comunicados para alertar sobre el incremento de la violencia y el asesinato de un integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) en el poblado chol, región norte de Chiapas.
En uno de los documentos difundidos, aseveran que fue durante la noche del viernes, 12 de enero de 2024, cuando integrantes de un grupo criminal dispararon con armas de uso exclusivo del ejército (calibre 9mm) contra Carmen López Lugo.
Los ejidatarios señalan como responsables del asesinato de López Lugo, quien fungiera como presidente del Consejo de Vigilancia en el periodo de 2018 a 2021, a la organización criminal conocida como “Autodefensas Karma”.
“Este grupo se ha visto promoviendo a unos supuestos precandidatos a la gubernatura del estado de Chiapas de apellido Sasil (Sasil Dora Luz de León Villard) y Eduardo Ramírez Aguilar (ambos senadores), para que se den cuenta que tipo de personas quieren gobernar el estado de Chiapas son líderes de la delincuencia organizada”, refiere el comunicado sobre Ramírez Aguilar, quien se enfila como el candidato por el partido Morena para las elecciones gubernamentales de este año.
A su vez, los ejidatarios de Tila señalan a José Rodrigo Martínez Parcero y su hermana Doctora Adelaida Cruz de Santis Martínez Parcero, ambos trabajadores de la secretaria de salud, (y Adelaida como funcionaria plurinominal del ayuntamiento municipal de Tila), como integrantes del grupo criminal. Estos personajes han sido denunciados también por coordinarse para la imposición, mediante falsificación de firmas, de Eduardo Gutiérrez Martínez como comisariado ejidal.
Carmen López Lugo fue asesinado la noche del viernes 12 de enero del 2024.
Los ejidatarios señalan que los asesinatos ocurridos en Tila “se han denunciado ante la fiscalía del estado y los tres niveles de gobierno se han hecho del oído sordo, y se ve claro que sigue el mismo narco estado y narco gobierno. Donde el gobierno federal, diciendo en sus mañaneras que el estado de Chiapas solo es un grupo de autodefensa, pero cuando la realidad los asesinatos a manos de grupos criminales siguen cada a día”.
En el documento, enfatizan que el ejido Tila canceló todo proyecto y programa federal en su localidad como forma de resistencia, y como respuesta, los grupos de poder ligados a Morena, y apoyados por la delincuencia organizada, están atacando su lucha y la de otros pueblos que se mantiene en resistencia por la defensa de la tierra el territorio y la vida.
“Están siendo asesinados por defender el derecho a la autonomía y la libre determinación que los tres niveles de gobierno no le conviene”, aseveran los ejidatarios choles, quienes desde 2015 expulsaron a los partidos políticos de su comunidad para ejercer su derecho al autogobierno.
Agresiones
En otro comunicado, difundido este domingo (14), los pobladores choles contextualizan sobre el incremento en la violencia en la región, pues “las ejecuciones de personas inocentes y narco menudistas han golpeado al ejido”.
Ante esta situación, los ejidatarios se deslindan de la violencia y condenan las acciones delincuenciales. Aseguran que dentro del ejido existen grupos “que han ejecutado a traición tanto como ejidatarios y grupos neutrales al conflicto agrario”, pero aseveran que el ejido mantiene su lucha por el territorio y la vida.
Ejidatarios de Tila durante movilización en Ciudad de México para reclamar la devolución de 130 hectáreas usurpadas por la presidencia municipal en la década de los ochenta. Foto: La otra Ejido Tila
“En la redes sociales circulan audios donde amenazan a cualquiera que habita dentro del núcleo de población ejidal, informamos que todas las organizaciones se mantengan al tanto de todas las acciones que promueven grupos delincuenciales dentro del ejido”, alertan sobre el clima de violencia que permanece latente entre las poblaciones de la zona norte de Chiapas.
También, enfatizan que “quienes resulten responsables de asesinatos, que se aplique la ley, sin importar a que grupo pertenezca ya que como ejido no encubre delincuentes”. Este posicionamiento, aseveran, es debido a que como ejidatarios aún se mantienen a la espera de la sentencia de un amparo que ya fue discutido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto es en referencia a una sentenia que, desde 2008, dio la razón a los ejidatarios choles para recuerar 130 hectáreas de su territorio, las cuales fueron usurpadas por el Ayuntamiento local.
“No planeamos ni organizamos asesinatos, cabe mencionar que hoy apenas estaba en la misa un compañero del congreso nacional indígena que fue asesinado a manos del grupo delincuencial, este 12 de enero , cuando se recibe llamada de auxilio que se habían acribillado, disparado a tres personas en una carnicería ubicado en el barrio chijtieja esto con la finalidad de desestabilizar al pueblo”, divulgaron.
Señalaron que la violencia procede del grupo autodenominado “Karma”, quienes recientemente agredieron a los asistentes a un festejo religioso. “Corrieron a los compañeros que estaban en la coronación del señor de Tila, sin importarles niños, mujeres y personas de otros estados, agrediendo e insultando al comité de festejo”.
Reportes de medios locales informan que por lo menos una de las tres personas heridas falleció. Ante ello, los ejidatarios hacen “un llamado a todos y todas las organizaciones se mantengan al tanto por lo que pueda seguir sucediendo dentro del ejido de Tila a pesar de la presencia del ejército, estaremos comunicando y denunciando”, detallaron.
En portada: “Como padres no vamos a dar ni un paso atrás”, declararon madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa ante el intento de división por parte de las autoridades federales. Foto: Juan Pérez / LatitudesPress
La tarde de este jueves (11), madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, denunciaron que el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T) repite las estrategias de administraciones pasadas para dividir a los familiares y obstaculizar las investigaciones para conocer la verdad sobre el caso.
Señalaron que, al mismo tiempo que el presidente despliega campañas de desprestigio contra organizaciones de derechos humanos, así como contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el ejército mexicano mantiene su negativa para la entrega de 800 folios de información que podrían dar claves para el esclarecimiento del paradero de sus hijos.
Mediante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” (Centro Prodh), los familiares de los estudiantes desaparecidos, acompañados de sus asesores legales, sostuvieron que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca dinamitar el diálogo y confrontar a los familiares.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, señaló que esa misma mañana se tenía programada la primera reunión formal con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), en la cual, la exigencia principal de los familiares era la entrega de los archivos generados por el ejército a través del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) ubicado en Iguala.
No obstante, al arribar al lugar, fueron sorprendidos por la presencia de un pequeño grupo de madres y padres vinculados a funcionarios relacionados con la desaparición forzada de los normalistas, entre ellos, a los ex gobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega, así como con el empresario Pedro Segura y el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“¿Qué es lo que está haciendo? Aunque le duela el Presidente de la República, decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar entre compañeros padres y eso es lo que pasó hoy, para que nosotros peleemos, pero no les quitamos su derecho (a los familiares), porque nosotras como madres y padres sí buscamos a los 43”, reclamó Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, quien destacó que debido a esta circunstancia decidieron no participar de la reunión.
“Es un gobierno tramposo, un gobierno sin escrúpulos, nomás diciendo pura barbaridad de nuestros equipos, sabiendo que él tiene la información sobre documentación de la Sedena que nosotros presentamos para aquellos folios que nosotros estamos exigiendo. No es necedad de los 43 padres de familia, ni es terquedad, es una exigencia que nos pertenece para saber la verdad”, aseveró Mario González, padre del normalista desaparecido César Manuel González.
Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recalcó que el gobierno, lejos de dar respuesta y entregar los 800 folios de información en manos de los militares, ha emprendido una campaña de descalificación contra los asesores legales de los familiares, así como contra el GIEI, la Comisión Interamericana y la Organización de Estados Americanos.
“Por muy presidente que sea no puede quitar ese derecho a las víctimas. No es un tema de una organización política, son víctimas los padres de familia que por delante tienen expedientes, tienen un trabajo técnico que se tiene que hacer y que estar asistidos por sus representantes legales. Pero el presidente hoy en día está desviando la atención, lejos de dar la información que tiene obligación de entregarla” sentenció el abogado.
Ejército niega documentos
Para los familiares y asesores legales, la exigencia principal es que el ejército entregue los documentos del CRFI, demanda que mantienen desde hace un año, derivada de la investigación que da seguimiento a la propia Covaj y la coadyuvancia del GIEI.
“Se revisaron con este motivo archivos militares, y se solicitó información a través de sendas baterías de preguntas que se hicieron al ejército mexicano. Con todo este trabajo, hasta el año 2022, llegamos con un conjunto de información importante, pero dentro de esa información hacen falta 800 folios. En estos folios tenemos un folio importante que habla del traslado de 17 estudiantes de barandilla municipal a Loma de Coyotes, a través de una intervención telefónica que el ejército hizo en la noche del día 26 de septiembre”, enfatizó Rosales.
El abogado de Tlachinollan compartió que también han solicitado información adicional al ejército. Entre esta, pidieronla comunicación completa, el dispositivo donde ésta se encuentra, así como los números telefónicos que fueron objetos de intervención y los militares que la realizaron; así mismo, exigieron que dichos elementos comparezcan.
“Esa información la deben, no nos la han entregado y, junto a ello, los 800 folios forman parte hoy en día en la investigación. Esos folios existen, ha sido admitido por el gobierno en las reuniones que tenemos, pero públicamente, en las mañaneras, se dice otra cosa”, denunció Rosales.
De acuerdo al abogado, es el ejército quien niega la información, “dice que no existe, sin embargo, en las reuniones serias que tenemos de la Covaj se han confirmado”.
La exigencia de las madres y padres es que el ejército entregue dicha información mediante reunión con la Covaj y a su vez, que Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Interamericana y la Organización de las Naciones Unidas, puedan hacer una revisión de la misma.
“Si de esa revisión resulta necesario hacer una revisión -y cito- en los cuarteles pues ya se verá, pero no podemos ahorita ir a los cuarteles cuando es un trabajo que ya se hizo desde el año 2019”, señaló el abogado de Tlachinollan.
En portada: Infancias se divierten y bailan durante los festejos del segundo aniversario de la Escuelita Comunitaria ubicada en la comunidad mazateca de Agua de Lluvia. Foto: Aldo Santiago.
La Escuelita Comunitaria “Agua de Lluvia” es un proyecto que nació como una necesidad de los niños y padres de familia de la comunidad del mismo nombre, enclavada en la Sierra Mazateca, al norte de Oaxaca.
Pese a que desde hace 10 años se viene gestando este proyecto, inspirado en la educación autónoma practicada por las comunidades zapatistas en Chiapas, fue hasta el 2021cuando se hizo pública la labor de esta propuesta dirigida a las infancias.
Los trabajos que las y los colaboradores imparten es diverso, pues lejos de centrarse en lo pedagógico, las tareas van desde el abordaje de las ciencias y artes, pasando por la defensa del territorio y el trabajo con la tierra.
“Nosotros siempre motivamos a los niños para que sigan estudiando. No con el afán que se consigan un trabajo y se vuelvan parte de la masa y se dediquen solo a pensar en el aspecto económico. Mas bien, es para ir sembrando la semilla de la consciencia social, política y también de su entorno”, comparte Jazmín Alvarado, colaboradora del proyecto de educación autónomo.
Talleres de encuadernación, cartonería, dibujo y serigrafía fueron algunas de las actividades que desarrollaron las infancias durante el segundo aniversario de la Escuelita Comunitaria. Fotos: Aldo Santiago.
En los dos últimos años, al trabajo de las y los colaboradores de la Escuelita Comunitaria se han sumado esfuerzos de individuos y colectividades para la impartición de talleres con herramientas de comunicación e historias de vida; además de trabajos con la tierra, como tequios y faenas para limpiar y sembrar; música, artes, encuadernación, serigrafía, preparación de alimentos, son algunos de los conocimientos compartidos en esta región donde, argumenta Alvarado, es difícil que las infancias puedan acceder a herramientas y conocimientos desde las instituciones educativas formales.
“Esos aprendizajes lo han estado adquiriendo los niños y se han abierto mas a un mundo de posibilidades”, celebra la colaboradora de la Escuelita Comunitaria durante una jornada que, entre pláticas, talleres, música y baile, forman parte del festejo del segundo aniversario del proyecto de educación comunitario.
Los festejos se enmarcaron en la solidaridad de colaboradoras y colaboradores que compartieron herramientas y conocimientos a las infancias. Fotos: Aldo Santiago.
“Abrirse a distintos conocimientos les permite a ellos ver otras posibilidades en su vida”, resalta Alvarado debido al contexto de incremento en la violencia y la actividad del crimen en la sierra mazateca. “Este espacio es, incluso para los colaboradores, un refugio y queremos que también así lo sea para los niños, adolescentes y adultos”.
La colaboradora sostiene que el festejo es de suma importancia pues de esa manera reafirman su compromiso con el espacio. “Nuestra idea es fomentar el tejido comunitario (…) No es solo ir y festejar, sino se están creando lazos sociales y se están consolidando esos lazos sociales, políticos”, enfatiza Alvarado.
Infancias se divierten y bailan durante los festejos del segundo aniversario de la Escuelita Comunitaria ubicada en la comunidad mazateca de Agua de Lluvia. Fotos: Aldo Santiago.
“Celebrar a los niños. Que los niños también se sientan festejados porque son ellos quienes han dado vida también a este espacio, que sientan que es una fiesta para ellos, para todos”, finaliza la colaboradora de la Escuelita.
En portada: Integrantes del colectivo La Esperanza de Sitilpech rechazan la operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de su comunidad. Foto: Katia Rejón/Memorias de Nómada.
Es alarmante cómo en los últimos años, el modelo agroindustrial de producción pecuaria ha generado fuertes conflictos en al menos ocho comunidades de Yucatán: Homún, Kinchil, Chapab, Maxcanú, Celestún, Tixpéual, Sitilpech y Santa María Chí. Estos conflictos se relacionan a la imposición de al menos 400 granjas porcícolas (SEMARNAT, 2023) en territorio yucateco, de cuya producción se ocupa principalmente el Grupo Porcícola Mexicano (Kekén) y el grupo KUO.
Esta problemática se inserta en una crisis socioambiental goblal que se deriva de una lógica de desarrollo extractivista que impacta de forma desigual a la sociedad. Las poblaciones más afectadas son aquellas en las que se imponen sistemas que impactan directamente a los ecosistemas y modos de vida tradicionales, desajustando la gobernanza, la cultura y la salud integral de la población.
La península de Yucatán no es la excepción, actualmente se llevan a cabo diversos megaproyectos que impactan de forma diferenciada a las poblaciones locales y su territorio, generando diversos conflictos socioecológicos en la región (Rodríguez-Robayo, 2022; Flores y Deniau, 2019).
Aspectos de la mega granja porcícola en Chapab, Yucatán Afectaciones por la contaminación de la industria porcícola en las tierras de los campesinos en la comunidad maya de Chapab. Fotos: Memorias de nómada
Ante esta problemática, han surgido diversas manifestaciones y denuncias públicas y legales contra la empresa Kekén, debido a la evidente violación a los derechos de las poblaciones afectadas, entre ellos el derecho a la integridad cultural de los pueblos indígenas, y el derecho sobre el reconocimiento a su valor y su participación en las decisiones que los afectan, derecho establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989). Así como la falta de respeto al derecho sobre sus tierras, por el despojo del que han sido objeto.
Como respuesta a estas denuncias, la empresa señalada se ha asociado con el gobierno Estatal y dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT). Además, ha financiado proyectos académicos a investigadores de Centros Públicos de Investigación pertenecientes al Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) como el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Yucatán, y contratado a empresas privadas entre ellas Fauna Peninsular.
Estas acciones, han sido punta de lanza de un sólo objetivo: despojar del territorio, deslegitimar las denuncias públicas emitidas y excluir a las comunidades afectadas. Así, la empresa, en alianza con servidores públicos, profesionales y académicos, coopta la producción del conocimiento para justificar la violación de los derechos comunitarios y criminaliza la protesta en pro de un desarrollo industrial al que le han nombrado “porcicultura sustentable” con argumentos de una supuesta conservación de la biodiversidad y compromiso social que solo constituyen un pseudoargumento para legitimar de forma fraudulenta los graves daños que ocasionan al ambiente y a la población.
En el poniente de Yucatán, comenzó hace más de 10 años los intentos de despojo del territorio por parte de la empresa Kekén con su establecimiento en las inmediaciones de los municipios de Kinchil y Maxcanú. Ante este hecho, se han realizado demandas ante el Tribunal Agrario sobre la apropiación ilegal en el territorio del predio denominado Cantukún. Desde ese entonces los posesionarios ancestrales y legales de este predio han sido amenazados y violentados por policías ministeriales y el caso sigue sin resolución (Kantún, 2019). Con el inicio de las obras también se realizaron quejas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), sin embargo estas fueron sorteadas por la empresa y continuaron con la construcción de la megagranja (Medina-Carrillo et al., 2021).
El estado de conservación de la biodiversidad que registran los estudios realizados en las inmediaciones de la granja porcícola establecida de forma ilegal en territorios del poniente de Yucatán (La Jornada Maya, 2023), es resultado de los procesos de manejo y uso tradicional de los recursos naturales por parte de las comunidades mayas que han habitado la zona desde hace más de 3,000 años, no así de las empresas que de forma infame se atribuyen ese logro.
Imágenes del monitoreo de fauna realizado por Kekén en las inmediaciones de la granja de Kinchil.
En zonas como el territorio de Kinchil, cuyas selvas fueron deforestadas como resultado del cultivo de henequén y posteriormente abandonadas, los ecosistemas se ha recuperado y mantenido gracias al manejo y conservación que realizan las poblaciones mayas actuales que habitan el territorio. Resultado de esto y como bien han constatado los académicos asociados a Kekén, quienes violando los derechos de sus legítimos posesionarios ingresaron sin consentimiento a esas tierras, en Kinchil la biodiversidad y el estado de conservación de la selva es sobresaliente.
No obstante, y con base en los muestreos de agua realizados por las comunidades locales en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los realizados por la misma SEMARNAT (SEMARNAT, 2023), hay una evidencia de que la calidad del agua en la zona se encuentra gravemente deteriorada, afectando directamente la salud del ecosistema y modos de vida de la población local. Ejemplo de ello es la pérdida de la certificación orgánica de apicultores de Maxcanú miembros de la Alianza Kaabnalo'on debido a la presencia de la granja en su territorio (Eleisegui, 2023). Las afectaciones por la contaminación del agua, suelo y aire, se recrudecen con las afectaciones económicas acaecidas a los productores de miel.
Apicultura en Maxcanú. Fotos: Greenpeace
Aunado a ello, el intento de la empresa Kekén de argumentar su supuesta propiedad de las tierras en las que se establece, constituye uno de sus atropellos más evidentes, el caso del predio denominado CANTUKUN que han intentado desaparecer con diversas estrategias legales y con la complicidad de autoridades administrativas y jurisdiccionales corruptas. Su imperante necesidad de convencer que no contamina la hace trastabillar ante lo evidente de sus abusos y hacerse pasar como una empresa socialmente responsable, se vuelve solo un mito.
Los esfuerzos de la empresa Kekén por deslegitimar las denuncias realizadas por las comunidades afectadas, evidencian una fuerte desigualdad, falta de justicia socioambiental en el territorio e irrespeto sobre sus posesiones ancestrales. Reflejan una evidente discriminación hacia las poblaciones mayas. Demuestran que los medios por los cuáles se ha tratado de afrontar la situación, responden a soluciones basadas en intereses productivos y económicos de las empresas y gobiernos que perpetúan las dinámicas de poder.
Habitantes de Sitilpech difunden información sobre la demanda de amparo contra la mega granja porcícola. Foto de Por Esto!En 2021, la SCJN suspendió la mega granja porcícola de Homún en respuesta a una demanda de amparo presentada por las infancias de aquella región.En 2021, distintas comunidades mayas organizaron una autoconsulta mediantela cual rechazaron la agroindustria porcícola en sus territorios. Foto del Equipo Indignación
En la actualidad, y derivado del aprendizaje y discusiones críticas entre académicos alrededor del mundo, se ha llegado a la conclusión de que para la construcción de estrategias justas y sostenibles, es indispensable transitar hacia estudios que comprendan la complejidad sistémica de las problemáticas asociadas al manejo de recursos naturales (Pichler, 2016; Martínez-Alier, 2004).
Para ello, es indispensable dejar de lado la generación de estrategias con beneficios a corto plazo basadas en el crecimiento económico, el cual se sabe que hasta la fecha sólo ha provocado el detrimento de la naturaleza. Por el contrario, es necesario incorporar los valores que las comunidades locales y pueblos indígenas le han dado a la naturaleza que en general han protegido y mantenido a lo largo de la historia (Pascual et al., 2023). Valores que han sido marginalizados en los estudios que avalan la supuesta “porcicultura sustentable”.
Es urgente situar los derechos de las comunidades indígenas y locales en el centro de esta problemática a partir de procesos inclusivos y realmente participativos, no sólo en la representatividad, si no en su participación activa en los espacios de toma de decisiones. Detener la violación a los derechos humanos, hacer justicia y asegurar la reparación de daños ocasionados a todas las localidades afectadas por la agroindustria porcícola alrededor de sus más de 400 granjas establecidas en el territorio yucateco.
Como se observa, el asunto estriba más allá de la fauna que sobrevive e intenta adaptarse a un ecosistema contaminado, al agua llena de amoniaco y coliformes fecales de cerdos, de su discurso ambientalista sobresalen los intentos desesperados por seguir justificando el despojo de territorios y la afectación directa a las comunidades y su entorno, de lo cual el gobierno local guarda absolutos silencio, ante la complicidad de sus funcionarios.
*Irina Llamas-Torres, Estancia Posdoctoral de Incidencia, CONAHCYT-INECOL **Carlos Llamá Ventura, Consejo Maya del Poniente de Yucatán, Chik’in-já y Colectivo Cantukún
