El pasado viernes (1), Irene Khan, experta de las Naciones Unidas, ha levantado la voz para mostrar su preocupación por las posibles implicaciones que podría tener la extradición y el subsiguiente procesamiento en Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para la libertad de expresión a nivel global.
Irene Khan es relatora especial sobre la libertad de expresión de la ONU, quien puntualiza que "recopilar, informar y difundir información, incluida la relativa a la seguridad nacional cuando es de interés público, es un ejercicio legítimo del periodismo y no debe tratarse como un delito".
Las declaraciones de la relatora se presentan en el momento más álgido del caso de Assange, ya que espera la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido sobre su apelación contra la extradición a Estados Unidos.
Assange se ha destacado como editor, redactor y activista, se enfrenta a 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 por la publicación de información clasificada en la plataforma de WikiLeaks, lo que podría acarrearle una pena máxima de 175 años de prisión.
De acuerdo con la relatora Khan, la principal preocupación radica en el uso de esta ley en el caso de Assange, ya que, "este estatuto no proporciona ninguna protección para la publicación de información de interés público".
Incluso, la especialista advierte que, en caso de que procesen a Assange en Estados Unidos por su labor informativa, "sentaría un precedente peligroso que podría tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación en Estados Unidos y posiblemente en otras partes del mundo", afirmó Khan, además de que no es la primera vez que un periodista recurre a documentos clasificados de interés público.
Khan insta a las autoridades británicas para que no extradite a Assange a los Estados Unidos, así mismo, que le retiren los cargos en su contra.
El caso del periodista ha sido objeto de controversia durante años, lo que incluye su arresto en 2010 y su permanencia en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde 2019.
El activista australiano ha sido objeto de una persecución legal prolongada, que muchos grupos defensores de la libertad de prensa consideran un intento de criminalizar el periodismo.
Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de la administración Donald Trump están relacionados con la publicación de documentos clasificados por parte de Manning en 2010, que detallaban crímenes de guerra y abusos cometidos por el gobierno estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo.
El destino de Assange sigue siendo incierto, pero su caso continuará siendo un punto de referencia crucial para el futuro del periodismo de investigación y la libertad de expresión en todo el mundo. Diversos periodista y activistas en el mundo se han pronunciado para que lo liberen y le retiren los cargos en su contra.
El bosque de Grünheide, en Brandeburgo, Alemania, se ha convertido en el escenario de una batalla entre Tesla y activistas que defienden el bosque. Ellos se mantienen habitando los árboles como un acto de protesta para detener los planes de expansión del fabricante de coches eléctricos.
Desde que Tesla anunció que pretende construir un complejo mayor para sus mercancías y almacenes, ampliando en más de una tercera parte su fabrica que hoy ocupa 300 hectáreas, las protestas se activaron.
Desde el pasado jueves (29), activistas ecologistas han ocupado parte del bosque estatal, donde Tesla quiere abarcar 170 hectáreas más. Han acondicionado tiendas aéreas entre los árboles, otros más a ras del suelo, ya que su protesta es por tiempo indefinido, han comunicado.
Los residentes de Grünheide también han respaldado esta protesta. En una consulta pública realizada el pasado 22 de febrero, los ciudadanos votaron en contra del plan de desarrollo propuesto por Tesla. El resultado fue de 3 mil 499 votos en contra y solo 1 mil 882 a favor de Tesla, dejando claro su compromiso con la protección del medio ambiente.
A pesar de esta victoria, los activistas no han considerado abandonar el bosque. "No podemos confiar en que se impida la ampliación", dijo una estudiante llamada Caro Weber.
La ocupación del bosque es liderada por la iniciativa llamada "Stop Tesla". Ha logrado atraer activistas de diversas partes de Alemania y se espera que se sumen más ambientalistas de la Unión Europea.
Hasta el momento se han adherido más de un centenar de personas y organizaciones como "Robin Wood", quienes suman fuerzas en la lucha por la preservación del medio ambiente.
A pesar de la oposición comunitaria, Tesla continúa avanzando con sus planes de expansión mientras busca un diálogo con los activistas, un canal que, por el momento se encuentra cerrado, pues la posición de los activistas es no dejar que la empresa avance sobre el bosque y proteger el agua potable de la región de los efectos nocivos de la expansión industrial.
"Estamos hoy aquí para mostrar la tarjeta roja al dueño de Tesla, Elon Musk, y a todos aquellos que le están ayudando a hacer aún más grande su mega empresa", se cita en un comunicado emitido por los activistas.
La producción de Tesla en Grünheide inició en 2022, “beneficiando a la comunidad”, ha dicho la empresa en un comunicado. En ningún momento habla de la deforestación provocada en las 300 hectáreas que hoy posee y de su ampliación sobre bosques estatales.
Hasta el momento, el escenario en el bosque es pacífico, pero la tensión de una posible represión está latente. La presencia policial comienza a intensificarse. La última palabra corresponde al municipio de Grünheide, decidir sobre el procedimiento del plan de desarrollo de Tesla o reconocer la voz de los ciudadanos de Grünheide.
El bosque Tabasco, sur de México, desplazados por inundación. Foto por Aldo Santiago
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó a finales de febrero la migración por efectos del cambio climático en América Latina y el Caribe. En una audiencia inédita, la Comisión recibió los testimonios de personas forzadas a desplazarse por los impactos ambientales de emergencia. La audiencia fue solicitada por 30 organizaciones de América Latina, el Caribe y Estados Unidos.
Fueron escuchados testimonios de personas de El Bosque (Tabasco, México), Cedeño (Marcovia, Choluteca, Honduras), Twuliá (La Guajira, Colombia), así como comunidades haitianas en las Bahamas y a lo largo de la región,quienes se han enfrentado a desastres repentinos o progresivos relacionados con los efectos del cambio climático. Entre ellos: huracanes, aumento del nivel del mar, erosión costera, cambios en la biodiversidad marina, sequías prolongadas e inundaciones. Estos vinculados también a las prácticas racistas de despojo y extractivismo de los recursos naturales que agudizan la degradación ambiental y la conflictividad social.
Lupita Mayoral, miembro de la comunidad de El Bosque, en Tabasco, sostuvo que su pueblo es el lugar donde se desprenden la mayoría de sus recuerdos, su historia y su identidad, y rememoró la paulatina desaparición de El Bosque por el aumento del nivel del mar desde 2019.
“Es importante que se impulsen protocolos.Es importante que nos brinden asistencia humanitaria que hasta el día de hoy no hemos recibido. Y también es importante que todos los países se unan, que Latinoamérica se una para poder hacer algo frente al cambio climático”, dijo.
Los efectos del cambio climático han generado pérdidas y daños de carácter económico, pero también humanas y culturales, que han obligado a muchas comunidades a desplazarse, reubicándose dentro de su propio territorio o incluso buscando protección en otros países.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos subraya que los impactos negativos del cambio climático afectan desproporcionadamente a personas y comunidades que ya experimentan situaciones desventajosas debido a dónde se encuentran ubicadas geográficamente, la pobreza, el género, la edad, alguna discapacidad, o incluso su ambiente cultural o étnico.
Como lo ha dicho el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, especialmente en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, múltiples formas de discriminación, como el racismo, el sexismo y el clasismo pueden combinarse, superponerse y converger. “Lamentablemente, estas comunidades, a su vez, son las que menos han contribuido históricamente a la emisión de gases de efecto invernadero”.
Según el IPCC, desde 2008, una exorbitante media anual de más de 20 millones de personas se ha visto desplazada internamente cada año por fenómenos meteorológicos extremos, siendo las tormentas y las inundaciones los más habituales. La intensidad y frecuencia de desastres naturales como huracanes o inundaciones, al igual que otros fenómenos como la escasez de agua o el aumento del nivel del mar, afectan la forma de vida de las personas.
También un estudio del Banco Mundial estima que el cambio climático podría
empujar al desplazamiento a más de 216 millones de personas de seis regiones del mundo, para 2050. Aunque las cifras proyectadas para el año 2030 ya prevén que pueden generarse zonas críticas de migración interna debido al clima y estas se seguirían ampliando e intensificando hasta 2050.
Entre las regiones más sensibles a los desplazamientos relacionados con el clima, de acuerdo con Organización Meteorológica Mundial, se encuentran los Andes, el noreste del Brasil y los países septentrionales de América Central.
La movilidad humana por factores climáticos ha causado un gran debate en torno a términos como “refugiados climáticos” y “migrantes climáticos,” al momento de identificar la manera correcta de referirse a estas personas. En la mayoría de casos, estas personas no son reconocidas legalmente como “refugiados.”Las organizaciones solicitaron a la CIDH la formación de un grupo de trabajo para garantizar los derechos de las poblaciones afectadas, en colaboración con ellas. Propusieron hacer reuniones en conjunto para ejecutar los derechos humanos asociados al desplazamiento forzado y el cambio climático.
El Fuerte de San Felipe, en Chetumal, logró detener a los piratas del siglo XVI pero no a la modernidad. A pocos kilómetros de la ciudad de Bacalar, donde se encuentra el fuerte y la bahía que lleva el mismo nombre, hay una pequeña población (41,754 habitantes) conformada en un origen por indígenas mayas, motivo por el cual el cuerpo de agua toma su nombre de un vocablo de la misma cultura (Bakhalal) que significa “rodeada de carrizos”. Sin embargo, tras cruzar la carretera con doble sentido que conduce a esta laguna milenaria, los hoteles de gran turismo que ofrecen habitaciones en idiomas extranjeros y algunos restaurantes de comida internacional, hacen que resulte imposible verificar la veracidad del origen del nombre.
Y el fenómeno se repite por toda la bahía. Con sus 45 kilómetros de longitud, lo que alguna vez fue una comunidad próspera, con orígenes indígenas y campesinos, ahora está circundada por resorts, casas en subarrendamiento por plataformas digitales y comercio internacional. Apenas tres escasos lugares mantienen entradas abiertas al público en general en la laguna, el Balneario Ejidal Mágico Bacalar, el Parque Ecológico y el Muelle. Estas son todas las entradas, incluso para los habitantes originarios.
“Es un problema que tiene origen en los años 70’s, que comenzó con el exgobernador priista, David Gustavo Gutiérrez Ruíz y concluyó con Jesus Martínez Roos. Antes de ellos, todas las tierras pertenecían a los ejidatarios y comuneros de Bacalar”, explica Aldair T´uut´, campesino maya habitante de Bacalar e integrante de la Asamblea Múuch' Xíinbal.
Para Aldair, el problema estalló tras el anuncio del Gobierno Federal de la construcción de un megaproyecto que contemplaba la construcción de una estación de tren a casi 20 kilómetros de su comunidad. “El Tren Maya, de la noche a la mañana, arrasó con manglares, vegetación y selva sin que las autoridades dieran avisos”, explica. Muchas personas, vecinas de Aldair y también mayas, tuvieron que mover sus viviendas para no ser aplastadas por el Tren.
No hay otra palabra que no sea “violencia”
Aldair T´uut´, como parte de la Asamblea Múuch' Xíinbal, explica que tras la llegada del tren, su principal interés como comunidad es la de mantener el diálogo con las autoridades federales para analizar los problemas que aparecieron en su comunidad con este megaproyecto, al que reclama, “nos robó la identidad”.
Sus mayores preocupaciones son dos. La primera tiene que ver con una vena del estero de Chac, un riachuelo que alimenta tanto a la laguna Xul-Ha como a Bacalar, donde denuncia que las autoridades han obstruido el flujo del agua, del tal modo que cortan la vida del lago. “La laguna de los siete colores tiene una vena tapada”, asegura entristecido.
La segunda preocupación es más compleja. Aldair comenta que tras la entrega de la gestión de los tramos 6 y 7 al ejército (que corresponden a los tramos de Bacalar), los militares fueron quienes realizaron las negociaciones con algunos integrantes de los ejidos. Muchos de ellos no tuvieron opción a negarse debido a intimidaciones. Dichos actos fueron expuestos al público por la propia comunidad sin que fueran retomados por los medios de comunicación locales, denuncia.
“Las negociaciones (del ejército) realmente terminan empujando al ejido. Ellos (los militares) dicen --bueno pues tuve que hacer esto (destrozar casas y vaciar viviendas) porque yo ya te compré las tierras a ti (comunero)--. Y eso tiene que ver con estrategias que hace el gobierno para dividir a la comunidad, o sea, a unos los obliga a vender y luego a los otros les obliga a ir a sacar a su propia gente de su tierra. ¿Cómo queda el pueblo? Así empiezan a crear conflictos y división”, explica.
¿Cómo llegó la SEDENA a dirigir el proyecto?
A pesar de que el gobierno asegura que son los militares quienes construyen el Tren Maya, salvo por las delimitaciones fronterizas con Belice, en todo Chetumal resulta extraño o poco frecuente ver militares en las callejuelas por donde dicen que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) construye lo que será el tren de pasajeros. Esto es igual tanto en la estación frente al aeropuerto como en el fragmento a tierra abierta del tramo 7 rumbo a la laguna de los siete colores.
Y tiene sentido, pues en un origen no serían militares los encargados de la obra. En un inicio, el gobierno delegó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) como la entidad que coordinaría los procesos de contratación para la construcción del Tren Maya. Para dicha labor, las autoridades hicieron uso de la empresa estatal Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V..
Los hechos cambiaron en septiembre del 2023 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó dicha labor a la SEDENA mediante la publicación de un decreto que otorgó facultades administrativas a través de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V,. en donde el 99% de las acciones fueron asignadas a la SEDENA y el 1% restantes al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada SNC. Dicho acto generó la ampliación al presupuesto castrense y determinó que serían ellos quienes ejecutarían el resto del proyecto.
Tan sólo en el mes de enero del año en curso, ya con los militares operando el proyecto, el Gobierno Federal ha erogado un total de 75,455,056.57 pesos mexicanos (4 millones de dólares al tipo de cambio del viernes 23 de febrero 2024), lo anterior con fines de continuar la construcción del megaproyecto. En total se trata de 23 adquisiciones divididas en dos secretarías, la SEDENA, con 16 contratos; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con siete. Así lo revela el portal de compras públicas del Gobierno de México analizado por este reportaje.
Sin embargo, algunos gastos no se pueden explicar sólo con las facturas que el gobierno hizo públicas. Y la revelación de los mismos carece de información relevante como los motivos de algunas compras, que podrían ser cuestionadas por sus costos o su escasa y confusa información.
Del total de contratos, aparece la compra, por ejemplo, de una serie de botes de 50 galones para el depósito de basura o residuos con un costo superior a los 7 mil pesos mexicanos cada uno. Sin embargo, este mismo producto se oferta al público por menos de la mitad del precio al que lo adquirieron los militares. Este contrato forma parte de un compilado de adquisiciones que el Gobierno Federal asegura que serán para el equipamiento de los edificios corporativos de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria (EPEM) “Tren Maya, S.A de C.V.”, la cual estaría lista este 2024 y que continúa sin operar.
Otro dato que resulta confuso es que el mismo documento es por un monto superior a los 21 millones de pesos y según lo reportado en CompraNet, se trata de una adjudicación a una pequeña empresa; sin embargo, cuando se analiza la información a profundidad, resulta que se trata de varias compras comprimidas pero dirigidas a diferentes razones sociales.
El equipo de este reportaje solicitó una entrevista con el personal de SEDENA para tratar de comprender el motivo de dichas compras pero hasta el momento del cierre de esta edición, ninguna autoridad respondió a la solicitud y la información de los contratos carece de descripciones explícitas de las compras, cuando se solicita esta información por transparencia, se niega apelando a Seguridad Nacional.
Respecto a las compras de tierras ejidales por la misma SEDENA, la comunidad de Múuch' Xíinbal asegura que no fueron debidamente informados, de tal modo que vía transparencia, se solicitó el listado de comunidades que fueron informadas de dichos procesos. Sin embargo, el documento donde se reportan dichas actividades se encuentra tan testado que resulta imposible saber si la comunidad fue advertida debidamente de los procesos.
“Ellos dañaron nuestro río pero nadie resultó cuestionado, si hubiéramos sido nosotros estaríamos presos. Aquí el gobierno dijo que se trató de un error humano pero no fue así. Entonces me pregunto, cuál Tren Maya, cuál cultura” y Aldair T´uut´ termina, “Nos lo arrebataron todo, hasta el nombre”.
En portada: Miembros de la Comunidad Otomí durante su participación en la Segunda Asamblea por el Agua y la Vida realizada en Amealco, Querétaro. Foto: Santiago Navarro F
Organizaciones, pueblos y colectivos en defensa del agua, en múltiples geografías de México, convocan a la Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida a realizarse los próximos días 23 y 24 de marzo en la comunidad de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala.
En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, la convocatoria enfatiza que el despojo del territorio y, por ende, el saqueo del agua contra los pueblos originarios y comunidades indígenas, no solo sucede en este país, sino a nivel global pues consideran forma parte de la guerra capitalista.
En ese sentido, subrayan que a pesar de que el agua es un elemento esencial para la vida, la crisis hídrica actual muestra que su disponibilidad está al servicio de la industria y millonarios. En particular, señalan el caso de las comunidades de Tlaxcala, estado sede de la próxima Asamblea, donde acusan se vive la sobreexplotación de pozos de agua a través de la instalación de industrias e inmobiliarias sin ningún tipo de regulación.
Señalan que la población del municipio sede, La Magdalena Tlaltelulco, se enfrenta al “despojo autoritario y violento de los pozos de agua pertenecientes a la comunidad ejidal, poniendo en riesgo su única fuente de subsistencia que es la agricultura, pero también la vida comunitaria con sus dinámicas y formas de organización propias y autónomas”.
También mencionan a las empresas trasnacionales que llegan al estado de Tlaxcala mediante proyectos de energías verdes, los cuales “llegan a privar a la población de las lluvias y el agua para las cosechas. Estos proyectos de “desarrollo” contaminan el suelo, el aire y las aguas que llegan a ríos y lagos, dañan la salud de las y los pobladores”.
Movilizaciones frente a las instalaciones de la CONAGUA en la Ciudad de México. Septiembre, 2023.
Las organizaciones lo ejemplifican también con la falta de agua que prevalece en la Zona Metropolitana del Valle de México. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que el “Día Cero”, es decir, cuando el suministro libre de agua terminará y el acceso al líquido comenzará a ser racionado para dicha región llegará el próximo 26 de junio.
Al mismo tiempo, señalan que la iniciativa privada exige la “actualización” de los marcos legales y regulatorios para continuar con el acaparamiento del agua. Ante ello, denuncian que existe una “guerra por el agua” donde CONAGUA “opera con impunidad y complicidad en beneficios de la iniciativa privada, las transnacionales y al gran capital financiero”.
¡Sí hay agua, la tienen secuestrada!
La convocatoria emitida este martes (27) cita una investigación realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana donde indica que “un reducido grupo de políticos y empresas son responsables del saqueo y despojo del agua entre los que destacan: la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con un despojo de agua de 143.7 mil millones de litros al año, Mexicana del Cobre, con un despojo de agua de 445 mil millones de litros al año y Compañía Industrial Minera, con un despojo de agua de 8 mil millones de litros al año”, detallan.
Enlistan también empresas que producen alimentos chatarras, tales como la trasnacional Coca Cola, que reporta el uso de 55 mil millones de litros de agua al año. O las empresas Danone y Nestlé, la primera que extrae 15 mil millones de litros y la segunda con 10 mil millones. “Sigue la lista, con Bimbo, Bachoco – empresas de pollo, Walmart, empresas inmobiliarias, y muchas más recibiendo toda el agua que quieran, mientras muchas personas y familias no tienen”, enfatizan.
Despojo y reordenamiento, institucionalizados
Las comunidades y organizaciones lanzan un llamado de alerta frente a diversas iniciativas que, desde el ámbito gubernamental y legislativo, pretenden institucionalizar el despojo del agua.
Citan los casos que se desarrollan en Querétaro con la iniciativa de Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado; en Puebla con la Ley de Agua y Saneamiento y en Tlaxcala con la Ley para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Cabe recordar que en Querétaro, desde marzo de 2021 existe una resistencia ante la denominada Ley de Aguas la cual contempla la posibilidad de que los municipios y la Comisión Estatal de Aguas (CEA) puedan privatizar el agua al otorgar concesiones a empresas particulares por un plazo de hasta 20 años.
De acuerdo con activistas e integrantes de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán, no bastó con evidenciar el saqueo del agua y las múltiples irregularidades en que incurrieron funcionarios públicos, pues ello no fue tomado en cuenta por la CEA, quien favoreció a empresas privadas en su mayoría inmobiliarias por encima de los derechos de los pueblos.
Esto sucede aún cuando en un reporte del pasado 5 de febrero, CONAGUA apuntó que Querétaro es una de las entidades donde se reporta una sequía excepcional.
A su vez, la convocatoria también elude al acelerado proceso de reordenamiento territorial a través de megaproyectos promovidos por la autodenominada “Cuarta Transformación”.
Enre ellos están el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Proyecto Integral Morelos. “En Querétaro, CDMX, Tlaxcala y Puebla, el reordenamiento se nombra: Tren México-Querétaro, Programa General de Ordenamiento Territorial, Programa Metropolitano de Puebla-Tlaxcala respectivamente”.
Las comunidades en resistencia aseveran que estos planes y programas son diseñados y orquestados por un puñado de personas, “que pretenden decidir sobre la vida de pueblos completos, para satisfacer su ambición y atender las demandas de los grandes inversionistas diseñando la muerte y la destrucción de nuestras comunidades”.
Trabajos de la Tercera Asamblea por el Agua y la Vida realizada en la ciudad de México.
En el llamado para participar en la próxima Asamblea, se hace énfasis en lo que consideran crisis estructural así como por la violencia, el incremento de la inseguridad y de las actividades del crimen organizado con “la proliferación de grupos paramilitares, se incrementaron al amparo de la clase política y el gobierno en turno; el objetivo, contener la resistencia y organización de los pueblos”.
Ante ello, los convocantes a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida definen sus principios como anticapitalista, antipatriarcal y antipartidista, autónoma y autogestiva. Remarcan que “luchamos, defendemos y resistimos desde nuestra misma existencia y nos sostenemos en la construcción de cuidados colectivos en la búsqueda de la autonomía de nuestros cuerpos-territorios tejiendo redes comunitarias por la defensa de la vida”.
En portada: Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.
El pasado 21 de febrero, en una sesión de cabildo celebrada en el Municipio de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, se declaró el territorio municipal zoque “libre de minería”.
De esta asamblea derivó el llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, para que “nieguen la autorización de manifestación de impacto ambiental” para la empresa canadiense Minaurum Gold, quien pretende explotar oro y cobre en esta región.
Días después de esta declaratoria, la titular de Semarnat respondió a la determinación de las autoridades municipales de San Miguel Chimalapa, expresando su reconocimiento a la decisión de este pueblo indígena zoque.
En un oficio dirigido al Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional, Albores González afirmó que “el Gobierno de México celebra y respalda la decisión de declarar el territorio ancestral zoque libre de minería”.
Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.
Reafirmó el compromiso del gobierno de México de no autorizar ningún proyecto de minería en el territorio de San Miguel Chimalapa y destacó que la determinación del municipio representa un acto de defensa de sus espacios y fuente de vida, así como de protección a las personas, familias y comunidades.
La realidad
A pesar de la declaración de las autoridades ambientales, las dos concesiones mineras que comprenden el proyecto minero Santa Marta, perteneciente a la empresa Minaurum Gold, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, se encuentran vigentes ante la Secretaría de Economía.
Estas concesiones están establecidas en el lote minero Jackita y Mar de Cobre según los títulos, las cuales tienen una vigencia hasta 2055 y 2058 cada una, así lo establecen los documentos emitidos por la Secretaría de Economía.
Además de ello, Minaurum Gold, Inc. especula con sus acciones en la bolsa de varores, donde contempla, en su cartera, a los proyectos Álamos, Aurifer, Adelita, Aurena, Vuelcos del Destino, Biricu, Taviche y Santa Marta.
Darrell Rader, el presidente y CEO de Minaurum Gold, ha anunciado el pasado 14 de febrero a sus inverionistas, que sus principales descubrimientos están en México. “Tenemos lo que llamamos un modelo generador de descubrimientos y el objetivo es adquirir, avanzar y, en última instancia, monetizar proyectos a escala de distrito en México”, señaló el representate de la empresa.
Además, Darrell Rader ha agregado que tienen, “un historial de haber descubierto más de 16 millones de onzas de oro y 300 millones de onzas de plata en México hasta ahora. Y, por primera vez, Minaurum ha reunido a todo su equipo para hacer un nuevo descubrimiento”, sin detallar cual es el nuevo descubrimiento.
A esto se suma que las dos concesiones mineras están ubicadas en dos municipios, San Miguel Chimalpa y Santo Domingo Zanatepec, el segundo municipio no ha emitido declaración alguna.
El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Vicente Contreras, ha advertido que están en litigio con Zanatepec, por un problema de límites, de un aproximado de 13 mil 480 hectáreas. En esa extensión se encuentran las minas. “Hubo una sentencia en 2001 y otra en 2017 a favor de Zanatepec. Entonces, actualmente, hay un nuevo proceso con un recurso de revisión que interpusimos que, hasta el momento, sigue en el tribunal”, señala la autoridad agraria.
Así que la situación “aún no está resuelta y están latentes las diversas estrategias que ha usado la empresa [para lograr los permisos], entonces estamos a la expectativa”, advierte.
Contreras está consiente de que las concesiones mineras tienen una vigencia de 50 años y que la empresa ha buscado diversas estrategias para poder avanzar con la exploración minera. “Es seguro que en algún momento vuelvan a intentar entrar a nuestras comunidades. Pero lo que nos urge es resolver el límite de tierras y después buscar hacer conciencia con el muncipio vecino para que de ninguna forma se de entrada a la minera”, dijo el comisariado.
