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Se desatan enfrentamientos y desplazamientos en región frontera de Chiapas

En portada: Miles de pobladores de Chicomuselo rompieron el miedo y salieron a exigir el fin de la violencia que azota la región desde 2021. Octubre, 2023.

Pobladores del municipio de Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas, difundieron que desde el pasado jueves (4) se registran enfrentamientos armados en la región, agravando la crisis de violencia que se mantiene constante desde el año 2021.

Mediante comunicado, los habitantes informaron que aquel día por la mañana se suscitó un enfrentamiento en el ejido de Nueva Morelia, entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS).

Según el testimonio, el choque armado se extendió durante siete horas, durante las cuales la población se resguardó, pese a que las balas atravesaban las láminas que componen sus hogares. “Cientos de familias atemorizadas por tanta violencia, se vieron obligadas a salir. Nos están matando, nos están forzando a dejar nuestros hogares y a otros a ser parte de ellos”, detallan.

También reportan la muerte de 20 personas, entre ellas la de dos civiles y la imposibilidad de que sus familias pudieran recoger sus cuerpos por temor a ser confundidos como integrantes de grupos criminales.

Imágenes demuestran la intensidad de los enfrentamientos

Para los pobladores de Chicomuselo la persistencia de las agresiones armadas deriva en experiencias traumáticas que dañan la salud de sus habitantes, en especial de las infancias. Además, denuncian el desplazamiento forzado de los habitantes del ejido Nueva Morelia donde se registraron los enfrentamientos.

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“La comunidad de Nueva Morelia (donde habitan más de 700 personas) tuvo que salir el 5 de enero porque no hay seguridad para permanecer en sus casas, puesto que ninguna autoridad les ofrecía quedarse garantizándoles seguridad”, sostienen.

Un testimonio* refiere que la totalidad de pobladores de cuatro ejidos de Chicomuselo tuvieron que huir de sus hogares para buscar refugio. "Son aproximadamente 1,700 personas desplazadas del Barrio La Pinta, San Francisco, El Limonar y Nuevo Morelia", asegura la fuente que por razones de seguridad se mantiene anónima.

A su vez, asevera que elementos de la Guardia Nacional realizan incursiones en los territorios en disputa, pero nunca permanecen en el lugar, por lo que la zona representa un peligro para el tránsito de los habitantes de la región.

“Lo que queremos es que las autoridades intervengan para limpiar todo este mal y podamos regresar a nuestra tierras. Muchos estamos sin recursos económicos y con hijos pequeños”, reclama el testimonio.

Crisis permanente

Durante el pasado fin de semana, reportes ciudadanos alertaron sobre la continuación de los enfrentamientos armados, así como bloqueos y retenes dirigidos por personas fuertemente armadas. En consecuencia, se registran cortes de energía eléctrica, escasez de alimentos, cierre de negocios y desplazamientos forzados, tanto en la Sierra Madre como en la región fronteriza con Guatemala.

“Hemos visto salir a cientos de familias de Nueva Morelia y comunidades vecinas por temor a que se sigan suscitando los enfrentamientos, pues en esta zona hay intereses grandes la minería y el control de la frontera”, contextualizan los pobladores de Chicomuselo. 

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A su vez, señalan que desde el pasado 26 de diciembre del 2023, los pobladores de El Limonar fueron desalojados por grupos armados, presuntos integrantes del CJNG. “La gente huyó pidiendo alojamiento en comunidades vecinas y otros hacia los cerros”, relataron.

Otras denuncias anónimas señalan que el epicentro del enfrentamiento armado más intenso se sitúa en el Ejido Sonora-Escobilla. Otras poblaciones como Reforma, Monte Ordóñez, Bañadero, así como del municipio Amatenango de la Frontera y municipios vecinos, también son testigos de los choques entre los grupos armados que disputan el control de la región.

“En Bellavista sólo queda el 30 por ciento de su población, el resto se ha desplazado ya. Abandonaron sus casas porque además de la presencia de gente armada se agotaron los víveres y alimentos. No hay nada en las tiendas de abarrotes. Del ejido Independencia reportan ocho personas desaparecidas, de la cabecera municipal otras tres, todas estas de forma reciente. Pero los familiares no denuncian ante las autoridades por temor a represalias”, señala otra denuncia.

¿Porque las autoridades no actúan?

En medio de la crisis de violencia, los pobladores señalan que la presencia de autoridades es prácticamente nula, lo cual genera preocupación entre los habitantes de la región.                  

En los municipios de Frontera Comalapa, Bellavista, La Grandeza, Chicomuselo y Amatenango de la Frontera, así como en Motozintla, se respira miedo y terror entre la población, por lo que se comparten mensajes para evitar transitar por las rutas que conectan dichas localidades por la peligrosidad que representan.

Ante la situación, el pueblo de Chicomuselo reitera que “el Estado no ha logrado garantizar la seguridad al pueblo; vemos como sociedad civil que tanto el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y estatal no cumplen en su función de garantizar la paz y la seguridad para el pueblo que tantas veces lo ha exigido”. 

En las denuncias señalan que las fuerzas de seguridad militares han permitido que el CJNG mantenga control de la cabecera municipal donde impunemente colocan retenes y bloquean las vías con camiones de volteo. En esos puntos, señalan, los integrantes del crimen organizado realizan revisiones a los pobladores y además cuentan con casetas y cámaras de vigilancia.

Organizaciones indígenas como el Modevite se han pronunciado en solidaridad con los pobladores de Chicomuselo. Mientras, las autoridades de los tres niveles permanecen omisas. Foto: Aldo Santiago

“El pueblo ha resistido y seguirá resistiendo a no pagar cuotas ni ser cómplices de estos grupos criminales, por lo que exigimos a los tres niveles de gobierno que actúen conforme a derecho; devuélvanle al pueblo lo robado: nuestra libertad, nuestros bienes materiales que con tanto trabajo hemos logrado, nuestros espacios de trabajo, la educación de nuestros hijos, la seguridad”, sostuvieron. 

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Además, exigen a la Secretaria de Seguridad Federal que visite la región para que pueda atestiguar la crisis de violencia. “Que pueda vivir lo que nosotros estamos viviendo: el miedo y el terror, la indignación e impotencia ante tanta violencia. Como ciudadanía nos cuestionamos ¿Por qué el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal no actúan? ¿Qué esperan para desarticular y desarmar a estos grupos criminales que están usando a la gente como barrera humana?”, cuestionaron. 

Finalmente, realizaron un llamado a la solidaridad internacional, así como a los organismos de derechos humanos y medios de comunicación para dar cuenta de la gravedad de la situación en la región.

*Información actualizada el miércoles 10 de enero.

Julian Assange se enfrenta a un momento decisivo sobre posible extradición a EEUU 

Se acerca la fecha límite en que jueces británicos decidirán sobre la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a Estados Unidos. La decisión será tomada entre los días 20 y 21 de febrero en el Tribunal Superior de Londres. 

El periodista australiano, de 52 años, se enfrenta a 17 cargos relacionados con la posesión, recepción y difusión no autorizadas de información clasificada en virtud de la Ley de Espionaje de los Estados Unidos (EEUU). Entre estos cargos se encuentra una acusación de conspiración para cometer intrusión informática. 

En caso de que Assange agote todas las vías legales y sea extraditado a los Estados Unidos, se enfrentará a un juicio en Alexandria (Virginia), con una posible condena de hasta 175 años en una prisión estadounidense de máxima seguridad. Estos cargos fueron iniciados por la administración Trump a raíz de la publicación por Wikileaks de los documentos filtrados por la analista de inteligencia del Ejército estadounidense Chelsea Manning en 2010, una de las principales fuentes de Assange. Los materiales filtrados exponían crímenes de guerra cometidos por el gobierno estadounidense en Guantánamo, Cuba, Irak y Afganistán, junto con casos de participación de la CIA en torturas, detenciones y entregas.

Diversos periodistas sostienen que procesar a Assange sienta un peligroso precedente contra el periodismo, ya que ningún editor se había enfrentado anteriormente a cargos en virtud de la Ley de Espionaje. Aunque los fiscales estadounidenses afirman que las acciones de Wikileaks pusieron en peligro a los aliados de Estados Unidos, los grupos de defensa de la libertad de prensa sostienen que no hay pruebas que lo demuestren.

Una carta abierta redactada por directores y editores de destacados medios como The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País, que colaboran con Assange en la publicación de documentos, exigen al gobierno estadounidense que ponga fin a sus esfuerzos por extraditar al fundador de Wikileaks.

Desde su salida de la Embajada de Ecuador en 2019, donde pidió asilo desde 2012, Assange ha estado detenido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh por incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza. Las investigaciones sobre las acusaciones de agresión sexual contra él en Suecia fueron finalmente archivadas.

Con el deterioro de su salud mental y física, su esposa, Stella, destaca la imposibilidad de un juicio justo y expresa su preocupación por su seguridad en EEUU. Sus abogados también se han dirigido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un intento de bloquear la extradición.

Mientras tanto, en diversas partes del mundo han convocado a realizar protestas durante los días previstos para la toma de decisión sobre la posible extradición.

Defensoras del Maíz nativo ganan una batalla contra Bayer-Monsanto

Niños desgranan maíz en la comunidad q'eqchi' de Chapin Abajo, donde monocultivos de palma aceitera despojaron de tierras a la población indígena. Foto: Santiago Navarro F

Activistas en pro de la defensa de maíces nativos y contra el uso del glifosato, quienes sostienen la campaña Sin maíz no hay país, han logrado que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la de la Ciudad de México aplazara la propuesta de resolución del magistrado Ricardo Gallardo Vara, que iba en contra del decreto presidencial para restringir gradualmente el uso del glifosato y prohibir el maíz transgénico.

Los activistas quienes interpusieron una demanda colectiva, una fuerza activa en la defensa de los maíces nativos en México, habían alertado que, desde el 15 de noviembre pasado, el juez Gallardo y su secretario, Eric Castillo, “ya tenían preparada una resolución” a favor del amparo interpuesto por la empresa de biotecnología Bayer-Monsanto quienes pretenden derogar la ley actual que ha establecido un tiempo límite para retirar el uso del glifosato así como la prohibición del maíz genéticamente modificado.

Por ello, los defensores del maíz, celebran la decisión obtenida a razón de los magistrados Patricio González Loyola y Jean Claude Tron Petit, quienes argumentaron en favor del decreto presidencial.

Tron Petit señaló aspectos del proyecto de resolución que necesitan revisión, como el riesgo del glifosato y su impacto en la biodiversidad, subrayando evidencias científicas que cuestionan la seguridad de los maíces transgénicos y el glifosato. González Loyola se enfocó en el principio precautorio, defendiendo el decreto como una medida preventiva para limitar el uso del glifosato y proteger la salud y la biodiversidad.

Además, se mencionaron casos legales y restricciones en otros países, incluidas demandas contra Bayer-Monsanto por vínculos con cáncer y la limitación del uso del glifosato en espacios públicos en la Unión Europea. Enfatizaron la polémica sobre el glifosato, dada su clasificación como agente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Esta postura llevó al Cuarto Tribunal Colegiado a retirar la propuesta promovida por la transnacional, provocando resistencia por parte del magistrado Gallardo, quien deberá replantearla.

Los magistrados recalcaron la importancia de considerar el contexto mexicano, donde el maíz es fundamental en la dieta y la cultura. Subrayaron la necesidad de revisar a fondo los impactos del glifosato en la población, especialmente en un país con un alto consumo de productos de maíz como México.

Este aplazamiento marca una victoria para los defensores del maíz tradicional, que insisten en poner los derechos humanos y la preservación de la biodiversidad por encima de los intereses económicos de las corporaciones. La colectividad demandante permanece vigilante, determinada a proteger la riqueza de los maíces nativos ante cualquier resolución que favorezca a empresas en detrimento de la vida, el ambiente y la diversidad de México.

Extraditan de Argentina a Chile al jefe de la Resistencia Ancestral Mapuche

Con un endurecido operativo a cargo de la Interpol, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, este jueves (4), fue extraditado del territorio argentino hacia Chile, el activista Facundo Jones Huala, considerado como líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). 

El Lonko, como se llama a los jefes Mapuche, fue detenido el 27 de agosto de 2018 en Argentina, mientras cumplía una prisión domiciliaria en casa de su abuela. Ni su abogada, ni él, ni su familia habían recibido notificación alguna. Desde ese momento la Corte Suprema de Justicia de Argentina había confirmado que el jefe Mapuche sería extraditado bajo los cargos de delito de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal. Fue condenado a nueve años de prisión, aunque luego se redujo a seis años.

En 2022 su bogada logró obtener su libertad condicional luego de completar dos tercios de la condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, aunque tiempo después la resolución fue revocada bajo una orden de detención de la Corte Suprema de Chile para su extradición. 

Huala había viajado hacia Argentina y fue considerado prófugo de la justicia nuevamente hasta que fue aprendido en enero de 2023 en el sur de este país. 

El Gobierno Gabriel Boric, actual presidente de Chile, activó la solicitud de extradición del activista para que cumpliera su condena. El activista Mapuche, mediante un audio, había realizado un llamado a la justicia de Argentina para no ser extraditado a Chile por ser un "preso político". 

Incluso, en la prisión realizó una huelga de hambre para evitar la extradición, así como el cese de la persecución política. En ese momento el activista manifestó que la principal demanda es sobre el “territorio y autonomía para nuestra nación ... El Estado debe devolver todo (al pueblo Mapuche) o asumir las consecuencias", advirtió.

Hoy es extraditado a Chile donde permanecerá detenido al menos durante un año, cuatro meses y 17 días, tiempo en que cumplirá la condena de seis años de prisión que le impusieron en diciembre de 2018.

El jefe Mapuche arribó aproximadamente a las 10:40 de la mañana de este jueves en el aeródromo Pichoy en Valdivia. Según las autoridades de Chile, el Lonko fue trasladado a la ciudad de Valdivia, a 850 km de Santiago, para ponerlo a disposición de los tribunales.

El fiscal Sergio Fuentes sostuvo que “la Corte de Apelaciones de Valdivia, luego de revisar la legalidad del proceso de extradición, ordenó ponerlo a disposición del Juzgado de Garantía de Río Bueno, quien a su vez dispuso el ingreso del condenado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco para el cumplimiento del saldo de su pena”, indicó.

El fiscal agregó que el “proceso de extradición fue posible debido a la actividad coordinada de la Fiscalía de Chile, a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición, en conjunto con las autoridades policiales, judiciales y administrativas argentinas”.

RAM

El territorio ancestral Mapuche, mejor conocido como el Walmapu, es reivindicado por estos pueblos desde el océano pacifico hasta el atlántico. Históricamente, desde antes de la invasión europea, han vivido en la Patagonia Argentina y Chilena, no obstante, más de una vez han sido considerados como invasores y como terroristas. 

La RAM es considerada el “brazo político militar” del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu, organización a que Huala admitió pertenecer en el juicio de extradición que se realizó en Bariloche, en febrero de 2018, donde sostuvo que fue "combatiente en algún momento de RAM como también combatiente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y en otras situaciones de conflicto político territoriales desarrollé actos de autodefensa”.

Este proceso organizativo reclama la soberanía y el reconocimiento de la comunidad Mapuche y sus territorios ancestrales, que abarca a lo largo y ancho de territorios tanto de Argentina como de Chile. 

Este proceso organizativo ha sido acusado de una serie de denuncias, desde provocar más de una decena de incendios, robar ganado y hasta atentar con armas de fuego contra empleados de la Compañía de Tierras Sud Argentino Limitado, propiedad de Carlo Benetton, quien forma parte del imperio textil italiano de la firma Benetton Group S.p.A. En 1991, la familia Benetto, en la Patagonia, compró 900.000 hectáreas en las que crían casi 100.000 ovejas, que llegaron a producir el 10% de la lana de la firma Benetton Group S.p.A.. En su mayoría estas tierras han pertenecido al pueblo Mapuche.

Bajo este escenario, un grupo de 15 presos políticos mapuche que forman parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en Chile, incluyendo a líderes como Ernesto Llaitul, Esteban Henríquez y otros, sostienen una huelga de hambre desde el 13 de noviembre, protestando por una condena colectiva de más de 15 años y exigiendo la anulación de dichos fallos. En medio de esta acción, Consuelo Contreras del Instituto Nacional de Derechos Humanos enfatizó la necesidad de un diálogo inclusivo para abordar la violencia en la región.

El gobierno progresista de Boric ha mantenido una postura distante hacia las demandas de autonomía de este pueblo, mostrando poco interés en abordar las reivindicaciones de tierras ancestrales y autogobierno.

López Obrador continúa negando el aumento de violencia que denuncia el EZLN

Aniversario del EZLN. Foto Aldo Santiago

En la conferencia de prensa, de este 4 de enero, emitida por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el estado de Chiapas es uno de los más beneficiados de su gobierno y que, incluso, es de los Estados con menos violencia en el país. Así mismo, dijo tener mejor conocimiento de esta región mexicana que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Tras el cuestionamiento sobre diversas denuncias públicas que ha realizado el EZLN, sobre el aumento de actividades de grupos criminales y paramilitares en la región, el presidente de México dijo no coincidir con esa posición, “porque los zapatistas traen un discurso donde todo está mal” y que no han apoyado la “transformación”.

Haciendo énfasis en sus gráficos presentados en la conferencia matutina, López Obrador negó rotundamente el aumento de la violencia por el crimen organizado en Chiapas. Si hubiera violencia las estadísticas reflejarían “homicidios” y “robo de vehículos”, afirmó refiriéndose a su gráfico, usado anteriormente para resaltar la seguridad en Yucatán.

No obstante, Avispa Mídia ha documentado durante los últimos años que el crimen organizado tiene bajo su control diversos territorios, sobre todo en municipios de la región fronteriza entre México y Guatemala, una ruta del flujo de armas y drogas, así como inversiones del crimen organizado en la ganadería y seguridad para empresas mineras.  

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Avispa Mídia ha solicitado en varios momentos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informes sobre sus labores sobre este escenario. Su respuesta ha sido de “incompetencia” para contestar a las solicitudes, según la respuesta del General Ricardo Meléndrez Cervantes.

En otra solicitud su respuesta fue que SEDENA no está “obligada a elaborar documentos AD HOC para atender las solicitudes de información”, refirió el General.

A nivel estatal se recurrió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para solicitar información referida a este contexto de violencia. La respuesta obtenida fue que la información está bajo “reserva”, según el Comité de Transparencia del estado de Chiapas, ya que la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra había solicitado la “reserva de la información”, porque podría obstruir la prevención y persecución de posibles delitos.

Casi al finalizar este punto, López Obrador confirmó que existían pistas de aterrizaje del crimen organizado en la Selva Lacandona, refiriéndose específicamente a la zona de Bonampak. Aunque refirió que han trabajado para que las comunidades ya no tengan la influencia de estos grupos. 

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El presidente mexicano admitió que “en la frontera Comalapa es distinto, toda esa franja limítrofe con Guatemala hay más pobreza, por lo mismo hay presencia del crimen organizado”, por ello se que han implementado “programas de bienestar, estamos construyendo dos puentes muy grandes, para que puedan llegar de Motozintla hacia Tuxtla Gutiérrez (la capital de esta entidad)”.

López Obrador precisó que es inviable que su transformación coincida con la postura del EZLN, pues aseguró que “ellos no están de acuerdo con nosotros”.

Un reportaje publicado por Avispa Mídia, en mayo del 2022, destacó que el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) había registrado que “el programa Sembrando Vida está socavando intencionalmente estas estructuras que permiten cierto grado de autonomía a las comunidades”, entre ellas, las comunidades autónomas zapatistas.

El EZLN cumplió 30 años desde que se levantaron en armas, tras la declaración de guerra al gobierno mexicano, justo cuando se prometió entrar al primer mundo con la firma de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, el 1º de enero de 1994.

Al cuestionar al mandatario sobre los 30 años del EZLN, descartó omitir una opinión, pero aseveró que son los zapatistas y su dirigencia quienes deben hacer “una reflexión profunda, una autocrítica sobre lo que hicieron en 30 años”.

A 30 año de haber declarado la guerra, el EZLN ha decidido reconfigurar una nueva estructura de autonomía. Antes la forma de gobernarse era con la experiencia de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), ahora han establecido los llamados Gobiernos Autónomos Locales (GAL).  Uno en cada comunidad donde habitan bases de apoyo zapatistas. 

“Entonces, si antes había unas decenas de MAREZ ahora hay miles de GAL zapatistas”, anunciaron en noviembre del año pasado.

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Después de esa figura de autogobierno le siguen los Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (CGAZ), un espacio donde se discuten y se toman acuerdos sobre asuntos que interesan a los GAL convocantes. “Es decir que, donde antes habían 12 Juntas de Buen Gobierno, ahora habrá centenares”, puntualizaron los zapatistas. De ahí le siguen Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ).

Entre esta reorganización se han planteado ejercer la “no propiedad”, es decir, sin un documento que ampare su posesión, estableciendo extensiones de la tierra recuperada para el bien común.  “Es decir, sin propiedad.  Ni privada, ni ejidal, ni comunal, ni federal, ni estatal, ni empresarial, ni nada.  Una no propiedad de la tierra”, afirmaron en su comunicado lanzado el 20 de diciembre pasado.

“Se ha reorganizado la estructura y disposición del EZLN de modo a aumentar la defensa y seguridad […] en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares”, sostuvieron los zapatistas.

Mientras tanto, López Obrador, por su parte se apegó a la estadística oficial. “Chiapas, de acuerdo al INEGI en la última encuesta de ingreso de familias en todo el país, fue el estado que logró reducir más la pobreza en todo México, eso no se había visto nunca, primer lugar en reducción de pobreza”, aseveró el mandatario.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Chiapas sigue siendo el estado más pobre de México, seguido por Oaxaca y Guerrero. Los municipios autónomos zapatistas no entran en esta estadística.

Rebeldes Hutíes paralizan el flujo del comercio en el Mar Rojo en apoyo a Palestina

Un portavoz de los rebeldes hutíes de Yemen, llamado Yahya Sarea, anunció este miércoles (3) que han realizado un ataque hacia el portacontenedores francés CMA CGM Tage, que se dirigía a puertos israelíes, luego de ignorar sus advertencias. 

La operación contra el buque es parte de una serie de ataques realizada por los rebeldes en respuesta a los ataques de Israel hacia la Franja de Gaza. 

Sarea sostuvo que "seguirán impidiendo que los buques israelíes o aquellos que se dirijan a los puertos de la Palestina ocupada naveguen por el Mar Rojo y Arábigo".

Sarea ha afirmado que el grupo rebelde no ha obstaculizado el tráfico marítimo hacia otros destinos, "salvo los puertos de la Palestina ocupada".

Los Hutíes han intensificado sus acciones contra buques comerciales en el Mar Rojo en protesta por la guerra de Israel en Gaza. Incluso, la transnacional Maersk, filial de la danesa A.P. Moeller-Maersk A/S, líder mundial en transporte de contenedores y gestión portuaria, ha decidido suspender su flujo marítimo a través del Mar Rojo y el canal de Suez “hasta nuevo aviso”, anunció.

El escenario en el Mar Rojo es de importancia geopolítica ya que es considerado una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo, una ruta clave del comercio internacional entre Asia y Europa por donde circulan anualmente más de 20 mil embarcaciones.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ya había anunciado a mediados de diciembre pasado que implementarían una operación comandada por los Estados Unidos enfocada en los “desafíos de seguridad en el sur del Mar Rojo y el golfo de Adén” como respuesta a los ataques de las fuerzas hutíes.

La compañía Maersk decidió suspender sus actividades por esta ruta a raíz de otro ataque sufrido el domingo pasado. La empresa había reanudado sus operaciones en el Mar Rojo, luego del establecimiento de la misión naval estadounidense.

A pesar de que EEUU ha implementado su iniciativa de seguridad bajo el paraguas de las Fuerzas Marítimas Combinadas y el liderazgo de su Grupo de Trabajo 153, el control de esta ruta esta siendo controlada por los rebeldes hutíes.

Los hutíes ya habían alertado sobre sus acciones armadas hacia los barcos que navegaran frente a las costas de Yemen y que tuvieran a Israel como destino. El vocero del grupo rebelde aseveró que, "cualquier agresión estadounidense no quedará sin respuesta o castigo”.

Otras gigantes navieras y petroleras más grandes del mundo como BP (British Petroleum), Hapag-Lloyd, Evergreen Line y MSC Mediterranean Shipping Company también han dejado de utilizar la vía marítima del Mar Rojo debido a los ataques.