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Ataque de terratenientes y paramilitares cobra la vida de indígena Pataxó en Bahía

En portada: Asistentes al velatorio de la lideresa Maria Fátima Muniz de Andrade condenaron el ataque de ruralistas contra poblaciones indígenas en el sur de Bahía. Foto: Leo Otero.

Este domingo (21), un ataque de terratenientes y ruralistas -promotores del agronegocio en Brasil- provocó la muerte de la indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, quien se desempeñaba como majé (chamán femenina) en su comunidad Pataxó Hã-hã-hãe.

El crimen ocurrió en el municipio de Potiraguá, en el territorio indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, reivindicado por el pueblo Pataxó. En el lugar se reportó la detención de dos hacendados por la portación ilegal de un arma; ambos son sospechosos de haber matado a tiros a Muniz de Andrade.

En el ataque armado también fue herido el cacique Nailton Muniz Patas, quien sufrió un impacto de bala en el riñon y por ello fue sometido a cirugía. Una mujer indígena sufrió la rotura de un brazo y otras personas fueron hospitalizadas.

Acorde al Ministerio de Pueblos Indígenas (MPI), alrededor de 200 hacendados y terratenientes de la región se organizaron a través de una aplicación de mensajería para recuperar la posesión de la hacienda Inhuma, que fue retomada por los indígenas Pataxó apenas el sábado pasado (20).

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Según la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Bahía (SSP-BA), el ataque fue organizado por un grupo denominado “Movimiento Invasión Cero”. Por su parte, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) difundió un comunicado para condenar la agresión armada. En él, subraya la importancia de garantizar la demarcación de las tierras indígenas como forma de resolver los crecientes conflictos por la tierra en Brasil.

“La retoma de la hacienda de Américo, en el territorio de Caramuru, comenzó en la madrugada del sábado pasado (20). La región se enfrenta a la intransigencia de los hacendados invasores, que se proclaman propietarios de tierras tradicionales y acusan a la población de ser ‘falsos indios’. La aprobación del marco temporal acentúa la intransigencia de los invasores, que se sienten autorizados a ejercer todo tipo de violencia contra el pueblo”, argumenta la asociación indígena.

Las declaraciones de la Apib hacen referencia a la revocación del Congreso Nacional, el pasado 14 de diciembre del 2023, de la mayoría de los vetos del presidente Lula al proyecto de ley 2903/2023, restaurando con ello el denominado “marco temporal”, un proyecto de ley que suprime protecciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

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“La propuesta, que ahora está en vigor como Ley 14.701/2023, ha dado a los finqueros, empresarios y políticos opuestos a la causa indígena aún más ímpetu para atacar a las comunidades indígenas en un intento de desalojar a las familias de sus tierras tradicionales.Para ello, utilizan la truculencia y la violencia”, asevera el Consejo Indigenista Misionero (CIMI).

Complicidad del Estado

Testimonios difundidos por la articulación de organizaciones políticas, territorios, pueblos y movimientos sociales en lucha autónoma por Tierra y Territorio, Teia dos Povos, aseguran que la policía militar, fingiendo mediar, abrió el camino para que los hacendados atacaran al pueblo Pataxó Hã-hã-hãe. 

Según los relatos, los ruralistas abrieron fuego contra los indígenas a pesar de la presencia de los cuerpos de seguridad y aún mas, con la anuencia y posterior participación de la policía militar bahiana en la agresión. Además de los hacendados detenidos, también fue arrestado un indígena Pataxó que portaba un arma artesanal.

“Además de las golpizas y torturas, (los indígenas Pataxó) sufrieron varias pérdidas materiales muy importantes para su autonomía. Los terratenientes incendiaron sus vehículos, rompieron sus teléfonos móviles, estropearon su comida”, denuncia la Teia dos Povos mediante sus redes sociales.

Cabe destacar que este crimen es solo el más reciente dentro de una ola de creciente violencia contra pueblos indígenas en Brasil. 

Acorde al CIMI, en poco más de 30 días (periodo entre el 14 de diciembre al 21 de enero), se han producido al menos ocho ataques contra pueblos indígenas en el Sur y Extremo Sur de Bahía, cuatro de ellos sólo en los primeros 21 días de enero. “La situación demuestra la necesidad de que los derechos territoriales reivindicados por los pueblos indígenas sean analizados y garantizados con rapidez y eficacia”, sostiene la organización.

El 21 de diciembre pasado, el jefe del pueblo Pataxó Hã-hã-hãe, Lucas Santos Oliveira, de 31 años, fue asesinado en una emboscada cuando regresaba de la ciudad de Pau Brasil con su hijo a su aldea de Caramuru -Catarina Paraguassu. 

Según el CIMI, los asesinos iban en moto, y hasta ahora no hay mucha información sobre los motivos o los sospechosos. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2023, un grupo de familias Pataxó de la comunidad Itacipiera, en el municipio de Trancoso, fueron atacadas por hombres armados que destruyeron parte de la comunidad, quemando motocicletas y electrodomésticos pertenecientes a los indígenas. La acción se produjo en un intento de desalojar a las familias de la zona que ocupan. 

El mismo día, un empresario entró en la aldea de Tibá, amenazando a mujeres y niños, después de que los indígenas prohibieran la extracción de arena para su comercialización en la aldea de Cumuruxatibá y la región circundante, esto debido a que se estaba afectando a los nacimientos de dos ríos que abastecen al territorio indígena.

Apenas el 5 de enero, un terrateniente de la región, acompañado de un grupo de personas no identificadas por los indígenas, intentó romper el candado que da acceso a un área recuperada en la región de Monte Pascoal, cerca de la aldea Jitaí. El área en poder de las familias Pataxó no fue invadida debido a la rápida acción de los líderes Pataxó.

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Para el 8 de enero, los indígenas Pataxó de la aldea de Quero Ver fueron sorprendidos por la presencia de policías militares de la Fuerza de Tarea dentro del área forestal de la comunidad, sin el consentimiento del jefe y de sus líderes. El caso fue denunciado al comando de la Policía Militar (PM) de la región y a la Justicia del Estado de Bahia.

Al día siguiente, 9 de enero, cerca de la aldea Trevo do Parque, se encontró el cadáver del indígena Ademir Machado Reis. El pasado martes (16), Roberto Bráz Ferreira fue encontrado sin vida en el interior de su casa, en la aldea de Barra Velha, con señales de golpes de hacha en varias partes del cuerpo. Líderes indígenas dicen desconocer el móvil y si hay sospechosos.

No obstante, para el CIMI es claro quienes están detrás de los ataques. 

“No hace falta investigar mucho para saber quiénes son las cabezas pensantes de ese ‘poder paralelo’, esa milicia armada que se ha instalado en Bahía, sus vínculos con los actos antidemocráticos que se han extendido por todo el país y que, abiertamente y sin ningún pudor ni temor a ser castigados, llaman a cometer acciones ilegales contra indígenas, trabajadores sin tierra y otros, porque están plenamente convencidos de que no serán penalizados. ¿Alguien puede explicar esta sensación de impunidad?”, reclama la organización que se solidariza con la reivindicación de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales.

Colapso Humanitario en Gaza, menos del 25% de la ayuda llega a su destino

En medio del colapso de una crisis humanitaria en Gaza, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informa que menos del 25% de las misiones de ayuda programadas han recibido la aprobación de Israel, lo cual ha provocado la mayor hambruna mundial.

Los gazatíes representan ya el 80% de las personas que sufren hambruna a nivel mundial, según datos de OCHA. Los relatores especiales y grupos de trabajo advierten, “hemos dado la voz de alarma sobre el riesgo de genocidio”, ya que Israel no solo está llevando a cabo bombardeos indiscriminados, sino que también está imponiendo conscientemente altos índices de enfermedades, desnutrición prolongada, deshidratación y hambruna.

El bloqueo de la ayuda humanitaria ha dejado a miles de personas sin acceso a los alimentos básicos, medicamentos y suministros vitales, principalmente al norte de Gaza.

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Durante los días transcurridos en lo que va de enero, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), solo han permitido el acceso de siete de las 29 misiones de ayuda programadas. De acuerdo con la OCHA, en toda la región de Gaza sobreviven 15 panaderías y, de ellas, 6 se encuentran en el sur de Gaza y 9 en la zona central. Mientras que en el norte no hay ninguna.

Las restricciones de acceso a las misiones de ayuda humanitaria también han debilitado la funcionalidad de centros médicos, aumentando los riesgos para la salud. Hay 16 hospitales que siguen funcionando parcialmente en toda Gaza, nueve de ellos en el sur y siete en el norte.

“Algunas personas llevan días sin comer. Los niños no tienen ropa de invierno. No hay atención médica. [...] El alcance de las necesidades es enorme”, explica Olga Cherevko, trabajadora de OCHA que se encuentra en Rafah en el sur de la Franja de Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza ha comunicado que la cantidad de fallecidos palestinos a causa del enfrentamiento entre Israel y Hamás ha sobrepasado las 25 mil personas. A pesar de los vehementes esfuerzos del gobierno israelí por debilitar a Hamás y liberar a más de 100 rehenes, la situación sigue siendo inédita en cuanto a víctimas mortales, devastación y desplazamientos en las décadas del conflicto.

Ley para deforestar la Amazonía peruana es aprobada por la fuerza

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue modificada por el Congreso, a finales de 2023, con el objetivo de formalizar la deforestación en la Amazonía peruana, pero la decisión se reconsideró y tenía que volver a discutirse en los próximos meses. 

Sin embargo, el miércoles 10 de enero, en un procedimiento irregular, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, ordenó la promulgación de la reforma que resta al Ministerio del Ambiente competencias en materia forestal y da carta libre para acelerar la tala masiva.

El Perú ocupa el tercer lugar, entre ocho naciones, en destrucción de bosques primarios amazónicos, detrás de Brasil y Bolivia. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en el país se deforestaron 144 mil 682 hectáreas en el año 2022. 

Los cambios en la norma, en un principio aprobados el 14 de diciembre, suspenden la zonificación forestal, lo que favorece a las empresas extractivistas, principalmente de monocultivo de palma aceitera. El Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) registra que entre 2015 y 2021 el área cosechada de esta especie en la Amazonía del Perú aumentó en 120%: de 43.140 hectáreas a 94.902.

El trasfondo es eximir a los privados de cumplir las disposiciones para la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), así podrán hacerse formalmente de la propiedad de áreas comunitarias y públicas que fueron deforestadas. 

Ahora el Midagri se encargará de aprobar los procesos de zonificación forestal, propuestos por un organismo técnico en base a expedientes elaborados por gobiernos regionales, mientras que el Ministerio del Ambiente (Minam) solo emitirá una opinión previa. Bastará con títulos de propiedad o constancias de posesión, que pueden ser emitidos por gobiernos regionales, para exonerarse de la clasificación de tierras forestales. 

Asimismo, los bosques de producción permanente serán establecidos por el Midagri, ya no por el Minam.

Otro procedimiento eliminado es la autorización de cambio de uso de suelo en áreas privadas. De esta forma, en los predios agrícolas y ganaderos aledaños a áreas boscosas se normalizará la tala o quema de vegetación para el cambio de uso.

Expediente borrado

Las propuestas legislativas fueron presentadas por parlamentarios de ultraderecha y de izquierda (Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo), respaldados por gremios empresariales que presionaron por la aprobación sin tomar en cuenta las observaciones al proyecto de dos parlamentarias, lo que demandaba la necesidad de nuevas discusiones antes de su aprobación. 

Contra el reglamento del Congreso, el presidente de esta institución borró del expediente digital los pedidos de consideración presentados por las parlamentarias. A pesar de la irregularidad, la reforma fue enviada al Ejecutivo que, formalmente, está obligado a promulgarla.

En contrapartida, fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad y, en el Congreso, parlamentarios presentaron un proyecto para derogar la reforma.

Mercado global y crimen organizado

Detrás de la nueva legislación, planteada desde 2022, está el interés de superar una regulación de la Unión Europea (UE) que prohíbe la exportación de café y cacao cultivados en tierras que hayan sido deforestadas después del año 2020. 

En una carta enviada a la delegación de la UE en el Perú, decenas de organizaciones ambientalistas advierten que con la nueva normativa se multiplicarán el tráfico de terrenos y la minería ilegal. Hasta la publicación de esta nota, los representantes de la comunidad europea no respondieron. 

El mayor peligro es que la deforestación favorece y encubre, sobre todo, al narcotráfico, responsable de gran parte de los asesinatos de líderes indígenas peruanos.

En la última década, 32 guardianes de los bosques fueron victimados por proteger sus territorios ancestrales de invasores y el tráfico de drogas.            De acuerdo a Global Witness, el Perú se encuentra entre los 10 países más peligrosos para activistas por el medio ambiente y los derechos humanos.  

Bosques en emergencia

En respuesta, organizaciones indígenas declararon en emergencia los bosques comunales. “Se promueve la deforestación y facilita el otorgamiento de derechos sobre nuestros bosques a favor de terceros. Más grave aún, esta modificatoria promoverá el despojo de nuestros territorios integrales ancestrales e incrementará las amenazas a la vida de los defensores indígenas ambientales, así como la vida e integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual”, señala en un comunicado la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC). 

Por su parte, el Instituto Kené de Estudios Forestales y Ambientales presentó una demanda de amparo ante un juzgado constitucional, alegando que la norma contradice la Constitución, que establece que la protección del medio ambiente incluye territorios que no pueden convertirse a uso agrícola. La superficie deforestada en el Perú por uso agrícola suma once millones de hectáreas, abarcando áreas naturales protegidas y reservas comunales indígenas, según los registros del Midagri.

Asedio desde distintos frentes

En las regiones del Perú que comparten la Amazonía se fortalecen las alianzas entre autoridades y organizaciones privadas que promueven la explotación de los bosques. Este sector niega la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), con la intención de obtener licencias de operaciones en reservas y áreas de amortiguamiento donde se encuentran las etnias, es un discurso de este sector. En 2023, el partido fujimorista intentó modificar la ley que protege a estas comunidades, y ante un primer rechazo, insistirán en ese sentido. Desde distintos frentes, las comunidades y tierras amazónicas son asediadas. “Ley antiforestal”, le llaman las organizaciones indígenas, nombrando su propósito de concretar los despojos legalmente.

Liberan a militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa  

Foto Clayton Conn

Autoridades de México dan giro sorprendente sobre el caso Ayotzinapa. Los ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, enfrentarán su proceso penal en libertad tras la revocación de la medida de prisión preventiva por el delito de desaparición forzada.

La decisión fue tomada por la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien anuló la prisión preventiva impuesta a los ocho militares vinculados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, actualmente recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A. La magistrada argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes. 

César Omar González, abogado defensor de los militares, destacó que se espera que los acusados de complicidad sean liberados entre lunes y martes próximos. Adelantó que la decisión tomada por la letrada Ivette Duarte, con sede en Toluca, Estado de México, cumplió con una sentencia de amparo que concede la libertad condicional a los militares para continuar con su proceso, pagando una fianza de 50 mil pesos cada uno. Así mismo deberán entregar al juzgado su pasaporte y acudir a firmar el libro de procesados. 

Estos militares son parte de un grupo de 16 contra los cuales se ordenó la aprehensión en junio de 2023 vinculados a desaparición forzada y delincuencia organizada. Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz son los militares involucrados. 

La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) condenó el cambio de medida cautelar, destacando que las decisiones judiciales no ponderan el derecho de las víctimas. El presidente de la Covaj, Arturo Medina, enfatizó que la determinación no exonera a los militares, quienes continuarán sujetos al proceso.

El caso Ayotzinapa, recordado por la desaparición de 43 estudiantes en el año 2014, es un tema que sigue sin resolverse en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió a los padres y madres atender el caso. Por consecuencia ha generando desconfianza hacia el proceso judicial. 

La falta de transparencia militar y las recientes liberaciones han provocado la indignación de los padres de los normalistas, quienes exigen verdad y justicia. La incertidumbre persiste mientras la comunidad espera respuestas y acciones concretas en este caso que ha conmovido a México y al mundo.

Juez ordena a militares la preservación de archivos sobre “Guerra Sucia”

En portada: Militares detienen a jóvenes participantes del mitin realizado el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Durante la jornada se registró una masacre que involucró a elementos del ejército y paramilitares dejando un saldo de casi 400 muertos.

Este jueves (18), un juzgado en materia administrativa emitió una orden judicial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que “se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos” que posee entre sus archivos militares.

Los documentos al que el poder judicial hace referencia están relacionados con la investigación realizada por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el periodo conocido como “Guerra Sucia” entre los años 1965 a 1990.

La orden judicial acontece después que el MEH difundiera, en octubre del 2023, el reporte titulado “Las formas del silencio” mediante el cual registra las irregularidades cometidas por la Sedena para obstaculizar el acceso y consulta de los archivos militares.

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El reporte asevera que, en un principio, el equipo de investigación del MEH accedió a los archivos militares, derivado de un decreto presidencial ordenado en octubre del 2021. No obstante, los obstáculos por parte de la Sedena comenzaron a entorpecer las investigaciones después que el MEH solicitó documentos relacionados con campañas de combate al contrabando de enervantes, así como a movimientos sociales, políticos y sobre el intercambio militar entre México y otros países durante la Guerra Fría.

“Desde la perspectiva de los militares, el Decreto de creación de la Comisión faculta al MEH para consultar documentos que contengan información sobre graves violaciones a derechos humanos, sin que eso incluya información que permita reconstruir el contexto político, social, económico y mundial, en el que ocurrieron las graves violaciones”, contextualiza el reporte.

Ante la negativa de la Sedena para dar acceso a dichos documentos, el MEH argumentó que su labor no solo es estudiar los hechos en torno a la persecución de grupos armados o acciones de contrainsurgencia, sino se enfoca también a “las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado que implican un espectro temático y de víctimas mucho más amplio que el que ha sido admitido por el propio Estado”.

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Frente a esta situación, contextualizaron, los elementos de la Sedena incrementaron las negativas para la consulta de archivos, “e incluso han derivado en que el personal militar—que no actúa sin indicaciones de su cadena de mando—altere documentación, es decir expedientes, relacionados con violaciones a derechos humanos”, detallan en el reporte.

Por esta situación, el MEH sostuvo en su informe que, las accciones de los militares no sólo vulneran el derecho a la verdad y memoria que tienen las víctimas y la sociedad, sino además significa desobediencia de la Sedena al decreto presidencial. 

“Más grave aún es que, al persistir en esa postura de negación, la Sedena perpetúa la impunidad de la que han gozado los responsables de violaciones a derechos humanos desde su comisión y hasta el presente”, asevera el mecanismo.

Amparo

Luego de la difusión del reporte del MEH, Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, homónina, desaparecida en enero de 1978 por la Brigada Blanca (agrupación conformada por el Ejército, la extinta Dirección Federal de Seguridad -hoy Centro Nacional de Inteligencia-, la entonces Procuraduría General de la República, y policías y procuradurías estatales) promovió un juicio de amparo con el objetivo de detener la opacidad y alteración de los documentos en posesión de la Sedena.

Como resultado fue que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa resolvió la demanda reconociendo que familiares de personas desaparecidas, como Alicia de los Ríos Merino, tienen derecho a reclamar a través del juicio de amparo las resistencias de la Sedena a abrir sus archivos.

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En la resolución también resaltan el derecho de los familiares de las víctimas a oponerse a la manipulación y destrucción de documentos que son clave para reconstruir la verdad, identificar a los responsables y obtener elementos para la búsqueda de las personas desaparecidas.

Alicia de los Ríos Merino, desaparecida en enero de 1978 por la Brigada Blanca.

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Artículo 19 acompañaron la demanda de amparo promovida por Ríos Merino. Para las organizaciones, la opacidad del Ejército Mexicano durante el sexenio actual, al no garantizar el acceso a archivos y alterar los documentos relacionados con graves violaciones a derechos humanos “evidencia la resistencia de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas, así como la promesa incumplida de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición para las víctimas”.

Protestas en São Paulo, Brasil por aumento del costo del transporte público

En portada: “La tarifa cero es una demanda urgente y posible. Tenemos más de 100 ciudades en Brasil que cuentan con tarifa cero”: MPL en São Paulo. Foto: Santiago Navarro F.

Este jueves (18), tras un fuerte operativo policiaco y con varias detenciones, el Movimento Passe Livre(MPL) logra realizar su segunda manifestación en la ciudad de São Paulo, Brasil, contra el aumento del costo del pasaje del tren y el metro en esta ciudad, una de las más grandes del mundo donde se trasladan casi 8 millones de personas al día, según la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos (CPTM). 

A pesar de que, en la primera manifestación realizada el pasado 10 de enero, detuvieron arbitrariamente a 13 manifestantes, este jueves se concentraron decenas de jóvenes sosteniendo que la represión no detendrá las protestas hasta lograr la tarifa cero. 

“La tarifa cero es una demanda urgente y posible. Tenemos más de 100 ciudades en Brasil que cuentan con tarifa cero. Y, como dice nuestra pancarta, la tarifa cero debe ser todos los días, para todos y debe ser popular”, puntualizó a varios medios Gel Andrade, del MPL.

El aumento se suscitó desde el 1 de enero de $ 4,40 a $ 5 reales. “Este aumento a cinco reales es absurdo. De hecho, cualquier tarifa de transporte es absurdo, considerando que el transporte es un derecho social básico que nos permite acceder a otros derechos como educación, salud, ocio y cultura”, agrega Andrade.

Los manifestantes argumentan que el transporte debe ser gratuito y que no se debe lucrar con ello ya que es un derecho de movilidad, sobre todo, para los trabajadores. 

La manifestación estuvo acompañada por un fuerte contingente de policías, quienes actuaron de forma intimidatoria contra los manifestantes, acordonando toda la protesta e intentando impedir que salieran de la plaza donde hicieron la concentración. Los policías revisaban sin motivo alguno las mochilas y celulares, incluso detuvieron a varios jóvenes solo por vestir de negro y por portar un pasamontaña. 

Entre la policía participó la llamada Tropa de Choque, la Fuerza Táctica y el Batallón de Acciones Especiales de la Policía (Baep). La protesta, programada para comenzar a las 17 horas, sufrió más de una hora de retraso porque la policía no aceptó la ruta planeada por los organizadores, por lo que tuvieron que cambiar de ruta. “¿En qué tipo de democracia vivimos?”, cuestiona el MPL en un comunicado por la intimidación sufrida.

De acuerdo con la Defensoría Pública del Estado de São Paulo, la policía detuvo a seis adultos y aprehendió a un menor. 

“Pero seguimos firmes”, afirman los manifestantes, recordando que las 100 ciudades que hoy cuentan con transporte gratuito lo obtuvieron por movilizaciones realizadas en el año 2013. Así mismo, lograron que se reconociera en la Constitución, “el transporte como un derecho”.