En portada: Infancias se divierten y bailan durante los festejos del segundo aniversario de la Escuelita Comunitaria ubicada en la comunidad mazateca de Agua de Lluvia. Foto: Aldo Santiago.
La Escuelita Comunitaria “Agua de Lluvia” es un proyecto que nació como una necesidad de los niños y padres de familia de la comunidad del mismo nombre, enclavada en la Sierra Mazateca, al norte de Oaxaca.
Pese a que desde hace 10 años se viene gestando este proyecto, inspirado en la educación autónoma practicada por las comunidades zapatistas en Chiapas, fue hasta el 2021cuando se hizo pública la labor de esta propuesta dirigida a las infancias.
Los trabajos que las y los colaboradores imparten es diverso, pues lejos de centrarse en lo pedagógico, las tareas van desde el abordaje de las ciencias y artes, pasando por la defensa del territorio y el trabajo con la tierra.
“Nosotros siempre motivamos a los niños para que sigan estudiando. No con el afán que se consigan un trabajo y se vuelvan parte de la masa y se dediquen solo a pensar en el aspecto económico. Mas bien, es para ir sembrando la semilla de la consciencia social, política y también de su entorno”, comparte Jazmín Alvarado, colaboradora del proyecto de educación autónomo.
Talleres de encuadernación, cartonería, dibujo y serigrafía fueron algunas de las actividades que desarrollaron las infancias durante el segundo aniversario de la Escuelita Comunitaria. Fotos: Aldo Santiago.
En los dos últimos años, al trabajo de las y los colaboradores de la Escuelita Comunitaria se han sumado esfuerzos de individuos y colectividades para la impartición de talleres con herramientas de comunicación e historias de vida; además de trabajos con la tierra, como tequios y faenas para limpiar y sembrar; música, artes, encuadernación, serigrafía, preparación de alimentos, son algunos de los conocimientos compartidos en esta región donde, argumenta Alvarado, es difícil que las infancias puedan acceder a herramientas y conocimientos desde las instituciones educativas formales.
“Esos aprendizajes lo han estado adquiriendo los niños y se han abierto mas a un mundo de posibilidades”, celebra la colaboradora de la Escuelita Comunitaria durante una jornada que, entre pláticas, talleres, música y baile, forman parte del festejo del segundo aniversario del proyecto de educación comunitario.
Los festejos se enmarcaron en la solidaridad de colaboradoras y colaboradores que compartieron herramientas y conocimientos a las infancias. Fotos: Aldo Santiago.
“Abrirse a distintos conocimientos les permite a ellos ver otras posibilidades en su vida”, resalta Alvarado debido al contexto de incremento en la violencia y la actividad del crimen en la sierra mazateca. “Este espacio es, incluso para los colaboradores, un refugio y queremos que también así lo sea para los niños, adolescentes y adultos”.
La colaboradora sostiene que el festejo es de suma importancia pues de esa manera reafirman su compromiso con el espacio. “Nuestra idea es fomentar el tejido comunitario (…) No es solo ir y festejar, sino se están creando lazos sociales y se están consolidando esos lazos sociales, políticos”, enfatiza Alvarado.
Infancias se divierten y bailan durante los festejos del segundo aniversario de la Escuelita Comunitaria ubicada en la comunidad mazateca de Agua de Lluvia. Fotos: Aldo Santiago.
“Celebrar a los niños. Que los niños también se sientan festejados porque son ellos quienes han dado vida también a este espacio, que sientan que es una fiesta para ellos, para todos”, finaliza la colaboradora de la Escuelita.
En portada: Integrantes del colectivo La Esperanza de Sitilpech rechazan la operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de su comunidad. Foto: Katia Rejón/Memorias de Nómada.
Es alarmante cómo en los últimos años, el modelo agroindustrial de producción pecuaria ha generado fuertes conflictos en al menos ocho comunidades de Yucatán: Homún, Kinchil, Chapab, Maxcanú, Celestún, Tixpéual, Sitilpech y Santa María Chí. Estos conflictos se relacionan a la imposición de al menos 400 granjas porcícolas (SEMARNAT, 2023) en territorio yucateco, de cuya producción se ocupa principalmente el Grupo Porcícola Mexicano (Kekén) y el grupo KUO.
Esta problemática se inserta en una crisis socioambiental goblal que se deriva de una lógica de desarrollo extractivista que impacta de forma desigual a la sociedad. Las poblaciones más afectadas son aquellas en las que se imponen sistemas que impactan directamente a los ecosistemas y modos de vida tradicionales, desajustando la gobernanza, la cultura y la salud integral de la población.
La península de Yucatán no es la excepción, actualmente se llevan a cabo diversos megaproyectos que impactan de forma diferenciada a las poblaciones locales y su territorio, generando diversos conflictos socioecológicos en la región (Rodríguez-Robayo, 2022; Flores y Deniau, 2019).
Aspectos de la mega granja porcícola en Chapab, Yucatán Afectaciones por la contaminación de la industria porcícola en las tierras de los campesinos en la comunidad maya de Chapab. Fotos: Memorias de nómada
Ante esta problemática, han surgido diversas manifestaciones y denuncias públicas y legales contra la empresa Kekén, debido a la evidente violación a los derechos de las poblaciones afectadas, entre ellos el derecho a la integridad cultural de los pueblos indígenas, y el derecho sobre el reconocimiento a su valor y su participación en las decisiones que los afectan, derecho establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989). Así como la falta de respeto al derecho sobre sus tierras, por el despojo del que han sido objeto.
Como respuesta a estas denuncias, la empresa señalada se ha asociado con el gobierno Estatal y dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT). Además, ha financiado proyectos académicos a investigadores de Centros Públicos de Investigación pertenecientes al Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) como el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Yucatán, y contratado a empresas privadas entre ellas Fauna Peninsular.
Estas acciones, han sido punta de lanza de un sólo objetivo: despojar del territorio, deslegitimar las denuncias públicas emitidas y excluir a las comunidades afectadas. Así, la empresa, en alianza con servidores públicos, profesionales y académicos, coopta la producción del conocimiento para justificar la violación de los derechos comunitarios y criminaliza la protesta en pro de un desarrollo industrial al que le han nombrado “porcicultura sustentable” con argumentos de una supuesta conservación de la biodiversidad y compromiso social que solo constituyen un pseudoargumento para legitimar de forma fraudulenta los graves daños que ocasionan al ambiente y a la población.
En el poniente de Yucatán, comenzó hace más de 10 años los intentos de despojo del territorio por parte de la empresa Kekén con su establecimiento en las inmediaciones de los municipios de Kinchil y Maxcanú. Ante este hecho, se han realizado demandas ante el Tribunal Agrario sobre la apropiación ilegal en el territorio del predio denominado Cantukún. Desde ese entonces los posesionarios ancestrales y legales de este predio han sido amenazados y violentados por policías ministeriales y el caso sigue sin resolución (Kantún, 2019). Con el inicio de las obras también se realizaron quejas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), sin embargo estas fueron sorteadas por la empresa y continuaron con la construcción de la megagranja (Medina-Carrillo et al., 2021).
El estado de conservación de la biodiversidad que registran los estudios realizados en las inmediaciones de la granja porcícola establecida de forma ilegal en territorios del poniente de Yucatán (La Jornada Maya, 2023), es resultado de los procesos de manejo y uso tradicional de los recursos naturales por parte de las comunidades mayas que han habitado la zona desde hace más de 3,000 años, no así de las empresas que de forma infame se atribuyen ese logro.
Imágenes del monitoreo de fauna realizado por Kekén en las inmediaciones de la granja de Kinchil.
En zonas como el territorio de Kinchil, cuyas selvas fueron deforestadas como resultado del cultivo de henequén y posteriormente abandonadas, los ecosistemas se ha recuperado y mantenido gracias al manejo y conservación que realizan las poblaciones mayas actuales que habitan el territorio. Resultado de esto y como bien han constatado los académicos asociados a Kekén, quienes violando los derechos de sus legítimos posesionarios ingresaron sin consentimiento a esas tierras, en Kinchil la biodiversidad y el estado de conservación de la selva es sobresaliente.
No obstante, y con base en los muestreos de agua realizados por las comunidades locales en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los realizados por la misma SEMARNAT (SEMARNAT, 2023), hay una evidencia de que la calidad del agua en la zona se encuentra gravemente deteriorada, afectando directamente la salud del ecosistema y modos de vida de la población local. Ejemplo de ello es la pérdida de la certificación orgánica de apicultores de Maxcanú miembros de la Alianza Kaabnalo'on debido a la presencia de la granja en su territorio (Eleisegui, 2023). Las afectaciones por la contaminación del agua, suelo y aire, se recrudecen con las afectaciones económicas acaecidas a los productores de miel.
Apicultura en Maxcanú. Fotos: Greenpeace
Aunado a ello, el intento de la empresa Kekén de argumentar su supuesta propiedad de las tierras en las que se establece, constituye uno de sus atropellos más evidentes, el caso del predio denominado CANTUKUN que han intentado desaparecer con diversas estrategias legales y con la complicidad de autoridades administrativas y jurisdiccionales corruptas. Su imperante necesidad de convencer que no contamina la hace trastabillar ante lo evidente de sus abusos y hacerse pasar como una empresa socialmente responsable, se vuelve solo un mito.
Los esfuerzos de la empresa Kekén por deslegitimar las denuncias realizadas por las comunidades afectadas, evidencian una fuerte desigualdad, falta de justicia socioambiental en el territorio e irrespeto sobre sus posesiones ancestrales. Reflejan una evidente discriminación hacia las poblaciones mayas. Demuestran que los medios por los cuáles se ha tratado de afrontar la situación, responden a soluciones basadas en intereses productivos y económicos de las empresas y gobiernos que perpetúan las dinámicas de poder.
Habitantes de Sitilpech difunden información sobre la demanda de amparo contra la mega granja porcícola. Foto de Por Esto!En 2021, la SCJN suspendió la mega granja porcícola de Homún en respuesta a una demanda de amparo presentada por las infancias de aquella región.En 2021, distintas comunidades mayas organizaron una autoconsulta mediantela cual rechazaron la agroindustria porcícola en sus territorios. Foto del Equipo Indignación
En la actualidad, y derivado del aprendizaje y discusiones críticas entre académicos alrededor del mundo, se ha llegado a la conclusión de que para la construcción de estrategias justas y sostenibles, es indispensable transitar hacia estudios que comprendan la complejidad sistémica de las problemáticas asociadas al manejo de recursos naturales (Pichler, 2016; Martínez-Alier, 2004).
Para ello, es indispensable dejar de lado la generación de estrategias con beneficios a corto plazo basadas en el crecimiento económico, el cual se sabe que hasta la fecha sólo ha provocado el detrimento de la naturaleza. Por el contrario, es necesario incorporar los valores que las comunidades locales y pueblos indígenas le han dado a la naturaleza que en general han protegido y mantenido a lo largo de la historia (Pascual et al., 2023). Valores que han sido marginalizados en los estudios que avalan la supuesta “porcicultura sustentable”.
Es urgente situar los derechos de las comunidades indígenas y locales en el centro de esta problemática a partir de procesos inclusivos y realmente participativos, no sólo en la representatividad, si no en su participación activa en los espacios de toma de decisiones. Detener la violación a los derechos humanos, hacer justicia y asegurar la reparación de daños ocasionados a todas las localidades afectadas por la agroindustria porcícola alrededor de sus más de 400 granjas establecidas en el territorio yucateco.
Como se observa, el asunto estriba más allá de la fauna que sobrevive e intenta adaptarse a un ecosistema contaminado, al agua llena de amoniaco y coliformes fecales de cerdos, de su discurso ambientalista sobresalen los intentos desesperados por seguir justificando el despojo de territorios y la afectación directa a las comunidades y su entorno, de lo cual el gobierno local guarda absolutos silencio, ante la complicidad de sus funcionarios.
*Irina Llamas-Torres, Estancia Posdoctoral de Incidencia, CONAHCYT-INECOL **Carlos Llamá Ventura, Consejo Maya del Poniente de Yucatán, Chik’in-já y Colectivo Cantukún
En portada: Miles de pobladores de Chicomuselo rompieron el miedo y salieron a exigir el fin de la violencia que azota la región desde 2021. Octubre, 2023.
Pobladores del municipio de Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas, difundieron que desde el pasado jueves (4) se registran enfrentamientos armados en la región, agravando la crisis de violencia que se mantiene constante desde el año 2021.
Mediante comunicado, los habitantes informaron que aquel día por la mañana se suscitó un enfrentamiento en el ejido de Nueva Morelia, entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS).
Según el testimonio, el choque armado se extendió durante siete horas, durante las cuales la población se resguardó, pese a que las balas atravesaban las láminas que componen sus hogares. “Cientos de familias atemorizadas por tanta violencia, se vieron obligadas a salir. Nos están matando, nos están forzando a dejar nuestros hogares y a otros a ser parte de ellos”, detallan.
También reportan la muerte de 20 personas, entre ellas la de dos civiles y la imposibilidad de que sus familias pudieran recoger sus cuerpos por temor a ser confundidos como integrantes de grupos criminales.
Imágenes demuestran la intensidad de los enfrentamientos
Para los pobladores de Chicomuselo la persistencia de las agresiones armadas deriva en experiencias traumáticas que dañan la salud de sus habitantes, en especial de las infancias. Además, denuncian el desplazamiento forzado de los habitantes del ejido Nueva Morelia donde se registraron los enfrentamientos.
“La comunidad de Nueva Morelia (donde habitan más de 700 personas) tuvo que salir el 5 de enero porque no hay seguridad para permanecer en sus casas, puesto que ninguna autoridad les ofrecía quedarse garantizándoles seguridad”, sostienen.
Un testimonio* refiere que la totalidad de pobladores de cuatro ejidos de Chicomuselo tuvieron que huir de sus hogares para buscar refugio. "Son aproximadamente 1,700 personas desplazadas del Barrio La Pinta, San Francisco, El Limonar y Nuevo Morelia", asegura la fuente que por razones de seguridad se mantiene anónima.
A su vez, asevera que elementos de la Guardia Nacional realizan incursiones en los territorios en disputa, pero nunca permanecen en el lugar, por lo que la zona representa un peligro para el tránsito de los habitantes de la región.
“Lo que queremos es que las autoridades intervengan para limpiar todo este mal y podamos regresar a nuestra tierras. Muchos estamos sin recursos económicos y con hijos pequeños”, reclama el testimonio.
Crisis permanente
Durante el pasado fin de semana, reportes ciudadanos alertaron sobre la continuación de los enfrentamientos armados, así como bloqueos y retenes dirigidos por personas fuertemente armadas. En consecuencia, se registran cortes de energía eléctrica, escasez de alimentos, cierre de negocios y desplazamientos forzados, tanto en la Sierra Madre como en la región fronteriza con Guatemala.
“Hemos visto salir a cientos de familias de Nueva Morelia y comunidades vecinas por temor a que se sigan suscitando los enfrentamientos, pues en esta zona hay intereses grandes la minería y el control de la frontera”, contextualizan los pobladores de Chicomuselo.
A su vez, señalan que desde el pasado 26 de diciembre del 2023, los pobladores de El Limonar fueron desalojados por grupos armados, presuntos integrantes del CJNG. “La gente huyó pidiendo alojamiento en comunidades vecinas y otros hacia los cerros”, relataron.
Otras denuncias anónimas señalan que el epicentro del enfrentamiento armado más intenso se sitúa en el Ejido Sonora-Escobilla. Otras poblaciones como Reforma, Monte Ordóñez, Bañadero, así como del municipio Amatenango de la Frontera y municipios vecinos, también son testigos de los choques entre los grupos armados que disputan el control de la región.
“En Bellavista sólo queda el 30 por ciento de su población, el resto se ha desplazado ya. Abandonaron sus casas porque además de la presencia de gente armada se agotaron los víveres y alimentos. No hay nada en las tiendas de abarrotes. Del ejido Independencia reportan ocho personas desaparecidas, de la cabecera municipal otras tres, todas estas de forma reciente. Pero los familiares no denuncian ante las autoridades por temor a represalias”, señala otra denuncia.
¿Porque las autoridades no actúan?
En medio de la crisis de violencia, los pobladores señalan que la presencia de autoridades es prácticamente nula, lo cual genera preocupación entre los habitantes de la región.
En los municipios de Frontera Comalapa, Bellavista, La Grandeza, Chicomuselo y Amatenango de la Frontera, así como en Motozintla, se respira miedo y terror entre la población, por lo que se comparten mensajes para evitar transitar por las rutas que conectan dichas localidades por la peligrosidad que representan.
Ante la situación, el pueblo de Chicomuselo reitera que “el Estado no ha logrado garantizar la seguridad al pueblo; vemos como sociedad civil que tanto el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y estatal no cumplen en su función de garantizar la paz y la seguridad para el pueblo que tantas veces lo ha exigido”.
En las denuncias señalan que las fuerzas de seguridad militares han permitido que el CJNG mantenga control de la cabecera municipal donde impunemente colocan retenes y bloquean las vías con camiones de volteo. En esos puntos, señalan, los integrantes del crimen organizado realizan revisiones a los pobladores y además cuentan con casetas y cámaras de vigilancia.
Organizaciones indígenas como el Modevite se han pronunciado en solidaridad con los pobladores de Chicomuselo. Mientras, las autoridades de los tres niveles permanecen omisas. Foto: Aldo Santiago
“El pueblo ha resistido y seguirá resistiendo a no pagar cuotas ni ser cómplices de estos grupos criminales, por lo que exigimos a los tres niveles de gobierno que actúen conforme a derecho; devuélvanle al pueblo lo robado: nuestra libertad, nuestros bienes materiales que con tanto trabajo hemos logrado, nuestros espacios de trabajo, la educación de nuestros hijos, la seguridad”, sostuvieron.
Además, exigen a la Secretaria de Seguridad Federal que visite la región para que pueda atestiguar la crisis de violencia. “Que pueda vivir lo que nosotros estamos viviendo: el miedo y el terror, la indignación e impotencia ante tanta violencia. Como ciudadanía nos cuestionamos ¿Por qué el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal no actúan? ¿Qué esperan para desarticular y desarmar a estos grupos criminales que están usando a la gente como barrera humana?”, cuestionaron.
Finalmente, realizaron un llamado a la solidaridad internacional, así como a los organismos de derechos humanos y medios de comunicación para dar cuenta de la gravedad de la situación en la región.
*Información actualizada el miércoles 10 de enero.
Se acerca la fecha límite en que jueces británicos decidirán sobre la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a Estados Unidos. La decisión será tomada entre los días 20 y 21 de febrero en el Tribunal Superior de Londres.
El periodista australiano, de 52 años, se enfrenta a 17 cargos relacionados con la posesión, recepción y difusión no autorizadas de información clasificada en virtud de la Ley de Espionaje de los Estados Unidos (EEUU). Entre estos cargos se encuentra una acusación de conspiración para cometer intrusión informática.
En caso de que Assange agote todas las vías legales y sea extraditado a los Estados Unidos, se enfrentará a un juicio en Alexandria (Virginia), con una posible condena de hasta 175 años en una prisión estadounidense de máxima seguridad. Estos cargos fueron iniciados por la administración Trump a raíz de la publicación por Wikileaks de los documentos filtrados por la analista de inteligencia del Ejército estadounidense Chelsea Manning en 2010, una de las principales fuentes de Assange. Los materiales filtrados exponían crímenes de guerra cometidos por el gobierno estadounidense en Guantánamo, Cuba, Irak y Afganistán, junto con casos de participación de la CIA en torturas, detenciones y entregas.
Diversos periodistas sostienen que procesar a Assange sienta un peligroso precedente contra el periodismo, ya que ningún editor se había enfrentado anteriormente a cargos en virtud de la Ley de Espionaje. Aunque los fiscales estadounidenses afirman que las acciones de Wikileaks pusieron en peligro a los aliados de Estados Unidos, los grupos de defensa de la libertad de prensa sostienen que no hay pruebas que lo demuestren.
Una carta abierta redactada por directores y editores de destacados medios como The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País, que colaboran con Assange en la publicación de documentos, exigen al gobierno estadounidense que ponga fin a sus esfuerzos por extraditar al fundador de Wikileaks.
Desde su salida de la Embajada de Ecuador en 2019, donde pidió asilo desde 2012, Assange ha estado detenido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh por incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza. Las investigaciones sobre las acusaciones de agresión sexual contra él en Suecia fueron finalmente archivadas.
Con el deterioro de su salud mental y física, su esposa, Stella, destaca la imposibilidad de un juicio justo y expresa su preocupación por su seguridad en EEUU. Sus abogados también se han dirigido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un intento de bloquear la extradición.
Mientras tanto, en diversas partes del mundo han convocado a realizar protestas durante los días previstos para la toma de decisión sobre la posible extradición.
Niños desgranan maíz en la comunidad q'eqchi' de Chapin Abajo, donde monocultivos de palma aceitera despojaron de tierras a la población indígena. Foto: Santiago Navarro F
Activistas en pro de la defensa de maíces nativos y contra el uso del glifosato, quienes sostienen la campaña Sin maíz no hay país, han logrado que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la de la Ciudad de México aplazara la propuesta de resolución del magistrado Ricardo Gallardo Vara, que iba en contra del decreto presidencial para restringir gradualmente el uso del glifosato y prohibir el maíz transgénico.
Los activistas quienes interpusieron una demanda colectiva, una fuerza activa en la defensa de los maíces nativos en México, habían alertado que, desde el 15 de noviembre pasado, el juez Gallardo y su secretario, Eric Castillo, “ya tenían preparada una resolución” a favor del amparo interpuesto por la empresa de biotecnología Bayer-Monsanto quienes pretenden derogar la ley actual que ha establecido un tiempo límite para retirar el uso del glifosato así como la prohibición del maíz genéticamente modificado.
Por ello, los defensores del maíz, celebran la decisión obtenida a razón de los magistrados Patricio González Loyola y Jean Claude Tron Petit, quienes argumentaron en favor del decreto presidencial.
Tron Petit señaló aspectos del proyecto de resolución que necesitan revisión, como el riesgo del glifosato y su impacto en la biodiversidad, subrayando evidencias científicas que cuestionan la seguridad de los maíces transgénicos y el glifosato. González Loyola se enfocó en el principio precautorio, defendiendo el decreto como una medida preventiva para limitar el uso del glifosato y proteger la salud y la biodiversidad.
Además, se mencionaron casos legales y restricciones en otros países, incluidas demandas contra Bayer-Monsanto por vínculos con cáncer y la limitación del uso del glifosato en espacios públicos en la Unión Europea. Enfatizaron la polémica sobre el glifosato, dada su clasificación como agente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Esta postura llevó al Cuarto Tribunal Colegiado a retirar la propuesta promovida por la transnacional, provocando resistencia por parte del magistrado Gallardo, quien deberá replantearla.
Los magistrados recalcaron la importancia de considerar el contexto mexicano, donde el maíz es fundamental en la dieta y la cultura. Subrayaron la necesidad de revisar a fondo los impactos del glifosato en la población, especialmente en un país con un alto consumo de productos de maíz como México.
Este aplazamiento marca una victoria para los defensores del maíz tradicional, que insisten en poner los derechos humanos y la preservación de la biodiversidad por encima de los intereses económicos de las corporaciones. La colectividad demandante permanece vigilante, determinada a proteger la riqueza de los maíces nativos ante cualquier resolución que favorezca a empresas en detrimento de la vida, el ambiente y la diversidad de México.
Con un endurecido operativo a cargo de la Interpol, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, este jueves (4), fue extraditado del territorio argentino hacia Chile, el activista Facundo Jones Huala, considerado como líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
El Lonko, como se llama a los jefes Mapuche, fue detenido el 27 de agosto de 2018 en Argentina, mientras cumplía una prisión domiciliaria en casa de su abuela. Ni su abogada, ni él, ni su familia habían recibido notificación alguna. Desde ese momento la Corte Suprema de Justicia de Argentina había confirmado que el jefe Mapuche sería extraditado bajo los cargos de delito de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal. Fue condenado a nueve años de prisión, aunque luego se redujo a seis años.
En 2022 su bogada logró obtener su libertad condicional luego de completar dos tercios de la condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, aunque tiempo después la resolución fue revocada bajo una orden de detención de la Corte Suprema de Chile para su extradición.
Huala había viajado hacia Argentina y fue considerado prófugo de la justicia nuevamente hasta que fue aprendido en enero de 2023 en el sur de este país.
El Gobierno Gabriel Boric, actual presidente de Chile, activó la solicitud de extradición del activista para que cumpliera su condena. El activista Mapuche, mediante un audio, había realizado un llamado a la justicia de Argentina para no ser extraditado a Chile por ser un "preso político".
Incluso, en la prisión realizó una huelga de hambre para evitar la extradición, así como el cese de la persecución política. En ese momento el activista manifestó que la principal demanda es sobre el “territorio y autonomía para nuestra nación ... El Estado debe devolver todo (al pueblo Mapuche) o asumir las consecuencias", advirtió.
Hoy es extraditado a Chile donde permanecerá detenido al menos durante un año, cuatro meses y 17 días, tiempo en que cumplirá la condena de seis años de prisión que le impusieron en diciembre de 2018.
El jefe Mapuche arribó aproximadamente a las 10:40 de la mañana de este jueves en el aeródromo Pichoy en Valdivia. Según las autoridades de Chile, el Lonko fue trasladado a la ciudad de Valdivia, a 850 km de Santiago, para ponerlo a disposición de los tribunales.
El fiscal Sergio Fuentes sostuvo que “la Corte de Apelaciones de Valdivia, luego de revisar la legalidad del proceso de extradición, ordenó ponerlo a disposición del Juzgado de Garantía de Río Bueno, quien a su vez dispuso el ingreso del condenado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco para el cumplimiento del saldo de su pena”, indicó.
El fiscal agregó que el “proceso de extradición fue posible debido a la actividad coordinada de la Fiscalía de Chile, a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición, en conjunto con las autoridades policiales, judiciales y administrativas argentinas”.
RAM
El territorio ancestral Mapuche, mejor conocido como el Walmapu, es reivindicado por estos pueblos desde el océano pacifico hasta el atlántico. Históricamente, desde antes de la invasión europea, han vivido en la Patagonia Argentina y Chilena, no obstante, más de una vez han sido considerados como invasores y como terroristas.
La RAM es considerada el “brazo político militar” del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu, organización a que Huala admitió pertenecer en el juicio de extradición que se realizó en Bariloche, en febrero de 2018, donde sostuvo que fue "combatiente en algún momento de RAM como también combatiente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y en otras situaciones de conflicto político territoriales desarrollé actos de autodefensa”.
Este proceso organizativo reclama la soberanía y el reconocimiento de la comunidad Mapuche y sus territorios ancestrales, que abarca a lo largo y ancho de territorios tanto de Argentina como de Chile.
Este proceso organizativo ha sido acusado de una serie de denuncias, desde provocar más de una decena de incendios, robar ganado y hasta atentar con armas de fuego contra empleados de la Compañía de Tierras Sud Argentino Limitado, propiedad de Carlo Benetton, quien forma parte del imperio textil italiano de la firma Benetton Group S.p.A. En 1991, la familia Benetto, en la Patagonia, compró 900.000 hectáreas en las que crían casi 100.000 ovejas, que llegaron a producir el 10% de la lana de la firma Benetton Group S.p.A.. En su mayoría estas tierras han pertenecido al pueblo Mapuche.
Bajo este escenario, un grupo de 15 presos políticos mapuche que forman parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en Chile, incluyendo a líderes como Ernesto Llaitul, Esteban Henríquez y otros, sostienen una huelga de hambre desde el 13 de noviembre, protestando por una condena colectiva de más de 15 años y exigiendo la anulación de dichos fallos. En medio de esta acción, Consuelo Contreras del Instituto Nacional de Derechos Humanos enfatizó la necesidad de un diálogo inclusivo para abordar la violencia en la región.
El gobierno progresista de Boric ha mantenido una postura distante hacia las demandas de autonomía de este pueblo, mostrando poco interés en abordar las reivindicaciones de tierras ancestrales y autogobierno.
