Inicio / Home Blog Página 47

Radios indígenas resisten a imposición de difundir propaganda de partidos políticos

Foto por Radio Zapote

En la memoria de hombres y mujeres, las de más experiencia, guardan el conocimiento de como relacionarse con las plantas, el agua, la montaña y de como es ser comunidad, qué implica servir a la comunidad. Generación tras generación de forma ritual han transmitido su conocimiento, principalmente, a través de la vía oral. Es así que, entre las entrañas de Sierra Nororiental de Puebla, los pueblos Masewal y Tutunaku decidieron ampliar y conservar la palabra a través de una radio indígena, Radio Tosepan Limakxtum.

Fue en el año 2010 cuando las primeras personas que tomaron la iniciativa debatían cual era la mejor vía, no para levantar la radio, sino para defenderla. “Platicamos entonces que pedir una concesión significaba aceptar la pauta programática de lo que era el IFE (Instituto Federal Electoral). No concesionarnos era correr con el riesgo de ser catalogada como una radio clandestina o pirata”, comparte Bonifacio Iturbide Palomo, colaborador de la radio.

La decisión debía ser llevada a la máxima autoridad de las comunidades, las asambleas. Ahí se decidió que respaldaban la iniciativa. A través del trabajo colectivo (conocido como faena) y cooperaciones económicas, sin permiso del Estado, edificaron la cabina y compraron los equipos necesarios, también se capacitaron. “Fue hasta el mes de septiembre del 2011 que iniciamos nuestra primera transmisión libre. Nuestro tema principal fue el cómo cuidar la madre tierra, nuestra lengua y su importancia, la medicina tradicional y nuestra identidad. La armonía comunitaria que es importante para nosotros como pueblo originario”, cuenta para Avispa Mídia el colaborador de Radio Tosepan.

En el año 2013 en México se implementó una reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que suponía el reconocimiento, a través de una concesión, a las radios comunitarias e indígenas. Hasta el día de hoy existen 140 radios comunitarias con concesión y 18 catalogadas como indígenas, según datos de las Naciones Unidas.

La reforma no nació de la nada, sino que devino de la necesidad de concretar lo que se había estipulado a raíz de los llamados Acuerdos de San Andrés, realizados entre el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal, que entre otros puntos estableció en la fracción VI del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen”.

No obstante, esta ley impuso diversas restricciones y obligaciones como la difusión de spots de partidos políticos y propaganda de lo que ahora es el Instituto Nacional Electoral (INE). “Nosotros nos oponemos a transmitir estos mensajes, porque son contrarios a nuestras formas de organizarnos y en como tomamos nuestras decisiones. Nuestro sistema es de cargos y no son por grupos como los partidos políticos que dividen”, agrega Iturbide.

Para Erick Huerta, asesor de la Radio Tosepan y abogado de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, AC, el objetivo principal de los medios de comunicación indígenas es fortalecer la autonomía, la cultura e identidad de los pueblos indígenas. “Resulta contrario a estos fines el que ellos (los pueblos) se vean obligados a transmitir la publicidad de los partidos políticos. Imagínate que el EZLN, negociando los Acuerdos de San Andrés, hubieran aceptado que les daban condiciones para tener sus propias radios, pero tenían que transmitir propaganda de los partidos políticos”, cuestiona el abogado.

Huerta dice para Avispa Mídia que, “esta imposición resulta en una afectación a la autonomía de los pueblos. Además, es contraria a la forma en que se ejerce la autoridad en las comunidades que no es por facciones sino con base al trabajo, apoyo y cargos que han asumido en la comunidad”.

El colaborador de la Radio Tosepan, Iturbide, remarca que en el territorio del pueblo ancestral Masewal de la sierra de puebla tienen prohibida la intromisión de partidos políticos, “pero últimamente ya estamos viendo que hay influencia de ellos. Cada vez más vemos algunos bloques de personas o planillas que quieren ocupar cargos en la comunidad y, esto, no es así. Acá tenemos nuestro propio sistema y no es por intereses personales, sino de toda la comunidad. Si permitimos esto se va a romper el tejido comunitario”, adevierte.

La lucha legal

Actualmente Radio Tosepan está catalogada en la modalidad de “indígena” y ha recurrido en diversas ocasiones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Ciudad de México, para que revoque la determinación que le fue dada el 27 de febrero, la cual dice “que esta radio indígena está obligada a incluir en su programación los spots de partidos políticos”.

“Hasta el momento no hemos transmitido ninguno de estos mensajes”, afirma Iturbide.

El 5 de julio, con dos votos a favor de la radio y cuatro en contra, el Tribunal Electoral resolvió denegar la solicitud de este pueblo ya que, “no se vulnera ningún derecho al transmitir la propaganda de partidos políticos, (…) no se vulnera los usos y costumbres del sistema normativo interno”, defendió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien además agregó que, “por el contrario, es un derecho a la información para los pueblos”.

Estas comunidades no han bajado la guardia. “Antes de llevar el caso a instancias internacionales queremos agotar todos los recursos en el país”, señaló el abogado Huerta.

Por ello, el pasado 11 de octubre, el presidente de la Junta Auxiliar de la comunidad Nahua de San Bernardino Tlaxcalancingo, Rogelio Xinto Coyol, en calidad de autoridad indígena presentó un juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales Colectivos de su comunidad en contra de diversos actos del INE, sobre todo el Acuerdo General INEC/CG445/2023, que modifica la ley de telecomunicaciones reafirmado la transmisión de propaganda electoral.

La radio de Tlaxcalcingo y Tosepan son las únicas dos radios consideradas como "de uso social indígena" en esta región, a ello se suman 2 radios comunitarias; 6 sociales; 12 de uso público; 50 concesiones comerciales.

Puntualizan que ante la presencia de al menos 70 concesiones en el estado, "es desproporcional y o equiparable considerar que no transmitir los mensajes (spots) de los partidos políticos es violatorio al derecho a la información y de estar informado, cuando el espectro radioeléctrico en un 97% estará saturado de estos mensajes".

Esta comunidad argumenta en su recurso legal que la ley, "vulnera nuestros derechos colectivos a fortalecer, promover, proteger y dar a conocer nuestra propia forma de organización y sistemas normativos, como una comunidad Nahua que ha gestionado su propio medio de comunicación".

Además, consideran que la ley es "discriminatoria y racista" por ello se apegan a su autodeterminación y autonomía al ser pueblos originarios para tomar la decisión de no transmitir esta propaganda. Este caso fue turnado nuevamente a la magistrada Soto Fregoso.

En un comunicado, emitido por la Radio Tosepan, Radio Cholollan y la Red de Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, afirman que es la autoridad de esta comunidad Nahua quien presenta la demanda esta vez, “porque los actos notoriamente vulneran el derecho a la autonomía de su comunidad y su derecho a tener medios de comunicación propios, además que fueron realizadas sin consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades indígenas”.

A ello se suma también que el día 18 de octubre, a través de la presidenta auxiliar de la localidad de Yohualichan en el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, también presentaron un juicio de la ciudadanía argumentando que la comunidad Masewal tiene derecho a poseer sus propios medios de comunicación desde una lógica de autonomía.

“Nosotros no vamos a transmitir propaganda de ningún partido político, vamos recurrir a otros recursos legales. Porque estamos defendiendo nuestra autonomía como pueblos organizados”, agrega Iturbide.

El abogado Huerta asegura que, si esta batalla legal se gana, beneficiaría a todas las radios indígenas y comunitarias del país, “porque la instrucción es al INE y esto anularía esta obligación de transmitir mensajes de partidos políticos. Mientras tanto, estas radios recurren a la desobediencia civil, porque es legítima su defensa. Así que ellos no van a transmitir ningún tipo de publicidad electoral”, concluye.

Fin al veto imperial en el Consejo de Seguridad de la ONU

Mientras seguimos siendo testigos de la masacre contra civiles y la destrucción completa de la Franja de Gaza de parte del Estado de Israel, luego de la matanza indiscriminada de Hamás contra judíos hace unos días, no se ve ninguna posibilidad de salida pacífica a este horroroso conflicto entre fanáticos religiosos y colonialistas.

Esto luego que Estados Unidos vetara una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía una pausa humanitaria en Gaza (1), lo que muestra una vez más del fracaso de tal organismo en contribuir en algo a la paz mundial, como ha pasado históricamente desde su fundación, que no fue otra cosa que el reparto imperial del planeta de las potencias victoriosas de la segunda guerra mundial.

De ahí que no debe sorprender que el Consejo de Seguridad sea un organismo de papel finalmente, controlado por cinco integrantes con capacidad de veto a las resoluciones (Rusia, Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Francia), los cuales lo han aplicado en innumerables ocasiones, para proteger sus intereses geopolíticos, a costa de la vida de los pueblos.

En cuanto a ejemplos históricos de vetos hay muchos, siendo Rusia el país que más lo ha aplicado, para seguirle luego Estados Unidos, en donde ambos directa o indirectamente han protegido dictaduras, invasiones y verdaderas masacres que han ocurrido en diferentes países, bloqueando la posibilidad de construir un mundo democrático y con respeto pleno de los derechos humanos.

En consecuencia, las cinco potencias imperiales han protegido y validado múltiples horrores de lesa humanidad, como fue el régimen de Apartheid de Sudáfrica, la invasión de George W. Bush a Irak, la feroz represión en Siria de parte de Bashar al-Ásad, la invasión de Vladimir Putin a Ucrania y la colonización sionista de Palestina, quedando completamente impune sus responsables.

Pero lo que mas desconcierta es tener que ver y leer a sectores tanto de izquierda como de derecha en distintos lados en el mundo, criticar los horrores de unos y proteger los de otros, cuando son exactamente lo mismo en términos de crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos.

Por eso que me parece inconcebible no empatizar de la misma manera con lo que está pasando con el pueblo ucraniano y palestino, quienes han sido humillados, destruidos y aniquilados por Estados asesinos, que usan todo su armamento y su propaganda para justificar sus genocidios y convencer a muchas personas, que pareciera que no vieran a la humanidad como un todo.

Dicho lo anterior, y ante una inminente amenaza nuclear, así como vamos, llegó el momento de pensar en ponerle fin al veto imperial de estos cinco países y refundar de manera estructural el Consejo de Seguridad, para que de una vez por todas la voz de los pueblos y de las personas moderadas sean escuchadas alguna vez.

Basta de aceptar discursos de odio racistas que inferiorizan y animalizan a pueblos enteros, como pasa con sectores de ultraderecha, pero también basta de la retórica de la celebración de una nueva multipolaridad y de un antiimperialismo de idiotas que valida el autoritarismo y la represión de ciertos gobiernos, como pasa con sectores de extrema izquierda, ya que solo alimentan el fanatismo, el odio y la deshumanización del otro.

En definitiva, ya tocamos fondo y no podemos seguir con la misma burocracia internacional de Naciones Unidas, que se quedó sin ninguna posibilidad de injerencia real frente a tanta aberración cometida por gobernantes corruptos y criminales, que debieran ser juzgados, condenados y encarcelados por todo el daño que le han hecho a la humanidad.

¿Cuantas más muertes y tragedias humanitarias vamos a tener que seguir aguantando, para que el respeto por la vida se ponga en el centro de todo y esté por encima de cualquier tipo de interés particular y de sistemas políticos y económicos inhumanos, que no respetan mínimos democráticos y un piso básico de convivencia pacífica?


(1) cnnespanol.cnn.com/2023/10/18/ee-uu-veta-peticion-del-consejo-de-seguridad-para-una-pausa-humanitaria-en-la-guerra-de-israel-y-hamas/

Silenciamiento de la solidaridad con Palestina provoca boicot contra empresas

Protestas realizadas en Uruguay para demostrar solidaridad con Palestina.

Mientras que Israel endurece el bombardeo hacia la Franja de Gaza asegurando que ha realizado al menos 320 ataques a objetivos militares del grupo armado Hamás, los medios y periodistas locales aseguran que la mayoría de los ataques han sido dirigidos hacia casas-habitación, escuelas, hospitales y centros civiles.

Los ataques de Israel han dejado al menos 5 mil muertos y, de ellos, se contabilizan 2 mil niños y niñas, según los medios palestinos. Solo en las últimas 24 horas se han reportado más de medio millar de personas muertas. Suman también 21 periodistas perecidos mientras cubrían los hechos según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

La solidaridad hacia el pueblo palestino va en aumento. Estallan cientos de protestas en diversas partes del mundo exigiendo que se detenga el bombardeo israelí.

Marchas multitudinarias se han registrado en países del medio oriente para exigir un alto a las agresiones israelíes contra Palestina

Desde los Estados Unidos, donde su gobierno ha respaldado políticamente y con armas a Israel, diversas colectividades han convocado a realizar múltiples acciones organizadas para exigir un alto al fuego hacia Gaza. Hacen un llamado a boicotear a empresas que apoyan a Israel como Amazon, Google, entre otros, además de medios de comunicación masivos.

Desde Washington D.C., la organización La Mayoría Creciente (The Rising Majority) ha exigido que el presidente Joe Biden y el Congreso de EEUU pidan un alto al fuego inmediato en Gaza.

“Somos personas de conciencia, que nos unimos por encima de credos, razas y generaciones, para decirle al presidente Biden y al Congreso que tienen que tomar una decisión: defender el valor de la vida humana y reducir la violencia o seguir apoyando la masacre del pueblo palestino por parte del gobierno israelí”, ha expresado la organización.

De la misma forma, La Red Media Justice ha emitido una declaración en solidaridad con la resistencia palestina y ha denunciado la complicidad de las grandes empresas tecnológicas con lo que llaman “el apartheid israelí”.

Denuncian los cortes de internet, la desinformación, la tecnología de vigilancia utilizada por Amazon y la policía desplegada en Gaza y el silenciamiento de la disidencia. “Estamos viendo en tiempo real los peligros de un entorno mediático y tecnológico que funciona con impunidad en nombre del interés del colonialismo”, puntualiza la Red.

Esta organización va más allá al señalar a las corporaciones de los medios de comunicación que vinculan a todo el pueblo Palestino con los actos realizados por Hamás, creando una narrativa que desinforma.

“Existe un largo historial de medios de comunicación que han fallado a comunidades históricamente marginadas, comunidades de color y a sus historias de resistencia. Las narrativas raciales del colonialismo justifican la violencia infligida a los palestinos. Sabemos que los medios de comunicación y la tecnología son así. Los grandes medios de comunicación representan al poder, eligen quién puede contar sus historias y quién puede representar sus intereses”, asevera la La Red Media Justice.

Así mismo, otras colectividades relacionadas con el uso de diversas tecnologías, como La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), el Centro de Derechos Constitucionales y diversas organizaciones de la sociedad Civil exigen a las empresas tecnológicas, sobre todo a las de redes sociales, que respeten los derechos básicos de la información.

La APC cita al Centro Árabe para el Avance de los Medios Sociales, quién documentó en días pasados que al menos 19 mil tuits, de un total de 23 mil mensajes en hebreo de la plataforma "X", incluía, entre otras cosas, “incitación al odio y racismo contra los palestinos. Por otra parte, diferentes plataformas de medios sociales están inundadas de desinformación, lo que contribuye a etiquetar, deshumanizar y estereotipar a los palestinos”, dice APC.

La Red Media Justice ha registrado que, Amazon Web Services (AWS) y Google, firmaron desde 2021 un contrato de 1.200 millones de dólares con el gobierno de Israel para un proyecto emblemático llamado "Proyecto Nimbus", con el fin de proporcionar un "ecosistema" de servicios en la nube para el gobierno israelí.

Los dos gigantes tecnológicos ganaron, en el año 2021, los concursos públicos para construir y proporcionar a Israel sus centros de datos y servicios regionales basados en la nube. Este proyecto permitirá a los órganos de gobierno israelíes transferir sus datos alojados la nube proporcionados por Google y AWS en Irlanda, Holanda y Fráncfort. Este proyecto esta pensado a gran escala, dirigida conjuntamente por la Administración de Contratación Pública de la División del Contable General y la Agencia Digital Nacional, junto con la Dirección Nacional Cibernética de Israel, el Departamento de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el Departamento de Gobernanza y Asuntos Sociales de la Oficina del Primer Ministro.

Para los activistas de la Red Media Justice, Nimbus está diseñado para ampliar las capacidades de inteligencia artificial de Israel, “incluidas las utilizadas para vigilar a los activistas palestinos, vigilar la frontera de Gaza, obligar a los palestinos a abandonar sus tierras y operar el sistema de seguridad Cúpula de Hierro de Israel”.

Tras la firma de este convenio surgió en EEUU el movimiento #NoTechForApartheid, quienes han logrado recabar más 40 mil firmas de ciudadanos estadounidenses, a través del cual exige a Google y Amazon que "dejen de tratar con el régimen de apartheid israelí y se retiren del proyecto Nimbus", señalan los integrantes de esta campaña.

“Por eso nos solidarizamos con nuestros compañeros de Mpower Change y Jewish Voices for Peace en la campaña #NoTechforApartheid, que ha organizado a cientos de estudiantes, trabajadores tecnológicos y activistas para que las empresas tecnológicas rindan cuentas por suministrar tecnología para la guerra y la violencia de Estado”, puntualiza la Red.

Esta Red ha trabajado en el informe Open for Business del Departamento de Seguridad Nacional, que pone de relieve la inversión de las grandes empresas tecnológicas en la potenciación de la policía local. “Utilizan el reconocimiento facial, las cámaras corporales y otras formas de vigilancia tecnológica”, denuncia el colectivo.

En las multitudinarias protestas se han sumado las voces de miles de personas desde Francia, Chile, Filipinas, Egipto, Sarajevo, Herzegovina, Uruguay, Irlanda a Escocia, del Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia a Polonia, de Rumanía a Bosnia, de Dinamarca a Bélgica, Australia, Canadá, EEUU y México, donde se han movilizado miles de personas que exigen un alto a los ataques contra Palestina.

Movilización en Ciudad de México en solidaridad con Palestina. Foto: Medios Libres

Los activistas advierten que hay personas que están siendo intimidadas en línea para reducir el apoyo público a Palestina, incluso, usando el llamado “doxxing” que es una forma de acoso en línea que consiste en exponer públicamente el nombre real, la dirección, el trabajo y otras informaciones personales.

“La solidaridad pro-palestina está siendo activamente silenciada a través de algoritmos de redes sociales, la manipulación de los medios de comunicación, la magnificación de la retórica racista y el doxxing activo de individuos y organizaciones que se atreven a hablar”, arremete La Red Media Justice

La Red apela al derecho a la información y a la libertad de expresión como algo fundamental y básico para la dignidad de todas las personas.

De siembras y cosechas, discurso sobre Palestina del Subcomandante Marcos del EZLN

Hoy el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a través del Subcomandante Moisés, recupera aquel discurso pronunciado por el entonces Subcomandante Marcos sobre la guerra asimétrica y desigual de Israel contra Palestina. Era enero del 2009 cuando se advertía sobre una guerra que no estaba atacando milicianos, sino a niñas, mujeres, ancianos, hospitales, escuelas. Este posicionamiento es retomado como vigente por el EZLN en este año 2023. Los niños y niñas que sobrevivieron a los ataques hace 15 años hoy son adultos.

Comunicado del Sub. Moisés https://acortar.link/BNAI18 

Deforestación y violencia masiva en América Latina por la agroindústria

Representantes de organizaciones de África, India y Latinoamérica se reunieron en Bogotá, Colombia, para debatir sobre los impactos de la agroindustria en los territorios ancestrales y la soberanía alimentaria, en el foro internacional Autosuficiencia alimentaria nacional: agricultura industrial vs. agroecología comunitaria y familiar

Se reunieron redes campesinas, indígenas y afros, además de organizaciones de la sociedad civil como Grain, Vía Campesina, Alianza Biodiversidad, el Grupo de Investigación en Territorios, Agroecología y Sistemas Agroalimentarios (Terras) de la Universidad Nacional de Colombia, por mencionar algunas.

Álvaro Acevedo Osorio, académico de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Agroecología, explicó que, por un lado, la agroindustria se enfoca en el negocio y el privilegio de apropiarse de los bienes comunes y de generar favores políticos a beneficio de las políticas de desarrollo social. Mientras esto pasa, las comunidades degeneran en la posibilidad de garantías de sus derechos. 

Por el contrario, la agroecología, desde el enfoque de derechos, permite a las comunidades rurales y urbanas, tener un alimento bajo sus propias condiciones culturales. Condiciones éstas “apropiadas tanto para productores como para consumidores y que permitan acceder a los bienes comunes que facilitan la producción, a las semillas, a los recursos de agua, etcétera. En el fondo es una discusión de derechos, es una disyuntiva entre privilegios y derechos”, sostiene Acevedo Osorio. 

En Latinoamérica

En el sur occidente de Colombia, en Cauca predomina la etnia afro y sus tierras son las más productivas del territorio nacional, pero eso ha provocado muchos conflictos por quienes buscan acapararlas, que derivan en desplazamientos de personas.

Lo mismo ocurre con el acaparamiento de tierras colombianas para el cultivo de palma de aceite y del agua por la agroindustria de las flores. En Ecuador, con los tiraderos de tilapia que dan cuenta de que continúa el patrón de concentración en favor agroindustrias que están contaminando la región latinoamericana.

México fue mencionado por el avance del megaproyecto del Tren Maya, la contaminación por la industria animal, por plantaciones de aguacates, entre otras, que también están generando violencia en las comunidades y el desplazamiento forzado de miles de personas. 

“Se empieza a generar una deforestación masiva en América Latina. Por ejemplo, en la Amazonia tiene la tasa de deforestación más alta de todo el planeta y está empezando a sufrir los efectos de ésto”, dijo Javier León, de Grain.

En todo el mundo, la resistencia contra la agroindustria ha provocado la elevada criminalización contra pueblos y comunidades indígenas con persecución, hostigamiento y violencia por parte del mismo Estado. 

En este punto, las organizaciones lamentaron la violencia sistemática contra los líderes indígenas y campesinos en varios países. Se dijeron preocupadas porque la región de América Latina tiene la mayor cantidad de muertes y desaparecidos por la defensa de los derechos humanos de la vida, siendo las mujeres las principales protagonistas de estas resistencias o de propuestas alternativas frente a este modelo intensivo de expansión en América Latina. 

En situaciones más complejas, mencionaron a la India, donde se han suscitado suicidios relacionados con la agricultura industrial. Entre 1993 y 2006 hubo alrededor de 150.000 suicidios de campesinos, y la cifra ha seguido en aumento, según el Ministerio de Agricultura de India. Tan solo en septiembre de 2023 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció un incremento de los suicidios de personas jóvenes. 

Te puede interesar – Una sociedad fascista: El pobre debe comer veneno, Sebastião Pinheiro

Un desastre 

La Revolución Verde “fue un desastre”, coincidieron los expertos. Uno de los impactos inmediatos fue la pérdida de la diversidad local, las semillas. Por ejemplo, India tenía 100 mil variedades de arroz y ahora tiene menos de 5 mil. Mientras el algodón que es un cultivo endémico, se tenían 4000 variedades pero en 10 años se extinguieron, ahora cultivan algodón genéticamente modificado que controla sólo una compañía: Monsanto.

Tomaron en cuenta que en este tipo de proyectos, los agrotóxicos van en el mismo paquete, también para contaminar el suelo, el agua y el aire, pues en muchos casos para mantener las plantaciones de monocultivos son dispersos en el aire, desde las alturas.  

Otros impactos son la degradación de las propiedades suelo, la erosión, los monocultivos, desaparición de especies, toxicidad en el agua, incluso subterránea y cientos de pacientes enfermos de cáncer. 

“Ese fue la devastación de la Revolución Verde pero no fue suficiente porque en varios países de Asia, especialmente en India, están pensando en una segunda, como si la primera no hubiese sido suficiente”, dijo el representante de Grain en la India.  

La alternativa, para las organizaciones, está en la soberanía alimentaria que promueven los propios pueblos. El objetivo es ser independientes de insumos externos y de compañías. Apuestan a la conservación y preservación de las semillas y a las prácticas de agricultura sostenible. 

Ver también: Especialistas alertan sobre los peligros de la agricultura climáticamente inteligente

México: Otomís frenan violento desalojo de la Casa de los Pueblos Samir Flores

En portada: Conferencia de prensa en las afueras de la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”. Foto: Regina López

Durante la madrugada de este lunes (16), más de 500 elementos del cuerpo de granaderos de la ciudad de México incursionaron en los alrededores de la Casa de los Pueblos y comunidades indígenas “Samir Flores Soberanes”, con la intención de desalojar a los miembros de la comunidad Otomí, quienes recientemente cumplieron tres años de ocupar el inmueble, ubicado al sur de la capital.

Miembros de la comunidad indígena sostuvieron que, frente a los actos de represión, lograron replegar a los elementos de seguridad, “cientos de granaderos, como si nosotros, la comunidad Otomí fuéramos los criminales, como si nosotros tuviéramos armas”, reclamó Isabel, delegada del Congreso Nacional Indígena (CNI). Dada la violencia del operativo, este dejó un saldo de 10 heridos, entre ellos, adolescentes, adultos mayores y con capacidades diferentes.

“Una adolescente de 17 años fue atacada por un grupo de cinco granaderos quienes la patearon y golpearon causando inmovilidad en una de sus piernas; una niña de 13 años fue golpeada por tres granaderos hombres quienes la patearon en la cabeza provocando que se desmayara”, detalló esta comunidad.

Mediante comunicado, el gobierno de la CDMX divulgó que el operativo estaba encaminado a desalojar el plantón que permanece desde el pasado 12 de octubre, en demanda de vivienda digna para 40 familias Otomíes. No obstante, la comunidad indígena reprochó ello pues argumentaron que los elementos de seguridad intentaron ingresar a la Casa de los Pueblos.

Una hora después del operativo, un grupo de más de seis motociclistas se acercó para provocar e insultar a quienes sostienen un plantón sobre la Avenida México-Coyoacán. Tras otro intento de incursión, agredieron con armas de fuego a los integrantes de la comunidad Otomí.

“Esta es la respuesta que da el gobierno a sus demandas del pueblo Otomí”, denunciaron al momento de presentar los cartuchos percutidos que evidencian el ataque, además de proporcionar imágenes de los agresores y las placas de sus vehículos. También reclamaron la ausencia de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX (Cdhcm) y enfatizaron que el operativo nunca fue pacífico.

“A tres años de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, racismo, discriminación y represión es la oferta de la cuarta transformación”, sentenciaron miembros de la comunidad Otomí mediante conferencia de prensa.

“Hacemos responsable a Martí Bartres (Jefe de Gobierno de la Ciudad de México) de lo que nos llegue a ocurrir. Los granaderos nos pegaron sin importar que había niños, mujeres y a los mayores de edad. Ya basta de la discriminación”, reclamó una mujer Otomí que fue agredida.

“Tener techo, es un derecho”

La principal demanda de la comunidad Otomí es la expropiación de dos inmuebles ubicados en la colonia Juárez, en los domicilios Roma 18 y Londres 7, para servir de vivienda a familias indígenas. Esto, debido a que desde hace dos años y medio se expropió el inmueble de Zacatecas 64 con el fin de albergar 40 familias Otomíes, pero en la actualidad no hay indicios de cuándo iniciaran las obras para cumplir con esa demanda.

Pinta en el plantón sobre avenida México-Coyoacán. Foto: Aldo Santiago

Señalaron que ya están cansados de mentiras de funcionarios como Juan Gutiérrez y Rodrigo Chavez, con quienes se reunieron el pasado 14 de octubre, y quienes ofrecieron mesas de diálogo, “sin respuesta, sin compromisos reales, sus ofertas son pura simulación de la cuarta transformación”.

“Ya no creemos en sus palabras, porque llevamos cuatro años de esta administración que ya se acaba y nunca nos han dado respuesta”, sentenció Isabel, delegada del CNI, quien enfatizó que es una lucha de décadas por vivienda digna para la comunidad Otomí.

La comunidad Otomí denunció que, apenas el sábado pasado (14) les fue informado que no se podría realizar la expropiación de los inmuebles debido a que no tienen la ocupación del inmueble. Ante ello, demandaron al gobierno de la CDMX la expropiación del inmueble que alberga la Casa de los pueblos “Samir Flores Soberanes”.

“Demandamos la expropiación de este inmueble, porque en él sí tenemos la ocupación”, sentenciaron. La comunidad Otomí anunció que no retirarán el plantón sobre la avenida Mexico-Coyoacán hasta que se cumplan las exigencias para la vivienda de interés social de la comunidad Otomí.

Solidaridad

Colectivos y organizaciones de distintas partes de la CDMX y del país se hicieron presentes para acuerpar la lucha y resistencia de la comunidad Otomí.

“Por eso es la lucha, que no se siga repartiendo el territorio en inmobiliarias, en cuarteles policiacos, militares que están acabando hectáreas (…) para cuidar los intereses a los trasnacionales que vienen por los minerales, por el petróleo. Aquí fue necesaria la toma del INPI, fue necesaria la insurrección”, exclamó María de los Ángeles Fernández, también conocida como Doña Fili, luchadora por la vivienda digna en Santo Domingo, Coyoacán.

Doña Fili recordó que, apenas el pasado 12 de octubre se realizaron actividades culturales con infancias en la Casa de los Pueblos y reclamó, “¿cómo agredir a un pueblo que lucha tan pacíficamente? Y negar la vivienda al pueblo que los mantiene”.

Por su parte, integrantes de la Coordinación de pueblos, barrios originarios y colonias de Xochimilco denunciaron que las acciones violentas contra la comunidad Otomí forman parte de la estrategia de Juan Gutiérrez Márquez, coordinador general de concertación politica, prevención y buen gobierno de la CDMX.

“Nos lo hizo a nosotros como xochimilcas y lo vuelve hacer (…) Estas acciones han sido repetidas. Levanto la voz para que este señor sea destituido. Nosotros en la Cdhcm iniciamos una denuncia por las agresiones contra los ciudadanos de Xochimilco. El señor es un cobarde… trae un grupo de motociclistas que nosotros documentamos y lo dejamos en la Cdhcm”, sentenciaron frente a la agresión de funcionarios locales.

“Queremos denunciar el acto de violencia cometido por tres granaderos que llevo a que una pequeña de 13 años perdiera el conocimiento (…) fue salvajemente golpeada, eso lo estamos diciendo hoy, no en 1968, no en Palestina, no en otra parte del mundo, lo decimos aquí en la ciudad de México, la que dice contar con un gobierno de vanguardia”, reclamó Carlos González, integrante del CNI.

González refirió que las condiciones de diversos pueblos indígenas residentes en la CDMX son infrahumanas. “Al gobierno le importa un pepino, le interesa el control político, el clientelismo, dar dádivas, no reconocer ni respetar derechos, esa es la ciudad innovadora y de derechos que nos vende este gobierno”.

Además, destacó que la violencia contra los pueblos originarios se repite a nivel nacional y denunció que apenas el pasado 13 de octubre fueron asesinados dos jóvenes choles. Juan Carlos Jiménez, de 19 años y Oscar Pérez de 17 años, de la comunidad de Tila, “fueron cobardemente asesinados por paramilitares en su comunidad (…) esa es la realidad que estamos viviendo”, denunció el también abogado sobre la situación de guerra que viven los pueblos en México.

Acciones

Por último, la comunidad Otomí convocó a la realización de acciones dislocadas en Querétaro para la defensa del agua y los territorios y en apoyo a la población de Santiago Mexquititlán.

“Esta cobarde acción es porque nos tienen tanto miedo, nos tienen que agredir a costa de la vida y a favor de los intereses capitalistas e inmobiliarias que tienen el derecho a la tierra. Vamos a seguir luchando juntas y juntos, vamos a seguir organizándonos, para que este poder patriarcal, estas empresas trasnacionales no nos sigan despojando”, finalizó Isabel, delegada Otomí del CNI.