Inicio / Home Blog Página 50

En medio de violencia que desborda Chiapas, Modevite celebra una década en la defensa de los territorios

En el marco de su 10 aniversario, miembros del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio marchan por la carretera que lleva de la comunidad tzeltal de Patria Nueva hacia la ciudad de Ocosingo. Foto: Aldo Santiago

¡Llega la mañana, pero todavía es de noche! La frase, repetida por un religioso jesuita, recibe las respuestas de un coro juvenil frente el atrio de la iglesia en el pueblo Patria Nueva, municipio de Ocosingo, territorio recuperado tras el levantamiento zapatista del año 1994.

Niñas y niños corretean, gritando en júbilo. Mientras, adultos escuchan atentos y ancianos descansan tras una breve, pero vigorosa peregrinación por las calles de la cabecera municipal hacia el pequeño poblado tzeltal.

Las y los presentes están congregados para celebrar el décimo aniversario del surgimiento del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite). Esta organización aglutina a comunidades choles, tzeltales, tzotsiles y mestizas de 13 municipios chiapanecos, pertenecientes a las regiones de los Altos, Selva y Sierra Madre.

Miembros del Modevite se congregan en el atrio de la iglesia del poblado tzeltal Patria Nueva, en el antiguo Caracol zapatista 10, municipio oficial de Ocosingo. Foto: Aldo Santiago

Arriba, en el templete, las y los jóvenes comparten las denuncias, una a una, de las agresiones que atraviesan su cultura, sus cuerpos y territorios. “¡Centinelas!”, gritan, alertando sobre la violencia, discriminación y despojo contra sus pueblos.

“Tenemos estas dos certezas”, complementa el jesuita. “No podemos negar que vivimos en el tiempo de la noche, no podemos negar que hay muerte, que hay economías que matan, que roban, que explotan, que hay crimen organizado, que hay ataque contra las mujeres, que hay tiempo de los migrantes (…) no tenemos respuestas para toda la noche, pero somos una comunidad que también tiene otra certeza: que viene la mañana, que el amanecer existe”, sostiene ante la escucha atenta de las y los presentes.

Mediante actividades políticas, culturales y religiosas, las y los participantes de la celebración recuerdan el origen de su organización, cuyo nacimiento, hace 10 años, respondía a las denuncias para combatir el alcoholismo dentro de las comunidades, la violencia contra la mujer y la imposición de la súper carretera San Cristóbal-Palenque.

Te puede interesar - Comunidades tzeltales reiteran su rechazo a megaproyecto carretero en Chiapas

“En aquél entonces era delante de la corriente neoliberal depredadora de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas; era clara la complicidad gobierno-empresa para implantar proyectos extractivos en el territorio”, rememoran mediante comunicado difundido en el contexto de los festejos.

Desde su origen, en noviembre del año 2013, Modevite ha sido una voz permanente en la lucha de pueblos de Chiapas para defender sus territorios, así como por la exigencia del respeto y reconocimiento de su autonomía y libre determinación.

Actualmente, en un estado violentado por la militarización y la actuación de grupos del crimen organizado, Modevite asevera ser una resistencia y opción de lucha desde la no violencia, como ha demostrado a lo largo de su existencia por medio de acciones como las peregrinaciones y en su promoción del ejercicio de gobiernos comunitarios en Chilón y Sitalá, al norte de Chiapas.

Te puede interesar - Comunidades tseltales reafirman gobierno comunitario en el norte de Chiapas

“Desde hace tiempo que el gobierno nos maltrata y quiere extraer la riqueza de nuestros recursos naturales, ahora el crimen organizado está despojando nuestro territorio. Por eso hay que caminar y estar unidos todos. Se ha sembrado una semilla y un recuerdo. Esperemos que lo que se sembró dé fruto”, comparte Alejandro Hernández, autoridad de la comunidad de San Pedro Toniná, sobre los desafíos y logros a una década de organización comunitaria.

Después de la peregrinación del día 24 de noviembre se llevó a cabo un momento de reflexión colectiva donde, tanto mujeres, hombres, niños y niñas así como jóvenes y jóvenas reflexionaron sobre todo lo que se ha logrado a lo largo de estos diez años de lucha. Alicia nos cuenta un poco sobre su perspectiva de lo que han vivido las mujeres en cuanto a desafíos, retos y logros. Video realizado por equipo de comunicación en apoyo al Modevite.

Las voces congregadas en el Modevite denuncian que los territorios y comunidades en Chiapas padecen el despojo de la paz por la imposición de la violencia del crimen organizado, situación que, a su parecer, no solo responde a la incapacidad de las autoridades gubernamentales, “sino porque proliferan los narcogobiernos en la región”.

El Modevite promueve la resistencia de la no violencia contra megaproyectos que amenazan sus territorios. Foto: Aldo Santiago

Ante esta situación, demandan el cese a la violencia criminal y política, y todas las formas de violencia, sobre todo las que afectan de manera desproporcionada a las mujeres indígenas. También expresan su rechazo a megaproyectos que amenazan los territorios de pueblos indígenas, tales como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque.

En el corazón

Entra las actividades del festejo se consideró un espacio para que las y los acompañantes del Modevite compartieran información sobre sus trabajos. De esta manera, académicos del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) presentaron un análisis cartográfico de la conflictividad en Chiapas.

Gabriela Fenner, encargada del Laboratorio de Cartografía Crítica explicó el contenido de un mapa en el que ubican luchas en el sureste mexicano que se articulan dependiendo las amenazas que se ciernen sobre sus territorios. Así, por ejemplo, en Veracruz, comunidades resisten a los daños de la explotación petrolera y en la península de Yucatán luchan contra la devastación del “tren maya”.

Te puede interesar - Tren Maya: en la víspera de su inauguración, comunidades se posicionan contra “megaproyecto militar”

“Chiapas en sí, y los municipios del Modevite, están en un corazón, están en una zona muy especial, estratégica, no solo para este gobierno, sino para la economía mundial”, resaltó la geógrafa sobre la relevancia de estos territorios para el sistema capitalista.

Para Pablo Uc, miembro del Observatorio de las Democracias, sur de México y Centroamérica (Odemca), la resistencia de una década del Modevite es referente ante la continuación del reordenamiento en el sureste por medio de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación”.

Pablo Uc, miembro del Odemca, señala los megaproyectos ubicados en el mapeo realizado en colaboración con el Laboratorio de Cartografía Crítica. Foto: Aldo Santiago

Tal es el caso del Corredor Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec. Ahí, donde en la administración pasada se hablaba de las Zonas Económicas Especiales, es el lugar codiciado, desde hace más de un siglo, para consolidar infraestructura que conecte a los mares que permitan la exportación de productos a los mercados de Norteamérica, Europa y Asia.

Según Uc, atravesar ese territorio, lleno de riqueza y biodiversidad, es convertirlo en un corredor para extraer mercancías, donde las personas mismas son convertidas en mercancías y se acentúa la industria de hidrocarburos. “Nos está rodeando, porque frente a ello encontramos cómo se vincula a un gran segundo proyecto, que es el tren maya”.

Fenner, por su parte, enfatiza que las luchas en el sureste mexicano son estratégicas, “y por eso es importante mirarnos y tejernos con otras resistencias. Están ahí también defendiendo los territorios, sobre todo defendiendo la cultura”, resalta. “La lucha puede ser distinta, pero la esencia es la misma (…) volvimos a poner los territorios del Modevite, sobre todo para decirles: no están solas, no están solos, hay otras y otros que están también luchando en otras partes de México y están cerca”.

Frente a la violencia, renovar la defensa

El fogón abrasa la tarde mientras una tenue lluvia rocía el campo. En medio de la celebración, conversamos a un lado del fuego con Dania Martínez, directora del Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC), quien reflexiona sobre la violencia del crimen organizado que ha tomado fuerza en las comunidades chiapanecas.

Martínez destaca que, pese a estas dificultades, la actual celebración tiene como objetivo mantener la esperanza del camino andado durante una década. Así, recuerda que desde enero de este 2023, mediante rezo y ayuno en el municipio de Yajalón, comenzó el proceso de reflexión con el objetivo de “evaluar los frutos” del Modevite.

“Necesitamos renovar la estrategia de defensa del territorio”, es una de las conclusiones que comparte Martínez. Ella argumenta que no pueden continuar con los mismos modos de lucha que hace 10 o 30 años, menos aún cuando existen situaciones como las que se desarrollan en el municipio de Chicomuselo, cerca de la frontera sur con Guatemala.

Elementos del ejército mexicano que patrullan las calles de Ocosingo observan el contingente de Modevite durante su peregrinación en la ciudad. Foto: Aldo Santiago.

En este territorio, explica, no se puede exigir un alto a la extracción mineral, pues el gobierno se defiende aduciendo que no otorgó concesión y la empresa se excusa de no estar trabajando en la mina. “Ahora, quien está saqueando el territorio, las minerías, los recursos naturales, es el crimen organizado (…) son los que custodian las puertas de las minerías y acompañan en el traslado del producto que sacan”, denuncia Martínez.

Te puede interesar - Crimen organizado toma control de territorio minero en Chiapas

Chicomuselo, hoy es sinónimo de tragedia, una que se desarrolla con la complicidad criminal de grupos armados, el ejército, la Guardia Nacional y autoridades de los distintos niveles. Así lo describen las y los integrantes de Modevite de aquel municipio, quienes enviaron un comunicado en el que denuncian la agudización de la violencia y explican su imposibilidad para asistir a las celebraciones debido al estado de sitio que se vive en el municipio de la frontera sur.

En el documento, leído durante la peregrinación a través de las avenidas de Ocosingo, detallan que existen controles, en las entradas y salidas del municipio, por parte de grupos armados quienes realizan revisiones exhaustivas, violentan físicamente a la población y no les permiten salir de la comunidad.

Integrantes del Modevite realizan una pausa en su peregrinación por Ocosingo para leer el comunicado enviado por las y los habitantes de Chicomuselo

También denuncian que, en las últimas semanas de noviembre, familias de la comunidad de “El Pacayal”, municipio de Bellavista, fueron desplazadas violentamente de sus hogares. Ante ello, han buscado refugio en comunidades vecinas donde se les ha dado alojamiento. Esto ocurre, pese a las dificultades de conseguir víveres en la región, debido al bloqueo de los caminos por parte de grupos armados.

Además, los enfrentamientos no cesan. Destacan lo sucedido el 22 de noviembre cuando chocaron grupos armados en San Francisco, municipio de Siltepec. “Personas que vivieron esta situación comparten que fue el ejército y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quienes entraron a la comunidad para emboscar al Cártel de Sinaloa (CDS) y que tiraron gases lacrimógenos para que la gente saliera de sus casas, tiraron bombas y resultaron 8 heridos”, explican en el documento.

En el comunicado alertan que prevalece la intimidación y amenazas a sus comunidades por el saqueo y explotación minera. También señalan que el crimen organizado presiona a las autoridades ejidales para que las personas participen en bloqueos. “Algunas comunidades están resistiendo también a ser usados por el CDS y están organizándose libremente para cuidar la comunidad, hay insistencia de los líderes de organización a que los ejidos se unan al CDS para hacer frente al CJNG y al ejército”, denuncian.

Esta situación es reiterada. El pasado domingo (17), mediante escrito, alertaron que pobladores de dos comunidades de Chicomuselo han sido amenazados de reclutamiento forzado por parte de la organización social “El Maíz”, presuntamente vinculada a células del criminal organizado. 

Te puede interesar - Mientras cárteles se enfrentan, paramilitares continúan con el saqueo de barita en Chicomuselo

Pese a la crisis de inseguridad, las y los pobladores de Chicomuselo se posicionaron por recuperar su capacidad organizativa para hacer frente, “desde nuestras pequeñas acciones, a toda esta ola de violencia que vulnera la vida de nuestros pueblos”.

“Lo que nos salva y nos mantiene en esta lucha, es la espiritualidad”, comparte Dania Martínez sobre la fortaleza que entrecruza elementos de la cultura maya y la no violencia. “Yo veo una conexión muy fuerte también con la espiritualidad de la Madre Tierra, es la que nos da de comer”, sentencia y recuerda que, durante la planeación de los festejos, muchos se cuestionaron dónde debían acudir para rezar.

Miembros del Modevite subieron al cerro donde nacen las fuentes de agua que abastecen al poblado tzeltal de Patria Nueva. Foto: Aldo Santiago

Pero para la mayoría fue claro: “queremos ir al cerro, porque cuando nos ha tocado desplazarnos, porque nos despojan del territorio, quien nos ha acogido es el cerro, quien nos ha dado de comer, es el cerro, entonces, vamos a ir a agradecerle que, en medio de nuestro dolor, ellos nos han acogido, la Madre Tierra y el cerro”, comparte.

Persistencia

Don Roberto, un anciano proveniente de Huixtán, se regocija participando en los actos que convoca el Modevite, pues encuentra en ellos el motor para continuar con la defensa de su territorio. “Vengo aquí a defender mi pueblo, mi comunidad, porque allá hay dos ríos que están amenazados para hacer represas”, cuenta con semblante alegre.

Como religiosamente lo realiza, participa en las movilizaciones convocadas desde la época en que el proyecto de la autopista San Cristóbal-Palenque amenazaba su comunidad. Mientras marcha, toma fotografías y grita consignas para demandar a los gobiernos el respeto a sus territorios, bosques y a su libre determinación.

Don Roberto recupera su aliento postrado a un costado del mural que retrata al Subcomandante Pedro, en el recinto que funge como sede del Colectivo de Gobierno Autónomo Zapatista de la Región Resistencia. El anciano recuerda aún a aquellos pocos, integrantes de un puñado de parroquias del estado, que se reunieron en asamblea en Bachajón en el 2013 y que fungieron como promotores para la conformación del Modevite. “De ahí empezamos las peregrinaciones”, sonríe rememorando las acciones mediante las cuales consiguieron detener la construcción de la “súper autopista”.

Tras el camino recorrido, Don Roberto se lamenta cuánto tiempo más podrá participar en las movilizaciones. “Me duele mi pie, ya no puedo caminar”, comparte con pena aunque, pese a las molestias de su condición física, recupera su buen ánimo, alistándose para caminar, cuesta arriba, hacia donde nace la fuente de agua que abastece al poblado tzeltal, lugar sagrado al cual las y los miembros de Modevite se dirigen para ofrendar cantos y rezos.

Antes de partir, nos detenemos a conversar con José Luis Vargas, párroco de la iglesia de San Juan Cancuc. En el municipio tzeltal de los Altos, donde existe una férrea oposición a megaproyectos como la carretera de las culturas y la construcción de presas hidroeléctricas, la respuesta de las autoridades a la organización comunitaria ha sido la represión contra defensores del territorio.

De acuerdo al sacerdote, al control que ejercen las autoridades mediante el condicionamiento de los programas asistenciales, se suma la criminalización de cinco miembros del poblado tzeltal, quienes permanecen recluidos acusados del asesinato de un policía municipal, pese a que la Fiscalía de Chiapas no ha probado con evidencia su participación en el homicidio.

A casi 19 meses de su reclusión, y tras ser sentenciados a 25 años de prisión en mayo de este año, el equipo de abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentó una apelación argumentando irregularidades en todo el proceso judicial, mediante la cual consiguieron la anulación de la condena y la reposición del juicio.

Te puede interesar - En Chiapas, defensores presos de Cancuc apelan sentencia condenatoria

Sin embargo, según Vargas, días después, la Fiscalía recurrió a la viuda del policía para interponer un amparo contra la anulación de la sentencia condenatoria. “Ella solamente pone sus huellas y lo firman 20 abogados de la Fiscalía”, sostiene el párroco, para quien dicha estrategia es un recurso de las autoridades para obstaculizar su libertad y defenderse ante las denuncias que se han hecho públicas por la fabricación de delitos contra los defensores del territorio.

Acorde a Vargas, esta circunstancia ha menguado la capacidad organizativa de los pobladores tzeltales en San Juan Cancuc. “Hay temor a unirse y organizarse”, lamenta el párroco, quien vislumbra mayores desafíos ante la designación de Eduardo Ramírez Aguilar como candidato del partido Morena a la gubernatura de Chiapas. “Si queda de Gobernador va reaperturar este proyecto de la súper carretera San Cristóbal-Palenque”, reflexiona debido a la labor que Ramírez impulsó para concretar su construcción cuando era funcionario en la administración del gobernador Manuel Velasco Coello.

Autonomías en construcción

A una década del Modevite, sus miembros celebran los logros y conversan sobre los grandes obstáculos que han encontrado en su caminar. Entre las estrategias que han enarbolado sobresale la reivindicación por ejercer su libre autodeterminación, lo que ha llevado a la creación del Concejo de Gobierno Comunitario (CGC) en los municipios tzeltales de Chilón y Sitalá.

El CGC es una estructura de autogobierno indígena que mantienen activa desde 2018, un año después de que solicitaran al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) el cambio de régimen para abandonar el sistema electoral partidista y elegir a sus gobernantes de acuerdo a sus usos y costumbres.

Dentro del Concejo se realizan labores para la promoción de salud comunitaria, educación, justicia y también se fortalece la organización para rechazar injusticias como el pago de las altas tarifas de energía eléctrica, entre otras actividades. Actualmente trabajan también en el fortalecimiento de sus instancias de seguridad debido a la cada vez mayor presencia del crimen organizado.

Entre quienes han vivido la experiencia de un cargo comunitario en el CGC se encuentra Sebastián Hurtado, del municipio de Sitalá, para quien ya no es una opción mantener el sistema electoral partidista debido a que, argumenta, acaba con el lekil kuxlejal (buen vivir) de las comunidades indígenas.

“Ya no existe la democracia, nos está llevando a otro camino, en el camino de perdición, en el camino de guerra, en el camino de conflicto”, comparte acerca del actuar de los partidos políticos y lo que para él representa uno de los mayores problemas: la división del tejido comunitario.

Hurtado recorre con la memoria el proceso para ejercer su autonomía, y resalta que, a pesar de que, desde 2017, presentaron los trámites para el reconocimiento de su libre determinación, a partir del año 2021 no han recibido ninguna respuesta de parte de los funcionarios del IEPC. En cambio, señala que la influencia de los partidos políticos se ha acentuado gracias al uso discrecional que realizan en la población al manipular la entrega de recursos mediante proyectos asistencialistas.

“Los gobiernos actuales, de Morena en Chiapas y federal, están dando mas oportunidad que ganen los municipios (…) es lo que está obstaculizando nuestro proceso como gobierno comunitario (…) Los dirigentes políticos de los diversos partidos, pues están intimidando mucho al pueblo, lo intimidan mucho a quitar el apoyo que está dando el gobierno a los que no participan en los partidos políticos”, denuncia Hurtado.

No obstante las condiciones adversas, acentuadas en el periodo electoral que ya inició rumbo a las votaciones del próximo 2024, para el indígena tzeltal es claro su objetivo: defender el fruto de su trabajo, por lo cual asegura que el Modevite no abandonará esta lucha.

Mientras conversamos, la noche cae y un grupo juvenil danza con elementos del fuego y mediante un ritual maya ofrecen su respeto a la lucha de los pueblos indígenas en Chiapas.

Después, dan paso a la música de marimba. Esta noche es de fiesta.

*Con información producida por el equipo de comunicación en apoyo al Modevite: Centro de Derechos Indígenas A.C., Pluriversidad Yutsilal Balumilal, Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, Boca de Polen y Satil Film.

Senado aprueba solicitud de AMLO para ingreso de militares de EEUU a México

Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército de los EEUU

El pasado miércoles (13), el Senado autorizó la solicitud del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para el ingreso de militares del Ejército de Estados Unidos a territorio mexicano.

Por mayoría, el Senado aprobó la participación de actividades militares conjuntas entre los elementos castrenses de EEUU y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con ello, también autorizaron su ingreso a México con armamento, municiones y equipo táctico.

La llegada de la delegación militar norteamericana, compuesta por 11 integrantes de las Fuerzas Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte del Ejército de EEUU, está prevista para el próximo 22 de enero del 2024.

Te puede interesar - Comando Sur de EEUU realizará ejercicios militares en territorio de México

De acuerdo a la petición de AMLO, realizada en noviembre pasado, las actividades de los militares en territorio mexicano se prolongarán hasta el 22 de marzo del 2024. Entre sus objetivos, brindarán adiestramiento a Fuerzas Especiales de la Sedena en los municipios mexiquenses de Temamatla y San Miguel de los Jagüeyes, al oriente y norte de la Ciudad de México, respectivamente.

El documento enviado al senado expone que la estancia del personal militar extranjero tiene la finalidad de fomentar la cooperación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mediante el intercambio de adiestramiento, a fin de afrentar amenazas comunes en el hemisferio norte del continente americano y fortalecer la relación bilateral en materia militar. 

Acorde a lo aprobado por el Senado, la Sedena deberá rendir un informe sobre los resultados de la capacitación recibida por parte del Ejército norteamericano.

También se ha solicitado autorización para que se permita la salida de los elementos que integran la delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país, a efecto de que participen en la competencia internacional “Reto Swat“, que se llevará a cabo en la Ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 3 al 7 de febrero de 2024.

Tren Maya: en la víspera de su inauguración, comunidades se posicionan contra “megaproyecto militar”

Participantes de la caravana “El Sur Resiste” durante su paso por Candelaria, Campeche. Foto: David Muñoz

Organizaciones sociales, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del sureste mexicano cuestionaron a la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre la próxima inauguración de tres tramos del “tren maya”, prevista para el viernes (15) en Campeche.

A través de una conferencia de prensa, miembros de la red “El Sur Resiste”, contrapusieron las diversas afectaciones provocadas por el que catalogan como “megaproyecto de muerte” y que atraviesa sus territorios violando sistemáticamente derechos de los pueblos.

Te puede interesar – Huellas de la devastación en la ruta del Tren Maya 

Comunidades y organizaciones de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Campeche se pronunciaron “en contra del megaproyecto militar interconectado Tren Maya/Corredor Interoceánico”, así como con la consolidación de otras infraestructuras asociadas en la región.

“Sus obras ferroviarias porfirianas, la modernización de sus puertos y aeropuertos, su carretera ‘La Puerta al mar’ atravesando la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, sus gasoductos transportadores de gas fracking – ‘La Puerta del Sureste’ y otros más - y su refinería Dos Bocas”, describieron mediante comunicado sobre el reordenamiento proyectado en el sureste mexicano.

Sostuvieron que esta infraestructura incluye parques eólicos empresariales y corredores industriales, que despojan los territorios en el istmo de Veracruz y Oaxaca, y además, “contaminan nuestras aguas, aires y tierras y acaban con nuestras formas de vida - que todavía son alternativas al desastre planetario”.

Resistencias

En la rueda de prensa participaron organizaciones articuladas en la red “El Sur resiste”, quienes integraron la caravana con el mismo nombre y que recorrió los siete estados sureños durante abril y mayo de este 2023.

En su participación, Ileana May, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’baloon-(Quintana Roo), destacó la afectación a los flujos hídricos por las obras de “Puerta al mar”. Este es un proyecto complementario al tren maya que consiste en una carretera asfaltada de 22 kilómetros que atraviesa la Reserva de la Biosfera de Sian Kan. May señaló que la incentivación de esta obra proviene del sector turístico y da entrada a la especulación inmobiliaria.

Te puede interesar - Denuncian devastación de área protegida por proyecto turístico en Quintana Roo

La joven enfatizó los conflictos sociales con el incremento de la presencia militar en la base que integra el nuevo aeropuerto en Tulum. También sostuvo que existen problemas comunitarios, como en el caso de incumplimientos de pagos por parte de los ejidatarios con las comunidades.

Julio Garduño, de Tabasco, detalló las afectaciones al ambiente por el impulso a la industria petrolera. Por ejemplo, con la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, que destruyó hectáreas de manglares y sepultó vasos reguladores de la zona, lo que agrava los problemas de inundaciones en la región.

También con la instalación de pozos petroleros desde el municipio de Cárdenas hasta la zona de los pantanos de Centla, donde se encuentra la comunidad de El Bosque, recientemente desplazada por el incremento del mar que devoró al pequeño pueblo pescador.

De acuerdo a Garduño, a la indiscriminada instalación de pozos, cercanas a zonas habitadas, se suma que Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de la petrolera china Sinopec, ha estado realizando una serie de exploraciones sísmicas en las comunidades de la zona de La Chontalpa, que abarca los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Paraíso.

“Ha sido un proceso muy invasivo, pero nos preocupan las siguientes etapas a partir de lo que encuentren, con un Pemex en decadencia, con una crisis financiera e infraestructura deteriorada”, sostuvo.

Gemaly Padua, integrante del colectivo Altepee y del proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta advirtió que las comunidades del sur de Veracruz defenderán el agua de sus manantiales y ríos frente a la proyección gubernamental de utilizarlos para abastecer los parques industriales del Corredor Interoceánico.

Recientemente, la Secretaría de Marina (Semar) difundió las adjudicaciones para cinco Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebi) que integran al Corredor Interoceánico. La portuguesa Mota-Engil tendrá dos parques, en Coatzacoalcos y Salina Cruz; Grupo Constructor Urcedic obtuvo la de San Juan Evangelista y el consorcio Profharmax y Transportadora Comexsa, en Texistepec.

Te puede interesar – Industria en el istmo veracruzano recibe nuevos impulsos 

En el sur de Veracruz, sostuvo que no permitirán la privatización de las tierras mediante el “dominio pleno” que busca convetir la propiedad social en privada. “Mantendremos el régimen social de nuestras tierras, ejidales y comunales heredadas de nuestros padres abuelos y ancestras”, señaló.

Padua también se posicionó contra la explotación mineral y de hidrocarburos, como con la construcción del gasoducto marino “Puerta al sureste”, de la canadiense TC Energy, que amenaza zonas arrecifales del Golfo de México.

“Estamos en contra de este supuesto progreso y desarrollo que sólo viene a perjudicarnos a los pueblos a enriquecer, los dueños de las grandes empresas extranjeras y aumentar el calentamiento global que nos pone a la humanidad y a miles de especies animales y vegetales en peligro de extinción, porque luchamos por la vida”, compartió.

Obras del gasoducto “Puerta al sureste” en Coatzacoalcos, Veracruz

Brian Arizmendi, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), en Campeche, advirtió sobre el cerco mediático alrededor de las afectaciones del megaproyecto militar del “tren maya”. Aseguró que, pese al sesgo, ejidatarios se han movilizado para reclamar por el irrespeto a los acuerdos con Sedena, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Registro Agrario Nacional (RAN).

Además, señaló que el tren modifica la relación con el territorio, como sucede en la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Contextualizó que ahí el Estado mantiene una deuda de más de 30 años sin poder titular a comunidades y ejidos, mientras a la par construye un hotel militar dentro del área protegida.

“Ya estamos hartos del involucramiento del ejército en las dinámicas de la comunidad”, reclamó en relación a la creciente militarización de la zona. En el marco de la inauguración del tren, recordó que existe una orden judicial incumplida por la Sedena para que se abstenga de realizar más construcciones. También denunció que existen “más de 100 muertos en esta región a causa de las obras”.

Corredor Interocéanico, un mismo proyecto

Mediante comunicado denunciaron la criminalización y hostigamiento en contra de las comunidades oaxaqueñas de Puente Madera, de Santa María Mixtequilla y de Mogoñe viejo, así como contra organizaciones de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio (APIIDTT) y de la Unión de comunidades indígenas de la zona Norte del Istmo (UCIZONI).

En este escenario, exigieron la cancelación de ordenes de aprehensión y de procesos penales en contra de las personas que resisten contra los polos de desarrollo “que quieren imponer en sus territorios y contra el intento de desalojo de terrenos a la orilla de las vías del tren interoceánico”.

Es el caso de David Salazar, miembro de la comunidad binizaá de Puente Madera quien, de acuerdo a la APIIDTT está siendo acusado con delitos fabricados. “Claramente responde a esta serie de actos, por parte del gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, por parte del gobierno federal, las instancias que le corresponden al Corredor Interoceánico y claramente por parte de los interesados de los grupos políticos vinculados al crimen organizado en la región”, señaló Mario Quintero, de dicha organización.

Te puede interesar - Nueva denuncia penal contra indígena que lucha contra parque industrial del Corredor Interoceánico

Según las organizaciones, se está empezando a definir el marco industrial que va a establecerse en la región de la zona planicie costera, desde el istmo oaxaqueño hasta Tapachula, en la frontera entre Chiapas y Guatemala. “Un gran proyecto de infraestructura en manos de la agenda de Estados Unidos, económica y migratoria”, sostuvo Quintero.

Por su parte, Paulette Hernández, del Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas compartió que meses después del paso de la caravana El Sur Resiste, la Semar inició trabajos para la rehabilitación de las vías férreas que conectan a la costa chiapaneca con Centroamérica.

Acorde a Hernández, esta situación ha provocado desalojo, despojo y amenazas a las personas que habitan las comunidades de las diferentes regiones costeras, desde Arriaga hasta Tapachula.

Comunidades organizadas en el Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas. Arriaga, 2017. Foto: Aldo Santiago

“Les están prometiendo a cada habitante que vive cerca de las vías 36 mil pesos, cuando la vivienda cuesta más”, denunció la defensora de derechos humanos quien destacó que los ingenieros de la Semar pretenden ampliar el derecho de vía a 20 metros a la par del trazo férreo.

Para Hernández es grave la situación provocada por las obras relacionadas al Corredor Interoceánico pues también incluyen infraestructura carretera que conectará la zona de Pijijiapan hacia Palenque, vinculándose con el “tren maya”.

“Vemos como la devastación, el ecocidio que están haciendo es enorme (…) también el aumento de la violencia a través del crimen organizado”, señaló en relación con el aumento en las desapariciones de mujeres, jóvenes y niños en la región costa de Chiapas.

Te puede interesar - Chiapas: Desaparecer en la frontera sur de México

“Vemos como en este tiempo de la cuarta transformación ha incrementado, no solo las desapariciones, no solo la violencia, sino también el despojo. Nos quieren quitar el territorio que ha sido parte de nosotros toda la vida y no estamos dispuestos a ceder”, sostuvo.

Para las organizaciones y comunidades el “tren militar mal llamado maya” representa la exacerbación ultraneoliberal del sistema capitalista “causante de tantas guerras pasadas, actuales y futuras y de la miseria y sufrimiento de tanta gente, y que solo beneficiara a los dueños de las grandes empresas trasnacionales en detrimento de los pueblos y de la madre naturaleza”.

Ante ello, manifestaron que su lucha es por la vida y que otro sistema de organización de la sociedad es posible, “sin partidos políticos y líderes corruptos, desde las asambleas de los pueblos, articulados en redes de autonomías no capitalistas y no patriarcales”.

Puerta al sureste, gasoducto que amenaza ecosistemas marinos anuncia convenio con universidad pública

El pasado 7 de diciembre, la Universidad Veracruzana (UV) anunció la firma de un “convenio general de colaboración” con la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de la canadiense TC Energy, implicada en la construcción del gasoducto “Puerta al sureste”, el cual pone en riesgo ecosistemas arrecifales del Golfo de México.

Ante ello, organizaciones de la sociedad civil criticaron el convenio debido a que, por medio de una investigación sobre las amenazas en ecosistemas arrecifales en la costa norte y central de Veracruz, se identificó que la construcción de Puerta al sureste pone en riesgo la vida de cerca de 115 especies y más de 400 posibles ecosistemas arrecifales que antes no habían sido identificados en la zona.

Te puede interesar - Transnacional adjudica gasoducto que pone en riesgo arrecifes en Golfo de México

Además del peligro que representa contra los ecosistemas marinos, el informe publicado en agosto pasado enfatiza que la construcción del gasoducto marino acelera el cambio climático e incrementa la dependencia de México hacia los Estados Unidos en materia energética.

El Sistema Arrecifal Lobos - Tuxpan, así como el Sistema Arrecifal Veracruzano, están categorizados como Áreas Naturales Protegidas.

“Pese a la evidencia científica, TC Energy ha negado o minimizado públicamente el impacto de sus actividades”, resaltan las organizaciones mediante comunicado. También critican que las universidades públicas estén cooptadas o al servicio de la industria que amenazan el medio ambiente. “TC Energy es una empresa que ha incumplido su responsabilidad de prevenir, hacer frente y reparar los impactos negativos que sus acciones tienen en el medio ambiente”, enfatizan.

Organizaciones campesinas e indígenas de Veracruz se manifestaron por la construcción del gasoducto Puerta al sureste y los impactos en ecosistemas arrecifales. Febrero, 2023.

Acorde a organizaciones sociales y ambientalistas, proyectos como Puerta al sureste fomentan un modelo que viola los derechos de las comunidades por donde atraviesan los ductos. Esto ocurre desde Canadá, en territorio Gitxsan, pasando por poblaciones Tarahumaras en Chihuahua hasta Pahuatlán en territorios otomíes, nahuas y totonacos.

“El gobierno mexicano y, particularmente, las universidades públicas y las comunidades científicas no pueden hacer alianza con empresas que laceran la vida marina y violan reiteradamente los derechos de las personas más vulnerables a costa de su enriquecimiento”, denuncian. 

Te puede interesar - Industria en el istmo veracruzano recibe nuevos impulsos 

Las organizaciones resaltan que, tanto la UV como TC Energy, no han hecho público los fundamentos, acciones concretas y objetivos específicos de dicho convenio, por lo que demandaron que la comunidad universitaria y la población en general tienen derecho a conocer las implicaciones de estas colaboraciones.

“En el pasado, las organizaciones de la sociedad civil advertimos, cuestionamos y solicitamos vía Transparencia información sobre la posible vinculación de la UV con TC Energy pero la universidad negó que existiera alguna intención de trabajar con la industria. Es esencial que la UV, como institución pública mexicana, sea transparente con este tipo de colaboraciones”, sostienen.

Por último, lamentan que la UV no considere las preocupaciones de la sociedad, el movimiento ambientalista y comunidad científica que se ha pronunciado acerca de que los nuevos proyectos fósiles no son compatibles con la meta de contrarrestar el calentamiento global.

Pueblo maya solicita a Suprema Corte detener despojo de tierras por mega granja porcícola

El pueblo de Chapab mantiene una lucha contra la granja aparcera Unión de Aparceros Chapab y Productora Agrícola Pecuaria debido a la contaminación y despojo de tierras. Foto: Memorias de nómada

Miembros de la comunidad maya de Chapab, en Yucatán, han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga una demanda de amparo en contra de la operación de la mega granja porcícola de las empresas “Unión de Aparceros Chapab” y “Productora Pecuaria de Yucatán” que cuenta con capacidad de producción de hasta 48 mil cerdos.

Ejidatarios y pobladores mayas denuncian que esta mega granja se instaló en su territorio, sin su consentimiento, desde el año 2017.

Mediante comunicado de prensa, las y los pobladores de Chapab, quienes forman parte del colectivo Kanan Lu’um Moo (“cuidar la tierra”, en lengua maya), enfatizan que, si la SCJN atrae su caso, “abriría un precedente para las controversias de otros proyectos extractivos que pretenden establecerse en las comunidades sin una consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente para la comunidad indígena”.

Te puede interesar - Pueblo maya obtiene freno legal contra megaproyectos que amenazan cenotes en Yucatán

La comunidad organizada de Chapab detalla que las empresas porcícolas operan desde 2018, aún cuando nunca consultaron a la población maya y a pesar de no cumplir con los requisitos exigidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS).

Entre las irregularidades, destacan que no realizaron estudios geohidrológicos, de vientos y olores; tampoco contaron con la autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales cuya responsabilidad recae en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

“Fue hasta julio de 2020, y propiciado por el inicio de las acciones de defensa por habitantes de Chapab, que la empresa porcícola declaró haber ‘cumplido los requisitos’”, contextualizan.

No obstante, las y los pobladores de Chapab señalan que la SDS no corroboró el cumplimiento de los requerimientos ambientales, conforme lo demostraron con el informe “Resistencia y defensa del Territorio en Chapab de las Flores, Yucatán”, elaborado por las organizaciones Kanan Derechos Humanos y Fundación para el Debido Proceso.

“La SDS señaló el cumplimiento de todos (requisitos ambientales), pero sin jamás comprobar fehacientemente que la información vertida por la empresa era adecuada o en verdad existía un adecuado funcionamiento”, señalan las organizaciones en dicho informe.

El pueblo de Chapab mantiene una lucha contra la granja aparcera Unión de Aparceros Chapab y Productora Agrícola Pecuaria debido a la contaminación y despojo de tierras. Foto: Memorias de nómada

Las violaciones a las regulaciones ambientales fueron evidentes cuando, en el año 2020, los ejidatarios encontraron una tubería de 300 metros proveniente de la mega granja, que arrojaba aguas residuales, desembocando en sus tierras de cultivo. “Estos desechos ya habían inundado parte de esta tierra y la vegetación estaba muriendo”, enfatizan las y los pobladores mayas.

Por ello, en diciembre de ese mismo año, el colectivo Kanan Lu’um Moo interpuso una demanda de amparo en contra de la operación inconstitucional de la mega fábrica de cerdos. “Más de 100 personas de la comunidad, incluyendo niños, niñas y adultas mayores, decidieron promover un juicio de amparo por violaciones a sus derechos a un medio ambiente sano”, detalla el comunicado de prensa.

Kekén, empresa afecta selva y agua

En la península se han identificado 257 granjas industriales, de las cuales 86% están ubicadas en el estado de Yucatán, debido principalmente a la alta disponibilidad de agua dulce. Mediante el informe “Resistencia y defensa del Territorio en Chapab de las Flores, Yucatán” organizaciones destacan que aún se estima que hay más granjas operando en clandestinidad.

“Sin control estricto, esta industria ha crecido tanto hasta el punto en el que solo Yucatán provee el 9% de la producción nacional de cerdos y su carne”, destacan las organizaciones sobre las grandes cantidades de recursos naturales requeridas para producir masivamente y monetizar esa producción.

El mercado de la producción de cerdo está dominado por una sola empresa que controla la selección genética, reproducción, sacrificio y distribución de carne: Grupo Porcícola Mexicano S.A de C.V, generalmente conocido como “Kekén”.

Te puede interesar - Casi mil granjas de cerdo en Yucatán producen carne para EEUU, Canadá y Asia

Kekén opera un 80% de su producción con grandes empresarios y el 20% restante con ejidatarios de 18 sociedades de producción rural mediante lo que denomina “esquema de parcería”. Ésta consiste en que ella se encarga de la reproducción para después transferir los animales a otras granjas para su cría y engorda hasta el momento, siete meses después, en que volverán a Kekén para ser sacrificados y comercializados.

Afectaciones por la contaminación de la industria porcícola en las tierras de los campesinos en la comunidad maya de Chapab. Fotos: Memorias de nómada

“Es responsable del 40% de las exportaciones de carne de cerdo principalmente al mercado asiático, y que además también tiene granjas ubicadas en zonas de conservación o reservas naturales”, destaca el informe.

El colectivo Kanan Lu’um Moo enfatiza la importancia en defender sus territorios pues la península de Yucatán, posee la segunda selva más grande de todo el continente americano, tras la Amazonas, y conforma la mayor recarga de agua en el país. “Por lo cual la contaminación del manto acuífero y la pérdida de los ecosistemas forestales deberían ser temas de vital importancia para el Estado mexicano”.


Amparo

La demanda de amparo fue admitida por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien concedió medidas cautelares provisionales para proteger a la niñez de Chapab. Sin embargo, en marzo de 2021, un Tribunal Colegiado de Distrito resolvió en favor de la mega granja, revocando la demanda, y con ello las medidas que protegían los derechos de las personas.

Fue en 2022 cuando habitantes de Chapab plantearon una solicitud para la realización de una consulta previa que definiera la operación de la mega granja. “En ella argumentan violaciones a la Constitución, al convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y al Acuerdo de Escazú. Obtuvieron una sentencia favorable, pero la empresa porcícola promovió un recurso de revisión para que el caso de Chapab sea desechado”, contextualizan.

De acuerdo a la argumentación de la empresa, la demanda presentada por Chapab es “extemporánea” debido a que debió haber sido presentada dentro de los primeros 15 días en que se estableció la mega granja.

Te puede interesar - La Esperanza de Sitilpech, freno a devastación por industria porcícola

“Este no es un argumento nuevo, ha sido utilizado al menos tres veces por el empresariado y el magistrado Jorge Enrique Eden Wynter del Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, para desechar los litigios emprendidos por comunidades mayas”, reclaman las y los habitantes de Chapab.

Destaca el papel del magistrado Eden Wynter, quien en por lo menos tres ocasiones ha dado la razón a la industria porcícola, por lo que “después de años de buscar justicia a nivel local sin éxito, Kanan Lu’um ahora solicita la atracción de su juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, como acción categórica para que su caso se analice con perspectiva de derechos humanos y conforme a criterios internacionales y nacionales de derecho”, demanda la comunidad maya.

Aspectos de la mega granja porcícola en Chapab, Yucatán

Las y los habitantes mayas señalan haber visto afectada su salud con enfermedades en la piel, problemas estomacales y fuertes casos de dengue entre la población. “Esto se debe a la contaminación por los residuos que se generan desde la granja hacia la tierra y el agua”, sostienen.

También acusan que no son la única comunidad indígena afectada. “Los pueblos mayas han sido despojados de sus tierras con impunidad por la mafia agraria; conformada por empresarios, políticos, funcionarios, notarios públicos y comisarios ejidales. La contaminación, la deforestación y el despojo de tierras por mega industrias es un tema ampliamente cuestionado y de interés social, que no solo compete a la región de Yucatán”, reclaman.

Tras un año de reclusión, base de apoyo del EZLN continúa rehén del Estado

Movilización del EZLN en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Marzo, 2022. Foto: Tercios Compas / Enlace Zapatista

El pasado 25 de noviembre se cumplió un año de la detención arbitraria de José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quien permanece recluido en prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 17, también conocido como “El Bambú”, ubicado en Catazajá, región norte de Chiapas.

Acorde a un comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), Díaz Gómez, integrante del pueblo Ch’ol y acusado por robo, “permanece en una situación grave de vulnerabilidad a su dignidad humana por la fabricación de un delito en su contra”.

La acusación se basa en montajes por parte de la Fiscalía General del Estado. Este ha sido el modo de operar de esta instancia quien opera un patrón de fabricación de culpables y criminalización contra personas defensoras en complicidad con el Poder Judicial local”, contextualiza el centro de derechos humanos.

Te puede interesar - Existe un patrón de criminalización contra defensores indígenas en Chiapas: organizaciones internacionales

El CDH Frayba detalla que el proceso de prisión preventiva contra Díaz Gómez se ha visto “maliciosamente prolongado”. También señala que, ante la falta de evidencia para vincular a Díaz Gómez, la Fiscalía de Distrito Selva y el Juzgado de Control se han articulado para simular el proceso, a costa de su libertad.

Por ejemplo, ambas instancias han ampliado los tiempos de la investigación con el objetivo de retrasar la audiencia del juicio, “a sabiendas de que es imposible acreditar cualquier responsabilidad en su contra”, sostiene la organización.

Otro punto a destacar es la falta de la debida diligencia por parte de la defensoría pública del estado de Chiapas. Hace poco más de dos meses se le asigno un nuevo defensor, quien aún transcurrido este tiempo no se ha entrevistado con Díaz Gómez para actualizar su situación penal y conocer las necesidades de acceso a justicia del imputado. “En consecuencia, no ha realizado acciones necesarias para impulsar su pronta liberación”, denuncia el CDH Frayba.

Ante este escenario, el pasado 15 de noviembre, Díaz Gómez solicitó ante el Juzgado de Control de Catazajá la modificación de sus medidas cautelares para llevar su proceso en libertad condicionada.

El BAEZLN tiene dos hijos menores de edad y esposa, “quienes también sufren las consecuencias de su detención, afectando la convivencia familiar, así como su situación física, psicológica y económica por lo que el cambio de medida es una necesidad para aminorar tales impactos. Al momento no se ha dado respuesta a la solicitud”, contextualiza la organización de derechos humanos.

El EZLN ha denunciado que José Díaz Gómez es rehén del gobierno de Chiapas por ser zapatista. Lo mismo ocurrió en el caso de Manuel Gómez Vázquez, quien recientemente recuperó su libertad tras casi tres años de permanecer arbitrariamente privado de su libertad.

El 16 de noviembre pasado fue liberado Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del EZLN, recluido arbitrariamente durante casi tres años. Foto: CDH Frayba

El centro de derechos humanos, con sede en San Cristóbal de las Casas, enfatiza que existe un patrón de criminalización en otras latitudes de México, “donde los pueblos originarios se oponen a la imposición de megaproyectos por parte del actual gobierno. Destacan así la existencia de ordenes de aprehensión en contra de poblaciones opositoras al Tren Interoceánico” en referencia a la persecución contra los miembros de la comunidad binizaá de Puente Madera, en Oaxaca.

En el caso de Chiapas, se suman los casos de la detención de Cesar Hernández y José Luis Gutiérrez, defensores tseltales criminalizados por oponerse a la imposición de una base de la Guardia Nacional en su territorio. También, el caso de cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, quienes fueron sentenciados a 25 años de prisión por defender su territorio ante megaproyectos como la “carretera de las culturas”.

Te puede interesar - En Chiapas, condenan a 25 años de prisión a tzeltales por defender su territorio

“La fabricación de delitos en contra de defensores indígenas representa una estrategia selectiva del actual gobierno Federal, que busca ocasionar un efecto inhibidor hacia las comunidades y personas que defienden sus derechos, destaca que en su mayoría se dirige en contra de personas indígenas defensoras del territorio”, sostiene el CDH Frayba.