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Tras un año de reclusión, base de apoyo del EZLN continúa rehén del Estado

Movilización del EZLN en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Marzo, 2022. Foto: Tercios Compas / Enlace Zapatista

El pasado 25 de noviembre se cumplió un año de la detención arbitraria de José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quien permanece recluido en prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 17, también conocido como “El Bambú”, ubicado en Catazajá, región norte de Chiapas.

Acorde a un comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), Díaz Gómez, integrante del pueblo Ch’ol y acusado por robo, “permanece en una situación grave de vulnerabilidad a su dignidad humana por la fabricación de un delito en su contra”.

La acusación se basa en montajes por parte de la Fiscalía General del Estado. Este ha sido el modo de operar de esta instancia quien opera un patrón de fabricación de culpables y criminalización contra personas defensoras en complicidad con el Poder Judicial local”, contextualiza el centro de derechos humanos.

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El CDH Frayba detalla que el proceso de prisión preventiva contra Díaz Gómez se ha visto “maliciosamente prolongado”. También señala que, ante la falta de evidencia para vincular a Díaz Gómez, la Fiscalía de Distrito Selva y el Juzgado de Control se han articulado para simular el proceso, a costa de su libertad.

Por ejemplo, ambas instancias han ampliado los tiempos de la investigación con el objetivo de retrasar la audiencia del juicio, “a sabiendas de que es imposible acreditar cualquier responsabilidad en su contra”, sostiene la organización.

Otro punto a destacar es la falta de la debida diligencia por parte de la defensoría pública del estado de Chiapas. Hace poco más de dos meses se le asigno un nuevo defensor, quien aún transcurrido este tiempo no se ha entrevistado con Díaz Gómez para actualizar su situación penal y conocer las necesidades de acceso a justicia del imputado. “En consecuencia, no ha realizado acciones necesarias para impulsar su pronta liberación”, denuncia el CDH Frayba.

Ante este escenario, el pasado 15 de noviembre, Díaz Gómez solicitó ante el Juzgado de Control de Catazajá la modificación de sus medidas cautelares para llevar su proceso en libertad condicionada.

El BAEZLN tiene dos hijos menores de edad y esposa, “quienes también sufren las consecuencias de su detención, afectando la convivencia familiar, así como su situación física, psicológica y económica por lo que el cambio de medida es una necesidad para aminorar tales impactos. Al momento no se ha dado respuesta a la solicitud”, contextualiza la organización de derechos humanos.

El EZLN ha denunciado que José Díaz Gómez es rehén del gobierno de Chiapas por ser zapatista. Lo mismo ocurrió en el caso de Manuel Gómez Vázquez, quien recientemente recuperó su libertad tras casi tres años de permanecer arbitrariamente privado de su libertad.

El 16 de noviembre pasado fue liberado Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del EZLN, recluido arbitrariamente durante casi tres años. Foto: CDH Frayba

El centro de derechos humanos, con sede en San Cristóbal de las Casas, enfatiza que existe un patrón de criminalización en otras latitudes de México, “donde los pueblos originarios se oponen a la imposición de megaproyectos por parte del actual gobierno. Destacan así la existencia de ordenes de aprehensión en contra de poblaciones opositoras al Tren Interoceánico” en referencia a la persecución contra los miembros de la comunidad binizaá de Puente Madera, en Oaxaca.

En el caso de Chiapas, se suman los casos de la detención de Cesar Hernández y José Luis Gutiérrez, defensores tseltales criminalizados por oponerse a la imposición de una base de la Guardia Nacional en su territorio. También, el caso de cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, quienes fueron sentenciados a 25 años de prisión por defender su territorio ante megaproyectos como la “carretera de las culturas”.

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“La fabricación de delitos en contra de defensores indígenas representa una estrategia selectiva del actual gobierno Federal, que busca ocasionar un efecto inhibidor hacia las comunidades y personas que defienden sus derechos, destaca que en su mayoría se dirige en contra de personas indígenas defensoras del territorio”, sostiene el CDH Frayba.

Continúan detenciones arbitrarias bajo régimen de excepción en El Salvador

El despliegue de policías y militares en El Salvador durante el régimen de excepción, vigente desde marzo del 2022, ha sentado las condiciones para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.

El joven Levi Morales es integrante del Movimiento Indígena para la Integración de las luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA). El 11 de noviembre del 2022, cuando finalizaba su jornada en el campo en el municipio de Nahuizalco, fue detenido por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

En ese momento, transcurrían más de siete meses desde el inicio del régimen de excepción que decretó la Asamblea Legislativa en marzo de ese mismo año. A petición del presidente, Nayib Bukele, y con el argumento de combatir la violencia de las pandillas, que a finales de ese mes asesinaron a más de 80 personas en solo tres días, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas y extendió el plazo de la detención administrativa hasta por 15 días.

Morales pasó a ser parte de las personas capturadas y acusadas, sin pruebas, de pertenecer a una banda criminal. Recluido por más de un año, las autoridades nunca entregaron evidencias para vincular al joven indígena como pandillero, por lo que el 20 de noviembre pasado, un tribunal de la ciudad de Santa Ana ordenó su libertad.

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Pese a que la petición provino de la misma Fiscalía General de la República (FGR), al momento de su liberación, el joven Morales fue capturado nuevamente y sin otorgarle ninguna explicación sobre los cargos que se le imputan, fue trasladado al penal de Usulután, a casi 200 kilómetros de distancia de su lugar de origen.

Durante conferencia de prensa realizada el pasado lunes (4), Ariela González, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y abogada defensora de Levi Morales, destacó que las autoridades jamás notificaron a la familia sobre su liberación ni tampoco sobre los cargos que se le imputan en su recaptura. “Desconocemos quien ha ordenado que se le recapture y bajo qué delitos, si es que existe una nueva imputación, o si estamos ante una doble persecución del delito”, detalló González.

Silverio Morales, padre de Levi, líder indígena del occidente del país centroamericano, alzó la voz para exigir la liberación de su hijo. “Yo estoy un poco temeroso de hacer esta conferencia por la persecución personal familiar, porque algo así similar se me dio la vez pasada, comenzaron a perseguirme el Ejército y la Policía. Pedimos a la Fiscalía que lo deje en libertad”, demandó.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes miembros de MILPA; la Mesa por la Soberanía Alimentaria; la Asociación de Estudiantes de Derecho y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, organizaciones que han documentado las violaciones procesales en el caso de la familia Morales.

Ataque a luchadores sociales

Algo en común entre las diferentes organizaciones que acompañan el caso de la detención de Levi Morales es que éste representa lo que está sucediendo repetidamente en El Salvador, específicamente con las detenciones arbitrarias y como estrategia de represión a las luchas sociales.

Ángel Flores, también integrante de MILPA, contextualizó que, actualmente, en el país centroamericano se está realizando un proceso de reconcentración de la tierra a partir de diferentes iniciativas económicas que continúan el despojo a las comunidades, como los proyectos planeados par la franja costera de El Salvador.

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“En áreas que están bajo presencia de poblaciones indígenas, campesinas, existe una gran cantidad de intereses de impulsar megaproyectos de inversión, establecimiento de complejos hoteleros, procesos de urbanización acelerada y también de turistificación de los territorios (…) no es casualidad que se estén persiguiendo a líderes y líderesas e indígenas, ambientalistas, colectivos de mujeres, entre otros sectores organizados que están en nuestro país, ya que son un obstáculo para poder apropiarse de los bienes comunes”, sostuvo Flores.

El despliegue de policías y militares en El Salvador durante el régimen de excepción, vigente desde marzo del 2022, ha sentado las condiciones para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.

El miembro de MILPA resaltó que el ataque a los pueblos originarios se debe a que son antagónicos a la forma de vida que las élites, económicas y políticas, buscan imponer en el país centroamericano. “Obedece a ese interés de apropiarse de lo que en este momento está en manos de las comunidades campesinas e indígenas de El Salvador”, argumentó.

Militarización

El martes (5), Amnistía Internacional (AI) publicó un informe donde acusa al gobierno salvadoreño, con el presidente Nayib Bukele, de cometer “represión y regresión” a los derechos humanos en El Salvador.

De acuerdo a la organización de derechos humanos, la situación de represión representa una de las mayores crisis en el país desde el fin del conflicto armado hace 32 años. Además, denunció que las políticas de las autoridades consolidan un modelo “punitivo de seguridad pública”, el cual constantemente invisibilizan.

A través de entrevistas y monitoreos, la organización identificó la restricción de los derechos de los salvadoreños y la ejecución de políticas que “profundizan la militarización, prácticas represivas y reformas legales permanentes contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos -particularmente los relativos a un juicio justo-. Lo anterior, ha sentado las condiciones para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló Ana Piquer, directora de AI para las Américas.

Detenciones durante el régimen de excepción en El Salvador-Foto: La Prensa Gráfica

Según la organización, las detenciones ilegales y masivas, las desapariciones forzadas, torturas y muertes ocurridas bajo la custodia del Estado ocurridas en el régimen de excepción “son producto de un alto grado de coordinación estatal y ocurren con el conocimiento de las más altas autoridades, quienes muchas veces las incentivan y justifican”. Entre las consecuencias de estas acciones, encontraron que existe un aumento de patrones de autocensura entre periodistas, medios y organizaciones sociales.

El informe evidencia que existe por parte del Estado una política de tortura sistemática contra las personas que han sido capturadas en el régimen de excepción, acusadas de pertenecer a pandillas criminales.

La detención de Levi Morales es una entre las más de 71 mil personas detenidas que se registraban hasta octubre de este año, 19 meses después del inicio del régimen de excepción, el cual, cada mes, continúa siendo prorrogado por la Asamblea Legislativa.

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Socorro Jurídico Humanitario es una organización que ha registrado la detención sistemática de activistas. Acorde a sus datos han detenido a 17 líderes de sindicatos de alcaldías y dependencias del Gobierno, quienes han sido acusados de asociación delictuosa y terrorismo.

Ángel Flores, de MILPA, aseveró que el caso de Morales es un proceso arbitrario y exigió al gobierno salvadoreño que “cese la criminalización, persecución y encarcelamiento de líderes y lideresas indígenas ambientales, sindicales y sociales y de sus familias, como es el caso que estamos viendo en esta ocasión(…) es una situación sumamente preocupante porque los defensores y defensoras de los derechos humanos, de la naturaleza, y derechos colectivos e individuales están siendo perseguidos”.

COP28, el mayor evento de promoción de mercados de carbono

Mujeres Munduruku se han movilizado para detener la construcción de la hidroeléctrica Teles Pires, que afecta a sus comunidades y a la Amazonía brasileña. Foto: Juliana Pesqueira.

Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, es la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en su vigésima octava edición (COP28). La ONU, su principal promotor, plantea estas reuniones donde se negocian políticas entre Estados e industrias con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global.

En contraste, organizaciones ambientalistas del mundo denuncian que la COP28 está encaminada a convertirse en el mayor evento de promoción de los mercados de carbono, estrategia señalada como falsa solución al cambio climático, promovida principalmente por compañías petroleras en su discurso de “carbono neutral”.

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Como muestra de la participación del lobby petrolero este año, la organización Kick Big Polluters Out (Fuera los grandes contaminadores) encontró 2,456 participantes de la COP28 quienes están vinculados a los intereses de la industria de los combustibles fósiles. Esta cifra cuadruplica su presencia con la conferencia del año pasado realizada en Egipto.

“Los gobiernos decidirán si van a poner en marcha estos mercados como parte de la política internacional sobre el clima y la presidencia, en manos de los Emiratos Árabes Unidos, realizará varios eventos temáticos para promocionarlos”, sostienen organizaciones como GRAIN, Global Justice Ecology Project, World Rainforest Movement e Indigenous Environmental Network, entre otras.

Participantes en una protesta a favor de la eliminación de los combustibles fósiles durante las negociaciones sobre el clima de la COP28 en Dubái. Foto: Dominika Zarzycka/NurPhoto

Las organizaciones denuncian que durante los últimos 20 años los mercados de carbono han actuado como barrera para llevar a cabo acciones reales contra el cambio climático, además, aseguran que “han dado origen a violaciones a los derechos humanos y de los pueblos originarios provocando daños graves a las comunidades más expuestas a los impactos de las industrias extractivas y a los efectos de la crisis climática”.

Fracaso

“En la COP 28, los líderes mundiales y los negociadores necesitan reconocer de una vez por todas que los mercados de carbono son un fracaso” , detalló Anuradha Mittal, del Instituto Oakland.

Según Mittal, estos mecanismos financieros son volátiles e inestables, fraudulentos e incapaces de reducir las emisiones contaminantes. “El mundo necesita de manera urgente maneras alternativas de impulsar la acción contra el cambio climático, porque los mercados de carbono han fracasado”, sostiene.

En septiembre de este año, una investigación de The Guardian y la organización Corporate Accountability analizó los 50 principales proyectos de compensación de emisiones, los cuales han vendido la mayor cantidad de bonos de carbono en el mercado mundial. “El 78% de ellos se clasificaron como probablemente basura o sin valor debido a uno o más fallos fundamentales que socavan su prometida reducción de emisiones”, concluyeron.

En su mayoría, estos proyectos se desarrollan en Latinoamérica, África y Asia, en países que han contribuido poco en la crisis climática. De los proyectos analizados, 32 fueron certificados por la norteamericana Verra, que opera la norma de carbono más importante del mundo, así como proyectos de compensación forestal conocidos como REDD+. 28 de sus proyectos fueron clasificados como probablemente basura.

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Otros esquemas de certificación tuvieron resultados similares. Dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), dirigido por la ONU, cinco proyectos de compensación se clasificaron como probablemente basura, entre ellos la presa hidroeléctrica de Teles Pires, en Brasil, que ha perjudicado a comunidades indígenas y tradicionales, ha dañado la biodiversidad y la pesca, y también es probable que emita importantes cantidades de carbono.

Activistas protestan contra la extracción de hidrocarburos durante los inicios de la COP28 en Dubai. Foto con el mismo nombre

“En la COP28, los gobiernos decidirán si van a expandir el alcance de los mercados de carbono e incluir nuevas tierras, nuevos mares y nuevos tipos de riesgosas actividades de compensación. Esto sería un desastre para el clima y para las comunidades más afectadas por el cambio climático”, señaló Kirtana Chandra de Amigos de la Tierra Internacional.

“Quienes han elaborado los proyectos de compensación de carbono, los grupos que definen los estándares, los auditores y quienes comercializan los créditos se han embolsado millones emitiendo bonos de carbono que no han reducido las emisiones, pero sí han exacerbado la crisis climática”, denuncian en comunicado estas organizaciones.

Nuevas fronteras

En el discurso de la compensación de carbono también han cobrado relevancia los proyectos de
“soluciones basadas en la naturaleza” , los cuales se han expandido de los bosques hacia zonas marinas y costeras. “Denominados como ‘carbono azul’, han obligado a las comunidades locales a involucrarse en costosas y complicadas batallas legales por reafirmar sus derechos, recuperar sus territorios y resistirse a los proyectos”, señalan las organizaciones.

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Según Shalmali Guttal, de Global South, pescadores y comunidades costeras han rechazado la denominada Economía Azul y “han señalado que los conceptos de sustentabilidad y resiliencia están siendo deformados para permitir el avance de la ‘colonización climática’ y expandir las fronteras de la extracción y explotación de la naturaleza”.

Por su parte, Laura Dunn, del Grupo ETC, destacó los hallazgos de un reciente informe el cual analiza el cultivo de algas marinas que se presenta como el nuevo “petróleo verde”. Acorde al estudio llamado El engaño de las algas marinas, el cultivo industrial de algas marinas no salvará el clima ni la naturaleza. Por el contrario “la geoingeniería del planeta mediante inmensas plantaciones de algas marinas destruirá los ecosistemas y pondrá en peligro a las comunidades costeras”, detalla el estudio.

Desplazado del Alto Mayo en Peru

Un mapa publicado por Carbon Brief muestra que el 72% de proyectos de compensación de carbono a nivel global han causado daño a comunidades y pueblos originarios.

Algunos ejemplos son los casos de las comunidades dentro del área de los proyectos REDD+ del Alto Mayo en Perú, quienes fueron violentamente expulsadas de sus territorios por las autoridades del área protegida en la cuenca alta del río Mayo, departamento de San Martín.

En África, con el financiamiento de instituciones europeas, compañías petroleras japoneses y una empresa de inversión australiana, la Plataforma Africana de Impacto Forestal adquirió Green Resources, una empresa noruega de plantaciones forestales y créditos de carbono con una historia de acaparamiento de tierras, violaciones a los derechos humanos y destrucción ambiental en Uganda, Mozambique y Tanzania.

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Hilando el capital verde en Mesoamérica: un viaje de 5 mil kilómetros de Avispa Mídia

Niños juegan entre la milpa que crece en tierras recuperadas por la población maya Q'eqchi' de Chapín Abajo. Valle del Polochic, Guatemala. Foto: Aldo Santiago.

Un equipo de Avispa Mídia recorrió parte del sureste de México y Centroamérica, entre junio y agosto de 2023, para documentar los impactos de diversos megaproyectos propuestos como soluciones a la crisis climática y como desarrollo a territorios indígenas y campesinos.

Geografías donde están construyendo el Tren Maya, proyectos de producción de energía, proyectos de infraestructura, parques industriales, minería, territorios azotados por los efectos del cambio climático, incluso, por monocultivos que parecen inofensivos, como la palma africana, que forman un corredor de las plantaciones desde Honduras, Guatemala y el Sureste de México. Estos son algunos de los espacios donde hemos trabajado el periodismo desde abajo y donde hemos compartido con comunidades, pueblos y colectividades en este viaje.

A partir de esta experiencia hemos creado un micrositio especial de Avispa Mídia para reunir materiales inéditos de al menos 20 distintas geografías de Mesoamérica. Aquí se ira concentrando la producción de reportajes, videos y fotoreportajes que solamente está en su inicio. Las publicaciones serán continuas a lo largo de los próximos meses.

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Equipo de Avispa Midia en Guatemala. Foto: Santiago Navarro F

Indígenas de Michoacán denuncian amenazas de desaparición forzada contra portavoz

Pavel Ulíánov Guzmán, portavoz del CSIM al micrófono.

El pasado lunes (27), integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunciaron penalmente a Juan Calderón Castillejo, presidente municipal de Erogarícuaro, debido a las amenazas que profirió contra Pavel Ulíánov Guzmán, portavoz de la organización indígena.

Mediante comunicado, el CSIM detalló que el funcionario municipal amenazó con desaparecer a su vocero si continuaba impulsando procesos para la construcción de autonomías entre las comunidades indígenas de la región.

El Consejo rememora que, desde junio pasado, Ulíánov ya había sido amenazado de desaparición forzada por promover una consulta para que la comunidad purépecha de San Francisco Uricho, en Erogarícuaro, decidiera si implementa un proceso para autogobernarse, alejada del sistema político partidista.

Según el CSIM, Calderón Castillejo es un funcionario que ha destacado por accionar en contra de los procesos de autonomía de los pueblos originarios, “baste recordar que presentó 18 recursos jurídicos en contra del autogobierno de la comunidad de Jarácuaro, e impidió por 2 ocasiones la consulta libre, previa e informada en la comunidad de San Francisco Uricho”, detallan mediante comunicado.

Trabajos del CSIM en las comunidades originarias de Michoacán.

Incluso, refieren que el edil también amenazó de muerte, a través de sus operadores políticos, a las consejeras del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), por lo que ha sido declarado persona no grata y traidor de los pueblos y comunidades indígenas.

“Alzamos la voz para hacer directamente responsable de la integridad física del compañero vocero Pavel Ulíánov Guzmán, así como de todos los integrantes del CSIM, a Juan Calderón Castillejo, transgresor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que busca reelegirse como presidente municipal”, sostiene la organización.

Autonomías en construcción

El CSIM es una organización en la cual convergen representaciones y autoridades (civiles, comunales y tradicionales) de 70 comunidades indígenas de Michoacán, donde se aglutinan pueblos purépechas, nahuas, otomís y mazahuas de la región occidente del país.

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A pesar del contexto de violencia criminal y ante diversas amenazas de despojo territorial, el trabajo del Consejo se enfoca en la construcción de procesos autonómicos en las comunidades indígenas de Michoacán.

Recientemente continúan incorporándose más comunidades al trabajo del CSIM. El pasado lunes (27), la comunidad purépecha de Patamban, municipio de Tangancícuaro, mediante decisión de su Asamblea General dio inicio su camino para ejercer su autonomía y autogobierno. A su vez, el pasado 21 de noviembre, se integraron las colonias 20 de noviembre, Mapeco y Valle Dorado, del municipio de Uruapan.


El CSIM anunció la “Contracampaña política comunal hacia los traidores de las comunidades originarias”, mediante la cual denuncian al edil de Erogarícuaro, así como al presidente municipal de Hidalgo y al Instituto

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Michoacán debido a sus acciones legales en contra de las autonomías de pueblos como San Matías el Grande, San Francisco Uricho y Nahuatzen.

Acorde al CSIM, a las acciones de Calderón Castillejo, se suman la negativa de José Luis Téllez Marín, presidente de Hidalgo, para transferir el presupuesto directo a la comunidad otomí de San Matías el Grande.

Denuncian que el INPI, a través del titular en Michoacán, Celerino Felipe Cruz, “ha intervenido y litigado en contra de los autogobiernos”, además de señalar que demora los trámites para lograr la entrega de recursos directos tal como sucedió con la constancia de comunidad indígena, “requisito impuesto unilateralmente por el INPI”.

También anunciaron que, en 10 comunidades originarias, con un aproximado de 55 mil votantes, determinaron no permitir la instalación de casillas electorales para la jornada del próximo 2 de junio de 2024. Tampoco permitirán el ingreso de candidatos para realizar campañas partidistas.

Desapariciones, nunca más

Los integrantes del CSIM recuerdan que, durante la década de los 70s del siglo pasado, la familia Guzmán Cruz, de la cual es integrante su vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada.

Cinco integrantes de la familia (Amafer Guzmán Cruz, Armando Guzmán Cruz, José de Jesús Guzmán Jiménez, Adenauer Solón Guzmán Cruz y Venustiano Guzmán Cruz) fueron dessaparecidos por elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Integrantes de la família Guzmán Cruz, desaparecidos durante la Guerra Sucia en México.

Actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “por lo que hacemos un llamado categórico y enérgico al gobierno de la República y al gobierno de Michoacán para que establezcan garantías de no repetición. Nunca más desaparición forzada en contra de opositores políticos y luchadores sociales”, sostiene el CSIM.

Comunidades mayas exigen que autoridades ejidales defiendan su territorio ante inmobiliarias

Manifestación de pobladores de Ixil contra el intento de despojo de tierras colectivas para desarrollos inmobiliarios.

Este martes (28), mediante conferencia de prensa, representantes de las comunidades mayas de Kinchil e Ixil, en Yucatán, quienes resisten ante proyectos inmobiliarios, reiteraron su lucha en la defensa de sus territorios.

Pobladores de Kinchil compartieron que el pasado domingo (26) consiguieron realizar una asamblea ejidal para tratar el tema de 4,000 hectáreas amenazadas por intereses inmobiliarios.

Pese a la negativa del Comisariado y el Consejo de Vigilancia para convocar a la asamblea, impulsada por 20 ejidatarios, durante la asamblea se reconocieron a 71 campesinos y campesinas que tienen posesión de las miles de hectáreas ambicionadas por intereses inmobiliarios, colindantes con la carretera que lleva de Kinchil hacia Celestún.

“Por unanimidad los ejidatarios reconocieron a todos los posesionarios, con lo que ya tienen un reconocimiento legal que les servirá para defender las tierras si las inmobiliarias intentan despojarlos. Toda esa zona ya aparece en venta en internet, a través de diversos intermediarios inmobiliarios. Son ventas fraudulentas, están engañando a posibles compradores”, denunció Federico May Cuitún, campesino de Kinchil.

Para los posesionarios del área es importante denunciar la intención de despojo por parte de las inmobiliarias. Por ello, Doña Gregoria del Rosario Dzul Cuá reiteró que “como posesionarios no queremos que esto se venda, no queremos dinero, queremos mantener esas tierras en la comunidad, eso es nuestra vida, de eso trabajamos”.

Dzul Cuá resaltó que su familia mantiene la posesión de dichas tierras desde hace 80 años, donde trabaja con abejas y ha vivido de lo que produce en el campo. También denunció que el Comisariado de Kinchil mantiene una estrategia para conseguir la firma de ejidatarios a cambio de un pago para que firmen y puedan vender las tierras. “Gracias a que la asamblea nos reconoció como posesionarios, ya estamos más protegidos”, comentó.

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Doña Sara María Dzul Tzuc, otra posesionaria de esa zona, denunció que han recibido amenazas, pero celebró la realización de la asamblea donde reconocieron a los ejidatarios de Kinchil. “Hasta ahora, los ejidatarios han sido engañados por el comisariado, pero el domingo salieron, incluso en silla de ruedas, y dieron su palabra. Ya nos habían dicho que nuestra lucha no tenía futuro, que abandonáramos, pero ahora estamos muy fuertes. La tierra no se vende, la vamos a defender”, sostuvo.

Durante la asamblea ejidal de Kinchil, también se aprobó por unanimidad una serie de acuerdos para ordenar al Comisariado Ejidal y al Consejo de Vigilancia “defender la posesión de las tierras de la comunidad de Kinchil amenazadas por intereses económicos ajenos (proyectos inmobiliarios, empresas porcícolas o avícolas)”.

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Con esta decisión, las y los pobladores mayas exigen a sus representantes legales para que acaten las decisiones emanadas de la asamblea de su comunidad, máxima autoridad ejidal, ante malas prácticas por parte del Comisariado a quien acusan de actuar en favor de las inmobiliarias.

Ixil

Por su parte, pobladores de Ixil denunciaron el incumplimiento de la orden de suspensión que obtuvieron para evitar el cercamiento de sus tierras colectivas, lo que ha obstaculizado la realización del trabajo de campesinos y apicultores desde el pasado 17 de agosto.

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Cabe recordar que la comunidad maya señala a las familias Abimerhi y Millet de intentar apropiarse de las tierras colectivas de Ixil. Jorge Yam Ek, uno de los demandantes en los juicios de amparo interpuestos por la comunidad de maya contra el intento de despojo, señaló que, tras el violento operativo policiaco de agosto, varios cientos de hectáreas de tierras de cultivo permanecen cerradas con alambre de púas y con sellos que amenazan con hasta tres años de cárcel a quienes violen los sellos.

“Aunque el Juzgado Primero de Distrito emitió la suspensión el 6 de noviembre de 2023, en la que ordena a la Fiscalía (de Yucartán) y a la SSP (Seguridad Pública de Yucatán) que se permita acceso a los pobladores de Ixil a estas tierras para la realización de actividades productivas, y que dichas autoridades se cercioren del acatamiento de la medida, aún no han quitado los alambres de púas que cierran los caminos cosecheros y los accesos a los predios”, denunció Yam Ek.

El poblador de Ixil declaró que, al igual que Kinchil, su pueblo está unido ante “la mafia de empresarios que se está queriendo apropiar de nuestras tierras. Es una maquinaria perversa compuesta de políticos, comisariados, notarios, la fiscalía, etc. Intentan que a la gente se amedrente y abandone el campo, pero estamos unidos y seguiremos defendiendo el territorio”.

Ciriaco Pech Tec, ejidatario de Ixil, detalló que debido al cercamiento de las tierras colectivas no han podido acceder con agua para suministrar a sus abejas. Tampoco han podido transportar herramientas para trabajar en su producción de hortalizas. “Todo hay que acarrearlo a mano a través de los alambres. Están los policías intimidando a la gente. El comisariado actual lleva dos años y medio pero no informa, le exigimos asambleas, le vamos a ver a su casa pero aún no convoca asamblea”, aseveró.

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Durante la conferencia, se anunció el ingreso de una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), contra el proyecto inmobiliario Cedrón, aparentemente desarrollado por las empresas Grupo FIAT y ECOPSA Desarrollos, el cual pobladores de Ixil acusan que está deforestando selva a solo dos kilómetros de su comunidad.

Caminos interiores del proyecto Cedrón. Esta es un área recientemente devastada
Publicidad de la inmobiliaria Cedron

“Esto va a afectar la agricultura campesina que depende del monte para que haya buenas condiciones para la siembra, y también nos va a hacer más vulnerables ante inundaciones y ante el cambio climático. No vamos a permitirlo, en Ixil no queremos inmobiliarias ni granjas porcícolas o avícolas, queremos ser un pueblo libre”, señaló Karla Flores Arazola, de la comunidad maya.

El objetivo es clausurar el proyecto Cedrón “para que esa zona siga siendo selva y conservar nuestra agua limpia”, complementó Maria Estrella Cocom Noriega, representante de la comunidad.