Diversas protestas se han hecho notar en San Francisco, California, Estados Unidos, desde que arrancó la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en su edición a realizarse entre 15 y 17 de noviembre, que tiene por tema central Crear un futuro resiliente y sostenible para todos. Entre los participantes figuraran los jefes de Estado de China, Estados Unidos y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
El APEC es un mecanismo transpacífico que, en este año 2023, ha estado presidido por los EEUU con temas económicos regionales. Ha sido concebido por Australia y Japón en 1989, para “promover el crecimiento económico y el bienestar a partir de la liberalización del comercio y la inversión en la región de Asia Pacífico”, reza la convocatoria de los convocantes. Hoy las 21 economías presentes en el foro representan casi el 40% de la población mundial, cerca del 50% del comercio mundial y más del 60% de las exportaciones de bienes estadounidenses.
En las inmediaciones del Moscone Center, el lugar donde se lleva acabo el evento, diversos grupos de manifestantes han expresado su descontento por los ataques contra Palestina y por el apoyo que ha dado Estados Unidos a Israel, bloqueando el acceso a la sede de la cumbre. Con pancartas y consignas pidieron el cese de los ataques israelíes y lamentaron las pérdidas de vidas palestinas, las cuales ya suman más de 11 mil 200 personas.
Foto por Noah Berger/AP
Simultáneamente, otro grupo de manifestantes bloqueó un lado del puente en la bahía de San Francisco (Bay Bridge), sumando en un mismo tono de exigencia, “¡alto a los ataques sobre Palestina!”. Los manifestantes utilizaron diversas tácticas, como bloquear el flujo0 vehicular con sus propios automóviles, acostarse en el suelo cubiertos con sábanas ensangrentadas, hasta encadenarse a la estructura del puente, desafiando su arresto.
El bloqueo, según la Patrulla de Caminos de California, informó que desde las 7:42 am el flujo vehicular se había atascado por varios kilómetros a lo largo de las autopistas que se extienden hasta el Este de la Bahía.
Estas protestas han pretendido llamar la atención sobre el conflicto en Palestina y la implicación de Estados Unidos en el mismo, aprovechando la presencia de líderes mundiales en la cumbre APEC. Al final fueron brutalmente reprimidos. Medios locales reportan que han sido detenidas al menos medio centenar de manifestantes.
Desde el 7 de octubre, el ejército israelí ha matado a más de 10.000 personas en Palestina, casi la mitad de las cuales eran niños y niñas. En respuesta, personas de todo el mundo se han movilizado en solidaridad. Muchas personas están buscando formas de proceder, desde exigir un alto el fuego hasta utilizar la acción directa para impedir que el gobierno de Estados Unidos canalice armas a Israel. A pesar del frío reinante el lunes 6 de noviembre, varios centenares de personas se presentaron en el puerto de Tacoma, en el estado de Washington, para bloquear el acceso a un buque de transporte marítimo que tenía previsto entregar material al ejército israelí.
En el siguiente texto, los y las participantes repasan la historia de los bloqueos portuarios en el estrecho de Puget, comparten su experiencia en la protesta y tratan de ofrecer inspiración para continuar la solidaridad transoceánica.
Aumento de la resistencia
El jueves 2 de noviembre, manifestantes que protestaban contra los bombardeos y la invasión de Gaza bloquearon una autopista en Durham (Carolina del Norte) y cerraron la 30th Street Station de Filadelfia. A primera hora del viernes 3 de noviembre, en el puerto de Oakland (California), los y las manifestantes consiguieron embarcar en el buque de la Flota de Reserva de Estados Unidos Cape Orlando, que tenía previsto partir hacia Tacoma para recoger material militar con destino a Israel. El Cape Orlando es propiedad del Departamento de Transporte, está dirigido por el Departamento de Defensa y es gestionado y tripulado por marinos comerciales. Tras un enfrentamiento que duró horas, los guardacostas consiguieron finalmente sacar a los y las manifestantes del barco.
Después se corrió la voz de que habría otra protesta cuando el barco llegara a Tacoma. El acto fue anunciado por una coalición de organizaciones nacionales y sus secciones locales: Falastiniyat (colectivo feminista palestino de la diáspora), Samidoun (red nacional de apoyo a presos y presas palestinas) y el Arab Resource & Organizing Center, que también había participado en la organización de la protesta de Oakland.
La movilización de Tacoma estaba prevista inicialmente para las 14.30 horas del domingo 5 de noviembre, pero las personas organizadoras cambiaron la hora debido a la información actualizada sobre la llegada del barco, pidiendo que la gente se presentara a las 5 de la mañana del lunes. A pesar del temor a que el cambio de última hora restara ímpetu a la manifestación, varios centenares de manifestantes acudieron esa mañana. El bloqueo en sí consistió en un piquete continuo en múltiples puntos, reforzado por bastantes conductores que estaban dispuestos a arriesgarse a que las autoridades confiscaran sus coches.
Se impidió a todos los trabajadores que el ILWU había desplegado para el turno de día cargar el buque. Impedir que los trabajadores portuarios lo cargaran era el objetivo del bloqueo; sin embargo, desgraciadamente, esto no impidió que la carga militar llegara al barco. Actuando como esquiroles, los militares estadounidenses intervinieron para cargarlo, aparentemente habiendo sido introducidos a hurtadillas en el puerto en buques de la Guardia Costera.
Ahora que la niebla de la guerra se disipa, podemos repasar en detalle los acontecimientos del día.
“Ningún genocidio en nuestro nombre: salvemos Gaza.”
Aprovechando décadas de bloqueos portuarios
El noroeste del Pacífico tiene una larga historia de paros portuarios.
En 1984, los trabajadores portuarios del sindicato International Longshore and Warehouse Union (ILWU) se coordinaron con activistas antiapartheid y se negaron a descargar buques de carga procedentes de Sudáfrica. Entre 2006 y 2009, el movimiento Port Militarization Resistance bloqueó en repetidas ocasiones los puertos de Olympia y Tacoma para protestar contra la ocupación de Irak y Afganistán. En 2011 y 2012, los participantes en Occupy/Decolonize Seattle se organizaron en solidaridad con los trabajadores portuarios del ILWU en Longview y cerraron [el puerto de Seattle], entre otros puertos.
En 2014, los y las manifestantes bloquearon el puerto de Tacoma utilizando el lema Block the Boat, cantando “Our ports will be blocked to Israel’s ships until Gaza’s ports are free” (“Nuestros puertos estarán bloqueados a los barcos de Israel hasta que los puertos de Gaza sean libres.” Una de las participantes era la madre de Rachel Corrie, estudiante asesinada en Gaza por el ejército israelí en 2002 cuando intentaba impedir que demolieran las casas de familias palestinas.
En 2015, una activista se encadenó a un barco de apoyo a los planes de perforación petrolífera exploratoria de Royal Dutch Shell, utilizando el lema Shell No. En 2021, manifestantes de Block the Boat retrasaron durante semanas la descarga del buque ZIM San Diego, operado por Israel. El Arab Resource & Organizing Center participó en la organización de las protestas Block the Boat.
La protesta “Shell No!” en 2015.
Hoy en día, el Puerto de Tacoma parece ser el punto de carga preferido para el equipo militar en la región, tal vez porque la Resistencia a la Militarización Portuaria logró cerrar con éxito la logística en el Puerto de Olympia, mientras que la policía de Tacoma pudo utilizar suficiente fuerza violenta para mantener el Puerto de Tacoma abierto para los envíos militares a Irak y Afganistán. Los diversos bloqueos portuarios fomentaron años de organización entre trabajadores del ILWU, camioneros inmigrantes marginados, ecologistas y activistas contra la guerra. Las nuevas tácticas del kayakismo surgieron de las luchas contra el extractivismo en Seattle, donde los grupos afines a la navegación lograron superar tanto a la Guardia Costera como a las organizaciones ecologistas sin ánimo de lucro que querían mantener el simbolismo. En una ocasión, un grupo de kayakistas consiguió encallar un buque de Shell sin ser detenido. Algunos participantes llevaron pancartas reforzadas a la manifestación del lunes 6 de noviembre de 2023, porque recordaban cómo la policía utilizó la fuerza para alejar a los manifestantes menos equipados durante el piquete “Bloquea el barco” en el puerto de Seattle en 2021.
A lo largo de los años, estos bloqueos portuarios han inspirado otras innovaciones en el género. En noviembre de 2017, los y las manifestantes bloquearon las vías del tren que pasan por Olympia. En un momento en el que las luchas indígenas por la protección del agua y la defensa de la tierra se intensificaban y las comunidades locales querían actuar en solidaridad, bloquear el puerto parecía un reto prohibitivo, por lo que eligieron una sección de las vías del tren a través de la cual se enviaban agentes de sostén para fracking al puerto. Esta ocupación fue posiblemente más defendible y eficaz que el bloqueo del puerto, ya que duró más de una semana. Esta puede indicar un futuro campo de experimentación.
Reunión en el puerto
El puerto de Tacoma y el cercano centro de detención del ICE están situados en una zona industrial que también alberga una academia de policía. Sólo se puede acceder a ellos a través de estrechos puntos de estrangulamiento; en el pasado, la policía los ha aprovechado para atacar y acosar a los manifestantes. La acción precedente en el puerto de Oakland tuvo lugar en un terreno más urbano; mientras los manifestantes se preparaban para el atraque del barco en Tacoma, aumentaba la preocupación por las diversas posibilidades de represión. Veteranos de la Resistencia a la Militarización del Puerto y otras personas con mentalidad logística recopilaron listas de consideraciones a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una acción en este puerto concreto.
El lunes por la mañana, la gente se presentó con energía positiva y pancartas reforzadas. Cientos de personas se coordinaron para traer suministros y oleadas adicionales de piquetes. El plan consistía en establecer un piquete en cada una de las tres entradas del muelle 7. Al final, la policía se adelantó. La policía bloqueó preventivamente las entradas y se sentó en sus vehículos detrás de la valla del puerto. Los y las manifestantes marcharon en círculos, coreando cánticos, mientras otros recogían material con el que crear improvisadas barricadas.
Otros y otras anarquistas permanecieron a distancia, a la espera para prestar apoyo en la cárcel y aconsejar a las personas participantes sobre las precauciones de seguridad. Otras se instalaron en el casino cercano, investigando y disipando rumores en los crecientes grupos de señalización, y ayudando a poner en contacto a la gente con los bucles de información o comunicación que necesitaban. Ya fuera de forma autónoma o en conversación con las personas organizadoras, todos hicieron lo que pudieron para contribuir al desarrollo de la acción.
La manifestación consiguió lo que algunas personas habían pensado que sería imposible: impedir que los trabajadores del ILWU cargaran el cargamento militar. Inesperadamente, esto no fue suficiente. Incluso los estibadores más experimentados se sorprendieron de que se pudiera traer a los militares para que actuaran como esquiroles cargando el barco.
¿Podríamos habernos centrado más bien en impedir que el material llegara al puerto? Según las pantallas de turnos a disposición del público, la carga que finalmente se cargó en el buque ya había llegado al puerto antes de la hora de inicio de la acción, prevista inicialmente para las 14:30 horas del 5 de noviembre. Teniendo en cuenta que el domingo por la tarde era posiblemente la más pronto para movilizar una acción de masas con tan poca antelación, no es sorprendente que se abandonara la idea de bloquear la carga en favor de bloquear a los trabajadores del ILWU. Por supuesto, si la información de que estaban entrando suministros militares en el puerto hubiera circulado antes, otra cosa podría haber sido posible.
Los y las organizadoras optaron por bloquear a los trabajadores a pesar de la tensión que ello iba a provocar con el Local 23 del ILWU. Nuestros contactos en el ILWU describen al presidente del Local 23 como un sionista; la mayoría de los trabajadores del Local 23 estaban supuestamente en contra de la acción, a pesar de respetar el piquete.El presidente llegó incluso a sugerir traer a los trabajadores del ILWU en barcos, un plan que los militares aparentemente rechazaron.
Hubo rumores de que se estaba organizando una flotilla de kayaks para impedir la salida del Orlando a la mañana siguiente. Al final, una canoa pilotada por miembros de los pueblos Puyallup, Nisqually y otros pueblos de la costa salish y acompañada por unos cuantos kayakistas bloqueó el paso del buque durante un breve espacio de tiempo el 6 de noviembre, pero el 7 de noviembre no se materializó nada.
Miembros de los pueblos puyallup, nisqually y otros pueblos de la costa salish se dispusieron a bloquear el barco el 6 de noviembre.
El barco zarpó, pero un Stryker Armored Personnel Carrier que estaba programado para trabajar según las pantallas de turnos del ILWU no se cargó, presumiblemente debido al piquete. Dada la inexperiencia de la tripulación militar en la carga de contenedores marítimos, no está claro qué parte del cargamento se cargó completamente en el tiempo previsto para el barco, ya que los puertos se atienen a un horario estricto para no interrumpir las cadenas de suministro mundiales del capital.
Evaluación
Los principales organizadores recibieron comentarios en el transcurso de la protesta y adaptaron su estrategia a medida que cambiaba la situación, cambiando su comunicación para articular lo que intentaban hacer y explicar sus decisiones en lugar de apelar simplemente a su autoridad como organización o como palestinos. No obstante, algunas personas han expresado su descontento por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Era difícil obtener información completa sobre lo que estaba ocurriendo, lo que impedía a la gente tomar sus propias decisiones y actuar de forma autónoma. Algunos anarquistas que se encontraban sobre el terreno afirman que todavía se estaba cargando el buque cuando las personas organizadoras suspendieron el acto; otras personas cuestionan la decisión de no revelar el hecho de que los militares estaban cargando el material cuando la manifestación todavía tenía número e impulso.
Es difícil determinar hasta qué punto las personas organizadoras ocultaron información intencionadamente. Creemos que es importante ofrecer comentarios constructivos y críticas basadas en principios, al tiempo que se resiste la tentación de hacer suposiciones sobre las intenciones de los demás (o, en el peor de los casos, participar en el chivateo, que puede socavar los esfuerzos para responder a la infiltración real y a las brechas de seguridad en el movimiento y, a menudo, contribuye a diagnosticar erróneamente los problemas en juego).
Cooperar con las autoridades -especialmente a expensas de otros radicales- es siempre inaceptable. Se trata de un elemento básico de los actos dominados por organizaciones autoritarias. Afortunadamente, nada de esto parece haber ocurrido durante el bloqueo del 6 de noviembre. Los que están a ambos lados de este debate deben tener cuidado de resistir reacciones viscerales y evitar proyectar malas intenciones en imaginarios “aventureros” o “policías de la paz” represivos.
Con ese espíritu, expondremos nuestra preocupación. Las personas organizadoras anunciaron simultáneamente que las armas habían sido cargadas en el barco y, al mismo tiempo, declararon la victoria. Esto da pie a sospechar que la intención original había sido “bloquear el barco” simbólicamente sin obstaculizar realmente el envío de armas, para dar la impresión de lograr una “victoria del movimiento” sin ningún impacto sustantivo. Este tipo de victorias vacías pueden desinflar los movimientos y el impulso, sembrando la desconfianza en los cientos de personas que se presentaron con poca antelación con la intención de impedir que llegaran armas a Israel. Sería mejor reconocer el fracaso, admitir que, a pesar de nuestros esfuerzos, las autoridades han conseguido su objetivo, y afirmar que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos si queremos salvar vidas en Gaza. Necesitamos que las personas organizadoras sean sinceras con nosotras para saber a qué nos enfrentamos.
Es importante destacar que, en última instancia, fueron los militares quienes cargaron el barco, no la ILWU. Este movimiento no tenía precedentes, al igual que el espionaje militar a los manifestantes durante la Resistencia de la Militarización Portuaria. Pero no debería haber sido inesperado. A partir de ahora, debemos tener en cuenta que los militares están dispuestos a intervenir directamente en la logística del capitalismo.
Esto también pone de manifiesto una debilidad en la estrategia de bloquear un barco mediante un piquete y bloquear las calles alrededor de la terminal. Para haber detenido realmente el barco, habría sido necesaria una acción mucho más disruptiva, que podría haber incluido el asalto a la propia terminal y el riesgo de violencia policial y detenciones. Esto no quiere decir que hubiera sido práctico asaltar el puerto, ni que no haya ninguna razón para bloquear la terminal del modo en que lo hicimos. Se trata más bien de que la mecánica del capitalismo de guerra es más penetrante y adaptable que las estrategias que la gente empleó para bloquearlo en Oakland y Tacoma. Cualquier forma de escalada requerirá más militancia y tolerancia al riesgo.
Al mismo tiempo, debemos ser honestas sobre nuestras capacidades, nuestros límites y los retos a los que nos enfrentamos. Aunque mucha gente estaba preparada para participar en un piquete, asaltar una instalación segura implica consideraciones y preparación material diferentes, y exige una evaluación con la cabeza fría de los beneficios frente a las consecuencias. No debemos culpar simplemente a las personas organizadoras por el hecho de que no se produjera. Un movimiento lo suficientemente poderoso no puede ser frenado, ni siquiera por sus líderes.
Teniendo en cuenta que el ejército de Estados Unidos superó la estrategia de los piquetes -y en vista de lo mucho que está en juego en Palestina- “¿Por qué no asaltar el puerto?” podría ser un buen punto de partida para futuras estrategias. Sin embargo, a partir de este punto, van a ampliar la seguridad. Otro enfoque sería alejarse del puerto y buscar puntos de intervención fuera de él. En este sentido, el bloqueo ferroviario en Olimpia en 2017 podría ofrecer un ejemplo prometedor.
Del mismo modo, aunque deberíamos explorar formas de resolver las diferencias cuando tengamos que trabajar juntas, también podemos buscar formas de compartir información y coordinarnos mientras nos organizamos de forma autónoma. Puede que no seamos capaces de llegar a un consenso sobre qué estrategia utilizar, pero podemos explorar en qué coincidimos y en qué divergimos, adquirir y hacer circular inteligencia, y probar muchas estrategias diferentes a la vez.
La lógica y la logística del orden imperante están entrelazadas en todo el mundo. Las armas israelíes ayudaron a Azerbaiyán a invadir el enclave armenio de Nagorno-Karabaj en septiembre. Las tecnologías de vigilancia, ocupación y represión, perfeccionadas tras asediar Gaza y fragmentar Cisjordania, se despliegan a lo largo de la mortífera frontera sur de Estados Unidos. El FBI llama a empresas tecnológicas israelíes cuando necesita piratear el teléfono de alguien. Todo está conectado, desde los puertos del Mar Salado hasta la costa oriental del Mediterráneo.
Brindemos por el motín en las entrañas del imperio. Si no somos nosotras, ¿entonces quién? Si no es ahora, ¿cuándo?
De un periódico que apareció once días después del bloqueo ferroviario de Olympia, en el que se relatan las experiencias y motivaciones de los bloqueadores: “Llegué a casa del trabajo a las 5 de la tarde y recibí como un millón de mensajes de texto, todos diciéndome lo mismo: hay un bloqueo de trenes de fracking en el centro. En el mismo sitio que el año pasado. Baja. Estaba agotado, con frío y mojado por el trabajo, y tenía planes para hacer Shabat con amigos, pero no me perdería un bloqueo ferroviario por nada del mundo. “Shabat en el bloqueo”, les dije a mis amigos. Si detener un tren lleno de materiales utilizados en la destrucción del medio ambiente y el genocidio de los pueblos indígenas no es Tikun Olam, no sé lo que es”.
2.
Hubo cierto debate sobre si los trabajadores pararían oficialmente el trabajo por motivos de salud y seguridad, como han hecho los trabajadores sindicalizados en el pasado, pero al parecer esto no tuvo lugar oficialmente.
Lago de Izabal, lugar sagrado para el pueblo Maya Q’eqchi’. Las aguas azules obscuras forman un espeso espejo de casi 600 km2, cerca de la costa del Mar Caribe de Guatemala. Alrededor de todo el lago, el más grande del país, han vivido desde siempre las comunidades Maya Q’eqchi’, desde antes de la llegada de los españoles.
Desde El Estor, núcleo urbano al norte del lago, donde hay una base militar, el equipo de este reportaje siguió una línea recta, hacia el sur del lago, lo que significa aproximadamente dos horas de viaje a bordo de una lancha acondicionada para realizar viajes colectivos de la comunidad. Es la única forma, en época de lluvias, de llegar en estos territorios. Ahí, la bienvenida se recibe de un paisaje monótono verde olivo de extensas plantaciones de palma africana.
En este lado del lago habitan 16 comunidades Maya Q’eqchi’ que luchan para continuar viviendo en sus territorios y salir del arrinconamiento que les ha sometido las extensas plantaciones de palma de la empresa Naturaceites. Ahí también está un segundo destacamento militar.
A pocos metros del desembarque en esta parte sur del lago está la comunidad Chapín Abajo, que ha sufrido, por lo menos en los últimos tres años, la intensificación de los intentos de desalojo y de incursiones militares violentas por supuestas órdenes de captura a sus miembros. Durante las incursiones, militares del destacamento de la parte norte del lago se mueven en rápidas lanchas para el “combate”.
La abuela Maya Q’eqchi’ que se identificó como Juana recordó con dolor en su lengua materna el último ataque a la comunidad. “Sentía el rugir de las balas por detrás de mis pies, mientras intentaba proteger a los niños. Nos trataron como animales”, cuenta al equipo de Avispa Mídia. Los militares incursionaron violentamente en Chapín Abajo el 6 de diciembre de 2022, supuestamente contaban con 20 órdenes de captura contra comunitarios, “órdenes que nunca nos enseñaron”, agregó la abuela Juana.
Un contingente policial de aproximadamente 5 mil agentes “mezclados con cuadrillas que sabemos que son pagadas por la empresa [Naturaceites]”, cuentan los pobladores, cercaron la comunidad durante horas hasta la madrugada, “nos atacaron”. Antes de estos hechos ya habían atacado dos meses antes, el 26 de octubre de 2022.
Las mujeres de la comunidad hicieron frente y tomaron las riendas de la situación. Salieron al encuentro del contingente. “A través de un megáfono preguntábamos qué estaba pasando, si acaso éramos narcotraficantes o estábamos haciendo actos ilegales para que fuéramos criminalizados y perseguidos de esta manera. Pues ellos, de igual forma, no respondieron a nada, sino al contrario, ellos ingresaron”, relata para Avispa Mídia, en su lengua Maya Q’eqchi’, Alba María Choc, quien fue agredida y detenida en esta ocasión, junto a su hijo de 14 años. “Ingresaron sarcásticamente accionando sus fusiles y pistolas”, recuerda
Autoridad ancestral Pedro Cuc al lado de su familia. Foto: Aldo Santiago
Como en las películas del viejo oeste, tres fotos de las autoridades ancestrales figuran en carteles que ofrecen 50 mil quetzales a quienes ofrezcan informaciones sobre ellos, por participar de movimientos en defensa del territorio. “El Estado regó carteles con nuestras fotos por todo El Estor ofreciendo recompensa a cambio de informaciones sobre nosotros”, cuenta al equipo de Avispa Mídia Pedro Cuc Pan, una de las tres autoridades ancestrales perseguidas, miembro del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ de Chapín Abajo, quien también se ha declarado en resistencia contra la minería y la plantación industrial de palma aceitera, también conocida como palma africana.
Ahora en el territorio se siente una calma tensa. La memoria de la violencia aun está presente y afecta especialmente a los niños y ancianos. La posibilidad de que en cualquier momento se pueden suscitar nuevas incursiones militares es latente. “Siguen las órdenes de captura”, señala Pedro Cuc.
Chapín Abajo arrinconada por la plantación de la palma africana. Foto: Aldo Santiago
¿De quién es la tierra?
En Chapín Abajo, alrededor de 200 familias viven en cuatro hectáreas. Esta comunidad está cercada por plantaciones de palma de la empresa Naturaceites, la cual se vanagloria de estar certificada al 100% bajo la certificación estándar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, en español Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible).
Las familias no tienen espacio suficiente para sus cultivos de subsistencia y tampoco para criar animales. Ya no les queda espacio para construcciones esenciales para la comunidad como una escuela para los niños.
La zona es controlada por la seguridad de la empresa y por los militares. “Somos vigilados todo el tiempo, incluso por drones”, sostiene Ana Coc.
Naturaceites sostiene que todas las tierras donde tienen plantación son suyas. También dice en sus informes que posee los documentos que le aseguran la propiedad de las tierras. No obstante, las comunidades y organizaciones tienen otra perspectiva de cómo la empresa fue acumulando tierras.
La empresa afirma que posee un total de 11 mil 736 hectáreas propias y 16 mil 249 hectáreas de productores asociados en los municipios de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz; San Luis, Petén; Panzós, Alta Verapaz y El Estor, Izabal.
En el Valle de Polochic, donde está Chapín Abajo, según información de la propia empresa, posee 6 mil hectáreas no continuas de plantaciones y una planta de beneficio. Sus marcas comerciales son: Capullo, Cora y Great Taste.
Erwin Tut, de la Fundación Guillermo Toriello, que ofrece asesoría y acompaña no solamente Chapín Abajo, sino que también a otras comunidades afectadas por la palma y la minería en la región, sostiene para Avispa Mídia que gradualmente “las comunidades fueron siendo arrinconadas por la palma”.
La estrategia utilizada por Naturaceites fue apropiarse poco a poco de las tierras y, en muchos casos, fueron registrando “de manera anómala” en su nombre, sostiene Tut. “Hay un acaparamiento enorme de tierras y hay mucha vinculación con el gobierno”, señala.
La Ley de la Oficina de Control de las Reservas Territoriales, por ejemplo, garantiza que las tierras que están a una distancia de hasta 200 metros del lago son del Estado. “Pero ¿qué pasa?, la palma está en toda la orilla del lago. Y si vamos a reclamar, la empresa dice que tiene los títulos de estas tierras. ¿Y cómo lo obtuvieron?”, indaga.
Plantación de palma en las orillas del Lago de Izabal. Foto: Aldo Santiago
Otro caso que ilustra las formas turbias de cómo Naturaceites fue concentrando las tierras es respecto al proceso del indígena Maya Q’eqchi’ Oswaldo Rey Chub Caal, capturado y acusado por usurpación de tierras, en el desalojo de la comunidad llamada Palestina, en la finca Chabiland, Chinebal, al sur de El Estor, en noviembre de 2021. La acusación es de la empresa Naturaceites, quien alega que las tierras son suyas.
Él permaneció nueve meses en prisión. Al final, la empresa no pudo comprobar las acusaciones contra el indígena y fue puesto en libertad. El indígena Caal, que es de la comunidad de Chapín Abajo y quien, en solidaridad, estuvo presente en el desalojo violento de la comunidad Palestina, fue liberado porque la empresa no logró probar que es propietaria de las tierras. El registro de propiedad que presentó durante el proceso no correspondía a la finca en El Estor, pertenecía a otra jurisdicción, al municipio de Livingston.
Oswaldo Rey Chub Caal. Foto Renata Bessi
Es decir, “¿cómo Caal pudo ser acusado por Naturaceites de usurpar una tierra que no tiene cómo probar que son suyas?”, dijo el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, quien defendió el indígena Maya Q’eqchi’ en los tribunales.
Con base a ese mismo título de propiedad, señala el abogado, existe una serie de otras órdenes de captura en contra de otros comunitarios que estuvieron en el desalojo.
“Nosotros, las organizaciones, así como las comunidades, no tenemos recursos para hacer un estudio completo de la ocupación de las tierras y de los registros catastrales, es muy caro. El Estado no tiene interés de hacerlo. Pero en estudios que hemos logrado hacer en casos específicos, nos deparamos con esta realidad, con esta misma lógica anómala de apropiación de tierras”, argumenta el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas.
“No necesitamos que un documento nos diga que esta tierra es nuestra”
Durante el periodo colonial, explica el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, los maya Q’eqchi’s no fueron pueblos que habían desarrollado una titulación de sus territorios, como ocurrió en otras regiones de Guatemala, cuyos títulos se conservan hasta la actualidad.
Tener el registro implicaba comprar sus propias tierras a la Corona española y, como consecuencia, tenían que someterse al régimen de tributación que había en ese entonces.
Después, con la creación del Registro de la Propiedad, alrededor de 1870, “muchas de estas tierras fueron tituladas a particulares y también como fincas públicas. Sin embargo, las comunidades siguieron permaneciendo ahí, a pesar de no tener títulos”, puntualiza el abogado.
“Son comunidades que no tienen registros de la titulación de esas tierras, pero tienen una posesión histórica y tienen una relación histórica con el territorio”, subraya Castro.
El Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial del municipio de El Estor 2018 – 2032 identifica Chapín Abajo como uno de los lugares con “mayor antigüedad e importancia por su densidad y pertenencia Q’eqchi’ se ubican en el área de la cuenca del lago de Izabal”. Además de Chapín Abajo, mencionan: Nueva Esperanza, Lancetillo, Chinebal, Río Zarquito, Pataxté, Chichipate, Setal y Selempin.“A nosotros no nos pertenece la tierra porque un documento lo diga o porque un ingeniero lo dijo, nos pertenece la tierra porque aquí murieron nuestros antepasados y aquí nacimos nosotros. Entonces la defendemos”, dijo Pedro Cuc
Alba María, mujerMaya Q’eqchi’ que fue detenida junto a su hijo de 14 años en el ataque a su comunidad el 6 de diciembre. Foto: Renata Bessi
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Foto: Santiago Navarro F
Foto: Aldo Santiago
Foto: Santiago Navarro F
Foto: Santiago Navarro F
Foto: Renata Bessi
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Comunitarios en las tierras recuperadas. Foto: Renata Bessi
Niños que sobrevivieron al conflicto armado, hoy reclaman las tierras de sus ancestros
Mientras la abuela Juana gesticulaba para enseñarnos cómo sentía las balas que le pasaban por detrás de sus pies en el ataque del 6 de diciembre de 2022, se acordaba de situaciones de violencia que pasó en el mismo lugar, 40 años atrás, rememorando el Conflicto Armado Interno en Guatemala (1960-1996).
“Cómo es posible que en Guatemala estemos volviendo a los años 1980, cuando mataron muchos niños, niñas, ancianas, ancianos. Es eso lo que estamos viendo hoy, en estos días. Estas empresas no solo vienen a despojar nuestras tierras, sino que vienen a exterminar nuestra población como Maya Q’eqchi’, dice la señora.
Pedro Cuc recuerda que el Conflicto Armado Interno se vivió por los mismos motivos que generan resistencia de los pueblos hoy. “Hace mucho tiempo, empresas de otros países como Alemania, España, de los Estados Unidos venían aquí a invertir en café, banano, algodón, ganadería. Desde ese entonces, ellos obtenían las tierras a fuerza bruta, desalojaban y se quedaban con los patrimonios de los pueblos originarios. Fue por eso que se hizo la insurgencia”, señala Pedro Cuc.
Para el Estado de Guatemala, liderado por militares en aquel periodo, el enemigo pasó a ser toda la sociedad y se persiguió no sólo a los que estaban involucrados en la lucha armada, sino a todos quienes consideraban opositores a sus intereses, principalmente los económicos, y las comunidades indígenas y campesinas fueron blanco de esta represión. Utilizaba el Conflicto Armando Interno para justificar la política de “tierra arrasada”.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), nombrada por las Naciones Unidas para recopilar información histórica del Conflicto Armado Interno, estima que el saldo al final del conflicto fue de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos y alrededor de 100 mil desplazados. Según la CEH, las fuerzas gubernamentales son responsables del 93% de la violencia del conflicto y los grupos guerrilleros del 3%.
Ocurrieron masacres de comunidades enteras, de indígenas y campesinos. “Hay comunidades que en verdad se exterminaron y hay comunidades que desalojaron porque los habitantes se fueron huyendo para las montañas por las masacres. O se iban para otros países, como México”, cuenta Pedro Cuc.
El caso de Chapín Abajo y la región del Valle de Polochic, de la cual hace parte la comunidad, no fue distinto. Pedro Choc, otra de las autoridades indígenas quien también es buscado por 50 mil quetzales como recompensa, hoy con 40 años, vivió con su padre en estas tierras hasta los ocho años, en la época del Conflicto Armado Interno.
Pedro Choc, autoridad ancestral Maya Q’eqchi’. Foto Renata Bessi
Tuvo que salir de su comunidad, su padre fue asesinado. “Nosotros pudimos crecer. Nosotros somos los niños que logramos crecer en este tiempo. Mi padre fue masacrado cuando los militares protegían a las empresas en aquella época, igual como está hoy. Firmaron la paz, pero no sé para qué, porque no hay ningún cambio. Los militares de los tiempos anteriores son los que hoy prestan seguridad de las empresas, los policías. Los ubicamos”, cuenta al equipo de este reportaje.
Naturaceites pertenece al empresario guatemalteco Juan Maegli Müller. Este personaje tiene su origen de una familia suizo-alemana que llegó a Guatemala durante la Reforma Liberal, en el siglo XIX.
Según la organización Entre Mundos, en un informe publicado en abril de 2022, la familia de este empresario es considerada “una de las más grandes terratenientes en la región. Participó en el partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN), financiando paramilitares y en la campaña contrainsurgente represiva de 1970 y 1980”, durante el Conflicto Armado Interno.Por las masacres y por los desalojos, las tierras “quedaron vacías y libres para las empresas y para los finqueros establecer sus negocios”, sostiene Pedro Cuc. “A nosotros lo que nos tocó fue la palma y todas sus consecuencias en nuestro territorio. Lo que logramos recuperar hasta ahora fue este pequeño espacio”, refiriéndose a su comunidad
La guerra contra los mayas en el Valle Polochic
En 1964 varias comunidades asentadas durante décadas en la orilla del río Polochic se organizaron en torno al reclamo de títulos de propiedad al Instituto Nacional de Transformación Agraria (Inta), creado en octubre de 1962, de acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico Guatemala Memoria del Silencio. Sin embargo, las tierras fueron adjudicadas a terratenientes.
En algunos casos los finqueros manipularon a las instituciones del Estado, como el Inta, para neutralizar los reclamos por tierras, afirma la Comisión en el informe. El Ejército apoyó a los finqueros para contener estas demandas, bajo la acusación de que los indígenas-campesinos eran “comunistas”.
Fue la demanda por la tierra, según documentó la Comisión, lo que generó la reacción violenta propiciada por las autoridades municipales, el Ejército y los finqueros de la zona, resultando en la “masacre de Panzós”, el 29 de mayo de 1978.
A partir de la masacre el Ejército, según el informe, inició en el Valle Polochic, donde se ubica Chapín Abajo, una represión selectiva contra los líderes comunitarios que reivindicaban tierras y contra sacerdotes mayas. De las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por los soldados, comisionados militares y patrulleros de la autodefensa civil, entre 1978 y 1982, la CEH registró 310 víctimas.
A consecuencia de estos hechos, se veían a diario cadáveres de indígenas flotando en el río Polochic. Según registró la CEH, una persona, que trabajó en proyectos de desarrollo en el Valle Polochic entre 1978 y 1982, declaró: “Cada día, cuando iba a trabajar, me imaginaba que eran los mismos cadáveres que pasaban en el río, aunque sabía que no era posible, era demasiado fuerte darme cuenta que cada remolino traía nuevos muertos”.
Mujeres Maya Q’eqchi’. Foto Renata Bessi
“¿Las instituciones del Estado?”
Hoy no existe un proceso de regularización de los territorios de las comunidades en la región, tampoco un espacio de diálogo para estos temas. Lo que existe son regularizaciones bajo los intereses de la empresa.
Un ejemplo, cita Tut, es la comunidad Manguito 1, que está a una hora de Chapín Abajo. La finca posee alrededor de 21 caballerías - caballería es un predio agrícola de 6 a 43 hectáreas - y, de esas 21 caballerías, la mitad la tiene Naturaceites con una plantación de palma. “Qué dice Naturaceites a la comunidad? Miren, no nos metamos a pelear. ‘Yo les facilito el título de propiedad de donde están ubicados ustedes y me dejan trabajar donde ya está la palma’. Como si fuera la dueña de las tierras”, cuestiona el indígena Tut.
Antes de la creación del Fondo de Tierras, que es la entidad que regula la tierra en Guatemala, creada en 1999 tras la finalización del conflicto armado interno, fruto de los Acuerdos de Paz, existía el Instituto Nacional de Transformación Agraria (Inta). “El Inta había dado acompañamiento a varias comunidades y estaban a punto de tener su certeza jurídica. Con la llegada de la palma todo este proceso se viene abajo”, dijo Tut.
Ahora la situación se puso más complicada, explica él, porque el gobierno que asumió el poder el 20 de enero del 2020, quitó varias secretarías, como la Secretaría de Asuntos Agrarios, que “era la entidad más cercana de las comunidades para dialogar en temas relacionados con conflicto de tierras, como es el caso de la finca de Chapín Abajo”, señala Tut.
El Fondo de Tierras solamente registra la tierra. La Secretaría de Asuntos Agrarios tenía la función de resolver el conflicto “antes que el proceso de regularización llegara al Fondo”, explica Tuit.
La secretaría era también la institución de gobierno que había compilado información relacionada con las tierras y los conflictos que las involucraban en todo el país. Ahora, comenta el abogado Castro, es muy difícil tener acceso a estos documentos, por la desaparición de la secretaría “nos deja desarmados frente a los finqueros”, señala.
Otra de las instituciones creadas tras la firma de los acuerdos de paz fue el Registro de Información Catastral, pero “el registro solo declara que existen anomalías, y no entra en el saneamiento de la tierra”, agrega el asesor jurídico.
La nueva gestión creó la Comisión Presidencial para la Paz. “Cuando la invocas para ir a hacer una mediación dice, ‘bueno, yo no tengo facultades para resolver conflictos agrarios’”, justifican, según el abogado Castro.
El derecho indígena
Niños Maya Q’eqchi’ juegan en la comunidad de Chapín Abajo. Foto: Renata Bessi
En el país tampoco existe la figura de “tierras indígenas” o un marco legal que permita las “demarcaciones de tierras indígenas”. “Cuando el Fondo de Tierras busca la regularización de las tierras para pueblos indígenas, es todavía a través de la compra. Es necesario que el finquero quiera vender las tierras. El Estado subsidia, pero las comunidades tienen que pagar una parte”, explica Castro. En la actualidad es muy difícil que estas compras ocurran, resalta.
Para el abogado Castro, el derecho civil en Guatemala tampoco es suficiente para poder comprender la relación histórica que tienen los pueblos con sus tierras. “Lo que privilegia son los documentos. Y un finquero que tiene un documento dice esto es mío y está registrado, eso es suficiente para considerarse el dueño sin tomar en cuenta si la comunidad tenía 200 años de existir en estos territorios”, lamenta.
El abogado menciona que hace poco más de cinco años, la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal en materia constitucional de Guatemala, dio fallos importantes a favor de los derechos de los pueblos. “La Corte reconoce que existen otras formas de propiedad que están reguladas en el artículo 67 constitucional y que otorgan derechos para las comunidades indígenas. Pero hubo un cambió de la Corte y todos esos avances que se tenía retrocedieron. Ahora la única vía que tenemos es acudir ante la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana, pero claro, son trayectos mucho más largos”, cuenta el abogado cuyo bufete litiga en defensa de los derechos de los pueblos en distintas partes de Guatemala.
Una de las pocas herramientas jurídicas que existen en el país para intentar defender los territorios indígenas es la “acción de tutela o la acción de amparo”.
Este es un mecanismo para solucionar una cuestión urgente en casos donde los derechos humanos están siendo vulnerados, como en un desalojo. “Porque claro, cuando te despojan de tu tierra está en riesgo derechos básicos como la vivienda, la alimentación, la educación, la salud”, señala el abogado.
Delante de un desamparo institucional quedaría a las propias comunidades llevar a cabo procesos de investigación para develar las irregularidades en la forma que adquirió Naturaceites las tierras. “Sin embargo, difícilmente ellas logran recursos suficientespara producir estudios que puedan sostener un proceso de defensa de su tierra. Es muy difícil armar un juicio ordinario civil, es muy costoso, hay que hacer mediciones, investigaciones, estudios antropológicos”.
Las instituciones, tanto administrativas como judiciales, no son suficientes para resolver un conflicto agrario indígena que tiene más de 200 años. “Entonces abre camino para que el Estado y empresas puedan utilizar directamente la vía penal, lo que implica desalojos y órdenes de captura”, añade el abogado.
Desde los pueblos asumen no queda otra salida más que organizarse para resistir y sobrevivir a los desalojos y a las órdenes de captura, lamenta.
Palma avanza en los bosques. Foto: Aldo Santiago
La palma avanza sobre la reserva
Naturaceites dice en sus informes de sostenibilidad que sus plantaciones de palma están entre dos áreas protegidas, la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, de 242 mil 642 hectáreas, reconocidas por la Unesco, y el Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic, de 20 mil 760 hectáreas, un humedal reconocido internacionalmente por la convención Ramsar - convención que busca proteger los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.
Tanto las comunidades indígenas, así como órganos ambientales del gobierno y diversas investigaciones, han comprobado que la palma también avanza sobre las reservas ambientales.
La cuarta Actualización del Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas menciona que, según recomendaciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), se considera al cultivo de palma africana como una amenaza potencial a la reserva. “El crecimiento de las actividades agroindustriales se realiza a expensas de áreas boscosas en muchos casos sin ninguna planificación más que la necesidad de terrenos para sembrar o producir materia prima para las industrias”.
Otro documento, Riesgos de la Agroindustria de la Palma Africana para las Áreas Protegidas y Diversidad Biológica en Guatemala, del Conap, alerta que la expansión del cultivo de palma africana avanza aceleradamente en áreas protegidas. La Reserva de Biosfera Sierra de las Minas es una de las áreas citadas por el órgano ambiental. Un estudio de la bióloga Heidy Amely García de la Vega titulado Dinámica del uso del suelo asociado al cultivo de palma africana (Elaeis guineensis Jacq.) durante el periodo 1995-2017 en el Valle del Polochic, realizado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, determinó que, hasta 2017, el área cubierta con plantaciones de palma africana en el Valle de Polochic es de 8 mil 696 hectáreas. Un total de 1,477.2 ha (17%) se encuentra dentro de áreas protegidas (1,477 ha en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas y 0.2 ha en el Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic).
Fuente: Investigación Dinámica del uso del suelo asociado al cultivo de palma africana (Elaeis guineensis Jacq.) durante el periodo 1995-2017 en el Valle del Polochic, de Heidy Amely García de la Vega
El Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minasestablece cuatro tipos de zonificación. En las zonas núcleo, de usos múltiples y de recuperación, “no se permitirá la introducción de nuevos cultivos intensivos de flora exótica tanto de especies forestales como no forestales”.
En la zona de amortiguamiento, “para la introducción de nuevos cultivos intensivos se deberá contar con la autorización de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con base a criterios científicos que demuestren que no interfieren en los procesos ecológicos para los cuales fue creado el área”.
“La palma, como una planta exótica, necesita estudios de impacto ambiental. Ninguna plantación de palma aceitera en Guatemala tiene estos estudios”, señala el abogado del Bufete para los Pueblos Indígenas.
Naturaceites sostiene que desde 2015 tiene una política de “cero deforestación”, mismo periodo en que fue aprobada la certificación de la RSPO.
Para “compensar” la deforestación que ha provocado, la empresa informa que aportará por 25 años a la financiación del proyecto Perú-Peruito, que abarca una zona forestal de 9 mil 400 hectáreas en el sur del Parque Nacional Laguna del Tigre, parte de la Reserva de la Biosfera Maya, en el cual participa la organización internacional Wildlife Conservation Society (WCS) y el Consejo Nacional para las Áreas Protegidas (Conap).
Palma africana ha avanzado hacia los límites de la reserva Sierra de Las Minas. Foto Aldo Santiago
Doble expulsión
Si en la parte más plana del sur del Lago de Izabal, al pie de la Sierra de las Minas, las tierras fueron tomadas por la palma de Naturaceites, quedaría la región más montañosa para una posible ocupación de las comunidades. Pero tampoco son zonas que pueden ser ocupadas porque fueron declaradas pertenecientes a la Reserva Sierra de las Minas en 1990, mismo año que empieza a ser controlada y gestionada por la Fundación Defensoras de la Naturaleza (FDN).
La connivencia de la FDN con las plantaciones de palma, no se aplica cuando se trata de la necesidad de subsistencia de las comunidades. “Cuando intentan entrar en la reserva son desalojados. No pueden regresar a sus tierras porque están tomadas por palma, pero tampoco pueden ir a vivir en las montañas porque están protegidas por organizaciones que no permiten la presencia de gente. Entonces no tienen para donde ir los pueblos de este lugar”, sostiene Castro.
Si alguien quiere sembrar milpa, frijol, “tiene que poner su semilla en una zona de riesgo, en zonas vulnerables para el cultivo, mientras que los terratenientes están establecidos en los lugares más fértiles”, señala el indígena Pedro Cuc.
Además, son áreas controladas, “existe mucha vigilancia, casi nadie puede entrar”, advierte Erwin Tut. En 2020, por ejemplo, “la comunidad Guaritas, aislada por palma, intentó recuperar tierras que les pertenecía dentro de la reserva. Defensores de la Naturaleza pidió el desalojo y los sacó”, comenta Tut.
Naturaceites y Fundación Defensores de la Naturaleza poseen convenios en diversos proyectos de conservación. Uno de ellos es el programa de identificación y monitoreo de la diversidad en la Sierra de las Minas y Lago de Izabal.
Se identificó seis áreas consideradas de Alto Valor de Conservación (AVC), con “un valor biológico, ecológico, social o cultural excepcionalmente significativo o de importancia crítica”, según sus informes. Todas ellas en áreas públicas, en las reservas.
Con base al estudio “hemos definido e implementado cinco programas de protección de áreas AVC”. La “protección” de áreas consideradas de Alto Valor de Conservación es uno de los puntos necesarios para lograr y mantener la certificación RSPO.
El equipo de RSPO contestó a preguntas enviadas por Avispa Mídia, por correo electrónico, en marzo de este año, en el cual explica la importancia de las áreas de AVC para la certificación: “La certificación RSPO requiere evaluaciones de Alto Valor de Conservación y el Enfoque de Altas Reservas de Carbono para identificar, proteger y conservar los bosques y las áreas de importancia para la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas (...)”.
Es decir, la empresa utiliza bosques en tierras públicas para mantener la certificación, necesaria para que tenga acceso a los mercados europeos y norteamericanos, mientras se dificulta el acceso a las comunidades a estos mismos bosques.
¿Defensores de la Naturaleza?
En su sitio oficial, la Fundación Defensores de la Naturaleza es muy emotiva al explicar los inicios de la organización: “Tras conocerse, Thor Janson y Magaly Rey Rosa descubrieron un amor mutuo hacia el mundo natural que eventualmente los llevó a unir fuerzas en 1983 y trabajar juntos para defender la naturaleza y trasladar la filosofía ‘verde’ a la sociedad guatemalteca”.
Una de las personas que ayudó a “establecer los cimientos de la Fundación” fue Luis Movil, gerente general de Esso/Exxon de Centroamérica en la época, “quien brindó el financiamiento necesario para producir los primeros documentos oficiales” de la organización.
Hoy sus aliados son: la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en sus siglas en inglés), el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos USFish, en sus siglas en inglés), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Unión Europea, y las organizaciones conservacionistas, Rainforest Alliance, WWF, The Nature Conservancy.
En un documento de 2021, la USAID, presente en la región con diversos proyectos de conservación, subraya lo “importante que ha sido el establecimiento de alianzas para el desarrollo de estrategias de conservación de la reserva con organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales y el sector privado, que incluso facilitó que la Fundación Defensores de la Naturaleza adquiriera propiedades en la zona núcleo”.
Mujeres Maya Q’eqchi’s en la siembra de milpa en la recuperación de tierras ancestrales. Foto: Renata Bessi
Responsabilidad con generaciones pasadas y futuras
La vista cansada de la palma, que se dibuja en el infinito, se complace en un rincón detrás de la comunidad. Ahí, troncos de palma se ven perdidos entre la siembra de maíz, arroz, frijol, plátano, y diversidad de plantas frutales. Los niños juegan, subiendo y bajando de los troncos que tienen al menos 25 años de existir.
En este lugar los comunitarios de Chapín Abajo empezaron, hace un poco más de un año, la recuperación de tierras a pesar de todo el peso de los dos destacamentos militares que los vigilan todo el tiempo.
Para eso hay una fuerte organización comunitaria para talar la palma. “Bien organizados, podemos tirar 400 palmas por día”, dicen los comunitarios mientras acompañaban el equipo de este reportaje a un recorrido a las tierras ocupadas.
“Cuando yo nací aquí, era una comunidad amplia. Hoy se ve muy reducida por el tiempo del conflicto. Muchos se fueron a refundir en las montañas. Decían que eran guerrilleros en este tiempo, pero no eran, eran campesinos, agricultores. Todas esas tierras la empresa las invadió. Entonces ese es nuestro coraje, volvemos a recuperarlas nuevamente”, dice Pedro Choc.
Tener la tierra y cultivarla no es solamente un derecho, es una responsabilidad, señala Mariano Choc Bol, cuyos padres también fueron asesinados en estas tierras en el Conflicto Armado Interno. “Tenemos que ponernos de pie y quitarles lo que a nuestros antepasados les quitaron. Tenemos esta responsabilidad con nuestros padres y con nuestros hijos”.
Los Maya Q’eqchi’ de Chapín Abajo avisan que el proceso de recuperación de las tierras continúa, “es un trabajo difícil, pero no imposible”, dice Pedro Cuc. El objetivo, según él, es lograr la soberanía alimentaria y la autonomía como pueblo. “La idea que nosotros llevamos con nuestra organización es ser independientes, nunca pedir trabajo a ellos. Acceder a la tierra estén o no estén de acuerdo. Vamos a recuperar esas tierras a costa de lo que sea. Si un día pues llegamos a pagar esa factura con nuestras vidas, hay jóvenes, hay niños, mujeres, padres jóvenes que están en la lucha. Seguirán trabajando hasta llegar a obtener lo que nos pertenece como pueblos. Esta lucha no se piensa abandonar mientras haya vida”, dice Pedro Cuc.
Tierras recuperadas en la comunidad de Chapín Abajo. Fotos: Renata Bessi, Aldo Santiago y Santiago Navarro F
Protestas contra la minería en Panamá. Foto: Radio Temblor.
Las manifestaciones ininterrumpidas contra la aprobación de la explotación minera más grande de Centroamérica no cesan. Foto: Radio Temblor
A punto de cumplir un mes, y a pesar de la represión estatal, la sociedad panameña mantiene movilizaciones ininterrumpidas en todo el país, en rechazo a la aprobación de la Ley 406, la cual aprueba el contrato de concesión a la mina Cobre Panamá, la explotación a cielo abierto de cobre y oro más grande de Centroamérica.
Desde el pasado 23 de octubre, organizaciones sociales, sindicatos, profesores y habitantes en general se manifiestan en contra del contrato, ratificado por el presidente Laurentino Cortizo y Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), el cual le otorga la concesión, por 20 años prorrogables, para explotar casi 13 mil hectáreas en Coclé del Norte, provincia de Colón, donde devastaría bosques tropicales que hacen parte del Corredor Biológico Mesoaméricano.
Medios locales reportan que, hasta el pasado fin de semana, se ha registrado la detención de más de 1,000 personas participantes de las protestas. Entre ellos, destacan, se encuentran 134 menores de edad. Según reportes oficiales, los detenidos son acusados de vandalismo, daños a la propiedad y otras faltas administrativas.
Contrato minero
La concesión minera tiene una historia que data de la década de los 90s del siglo pasado. Para 1991, se registró la concesión para exploración de posibles yacimientos de oro y cobre, y para 1997 se aprobó, por parte de la Asamblea Nacional, el contrato ley para la explotación minera, el cual posee rango constitucional. En el año 2005 el gobierno panameño respaldó la construcción de infraestructura y para 2009 dio luz verde al inicio de la explotación comercial de la mina por parte de la entonces denominada Minera Petaquilla (también de origen canadiense).
El contrato para la explotación establecía la posibilidad de solicitar prórrogas por 20 años, siempre y cuando la solicitud fuese presentada ante el Ministerio de Comercio e Industrias 120 días antes o 120 días después del término de cada periodo. Para el 30 de diciembre de 2016 la minera tramitó dicha prórroga, tras el paso de la fase de exploración y después de cinco años de la construcción de la mina Cobre Panamá.
No obstante, en 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declaró inconstitucional el primer contrato de 1997, atendiendo a un reclamo presentado, desde 2009, por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), organización que argumentaba la anulación de la actividad minera para prevenir el daño en los ecosistemas del norte del país centroamericano.
Corredor Biológico Mesoamericano es deforestado por la minería. Foto: CIAM.
Minera Petaquilla cambió su nombre a Minera Panamá y, en febrero de 2017, obtuvo la prórroga hasta el año 2037. CIAM reclamó que el fallo de la CSJ anulaba dicho contrato; por su parte, la minera señaló que la resolución judicial no afectaría su proyecto de una inversión de más de 10 millones de dólares. Sin embargo, para operar la mina aceptó negociar un nuevo pacto, esta vez con el actual presidente, Laurentino Cortizo, quien con el respaldo del legislativo ratificó en octubre pasado el contrato mediante la Ley 406.
Rechazo La reacción de distintas organizaciones, como la Central General de Trabajadores de Panamá, la Asociación de Profesores de la República, ambientalistas, pueblos indígenas, campesinos y estudiantes ha sido masiva y la represión estatal, acusan, ha sido desmedida.
Las protestas se mantienen a la expectativa de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad de dicha ley. Para noviembre, las movilizaciones han ido en aumento para exigir que el presidente llame a sesiones extraordinarias de la Asamblea de Diputados y presente la derogatoria de la Ley 406.
De acuerdo con medios locales, además de los cierres de vías en la capital panameña, se registran manifestaciones en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Colón. En algunos puntos se registran bloqueos que impiden la circulación de mercancías y combustibles, sobre todo en la frontera con Costa Rica.
Bloqueo de manifestantes contra la mineria de cobre en Panama. Foto: Radio Temblor
El medio alternativo Radio Temblor señala la participación de los pueblos originarios, quienes mantienen barricadas en la comarca Ngäbe Buglé, “ya que no hay respuesta por el gobierno para derogar dicha ley”. También destaca que, pese a los bloqueos, se permite el tránsito de vehículos con medicamentos, alimentos y ambulancias.
“En la provincia de Coclé las acciones se concentran en la cercanía a la entrada de la minera, así como las acciones de pescadores en el muelle del proyecto minero en Punta Rincón. Así también las protestas no cesan en la provincia de Colón, Darién, Los Santos y Herrera como en áreas indígenas de Guna Yala, Nasos y Emberá”, remarca el medio libre.
Asesinatos
Durante las movilizaciones masivas se registra un saldo de cuatro muertos.
El 26 de octubre, Agustín Rodríguez Morales, de 49 años, falleció tras ser atropellado cuando protestaba en la comunidad de Los Viveros, provincia de Colón. Para el 1 de noviembre, Tomas Milton Cedeño, educador de la comarca Ngäbe Bugle y originario de la provincia de Chiriquí, fue atropellado en las manifestaciones realizadas en Horconcitos.
En la jornada de bloqueos realizada el martes 7 de noviembre, en la provincia de Panamá, Kenneth Darlington, panameño de origen estadounidense, asesinó con arma de fuego a Abdiel Díaz Chávez e Iván Rodriguez Mendoza. El homicida, de 77 años, se mantiene recluido en espera de su proceso judicial.
Kenneth Darlington, panameño de origen estadounidense, asesino a dos manifestantes el 7 de noviembre
El 9 de noviembre, las manifestaciones reclamaron justicia por los asesinatos. “Panamá, ahora más que nunca, debes estar más unido porque no podemos permitir más que se esté derramando sangre en este país para defender a una transnacional (…) la culpa no es de los cierres”, declaró Luis Arturo Sánchez, de la Asociación de Educadores Veragüenses.
Derogación
Tras las masivas movilizaciones, el presidente Cortizo presentó la Ley 407 para decretar la prohibición de nuevas concesiones mineras. Sin embargo, las manifestaciones exigen la derogatoria del contrato a Minera Panamá.
Por su parte, desde el pasado 8 de noviembre, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunció que se encuentra en proceso de revisión de todas las solicitudes nuevas, de renovación y de prórroga para exploración y/o extracción de metales para cumplir con la Ley 407.
Sin embargo, expertos señalan que este decreto mantiene vigentes 15 concesiones y deja a la expectativa más de 100 solicitudes existentes. De acuerdo al MICI, todas estas solicitudes deben ser archivadas en un periodo de tres meses desde la promulgación de la ley, acontecida el 3 de noviembre.
El Centro de Incidencia Ambiental detalló que existen 103 solicitudes de exploración que deben ser archivadas, a mas tardar febrero del 2024, para cumplir con la nueva ley.
No obstante, según el CIAM, aún existen 15 concesiones entregadas; de ellas, cuatro están vencidas y siete de ellas están esperando una prórroga, por lo que también quedarían excluidas.
De las cuatro concesiones restantes, dos son propiedad de Veragold, ubicadas en la provincia de Veraguas. En esta región, de acuerdo a la Ley que protege la Cuenca del Río Santa María, se prohíbe la minería, por lo que no se podría iniciar la extracción. También se encuentra la concesión de Minera Petaquilla, respaldad por la Ley 9 de 1997, declarada inconstitucional.
La única concesión que quedaría vigente es la de Minera Panamá, recién legalizada con la ley 406 y que acumula más de 8 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema.
La comunidad maya de Ixil, en el estado de Yucatán, obtuvo en la justicia la suspensión provisional, dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, que deja sin efecto una orden de la Fiscalía General del Estado, implementada el 17 de agosto mediante un violento operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, que resultó en el cierre de cientos de hectáreas de tierras comunitarias que cultivan familias indígenas y campesinas.
De acuerdo a un comunicado de prensa de la comunidad, miembros de las familias Abimerhi y Millet, con vínculos políticos y personales con el gobernador Mauricio Vila Dosal y con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, han intentado apropiarse de estas tierras comunitarias desde agosto de 2022.
La orden de la Fiscalía, emitida en el marco de una “supuesta investigación de la cual la comunidad no tiene conocimiento, está siendo utilizada para despojar a la comunidad”, sostienen. Las familias “están marcando lotes en las tierras comunitarias para avanzar en la planeación de un megaproyecto inmobiliario”.
La orden emitida por la Fiscalía impidió la ampliación de un sistema colectivo de riego fotovoltaico planeado en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), dado que su implementación estaba planeada para los meses de septiembre y octubre, informan.
En el ámbito del proyecto ya existen tres sistemas de riego colectivo fotovoltaico instalados, además de otras acciones implementadas con grupos de productores de hortalizas y de mujeres y jóvenes que comparten el uso de un vivero tecnificado. “Todas estas instalaciones se encuentran en las tierras aseguradas por la Fiscalía, de las que pretenden apropiarse las familias Abimerhi y Millet”, señalan.
Además, informan que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene hasta la fecha unidades de manera permanente en las tierras de Ixil para impedir que la comunidad retire los alambres de púas que impiden el acceso con vehículos a caminos cosecheros y tierras de cultivo. “Esto dificulta la producción agrícola en el área asegurada, al tener que transportar a pie tanto las herramientas de trabajo como los productos agrícolas de Ixil que venden diariamente en el mercado local y de Mérida”.
La suspensión provisional ordena a las autoridades responsables que “giren las instrucciones pertinentes a fin de que se permita acceso a los pobladores a dicho territorio que poseen”. De manera que la comunidad de Ixil podrá nuevamente abrir los caminos cosecheros para acceder sin restricciones a las tierras de cultivo y a los proyectos comunitarios que se ejecutan en su territorio.
La Asamblea Comunitaria de Ixil hace un llamado al Poder Judicial de la Federación para que en sus resoluciones aplique los estándares que en materia de protección de Pueblos Indígenas y territorio han emitido tanto los tribunales nacionales como los internacionales, “implementando también las medidas y criterios que consideren la situación de discriminación, exclusión y asimetría que vive la comunidad de Ixil, como integrante del Pueblo maya”.
En portada: El ejido Paraíso Nuevo está dividido por el paso de vías férreas. Con las obras del tren maya, la separación de la comunidad se acentúa. Foto: Santiago Navarro F.
Perla Rubí Garduza Pablo, ama de casa del ejido Paraíso Nuevo, Campeche, suspira tras la pregunta: ¿Qué opina de la declaración del presidente sobre que no se iba a tirar un solo árbol? El cielo nublado sobre nosotros, ruge, anticipando la lluvia y su respuesta: “¡Es mentira! A nosotros nos han dañado la flora, fauna y nuestra vida”, exclama molesta por el paso del tren maya por su comunidad.
La devastación que atestiguan en el ejido Paraíso Nuevo se repite a lo largo de otros territorios. De acuerdo a un análisis de imágenes satelitales realizado por CartoCrítica, para junio de 2023 se han deforestado 6,659 hectáreas en la península de Yucatán por la construcción del tren maya. CartoCrítica enfatizó que, de esta área, 5,769 hectáreas fueron desmontadas ignorando la legislación ambiental pues no se promovieron ni autorizaron cambios de uso de suelo a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Tala de árboles en los alrededores del ejido Paraíso Nuevo. Foto: Santiago Navarro F.
Rubí reclama por el incumplimiento de las promesas hechas por funcionarios de otorgar beneficios a la población para que aceptara el tren. Sostiene que los estragos por las obras del megaproyecto son palpables en la cotidianidad de esta población, al sur de Campeche.
Un equipo de Avispa Mídia visitó el ejido Paraíso Nuevo, correspondiente al tramo 1 del tren. Los pobladores refieren que las consecuencias negativas del megaproyecto no son cosa del futuro, sino algo que han vivido desde hace tres años, cuando en plena pandemia de la Covid-19, inició la construcción.
Las vías férreas atraviesan el ejido de Paraíso Nuevo, dividiendo el pueblo en dos. Foto: Santiago Navarro F.
Joel Jiménez es uno de los 300 habitantes de este ejido, ubicado a 14 kilómetros de la ciudad de Candelaria, donde se construye una estación del tren. De ocupaciones talabartero y pastor evangélico, él fue una de las personas que inició los reclamos ante los perjuicios desde el inicio de las obras.
“En ese tiempo estuvieron tirando cal, toda la gente salió enferma de las vías respiratorias. Habían ancianitos que los sacaron de urgencias. Se juntó lo del Covid con lo del tren, eran tiempos que ya no sabías ni qué hacer”, complementa Rubí.
“Según la información que se daba, era un proyecto de mucho progreso”, rememora el pastor. Sin embargo, afirma que la afectación a su comunidad y la naturaleza es a gran escala y enlista: la pérdida de miles de árboles maderables, desaparición de fauna, así como el engaño sobre ofertas de trabajo para los jóvenes de la localidad.
A este escenario se suma la militarización de la comunidad. Como si escoltaran las vías férreas, elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional (GN) irrumpen en la dinámica comunitaria. “Están aquí en el pueblo, ellos vigilan que nadie se ponga en la vía”, asevera el pastor, quien detalla que permanecen desde enero del 2023 tras el desalojo violento de las y los pobladores que mantenían un plantón en el sitio de las obras del tren.
Habitantes de Paraíso Nuevo durante el primer bloqueo de las obras del tren en 2021.
División
Para los pobladores de Paraíso Nuevo, el principal problema es que al pueblo lo divide las vías del tren. “Nos dividieron”, sentencia Rubí, pero su descripción no se limita a la cuestión social. Las obras del tren maya acentuaron la separación de la comunidad, dificultando el libre tránsito de sus pobladores, acostumbrados a cruzar a pie por las vías férreas que ya existen en el pueblo y que los comunitarios atraviesan para asistir a las escuelas, consultar médicos y obtener insumos básicos.
Aspectos de un puente y paso de fauna, únicos cruces disponibles para las y los pobladores del ejido Paraíso Nuevo. Fotos: Santiago Navarro F.
Mientras el paso del tren maya será por medio de un terraplén, de acuerdo a los habitantes de Paraíso, el cruce por las vías ya existentes será restringido por una valla cuando comience las operaciones del megaproyecto.
Por esta razón, sus habitantes demandaron la construcción de tres puentes para asegurar el cruce de todos los habitantes, pues de acuerdo a su ubicación, muchos tendrán que desplazarse hasta un kilómetro para atravesar el poblado. Pese a las promesas iniciales, solo fue construido un puente elevado, de casi tres metros, que no contempla las peticiones de los pobladores y por donde además circularán automóviles. “Aquí tenemos personas en silla de ruedas, ancianos, niños. El presidente no se está poniendo a ver las perjudicaciones que nos están haciendo a nosotros como pueblo”, sostiene Rubí.
El pastor menciona que, en reiteradas ocasiones, solicitaron a los responsables de la construcción los puentes para la seguridad de la comunidad. Para justificar la no construcción de los puentes demandados, “un ingeniero se atrevía a decirme, ‘es por causa de dinero, un puente por toda la vía nos sale en 50 millones de pesos, y así, transversal, nos sale en 20 millones’, o sea, ¿ellos se quieren ahorrar 30 millones de pesos a costilla del pueblo?”, reclama Jiménez.
Las estrategias
Acorde a Rubí, fueron varias las estrategias que funcionarios del gobierno utilizaron para la imposición del megaproyecto. Una de ellas, repetida en lugares como Candelaria, en Campeche y Bacalar, Quintana Roo, donde no se consultó a la población, fue negociar la autorización para las obras exclusivamente con los ejidatarios, pese a que su presencia en Paraíso Nuevo es casi nula.
“Los ejidatarios que viven aquí son cinco. La mayoría vive en Candelaria, en Ciudad del Carmen, en Campeche. Eso era lo que la población peleaba, a ellos se les pagó cuando no tenían por qué, pues no les perjudicaba”, contextualiza Rubí debido a que los ejidatarios recibieron un pago por indemnización por su permiso para las obras.
Ella cuenta que los pobladores, sorprendidos, se molestaron cuando vieron entrar la maquinaria pesada tras el acuerdo entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y los ejidatarios. Su primera reacción fue enviar escritos a las autoridades locales para exigir beneficios en su comunidad a cambio de otorgar el permiso para las obras.
El pastor señala que siempre expresaron su inconformidad a las autoridades y funcionarios sobre el perjuicio ante la restricción de su movilidad. Incluso enviaron una comisión a la ciudad de México para exigir la atención a sus demandas, pero no hubo respuesta. Por esta razón, la población se movilizó para realizar un plantón y detener las obras.
Tramo 1
Las obras de este tramo, cuyo contrato asciende a más de 13 mil 394 millones de pesos, están a cargo del Consorcio LAMAT Tramo 1, un grupo empresarial que incluye a Mota-Engil México, China Communications Construction Company LTD, Grupo Cosh y Eyasa y Gavil Ingeniería.
Aspectos de la obra en el tramo 1 del tren maya. Foto: Aldo Santiago
La filial mexicana de la portuguesa Mota-Engil ha sido señalada reiteradas veces por anomalías en los contratos con el gobierno federal, principalmente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades en obras carreteras; gastos no previstos en Guanajuato, pagos indebidos en Colima, así como gastos no justificados en el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa, en Tabasco.
A pesar de su historial, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además del contrato con Fonatur, cuenta con otros convenios con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como con la Secretaría de Marina; esta última dependencia le adjudicó de manera directa un contrato por más de 11 mil millones de pesos para la rehabilitación de 310 kilómetros de las vías férreas entre Coatzacoalcos y Palenque, tramo que articulará el tren maya con el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
Otro punto sensible para las obras en este tramo está relacionado con la afectación a la biodiversidad de la región. De acuerdo al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, mediante análisis a la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) del Tren Maya Fase 1, en esta región se contempla la remoción de más de 11 mil especies forestales, “dos especies están clasificadas en peligro de extinción, cinco están amenazadas y una está sujeta a protección especial”.
Rastros de la deforestación en el tramo 1, desde Candelaría hasta Escárcega en Campeche. Fotos: Santiago Navarro F / Aldo Santiago
Plantones
“En 2021, 130 personas nos unimos para hacer un plantón aquí en la comunidad”, relata el pastor. Después de tres meses de bloqueo de las obras, el ex director general de Fonatur, Javier May Rodríguez, visitó a los habitantes de Paraíso Nuevo.
Javier May, ex titular de Fonatur, durante inspeccion de obras a inicios del 2023.
“No es posible que pase un tren que vale millones de pesos por un pueblo que esté marginado y sin calles”, recuerda Jiménez sobre los argumentos lanzados al funcionario federal. Frente a 200 pobladores, el ex titular de Fonatur se comprometió a una serie de beneficios: pavimentar calles, entregar paneles solares, antenas de internet y mejoramientos para el centro de salud. Incluso prometió un programa de vivienda, dividido en tres etapas, cuya última nunca se cumplió.
Tras esta omisión, 24 familias quedaron sin el beneficio en vivienda. En ese momento, los funcionarios de Fonatur, José Luis García Vela, gerente de infraestructura, y Mario Alberto Cárdenas Vera, analista, se negaron a cumplir lo prometido por May. “De ahí vino la idea de volver a cerrar el tramo, en noviembre 2022”, señalan los habitantes de Paraíso Nuevo.
Pasaron dos meses y no hubo diálogo. Los pobladores del ejido denuncian que los funcionarios de Fonatur solo aparecían para presionar y amenazar a las personas movilizadas. “El 9 de enero del 2023 la Guardia Nacional, agentes de ministeriales, de la Fiscalía, Policía del Estado, militares vinieron a desalojar la gente”, recuerda el pastor sobre el operativo durante el cual fue detenido y acusado por delincuencia organizada.
“Nosotros estuvimos bajo medidas cautelares”, reclama Jiménez, quien mantiene el proceso legal en libertad debido a que Fonatur no presentó pruebas para sostener su denuncia.
“Nos acusaban de delincuencia organizada, nos acusaban de robo en pandilla. Soy un pastor evangélico que me dedico a predicar de Jesucristo y lejos de motivar a la gente que hagan delincuencia los aconsejo que hagan bien las cosas”, contradice el pastor sobre los cargos que le fueron imputados por su participación en las protestas.
Por su parte, Rubí lamenta que la división del pueblo también se manifieste en el tejido comunitario. Ella recuerda que, durante los plantones, la mayoría del pueblo estaba unida, pero una vez comenzaron a repartir beneficios, “la gente a la que ya le habían dado, se apartó y se unió a ellos, ahí nos dividieron en gran manera. En las reuniones de agua potable, de la luz o cualquier otra referente al pueblo, sigue habiendo esas fricciones”, detalla.
El pastor enfatiza que desde el momento de su detención el personal militar, del ejército y de la Guardia Nacional se asentó en la comunidad. “Ellos vigilan que nadie se ponga en la vía”, denuncia.
Rubí es una de las mujeres de Paraíso Nuevo que alzan la voz contra la militarización de los espacios públicos en su comunidad. Según sus relatos, elementos del ejército y GN que permanecen en el parque y las canchas de la comunidad, utilizan drogas y alcohol. Pese a las denuncias, reclama que sus superiores han relevado algunos elementos, quienes tras su llegada repiten las mismas conductas.
Militares al mando
El lunes 4 de septiembre, durante la conferencia matutina del presidente, se anunció la transferencia del control de la empresa Tren Maya Sociedad Anónima de Capital Variable (Tren Maya S.A de C.V.) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También fue anunciado que el general Óscar David Lozano Águila pasaría a ser su director general. Esto ocurrió tras la renuncia de Javier May, titular del Fonatur, dependencia que hasta ese momento coordinaba las obras.
Desde febrero de 2023, Lozano, general del Estado Mayor, había anunciado las acciones para la constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya S.A de C.V., con la intención de cumplir con la promesa del presidente, quien desde diciembre del 2020 comunicó su decisión de que el megaproyecto fuera administrado y operado por la Sedena. “[El general Lozano] ahoralo hará formalmentepor decisión del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval”, declaró AMLO en septiembre, además de anunciar la firma de un decreto para concretar la transferencia del megaproyecto a la Sedena, a mas tardar el 31 de diciembre del 2023.
Para la conferencia del 25 de septiembre, el general Lozano reportó la conclusión de trabajos en 185 kilómetros, de un total de 226, que integran el tramo 1 que transita de Palenque, en Chiapas hasta Escárcega, en Campeche.
El militar resaltó que, en este tramo, se considera la construcción de dos instalaciones importantes para el sistema de carga del tren. “La primera de ellas es la terminal de intercambio que se construirá a partir del próximo año en Palenque y que permitirá conectar al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (que administra la Secretaría de Marina) con la asignación ferroviaria del Tren Maya”, enfatizó el militar.
Además, añadió que en Escárcega se construyó un patio de operaciones para “lograr capacidades de transportar combustible, cemento, acero, granos, perecederos, inclusive vehículos, entre otros de los artículos que se van a transportar a través del sistema ferroviario del tren”.
De acuerdo con información de inicios del 2023, proveída por el general Lozano, la infraestructura del tren maya “nos va a permitir dar servicio a los principales clientes para transportar cargas desde los productos de Petróleos Mexicanos, que prácticamente Pemex será el principal cliente del Tren Maya, porque transportaremos hasta un 80 por ciento de nuestra capacidad con Pemex”.
“No es lo que dice la televisión, ni el gobierno”, reflexiona el pastor sobre quienes serán beneficiados con el megaproyecto. “Que el gobierno mire con otros ojos al sureste, no con esos ojos ambiciosos de ganancias multimillonarias, hicieron un proyecto que no es ni de nosotros”, reclama mientras espera la resolución de su proceso penal por protestar contra el megaproyecto estrella del sureste mexicano.
Primer viaje
Durante el primer fin de semana de septiembre de 2023, decenas de medios encumbraron el arranque del primer recorrido del tren maya entre los tramos 2,3 y 4. En un viaje de supervisión, encabezado por AMLO, el primer vagón se trasladó desde la estación San Francisco, en Campeche, con dirección hacia distintos paraderos y estaciones entre los estados de Yucatán y Quintana Roo.
Según Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México, empresa encargada de fabricar y entregar 42 trenes para el megaproyecto, la primera unidad del tren maya superó con éxito la prueba al recorrer mil kilómetros a través de 14 estaciones. Ramos también informó que el modelo de tren utilizado emplea diésel, contrastando con el discurso oficial que asegura que la energía para mover el tren será eléctrica.
Acorde a los funcionarios, la inauguración del megaproyecto está prevista para el 21 de diciembre del 2023. En total,recorrerá 1,545 kilómetros a través de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
AMLO acompañado de funcionarios federales y locales durante el primer recorrido de prueba del tren. Septiembre, 2023.
Además de AMLO, mandos militares y funcionarios del gabinete como la titular de Semarnat, Maria Luisa Albores, estuvieron presentes para celebrar el primer recorrido del tren.
