En portada: Ejidatarios y pobladores de Ixil resisten un operativo policiaco que pretendía asegurar un predio de 324 hectáreas en la comunidad maya.
El pasado 2 y 3 de septiembre, en Mérida, Yucatán, al menos 31 empresas de bienes raíces realizaron la llamada “Expo Inmobiliaria 2023”, donde ofertaron casas, terrenos y departamentos. En este magno evento fue ofrecida esta entidad como “el estado más seguro” del país, aunque el indígena maya Neftalí Quijano Moguel, no opina lo mismo, Quijano es ejidatario de Ixil, un lugar que los mercaderes de la tierra pretenden arrebatar y vender al mejor postor.
Él fue brutalmente golpeado el 17 de agosto por la Policía Estatal quien, supuestamente, llevaba una orden para asegurar un predio de 324 hectáreas, que presumiblemente pertenece a los empresarios Chikri Abimerhi Bodib, Gerardo José Millet Palomeque y Gerardo José Millet Menéndez, los mismos que se codean en este sector, acusados en varias ocasiones de traficar con las tierras a razón de la esperada oleada expansiva de capitales que traerá el Tren Maya a la región.
Tras la orden de la fiscalía, se arremetió con lujo de violencia hacia la comunidad de Ixil. “A mí me mandaron al hospital por varios días solamente por intentar alimentar a mis animales cuando cerraron los accesos a nuestros predios”, explica el ejidatario de esta comunidad que se encuentra a solo 20 kilómetros al nororiente de Mérida.
Los empresarios han promovido la venta de sus inmuebles como una gran oportunidad, resaltando que Mérida supera a Florencia y a Québec como la mejor ciudad del mundo. Sin duda alguna, el indígena asegura, “el Gobierno del Estado, y eventos como la Expo Inmobiliaria que termina hoy (3 de septiembre), engañan al público con la imagen falsa que venden del Estado de Yucatán. La imagen real es violencia racista contra nuestros pueblos, pobreza y despojo para campesinos, destrucción de la naturaleza y una corrupción impresionante en el gobierno estatal y municipal”.
Tras la fuerte represión que sufrió Quijano y su comunidad por defender sus tierras comunales, se desató una inconformidad generalizada y es así que se comenzó a endurecer un proceso organizativo. Incluso, este 4 de septiembre interpusieron una demanda de amparo contra la orden ejecutada por parte de la fiscalía ante el Juez de distrito del Décimo Cuarto Circuito en turno. Dicho recurso legal es firmado por decenas de ciudadanas y ciudadanos de Ixil.
Esta comunidad está logrando adherir una gran cantidad de expresiones de solidaridad a su causa. Tan es así que, este 30 de septiembre, accionarán en lo que se espera, será una gran movilización en “contra el despojo y por la defensa del territorio en Mérida”. La protesta arrancará a las 4pm, comenzando en la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, destacaron en un boletín de prensa.
Desde hace años, pobladores de Ixil se han organizado para defender su territorio ancestral frente a la especulación inmobiliaria. En la foto una reunión, efectuada en marzo del 2021, donde se abordó el problema por las tierras. Crédito: El Cronista Yucatán
Inicialmente se había propuesto hacerla el 16 de septiembre, “pero hemos decidido cambiar la fecha al sábado 30 de septiembre. Invitamos a más comunidades mayas a sumarse, también a organizaciones sociales, ambientalistas, de mujeres, estudiantes y sindicales, a artistas, y a toda la ciudadanía consciente”, puntualizó Federico de Jesús May Cuitún, productor de chile habanero orgánico de la comunidad de Kinchil.
Por si fuera poco, junto a esta actividad, las comunidades llaman al boicot. “Hacemos un llamamiento a no comprar lotes en fraccionamientos en áreas rurales de Yucatán. La mayoría de estos desarrollos inmobiliarios han obtenido tierras de forma ilegal y no tienen permisos ambientales. Invertir su dinero ahí́ es comprarse problemas”, ha afirmado Mercedes Cocom Noriega, ejidataria de Ixil, refiriéndose a los predios que se han ofertado en la Expo, donde se ha ensalzado a Yucatán como “joya gastronómica de México”.
Los indígenas mayas denuncian puntualmente a las inmobiliarias que han realizado despojo de tierras en distintas regiones de Yucatán, entre ellas: Ciudad Maderas, Chikri Abimerhi, familia Millet, Armando Ceballos Chávez y Rodrigo Vega Espinosa. Son los mismos que llevaron a cabo la “Expo Inmobiliaria 2023”.
En portada: Relaves de la compañía Cuzcatlán en San José del Progreso. Foto: Santiago Navarro F
Las comunidades zapotecas que están alrededor del proyecto de explotación de oro y plata de la empresa Cuzcatlán, subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso, Valles Centrales de Oaxaca, denunciaron que se ha intensificado el acoso por parte de la minera para que las comunidades de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes y el Vergel acepten la ampliación del proyecto minero, en operación desde 2011. Las comunidades forman parte de la organización llamada Frente No a la Minería.
Esta vez el acoso se da, señalan las autoridades ejidales en un comunicado, con la ayuda de la Procuraduría Agraria de Miahuatlán que, de acuerdo con su marco legal, debe “promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas”.
Una de las estrategias del órgano de gobierno es detener las actas de nombramiento de autoridades que están contra el proyecto, denuncian. “Les beneficia que los núcleos agrarios no tengan las autoridades acreditadas. Sin la acreditación no existe la validez de nuestros nombramientos”, sostiene para Avispa Mídia el Comisariado Agrario del Ejido Monte del Toro, que por seguridad omite su nombre.
Además, señalan, la Procuraduría ha generado documentación agraria con errores para retrasar la acreditación junto al registro agrario nacional. “Cuando enviamos los documentos al registro agrario, nos los rebotan por los errores. En el caso de San Martín de Los Cansecos, retrasaron dos años el proceso de acreditación de su comisariado”, agrega el comisariado agrario.
En Monte del Toro, funcionarios de la Procuraduría Agraria están actuando para dividir al ejido, señala la autoridad. Él admite que hay una cuestión agraria en la comunidad en la que una localidad, hace décadas, quiere apartarse del ejido Monte del Toro, lo que no es aceptado por las autoridades del núcleo agrario.
Sin embargo, la cuestión se ha agravado en el contexto de la expansión minera. “La gente de esta localidad ha recibido recursos de Cuzcatlán. La empresa quiere tener la seguridad para entrar en el territorio. La Procuraduría insiste en tratar de convencer a las autoridades que se haga la división.”, sostiene el comisariado.
Otra de las acciones de la Procuraduría, considerada por el comisariado como “estrategia para dividir a la comunidad”, es que el órgano tramita documentos de ejidatarios para cambio de titularidad de las tierras, sin el permiso del núcleo agrario. “Están brincando a las autoridades ejidales, lo que no está correcto. Nosotros tenemos la autonomía sobre nuestras tierras, garantizada por la ley agraria”.
En un comunicado del Frente, el ejido de Monte del Toro se posiciona y sostiene que “no permitirá ninguna división; nuestros abuelos y abuelas lucharon para la dotación del ejido, por lo que velaremos por el espíritu colectivo de la tierra y el cuidado y protección de nuestro territorio”.
Lo que la empresa está buscando es certeza jurídica para entrar en los territorios, señalan en el comunicado.
Como la explotación es subterránea, “no sabemos dónde exactamente están escarbando, si están bajo Magdalena Ocotlán, Monte del Toro o San Martín de los Cansecos”, dice la autoridad agraria de Monte del Toro.
En 2021, Avispa Mídia preguntó a la empresa hacia dónde estaba avanzando la exploración, pero la pregunta fue evadida.
Revisando la base de datos, solicitada por el equipo de este reportaje a la Secretaría de Economía, las concesiones mineras vigentes registradas por Cuzcatlán en Oaxaca, hasta este año 2023, son 15; juntas suman aproximadamente 36 mil hectáreas. Incluso, una de las concesiones, en el Lote Reducción Unificación Cuzcatlan 4, fue actualizada en este gobierno en la fecha del 16 de mayo del 2022. Esta es la concesión más grande de la empresa ya que abarca más de 10 mil hectáreas y comprende territorios de Magdalena Ocotlán, San Lucas Ocotlán y San Padro Taviche.
Lo que “quieren es entrar en las comunidades para tener respiraderos para poder seguir trabajando bajo tierra. Quieren que los núcleos agrarios autoricen su entrada. Una vez que el ejido autorice, van a comprar tierra para poder trabajar”, señala el comisariado ejidal.
Desde San José
El ex comisariado de bienes ejidales de San Martín de los Cansecos, quien también ha decidido omitir su identidad por seguridad, señala que la Procuraduría Agraria opera, en muchas ocasiones, desde San José del Progreso, sede del proyecto minero, cuando debería ir a las oficinas en los ejidos. “Sabemos que toda la infraestructura actual municipal y proyectos de San José tienen relación con la empresa minera”, sostiene.
San José del Progreso no tiene órganos de representación agraria, como es el comisariado de bienes ejidales, desde 2009, a raíz de los conflictos generados con la llegada de la empresa minera. “La Procuraduría, lejos de solucionar el conflicto agrario en San José, promueve visitas de otros comisariados a la comunidad sede del proyecto minero”, señaló para Avispa Mídia el ex comisariado de bienes ejidales.
El jefe de la residencia de la Procuraduría Agraria de Miahuatlán, Amauri Fernández Alvarado, en una entrevista realizada por Avispa Mídia, dijo que les corresponde prestar servicios de asesoría agraria “a todos los núcleos agrarios que están en el distrito de Ejutla y parte del distrito de Ocotlán, núcleos que están alrededor de la minera”, señaló.
Cuestionado sobre las denuncias presentadas por las autoridades ejidales contra la Procuraduría Agraria, Alvarado negó todas ellas. “Yo no tengo nada que ver con la minería. Yo no trabajo con la minería. No tenemos contacto, para nada, con la gente de la empresa minera. (…) Ni estoy bloqueando a ningún núcleo. (…) Ni tampoco acudimos a los núcleos agrarios diciendo que acepten o no acepten contratos o trabajos con la minería. Mi trabajo es brindar asesoría y asesoría tiene que ser correcta”.
Los engaños de Semarnat
En diciembre de 2021, la minera canadiense Fortuna Silver Mines, desde sus oficinas en Canadá, anunció en un comunicado en inglés que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había “otorgado una extensión de 12 años a la autorización de impacto ambiental” de la mina San José.
El órgano ambiental había negado la solicitud de extensión de las operaciones en julio de 2021. La Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa tenía el objetivo de legalizar las obras de ampliación que la minera ya había realizado sin permiso del órgano ambiental.
“Fortuna hizo una apelación (…). La Semarnat reevaluó la solicitud y concedió la prórroga (…)”, anunció la empresa en su comunicado.
Sin embargo, Fortuna Silver Mines, desde Canadá, sostuvo por medio de otro comunicado, publicado el 4 de febrero de 2022, que había recibido un aviso de la Semarnat en el cual el órgano ambiental comunicaba que había cometido un error tipográfico en la ampliación del plazo de explotación de la Mina San José. Es decir, que la prórroga sería de 2 años y no 12 años como constaba en el documento resolutivo.
En ese momento, el equipo de Avispa Mídia obtuvo el documento de Semarnat (oficio SGPA/DGIRA/DG-06101-21), firmado por la Dirección General de Impacto y Riesgo de la Secretaría (DGIRA), direccionado a la representante legal de Cuzcatlán, Rocío Martínez Lozano con fecha del 14 de diciembre de 2021, en el cual se comprueba que el órgano autorizó la permanencia de la minera por más 12 años.
Minera Cuzcatlán “considera que el aviso fue emitido por la oficina local [de Oaxaca] de Semarnat por error”, dijo la empresa en su comunicado.
La minera Cuzcatlán “está trabajando con las autoridades para resolver este asunto. Asimismo, minera Cuzcatlán ha iniciado un proceso judicial en la Corte Federal para impugnar y revocar dicho error tipográfico”, informó.
En la época,Avispa Mídia solicitó a la Semarnat una entrevista para aclarar el tema. La secretaría ignoró la petición.
Durante todo este tiempo, la información se mantuvo contradictoria. “Estuvimos latentes. Mientras la empresa informaba públicamente que eran 12 años más, Semarnat nos traía diciendo que la mina se iba, que nomás tendría dos años de trabajo”, dijo el comisariado ejidal de Monte del Toro.
La duda se resolvió hace aproximadamente tres meses. “Fuimos a las oficinas de Semarnat en Ciudad de México y nos dijeron que eran doce años. Nos dijeron que sí había un error de dedo en el permiso que se dio, pero que de todos modos el permiso ya estaba, ya se lo habían dado”, dijo el comisariado.
“Lo que queremos que la empresa y el gobierno sepan es que vamos continuar luchando hasta el fin para defender nuestras tierras”, agregó la autoridad ejidal.
Este domingo (3) se dio a conocer que el Poder Judicial mexicano ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, acontecida en septiembre del 2014.
Esta orden deriva de un juicio de amparo, interpuesto el pasado 15 de agosto, en el cual los padres y las madres de los normalistas han demandado a la cadena de mando de inteligencia militar por incumplir con lo establecido por el Decreto Presidencial firmado el 4 de diciembre de 2018, violando con ello el derecho de las familias y de toda la sociedad a la verdad.
En el decreto, se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Sin embargo, como comprobó el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), divulgado el 27 de julio, el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. En estos, los expertos infieren que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Es debido a este ocultamiento, en desacato de las instrucciones conferidas por el decreto de la Presidencia de la República, que los padres y las madres señalan la responsabilidad del Secretario de la Defensa Nacional; del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y del Director del Centro Militar de Inteligencia, entre otras dependencias.
Mediante comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) difundió que, con esta acción legal, las familias consiguieron que el Poder Judicial “ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada. Esto con la expectativa de que, al resolverse el fondo, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante empleando todas las facultades que le confiere la ley a los juzgados de amparo para hacer valer sus determinaciones”.
Fue el pasado viernes (1) cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito notificó la resolución a las familias. Dicho Tribunal consideró que “la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales” y ordenó a las autoridades militares abstenerse de “destruir, depurar, eliminar, esconder, u ocultar la información” que los padres y las madres identificaron en su demanda.
En el comunicado, enfatizan que, a casi nueve años de las desapariciones, el caso Ayotzinapa permanece irresuelto. “El último informe del GIEI y la decisión de los expertos de concluir su labor mostraron con contundencia que los obstáculos subsisten, señaladamente en las instituciones castrenses que no han querido entregar los documentos generados por las áreas de inteligencia, desobedeciendo así lo que expresamente les ordenó su Comandante Supremo en el Decreto de 4 de diciembre de 2018”.
El Centro Prodh aseveró que los padres y las madres continúan a la espera de que el Presidente de la República les reciba para dialogar sobre el incumplimiento del compromiso de esclarecer plenamente el caso. Así mismo, informó que los familiares de los estudiantes desaparecidos “seguirán acudiendo a las instancias legales nacionales e internacionales disponibles para hacer valer sus derechos, incluso judicializando el contenido de los informes del GIEI como lo han hecho con esta acción, y mediante el acompañamiento de las organizaciones que han caminado a su lado a lo largo de casi una década”.
En portada: Destrucción ecológica derivada de las obras del proyecto turístico “puerta al mar”, el cual perturbará 33 km de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an en Quintana Roo.
Habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, lanzaron un llamado urgente para detener las obras del proyecto “Puerta al mar”, cuyo trazo pretende crear un camino desde dicho municipio hasta el puerto de Vigía Chico, atravesando y afectando la biodiversidad que alberga la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an.
El pasado martes (29), la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio el banderazo de inicio para las obras. El evento estuvo acompañada por ingenieros militares, entre ellos Barux Hernández Chavarría, capitán primero constructor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tendrá a su cargo la construcción.
También se contó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y se difundió que será un camino de 55 kilómetros, desde Felipe Carrillo Puerto hasta Vigía Chico. De este trazo, se planea construir un camino artesanal, con cinco metros de ancho, a lo largo de 33 km que atravesarán la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, ubicada en el litoral central de Quintana Roo, en el mar caribe.
Dentro de la selva protegida dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an se observa el trabajo de maquinaria pesada removiendo vegetación
Mediante comunicado difundido ayer (30), habitantes de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron en contra de la imposición del proyecto debido a que, argumentan, las obras ponen en grave peligro su seguridad, tranquilidad y libertad de hacer uso de su territorio de acuerdo a sus necesidades.
En la denuncia, argumentan que el proyecto está basado en un modelo de turismo que, además de modificar y apropiarse del territorio de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’aan, acrecentará los problemas ambientales, la desigualdad; además de aumentar la presión para satisfacer de servicios básicos como el agua, transporte y vivienda en la región.
“Desaprobamos la forma en la que se ha puesto en marcha este proyecto sin los estudios adecuados ni información pertinente y accesible para toda la comunidad”, acusan en el comunicado, el cual acompañaron con imágenes de la deforestación que ya están generando las obras.
La denuncia titulada ¿Reservada para quienes?, señala que el proyecto turístico servirá para perpetuar la acumulación de tierras, dinero y poder en beneficio de la industria turística e inmobiliaria, en lugar de cubrir las necesidades básicas de la población como son la falta de servicios de salud, vialidades, inseguridad, entre otros problemas que viven las y los habitantes de Felipe Carrilo Puerto.
“Es por eso que se hace un llamado e invitación a cualquier otro, seamos pocos o muchos para cuestionar, defender, reconocer, sumarse y proteger este camino que nos pertenece, que habitamos y nos aporta tanta riqueza que apenas estamos empezando a conocer y no se puede valuar monetariamente”, invitan en el comunicado.
Afectaciones
Puerta del cielo, como se conoce en español, fue la primera gran área tropical protegida de México y fue declarada dentro de esta categoría desde 1987 con una extensión mayor a 528 mil hectáreas.
Como parte de la reserva, frente a la costa del mar Caribe, se ubica lo que se considera como el segundo mayor complejo de arrecifes coralinos en el mundo con una longitud de 110 km, solo después de la Gran Barrera de Arrecifes, al oriente de la costa de Australia.
La reserva de Sian Ka’aan también alberga otros ecosistemas marinos de alto valor en biodiversidad como manglares y humedales. En la reserva habitan más de 2,580 especies de plantas y animales de las cuales 158 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo. Entre las especies en peligro de extinción se encuentran el tucán pico de canoa, el halcón peregrino, la cigüeña americana, el mono aullador, jaguar, ocelote, manatí y el tapir. En cuanto a la zona de arrecifes habitan más de 315 especies de plantas y animales de las cuales 37 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo.
Acorde a la información difundida esta semana, las proyecciones para concluir las obras de “puerta al mar” deberán concluir en diciembre y cuentan con una inversión de 570 millones de pesos. Funcionarios anunciaron que en la zona de Vigía Chico se planea la construcción de un parque con estacionamiento; además se proyecta la instalación de restaurantes, miradores y mas infraestructura turística.
Según el encargado de la obra, Hernández Chavarría, “para la construcción se están siguiendo todos los protocolos de cuidado en el Área Natural Protegida, para la protección del suelo, flora y fauna”.
La gobernadora de Quintana Roo junto a ingenieros militares durante el inicio de las obras.
Por su parte, habitantes de Felipe Carrillo Puerto aseguraron que la obra impacta y afecta sus formas de vida, la relación que mantienen con el lugar y las dinámicas físicas y biológicas de su territorio. Por ello, señalaron que “no permaneceremos en silencio observando pasivamente ante proyectos que poco a poco se apropian de nuestro territorio y nos despojan de la vida que nos rodea; en los más de 78km de camino que han sido hasta ahora la selva más conservada de nuestros alrededores”.
En portada: Habitantes de San Juan Cancuc se manifiestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas contra la detención arbitraria de cinco defensores del territorio tzeltal. Foto: Frayba
El pasado lunes (28), el poder judicial de Chiapas resolvió anular la sentencia, emitida en mayo de este año, mediante la cual cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc habían sido condenados a 25 años de prisión acusados por el delito de homicidio.
En entrevista, Jorge Gómez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), contextualiza que esta resolución es resultado de los argumentos presentados en la audiencia de apelación, efectuada apenas el 22 de agosto.
En dicha audiencia, resalta Gómez, la defensa enumeró violaciones al proceso legal contra los indígenas tzeltales. Entre ellas, la falta de imparcialidad e independencia de la jueza María Guadalupe Flores Rocha, quien amenazó e intimidó a los litigantes durante las distintas audiencias.
Según el abogado, el sentido de la resolución se debe a que, entre las irregularidades destaca que los acusados no contaron con la adecuada traducción al tzeltal, su lengua materna. “La mayoría de las pruebas de la Fiscalía son de personas que hablan tzeltal, pero no hubo una adecuada traducción, que es un derecho constitucional de las personas indígenas que intervienen en un proceso legal, por eso se tiene que repetir todo de nuevo”, detalla.
Acorde al equipo legal del Frayba, lo que sigue es la reposición de la última etapa del proceso penal, el juicio oral, para el desahogo de pruebas de los testigos, peritos y policías involucrados en el caso. Aún queda pendiente la designación del juez que tomará el caso, así como la fecha en que reiniciará el proceso.
Gómez enfatiza que la reposición del juicio obedece a lo que el centro de derechos humanos denomina “fábrica de culpables”, pues considera que la actuación de las autoridades y el poder judicial de Chiapas tiene como objetivo que los defensores “permanezcan el mayor tiempo posible en prisión, sabiendo que son inocentes. Lo que hacen es retrasar su libertad, retrasar el debate sobre si son inocentes o culpables”.
El abogado explica para Avispa Mídia que la adecuada traducción es una garantía que debió haber cumplido el Estado, y que, debido a su falta, los cinco acusados continuarán en prisión de manera indefinida hasta que se repita el juicio y el dictamen de una nueva sentencia. Debido a que son acusados por un delito considerado grave no cuentan con la posibilidad de solicitar medidas cautelares para llevar el juicio en libertad.
Jorge Gómez explica que el trabajo de defensa legal que realiza el Frayba, en el caso de los cinco defensores de Cancuc, así como con el caso de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), torturado y acusado por un delito que no cometió, es parte de un patrón de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Chiapas.
“No es una situación solo de estos seis presos tzeltales, sino de muchas personas en Chiapas, muchas personas en México, que representan que las cárceles están llenas de personas inocentes y pobres”, acusa el abogado quien refiere que existe una colusión entre las fiscalías, poder judicial y jueces para fabricar delitos y culpables.
“El sistema, más allá de buscar la verdad o impartir realmente justicia, se dedica a fabricar delitos a la gente, para que sus estadísticas de justicia y de cero impunidad queden reforzadas ante la sociedad (…) lo que vemos atrás de esas cifras es que están acabando con la vida de las personas, porque mantienen a personas inocentes privadas de la libertad y sujetas a proceso legales que no están a su favor, y donde lamentablemente, en Chiapas, desde el momento que eres detenido, tú ya eres culpable”.
Para el litigante, en el caso de los presos de San Juan Cancuc, la estrategia del poder judicial es buscar el desgaste de los detenidos, sus familiares y de las organizaciones que los acompañan. “Buscan alargar todo. El hecho de que repongan el proceso, el sistema sigue ganando, porque siguen en la cárcel y ellos siguen diciendo que ya resolvieron un crimen, cuando no es así”.
Por este caso, así como por la prisión de Manuel Gómez Vázquez, el Frayba presentó una demanda contra el Estado mexicano ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, para denunciar la sistemática violación a los derechos humanos. “El grupo de trabajo tiene que analizar el caso, y pues tendrían que darle vista al Estado mexicano para que dé su versión de por qué están pasando estas cosas”, contextualiza el abogado quien se mantiene a la espera del reinicio del juicio.
En portada: Samir Flores durante sus labores de comunicador en la radio comunitaria Amiltzinko.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala anunció que la Justicia Federal atraerá el caso del asesinato del indígena nahua, Samir Flores Soberanes.
El 20 de febrero del 2019, Samir Flores, defensor del territorio y comunicador comunitario de la Radio Comunitaria Amiltzinko, fue asesinado en la puerta de su casa, en la comunidad de Amilcingo, Morelos, México. Samir tenía 7 años luchando junto a su comunidad y el Frente de Pueblos contra el megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos.
La investigación del caso había quedado en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Durante años el órgano “no ha investigado con seriedad las diferentes líneas de investigación, principalmente las relacionadas con sus actividades como defensor del territorio y comunicador comunitario, tratando de minimizar su asesinato a una acción aislada de la delincuencia organizada”, denunció el Frente de Pueblos.
El 22 de agosto, el Juez de Distrito Eduardo Antonio Velasco Treviño determinó que la facultad de atracción de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) es fundada al existir los indicios y datos de prueba suficientes para considerar que lo asesinaron por su labor de periodista.
El Fiscal a cargo de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozzo, también señaló que en la carpeta de investigación se advierten datos de prueba en que uno de los testigos presenciales de los hechos, en que se planeó su ejecución, “señala que se iban a chingar a todos los que se encontraban en el tema del Proyecto Integral Morelos (PIM) y porque Samir era un locutor de la radio que les debía varias”, sostuvo el Frente de Pueblos en un comunicado.
La FEADLE también señaló que, conforme al análisis de contexto que realizó, se observa la vinculación entre el trabajo de Flores contra el PIM y su asesinato, “por lo que será esta una de las líneas de investigación que abrirá, tomando en cuenta las personas y empresas que estaban a favor de este proyecto millonario”, añade el Frente de Pueblos.
La atracción es también un avance en materia del reconocimiento a los comunicadores indígenas y comunitarios como periodistas para contar con los mismos derechos de protección con que cuentan los que ejercen el periodismo en medios públicos y privados, ya que la Fiscalía de Morelos había argumentado que no existían las pruebas suficientes para determinar que Flores era periodista.
De acuerdo con el Frente de Pueblos, el expediente del caso de Flores ya fue entregado a la Justicia Federal, “por lo que ahora toca a la justicia federal dar con los asesinos materiales e intelectuales del asesinato”.
