El Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía es un espacio que forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ciudad de México (CDMX), ubicado justo frente al Metro Universidad. Es un espacio donde antes había grandes cantidades de basura y ratas. Desde 2013, diversos voluntarios lo han recuperado. Pero hoy están siendo criminalizados por las autoridades de la universidad y del gobierno de CDMX.
El pasado 2 de octubre, las voluntarias que actualmente forman parte de este espacio recibieron una notificación de la Fiscalía General de la República, requiriendo que María Vargas Hernández, quien había fungido como voluntaria anteriormente, se presente a las autoridades por ocupación de este inmueble.
La notificación está apegada al artículo 395 fracción del Código Penal Federal el cual establece: “Se aplicará la pena de tres meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos: I. - Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca”.
De acuerdo con un comunicado emitido por las activistas de agroecología, quien interpuso la demanda han sido autoridades de la propia Universidad.
“Aclaramos que muchxs voluntarixs han conformado el espacio y que María fungió como voluntaria del espacio de 2020 a 2023, no obstante, no es responsable del proyecto”, aclaran las integrantes del espacio.
El Centro Agroecológico es un espacio abierto al público que, “a lo largo de 10 años de trabajo voluntario, se ha transformado de ser un basurero clandestino (espacio residual) a un huerto urbano que aporta a la ciencia, a la educación social y al medioambiente”, expresa este colectivo que, además, tiene intenciones de convertir el lugar en “un espacio de encuentro y una escuela campesina”, declaran.
Anteriormente accedían por una reja irregular y, desde que le dieron vida, acceden por una puerta con su respectiva llave. “Ahora se pueden apreciar la presencia de hortalizas y hasta diversos animales, como el tlacuache, el cacomixtle. Aquí confluyen estudiantes, vecinos de la universidad, niños y adultos”.
Por ello, este colectivo llama a “la defensa del espacio del Tlacuache Fantasía que ha sido un punto intergeneracional, preservación de las tradiciones, el respeto a la Madre Tierra y un espacio comunitario que por medio de habitarse ha dejado de ser un foco de inseguridad e infección y se ha convertido en un espacio sustentable y de aprendizaje colectivo”, resaltan en su comunicado.
Las personas voluntarias hacen énfasis en que es necesario conservar espacios de siembra y “este espacio autogestivo ha logrado articularse con campesinos y chinamperos de Xochimilco y Tláhuac y así mismo ha establecido lazos de conexión entre vecinos de Santo Domingo, así como las y los comerciantes del metro CU”.
Mientras tanto, quienes hoy defienden Tlacuache Fantasía sostienen una campaña para recaudar fondos para contratar asesoras legales para defender a su compañera que esta criminalizada.
También llaman a su comunidad a quienes han sido parte del proyecto o que simpatizan a “sumarse como testigo para la defensa del espacio”, anuncian.
Siete comunidades de Sayaxché, Petén, ha perdido sus cosechas por las lluvias de los últimos días. Las familias han tenido que dejar sus casas y buscar refugio, porque el nivel del agua creció tanto que es imposible mantenerse en ellas. Las autoridades reconocieron no tener la capacidad para atender la emergencia.
Las intensas lluvias de un segundo frente frío en Guatemala y la creciente del río Salinas dejaron inundadas varias viviendas en la comunidad de El Roto Viejo, en la microrregión de Tierra Blanca, en Sayaxché, Petén.
Esta pequeña comunidad de 800 personas, integrada por unas 144 familias, ha tenido que dejar sus casas por que el agua las inundó a tal grado que ya no pueden permanecer en ellas, por lo que han buscado refugio en los albergues habilitados en la zona, en escuelas o iglesias.
Otros tienen sus viviendas en alto y se resguardan ahí de la lluvia que no cesa.
Pese a la emergencia, hay quienes prefieren permanecer en sus casas, para cuidar sus pertenencias, pues lo poco o mucho que posean es el fruto de los esfuerzos logrados por su trabajo. Colocando sus pertenencias en las vigas o en el tabanco como los locales les denominan.
Por eso, varios pobladores se lamentaron por no contar con los recursos para poder enfrentar estas eventualidades climáticas que en ocasiones, los deja a la intemperie, sin cosechas y sin animales.
Las lluvias empezaron hace casi una semana y no se han detenido. En las noches, especialmente, es cuando hay que tener más cuidado, ya que el caudal del río sale de su cauce inundando las aldeas y comunidades de esta parte del municipio de Sayaxché.
Uno de los riesgos de los que casi no se habla es que las lluvias también arrastran a animales peligrosos y los vecinos temen la aparición de serpientes venenosas que, igual que las personas, buscan un lugar seguro para resguardarse. Las familias han tomado sus precauciones pues, en ocasiones anteriores, han encontrado reptiles en sus camas y ropa.
La lluvia que no se detiene y otros peligros
Edgar Dionisio, presidente del Comité de Alerta Temprana de la comunidad El Roto Viejo, indicó que una de las preocupaciones es que las lluvias continúen y que estas se presentan copiosas en la zona de las Verapaces. Lo que causaría un efecto en las comunidades que se encuentran en la rivera del río Salinas. Especialmente, porque estas se encuentran en las proximidades a la desembocadura y unión con el río La Pasión, donde se forma el Usumacinta uno de los ríos más caudalosos de Centro América.
La acumulación de agua es inmensa dado que la capacidad de los suelos para absorberla a la misma rapidez a la que cae esta, es rebasada. Esta retención hace que el nivel del agua se mantenga alto por varios días.
Bajo estas circunstancias, las cosechas siempre se pierden con este tipo de fenómenos que azotan y dejan en condiciones de mayor vulnerabilidad a las familias, pues la seguridad alimentaria se ve afectada de manera directa.
Por el momento, ni siquiera la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha podido cuantificar las pérdidas alimentarias que las inundaciones provocarán, pero algo sí es seguro es que las familias perdieron sus cosechas y semillas y tendrán mayores dificultades para conseguir alimentos para la venta y consumo familiar.
Las ganancias de las cosechas están dirigidas a comprar las semilla para asegurar la siguiente cosecha y para comprar los productos de la canasta básica.
A lo lejos, se ve a niños jugar alegres e inocentemente en el agua, sin entender la magnitud del daño que las lluvias dejarán a sus familias y comunidades.
Elmer Ponce
El Roto Viejo, al igual que otras muchas comunidades, esperan que el gobierno voltee a verlos y les brinde alimentos y salud, además de que se les garantice que tendrán semillas para poder reiniciar sus vidas luego de la calamidad.
Sin embargo, esto no sería suficiente, después de contabilizar los estragos de las lluvias, necesitarán toda la ayuda que puedan conseguir para, una vez más, reconstruir con sus propias manos, sus casas y comunidades.
La Secretaria Ejecutiva de la Conred convocó a las distintas instituciones del Estado para estar alertas y atender en la medida de los posible la situación que actualmente viven las comunidades, se habla de siete comunidades que tienen esta problemática, sin embargo, indicaron que carecen de recursos en este momento para atender las necesidades más urgentes.
Fotos: Indígenas que viven en aislamiento en Perú. Fuente: Ministerio de Cultura de Perú
Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) que habitan en territorios del Perú son amenazados por la expansión de proyectos extractivistas. Desde el Estado y gremios empresariales, se intenta desconocer su existencia para sumar concesiones de infraestructura y explotación de hidrocarburos, minerales y madera.
Se estima que 7,500 indígenas (5,200 sin contacto y 2,250 en contacto inicial), distribuidos en unos 20 pueblos originarios, viven aislados en áreas remotas de la Amazonía peruana. Para su protección, en 2006 se promulgó la Ley 28736 (Ley PIACI), que dispone la creación de reservas en zonas de asentamiento temporal y tránsito de las comunidades nómadas.
Se trata de la única norma que los resguarda en las ocho naciones suramericanas que comparten la selva amazónica, donde se tiene referencias de 114 pueblos aislados, de las cuales 60 han sido confirmadas, según el Observatorio Regional Amazónico.
Desde entonces se crearon dos reservas para pueblos en aislamiento. De otras cinco planificadas con este objetivo, solo dos son adecuadas para las comunidades indígenas. Otras seis se encuentran en la etapa de solicitud.
En comparación con la experiencia reciente en Ecuador del “Sí” al Parque Nacional Yasuní, una histórica consulta popular que rechazó la actividad petrolera que afecta a la reserva, habitada por pueblos transfronterizos, “existe una gran diferencia en cuanto a la batería de acciones legales y campañas políticas activadas en el lado peruano”, observan Guisela Loayza y Eduardo Pichilingue, de la alianza Cuencas Sagradas.
Un intento de modificar la Ley PIACI, anulando funciones y garantías correspondientes al Ministerio de Cultura, fue rechazado en junio de este año por la Comisión de Descentralización del Congreso. La propuesta, elaborada por un representante del partido fujimorista, consistía en trasladar facultades a los cinco gobiernos regionales bajo el alcance de la norma, para que estos decidan la categorización de áreas protegidas, responsabilidad que corresponde al Ministerio de Cultura.
Para el gobernador regional de Loreto, Jorge Chávez, la ley “impide oportunidades de desarrollo” y se debe de demostrar “con evidencias científicas” la existencia de estos pueblos.
Hay un influyente sector antiderechos de las regiones donde se encuentran etnias no contactadas que niega su existencia -omitiendo las evidencias- o pretende someterla a una validación desde perspectivas etnocentristas, lo que representa un peligro de exterminio.
Luego de la derrota de la propuesta de modificación de la Ley PIACI en el Parlamento, la alianza de empresas de monocultivos, petroleras y forestales, en conjunto con funcionarios públicos, preparan una nueva propuesta legal en torno a la figura de la “prueba material” de la presencia de los PIACI en determinados territorios. Así lo anunciaron en un foro sobre reservas PIACI y “derecho a la defensa del desarrollo de los pueblos originarios de Loreto”.
Obras en reservas
El gobierno regional de Loreto y el Ministerio de Transportes iniciaron en 2021 la construcción de la carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos, a pesar de que la ruta trazada atraviesa zonas de amortiguamiento de tres áreas protegidas donde transitan pueblos en aislamiento. En agosto, el Poder Judicial ordenó la suspensión provisional de la obra, debido a que no cuenta con estudio de impacto ambiental. Dos años atrás se demostró que para su ejecución se deforestaron 40 kilómetros de bosques, el 80% de la ruta planificada.
En la región Madre de Dios, la empresa forestal Canales Tahuamanu, mediante un permiso del Estado, reanudó sus operaciones durante la pandemia en áreas habitadas por la población seminómada Maschco Piro. En agosto de 2022, un trabajador maderero fue asesinado tras un encuentro con nativos de esta etnia. El incidente pudo evitarse si no realizaran operaciones en la zona de influencia. La compañía, además, denunció por difamación a los dirigentes de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes que defienden los territorios.
En los últimos meses, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas solicitaron al gobierno de Dina Boluarte información del proceso y advirtieron un intento de silenciar a los defensores.
“Nos preocupa que el Poder Judicial esté valorando más el interés económico que la vida de los pueblos en aislamiento (….). Ellos son altamente vulnerables a cualquier contacto que podría conllevar a la muerte o exterminio”, declaró al respecto el líder indígena Julio Cusirichi. El dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana se refirió al avance del juicio en contra de los guardianes de la naturaleza frente a la acción de amparo de la organización.
¿Consulta?
El marco de la Ley PIACI está regido por dos principios: la libre autodeterminación y el no contacto. Por lo que la consulta previa sobre sus reservas es inviable. No obstante, en 2017 el Ministerio de Cultura incluyó como medida administrativa que puede ser sometida a consulta previa los proyectos de decretos que asignen categoría de reserva indígena para PIACI, disponiendo como titulares del proceso a las comunidades colindantes que “pueden verse afectadas”.
“Eso quiere decir que el Ministerio de Cultura asigna el derecho de consulta previa a pueblos vecinos a las áreas en proceso de categorización donde habitan o se desplazan PIACI, en detrimento de los PIACI que no pueden ser consultados por evidentes razones. Nos preguntamos si es pertinente que el Estado anteponga el derecho de una o varias comunidades indígenas que pueden ser consultadas y que se les brinde la potestad de decidir si se debe categorizar o no una reserva indígena donde habitan PIACI ya reconocidos”, cuestiona Héctor Rodríguez, representante legal de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente.
En 2022, tras 20 años de espera, el Estado decretó oficialmente el reconocimiento de cinco pueblos aislados en el proyecto de reserva binacional Napo-Tigre, que abarca territorio peruano y ecuatoriano.
Sin embargo, la petrolera Perenco, que opera en la futura área de conservación, interpuso una demanda contra este reconocimiento.
En la práctica, la medida del Ministerio de Cultura permitió que en el caso de la acción judicial de la petrolera, comunidades cooptadas por la empresa presentaran dos demandas contra el reconocimiento de los PIACI de Napo-Tigre.
Punto de no retorno
La destrucción de la Amazonía, la mayor selva tropical del planeta, va en aumento. Hasta el 2022, se había perdido el 18% de bosques y el 17% estaba degradado, de acuerdo World Wild Life.
“Todos los informes científicos afirman con pelos y señales que la Amazonía está llegando a un punto de no retorno y que ya estamos frente al peligro de un colapso sistémico de la Amazonía. Porque como afirma el brasileño Mário Tito Barros Almeida, ‘tenemos varias amazonías, pero tenemos, sin embargo, un problema único: la Amazonía es rica, pero no produce riqueza, produce gente rica’”, reflexiona el investigador y escritor Róger Rumrill.
Los pueblos originarios se organizan y afrontan la criminalización en defensa de los más vulnerables de sus territorios ancestrales. En un video difundido recientemente, una lideresa nativa de la etnia Matsés declara que su comunidad ofrecerá resguardo a pueblos no contactados que durante esta temporada se asientan en zonas próximas a orillas de ríos.
Un comando del ejército de Israel irrumpió en la vivienda de Ahed Tamimi, icono de la causa palestina, y detuvo la activista de 22 años "bajo sospecha de incitación a la violencia y actividades terroristas", declaró un portavoz del ejército.
“Felicitaciones a las fuerzas de Tierra, Aérea y Marina (FDI) que arrestaron esta noche a la terrorista y ‘activista de derechos humanos’ Ehed Tamimi Manvi Saleh, quien anteriormente fue condenada por atacar a soldados de las FDI y, desde el estallido de la guerra, ha expresado simpatía y apoyo a los seres humanos nazis en las redes sociales. ¡Tolerancia cero con los terroristas y partidarios del terrorismo!”, expresó en sus redes sociales el ministro de seguridad de Israel Itamar Ben Gvir.
La activista se hizo famosa a los 14 años, cuando mordió a un soldado israelí como defensa ante la detención de su hermano menor. En 2017 fue detenida por al menos 8 meses solo por exigir a los militares israelíes que se fueran del patio de su casa. Mientras estuvo presa una gran red de solidaridad se desató en diversas partes del mundo.
El ejército israelí afirma que esta vez la detuvo solo para interrogarla. No obstante, la madre de la activista, Nariman Tamimi, ha declarado a diversos medios que los militares registraron su vivienda y le fueron confiscados los teléfonos móviles de toda la familia. Así mismo, denunció que su esposo, Bassem Tamimi, fue detenido hace una semana en una redada. Hasta el momento desconocen su paradero.
El conflicto ha dejado, hasta el momento, 10 mil víctimas en Palestina. La solidaridad se ha hecho escuchar por miles en las calles de diversas partes del mundo.
Incluso gobiernos de otros países han condenado los ataques de Israel. El Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica ha calificado las acciones de Israel como “crímenes de guerra”, al atacar a civiles palestinos en hospitales, así como ambulancias, escuelas y viviendas.
Mientras que el pasado 31 de octubre, el Gobierno de Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel “en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza”, declaró el vicecanciller Freddy Mamani.
Por otra parte, los gobiernos de Colombia y Chile están consultando a sus embajadores en Israel para tomar una decisión al respecto. “He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”, señaló Gustavo Petro, mandatario de Colombia.
David Hernández Salazar durante Asamblea del Congreso Nacional Indígena en marzo, 2023. Foto: Aldo Santiago
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte inició una denuncia penal por el delito de ataque a las vías de comunicación contra el indígena binnizá, David Hernández Salazar, quien lucha contra la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico en su comunidad Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La notificación ocurrió el 18 de octubre de 2023.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por la representación legal de la Secretaría. En dicha notificación requieren la comparecencia del defensor de derechos humanos para el desahogo de la audiencia inicial el día 1 de diciembre de 2023. Hasta el momento, el defensor y sus representantes legales no tuvieron mas información sobre los hechos a los que se refiere la denuncia, informan las organizaciones de derechos humanos Front Line Defenders y la RED TDT.
Salazar, que hace parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), enfrenta otra denuncia penal por parte del Municipio de San Blas Atempa y por particulares. La denuncia se encuentra en la Vicefiscalía Regional del Istmo ubicada en Tehuantepec.
La próxima audiencia para el desahogo de pruebas y dictamen de sentencia referente a esta primera denuncia será el martes, 7 de noviembre. Dentro de esta causa penal existen otras 17 órdenes de aprehensión en contra de mujeres y hombres indígenas binnizá de Puente Madera.
La comunidad indígena binnizá de Puente Madera inició desde el 14 de marzo de 2021 la defensa de las tierras de uso común, conocidas como El Pitayal, contra el parque industrial, tramitando diversas acciones legales para exigir el derecho a la autodeterminación y autonomía de la comunidad.
Durante una Misión Civil de Observación, en julio de 2023, 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales visitaron la comunidad binnizá y denunciamos actos de criminalización, difamación en contra de 17 defensoras y defensores de derechos humanos en Puente Madera por su labor de derechos frente la amenaza de imposición del Parque Industrial o Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) del Corredor Interoceánico en San Blas Atempa, incluyendo al defensor de derechos humanos David Hernández Salazar”, sostienen en un comunicado las organizaciones RED TDT y Front Line Defenders.
En otro comunicado, organizaciones congregadas en el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas denuncian que las acciones de judicialización en contra de Salazar se “dan como parte de la campaña de difamación, hostigamientos, persecución y amenazas por parte de los tres niveles de gobierno, instituciones estatales, la SEDENA [Secretaría de Defensa Nacional], organizaciones partidistas, políticos y empresarios relacionados con la imposición” del parque industrial en tierras de uso común de San Blas Atempa. Demandan que se desestimen los cargos en contra Salazar y de cualquier integrante de la comunidad de Puente Madera y que se garantice el ejercicio de defender derechos humanos. …
Defensor de Derechos humanos
David Hernández Salazar es defensor de derechos humanos y agente comunitario de Puente Madera, integrante de la coordinación general de la APIIDTT. Desde 2017, ha participado activamente en defensa del derecho al territorio en las tierras de uso común conocidas como El Pitayal, que se vieron amenazadas por la extracción de material pétreo en el Cerro Igú y por la instalación de la Subestación Eléctrica de la SEDENA. Como integrante del APIIDTT, desde 2021 ha representado a la comunidad indígena binnizá de Puente Madera en la defensa de sus derechos territoriales y de autodeterminación frente a la amenaza de instalación de uno de los PODEBI del Corredor Interoceánico, en las tierras de uso común de San Blas Atempa, Oaxaca.
En marzo del 2022, miles de zapatistas se movilizaron simultáneamente en cinco municipios de Chiapas para protestar contra todas las guerras. Foto: Tercios compas / Enlace Zapatista
El pasado domingo (5), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a través del cuarto comunicado difundido durante el último mes, tras meses sin declaraciones oficiales, anunció la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), así como las Juntas de Buen Gobierno (JBG).
El documento, firmado por el Subcomandante Insurgente Moisés, afirma que la decisión de los pueblos zapatistas se “realiza después de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico”, así como tras consultar a las comunidades autónomas de Chiapas.
En consecuencia, el EZLN comunicó la invalidez de todos los sellos, membretes, cargos, representaciones y futuros acuerdos con cualquier MAREZ o JBG; los acuerdos sostenidos antes de esta fecha se mantendrán hasta el final de su vigencia . También compartieron que los Caracoles permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso.
“Las razones y el proceso por el que se tomó esta decisión se las iremos platicando poco a poco en los escritos siguientes. Sólo les adelanto que esta valoración, en su fase final, se inició hace unos 3 años. También les iremos explicando cómo es y cómo se ha ido gestando la nueva estructura de la autonomía zapatista”, contextualiza el vocero zapatista.
Chiapas: completo caos
El vocero zapatista detalla que las principales ciudades de Chiapas viven “en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos 'sicarios legales’ o 'Crimen Desorganizado’. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”, asevera el comunicado.
Las poblaciones de San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, por mencionar algunas cabeceras municipales, “están en manos de uno de los cárteles del crimen desorganizado y en disputa con otro”, sostiene el mando del EZLN, quien asegura que son inútiles las peticiones a las autoridades pues “son las que delinquen y no tienen llenadera en la robadera que están haciendo”.
En marzo del 2022, miles de zapatistas se movilizaron simultáneamente en cinco municipios de Chiapas para protestar contra todas las guerras. Foto: Tercios compas / Enlace Zapatista
A su vez, recalca la gravedad de la situación en las comunidades rurales, particularmente las ubicadas en la franja fronteriza con Guatemala.
El vocero del EZLN también acusó que los medios locales y nacionales hacen “eco malo y sinvergüenza de las redes sociales del gobierno del estado”, y señaló como responsables de la situación de violencia en Chiapas a las autoridades oficiales.
“Las fuerzas militares y policíacas federales, estatales y locales no están en Chiapas para proteger a la población civil. Están con el único objetivo de frenar la migración. Ésa es la orden que vino desde el gobierno norteamericano. Como es su modo, han convertido la migración en un negocio. El tráfico y la trata de personas es un negocio de las autoridades que, mediante la extorsión, el secuestro y compraventa de migrantes, se enriquecen desvergonzadamente”, añade el comunicado.
El Subcomandante Moisés compartió la invitación para la celebración, entre diciembre del 2023 y enero del 2024, con motivo de los 30 años del levantamiento zapatista. Las fechas tentativas para las conmemoraciones de los 30 años de la guerra contra el olvido son entre el 23 de diciembre del 2023 y el 7 de enero del 2024, “siendo la celebración central los días 30-31 de diciembre y 1-2 de enero”.
