Hoy el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a través del Subcomandante Moisés, recupera aquel discurso pronunciado por el entonces Subcomandante Marcos sobre la guerra asimétrica y desigual de Israel contra Palestina. Era enero del 2009 cuando se advertía sobre una guerra que no estaba atacando milicianos, sino a niñas, mujeres, ancianos, hospitales, escuelas. Este posicionamiento es retomado como vigente por el EZLN en este año 2023. Los niños y niñas que sobrevivieron a los ataques hace 15 años hoy son adultos.
Comunicado del Sub. Moisés https://acortar.link/BNAI18
Representantes de organizaciones de África, India y Latinoamérica se reunieron en Bogotá, Colombia, para debatir sobre los impactos de la agroindustria en los territorios ancestrales y la soberanía alimentaria, en el foro internacional Autosuficiencia alimentaria nacional: agricultura industrial vs. agroecología comunitaria y familiar.
Se reunieron redes campesinas, indígenas y afros, además de organizaciones de la sociedad civil como Grain, Vía Campesina, Alianza Biodiversidad, el Grupo de Investigación en Territorios, Agroecología y Sistemas Agroalimentarios (Terras) de la Universidad Nacional de Colombia, por mencionar algunas.
Álvaro Acevedo Osorio, académico de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Agroecología, explicó que, por un lado, la agroindustria se enfoca en el negocio y el privilegio de apropiarse de los bienes comunes y de generar favores políticos a beneficio de las políticas de desarrollo social. Mientras esto pasa, las comunidades degeneran en la posibilidad de garantías de sus derechos.
Por el contrario, la agroecología, desde el enfoque de derechos, permite a las comunidades rurales y urbanas, tener un alimento bajo sus propias condiciones culturales. Condiciones éstas “apropiadas tanto para productores como para consumidores y que permitan acceder a los bienes comunes que facilitan la producción, a las semillas, a los recursos de agua, etcétera. En el fondo es una discusión de derechos, es una disyuntiva entre privilegios y derechos”, sostiene Acevedo Osorio.
En Latinoamérica
En el sur occidente de Colombia, en Cauca predomina la etnia afro y sus tierras son las más productivas del territorio nacional, pero eso ha provocado muchos conflictos por quienes buscan acapararlas, que derivan en desplazamientos de personas.
Lo mismo ocurre con el acaparamiento de tierras colombianas para el cultivo de palma de aceite y del agua por la agroindustria de las flores. En Ecuador, con los tiraderos de tilapia que dan cuenta de que continúa el patrón de concentración en favor agroindustrias que están contaminando la región latinoamericana.
México fue mencionado por el avance del megaproyecto del Tren Maya, la contaminación por la industria animal, por plantaciones de aguacates, entre otras, que también están generando violencia en las comunidades y el desplazamiento forzado de miles de personas.
“Se empieza a generar una deforestación masiva en América Latina. Por ejemplo, en la Amazonia tiene la tasa de deforestación más alta de todo el planeta y está empezando a sufrir los efectos de ésto”, dijo Javier León, de Grain.
En todo el mundo, la resistencia contra la agroindustria ha provocado la elevada criminalización contra pueblos y comunidades indígenas con persecución, hostigamiento y violencia por parte del mismo Estado.
En este punto, las organizaciones lamentaron la violencia sistemática contra los líderes indígenas y campesinos en varios países. Se dijeron preocupadas porque la región de América Latina tiene la mayor cantidad de muertes y desaparecidos por la defensa de los derechos humanos de la vida, siendo las mujeres las principales protagonistas de estas resistencias o de propuestas alternativas frente a este modelo intensivo de expansión en América Latina.
En situaciones más complejas, mencionaron a la India, donde se han suscitado suicidios relacionados con la agricultura industrial. Entre 1993 y 2006 hubo alrededor de 150.000 suicidios de campesinos, y la cifra ha seguido en aumento, según el Ministerio de Agricultura de India. Tan solo en septiembre de 2023 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció un incremento de los suicidios de personas jóvenes.
La Revolución Verde “fue un desastre”, coincidieron los expertos. Uno de los impactos inmediatos fue la pérdida de la diversidad local, las semillas. Por ejemplo, India tenía 100 mil variedades de arroz y ahora tiene menos de 5 mil. Mientras el algodón que es un cultivo endémico, se tenían 4000 variedades pero en 10 años se extinguieron, ahora cultivan algodón genéticamente modificado que controla sólo una compañía: Monsanto.
Tomaron en cuenta que en este tipo de proyectos, los agrotóxicos van en el mismo paquete, también para contaminar el suelo, el agua y el aire, pues en muchos casos para mantener las plantaciones de monocultivos son dispersos en el aire, desde las alturas.
Otros impactos son la degradación de las propiedades suelo, la erosión, los monocultivos, desaparición de especies, toxicidad en el agua, incluso subterránea y cientos de pacientes enfermos de cáncer.
“Ese fue la devastación de la Revolución Verde pero no fue suficiente porque en varios países de Asia, especialmente en India, están pensando en una segunda, como si la primera no hubiese sido suficiente”, dijo el representante de Grain en la India.
La alternativa, para las organizaciones, está en la soberanía alimentaria que promueven los propios pueblos. El objetivo es ser independientes de insumos externos y de compañías. Apuestan a la conservación y preservación de las semillas y a las prácticas de agricultura sostenible.
En portada: Conferencia de prensa en las afueras de la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”. Foto: Regina López
Durante la madrugada de este lunes (16), más de 500 elementos del cuerpo de granaderos de la ciudad de México incursionaron en los alrededores de la Casa de los Pueblos y comunidades indígenas “Samir Flores Soberanes”, con la intención de desalojar a los miembros de la comunidad Otomí, quienes recientemente cumplieron tres años de ocupar el inmueble, ubicado al sur de la capital.
Miembros de la comunidad indígena sostuvieron que, frente a los actos de represión, lograron replegar a los elementos de seguridad, “cientos de granaderos, como si nosotros, la comunidad Otomí fuéramos los criminales, como si nosotros tuviéramos armas”, reclamó Isabel, delegada del Congreso Nacional Indígena (CNI). Dada la violencia del operativo, este dejó un saldo de 10 heridos, entre ellos, adolescentes, adultos mayores y con capacidades diferentes.
“Una adolescente de 17 años fue atacada por un grupo de cinco granaderos quienes la patearon y golpearon causando inmovilidad en una de sus piernas; una niña de 13 años fue golpeada por tres granaderos hombres quienes la patearon en la cabeza provocando que se desmayara”, detalló esta comunidad.
Paramédicos atienden a heridos de la comunidad Otomí tras el intento violento de desalojo. Fotos: Regina López
Mediante comunicado, el gobierno de la CDMX divulgó que el operativo estaba encaminado a desalojar el plantón que permanece desde el pasado 12 de octubre, en demanda de vivienda digna para 40 familias Otomíes. No obstante, la comunidad indígena reprochó ello pues argumentaron que los elementos de seguridad intentaron ingresar a la Casa de los Pueblos.
Una hora después del operativo, un grupo de más de seis motociclistas se acercó para provocar e insultar a quienes sostienen un plantón sobre la Avenida México-Coyoacán. Tras otro intento de incursión, agredieron con armas de fuego a los integrantes de la comunidad Otomí.
“Esta es la respuesta que da el gobierno a sus demandas del pueblo Otomí”, denunciaron al momento de presentar los cartuchos percutidos que evidencian el ataque, además de proporcionar imágenes de los agresores y las placas de sus vehículos. También reclamaron la ausencia de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX (Cdhcm) y enfatizaron que el operativo nunca fue pacífico.
“A tres años de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, racismo, discriminación y represión es la oferta de la cuarta transformación”, sentenciaron miembros de la comunidad Otomí mediante conferencia de prensa.
“Hacemos responsable a Martí Bartres (Jefe de Gobierno de la Ciudad de México) de lo que nos llegue a ocurrir. Los granaderos nos pegaron sin importar que había niños, mujeres y a los mayores de edad. Ya basta de la discriminación”, reclamó una mujer Otomí que fue agredida.
“Tener techo, es un derecho”
La principal demanda de la comunidad Otomí es la expropiación de dos inmuebles ubicados en la colonia Juárez, en los domicilios Roma 18 y Londres 7, para servir de vivienda a familias indígenas. Esto, debido a que desde hace dos años y medio se expropió el inmueble de Zacatecas 64 con el fin de albergar 40 familias Otomíes, pero en la actualidad no hay indicios de cuándo iniciaran las obras para cumplir con esa demanda.
Pinta en el plantón sobre avenida México-Coyoacán. Foto: Aldo Santiago
Señalaron que ya están cansados de mentiras de funcionarios como Juan Gutiérrez y Rodrigo Chavez, con quienes se reunieron el pasado 14 de octubre, y quienes ofrecieron mesas de diálogo, “sin respuesta, sin compromisos reales, sus ofertas son pura simulación de la cuarta transformación”.
“Ya no creemos en sus palabras, porque llevamos cuatro años de esta administración que ya se acaba y nunca nos han dado respuesta”, sentenció Isabel, delegada del CNI, quien enfatizó que es una lucha de décadas por vivienda digna para la comunidad Otomí.
La comunidad Otomí denunció que, apenas el sábado pasado (14) les fue informado que no se podría realizar la expropiación de los inmuebles debido a que no tienen la ocupación del inmueble. Ante ello, demandaron al gobierno de la CDMX la expropiación del inmueble que alberga la Casa de los pueblos “Samir Flores Soberanes”.
Integrantes de colectivos y organizaciones de la CDMX se hicieron presentes para reforzar el plantón sobre la avenida México-Coyoacán. Fotos: Regina López
“Demandamos la expropiación de este inmueble, porque en él sí tenemos la ocupación”, sentenciaron. La comunidad Otomí anunció que no retirarán el plantón sobre la avenida Mexico-Coyoacán hasta que se cumplan las exigencias para la vivienda de interés social de la comunidad Otomí.
Solidaridad
Colectivos y organizaciones de distintas partes de la CDMX y del país se hicieron presentes para acuerpar la lucha y resistencia de la comunidad Otomí.
“Por eso es la lucha, que no se siga repartiendo el territorio en inmobiliarias, en cuarteles policiacos, militares que están acabando hectáreas (…) para cuidar los intereses a los trasnacionales que vienen por los minerales, por el petróleo. Aquí fue necesaria la toma del INPI, fue necesaria la insurrección”, exclamó María de los Ángeles Fernández, también conocida como Doña Fili, luchadora por la vivienda digna en Santo Domingo, Coyoacán.
Doña Fili recordó que, apenas el pasado 12 de octubre se realizaron actividades culturales con infancias en la Casa de los Pueblos y reclamó, “¿cómo agredir a un pueblo que lucha tan pacíficamente? Y negar la vivienda al pueblo que los mantiene”.
Vivienda digna es la principal demanda de la comunidad otomí. Fotos: Regina López
Por su parte, integrantes de la Coordinación de pueblos, barrios originarios y colonias de Xochimilco denunciaron que las acciones violentas contra la comunidad Otomí forman parte de la estrategia de Juan Gutiérrez Márquez, coordinador general de concertación politica, prevención y buen gobierno de la CDMX.
“Nos lo hizo a nosotros como xochimilcas y lo vuelve hacer (…) Estas acciones han sido repetidas. Levanto la voz para que este señor sea destituido. Nosotros en la Cdhcm iniciamos una denuncia por las agresiones contra los ciudadanos de Xochimilco. El señor es un cobarde… trae un grupo de motociclistas que nosotros documentamos y lo dejamos en la Cdhcm”, sentenciaron frente a la agresión de funcionarios locales.
“Queremos denunciar el acto de violencia cometido por tres granaderos que llevo a que una pequeña de 13 años perdiera el conocimiento (…) fue salvajemente golpeada, eso lo estamos diciendo hoy, no en 1968, no en Palestina, no en otra parte del mundo, lo decimos aquí en la ciudad de México, la que dice contar con un gobierno de vanguardia”, reclamó Carlos González, integrante del CNI.
Las y los manifestantes se pronunciaron también contra la guerra hacia otros pueblos originarios, incluidas las comunidades zapatistas en Chiapas. Fotos: Regina López
González refirió que las condiciones de diversos pueblos indígenas residentes en la CDMX son infrahumanas. “Al gobierno le importa un pepino, le interesa el control político, el clientelismo, dar dádivas, no reconocer ni respetar derechos, esa es la ciudad innovadora y de derechos que nos vende este gobierno”.
Además, destacó que la violencia contra los pueblos originarios se repite a nivel nacional y denunció que apenas el pasado 13 de octubre fueron asesinados dos jóvenes choles. Juan Carlos Jiménez, de 19 años y Oscar Pérez de 17 años, de la comunidad de Tila, “fueron cobardemente asesinados por paramilitares en su comunidad (…) esa es la realidad que estamos viviendo”, denunció el también abogado sobre la situación de guerra que viven los pueblos en México.
Acciones
Por último, la comunidad Otomí convocó a la realización de acciones dislocadas en Querétaro para la defensa del agua y los territorios y en apoyo a la población de Santiago Mexquititlán.
“Esta cobarde acción es porque nos tienen tanto miedo, nos tienen que agredir a costa de la vida y a favor de los intereses capitalistas e inmobiliarias que tienen el derecho a la tierra. Vamos a seguir luchando juntas y juntos, vamos a seguir organizándonos, para que este poder patriarcal, estas empresas trasnacionales no nos sigan despojando”, finalizó Isabel, delegada Otomí del CNI.
Campesino del Bajo Aguan en territorio recuperado. Foto por Renata Bessi
La Plataforma Agraria Regional del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa) de Honduras informaron en un comunicado divulgado el domingo, 15 de octubre, que la Policía Nacional disparó bala viva contra las familias de la Empresa Asociativa Campesina Isletas (EACI) y asesinaron al joven campesino Kevin Azahel Meza, de 24 años, mientras intentaban recuperar parte de las tierras asignadas para procesos de reforma agraria en el municipio de Sonaguera, Colón.
El momento del asesinato está captado en video y “demuestra la agresión desmedida de la policía”.
Denuncian que elementos de la Policía Nacional también retuvieron y torturaron a Armando Alemán, socio de la EACI, a quien amenazaron con asesinarle y tirarlo al río Aguan.
Las organizaciones señalan que las familias de la empresa campesina fueron víctimas de despojo y fraude por parte de la empresa estadounidense e irlandesa Dole PLC, con sede en Charlotte, NC, empresa propietaria de la Empresa Agrícola Santa Inés (ASISA). “Desde 1979, la bananera estadounidense tomó control de EACI con el apoyo del ejército de Honduras y escuadrones de muerte, hasta que, en 1990, Dole despojó directamente las tierras por medio de su subsidiario ASISA”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Kevin Meza. Instó, en un comunicado, al Ministerio Público “a llevar a cabo una investigación pronta e imparcial de los hechos, siguiendo el principio de debida diligencia (…) a fin de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y brindar inmediata protección a las personas integrantes de la EACI”.
Recomienda que, “frente a las alegaciones de una posible participación de la Policía Nacional, se realicen las investigaciones internas pertinentes por parte de dicha institución”.
La EACI es signataria de los acuerdos con el gobierno de la presidente Xiomara Castro establecidos el 22 de febrero del 2022, firmado para determinar las causas que, desde hace 30 años, dieron origen a las violaciones a los derechos humanos en la región y, con ello, proponer medidas de reparación a las víctimas.
El punto 14 del acuerdo cita: “El gobierno de la República se compromete a atender de forma especial con apoyo técnico y legal en los conflictos que afrontan la EACI, la Cooperativa Chapagua y otras 28 cooperativas.
Como reconoce la administración de Castro, durante los últimos 30 años, empresas y cooperativas campesinas han accionado para la recuperación de tierras que les han sido despojadas de manera fraudulenta.
Acorde a la Plataforma Agraria del Aguán, desde el año 2010 a la fecha han sido asesinados por lo menos 160 campesinos debido a la disputa por las tierras.
Proyectiles usados por la Policía Nacional en la recuperación de tierras en Honduras. Foto por Renata Bessi
Más violencia
El pasado 2 de octubre, el juez de Jurisdicción Nacional, Román Godoy Hernández, ordenó el desalojo de las familias campesinas de la EACI, ubicada en el municipio de Trujillo, Colón. Para ejecutar el desalojo se movilizó al menos 800 elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Especial los Tigres, “lo que evidencia el respaldo del Estado de Honduras en proteger las grandes corporaciones transnacionales; es la primera vez que se observa un desalojo de esta magnitud realizado por agentes de la Policía Nacional”, informó la Plataforma Agraria.
Un día antes del desalojo se había interpuesto un recurso de oposición al desalojo ante el juzgado de Jurisdicción Nacional, en el cual se solicitó la suspensión de la acción en virtud de que la EACI tiene lotes de terreno que están inscritas a su nombre y que no ha tenido acceso a estas debido a las acciones violentas de la empresa agroindustrial.
“Condenamos la acción del juez Marco Antonio Vallecito del juzgado de jurisdicción nacional al ordenar un desalojo ilegal e indeterminado ya que el juez no verificó las tierras que le pertenecen a la EACI y procedió a desalojarle sin opción a mantener las tierras que aun permanecen a su nombre”, señaló la Plataforma.
El día 29 de septiembre miembros de la Policía Nacional dispararon contra las familias y socios de la EACI, “que hacían uso de su legítimo derecho a la tierra”. Durante el ataque fue herido de bala Oscar Fernando Alonzo Aguilar.
En el año 2010 las familias campesinas de la EACI hicieron un intento por reivindicar su derecho a la tierra. Fueron capturados y judicializados tres campesinos - Mauro Bonilla, Santos Ángel Hernández y Kevin José Munguia Varela - quienes se encuentran firmando desde hace una década en los Juzgados de Tocoa, Colón.
El Instituto Nacional Agrario adjudicó a la EACI 4,036 hectáreas mediante Título Definitivo de Propiedad de fecha 9 de septiembre de 1984. La Plataforma Nacional explica en el comunicado que hubo la venta de parte de las tierras de la EACI. “La venta fue fraudulenta porque lo realizaron bajo la presión (inducción a error) de una hipoteca completamente ilegal, fue despojada en dos predios de 2,728 hectáreas del área total de la finca. Dichas tierras fueron acaparadas en partes por la ASISA a través de un contrato con múltiples infracciones al ordenamiento jurídico”.
La EACI ha interpuesto dos demandas civiles para reivindicar los derechos sobre las tierras, ambas ante el juzgado de letras del municipio de Toco, Colon. La primera en el año 2011 y la segunda en el año 2012. “Las demandas de más de una década de su interposición están pendientes de fallos judiciales, por lo tanto, es la clara parcialidad con que actúan los jueces y fiscales de los tribunales, negando el de acceso a la justicia a las familias campesinas”.
Gráfica de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes
La organización de derechos humanos Front Line Defenders, en un comunicado, denunció que defensores del territorio de los pueblos nahuas del municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, articulados en la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, han sido objeto de ataques en años recientes por su defensa del territorio.
Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes es una organización integrada por 20 pueblos nahuas del valle de Puebla que históricamente han luchado contra violaciones de derechos humanos y despojo causado por la presencia e implementación de proyectos extractivos en sus territorios.
El último ataque sufrido es la represión ocurrida en el pueblo de San Lucas Nextetelco el 2 de octubre de 2023, durante una protesta en contra de la construcción de un complejo de seguridad pública en la comunidad.
Este complejo fue licitado, sin consulta alguna, por el gobierno del Estado de Puebla el pasado 5 de septiembre y tiene estimado concluir la construcción en el mes de diciembre de este año 2023, con un piso financiero mínimo de 8 millones de pesos.
La construcción del complejo de seguridad se da en un contexto de “un preocupante aumento de la militarización y la creciente construcción de complejos de seguridad y cuarteles militares en comunidades en el país donde existen resistencias y oposición a megaproyectos y en donde no ha habido consulta, previa, libre e informada”, alerta la organización.
El 2 de octubre de 2023, personas que se presentaron como empleados de DECOSA, la empresa que presuntamente se ha contratado para construir el complejo de seguridad, llegaron al pueblo de San Lucas Nextetelco, relata la organización. Los trabajadores se retiraron del lugar después de que los integrantes de la comunidad les entregaran un acta de la asamblea en oposición a la obra del complejo de seguridad, en el cual decidieron rechazar el proyecto.
Más tarde ese mismo día, sobre las 16h, esos mismos trabajadores volvieron al pueblo de San Lucas Nextetelco, llevando una máquina excavadora. Custodiada por elementos de la Policía Estatal de Puebla, rompieron el portón y comenzaron a trabajar.
Esto llevó a que integrantes del pueblo alertaran al resto de la comunidad, quienes acudieron a protestar e intentar impedir que siguiera la construcción del complejo de seguridad. Después de esto, llegaron al lugar un grupo de personas que presuntamente son movilizadas por el gobierno municipal de Juan C. Bonilla y que han sido identificadas previamente por la comunidad como “golpeadores”, señala Front Line Defenders.
Este grupo comenzó a agredir físicamente a integrantes de la comunidad, incluyendo a jóvenes y a adultos mayores que se manifestaban de manera pacífica. Llegaron más integrantes de San Luchas Nextetelco a fin de apoyar a los manifestantes, se enfrentaron con la policía y esto llevó al eventual retiro de los golpeadores y de los elementos de la Policía Estatal. Como forma de protesta, la comunidad decidió cerrar la carretera federal a la altura de San Lucas Nextetelco durante alrededor de 6 horas.
Otros ataques
Otros ataques fueron registrados por la organización. El 30 de junio de 2023, Alejandro Torres Chocolatl, integrante de de esta misma organización, fue detenido por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). El defensor de derechos humanos fue liberado sin que la FGE atendiera el llamado a presentarlo en audiencia y dictaminar el auto de no vinculación para formalizar su liberación.
El 28 de noviembre de 2022, diversas organizaciones nacionales e internacionales expresaron preocupación por los ataques, las amenazas de daño físico, repetidos allanamientos, y los actos de vigilancia, intimidación y hostigamiento que sufrió a lo largo de 2022 año el abogado y defensor del FPDTA – MPT, Juan Carlos Flores Solís.
El 10 de junio de 2021, un operativo con aproximadamente 100 elementos y 60 vehículos de la Policía Estatal de Puebla intimidaron e interrumpieron una manifestación pacífica en Santa María Zacatepec. Durante los hechos, el defensor de derechos humanos y comunicador comunitario, Alejandro Torres Chocoalt, fue agredido por policías estatales quienes, al ver que tomaba fotografías de los hechos, tomaron su celular por la fuerza y lo tiraron al piso.
El 3 de diciembre de 2019 organizaciones nacionales e internacionales conformaron una Misión Internacional de Observación a la comunidad nahua de Santa María Zacatepec, perteneciente al Municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, en donde documentaron una serie de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos de la comunidad de Zacatepec.
El 24 de enero de 2020 fue detenido el Miguel López Vega, defensor de derechos humanos e integrante del FPDTA – MPT, por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla mientras salía de la Dirección de Gobierno del estado de Puebla.
Fue hasta el 16 de marzo de 2023 que se retiraron dos de los tres cargos contra el defensor de los derechos humanos Miguel López Vega, tras el reinicio del proceso judicial en su contra el pasado 16 de marzo de 2023. El defensor está a la espera de una fecha para la audiencia final a fin de que todos los cargos sean retirados.
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Protesta llega a la presidencia municipal de Chicomuselo, Chiapas. Avispa Midia
A muy tempranas horas de este día 12 de octubre, con cierta incertidumbre y cautela, uno a uno fue llegando cada contingente de familias, amigos y vecinos que se dieron cita en el lugar llamado El arco de los siete jaguares, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. El objetivo era realizar una manifestación hasta llegar a la presidencia del municipio.
Días previos a la manifestación comenzó a circular la convocatoria a la llamada “Marcha por la unidad, la justicia y la paz”, firmada por la Unidad de Pueblos, “conformada por comisariados ejidales por la paz social de Chicomuselo”. Llamaron a romper el silencio y marchar pacíficamente, reivindicando la manifestación de este día como un acto de resistencia de los pueblos indígenas y campesinos de México y América Latina.
En los últimos meses, en esta región que hace frontera con Guatemala, se desbordó el clima de violencia por enfrenamientos entre integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes diputan el control de estos territorio. Estos grupos criminales sembraron el terror en localidades como Pacayalito, salida hacia el municipio de Motozintla, así como en el ejido Tres Maravillas y en Chicomuselo, donde se provocó un desplazamiento forzado y un toque de queda.
Por este contexto de violencia, los comisariados organizados llamaron “a todos los sectores de la sociedad a unirse de manera pacífica como pueblo y como municipio para hacer un llamado al gobierno a que intervenga”, puntualizaron.
Incluso, hicieron alusión a la frase del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “nadie por encima de la ley y nadie por debajo de ella”, para que actué en consecuencia. “Porque el pueblo ya está cansado de ver como los grupos que pretenden controlar nuestro territorio se imponen con total impunidad”, declararon los indígenas.
Los convocantes reafirmaron que la impunidad ha llevado al aumento de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas, reclutamiento, sometimiento, entre otros. “De los desaparecidos, cada familia está intentando encontrarlos. No hay ninguna autoridad en su búsqueda”, dijo uno de los manifestantes que, por su seguridad, omitió su nombre.
Aún con el miedo y la incertidumbre de rumores “de que la manifestación era para apoyar a uno de los dos carteles, el de Sinaloa, la gente salió a manifestarse contra todos los grupos que están provocando la violencia en nuestros territorios y para que nos escuche el presidente Obrador”, agregó el manifestante.
Desde antes que se agudizará el escenario de terror, en Chicomuselo ya habían denunciado la presencia del grupo narco-paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel de Sinaloa, el cual “también quería desplazar a los comerciantes del mercado para que ellos pusieran a su gente”, señaló el entrevistado para Avispa Mídia vía telefónica.
Se movilizaron sectores del magisterio, transportistas, empleados de salud, deportistas, comerciantes, integrantes de organizaciones sociales, autoridades comunitarias y ganaderos.
Al finalizar la marcha, los organizadores contabilizaron que se manifestaron al menos diez mil personas y, llegando a la plaza principal de esta comunidad, entonaron consignas como ¡el pueblo unido jamás será vencido! ¡el pueblo callado jamás será escuchado!, terminando en relativa calma.
