Ecuador estrecha lazos militares y de conservación de la Amazonía con EEUU

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24 julio, 2023

^{En portada: Funcionarios ecuatorianos y militares norteamericanos durante la firma del memorandum.}

Entre el mes de junio y julio, el gobierno de Ecuador, presidido por Guillermo Lasso, firmó con Estados Unidos (EEUU) un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y uno de conservación de la Amazonía. El convenio lo ejecutará la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su socio World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés).

En una ceremonia realizada en la sede del Departamento de Defensa de EEUU, el pasado 19 de julio, con presencia del alto mando del Comando Sur, la General Laura Richardson, así como el Subsecretario Adjunto de Defensa, Daniel Erikson, entre otras instancias militares del país norteamericano, se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés). Este MOU tiene por objetivo “fortalecer capacidades del sector de defensa” y “objetivos compartidos” relacionados con seguridad, según la embajada estadounidense en Ecuador.

Mientras, el gobierno ecuatoriano, a través de un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, manifestó que se trata de reafirmar los mecanismos de fomento entre las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses, en las que “participa el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de los Estados Unidos junto al Ministerio de Defensa de Ecuador”.

El gobierno de Lasso asegura que, entre otros puntos, el acuerdo implica intercambio de información para combatir a los grupos armados y el narcotráfico; el fortalecimiento de capacidades de las Fuerzas Armadas del Ecuador; el entrenamiento y la capacitación del personal militar de las dos naciones; y la adquisición de recursos para potenciar la defensa de las fronteras y combatir al narcotráfico y sus delitos asociados.

Aunque las fuerzas armadas de Ecuador ya participan en diversos ejercicios militares y capacitación que ofrece el Comando Sur, como lo fue su participación en junio pasado en los ejercicios de tácticas y técnicas en el terreno de “Fuerzas Comando 2023”, desarrollado en el campamento militar de Sierra Prieta, en Yamasá, República Dominicana. En esos ejercicios ejecutaron competencias de equipos de asalto y francotiradores, rescate de rehenes, manejo de armas (pistola, fusil de asalto y fusil de precisión). También hubo actividades acuáticas, realizadas en la Base Naval “Las Calderas”, de Baní.

Los recientes acuerdos son la continuidad de un primer acercamiento que realizó la general Richardson, 10 meses atrás, en el mes de septiembre del 2022, cuando se reunió con con el madatario Guillermo Lasso y altos líderes de defensa ecuatorianos, entre ellos, el Ministro de Defensa de Ecuador, General Luis Eduardo Lara.

Lara adelantó, previo a la firma del Memorandum que, el acuerdo implica una inversión de más de 3 mil 100 millones de dólares por parte de EEUU que serán ejecutados en los próximos siete años. Entre los rubros a dónde se destinarán los fodos son: Modernización de aeronaves, infraestructura y equipos de las Fuerzas Armadas; Implementación de ciberseguridad para mejorar los sistemas de inteligencia y contrainteligencia; Coordinación de la logística para enfrentar las consecuencias del fenómeno de El Niño; Impulso de programas para la sostenibilidad del medio ambiente y lucha contra la minería ilegal.

Proyecto Selva

En la visita de la general Richardson, 10 meses atrás, donde también se reunió con líderes de defensa de 10 naciones en la llamada Conferencia de Defensa Sudamericana 2022 (SOUTHDEC 22), también visitó la 19ª Brigada de Selva del ejército ecuatoriano en El Coca, región amazonica del Ecuador. Es en esta zona donde una delegación estadounidense lanzó el proyecto "Sustainable Livelihoods and Environment for a Vital Amazon" (Medios de vida y medio ambiente sostenibles para una Amazonia vital, SELVA por sus siglas en inglés).

Fue el pasado 7 de junio que ambos países firmaron el Convenio de Asistencia para el Desarrollo y anunciaron el arranque del proyecto SELVA, que tiene por objetivo la intervención con programas de conservación en la Amazonía. Estos contemplan al Ecuador como parte de “intereses nacionales compartidos en materia de desarrollo, al acordar conjuntamente ampliar y continuar la colaboración bilateral en el marco del Acuerdo de Asistencia para el Desarrollo”, ha declarado la embajada estadounidense.

El Proyecto SELVA, en materia de conservación, será liderado por la USAID y su socio ejecutor WWF. Este proyecto esta planeado para implementarse en Sucumbíos y Napo, “con el objetivo de desarrollar las capacidades de gobernanza local y promover medios de vida rentables y sostenibles para que los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionen eficientemente sus recursos naturales”, puntualiza el comunicado de la embajada de EEUU en Ecuador.

“Sabemos que solo a través de una gobernanza fuerte e inclusiva se puede lograr el desarrollo de medios de vida sostenibles y cadenas de valor estables y justas. La defensa de los territorios y de los medios de vida de los pueblos indígenas y comunidades locales, es fundamental para garantizar una adecuada calidad de vida de las poblaciones amazónicas y la conservación de sus recursos”, señaló Tarsicio Granizo, Director de WWF Ecuador.

El proyecto abarca una dimensión de 213 mil 631 hectáreas de bosques donde también comprende territorios indígenas que pretenden ser insertados al sistema de la economía verde con “prácticas de gestión sostenible de la tierra”, afirman los dipomaticos de EEUU.

SELVA cuenta con un presupuesto de más de 11 millones de dólares y ministrará este financimiento hasta el primer trimestre de 2028. Entre los pueblos que incuye este programa de mercado verde están los pueblos indígenas: Siona, Sekopai y Kichwa y a las comunidades locales que viven en la reserva de Cuyabeno.

USAID reinició actividades en Ecuador a finales del año 2020 tras una ausencia de casi 10 años, desde septiembre de 2014, fecha en que ya había cumplido más 60 años de cooperación en el Ecuador. “El reinicio de las actividades de cooperación de USAID en el Ecuador, respaldado por un mutuo acuerdo soberano, ha estado guiado por dos prioridades fundamentales: primera, el apoyo al país en su enfrentamiento a la corrupción en todos sus frentes, y segunda, la confrontación a los impactos del cambio climático”, informa WWF.

La ceremonia de lanzamiento de SELVA, realizada en Coca, contó con la presencia de Daniel Sánchez-Bustamante, Director de USAID en Ecuador, Tarsicio Granizo, Director de WWF Ecuador, autoridades y miembros de las comunidades participantes.

Ecuador recurre al ejército para que empresa canadiense pueda explotar oro

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Ñaní Pinto

20 julio, 2023

Comunidades indígenas y campesinas de Ecuador denuncian al gobierno por el uso de las fuerzas armadas para ejecutar una supuesta “consulta ambiental”, propuesta emitida por el mandatario de este país, Guillermo Lasso, mediante el decreto 754, para dar paso a la explotación del proyecto minero La Plata, en manos de la empresa canadiense Atico Mining.

Los habitantes de la parroquia de Palo Quemado en la provincia del Cotopaxi, región central de Ecuador, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), han denunciado que el gobierno de Lasso ha militarizado la región para llevar acabo esta consulta que permitirá a la canadiense Atico Mining explotar oro, cobre, plata y zinc en un área que comprende 2 mil 222 hectáreas, entre las comunidades San Pablo de La Plata y Las Minas.

Cabe destacar que en está región confluyen 10 cuerpos hídricos, esteros y quebradas, y un ecosistema de bosque que hace parte de la Cordillera Occidental de los Andes, del cual dependen diversas poblaciones.

Las acciones contra estas comunidades comenzaron desde el 9 de julio en la parroquia Palo Quemado y se mantienen hasta el cierre de este reportaje. Los inconformes denuncian que el gobierno “busca imponer por la fuerza una consulta ambiental ilegal, propuesta mediante el decreto 754 que permite la inmersión minera en los territorios”.

Estas comunidades han calificado el decreto 754 como “inconstitucional” porque, arguyen, “facilita a las empresas mineras el despojo de los territorios sin importarles la opinión y decisión de las comunidades inconsultas”.

Tras esta imposición diversas expresiones de resistencia se han sumado al rechazo de este proyecto, como activistas, artistas y personalidades reconocidas en Ecuador. La organización Acción Ecológica se ha pronunciado en unidad “para exigir que se detenga esta consulta ilegal. Así también el retiro inmediato de la Fuerza Pública que ha tomado posesión de la parroquia originando tensión y miedo en la población y en las comunidades aledañas como Las Pampas, Galápagos, La Florida, Las Juntas, Campo Alegre Alto y Bajo”, han denunciado en un comunicado.

La Plata

El proyecto minero La Plata es un proyecto de sulfuros masivos volcanogénicos que tiene proyectado extraer 12,9 gramos de oro por cada tonelada extraída de roca y otros componentes minerales. Con el método de la minera subterránea, que va perforando mediante túneles y va rellenado con una mezcla de cemento, la empresa tiene proyectado extraer 900 toneladas diariamente.

La empresa canadiense por su parte ha informado que ya ha invertido más de 16 millones de dólares para actividades previas, realizadas “con altos estándares técnicos y con maquinaria mínimamente invasiva”. No obstante, las comunidades afectadas se han movilizado para rechazar este proyecto minero por los posibles impactos negativos hacia toda la región, por ello se han declarado en “alerta”.

Solo en la provincia del Cotopaxi existen alrededor de 250 concesiones mineras ubicadas en tres cantones.

Por tanto, comunica la CONAIE, “exigimos al gobierno nacional de Guillermo Lasso la derogatoria del decreto754 que es inconstitucional, retirar a la fuerza pública del territorio comunitario y que éste contingente salga a enfrentar a la inseguridad del país y no sirva para amedrentar a agricultores, campesinos y familias que sostienen la soberanía alimentaria en el país”.

Derrame de petróleo en el Golfo de México alcanza dos veces el tamaño de la ciudad de Guadalajara

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Sare Frabes

18 julio, 2023

El pasado 7 de julio, diversos medios de comunicación alertaron sobre un incendio suscitado en la plataforma de Petróleos Mexicanos (PEMEX) llamada Nohoch-Alfa, establecida en las aguas del golfo de México, en el estado de Campeche. No obstante, había pasado desapercibido un derrame de crudo acontecido cuatro días antes.

De acuerdo con una secuencia de imágenes satelitales, procesadas por el geógrafo Guillermo Tamburini, el derrame de crudo inició aproximadamente entre el 3 y 4 de julio en la plataforma Balam que, hasta este día lunes (16), ha alcanzado una dimensión de 400 kilómetros cuadrados y el vertido podría extenderse hasta los 4,000 metros cúbicos.

Este desastre ambiental actualmente ha alcanzado una dimensión de más del doble de la ciudad de Guadalajara, pero “las autoridades no han dado aviso alguno sobre las causas y consecuencias del mismo”, han denunciado en conferencia de prensa una veintena de organizaciones de la sociedad civil.

Estas organizaciones temen que, por antecedentes de otros casos similares, el derrame pueda pasar desapercibido y sin cuantificar los daños. “Una revisión de la misma zona en el mes de junio permitió identificar otro derrame con una extensión aproximada de 270 km2” puntualizan los activistas en un documento que fue presentado ante la prensa.

En el mismo documento destacan que, solo en los últimos dos años existe un aumento de 152% de accidentes de PEMEX, siendo que “la industria fósil pretende normalizar el sacrificio de personas y territorios como accidentes producto de una error humano, cuando en realidad de trata de una característica propia de un modelo que externaliza los costos de los desastres asociados a su operación, siendo el mayor desastre de todos la crisis climática de la cual la industria fósil es responsable en un 70%”, señalan las organizaciones.

En el documento que presentaron las organizaciones llamado Recientes Incidentes Ambientales en el Área de Explotación Hidrocarburífera Cantarell en el Golfo de México (Junio/julio 2023), resaltan que el vertido de hidrocarburos y otros fluidos contaminantes se ha convertido en algo recurrente por parte de la paraestatal.

Las organizaciones reiteran que esto es un motivo más de porque “México no puede y no debe seguir apostando por un modelo basado en la explotación y el sacrificio de poblaciones y territorios. La crisis climática nos exige un cambio drástico de paradigma de energía, orientando los recursos a la generación de energía renovable de forma justa”, señalan las organizaciones.

Las activistas urgen el remplazo de la energía fósil como respuesta a la emergencia climática.

Movilizaciones frenan intento de golpe de Estado “técnico” en Guatemala

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Aldo Santiago

13 julio, 2023

^{En portada: Manifestantes colocan carteles frente al Ministerio Público. (Foto: Wilder López/Soy502)}

El escenario político en Guatemala, tras los sorpresivos resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio, ha adquirido aires autoritarios. En respuesta, distintos sectores de la población y organizaciones sociales salieron a las calles para frenar lo que es señalado como un golpe de Estado “técnico”.

La mañana de este jueves (13), agentes del Ministerio Público (MP), acompañados de elementos encapuchados y armados de la División de Información Policial, allanaron las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La acción fue justificada con el argumento de recopilar pruebas para proceder legalmente contra el partido Movimiento Semilla (MS), al cual acusan de falsificar firmas para adherir miembros a su organización política, así como por lavado de dinero.

Esto ocurrió horas después que el TSE oficializó los resultados de la primera vuelta, con lo cual confirmó los candidatos que se disputarán la presidencia de Guatemala el próximo 20 de agosto: Bernardo Arévalo del MS, y Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE).

La injerencia del MP sobre el tribunal ocurre en un contexto de grave crispación política. El 30 de junio, nueve partidos políticos señalaron fraude electoral y demandaron la revisión de los votos y actas de la primera vuelta. El 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad ordenó a las juntas electorales repetir las audiencias de escrutinio para cotejar los datos de las mesas de votación. Para el 6 de julio, la revisión a nivel nacional concluyó sin que el fraude fuera comprobado.

Con la irrupción del MP al tribunal electoral, organizaciones sociales consideran que la maniobra es una acción más en el proceso para interferir en las elecciones. Así lo considera José Luis Caal integrante de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop), organización con presencia en el norte del país centroamericano.

“Guatemala está viviendo en estos momentos un golpe de Estado ‘técnico’; ya no es con el uso de la fuerza física, mediante el ejército, sino a través de los operadores de justicia que están al servicio de grupos criminales”, asevera Caal en entrevista con Avispa Mídia en su oficina de Raxruhá, Alta Verapaz.

Para Caal, la reciente acción de los fiscales del MP está encaminada a desactivar al candidato del Movimiento Semilla y sacarlo de la contienda presidencial. “Estamos muy preocupados porque vemos que estamos bajo una dictadura(…), no están respetando el voto de la ciudadanía”, reclamó durante la mañana de este jueves, mientras la organización en la que participa se sumaba al llamado de otras agrupaciones que criticaron este hecho.

Caal, defensor de derechos humanos, nos comparte que es alto el nivel de incertidumbre ante el desarrollo de los eventos mas recientes en la disputa electoral. “Aquí lo que está en juego para nosotros no es el Movimiento Semilla, sino que es la poca institucionalidad y la débil democracia que tenemos en Guatemala”.

Es en ese marco que, contextualiza, los movimientos y organizaciones populares se encuentran en estado de alerta. “Estamos en comunicación con diferentes organizaciones a nivel nacional porque no vamos a permitir que el partido de Alejandro Giammattei (presidente de Guatemala) quiera imponer a un gobierno que no es de la decisión popular”.

Las declaraciones de Caal y su organización son una pequeña muestra de las reacciones de descontento que no demoraron en multiplicarse en distintas geografías del país centroamericano.

*^{Integrante de Congcoop se prepara para manifestar su rechazo a la injerencia del MP en las elecciones presidenciales. Foto: Aldo Santiago}*.

Desde el centro de la capital de Guatemala, frente a las instalaciones del MP, pasando por Quetzaltenango, San Marcos, Antigua y la ciudad de Cobán, entre otras, cientos de manifestantes salieron a las calles para repudiar el intento de golpe de Estado.

Al cierre de esta edición, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo al MS el cual le brinda protección contra la suspensión de su personalidad jurídica hasta que exista resolución definitiva de la orden judicial que emprendió el MP.

Por su parte, el TSE indicó que no tomará en cuenta la orden judicial del MP, con lo cual reafirmó la participación del Movimiento Semilla a la segunda vuelta de las elecciones.

Pacto de corruptos

Para entender la coyuntura actual, Caal explica que, debido al trabajo con Naciones Unidas para dar seguimiento a los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, el gobierno de Guatemala aceptó, en 2006, la conformación y operación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo que, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia, emprendió investigaciones para sancionar cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos.

Para ello, se conformo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), organismo que coadyuvó a la CICIG como al MP de Guatemala para investigar los casos de alto impacto.

“La FECI investiga a los grupos que se han beneficiado del dinero del pueblo, estos grupos que influyen en los gobiernos. A partir de este trabajo de la FECI se empiezan a descubrir cómo el poder económico financia a los partidos políticos de derecha de manera ilegal”, contextualiza Caal.

Sin embargo, cuenta el defensor de derechos humanos, fue durante el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020), cuando los grupos criminales que operan paralelamente al Estado, “se rearticulan y logran expulsar a esta comisión de Guatemala, porque empiezan a tocar los intereses de las empresas, del poder económico, porque ellos influyen en este modelo de gobierno que no beneficia a la población”.

“Comienzan a cooptar todas las instituciones de justicia (…). La FECI ahora está en manos de estas mafias y empieza una actitud de venganza en contra de los fiscales que estaban investigando los casos de corrupción e impunidad”, señala Caal, quien enfatiza que ante ello muchos jueces se encuentran en el exilio.

Aún mas grave, la persecución se extiende contra movimientos y organizaciones sociales, además de periodistas, como es el caso de la detención y sentencia contra José Rubén Zamora, director de El Periódico, quien se encuentra encarcelado acusado de delitos financieros, causando el cierre del medio de alcance nacional.

“Vamos a respaldar esa decisión valiente (del TSE), seguramente, ante las presiones que tienen del gobierno central”, señala Caal. “No vamos a permitir que se continúe con la agresión a este sistema democrático débil que tenemos. Vamos a exigir que se respete esa débil democracia que tenemos en Guatemala”, concluyó.

La megaminería ha demostrado el fracaso en toda la Argentina

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Avispa

7 julio, 2023

^{por Darío Aranda}

Andalgalá es el caso testigo de la megaminería en Argentina. Allí se instaló, en pleno menemismo, Minera Alumbrera. Fueron más de 25 años de explotación sin cumplir las promesas de trabajo, desarrollo local, ni cuidado del ambiente. Andalgalá también es un epicentro de la resistencia: desde hace más de veinte años se movilizan en rechazo al extractivismo. Llevan 696 caminatas (cada sábado) en defensa del agua y la vida. Y están en alerta por la llegada de la multinacional Pan American Silver (PAS), que intenta explotar el cuestionado proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), a sólo 17 kilómetros de la ciudad y donde nacen los ríos que brindan agua a la región.

El cartel es enorme, blanco con letras negras y ubicado en un lugar estratégico, en la esquina de la plaza 9 de Julio, pleno centro de Andalgalá: “En defensa del agua y de la vida. Andalgalá libre de megaminería”. Y debajo de una bandera de Argentina, aporta otro concepto: “Más letal que el Covid-19 es la corrupción de los gobiernos y de las mineras”. Resume el clima que se palpa en esta ciudad, la segunda en cantidad de población (luego de la capital provincial). El mensaje refleja buena parte del sentir de la población, que -desde la llegada de la actividad- sufrió una decena de represiones, judicialización y la modificación radical de su forma tradicional de vida.

En ese contexto, se conoció que la multinacional canadiense Pan American Silver (la mayor empresa de plata del mundo) adquirió a la minera Yamana Gold, principal accionista del proyecto MARA. El comunicado corporativo informa: “Se completó la adquisición de Yamana Gold. Se espera un aumento significativo en la producción de plata y oro y mejores márgenes operativos”. El proyecto MARA (antes llamado solo Agua Rica) estaba en manos del consorcio de Yamana Gold, Glencore y Newmon. La incorporación de PAS intentaría darle impulso.

Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo -histórico espacio en lucha por la defensa del agua- recuerda que el proyecto minero MARA es “ilegal” porque está en zona protegida por la Ley Nacional de Glaciares (26.639) y precisa la vigencia de la ordenanza 029 que protege los ríos de Andalgalá. “Siempre les decimos a estas empresas, sea PAS o sea Yamana, que no permitiremos la explotación de estos proyectos, porque violan derechos humanos, porque está en juego nuestra el agua y la vida del pueblo”, afirma.

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La organización canadiense Mining Watch sigue de cerca el accionar de la empresa y emitió un comunicado en el marco de la reunión anual de accionistas de la empresa: “Pan American Silver adquiere más activos tóxicos con la fusión con Yamana. La empresa ha declarado un compromiso con los derechos humanos, pero este discurso es contrario a su patrón de adquisición de activos con historial de violaciones de derechos indígenas, violencia y fuerte oposición local”.

El malestar contra la megaminería en Andalgalá tuvo un punto alto en abril de 2021, cuando ardió la sede de Yamana Gold. Sobrevino más represión: una decena de vecinos y vecinas (la mayor parte integrantes de la Asamblea El Algarrobo) fueron apresados durante dos semanas, sin ninguna prueba de haber sido culpables del incendio. En mayo de 2022 también hubo dos represiones en la vecina localidad de Choya, donde cerraban el paso a la minera. El Poder Judicial volvió a criminalizar a los vecinos: hubo decenas de judicializados. No es casual que en Andalgalá se afirma, por el incumplimiento de derechos, de la vigencia de una “dictadura minera”.

Rosa Farías, abuela y parte de Asamblea El Algarrobo, remarca que seguirá la lucha contra la megaminería porque saben que el proyecto MARA pone en riesgo a toda la población de Andalgalá. “No es agradable enterarse de la llegada de PAS, sabemos que es una empresa poderosa y que tiene el aval del Gobierno, ambos hacen como que no existimos, no nos escuchan, pero haremos respetar nuestros derechos, de nuestros hijos y nietos”, advierte.

“Fuera, fuera, fuera las mineras”, es el grito que resuena cada sábado al atardecer en Andalgalá. Desde hace más de 10 años es un rito el caminar alrededor de la Plaza 9 de Julio con decenas de pancartas y banderas que grafican el rechazo al extractivismo. Sergio Martínez resume el pasado y presente: “La megaminería ha demostrado el fracaso en toda la Argentina, no solo con Alumbrera en Andalgalá. No pueden demostrar que no destruyen, que no contaminan y que no nos saquean. Es un sistema de destrucción, contaminación y saqueo que no es viable como modelo de desarrollo para Andalgalá ni para ningún lugar del país”.

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El mismo Martínez aporta un dato más de “las mentiras” de empresas y gobiernos, en base al propio presupuesto oficial: las regalías por la megaminería representan solo el 1,68 del presupuesto provincial. Recuerda que el 1 de julio se cumplieron 700 caminatas en Andalgalá, donde volvieron a flamear dos banderas históricas: “El agua vale más que el oro” y “Andalgalá no se vende. El Aconquija no se toca”.

Pan American Silver es una compañía ya conocida en Argentina y América Latina. Desde hace 15 años intenta la explotación en Chubut el proyecto de plata y plomo llamado Navidad. Contó con el apoyo de todos los gobiernos (provinciales y nacionales), pero no pudo avanzar por el amplio rechazo de la población. Un hecho histórico se dio en diciembre de 2021, con una movilización popular conocida como “el chubutazo”, cuando tras siete días de movilización en las calles (e incluso incendio parcial de la Casa de Gobierno), el gobernador Mariano Arcioni tuvo que dar marcha atrás y restituir las restricciones a la megaminería.

^{Una versión de ese texto se publicó en Página 12}

Radio Tosepan se opone a transmitir propaganda de partidos políticos

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Ñaní Pinto

6 julio, 2023

Habitantes de la sierra nororiental de Puebla, mujeres, niños y los mayores que integran Radio Tosepan y la Unión de Cooperativas Tosepan, se oponen a la imposición del Instituto Nacional Electoral (INE) que, entre otras normas, exige a las radios comunitarias concesionadas, transmitir propaganda de partidos políticos y temas electorales.

Este 5 de julio, los integrantes de la radio pertenecientes al pueblo indígena Masewal, se presentaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Ciudad de México, para presenciar la sentencia respecto a la exigencia de emitir propaganda de partidos políticos en su radio comunitaria.

Esta delegación fue acompañada por una representatividad de personalidades reconocidas del país, quienes presentaron un recurso llamado Amicus Curiae, un escrito u opinión que permite a terceros ajenos al caso brindar otros elementos al órgano judicial para tomar una mejor determinación en cuanto a la sentencia.

En primera instancia, a través de este recurso se apela a razones jurídicas que consideran que son suficientes para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, revoque la determinación que le fue dada el pasado 27 de febrero a la Radio Tosepan Limakxtum, la cual dice “que esta radio indígena está obligada a incluir en su programación los spots de partidos políticos”.

Tomando en consideración que el Pueblo Masewal se ha regido bajo sus valores, sistema normativo y decisiones colectivas, la emisión de mensajes electorales o de partidos políticos son totalmente contrarias a este modo de vida, aseveran quienes firman el Amicus Curiae. Por ello, se precisa en el documento, es importante recordar que el Pueblo Masewal únicamente objeta “la transmisión [en Radio Tosepan Limakxtum] de mensajes de partidos políticos y/o mensajes electorales no contextualizados a las cosmovisiones, sistemas normativos y usos y costumbres de estos pueblos y comunidades”.

Al final, con dos votos a favor de la radio y cuatro en contra, el Tribunal Electoral resolvió denegar la solicitud de este pueblo, ya que no se vulneran los “usos y costumbres del sistema normativo interno”, defendió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien además agregó que, “no se vulnera ningún derecho al transmitir la propaganda de partidos políticos, por el contrario es un derecho a la información para los pueblos”.

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Erick Huerta, abogado de REDES A.C., quien acompaña a la comunidad Masewal, considera que la declaración de la ministra “esta plagada de racismo” y asegura que, “ni si quiera leyeron la demanda ni las pruebas que se presentaron, porque el pueblo Masewal no se gobierna por partidos políticos”.

Lo que sigue

Huerta asegura que el pueblo Masewal no va a dar marcha atrás en la negativa de transmitir la propaganda partidista y que por el contrario se preparan legalmente ante posibles multas. “Las comunidades no van a renunciar a la autonomía, porque no necesitaron al Estado para tener sus radios, ya que fueron un reconocimiento posterior a su existencia. Entonces prefieren renunciar a la concesión antes de aceptar renunciar a la autonomía”, sostiene Huerta en entrevista para Avispa Mídia.

El pueblo Masewal se ha apegado a los llamados Acuerdos de San Andrés, originados a raíz del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, mediante el cual la llamada Comisión de Concordia y Pacificación presentó, en el año 2000, una iniciativa de reforma constitucional al artículo 2 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Con esta reforma se incorporó, por primera vez, el reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación propios.

Por su parte, los integrantes de Radio Tosepan Limakxtum emitieron un comunicado con ocho puntos donde remarcan que “la autonomía no es algo que te puedan dar: es algo que se construye. Nosotros llegamos aquí porque nuestra comunidad es autónoma y nuestra radio también. Porque, a pesar de lo que diga el Tribunal, somos y seguiremos bajo nuestros sistemas normativos construyendo el yeknemilis (la vida buena)”.

Además, los indígenas señalan que con esta sentencia se “pone en riesgo la credibilidad de la concesión como mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y desalienta a muchas radios indígenas, que miran con desconfianza esta vía y que, por ello, continúan haciendo comunicación sin optar por este trámite, que lejos de proteger su ejercicio, como en este caso, lo está condicionando”.

Al final, han puntualizado que su lucha legal aún continúa por otras instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se apegan al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de derechos y cultura indígena.

“Como decía una compañera: al Estado le gusta la autonomía cuando es de papel, cuando es folclórica y capitalizable; cuando se ve en nuestras danzas, pero no en nuestro sistema político; en nuestra variedad gastronómica, pero no en nuestra diversidad normativa. Lo primero es un orgullo, lo segundo es una afrenta contra su forma de entender la democracia”, arremeten los indígenas del pueblo Masewal.

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