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Entre la guerra de cárteles en Chiapas, Rolando, comisariado ejidal, desapareció por defender su pueblo

Esta es la tercera entrega de la serie Chiapas: Desaparecer en la Frontera Sur de México, producida por Avispa Mídia. 

La disputa entre grupos criminales ha cambiado la cotidianidad de pueblos y comunidades en el estado de Chiapas, de manera particular, de poblaciones de la Sierra Madre de Chiapas, fronterizas con Guatemala como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.

En la primera entrega de esta serie presentamos una contextualización del conflicto que ha iniciado por lo menos desde 2018 y ha explotado en los últimos meses.

En los textos que siguen, el objetivo es mostrar el rostro de las estadísticas que apuntan centenas de muertes y desaparecidos. En la segunda entrega, trajimos la historia de Armando Agustín, un taxista de Ciudad Cuauhtémoc que desapareció mientras trabajaba. Su familia sigue en su búsqueda.

Ahora, presentamos la historia de Rolando Rodríguez Morales, el Comisariado ejidal de Sinaloa, municipio de Frontera Comalapa, que desapareció después de proteger a su comunidad.

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En julio de 2022 se intensificaron los hechos violentos en el ejido Sinaloa, municipio de Frontera Comalapa. El día 15, las niñeces se encontraban en la escuela cuando se escucharon las detonaciones de armas de fuego. 

Los docentes de la escuela primaria Emiliano Zapata Salazar trataron de tranquilizar a las y los alumnos que lloraban de miedo. Mientras hombres armados entraron a las viviendas a realizar disturbios, dañaron la producción y el comercio de muchos.   

Al ver la situación el Comisariado ejidal, Rolando Rodríguez Morales, decidió pedir ayuda a los militares. En menos de una hora regresó acompañado de los uniformados que lograron disipar el enfrentamiento que se suscitó por una supuesta traición entre grupos locales pertenecientes al cártel de Sinaloa, que en el ejido reconocen como "los mayos" y "los chapos" (aludiendo a los líderes). 

El ejido Sinaloa se localiza a 23 kilómetros de San Gregorio Chamic, a 61 de la cabecera municipal de Frontera Comalapa y 53 del municipio de Chicomuselo. Es decir, es otro de los puntos estratégicos en las rutas que se disputan los grupos criminales en la Sierra Mariscal de Chiapas. 

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Rolando Rodríguez Morales, el Comisariado ejidal de Sinaloa, municipio de Frontera Comalapa

La piedra en el zapato 

Pero el día del enfrentamiento entre cárteles (julio 2022), Rodríguez se convirtió en “la piedrita en el zapato, porque los hombres armados lo vieron llegar con los militares” y las amenazas comenzaron, dijo vía telefónica, Luis Moguel, habitante del lugar. 

Además de ser Comisariado, también se dedicaba a la renta de internet y el 20 de septiembre, del mismo año, debía pagar el servicio, por lo que a las 11h salió rumbo a Comitán de Domínguez, a 71 kilómetros de distancia, a pesar de que su esposa le pidió no hacerlo.

Para no gastar mucha gasolina decidió usar el transporte público, pero avisó a su familia cuando llegó y salió de Comitán. Alrededor de las 17h dijo que se encontraba en el transporte en San Gregorio Chamic y, en el último mensaje, mencionó que en el lugar había personas sospechosas. 

A los 10 minutos intentaron comunicarse con él y no respondió más. Algunas personas del mismo ejido que iban a bordo relataron que el transporte avanzó unos metros de la terminal y hombres armados gritaron en varias ocasiones: ¡Rolando, bájate!

El Comisariado, de entonces 45 años de edad, pidió auxilio, pero el miedo paralizó y nadie pudo hacer nada. Lo bajaron a fuerzas, lo golpearon, quedó inconsciente y se lo llevaron. Pero la violencia contra la familia no se quedó ahí y el crimen organizado comenzó a vigilarlos.

Acecho y la indefensión 

La familia de Rolando Rodríguez Morales puso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas hasta 24 horas después del hecho, debido a que la autoridad los mandó de Frontera Comalapa a Comitán y viceversa. Después, solo emitió una fecha de búsqueda y nunca investigó. 

La gente que se llevó al Comisariado tampoco hizo contacto para negociar, por el contrario, la familia escribió al teléfono móvil que se llevó con él, y pidió que fuera liberado, también prometió irse muy lejos. Los mensajes fueron recibidos, pero nunca hubo respuesta.

Cuatro días después de la desaparición de Rodríguez, integrantes de la Unión de Ejidatarios exigieron su libertad y presentación con vida con una protesta-bloqueo en la vía que conecta el ejido con San Gregorio Chamic, en el mismo municipio. 

En la manifestación pacífica, pidieron la intervención de las fuerzas armadas de la nación para regresar la paz a la región Sierra. Tampoco fueron escuchados. Ese día los militares no brindaron seguridad a los manifestantes a pesar de la solicitud que hizo la propia familia.

En lugar de escuchar las peticiones de la población, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) cambió a todo el personal de la zona, así mismo, a quienes acudieron al llamado del Comisariado, el 15 de septiembre de 2022. 

Todo esto ocurrió, pese a que la familia logró hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo). Para contactar a Amlo, tuvieron que viajar al estado de Puebla, en el centro del país, donde tenía actividades públicas. Entre empujones entraron al recinto en el que se encontraba y le dieron a conocer la violencia y desapariciones en el ejido. Entonces Amlo se comprometió a brindar un apoyo que nunca llegó.  

La esposa e hijos de Rolando Rodríguez Morales quedaron en estado de indefensión y decidieron abandonar el ejido y, en el camino, uno de los integrantes recibió una alerta de que estaban intentando geolocalizar su teléfono móvil. 

Por más de tres meses, las amenazas de muerte continuaron a través de llamadas y mensajes de números con clave-lada de Jalisco, Michoacán y Sinaloa. Les exigían quitar la denuncia ante la Fiscalía. “Tuvimos que irnos y sufrimos porque sentimos que lo abandonamos, cuando lo único que queríamos era buscarlo hasta por debajo de las piedras”, agregó.

Pero de estos sucesos narrados también se desprenden las desapariciones forzadas del agente municipal Roberto Gómez Hernández y dos de sus hijos, Josefa Gómez Cruz y Aric Adonay Gómez Cruz.

La noche del 27 de abril de 2023, un grupo armado ingresó de forma violenta al domicilio del agente municipal que, siete meses antes, encabezó la búsqueda de Rolando Rodríguez Morales. Estas desapariciones ocurrieron muy cerca de bases militares que, según el discurso federal, se instalan para proteger a la población. 

Prohibida la pirotecnia 

Desde ese 15 de julio en el ejido Sinaloa se prohibió la pirotecnia, pues las infancias se alteran al escuchar los estruendosos sonidos que relacionan con las detonaciones de explosivos y armas de fuego. 

A las 17h del día las personas se encierran en las viviendas, nadie sale a jugar basquetbol, a comer tacos o sentarse en el parque central. “En un festival para las madres llegaron hombres armados a la escuela y las actividades se tuvieron que suspender porque los niños tenían mucho miedo”, recordó María Elena, habitante de Sinaloa. 

“Si las personas humildes no nos metemos con ellos no deberían meterse con nosotros porque nos arrebatan nuestro patrimonio, nuestra tranquilidad, nuestro hogar y eso es muy injusto”, insistió la mujer que tiene tres hijos pequeños, todos con miedo de morir por alguna bala perdida o intencionada. 

La economía del ejido se mueve por la ganadería y la agricultura, pero desde que los grupos delincuenciales entraron a la región, los campesinos son constantemente hostigados y amenazados para realizar otras actividades. Como lo sucedido en la localidad de Quespala, donde un grupo de personas fue convocado para impedir la entrada del ejército en mayo de 2023, cuando la región padeció una semana de violencia generalizada y desapariciones forzadas. 

Julián Gamez, agricultor, explicó, “no es que la gente no quiera que entren los militares, se tiene miedo, los amenazan para que vayan a bloquear y tienen que ir mujeres y niños, porque si no nos dan permiso de vender maíz y de eso se vive”. 

En el ejido Sinaloa se repite lo que ocurre en Ciudad Cuauhtémoc, como se reportó en la segunda entrega de esta serie, los pobladores señalan varios casos de desaparición, pero las familias temen denunciar y no tienen protección de ninguna autoridad.

*Los nombres de las personas que accedieron a dar testimonios fueron modificados por razones de seguridad.

Tianguis Literario Autónomo, alternativa a la Feria Internacional el Libro de Oaxaca

Trece editoriales independientes, librerías, escritores, gestores culturales y encuadernadores, todos de Oaxaca, México, se suman para autogestionar la tercera edición del Tianguis Literario, Autónomo y Popular, que tiene inicio el 14 de octubre, mismo día de arranque de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (Filo).  

La idea de sus organizadores es conformar un espacio alternativo a la Feria Internacional, donde sea posible espejear la diversidad de voces y cultura del estado de Oaxaca, haciendo frente al monopolio empresarial, formado por Almadía-Proveedora Escolar-Fondo Ventura, que tomó cuenta de la feria, argumentan. 

“A pesar de las buenas intenciones que pregona, no deja de ser lo que es: un negocio privado en donde el acceso a proyectos y editoriales locales se restringe a los beneficios económicos y políticos de sus promotores”, señalan los organizadores del tianguis en un manifiesto.

La feria, dirigida por el empresario Guillermo Quijas-Corzo y su esposa Vania Reséndiz Cerna, tiene un presupuesto de 8 millones de pesos, de los cuales 65% proviene de fondos públicos de los tres niveles, informan. “La Filo es un instrumento de un particular, sustentado por dinero público, para los fines comerciales, empresariales, de networking y relaciones públicas, de este particular (Quijas-Corzo), que ya está aprovechando esta coyuntura sumamente provechosa para aumentar las operaciones de su editorial (y otros productos) en España, con la fachada de ser una iniciativa ‘independiente’ y ‘rebelde’”, dice el manifiesto.

El cobro por un entande es de 17 mil pesos, informan. “Aquí nadie tiene condiciones de costearlo”, sostuvo el escritor Kurt Hackbart, que también hace parte de Matanga Taller Editorial, durante una rueda de prensa. “Se crea una feria que es de Oaxaca, pero no es para Oaxaca”, añadió.

En esta tercera edición del tianguis, señalan sus organizadores, se presenta la necesidad de reflexionar ya no sólo respecto a la apropiación de recursos materiales y simbólicos del pueblo por parte de los grupos de poder, sino también respecto a la apropiación de sus resistencias, luchas y esfuerzos.

En este sentido habrá una serie de conversatorios que dicen respecto a las resistencias de los pueblos como, por ejemplo, la resistencia contra proyectos de infraestructura, como el Corredor Interoceánico. También se platicará sobre defensa de territorio, racismo y violencia contra las mujeres y contra la diversidad de género. “Necesitamos de foros que hablen de estos temas. En la Filo impera asuntos mediáticos”, sostuvo Hackbart.

Lo que se busca construir es un espacio de reflexión, pero también de acción. “Es un espacio para escuchar y, junto con las colonias y los barrios, generar agendas de trabajo. No es solamente presentar libros, sino que también es decidir lo que se puede hacer en concreto”, considerando la realidad que se vive, aclaró Luis Ángel Tapia, Colectivo Editorial Ocho Trueno.

En San Martín Mexicapan, en Oaxaca, por ejemplo, el tema de la seguridad es una constante y las colonias se están organizando, formando guardias vecinales. “Hay compañeros que se dedican a la cultura que han hecho proyecciones de películas acompañando estos esfuerzos. También vemos como las iniciáticas culturales y artísticas se suman a estas inquietudes, a estas iniciativas populares de organización que nacen en barrios y colonias”, afirma Tapia.    

Además de venta de libros y conversatorios, el tianguis contará con la venta de comida, música, talleres destinados a la infancia, grabados, impresión de playeras y trueques de libros. 

“Procuramos manejar precios locales, sabemos que estamos enfrentando un contexto de gentrificación y de desplazamiento en la ciudad de Oaxaca, y ante eso una de las propuestas como librerías es aminorar los costos para la comunidad local”, sostuvo Jorge González, de El Burrito Librería.La tercera edición del Tianguis Literario, Autónomo y Popular se realizará en los días 14 y 15 de octubre, entre 12h y 20h, a pocos metros de la Filo, en la calle La Laguna de Alvarado, 110, Colonia el Bajío, Santa Lucia del Camino. La primera edición se dio en noviembre de 2022, y la segunda en abril de 2023; todas autogestionadas. 

SEDENA suma más de 3 mil militares para blindar Tren Maya en Quintana Roo

El pasado viernes (6) el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó en Quintana Roo, durante la conferencia matutina que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Guardia Nacional ya tiene 2 mil 454 elementos en esta entidad y “tendrá tres mil 200 guardias nacionales adicionales”, para cubrir la seguridad del Tren Maya y para que las “obras se ejecuten en paz”.

En total son 6 mil 694 elementos federales en Quintana Roo que actualmente cuidan las obras del Tren Maya. Además de la Guardia Nacional, también hay presencia de 1 mil 598 elementos del Ejército y Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina, 1 mil 896. 

A ello se suman 658 elementos de la policía estatal, 4 mil 339 de las policías municipales. “Tenemos un total de 10 mil 110 elementos operativos realizando trabajos de manera coordinada”, con el gobierno de Mara Lezama, desde el primer día de su administración, dijo Cresencio Sandoval. 

De los elementos de la Guardia Nacional se desprende el llamado batallón turístico conformado por 550 integrantes quienes ejecutan un plan que desarrolló el gobierno de esta entidad en conjunto con Sedena para protección a turistas. 

Hasta el momento Quintana Roo tiene una coordinación estatal de la Guardia Nacional y cuatro coordinaciones regionales que están ubicadas en Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco y Solidaridad. Además, se tiene proyectada la construcción de una base de operaciones más en Benito Juárez.

Así mismo, el secretario de la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) agregó que a la estrategia de seguridad en la región se suman 3 nuevas bases aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana y 5 aeronaves destinadas exclusivamente para la seguridad del tren, así como el uso de drones. “Esas aeronaves estarán haciendo recorridos en todo lo que es la trayectoria y estarán desplegados también en lo que es las bases aéreas que se consideraron dentro de este proyecto”, señaló el secretario.

Para endurecer la seguridad de este megaproyecto, el cual está provocando una reconfiguración del territorio y las relaciones sociales cotidianas, también se agrega una inversión de 2 mil millones de pesos para la adquisición de 689 unidades vehiculares, 507 chalecos balísticos y un helicóptero para el fortalecimiento de la seguridad de la población, declaró Cresencio Sandoval. 

Emergencia humanitaria en México es resultado de la política migratoria de EEUU

Foto de archivo. Migrantes esperan autobús en la terminal camionera. Por Santiago Navarro F

Los albergues y organizaciones de la sociedad civil que atienden y acompañan a personas migrantes y con necesidades de protección internacional denunciaron que la Ciudad de México vive una emergencia humanitaria, “producto de las políticas migratorias restrictivas que actualmente se implementan, que son insostenibles”, manifestaron en un comunicado. 

Desde hace dos años las organizaciones y albergues han venido señalando las consecuencias de los cambios en la política migratoria estadounidense y la colaboración del gobierno mexicano en dicha política. “México se ha consolidado como la frontera externalizada de Estados Unidos: firmando acuerdos en la total opacidad, que han tenido graves consecuencias en los derechos humanos de las personas migrantes en territorio mexicano. A raíz de estos acuerdos, miles de personas se quedan atrapadas, irregularizadas e inmovilizadas en cada vez más ciudades de todo el país”, dicen.

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La Ciudad de México se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito y destino de miles de personas migrantes. Lo que ha derivado en la sobresaturación de los albergues y espacios de acogida de la sociedad civil, que desde hace un año han estado atendiendo hasta en un 900% de su capacidad instalada. “Insistimos: la crisis humanitaria que actualmente se vive en la Ciudad de México es responsabilidad de las autoridades y no de las personas migrantes y solicitantes de protección”.

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Señalan que cada vez más las personas que llegan a la Ciudad de México permanecen por estancias largas e incluso indefinidas, lo que convierte a la capital en un lugar de destino y “amerita políticas públicas integrales de atención e integración”.

 Denuncian que las políticas de contención restrictivas enfocadas en la persecución y detención de las personas migrantes, y en obstaculizar los procesos de regularización migratoria, generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad para ellas, como ha sucedido en los últimos años con los múltiples accidentes en tráilers. 

Dichas políticas han incluido acciones ilícitas como el impedir, vía las empresas de transporte privado, que a las personas sin documentos para una estancia regular en el país se les vendan boletos para trasladarse en aviones o autobuses por el territorio nacional. 

Esto ha obligado a las personas a buscar trasladarse por el tren y otras rutas, como los tráilers, controladas por redes del crimen organizado “que operan con la anuencia, e incluso participación de autoridades”. 

Las organizaciones señalan que “ha habido una disposición al diálogo con las autoridades de la Ciudad de México”, sin embargo consideran que las “reuniones consisten en una simulación en donde se dan apoyos mínimos a la situación, que continúan recargando la responsabilidad sobre la sociedad civil”.

Además, han registrado situaciones de maltrato e incluso abusos como cobros ilícitos en espacios que las autoridades han habilitado. “Todo ello ha derivado en que las personas se vean obligadas a estar en situación de calle, pernoctando alrededor de albergues, instituciones gubernamentales, iglesias, hospitales y terminales de autobuses. Situación que les coloca en mayor vulnerabilidad, al tratarse de familias con niñas, niños y adolescentes que están expuestas a riesgos como el tráfico de menores”, afirman. 

Esta situación “propicia tensiones con las comunidades locales y deriva en situaciones de discriminación y xenofobia hacia las personas migrantes”. 

Entre las demandas de las organizaciones están la transparencia y rendición de cuentas en los acuerdos migratorios de México con Estados Unidos, además de programas adecuados e integrales de regularización migratoria y atención a las necesidades específicas de protección que permitan vías para que las personas migrantes accedan a documentos de residencia permanente. 

Las organizaciones y albergues que firman el comunicado: Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y sus Familias Migrantes (Cafemin), Casa Tochan, Casa Peñas, Albergue Constitución, Asociación de Nicaragüenses en México, Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C., Colectivo Ustedes Somos Nosotros, Fundación Humano y Libre, Plataforma Todos Somos Venezuela, Programa Casa Refugiados, Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Apelación pone en riesgo los avances del proceso de Simón Pedro

En portada: Miembros de las Abejas de Acteal se manifiestan en las instalaciones del juzgado que lleva el caso por el asesinato de Simón Pedro.

El martes 4 de octubre inició la audiencia de apelación para que el Poder Judicial del Estado de Chiapas revise la sentencia condenatoria emitida contra Hugo Rolando “N”, autor material del asesinato del defensor de derechos humanos, Simón Pedro Pérez López, integrante de la organización Las Abejas de Acteal, en Chiapas, asesinado el 5 de julio de 2021.

“Encontramos que en el proceso hay suficientes pruebas de responsabilidad pero estamos en un momento de riesgo, de reversión en la justicia, porque en ese pequeño avance hay una apelación”, explicó Mario Ortega coordinador del área de Sistematización e Incidencia del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

La deliberación será el próximo 9 de octubre y son tres los escenarios a los que podría enfrentarse la familia del defensor, dos de ellos pueden derivar en la liberación del detenido o la reposición del procedimiento. El tercero, sería la ratificación de la sentencia condenatoria.

En caso de la reposición del proceso tendrían que fechar, de nueva cuenta, todas las audiencias ya realizadas, lo que representaría más revictimización tanto para la familia como para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que durante dos años han enfrentado el desgaste económico y psicológico.

Simón Pedro fue asesinado en el mercado público de Simojovel y, desde que se inició el proceso judicial, las organizaciones acompañantes identificaron esta estrategia de desgaste, por ejemplo, por los traslados que debe hacer la familia para acudir a las audiencias al Juzgado del Ramo Civil de Pichucalco, en la zona Norte de Chiapas.

“Las audiencias no se llevaban a cabo en las fechas en las que estaban programadas”, agregó Ortega, y en algunos casos fueron suspendidas por falta de presencia del acusado, que se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El amate”, que se localiza en la región Centro, a casi cinco horas de distancia de Pichucalco.

Esta situación implicó que testigos vivieran un proceso de revictimización, “ahora, en caso de reposición del proceso implicaría volver a atestiguar, acudir a las audiencias y para la familia significaría, también, escuchar de nuevo la historia tan lacerante y no poder encontrar la justicia”, detalló el representante de Frayba.

Juan Pérez López, padre del defensor, relató en una entrevista previa que en los días de audiencia tienen que viajar seis horas de la comunidad Nueva Israelita, Simojovel, a Pichucalco. A veces parten un día antes, lo que implica tiempo, dinero y frustración cada vez que cancelan sin previo aviso, “nos toman como objeto, como si no fuéramos seres humanos”.

Por ello, la organización considera que los desafortunados escenarios, antes mencionados, no deben suceder, pues las pruebas presentadas son suficientes para mantener la sentencia de condena, que es lo que buscarán los abogados, que desde el 2021, acompañan el caso.

“La reposición del procedimiento, en muchas ocasiones, es lo que pasa por situaciones más procedimentales legalistas. Se reponen actuaciones y es un escenario recurrente en el sistema de justicia mexicano y chiapaneco”, dijo Ortega que, independientemente de la deliberación, la lucha por la justicia seguirá.

Revivir la historia

Para Juan Pérez López y su familia, es muy importante sacar a la luz a los autores intelectuales del asesinato de Simón Pedro. “Tenemos esa esperanza de justicia, esperamos lo que siga, no se termina aquí”.

Hasta ahora la sentencia de 25 años de cárcel para el autor material Hugo Rolando “N” es justicia parcial, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas se negó a aportar elementos de prueba para demostrar que el crimen tuvo un móvil por la labor de Pérez en la defensa de los derechos humanos.

Simón Pedro Pérez López (centro) durante ceremonia en Acteal. Foto de Luis Enrique Aguilar

El hecho ocurrió después de que denunció ante instancias del gobierno a morenistas vinculados al actual gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, por violencia en la zona Altos de Chiapas. “Aquí digamos que la gran dificultad es que la Fiscalía no quiso involucrarse, para ellos fue más fácil verlo como un asunto de homicidio”, explicó Mario Ortega.

Para la familia es importante que el Estado reconozca de dónde vino este hecho, pero la Fiscalía tampoco ha tenido interés por indagar sobre la autoría intelectual del delito y, a decir de Frayba, prácticamente le dieron carpetazo a la investigación.

Esta falta de visión de protección y apoyo a las víctimas ha sido una constante en este y muchos otros casos por parte del sistema judicial chiapaneco. El Frayba ejemplificó con el caso de la masacre de Acteal, en el que los autores materiales fueron detenidos y después liberados en diferentes momentos y de forma paulatina.

En la actualidad no hay ningún responsable sometido a ningún proceso lo que impacta en la memoria colectiva de las Abejas de Acteal.

La organización acompañante solicitó a los magistrados Abel Bernardino Pérez, Marco Antonio Centeno Núñez, Luis Raquel Cal y Mayor Franco, del Tribunal de Alzada Región Tres, “ponderen el derecho a la verdad y la justicia”.

Las Abejas de Acteal al igual se pronunciaron, “si lo liberaran sería muy cínico, sospechoso y se evidenciarían públicamente como parte de la red de jueces corruptos que venden la justicia ‘por dinero’, al que puede comprarla, porque conocemos personas pobres e inocentes, que están en la cárcel por delitos fabricados, pasan años o mueren sin ser liberados”, porque no pueden pagar el valor de la justicia.

Los pueblos del mundo preparan movilización el próximo 12 de octubre

En portada: Pueblos indígenas de los Altos de Chiapas reunidos para celebrar la integración de sus representantes al Concejo Indígena de Gobierno en julio del 2017. Foto: Medios Libres Chiapas

El Congreso Nacional Indígena (CNI) conmemorará el 12 de Octubre, día de su 27 aniversario, con una acción global para exigir el alto a la guerra contra los zapatistas y los pueblos originarios de México y del mundo. “Nosotros los pueblos no tenemos que festejar, sino decir que seguimos en lucha, resistiendo y diciéndole al gobierno que no vamos a vendernos ni a claudicar”, dijo para Avispa Mídia Isabel Valencia de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, e integrante del CNI.

Son varios los pueblos de México y el mundo que se unirán a la convocatoria del CNI para participar, desde sus trincheras, en esta acción dislocada. El llamado sigue y se dará a conocer con mayor detalle en el Foro “Militarización y despojo contra los pueblos originarios” que se realizará a las 16hrs del sábado, 7 de octubre, en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’, en la Ciudad de México y en las redes sociales de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

Se adelantó que el 12 de octubre las actividades iniciarán a las 9hrs en la Casa de los Pueblos, para que las comunidades reunidas en la Ciudad de México hablen sobre lo que ocurre en todo el territorio mexicano. Habrá también una rueda de prensa y, después, a las 16hrs iniciará la marcha que partirá del Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo.

Además de las acciones simultáneas en otros puntos del mundo, “queremos vernos, ser visibles y llamar a todos los pueblos que luchan y resisten para decirles que aquí estamos resistiendo y luchando junto con el Congreso Nacional Indígena porque el gobierno no nos quiere ver, pero somos muchos”, agregó Isabel.

Para el CNI alzar la voz siempre ha sido una necesidad, ahora más con el contexto actual de los territorios de los pueblos originarios que tienen presencia del Ejército y el crimen organizado, “el narco Estado, pues entre todos ellos se comete el despojo”.

En este tenor, Isabel recordó los asesinatos y amenazas en Ostula, Michoacán, o el grave panorama de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Querétaro, Morelos o Puebla, donde el Ejército es parte de las intimidaciones contra quienes denuncien despojos y otras violaciones a los derechos humanos.

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“Es muy preocupante todo lo que ahorita el gobierno está haciendo. Si vas a hacer una denuncia no procede, no te hacen caso, y es ahí donde decimos no hay justicia para los pueblos, no hay justicia porque no nos escuchan”, destacó.

Por ahora, la denuncia pública es la mayor arma de quienes están en la defensa de la vida, pues a través de ésta se ha conocido la devastación ocasionada por el Tren Maya en las comunidades, así mismo, la violencia criminal que rompe la tranquilidad de las comunidades.

El tema de las desapariciones de jóvenes en diferentes puntos de México se habla en los conversatorios, refirió Isabel, “y en muchos casos son niños… es impresionante, porque hasta ahorita tampoco sabemos nada de los 43 normalistas desaparecidos precisamente por el Ejército, aunque digan que no, no pueden actuar los de abajo si los de arriba no ordenan”.

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Ahora, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, el paisaje no es alentador, pues el gobierno continúa con “el dedazo” y las viejas prácticas de los partidos políticos, “lo mismo” pero con un falso discurso de izquierda y a favor de los pueblos. “Definitivamente estamos viendo que la lucha es por el reordenamiento territorial y pues lamentablemente para nosotros como pueblos originarios, ahí entran las transnacionales con los megaproyectos”.

En voz del CNI, Isabel hizo hincapié que seguirán derrumbando el hermetismo sobre la verdad y los repetitivos discursos que señalan a los pueblos como responsables de las violencias y los conflictos, “como sucede en Chiapas, donde el discurso de arriba justifica la guerra como una disputa territorial entre pueblos indígenas”.

Las y los participantes en las actividades de la acción dislocada del próximo 12 de octubre podrán registrarse en cnicomunicacion@gmail.com