En portada: Durante conferencia de prensa, representantes de comunidades mayas celebraron la resolución que les restituye sus tierras y derechos agrarios. Foto: Theani Vianey
Este lunes (11), la comunidad maya de Celestún, en Yucatán, informó sobre la resolución de una controversia agraria, la cual ordena la restitución de tierras a 72 ejidatarios despojados ilegalmente de sus derechos agrarios por el Grupo Porcícola Mexicano SA de CV (Kekén), el mayor productor de carne de cerdo en México.
Mediante conferencia de prensa, contextualizaron que esta victoria está relacionada al despojo de 3,513 hectáreas de tierras de uso común en Celestún. Explicaron que el Comisariado Ejidal, asesorado por el licenciado Rafael Acosta Solís, firmó el 28 de abril de 2019 un convenio confidencial con Kekén cuya consecuencia sería el despojo de sus tierras de uso común y sus derechos agrarios.
Los ejidatarios denunciaron que el acuerdo les obligaba a mantener estricta confidencialidad respecto de cualquier información que les proporcionara la empresa. También que la empresa intentó legalizar el convenio mediante el Tribunal Unitario Agrario, “pero el 21 de noviembre de 2019 dicho Tribunal ‘resolvió improcedente calificar de legal y aprobar el convenio aludido, esencialmente porque con su suscripción dicho núcleo agrario [Celestún] pareciera que pierde la superficie de 3,513 hectáreas’”, contextualizan mediante comunicado.
Los habitantes de Celestún acusaron que, durante 2019 y mediante engaños, Rafael Acosta les convenció para aceptar un pago de 12 mil pesos por ejidatario, consecuencia de una supuesta victoria de la comunidad maya en un juicio contra Kekén, debido a que desde 2012 exigen el retiro de la megagranja porcícola que está ubicada en las proximidades. Los ejidatarios sostienen que, a cambio de la firma del convenio, Rafael Acosta recibió, de parte de la empresa, un pago de casi un millón y medio de pesos.
A cambio, les solicitaron la firma de documentos en blanco. “Luego usaron nuestras firmas para quitarnos nuestros derechos ejidales, afirmando falsamente que habíamos renunciado. Afortunadamente, la sentencia concluye que se nos engañó para firmar esos papeles y nunca dimos nuestro consentimiento para que se nos despojaran nuestros derechos, y ordena que se nos devuelva la condición de ejidatarios”, afirma Héctor Arsenio del Ángel Ávila, representante común de los ejidatarios de Celestún.
Durante conferencia de prensa, representantes de comunidades mayas celebraron la resolución que les restituye sus tierras y derechos agrarios. Foto: Theani Vianey
Según Ávila, la sentencia actual demuestra la nulidad de los escritos impugnados por los ejidatarios, pues el despojo de sus derechos ejidales atenta contra diversos artículos de la Ley Agraria, el Código Civil Federal y otras normativas.
“La sentencia también refleja la complicidad del notario Raúl Pino Navarrete, titular de la Notaría 76 de Yucatán, que fue también demandado por los ejidatarios en este juicio, y que protocolizó las renuncias de derechos declaradas como nulas por el Magistrado Dr. José Lenin Rivera Uribe”, divulgaron los ejidatarios.
Por su parte, Saúl Rodríguez Gutiérrez, ejidatario de Celestún, aseguró que nunca estuvieron de acuerdo con la entrega de tierras a Kekén, ni con la participación de Solís como asesor legal del ejido. “Con esta sentencia, salen a la luz los actos ilegales cometidos por este abogado y por comisariados ejidales corruptos. Kekén nos está despojando de nuestras tierras de uso común y afecta nuestra salud con la contaminación del agua provocada por su megagranja. Esta sentencia nos alegra y anima a continuar con más acciones legales para la defensa de nuestro territorio, hasta lograr el cierre de la megagranja y la recuperación de nuestras tierras de uso común.”
Comunidades frente al despojo
En la rueda de prensa también participaron representantes de las comunidades mayas de Kinchil, quienes señalaron afectaciones por contaminación y despojo de tierras realizado por la empresa Kekén. Matilde Edilberta Dzib Dzul, del Colectivo Cantukún e integrante del Consejo Maya del Poniente, enfatizó el procedimiento fraudulento mediante el cual la empresa cometió el despojo.
“Se otorgaron las tierras a prestanombres de Kekén que ni siquiera viven en la comunidad, en lugar de a las familias campesinas y apicultoras que siempre las hemos trabajado y conservado”, sostiene Dzib Dzul, habitante de Kinchil.
Ella también enumeró las graves afectaciones ambientales en la comunidad maya. Entre varias, la contaminación del manto acuífero derivada de las excretas de los cerdos, así como del amoniaco de los orines que afectan la salud de todos los habitantes.
“Vemos cada vez más cólicos, cáncer y otras enfermedades. El gobierno solo piensa en las ganancias de sus aliados en Kekén y otras empresas, y le da igual el precio que pagamos las comunidades mayas, al quedarnos sin tierras, sin selva, sin nuestra producción y modos de vida, y con toda la contaminación y los efectos a la salud”, sostiene.
Dzib Dzul resaltó las consecuencias negativas a la producción de miel, actividad a la cual se dedican los habitantes de la región. “En mi familia somos apicultores, y la empresa Kekén ha deforestado y afectado a nuestra actividad, la cantidad de miel se ha reducido y hemos perdido certificaciones orgánicas por el impacto de la granja. ¿Será posible que esto los gobiernos no lo vean? Debemos defender nuestra tierra y nuestras actividades y formas de vida como pueblo maya”.
Federico de Jesús May Cuitún, productor de chile orgánico de Kinchil, aseguró que su comunidad también sufre las mismas amenazas que Celestún. “La noticia de Celestún es una fuente de esperanza para nosotros, nos motiva para seguir luchando por la defensa de nuestras tierras. Además de la megagranja de lechones de Kekén, en nuestro territorio hay también una granja de engorda de cerdos que añade más contaminación a los mantos freáticos. Es increíble que se autorice esto en una zona con un acuífero tan vulnerable. Nuestra agua se llena no solo de estiércol, sino también de antibióticos y productos químicos tóxicos”, aseveró.
Otra de las amenazas, refiere Cuitún, está relacionada a los tratos que los comisariados ejidales realizan a espaldas de la comunidad maya, donde también existen intereses de la industria inmobiliaria para despojarles de 5 mil hectáreas de tierras.
“Están usando a otra comunidad para robarnos nuestras tierras como prestanombres para que caiga en manos de inmobiliarias y proyectos contaminantes. Hemos escuchado que Rodrigo Vega y Armando Ceballos están vendiendo estos proyectos a inversionistas, como si la tierra fuera de ellos. Estamos en riesgo de perder gran parte de nuestro territorio y la gran riqueza natural que tenemos por culpa de la ambición desmedida de políticos y comisarios ejidales, a quienes los especuladores sobornan para apropiarse de nuestras tierras”, denuncia el habitante de Kinchil.
En el anuncio de la victoria de los ejidatarios de Celestún también participaron miembros de la comunidad maya de Ixil, quienes alertaron por el intento de despojarles de sus tierras colectivas.
De acuerdo al testimonio de Ansunción Chi Tejero, el pasado 17 de agosto, más de 300 elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado cerraron los accesos a las tierras de cultivo de la comunidad. “Actuaron con completa impunidad, nunca mostraron documentos, solo un volante de la Fiscalía. Entraron como bandidos, de noche y sin avisar al pueblo, sin orden judicial, solamente porque Chikri Abimerhi solicitó a la Fiscalía que cerrasen el acceso a nuestras tierras”.
Según Tejero, este operativo tenía el objetivo de infundir miedo en la población maya, “pero toda la comunidad está decidida a defender estas tierras. Yo soy uno de los afectados, nuestros sembrados están cerrados por alambre de espinos, tenemos que brincarlos con nuestras herramientas y no podemos entrar con nuestras motos y camionetas. Pero no vamos a abandonar nuestras tierras, pues eso es lo que buscan estos ladrones con la complicidad del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado”.
Alejandra Kantún, miembro de un grupo de mujeres que mantiene un vivero en Ixil, señaló que desde aquel día se les ha impedido el acceso al mismo. En contraste, “funcionarios de la Fiscalía y de la Policía Estatal dejan entrar todo el rato a camionetas sin placas y vehículos con materiales de construcción”, denuncia.
Por ello, los miembros de Ixil convocaron a la población para participar en la marcha del próximo sábado 16 de septiembre a las 4 de la tarde en Ixil. También a la marcha estatal que tendrá lugar el 30 de septiembre en Mérida con el objetivo de “detener el despojo y defender nuestro territorio y naturaleza”.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado profundizar el proceso de militarización en México de manera inédita, de modo que la actual concentración de tareas civiles en las fuerzas castrenses no podrá ser desmontada fácilmente.
Este es al análisis realizado por parte de la investigación llevada a cabo por la organización no gubernamental Washington Office on Latin America (WOLA), con base en datos públicos del gobierno y en solicitudes de acceso a información pública. Los resultados fueron presentados este mes de septiembre en el informeTransformación Militarizada: Derechos Humanos y Controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México.
El gobierno de López Obrador logró, según el informe, lo que sus antecesores no lograron: aprobar leyes y normativas que garantizan la institucionalización de la militarización. En 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto logró que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, pero fue invalidada en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2018, por pretender normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas civiles.
Por su parte, López Obrador logró una reforma constitucional en marzo de 2019 que, entre otros puntos, brindó a los militares la facultad de realizar tareas policiales hasta 2024, si es que el presidente lo considera conveniente.
En 2020, el mandatario mexicano publicó un nuevo Acuerdo Presidencial mediante el cual ordenó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Hasta ahora la SCJN ha validado la procedencia de este Acuerdo citando el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019. Ya para el año 2022, se decide que la disposición de las fuerzas armadas en tareas policiales se extiende hasta 2028 mediante otra reforma constitucional. Es decir, que quien suceda a López Obrador en el poder, tendrá la posibilidad de hacer uso de las fuerzas armadas en el ámbito civil y administrativo.
Como consecuencia, a través de la reforma constitucional de marzo de 2019 y la posterior aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, en mayo del mismo, se creó la Guardia Nacional (GN) como nueva fuerza de seguridad federal, en sustitución de la ahora extinta Policía Federal entrenada y equipada por los Estados Unidos.
Aunque el artículo 21 de la Constitución dispone que la GN sea “una institución policial de carácter civil”, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los hechos se trata de una fuerza cuya formación, estructura de mando, despliegue territorial mediante cuarteles e identidad institucional son fundamentalmente militares.
De acuerdo con la investigación, existen documentos oficiales que revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió la coordinación operativa de la GN a partir de octubre de 2020.
Para formalizar y profundizar la identidad de la GN como una fuerza armada, López Obrador logró una reforma a la Ley de la Guardia Nacional en septiembre de 2022 para otorgar el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena. Cabe mencionar que dicha reforma figura entre los cambios previstos por esta institución en un esquema más amplio de reestructuración interna dado a conocer en 2021.
Para abril de este 2023, la SCJN invalidó la reforma a la GN por contradecir el texto de la Constitución, al considerar a la GN como una fuerza civil. No obstante, la SCJN otorgó un plazo hasta enero de 2024 para el cumplimiento de su resolución. De cumplirse lo ordenado por la SCJN en ese plazo, presumiblemente la GN seguiría bajo la coordinación de facto de la Sedena.
Militares reconocen “logros” del presidente
El informe menciona el recuento de este proceso que hace el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, quien ilustra cómo las propuestas de las fuerzas armadas encontraron eco en la presente administración federal:
“[En sexenios anteriores] nunca nos dieron lo que siempre, tanto mi general Galván como mi general Cienfuegos, pidieron. En esta administración se dio de una manera fácil porque el señor presidente entendió perfectamente cuál era la necesidad que teníamos para no exponernos y para obviamente tener la facultad legal de actuar. Además, se logró con algo muy sencillo, no con una ley sino con un artículo transitorio que nos da respaldo legal. Con uno, dos o tres renglones, que es lo que abarca ese transitorio, se logró lo que en tantos años no pudimos. […]”.
Despliegues
El despliegue de fuerzas militares y militarizadas se mantiene en niveles históricos, señala el informe. El Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, presentado por las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en mayo de 2023, reporta un despliegue de 79 mil 399 “efectivos de la Fuerza Armada permanente repartidos en el territorio nacional en tareas de seguridad pública”, de los que 59 mil 217 corresponden al Ejército y 20 mil 182 a la Marina.
Si se suma el despliegue de las fuerzas federales en otras tareas, de acuerdo al informe mensual de seguridad del gobierno federal, de junio de 2023, en el periodo que va del 30 de mayo al 12 de junio de 2023, estaban desplegados 109 mil 281 integrantes de la GN y 145 mil 995 integrantes de las fuerzas armadas, dando un total de 255 mil 276 elementos adscritos a Sedena.
La militarización de las tareas policiales también ocurre a través del nombramiento de mandos militares en las instituciones de seguridad estatales y locales, sostiene el informe. López Obrador ha recomendado públicamente a los gobernadores y gobernadoras consultar con la Sedena y la Semar antes de nombrar a las personas titulares de las secretarías de seguridad pública estatales, “para que se tenga personas honestas, íntegras, honestas, repito, incorruptibles”.
En megaproyectos
El gobierno federal también ha asignado una creciente lista de otras tareas civiles a las fuerzas armadas, mediante una serie de acciones y reformas tanto administrativas como legislativas.
Estas tareas incluyen la construcción de megaproyectos o la administración de empresas a cargo de estos, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, aeropuertos, con planes para que pronto empiece a operar una aerolínea militar. Las instituciones militares también controlan puertos y aduanas.
El estudio alerta que al tiempo que crecen sus facultades y su poder, las fuerzas armadas no cuentan con controles civiles eficaces sobre su actuación. Además, México sigue experimentando niveles históricos de violencia, y la gran mayoría de delitos quedan impunes.
En portada: Campesinas y campesinos dentro de la recuperación de la finca El Chile, en las inmediaciones de la ciudad de Tocoa, región del Bajo Aguán. Foto: Santiago Navarro F.
En el Bajo Aguán, Honduras, la disputa agraria convulsiona. Las acciones del gobierno dan señales contradictorias al prometer la restitución de territorios campesinos y, al mismo tiempo, asignar a fuerzas de seguridad para desalojar recuperaciones de tierras que actores de la agroindustria, como la productora de aceite de palma Corporación Dinant, catalogan como invasiones.
La presente cobertura está dividida en dos partes. La primera aborda la represión y criminalización contra el movimiento campesino, que recrudecen, en contraste con la lenta implementación del convenio, firmado el año pasado entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y organizaciones sociales, para dar solución al conflicto por el reparto agrario en el Bajo Aguán, cuyas tierras fueron destinadas a la reforma agraria desde los 70s.
La segunda entrega compartirá un esbozo a la recuperación de la finca El Chile, donde cientos de campesinas y campesinos luchan para forjar alternativas de vida tras décadas de violencia ejercida por militares, grupos armados y seguridad privada de las empresas de palma aceitera.
Como reconoce la administración de Castro, durante los últimos 30 años, empresas y cooperativas campesinas han accionado para la recuperación de tierras que les han sido despojadas de manera fraudulenta.
Además de señalar a Dinant, sobresalen Inversiones Ceibeñas y Oleopalmas de Centroamérica, quienes, de acuerdo a organizaciones como la Plataforma Agraria del Aguán, son las principales responsables de acaparar miles de hectáreas de tierras, en uno de los valles más fértiles de Centroamérica.
Promesas incumplidas
Campesinos del Bajo del Aguán, departamento de Colón, vieron con esperanza el convenio firmado con la presidenta Xiomara Castro, celebrado el 22 de febrero del 2022, para determinar las causas que, desde hace 30 años, dieron origen a las violaciones a los derechos humanos en la región y, con ello, proponer medidas de reparación a las víctimas.
Sin embargo, antes que resolver la violencia del pasado, posterior al acuerdo, las agresiones arrecian contra las representaciones y líderes de empresas asociativas y cooperativas campesinas. Pese a que el Estado hondureño reiteró su compromiso para la implementación de medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitidas desde 2015 para 155 campesinos del Aguán, desde el mes de diciembre del 2022 hasta julio del 2023, han sido asesinados nueve personas vinculadas al movimiento campesino.
Acorde a la Plataforma Agraria del Aguán, firmante del convenio, desde el año 2010 a la fecha han sido asesinados 160 campesinos debido a la disputa por las tierras. Particularmente violento ha sido el periodo tras el golpe de Estado, entre 2009 y 2014, momento en que la CIDH emitió las medidas cautelares, con una centena de homicidios. Ahora, después de la oficialización del acuerdo, la Plataforma denuncia que las empresas de palma aceitera han reactivado la violencia, dando lugar a múltiples asesinatos, persecución y criminalización en contra de quienes reivindican los derechos y restitución de las tierras agrícolas.
Foto: Santiago Navarro F.Foto: Aldo SantiagoFoto: Renata BessiPese a la falta de implementación del convenio con el gobierno de Castro, familias campesinas continúan las recuperaciones de tierra en el Bajo Aguán.
Un año y medio ha transcurrido del acuerdo y las promesas del gobierno para alcanzar la titulación definitiva de tierras a favor de las empresas y cooperativas de organizaciones campesinas aún no se materializan.
Por el contrario, testimonios de la Plataforma Agraria del Aguán argumentan que empresarios de la agroindustria, dueños de enormes plantaciones de monocultivos de palma aceitera en la región, han demostrado su influencia para que el gobierno accione en otro sentido: promoviendo desalojos contra recuperaciones campesinas.
“El poder empresarial quita y pone presidentes”, denuncia Yoni Rivas, integrante de la Plataforma, en referencia a los actores que, con su accionar, obstaculizan el cumplimiento del convenio.
Actualmente, la Plataforma aglutina a 42 cooperativas y empresas campesinas en proceso de recuperación de tierras y, a pesar de los pocos resultados del acuerdo, mantiene diálogos con la administración de Castro para buscar una solución pacífica a la disputa agraria.
Para el 6 de junio del 2023, la presidenta Castro sorprendió con el anunció de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a Tierra, la cual argumentó como necesaria debido “al fracaso histórico en las políticas agrarias y ante el incumplimiento de la Reforma Agraria” en el país centroamericano.
Dicha comisión nació tras una reunión de la presidenta con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) lo cual le configuró con un carácter militar y policial. Este organismo reúne a los tres poderes del Estado, junto al fiscal general y a los ministros de Defensa y Seguridad y opera desde 2011 - promovido por los ex presidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández (JOH), quien enfrenta cargos de narcotráfico en EEUU-, bajo el argumento del combate al crimen organizado.
“El anuncio es una mezcla de medidas represivas y reformistas, que apuntan a restituir en el plazo inmediato el control de algunas fincas a los poderosos agro-exportadores”, argumenta Gustavo Irías, abogado del Centro de Estudios para la Democracia en Honduras (CESPAD).
Irías reflexiona sobre las facultades de la Comisión ante los “desalojos preventivos”, una figura que es parte de las reformas al Código Penal contenidas en el Decreto 93-2021, promovidas por la administración de JOH. “Este Decreto es considerado como uno de los pactos de impunidad que, a más de 15 meses de gobierno, ya debió haber sido derogado, porque favorece la corrupción (con las reformas a ley de lavado de activos) y violenta abiertamente las libertades democráticas de asociación, asamblea y protesta”, señala el director de CESPAD sobre el “marco jurídico criminalizante”, el cual continuará aplicándose en detrimento del movimiento campesino.
Según el abogado, la orden presidencial es clara: “el desalojo inmediato de las tierras ocupadas por las organizaciones campesinas, dejando el espacio a que el Instituto de la Propiedad (IP) determine la legalidad y ‘legitimidad’ de los títulos de propiedad”. Y advierte sobre los protocolos a implementar en los desalojos, que hacen uso de las fuerzas militares y policiales contra familias campesinas.
Aspectos de la recuperación de tierras en la finca El Chile. Pese a la ocupación por familias campesinas, la planta procesadora propiedad de Corporación Dinant se mantiene activa. Foto: Aldo Santiago
La respuesta de la Plataforma y de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), organización que también participa del convenio con el gobierno nacional, fue de condena pues “no incorpora la voz directa de los involucrados y, en nuestro caso, del sector campesino, que hemos recibido el impacto directo de los abusos que por décadas han generado los terratenientes, las empresas agroindustriales, junto a todos los gobiernos independientemente de su color político”.
Para Yoni Rivas, vocero de la Plataforma, la actuación de la Comisión de Seguridad Agraria no contempla la legalidad de las escrituras públicas con las cuales los palmeros pretenden avalar los desalojos en la región del Bajo Aguán, cuyo valle se extiende en una superficie de 200 mil hectáreas y abarca parte de los departamentos de Colón y Yoro.
Rivas argumenta que miles de hectáreas fueron arrebatadas de las manos de campesinos por parte de los empresarios por medio de violencia, intimidación y asesinatos. Sólo la Corporación Dinant asegura contar con 13,300 hectáreas cultivadas con palma aceitera y, en 2022, reporta a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) más de 17 mil hectáreas, entre monocultivos, procesadoras y unidades destinadas a conservación. Hasta principios de 2023, reclama otras “11,700 hectáreas propias que ya se encuentran usurpadas por diferentes grupos que actúan de manera ilegal”.
Seguridad agraria militarizada
“Están llevando a cabo desalojos de una forma acelerada”, acusa Rivas, cuya organización asevera que los operativos, “sin discusiones, diálogo e investigaciones sobre los origenes de los registros de propiedad viola su mandato, por lo tanto, ejecutar los desalojos solo refleja la parcialidad de la justicia y protección de la que gozan las empresas agroindustriales por parte del gobierno”.
Para los campesinos no es coincidencia que los primeros desalojos, atribuidos a las labores de dicha comisión, y ejecutados por el Instituto Nacional Agrario (INA) junto con el ministerio de Seguridad, Policía Nacional y ejército, beneficiaron a Corporación Dinant. Es el caso del desalojo de una finca de palma aceitera ubicada en la aldea El Tumbador en Trujillo, Colón, reclamada por Dinant.
La finca El Tumbador formó parte de las 5,700 hectáreas que, en 1983, el gobierno hondureño cedió al ejército de los EEUU para la operación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), desde donde se dio entrenamiento contrainsurgente a militares salvadoreños, hondureños y los “Contras” nicaragüenses en el contexto de los conflictos armados centroamericanos.
Para 1991, tras el cierre del CREM, los predios de El Tumbador fueron traspasados al INA con fines de reforma agraria, es decir, para sustituir el latifundio y garantizar la justicia social en el campo. Sin embargo, la municipalidad de Trujillo realizó la venta de estos terrenos y, con ello, Corporación Dinant se adjudicó las tierras donde, en 2010, en medio de un intento de recuperación, fueron asesinados cinco campesinos a manos de guardias privados.
De acuerdo a una denuncia, realizada en 2017, por organizaciones agrarias a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las tierras que explota Corporación Dinant en la Finca el Tumbador, que son alrededor de 750 hectáreas, corresponden a 45 empresas campesinas del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), que están dentro del título de propiedad de 5,700.24 hectáreas inscrito en el instituto de la propiedad que fueron adjudicadas al MCA a partir del año 2000”.
Dinant es propiedad de la familia Facussé Barjum que, junto a Inversiones Ceibeñas de Reynaldo Canales, y Oleopalmas de Centroamérica, de René Morales, son los principales productores de palma aceitera hondureña y señalados por el movimiento campesino por ser responsables del despojo de tierras en el Bajo del Aguán.
Con decenas de miles de hectáreas sembradas con palma aceitera, el valle del Bajo Aguán es una región inundada por este monocultivo. Foto: Aldo Santiago
La Plataforma y COPA han señalado anteriormente los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los palmeros, y la actuación de la Comisión de Seguridad Agraria no es la excepción. Preocupa la participación del coronel Elías Melgar, vice Ministro de Defensa, pues las organizaciones campesinas han señalado sus vínculos con la agroindustria, específicamente con la Corporación Dinant y empresas de seguridad privadas como Orion y SION.
Una investigación de The Intercept vincula al coronel, quien estuvo desplegado en el Aguán durante su época más violenta (2009-2013), con actividades de tráfico de drogas y su participación, con elementos del 15 Batallón militar en Río Claro, en operaciones conjuntas con Orion, contratada por Dinant y Oleopalmas para actuar como escuadrones de la muerte.
Plan de asesinato
“Estamos en un listado, si cualquiera de nosotros cae, lo enterramos y seguimos”. Estas fueron las palabras que compartió Omar Cruz Tomé, Presidente de La Cooperativa de los Laureles, a representantes del movimiento campesino reunidos el 16 de enero de este año.
La frase golpea la memoria de Esly Banegas, integrante de la COPA, quien nos recibe en su oficina en la ciudad de Tocoa. En medio del ajetreo de reuniones, Banegas toma un momento para la entrevista en la cual señala la situación de amenaza extrema contra el movimiento campesino del Bajo Aguán. “Dos días después, a él lo estábamos enterrando”, sentencia sobre el asesinato de Cruz dentro de su vivienda en esta ciudad.
Según Banegas, información que han recabado de diferentes fuentes desde finales del 2022, existe la intención de eliminar a los dirigentes de las empresas y cooperativas campesinas para boicotear el acuerdo con la administración de Castro.
Yoni Rivas, acompañado por integrantes de organizaciones campesinas, durante rueda de prensa en la que se alertó sobre los planes para asesinar a líderes del movimiento campesino del Bajo Aguán.
“Los empresarios han puesto precio a la vida de los máximos liderazgos de la zona y han implementado acciones de vigilancia y persecución con el objetivo de darles muerte”, denunció la Plataforma Agraria sobre la existencia de este plan de asesinato de la dirigencia campesina en los valles del Bajo Aguán y Sula.
Yoni Rivas asegura que la creación de la Comisión Tripartita (CT), derivada de la firma del convenio de 2022, es la razón por la cual la violencia en su contra se ha profundizado. “Hay una lista que la encabeza la coordinación de la Plataforma Agraria y los presidentes de las cooperativas. Están siendo amenazados, perseguidos y pretenden asesinarnos”, alerta.
Raúl Ramírez es miembro de la empresa asociativa campesina La Lempira e integrante de la coordinación de la Plataforma Agraria. Mantiene una mirada seria y con indignación acompaña acusaciones severas sobre los métodos de despojo contra los campesinos en las tierras del Aguán, quienes son señalados por los empresarios palmeros como invasores en sus propias tierras.
El integrante de la empresa campesina "La Lempira" es firme al sostener que las tierras campesinas fueron arrebatadas mediante violencia y engaños por parte de las empresas de palma aceitera. Foto: Renata Bessi
Con enfado, también denuncia los planes para asesinar a la representación de la Plataforma y de las distintas organizaciones campesinas que confluyen en los esfuerzos por recuperar sus tierras. “(En la lista) se encuentran Yoni Rivas, Jaime Cabrera, Wendy Castro, mi persona. Ahí están todos los presidentes de las cooperativas, porque hay un listado con más de 40 personas”, asegura sobre las personas en riesgo.
“(Los empresarios) saben que están totalmente perdidos, porque los derechos de nosotros, los derechos fundamentales nos asisten”, sentencia Ramírez sobre las labores de la CT que los agroindustriales están boicoteando.
Apenas el 13 de julio pasado, un año y cinco meses después de la firma del convenio, se anunció la instalación de dicha comisión. El mismo día, mediante comunicado, la Plataforma difundió que, a pesar que el Ministerio Público ha mantenido en impunidad las denuncias contra la agroindustria, solicitaron iniciar una investigación “contra Miguel Mauricio de la Soledad Facusse Saenz, líder de Corporación Dinant y Aldo Gaetano Bobe Tikas, representante legal de la empresa Azunosa, por la conspiración para asesinar a la dirigencia campesina”.
Aunado a ello, las organizaciones campesinas alertaron por la vigilancia y persecución contra los abogados y abogadas del equipo jurídico del Bufete Estudios para la Dignidad, quienes acompañan al movimiento agrario en las luchas legales. “En las últimas semanas han sido víctimas de acciones de vigilancia por desconocidos vestidos con indumentaria policial, esto, debido al trabajo de representación y reivindicación de derechos que realizan en favor de organizaciones campesinas e indígenas”, contextualizaron.
Rivas asegura que los empresarios de la palma aceitera pretenden borrar su lucha a través del asesinato. “La tierra no les pertenece y deben reconocer que no es asesinando a campesinos que van a poder limpiar su imagen y van a crecer como empresa, es respetando que las tierras que ahora ocupan, no les pertenecen, son tierras de Reforma Agraria”.
“Nos fortalece cuando un compañero de nosotros cae, no nos afligimos (…) tenemos que seguir luchando con más valentía, porque si mi compañero tuvo el valor de hacer eso, ¿yo porque voy a callar?, no debo callar”, sostiene Ramírez.
Criminalización
Campesinos se manifiestan contra la criminalización del coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán, Jaime Cabrera, quien fue acusado por tres delitos en noviembre del 2022.
Investigaciones obstaculizadas
Como parte del seguimiento al convenio de 2022, la Comisión Gubernamental firmante se comprometió a la creación de distintas comisiones para materializar el acuerdo; una jurídica, para la investigación y verificación de los métodos utilizados para la adquisición de las tierras y una administradora, para brindar asistencia técnica y seguridad para mantener la producción de la palma aceitera.
En el convenio también se menciona la labor de la Comisión Tripartita, que deberá investigar si existe complicidad entre fuerzas de seguridad del Estado y empresas de seguridad privada, “sus vínculos con estructuras irregulares y su papel en actos violentos contra los campesinos en el bajo Aguán”, en cuyo caso deberá trasladar las denuncias a las instancias judiciales.
Para los representantes del movimiento campesino, los poderes económicos bloquean el punto clave de los acuerdos: la conformación de una comisión para la investigación de la legalidad en la posesión de las tierras que argumentan tener los agroindustriales; así como las técnicas y métodos violentos que implementaron para despojar a los campesinos de territorios destinados al reparto agrario.
Dicho convenio, firmado por la Secretaría de Seguridad, Secretaría de desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), el INA, y la representación de 29 cooperativas afiliadas a la Plataforma Agraria, compromete al Estado a “la instalación de un mecanismo de investigación, seguimiento y reparación de violaciones a Derechos Humanos de las víctimas del conflicto agrario del Bajo Aguán. Dicho mecanismo tendrá una estructura acordada entre las partes conformantes de la Comisión Tripartita”.
Miembros de la Plataforma aseguran que los empresarios de la palma aceitera tienen miedo que el gobierno de Castro haga efectiva la investigación de las técnicas y métodos de despojo mediante las cuales han acaparado tierras por más de 30 años. “Violentaron nuestros derechos, asesinaron, criminalizaron (…) creemos que con la Comisión Tripartita avanzaremos en ese proceso de investigación sobre cómo violentaron, cómo violentó el Estado a los campesinos aquí en el Aguán”, señala Raúl Ramírez.
El campesino asevera que diversas cooperativas y empresas asociativas campesinas como la suya cuentan con los documentos y argumentos legales para defender sus tierras, por lo que exige resultados en los trabajos de la CT. “No nos pueden violentar ese derecho, porque hay títulos sobre títulos, pero hay que investigar quién es el legítimo dueño”, denuncia sobre la falsificación de documentos y la obtención de firmas de campesinos, bajo tortura, para la venta de sus tierras a la agroindustria.
De izquierda a derecha: Esly Banegas (COPA), Yoni Rivas y Wendy Castro (Plataforma Agraria). Foto: Aldo Santiago
Ramírez explica que el principal objetivo de la CT es la investigación del despojo “para no volver a cometer más violaciones de derechos humanos” contra los campesinos del Bajo Aguán.
“Que nos apliquen justicia y que las tierras retornen a los campesinos, todas las tierras de Reforma Agraria vuelvan a los campesinos, que vuelvan a sus propietarios porque fueron despojados y criminalizados, asesinados”, acusa.
La composición propuesta de la CT incluye a funcionarios del gobierno, (derechos humanos, fiscalía, procuraduría) así como representantes de las víctimas y expertos internacionales “que van a ser acreditados aquí en Honduras, tienen mucho reconocimiento y experiencia en cómo resolver la tenencia de la tierra”, contextualiza Ramírez.
Por su parte, Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma y quien recientemente fue absuelto de dos cargos penales en su contra, asegura que, a más de mes y medio de la instalación de la CT, el movimiento campesino continúa esperando el llamado para asistir a Tegucigalpa y echar andar los trabajos con las distintas instancias de gobierno.
“Estamos a la espera que la presidenta de la República pueda deliberar sobre esta propuesta y poder dar solución a esta crisis agraria y alimentaria que nos generaron desde los años 90 a través del sistema político de este país”, concluye Rivas.
En portada: Ejidatarios y pobladores de Ixil resisten un operativo policiaco que pretendía asegurar un predio de 324 hectáreas en la comunidad maya.
El pasado 2 y 3 de septiembre, en Mérida, Yucatán, al menos 31 empresas de bienes raíces realizaron la llamada “Expo Inmobiliaria 2023”, donde ofertaron casas, terrenos y departamentos. En este magno evento fue ofrecida esta entidad como “el estado más seguro” del país, aunque el indígena maya Neftalí Quijano Moguel, no opina lo mismo, Quijano es ejidatario de Ixil, un lugar que los mercaderes de la tierra pretenden arrebatar y vender al mejor postor.
Él fue brutalmente golpeado el 17 de agosto por la Policía Estatal quien, supuestamente, llevaba una orden para asegurar un predio de 324 hectáreas, que presumiblemente pertenece a los empresarios Chikri Abimerhi Bodib, Gerardo José Millet Palomeque y Gerardo José Millet Menéndez, los mismos que se codean en este sector, acusados en varias ocasiones de traficar con las tierras a razón de la esperada oleada expansiva de capitales que traerá el Tren Maya a la región.
Tras la orden de la fiscalía, se arremetió con lujo de violencia hacia la comunidad de Ixil. “A mí me mandaron al hospital por varios días solamente por intentar alimentar a mis animales cuando cerraron los accesos a nuestros predios”, explica el ejidatario de esta comunidad que se encuentra a solo 20 kilómetros al nororiente de Mérida.
Los empresarios han promovido la venta de sus inmuebles como una gran oportunidad, resaltando que Mérida supera a Florencia y a Québec como la mejor ciudad del mundo. Sin duda alguna, el indígena asegura, “el Gobierno del Estado, y eventos como la Expo Inmobiliaria que termina hoy (3 de septiembre), engañan al público con la imagen falsa que venden del Estado de Yucatán. La imagen real es violencia racista contra nuestros pueblos, pobreza y despojo para campesinos, destrucción de la naturaleza y una corrupción impresionante en el gobierno estatal y municipal”.
Tras la fuerte represión que sufrió Quijano y su comunidad por defender sus tierras comunales, se desató una inconformidad generalizada y es así que se comenzó a endurecer un proceso organizativo. Incluso, este 4 de septiembre interpusieron una demanda de amparo contra la orden ejecutada por parte de la fiscalía ante el Juez de distrito del Décimo Cuarto Circuito en turno. Dicho recurso legal es firmado por decenas de ciudadanas y ciudadanos de Ixil.
Esta comunidad está logrando adherir una gran cantidad de expresiones de solidaridad a su causa. Tan es así que, este 30 de septiembre, accionarán en lo que se espera, será una gran movilización en “contra el despojo y por la defensa del territorio en Mérida”. La protesta arrancará a las 4pm, comenzando en la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, destacaron en un boletín de prensa.
Desde hace años, pobladores de Ixil se han organizado para defender su territorio ancestral frente a la especulación inmobiliaria. En la foto una reunión, efectuada en marzo del 2021, donde se abordó el problema por las tierras. Crédito: El Cronista Yucatán
Inicialmente se había propuesto hacerla el 16 de septiembre, “pero hemos decidido cambiar la fecha al sábado 30 de septiembre. Invitamos a más comunidades mayas a sumarse, también a organizaciones sociales, ambientalistas, de mujeres, estudiantes y sindicales, a artistas, y a toda la ciudadanía consciente”, puntualizó Federico de Jesús May Cuitún, productor de chile habanero orgánico de la comunidad de Kinchil.
Por si fuera poco, junto a esta actividad, las comunidades llaman al boicot. “Hacemos un llamamiento a no comprar lotes en fraccionamientos en áreas rurales de Yucatán. La mayoría de estos desarrollos inmobiliarios han obtenido tierras de forma ilegal y no tienen permisos ambientales. Invertir su dinero ahí́ es comprarse problemas”, ha afirmado Mercedes Cocom Noriega, ejidataria de Ixil, refiriéndose a los predios que se han ofertado en la Expo, donde se ha ensalzado a Yucatán como “joya gastronómica de México”.
Los indígenas mayas denuncian puntualmente a las inmobiliarias que han realizado despojo de tierras en distintas regiones de Yucatán, entre ellas: Ciudad Maderas, Chikri Abimerhi, familia Millet, Armando Ceballos Chávez y Rodrigo Vega Espinosa. Son los mismos que llevaron a cabo la “Expo Inmobiliaria 2023”.
En portada: Relaves de la compañía Cuzcatlán en San José del Progreso. Foto: Santiago Navarro F
Las comunidades zapotecas que están alrededor del proyecto de explotación de oro y plata de la empresa Cuzcatlán, subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso, Valles Centrales de Oaxaca, denunciaron que se ha intensificado el acoso por parte de la minera para que las comunidades de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes y el Vergel acepten la ampliación del proyecto minero, en operación desde 2011. Las comunidades forman parte de la organización llamada Frente No a la Minería.
Esta vez el acoso se da, señalan las autoridades ejidales en un comunicado, con la ayuda de la Procuraduría Agraria de Miahuatlán que, de acuerdo con su marco legal, debe “promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas”.
Una de las estrategias del órgano de gobierno es detener las actas de nombramiento de autoridades que están contra el proyecto, denuncian. “Les beneficia que los núcleos agrarios no tengan las autoridades acreditadas. Sin la acreditación no existe la validez de nuestros nombramientos”, sostiene para Avispa Mídia el Comisariado Agrario del Ejido Monte del Toro, que por seguridad omite su nombre.
Además, señalan, la Procuraduría ha generado documentación agraria con errores para retrasar la acreditación junto al registro agrario nacional. “Cuando enviamos los documentos al registro agrario, nos los rebotan por los errores. En el caso de San Martín de Los Cansecos, retrasaron dos años el proceso de acreditación de su comisariado”, agrega el comisariado agrario.
En Monte del Toro, funcionarios de la Procuraduría Agraria están actuando para dividir al ejido, señala la autoridad. Él admite que hay una cuestión agraria en la comunidad en la que una localidad, hace décadas, quiere apartarse del ejido Monte del Toro, lo que no es aceptado por las autoridades del núcleo agrario.
Sin embargo, la cuestión se ha agravado en el contexto de la expansión minera. “La gente de esta localidad ha recibido recursos de Cuzcatlán. La empresa quiere tener la seguridad para entrar en el territorio. La Procuraduría insiste en tratar de convencer a las autoridades que se haga la división.”, sostiene el comisariado.
Otra de las acciones de la Procuraduría, considerada por el comisariado como “estrategia para dividir a la comunidad”, es que el órgano tramita documentos de ejidatarios para cambio de titularidad de las tierras, sin el permiso del núcleo agrario. “Están brincando a las autoridades ejidales, lo que no está correcto. Nosotros tenemos la autonomía sobre nuestras tierras, garantizada por la ley agraria”.
En un comunicado del Frente, el ejido de Monte del Toro se posiciona y sostiene que “no permitirá ninguna división; nuestros abuelos y abuelas lucharon para la dotación del ejido, por lo que velaremos por el espíritu colectivo de la tierra y el cuidado y protección de nuestro territorio”.
Lo que la empresa está buscando es certeza jurídica para entrar en los territorios, señalan en el comunicado.
Como la explotación es subterránea, “no sabemos dónde exactamente están escarbando, si están bajo Magdalena Ocotlán, Monte del Toro o San Martín de los Cansecos”, dice la autoridad agraria de Monte del Toro.
En 2021, Avispa Mídia preguntó a la empresa hacia dónde estaba avanzando la exploración, pero la pregunta fue evadida.
Revisando la base de datos, solicitada por el equipo de este reportaje a la Secretaría de Economía, las concesiones mineras vigentes registradas por Cuzcatlán en Oaxaca, hasta este año 2023, son 15; juntas suman aproximadamente 36 mil hectáreas. Incluso, una de las concesiones, en el Lote Reducción Unificación Cuzcatlan 4, fue actualizada en este gobierno en la fecha del 16 de mayo del 2022. Esta es la concesión más grande de la empresa ya que abarca más de 10 mil hectáreas y comprende territorios de Magdalena Ocotlán, San Lucas Ocotlán y San Padro Taviche.
Lo que “quieren es entrar en las comunidades para tener respiraderos para poder seguir trabajando bajo tierra. Quieren que los núcleos agrarios autoricen su entrada. Una vez que el ejido autorice, van a comprar tierra para poder trabajar”, señala el comisariado ejidal.
Desde San José
El ex comisariado de bienes ejidales de San Martín de los Cansecos, quien también ha decidido omitir su identidad por seguridad, señala que la Procuraduría Agraria opera, en muchas ocasiones, desde San José del Progreso, sede del proyecto minero, cuando debería ir a las oficinas en los ejidos. “Sabemos que toda la infraestructura actual municipal y proyectos de San José tienen relación con la empresa minera”, sostiene.
San José del Progreso no tiene órganos de representación agraria, como es el comisariado de bienes ejidales, desde 2009, a raíz de los conflictos generados con la llegada de la empresa minera. “La Procuraduría, lejos de solucionar el conflicto agrario en San José, promueve visitas de otros comisariados a la comunidad sede del proyecto minero”, señaló para Avispa Mídia el ex comisariado de bienes ejidales.
El jefe de la residencia de la Procuraduría Agraria de Miahuatlán, Amauri Fernández Alvarado, en una entrevista realizada por Avispa Mídia, dijo que les corresponde prestar servicios de asesoría agraria “a todos los núcleos agrarios que están en el distrito de Ejutla y parte del distrito de Ocotlán, núcleos que están alrededor de la minera”, señaló.
Cuestionado sobre las denuncias presentadas por las autoridades ejidales contra la Procuraduría Agraria, Alvarado negó todas ellas. “Yo no tengo nada que ver con la minería. Yo no trabajo con la minería. No tenemos contacto, para nada, con la gente de la empresa minera. (…) Ni estoy bloqueando a ningún núcleo. (…) Ni tampoco acudimos a los núcleos agrarios diciendo que acepten o no acepten contratos o trabajos con la minería. Mi trabajo es brindar asesoría y asesoría tiene que ser correcta”.
Los engaños de Semarnat
En diciembre de 2021, la minera canadiense Fortuna Silver Mines, desde sus oficinas en Canadá, anunció en un comunicado en inglés que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había “otorgado una extensión de 12 años a la autorización de impacto ambiental” de la mina San José.
El órgano ambiental había negado la solicitud de extensión de las operaciones en julio de 2021. La Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa tenía el objetivo de legalizar las obras de ampliación que la minera ya había realizado sin permiso del órgano ambiental.
“Fortuna hizo una apelación (…). La Semarnat reevaluó la solicitud y concedió la prórroga (…)”, anunció la empresa en su comunicado.
Sin embargo, Fortuna Silver Mines, desde Canadá, sostuvo por medio de otro comunicado, publicado el 4 de febrero de 2022, que había recibido un aviso de la Semarnat en el cual el órgano ambiental comunicaba que había cometido un error tipográfico en la ampliación del plazo de explotación de la Mina San José. Es decir, que la prórroga sería de 2 años y no 12 años como constaba en el documento resolutivo.
En ese momento, el equipo de Avispa Mídia obtuvo el documento de Semarnat (oficio SGPA/DGIRA/DG-06101-21), firmado por la Dirección General de Impacto y Riesgo de la Secretaría (DGIRA), direccionado a la representante legal de Cuzcatlán, Rocío Martínez Lozano con fecha del 14 de diciembre de 2021, en el cual se comprueba que el órgano autorizó la permanencia de la minera por más 12 años.
Minera Cuzcatlán “considera que el aviso fue emitido por la oficina local [de Oaxaca] de Semarnat por error”, dijo la empresa en su comunicado.
La minera Cuzcatlán “está trabajando con las autoridades para resolver este asunto. Asimismo, minera Cuzcatlán ha iniciado un proceso judicial en la Corte Federal para impugnar y revocar dicho error tipográfico”, informó.
En la época,Avispa Mídia solicitó a la Semarnat una entrevista para aclarar el tema. La secretaría ignoró la petición.
Durante todo este tiempo, la información se mantuvo contradictoria. “Estuvimos latentes. Mientras la empresa informaba públicamente que eran 12 años más, Semarnat nos traía diciendo que la mina se iba, que nomás tendría dos años de trabajo”, dijo el comisariado ejidal de Monte del Toro.
La duda se resolvió hace aproximadamente tres meses. “Fuimos a las oficinas de Semarnat en Ciudad de México y nos dijeron que eran doce años. Nos dijeron que sí había un error de dedo en el permiso que se dio, pero que de todos modos el permiso ya estaba, ya se lo habían dado”, dijo el comisariado.
“Lo que queremos que la empresa y el gobierno sepan es que vamos continuar luchando hasta el fin para defender nuestras tierras”, agregó la autoridad ejidal.
Este domingo (3) se dio a conocer que el Poder Judicial mexicano ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, acontecida en septiembre del 2014.
Esta orden deriva de un juicio de amparo, interpuesto el pasado 15 de agosto, en el cual los padres y las madres de los normalistas han demandado a la cadena de mando de inteligencia militar por incumplir con lo establecido por el Decreto Presidencial firmado el 4 de diciembre de 2018, violando con ello el derecho de las familias y de toda la sociedad a la verdad.
En el decreto, se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Sin embargo, como comprobó el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), divulgado el 27 de julio, el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. En estos, los expertos infieren que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Es debido a este ocultamiento, en desacato de las instrucciones conferidas por el decreto de la Presidencia de la República, que los padres y las madres señalan la responsabilidad del Secretario de la Defensa Nacional; del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y del Director del Centro Militar de Inteligencia, entre otras dependencias.
Mediante comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) difundió que, con esta acción legal, las familias consiguieron que el Poder Judicial “ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada. Esto con la expectativa de que, al resolverse el fondo, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante empleando todas las facultades que le confiere la ley a los juzgados de amparo para hacer valer sus determinaciones”.
Fue el pasado viernes (1) cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito notificó la resolución a las familias. Dicho Tribunal consideró que “la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales” y ordenó a las autoridades militares abstenerse de “destruir, depurar, eliminar, esconder, u ocultar la información” que los padres y las madres identificaron en su demanda.
En el comunicado, enfatizan que, a casi nueve años de las desapariciones, el caso Ayotzinapa permanece irresuelto. “El último informe del GIEI y la decisión de los expertos de concluir su labor mostraron con contundencia que los obstáculos subsisten, señaladamente en las instituciones castrenses que no han querido entregar los documentos generados por las áreas de inteligencia, desobedeciendo así lo que expresamente les ordenó su Comandante Supremo en el Decreto de 4 de diciembre de 2018”.
El Centro Prodh aseveró que los padres y las madres continúan a la espera de que el Presidente de la República les reciba para dialogar sobre el incumplimiento del compromiso de esclarecer plenamente el caso. Así mismo, informó que los familiares de los estudiantes desaparecidos “seguirán acudiendo a las instancias legales nacionales e internacionales disponibles para hacer valer sus derechos, incluso judicializando el contenido de los informes del GIEI como lo han hecho con esta acción, y mediante el acompañamiento de las organizaciones que han caminado a su lado a lo largo de casi una década”.
