El 28 de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida del defensor del territorio Martín Morales Martinez en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, departamento de Atlántida, perteneciente a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), después de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el 27 de mayo. Éste es el segundo asesinato en la comunidade garífuna en cinco meses. El 28 de enero de 2023 asesinaron al defensor Ricardo Arnaúl Montero.
Martín era miembro de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de la Sentencia de Triunfo de la Cruz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), además formaba parte del Comité de Defensa de Tierra de la misma comunidad, ubicada en la bahía de Tela.
El cuerpo fue encontrado en el Río Gamma en las inmediaciones del territorio recuperado Secundino Torres (propiedad comunal en la parte que se sobrepone a un área del Parque Nacional Punta Izopo), mismo lugar que se ha convertido en el botadero de los cuerpos de los defensores del territorio de Triunfo de la Cruz.
En reiteradas ocasiones la comunidad de Triunfo de la Cruz y la Ofraneh han denunciado las amenazas a muerte en contra de los miembros del Comité de Tierra y de la Comisión de Cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana. “Hasta la fecha no hemos visto reacción de la policia ni de las demás autoridades del país, por el contrario, se han intensificado las agresiones en contra de los líderes y lideresas de nuestras comunidades, como un claro acto de intimidación y de deprecio a la vida de nuestro pueblo”, señala Ofraneh en un comunicado.
El 3 de febrero del año 2022, Ofraneh presentó ante el mecanismo de protección y ante la cúpula policial del país las 5 zonas de mayor riesgo y de mayores amenazas contra los defensores del territorio de la comunidad, dentro de los cuales se incluye el sector del Río Gama. En este mismo lugar también asesinaron al defensor Montero. “Hasta la fecha las autoridades del país no han hecho absolutamente nada”, sostiene la organización.
Sentencia
La sentencia de la Corte IDH, de 2015, reconoce el territorio garífuna de la comunidad de Triunfo de la Cruz, incluyendo donde la “élite de poder ha construido sus mansiones”. Sin embargo, el Estado hondureño ha eludido dicha decisión.
“Condenamos esta nueva muerte y la ocupación ilegal de terceros de los territorios garífunas, quienes están geenrando el terror, agresiones, asesinatos y desapariciones de los líderes de nuestras comunidades”, señala Ofraneh. “El incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, no solo evidencia la falta de voluntad del Estado para reconocer los derechos históricos del pueglo garífuna, sino que ha puesto en peligro permanente a los miembros de la comunidad y contribuye a un aumento de la conflictividad social en la zona”.
Los garífunas denuncian la presión de empresarios del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y de la municipalidad para apoderarse de los territorios de las comunidades, con la aquiescencia del Estado. “Exigimos que el Estado asuma su deber jurídico y la debida deligencia para iniciar una investigación exhaustiva de este nuevo asesinato y de los demás hechos violentos ocurridos en nuestras comunidades que no solo han traido dolor y luto, sino que se han constituido en el principal dissuasivo para entregar nuestro territorio a la mafia del capital que domina el país mismo que se disfrazan bajo la mampara de empresarios”.
A 51 meses del asesinato del indígena náhuatl Samir Flores Soberanes, defensor de los bienes comunales de su pueblo, amenazados por los proyecto del Plan Integral Morelos (PIM), pueblos, colectivos y organizaciones denuncian la simulación de la Fiscalía de Morelos en las investigaciones de su asesinato, ocurrido el 20 de febrero de 2019.
Javier “N”, el Temalaco, es acusado por la Fiscalía General de Morelos como uno de los cuatro autores materiales del asesinato. Integrante de la diligencia del Partido del Trabajo en Morelos, junto con su hermano, se reportó en medios de comunicación una segunda detención del Temalaco por secuestro y narcotráfico el 16 de septiembre de 2019.
El Temalaco ya llevaba en la cárcel dos años, cuando el Fiscal Uriel Carmona anunció el 30 de septiembre de 2021 su detención como un avance en las investigaciones del asesinato de Samir. Fechas en que justamente el presidente de la República venía a anunciar la inauguración de la termoeléctrica. “Pero el teatro se les cayó y el presidente no inauguró la termoeléctrica y se evidenció “el chivo” que tenían ya preparado en su asqueroso discurso de justicia y avances en la investigación por el cobarde asesinato de Samir”, sostiene el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA – MPT).
La coadyuvancia legal de la familia de Samir, a cargo del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, con el objetivo de avanzar con las investigaciones, solicitó diversos actos de investigación y pruebas que pudieran dar paso a comprobar la responsabilidad, o no, del acusado y principalmente los motivos del asesinato, sin que fuera atendida debidamente por la Fiscalía, haciéndose, “literalmente `pendeja´”.
Se solicitó realizar un “correcto análisis de contexto del motivo por el cual asesinaron a Samir, el cual está vinculado a su trabajo como comunicador indígena y defensor de derechos humanos, así como la integración de pruebas que puedan cumplir con la función de comprobar la acusación que formula la fiscalía contra el Temalaco”, dice el comunicado.
En la última audiencia, la Fiscalía formulaba una acusación detallada de la participación de Javier “N” en el asesinato de Samir, detalles, según el Frente, que no existen en la carpeta de investigación y no se comprueban con las pruebas que ofrece. “Con esa inconsistencia de acusación y pruebas la Fiscalía pretende llevar a juicio al Temalaco, abriendo la puerta para su liberación en la sentencia del juicio o mediante impugnaciones que pudieran suceder”.
La Fiscalía del Estado de Morelos “no tiene una investigación seria y sólida en el caso de Samir y es por ello que exigimos sea cumplida la palabra del presidente de la República de que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República”.
Exigen que el caso lo atraiga la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), ya que Samir era un comunicador indígena y su asesinato está vinculado a la difusión y trabajo periodístico que hacia en la radio con respecto al PIM.
“Nuestro enojo se mira con el enojo de nuestro guardián, el volcán Popocatépetl, quien hoy nos recuerda que no somos nada frente a él, que su ejército y derramamiento de sangre para imponer una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto no son nada frente al volcán, que su farsa nos puede costar millones de vidas y pérdidas materiales”, señala el frente de pueblos.
Foto: Francisco Mori Manifestación contra a Monsanto en Paris en 2016
Un estudio de agosto de 2022, del Diário de Neuroinflamación, de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) muestra que el popular herbicida glifosato puede infiltrarse en el cerebro a través de la sangre (barrera hematoencefálica), aumentando el riesgo de enfermedades neurológicas.
La barrera hematoencefálica filtra varias moléculas que ingresan al cerebro desde el sistema circulatorio. Sin embargo, la penetración de moléculas de glifosato eleva la expresión del Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNFα) y la acumulación de proteínas beta-amiloides (Aβ) solubles en el cerebro y está asociado con enfermedades inmunitarias, inflamatorias y neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer (EA).
Más de 6 millones de personas en los EEUU viven con la enfermedad de Alzheimer y se espera que los casos se dupliquen para 2050. Aunque la investigación de la enfermedad de Alzheimer se ha centrado en gran medida en encontrar las causas genéticas de la enfermedad, menos de la mitad de los casos son genéticos.
Por lo tanto, los investigadores ahora están evaluando cómo los contaminantes ambientales pueden aumentar el riesgo de enfermedades. Más de 300 contaminantes ambientales y sus subproductos, incluidos los pesticidas, son sustancias químicas comúnmente presentes en muestras de sangre y orina humanas y pueden aumentar el riesgo de neurotoxicidad al cruzar la barrera cerebral.
Siendo así que, estudios como este, resaltan la importancia de comprender cómo la acumulación de sustancias químicas en el cuerpo puede afectar la salud y el pronóstico de enfermedades a largo plazo.
El estudio señala : “El glifosato cerebral se correlaciona con niveles elevados de TNFα, lo que sugiere que la exposición a este herbicida puede desencadenar una neuroinflamación en el cerebro, lo que puede inducir cambios que se observan en los trastornos neurodegenerativos. […] Colectivamente, dado que un gran subconjunto de la población puede estar expuesto a este agente químico, estos resultados crean conciencia sobre los efectos perjudiciales que la exposición al glifosato puede tener en el cerebro y la salud humana”.
Varios estudios demuestran que el glifosato es detectable en el tejido cerebral de los animales. Sin embargo, esta investigación investiga si la exposición persistente al glifosato conduce a la detección en el tejido cerebral y cómo la presencia de la sustancia química afecta los niveles de TNFα en el cerebro. Usando muestras de orina, plasma y cerebro de ratones en el estudio, los investigadores examinaron la expresión génica asociada con la exposición al glifosato dependiente de la dosis.
Además, el estudio emplea un novedoso método de extracción de glifosato en un solo paso mediante la cuantificación basada en cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC-MS) para medir el nivel de glifosato y su producto de descomposición, ácido aminometilfosfónico (AMPA) en los tejidos cerebrales.
Los resultados confirman que el glifosato se infiltra en el tejido cerebral, elevando los niveles de TNFα y Aβ soluble, lo que provoca la muerte celular entre las neuronas corticales expuestas. El novedoso método de extracción de glifosato en un solo paso proporciona la primera evidencia de acumulación de glifosato dependiente de la dosis en el cerebro.
Además, el método de extracción encuentra una pequeña cantidad de AMPA en el tejido cerebral, lo que indica que el glifosato también se está descomponiendo en el cuerpo. Por lo tanto, la exposición al glifosato tiene implicaciones para las enfermedades neurodegenerativas como la EA, como resultado de niveles y expresión elevados de proteínas.
El sistema nervioso es una parte integral del cuerpo humano e incluye el cerebro, la médula espinal y una vasta red de nervios y neuronas, todos los cuales son responsables de muchas funciones corporales, desde la sensación hasta el movimiento.
No obstante, la exposición a tóxicos químicos, como los pesticidas, puede causar efectos neurotóxicos o exacerbar el daño químico preexistente al sistema nervioso. Los impactos de los pesticidas en el sistema nervioso, incluido el cerebro, son peligrosos, especialmente para las personas expuestas de forma crónica (p. ej., trabajadores agrícolas) o durante periodos críticos de vulnerabilidad y desarrollo (p. ej., niñez, embarazo).
La creciente evidencia en los últimos años muestra que la exposición crónica a niveles subletales (bajos) de pesticidas afecta adversamente el sistema nervioso central (SNC) y los receptores neuronales, como las conexiones entre los nervios, el cerebro, las enzimas y el ADN. Específicamente, los investigadores identifican la exposición a químicos agrícolas como una causa de muchos impactos adversos en el SNC y enfermedades neurológicas, incluyendo el Alzheimer , la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la enfermedad de Parkinson .
Con ello, los defensores dicen que es esencial evitar la exposición a sustancias químicas tóxicas para disminuir los posibles riesgos agudos y crónicos para la salud.
El estudio también destaca que el glifosato cruza la barrera hematoencefálica in vitro (en un ambiente artificial fuera del cuerpo), pero este estudio verifica esto en vivo (en un organismo vivo). La exposición al glifosato aumenta las proteínas de citoquinas inflamatorias en la sangre, especialmente el TNFα.
Glifosato a través del cordón umbilical
La sobreexpresión de la proteína TNFα está asociada con el cáncer, la artritis reumatoide, la psoriasis, la esclerosis múltiple y otras enfermedades. Aunque este estudio se suma al creciente cuerpo de investigación sobre la neurotoxicidad de los pesticidas, es el primero en demostrar que el glifosato cruza con éxito la barrera hematoencefálica y se acumula en el cerebro de manera dependiente de la dosis.
Sin embargo, esta no es la primera vez que se transfieren compuestos tóxicos de la sangre a otros órganos y viceversa. Varios estudios encuentran que los compuestos de los pesticidas en la sangre de una madre pueden transferirse al feto a través del cordón umbilical.
Sumado a ello, un estudio de 2021 encuentra que las mujeres embarazadas ya tienen más de 100 sustancias químicas detectables en muestras de sangre y cordón umbilical, incluidos los contaminantes orgánicos persistentes (COP) prohibidos. Por si fuera poco, el 89 por ciento de estos contaminantes químicos provienen de fuentes no identificadas, carecen de información adecuada o no se detectaron previamente en humanos.
Los propios plaguicidas, las mezclas de productos químicos como el Agente Naranja o las dioxinas, y las hormonas terapéuticas o los productos farmacéuticos poseen la capacidad de alterar la función neurológica. Estos químicos pueden pasar a través de la piel (dérmica) y las membranas mucosas, incluidos los pulmones (inhalación) y el intestino (ingestión), y al torrente sanguíneo.
Por ejemplo, los estudios sugieren que los formulantes de pesticidas (adyuvantes), como POEA (amina de sebo de polioxietileno), tienen actividad neurotóxica. POEA está presente en algunos herbicidas a base de glifosato como Roundup y tiene una mayor toxicidad para el sistema nervioso que el ingrediente activo (glifosato).
El estudio concluye: “Si bien existen muchas correlaciones entre el glifosato y diversas enfermedades, nuestro objetivo es arrojar luz sobre la correlación entre la aplicación de glifosato y la enfermedad de Alzheimer [EA]. El trabajo futuro se centrará en descubrir la superposición molecular entre la exposición al glifosato y la patología de la DA. Específicamente, nos centraremos en determinar si la exposición al glifosato es capaz de exacerbar la patología amiloide [Aβ] e inducir la muerte celular, en vivo en modelos de ratones con EA".
Hay una falta de comprensión completa de la etiología de las enfermedades inducidas por pesticidas, incluido el tiempo de retraso predecible entre la exposición química, los impactos en la salud y los datos epidemiológicos.
Los pesticidas en sí mismos pueden poseer la capacidad de alterar la función neurológica. El impacto de los pesticidas en el sistema nervioso, incluido el cerebro , es peligroso, especialmente para las personas expuestas de forma crónica o durante periodos críticos de vulnerabilidad y desarrollo. Por lo tanto, los estudios relacionados con los pesticidas y los trastornos neurológicos pueden ayudar a los científicos a comprender los mecanismos subyacentes que causan las enfermedades neurodegenerativas.
Si bien los factores ocupacionales y ambientales, como los pesticidas, afectan negativamente la salud humana, las revisiones reglamentarias están plagadas de numerosas limitaciones para definir el envenenamiento en el mundo real, según lo capturado por los estudios epidemiológicos en la base de datos de enfermedades inducidas por pesticidas (PIDD) de Beyond Pesticides y el Daily News Blog .
Incertidumbre
Los efectos adversos para la salud de los pesticidas, la exposición y el riesgo agregado de los pesticidas muestran la necesidad de una investigación más precisa sobre la exposición ocupacional y residencial a los pesticidas para poder hacer determinaciones completas y la importancia de reconocer completamente la incertidumbre en las decisiones regulatorias que son de precaución.
La información existente, incluido este estudio, respalda la clara necesidad de un cambio estratégico para alejarse de la dependencia de los pesticidas. Para obtener más información sobre los efectos de la exposición a pesticidas en la salud neurológica, consulte las páginas de PIDD de Beyond Pesticides sobre trastornos del cerebro y del sistema nervioso , incluidas enfermedades similares a la demencia , como el Alzheimer, y otros impactos en la función cognitiva.
La enfermedad de Alzheimer no tiene cura, pero las prácticas preventivas como los productos orgánicos pueden eliminar la exposición a pesticidas tóxicos que inducen la enfermedad de Alzheimer.
La agricultura orgánica representa un enfoque más seguro y saludable para la producción de cultivos que no requiere el uso de pesticidas. Beyond Pesticides alienta a los agricultores a adoptar prácticas orgánicas regenerativas . Un complemento a la compra orgánica es ponerse en contacto con varias organizaciones de agricultura orgánica para obtener más información sobre lo que se puede hacer.
En portada: Grupos armados incendiaron vehículos para bloquear vías carreteras durante enfrentamientos registrados el jueves 25 de mayo en la frontera sur de México con Guatemala.
Este jueves (25), en la zona sur de Chiapas, región fronteriza entre México y Guatemala, se registraron enfrenamientos entre integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante todo el día circularon audios para alertar a la población de los sucesos violentos. También se registraron la aparición de mantas y pintas que dejaron los grupos del crimen organizado. Destacan los testimonios de habitantes de la región, quienes reportan que personas armadas han entrado en las viviendas para obligar a los hombres jóvenes a participar en los enfrentamientos, bajo la amenaza de ser asesinados.
Reportan también que comunidades enteras se quedaron incomunicadas por bloqueos de carreteras y caminos, quema de vehículos, suspensión de clases y cortes de luz eléctrica.
Calles vacias debido al temor por los eventos violentos en la region fronteriza de México y Guatemala.
El área de conflicto se extiende por una franja que abarca localidades como Pacayalito, salida hacia el municipio de Motozintla, así como en el ejido Tres Maravillas, más al interior de México, con dirección a Chicomuselo.
El ejido Nueva Morelia, en Chicomuselo, ya estaba controlado por hombres armados desde el sábado 20 de mayo, como reportan habitantes de la localidad, por el grupo paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Al mismo tiempo, las entradas y salidas del pueblo estaban bloqueadas por integrantes de esta agrupación.
Tanto es así que el mismo jueves, 25 de mayo, Milton Morales Zunun, del Movimiento Social por la Tierra (MST) fue desaparecido en una de las salidas de Chicomuselo por sujetos que pertenecen a MAIZ. “Lo bajaron de su camioneta, iba rumbo Tuxtla Gutiérrez para ver a su hija”, asegura el movimiento. El defensor fue encontrado con vida horas después.
El motivo del control del grupo paramilitar es la actividad minera. El municipio de Chicomuselo está asentado sobre una gran reserva de barita. La minera canadiense Blackfire Exploration explotó una de las diez concesiones hoy vigentes en Chicomuselo, la mina La Ampliación La Revancha, hasta 2009, ubicada en el ejido Grecia, al lado del ejido Nueva Morelia.
Blackfire Exploration, según la Tarjeta Minera de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, todavía mantiene el título de concesión de esta mina. De acuerdo con el mismo documento, el título de la concesión original estaba en nombre de Tristán Canales Reyna y la cesión de derecho fue otorgada a la minera canadiense en 2007.
Blackfire, cuenta Juan José, un habitante de Nueva Morelia, que no será identificado con su nombre verdadero por cuestiones de seguridad, había pedido permiso al ejido para guardar el material que sacaba en el ejido Grecia. Este local es conocido como “La Plataforma”. Después que la minera dejó el territorio, en 2009, parte de este material permaneció clausurado.
Actividad minera en Chicomuselo. BlackFire Exploration operó en la zona entre 2008 y 2009
Juan cuenta que anteriormente se han presentado trabajadores de algunas empresas con el objetivo de sacar el material. “Se iban porque les decíamos que no. La asamblea de la comunidad sacaba actas que se establecía que no se sacaría el material y se respetaba”, cuenta.
Pero esta vez fue diferente. Hombres armados se presentaron, por primera vez, el 17 de mayo, a las autoridades ejidales. “No se presentaron pidiendo permiso, como otros habían hecho antes, sino que ahora dijeron: <entramos porque entramos, si se meten con nosotros pues ya saben lo que les va a pasar>”.
Dos días después, el 19 de mayo, se convocó una asamblea de la comunidad. Ya terminada la reunión, los hombres armados se presentaron nuevamente, haciendo nuevas amenazas. “Dijeron: todo va a estar en paz; si se meten ya van a ver, ya van a saber lo que va a pasar, no queremos ningún luchador social, nadie, ni la Iglesia ni nada que se meta con nosotros”, relató Juan.
Avisaron que iban a empezar a sacar el material a partir del sábado, 20 de mayo, y que tardarían entre 8 y 10 días. “Empezaron a saquear, a acarrear hasta de noche, vino mucha gente, con carros, tráilers, máquinas. El ejido está vulnerable, hay niños, mujeres, ancianos. No podemos hacer más nada”, señala, mientras todo el ejido estaba bloqueado.
Hace ocho meses aproximadamente, recuerda Juan, empezaron enfrentamientos en Paso Hondo, en Chamic, entre Comitán hacia Comalapa. “Ya no podía viajar la gente, empezaron a revisar los carros y empezaron a tomar comunidades. Se pusieron a cobrar como un impuesto y les ponía un logotipo. Por ejemplo, un restaurante tenía logotipo del MAIZ, porque ofrecían protección. El que no tenía logotipo, llegaban y amenazaban. Estaban pues aprovechando, saqueando todo lo que hay, aprovechando las mineras también”, cuenta José.
Agustín Ávila Romero, encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), quien ha acompañado y emitido notas de apoyo a la comunidad, reconoce que lo que está ocurriendo es el control territorial del narcotráfico. Ya lo había hecho, como describió José, “en Frontera Comalapa y se extendía hacia Chicomuselo, con la amenaza a los compañeros, sobre todo, con la utilización de un grupo paramilitar, que se mete a lo que es la explotación minera”, dijo Romero.
Ahora, con el enfrentamiento de ayer, “gira (la situación) porque entra en acción el otro cartel (Jalisco Nueva Generación) y entonces tristemente son los más vulnerables los que están ya sufriendo en estos momentos, porque están viviendo el desplazamiento de personas, toda una política de miedo y terror”, sostiene Ávila Romero.
¿El Estado?
En un oficio firmado por Romero direccionado a Daniel Nájera Piedra, Secretario Particular de la presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 18 de mayo, se solicita la “inmediata intervención de las instituciones correspondientes de impartir justicia para activar protocolos de protección para las personas defensoras, así como el resguardo inmediato por parte de la Guardia Nacional, cuerpos de seguridad del estado y municipio, para salvaguardar y proteger a las personas quienes están siendo directamente amenazadas, así como para quienes han sido hostigados por dicho grupo”.
En el oficio se denuncia que “las comunidades del municipio se encuentran en un contexto de conflictividad social y violencia, el cual es generado por grupos del crimen organizado, quienes además, han estado directamente vinculados a las empresas dedicadas a la extracción minera”.
La CNDH respondió que otorgaría las medidas cautelares, sin embargo, reconoce Romero, “hasta ahorita (25 de mayo por la noche) no ha llegado el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni las fuerzas de seguridad estatales a la zona”.
De acuerdo con Elisa Cruz Rodas, especialista en manejo de conflictos socioambientales, la región fronteriza de Chiapas “es tierra de nadie; estas personas llegan a la comunidad y dicen: mi empresa no tiene nombre, yo me valgo por mis propias pistolas; el papel del gobierno sería apegarse al Estado de Derecho y hacer cumplir las leyes”.
Juan señala que ya hace meses que “ellos (grupos armados) hacen lo que quieren, tienen el control del municipio; entran y sale de los pueblos, pasan enfrente al cuartel de la Sedena (Secretaria de Defensa Nacional) y no les dicen nada”.
En un comunicado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG) y el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur exigen que “el Estado mexicano y las autoridades correspondientes intervengan de manera urgente para frenar la violencia y el terror que se viven en la Región Frontera de Chiapas”.
¿Quién compra?
La actividad minera deja mayor cantidad de ganancia económica que la misma actividad de las drogas a los grupos delincuenciales, señala Romero. “Lo increíble es todo el sistema de opacidad, de corrupción que permite esto, porque no solamente es el hecho de que lleguen unos grupos armados a amenazar a una mesa directiva de un ejido y exigiéndoles el derecho de paso para hacer la explotación minera, sino es el hecho de que esa mina finalmente va a extraer un material y ¿cómo se comercializa eso en el mercado?”.
Existe, según el funcionario del gobierno federal, toda una cadena de valor alrededor de la minería que pasa por diferentes etapas que deberían tener el control del Estado. “Desde los transportes que se están utilizando hasta su llegada a la aduana, probablemente para la exportación y transformación en otros países”.
Además, desde el ejido Grecia hasta Tuxtla Gutiérrez o hasta Puerto Madero, “o donde se esté comercializando (el material), pues, hay cientos de kilómetros que atraviesan diferentes controles federales o estatales en materia de seguridad; (…) está haciéndose de manera ilegal todo el proceso de comercialización de estos minerales”, señala.
“Entonces esto es algo que se ha dejado crecer y que al final pues lo que está dando es un control territorial a los grupos delincuenciales sin una presencia importante que debería tener el Estado mexicano”.
Blackfire no se olvida
La mina conocida como Ampliación La Revancha, ubicada en el kilómetro 45 del tramo Chicomuselo-Barrio San Ramón, en el ejido Grecia, fue clausurada el 7 de diciembre de 2009 por incumplir normas ambientales del estado.
En el resolutivo del expediente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Delegación Chiapas, de junio de 2010, revisado para este reportaje, consta:
“en el lugar donde se realiza el proyecto mina Ampliación La Revancha, se encontró afectación de 3.5 hectáreas de vegetación de encino que no corresponde a la autorizada en el resolutivo de impacto ambiental, implementándose como medida de seguridad la clausura temporal total de las actividades de extracción”.
Sin embargo, la Red Mexicana de Afectados por la Minera (REMA) nombró como “simulación como política de Estado”, a los sucesos que se llevaron a cabo después de la clausura temporal.
Incluso, Blackfire Exploration amenazó con presentar una demanda contra México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por un monto de 800 millones de dólares. Sin embargo, no presentó la demanda.
Aquí hacemos un recuento de los sucesos a partir de un comunicado publicado por la REMA-Chiapas, en septiembre de 2010.
El 15 de enero de 2009, el Encargado de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Chiapas presenta denuncia popular por violaciones a la normatividad ambiental, en relación al cambio de uso del suelo de terrenos forestales dada la explotación minera de la Blackfire Exploration.
El 26 de enero de 2009, la Delegación de la Profepa, en Chiapas, admite la denuncia pública, abriendo el expediente PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09.
El mismo 26 de enero, el defensor del territorio Mariano Abarca Roblero, junto con otras personas, presentó denuncia popular contra la explotación de la mina hecha por Blackfire Exploration, dadas las irregularidades ambientales.
Mariano Abarca jugó un papel relevante en la organización contra las operaciones de la minera canadiense en Chicomuselo.
El 5 de febrero de 2009, la Delegación de la Profepa, en Chiapas, acepta la denuncia popular, presentada por Mariano Abarca Robledo y otros, por la contaminación al ambiente generadas por la explotación de la mina explotada por Blackfire Exploration, abriéndose el expediente PFPA/14.7/2C.28.1/0005-09.
El 6 de noviembre de 2009, se presenta denuncia popular por las comunidades Nuevo Morelia, La Lucha, San Francisco Las Palmas y otras, del Municipio de Chicomuselo, Chiapas, contra la explotación minera de la BlackFire Exploration. Fue recibida por la Delegación de la Profepa, acordando su acumulación a la denuncia presentada por la Delegación de Semarnat (expediente PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09).
REMA, en la época, hace el cuestionamiento: ¿Que hizo la delegación Profepa durante nueve meses entre el 15 de enero, primera denuncia, y el 26 de noviembre del 2009, un día antes del asesinato de Mariano Abarca? Y contesta: “Nada. Encubrió a la minera canadiense Black Fire y nunca fue a verificar las violaciones denunciadas, sino hasta después del asesinato”.
En los primeros días de 2009, integró el expediente PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09, resultado de la denuncia de la Semarnat, y envió inspectores y dictaminó la clausura temporal total de la mina, “por las graves irregularidades encontradas”.
Pese a que los “inspectores verificaron irregularidades que constan en el expediente (PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09), lo más inaudito fue que Profepa emite un acuerdo, declarando que no existe irregularidad alguna por parte de la compañía Blackfire. Es decir, que toda la afectación encontradas y documentada por los propios Inspectores de la Profepa —a través de Actas, existentes en el expediente—, la delegación de la Profepa, las ignoró por decir lo menos”, señala REMA.
Para que la decisión “no fuera descaradamente evidente”, la Profepa sancionó a la Blackfire Exploration. En el punto sexto del mismo Acuerdo, “impone una multa de $261,443.00 pesos por el derribamiento de árboles en el camino de colindancia entre los ejidos Grecia y Nueva Morelia, “cantidad que seguramente no representó ningún menoscabo en el patrimonio de la empresa, mucho menos le significó cambiar seriamente su política extractiva”.
“Sólo clausuraron temporalmente la mina como distracción, solapamiento e impunidad, y con el fin de hacer creer que efectivamente se atendió la denuncia popular, cuando en realidad, las resoluciones emitidas, tienen la intención de eximir de toda responsabilidad a la Compañía canadiense Blackfire”, sostiene REMA.
A la denuncia presentada por Mariano Abarca, “nunca se dio seguimiento”.
“La indignación, sigue guiando nuestra exigencia de castigo a los autores materiales e intelectuales de este asesinato, así como de los funcionarios gubernamentales que, por actuación u omisión, permitieron que, no obstante haber recibido denuncias populares por las graves violaciones a la normatividad ambiental de parte de la Compañía canadiense Blackfire, no actuaran conforme a sus atribuciones. De haberlo hecho, nuestro compañero Mariano Abarca Robledo estaría con vida”, finalizó REMA en su comunicado.
El lunes, 22 de mayo, por la noche, Gilberto López Sántiz, indígena tseltal integrante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), fue víctima de un ataque armado que mantiene en grave riesgo su vida, denunció la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT). Él recibió un impacto de bala en el lado izquierdo a la altura del pecho.
Horas antes, la comunidad Autónoma Moisés y Gandhi, municipio Autónomo Lucio Cabañas (Ocosingo, Chiapas), informó del ataque armado perpetrado por integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao).
De acuerdo con la información recibida por la Secretaría Ejecutiva de la RED TDT, los hechos comenzaron a las 16:32 horas cuando integrantes de la Orcao de la comunidad El Sacrificio, municipio de Ocosingo, accionaron armas de fuego cuyo registro contabilizó 130 disparos de pequeño calibre y 15 disparos de alto calibre.
A las 19:59 horas, integrantes de la Orcao de la comunidad 7 de Febrero también comenzaron a disparar desde una bodega de café ubicada a un costado de la carretera San Cristóbal – Ocosingo, a la altura del crucero Cushuljá. Primero realizaron ocho disparos de calibre chico y seis de alto calibre, posteriormente 18 disparos de calibre grande e inició una ráfaga de balas que no se pudo contabilizar.
El día de hoy, 23 de mayo, testimonios refieren que los disparos hacia la comunidad Autónoma Moisés y Gandhi continúan y que los servicios públicos de atención médica no han querido recibir a Gilberto López Santiz, herido de bala, justificando que no cuentan con instrumental y personal médico para llevar a cabo la cirugía y atención necesaria.
De acuerdo a la RED TDT, esta información ha sido verificada por autoridades civiles de la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Municipio Autónomo Lucio Cabañas (municipio oficial de Ocosingo), Chiapas.
La red exige el cese inmediato de los ataques armados contra las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del Caracol 10 por parte de la Orcao y que se realicen las investigaciones correspondientes, a fin de sancionar y castigar a las personas responsables de los delitos señalados y las violaciones a los derechos humanos en contra de las BAEZLN en Chiapas.
En mayo de 2022, la RED TDT emitió una acción urgente en donde se documenta diversos hechos de violencia en la comunidad, así como el aumento de ataques armados, robo de cosechas, destrucción de bienes y desplazamiento forzado, con base en los testimonios de las personas pobladoras de la región.
En portada: Millares de abejas murieron a causa de la contamiación por químicos utilizados en monocultivos de Campeche.
El 22 de marzo de 2023, decenas de apicultores del municipio de Hopelchén, Campeche, en la Península de Yucatán, en particular de las comunidades mayas de Oxa y Suc Tuc, denunciaron ampliamente que millones de abejas estaban moribundas o muertas en sus apiarios.
A dos meses de la contaminación, un estudio realizado en conjunto por el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) y por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), publicado el 20 de mayo, revela que las abejas fueron contaminadas por fipronil. “Un insecticida altamente peligroso”, alerta el estudio, aplicado probablemente en monocultivos de la región.
La región “ha sufrido graves daños en materia de apicultura por la agroindustria, la deforestación, la contaminación del agua, cambio de uso de suelo y cultivos transgénicos”, señala en sus redes la Alianza Maya por las Abejas Kabnáalo'on.
La Península de Yucatán es la región productora de miel de abeja más importante de México y hace parte de la história de los pueblos mayas. En la época prehispánica, una de las actividades de mayor relevancia después del cultivo de la milpa maya, fue la cría de abejas nativas.
El grupo de científicos hizo un censo del cual resultan 110 apiarios afectados, en un área de 11,304 hectáreas, pertenecientes a 80 apicultoras y apicultores, con un total de 3,365 colmenas afectadas, lo que representa alrededor de 80% de las colmenas. “Este censo se sigue actualizando, pero desde ahora se puede señalar como uno de los casos más graves de intoxicación de abejas en México”, sostienen.
En términos socio-económicos, la intoxicación de abejas tiene una implicación de, al menos, 13,200 días de empleo rural perdido, y 12,990,418 pesos mexicanos de pérdidas económicas, considerando la producción de miel, la necesidad de enjambres, y el servicio de polinización, se estima en el estudio.
El informe también alerta que existe un daño ambiental, pues además de las abejas de los apicultores, “sin ninguna duda”, fueron afectadas las abejas nativas, de las cuales la Península de Yucatán alberga al menos 233 especies. Entre estas especies figura Melipona beecheii, parte del patrimonio biocultural del pueblo Maya, bajo el nombre de Xunan Kab’.
El estudio apunta que los daños más grandes, más que económicos, son inmateriales e imposibles de cuantificar. Se trata de afectación al patrimonio biocultural que representan las abejas para la cultura maya.
“Es momento de aplicar las leyes y normas que castiguen a los responsables de estas prácticas ecocidas, así como de respetar los tratados internacionales que protegen la biodiversidad y la integridad de los habitantes de los pueblos”, señala la Alianza Maya por las Abejas Kabnáalo'on.
