Tecoltemi logra cancelación definitiva de concesiones de la canadiense Almaden Minerals

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26 abril, 2023

Tras casi una década de batallas legales, la comunidad nahua de Tecoltemi, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, logró la cancelación de dos concesiones que permitían a la empresa canadiense Almaden Minerals explotar una mina del municipio.

De acuerdo con Fundar y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el 12 de abril un juzgado determinó —acatando una sentencia de la corte— que “no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su reglamento”.

El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla declaró cumplida la Sentencia emitida en febrero de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado 9 de febrero en cumplimiento a la sentencia, la Secretaría de Economía declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento.

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El juzgado “llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo”, reconociendo que, “(...) la autoridad responsable –Secretaría de Economía - consideró que no era factible expedir los títulos solicitados; entonces, se torna innecesario que realizara el procedimiento de consulta a la comunidad indígena (…)”.

“Con este acuerdo cierra la batalla legal que Tecoltemi mantuvo durante 8 años en defensa de sus derechos y su territorio. La lucha de Tecoltemi derivó en la cancelación de las concesiones mineras impugnadas como consecuencia del reconocimiento de la violación a los derechos de los pueblos indígenas, dejando antecedentes de relevancia para otros pueblos y comunidades que viven la imposición del modelo extractivo minero en sus territorios”, sostuvo la comunidad en un comunicado.

Además, recordaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas también concluyeron a través de diversas evaluaciones que la minera ocasionó en la zona graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.

“Exigimos a Minera Gorrión retirarse de forma inmediata del municipio de Ixtacamaxtitlán y abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad dentro del territorio, y solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las instancias correspondientes, vigilar y sancionar cualquier actividad ilegal por parte de Minera Gorrión en el municipio de Ixtacamaxtitlán”.

En Argentina, el trigo transgénico ya se mezcla con el convencional

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Avispa

25 abril, 2023

^{Por Darío Aranda}

^{En portada: Una jornada de protesta bajo la consigna “Con Nuestro Pan No”, realizada en rechazo al lanzamiento de la primera variedad de trigo transgénico del mundo, hecho en Argentina.}

La población de Argentina es la primera en comer pan con trigo transgénico. Así lo confirmó la empresa Bioceres-Indear al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional. El transgénico, que va junto al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, fue denunciado por más de mil científicos, por productores (tanto agroecológicos como del agronegocio) y por organizaciones socioambientales. Los estudios que señalarían la supuesta “inocuidad” del transgénico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. “Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública”, denunció en una carta pública el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La noticia se conoció mediante un anuncio de Bioceres-Indear a inicios de marzo. Y es de una trascendencia mundial: por primera vez un trigo modificado genéticamente (llamado “HB4”) llega a los alimentos de consumo masivo (pan, pizzas, empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, más grave, la población no tiene posibilidad de identificar si está comiendo un producto con transgénicos o no: en Argentina no existe un etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

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Desde el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA-UNR) resaltaron que no hay pruebas científicas independientes y publicadas en revistas académicas que demuestren la inocuidad del trigo HB4 en la ingesta en humanos. Recuerda que, en Argentina, los transgénicos se aprueban en base a “estudios” de las propias empresas y que esos informes son secretos.

El InSSA, que ha confirmado con una publicación científica la incidencia de cáncer en pueblos fumigados, remarca otro factor del trigo transgénico: “Va acompañado con el herbicida glufosinato de amonio, cuya toxicidad sobre el ambiente y la salud ya ha sido demostrada en numerosos trabajos científicos, así como también se ha evidenciado que no se degrada y que incluso es posible detectarlo hasta en ultraprocesados”.

Los investigadores instan a los “decisores de políticas públicas” que atiendan a las evidencias científicas que dan cuenta de los peligros de ese cultivo. “Consideramos urgente que las autoridades prohíban la comercialización e incorporación del trigo Hb4 en las harinas para producción de productos comestibles y/o sucedáneos de la alimentación humana”, remarcan.

En 2020, en una carta abierta, más de mil científicos del Conicet y de 30 universidades públicas de Argentina rechazaron el avance del trigo transgénico: “Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”. Aportaron decenas de estudios que dan cuenta de los peligros del nuevo transgénico. Nada de eso fue tenido en cuenta por las autoridades estatales.

Bioceres-Indear es la compañía impulsora del trigo transgénico. Se presenta como una “empresa nacional”, con accionistas como el denominado “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel y el multimillonario Hugo Sigman, pero desde 2021 cotiza en la Bolsa de Nueva York. Para el transgénico también fue vital el aporte del Estado, mediante recursos y políticas activas del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. Su referenta es la científica Raquel Chan, socia de Bioceres y negadora de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio.

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Mauricio Macri estuvo a punto de aprobar el trigo durante su gestión, pero frenó la decisión por la advertencia de productores del agronegocio, del Centro de Exportadores de Cereales y la Federación de Acopiadores, ante la posibilidad de perder mercado de exportación (principalmente Brasil). Los consumidores no quieren transgénicos en sus platos. La aprobación final fue en mayo de 2022, cuando Julián Domínguez (entonces ministro de Agricultura) dio luz verde al pedido de Bioceres-Indear (la firma administrativa corrió por cuenta de Luis Gustavo Contigiani).

“La responsabilidad del Gobierno es total. Desde la autorización sin pruebas de inocuidad, sin contemplar los efectos negativos en el campo y también con sus políticas científicas, con Raquel Chan como emblema, al servicio del sector más concentrado del agronegocio”, denunció Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT). Y remarcó la gravedad de este trigo: “No solo se contaminará al trigo convencional sino que este transgénico, y sus agrotóxicos, irán directo a nuestros cuerpos, al de nuestros hijos. Las consecuencias serán muy graves y se verán en el mediano y largo plazo. Es criminal”.

Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, que desde hace dos décadas denuncia los impactos del agronegocio en la salud y el ambiente, precisaron que el herbicida glufosinato de amonio es “mucho más tóxico que el glifosato y está comprobado sus efectos teratogénicos, neurotóxicos y genotóxicos”.

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La Multisectorial, que forma parte de la campaña “Con nuestro pan no” (que reúne a decenas de organizaciones de todo el país) alertó el efecto en los productores: “No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico debido al proceso de ‘contaminación genética’ que ocurre durante la polinización y cuyos residuos de agrotóxicos quedarán en la harina obtenida. En sociedades empobrecidas y culturalmente trigo-harina dependientes, es un claro peligro de salud pública”. Y advierte que el mecanismo por el cual se autorizó el transgénico viola la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, entre otras normas de protección de la salud y el ambiente. Exigen el cese de la siembra del transgénico, el freno a la mezcla con el trigo tradicional y recuerdan: “La salud no se negocia”.

Sigue en marcha proyecto para “desarrollo ” del sur de México; bajo mando de EEUU

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Sare Frabes

24 abril, 2023

La semana pasada, el 18 de abril, los gobernadores del sur-sureste mexicano se reunieron, por séptima vez, desde 2021, con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, para “impulsar el desarrollo sostenible” de la región.

Durante el encuentro, que ocurrió en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y História Natural (Semahn) de esta entidad, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, dio a conocer los avances de la mega iniciativa de “conservación y desarrollo sostenible” llevada a cabo en los siete Estados, con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos, The Nature Conservancy (TNC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

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De acuerdo con la secretaria, la iniciativa buscará la conectividad en corredores ecológicos y bioculturales, restauración y regeneración de ecosistemas degradados ante el cambio climático y sistemas productivos sostenibles compatibles con la conservación.

Los gobernadores y las secretarías de Medio Ambiente, Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán han conformado la iniciativa.

Durante el evento, el grupo de titulares y equipos técnicos de las siete secretarías trabajaron, bajo la asesoría de TNC y PNUD, en el diseño de las bases de operación del mecanismo a través de la definición de temas y regiones prioritarias.

El embajador Salazar, reconoció la disposición de los gobernadores para trabajar coordinados en busca de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos atrayendo proyectos e inversión que permite mayor empleo y bienestar social. “Hay muchas oportunidades en el Sur-Sureste” afirmó

Las regiones prioritarias establecidas para el año de 2023 son Selva Maya – Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán); Corredor Chimalapas – Selva Zoque (Chiapas, Oaxaca y Veracruz); y la Región Serrana Chiapas-Tabasco de Huitiupán-Tacotalpa (Tabasco – Chiapas).

Recientemente se lanzó la convocatoria “Mecanismo de Cooperación para la Conservación y Desarrollo Sustentable de los Paisajes del Sur-Sureste de México 2023”, con la cual entra en operación el primer ciclo de financiamiento de la iniciativa, con la aportación de 1 millón de dólares por parte de la USAID. Esta es la primera convocatoria pública para la selección de hasta cinco iniciativas de conservación que recibirán una aportación de capital semilla.

El mecanismo está enmarcado en el proyecto Comunidades Prósperas y Sostenibles, impulsado por la USAID y liderado por la TNC, para “el desarrollo sustentable de los paisajes del sur-sureste de México cuyo propósito es impulsar la inversión estratégica de recursos financieros para la incubación, la movilización de capital semilla y la atracción de inversión privada que aceleren iniciativas emblemáticas impulsadas por los gobiernos estatales del sureste para la conservación y el desarrollo sostenible de la región”, según la convocatoria.

El mecanismo de cooperación surge como uno de los acuerdos plasmados en la Carta de Intención firmada entre los gobiernos estatales de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán con USAID y TNC en el marco del Tercer Encuentro de Gobernadores, realizado en febrero de 2022 en Quintana Roo. Dicha Carta de Intención busca coordinar esfuerzos para promover la conservación y el desarrollo sostenible del Sureste de México.

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Área de Interés

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca son los estados que poseen el segundo macizo forestal más grande del continente, al contar con una extensión de 332 mil 099.81 km2, equivalente al 17% del territorio nacional, con una población de 25 millones 248 mil 399 habitantes, lo que equivale al 20% de la población nacional, de acuerdo con el (INEGI, 2020), donde el 60% de las etnias presentes del país están representadas en esta región.

Es una zona rica en especies de vertebrados, plantas vasculares y artrópodos y tiene más de 535 especies de mamíferos, más de 1 mil especies de aves y animales marítimos. Allí están presentes los 10 tipos de vegetación de México, alberga 14 regiones hidrológicas que integran una importante red hidrográfica.

Otros proyectos

Las empresas de la American Chamber of Commerce de México (AmCham) han participado desde el primer encuentro en 2021. A través de distintos proyectos invertirán mas de 600 millones de pesos en la región. De acuerdo con comunicado emitido por la embajada de los Estados Unidos, más de 200 comunidades indígenas “se verán beneficiadas”. Además, más de 35 mil micro, pequeñas y medianas empresas y 26 universidades e institutos “también se beneficiarán”.

El director general del Consejo Mexicano del Negocio (CMN), Rolando Vega Sáenz, sostuvo que este espacio permite generar alianzas entre los Gobiernos Estatales y la Embajada de EUA, con el objetivo de realizar proyectos que fomenten el desarrollo de las empresas y generar condiciones propicias para que México y sus regiones sean atractivos a la inversión.

Entre las empresas internacionales presentes estuvieron Organon, Visa, Meta, Amazon y Google. La próxima reunión ocurrirá en Cancún, la fecha no fue anunciada.

A dos años de la detención ilegal de base de apoyo zapatista, exigen su liberación

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Ñaní Pinto

20 abril, 2023

Autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Zapatista del Caracol 9 denunciaron la injusta prisión de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), detenido ilegalmente el 4 de diciembre de 2020 y quien permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 16, municipio de Ocosingo, Chiapas.

Acorde a la denuncia zapatista y del centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), la aprehensión de Manuel Gómez, por un grupo civil armado, responde a una acción de criminalización en su contra debido a su adherencia al EZLN.

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Gómez Vázquez, maya-tseltal de 22 años, de oficio campesino, es originario del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (Marez), Ricardo Flores Magón, ubicado en Nuevo Jerusalén, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.

“Lo atacan por ser zapatista, es la verdad. Para los malos gobiernos el ser zapatista es un delito que se castiga con calumnias, persecución, cárcel y muerte”, enfatizaron autoridades autónomas mediante denuncia pública.

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A más de dos años de la detención arbitraria, mediante conferencia de prensa realizada en el Frayba este martes (18), defensores de derechos humanos señalaron que Gómez está “acusado falsamente de homicidio tras hechos violentos que se suscitaron en el ejido el Censo, municipio de Ocosingo”. Además, subrayaron que el base de apoyo zapatista fue víctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Expediente falso

Un comunicado del Frayba, emitido en marzo de este año, señala que, entre los días 4 y 5 de diciembre del año 2020, se suscitaron hechos de violencia que dejaron como saldo cuatro personas privadas de la vida en el ejido el Censo, municipio de Ocosingo. “La Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel quien en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio”, señala el centro de derechos humanos.

Por su parte, las autoridades de la JBG señalan que han realizado una investigación sobre los hechos para confirmar la inocencia de Manuel Gómez Vázquez. No obstante, pese a que “las autoridades oficiales del ejido El Censo saben que es mentira de lo que se acusa al compañero Manuel Gómez Vázquez, pero tienen miedo de decirlo porque están amenazados de muerte por los familiares de los asesinos”, denuncian los zapatistas.

Según las autoridades de la JBG, la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado, “fabricó el expediente con pruebas falsas, desmentidas por el propio agente municipal”. Estas declaraciones se suman a lo indicado por Frayba en marzo pasado, cuando difundió que la Fiscalía carece de medios de pruebas para acusar, y mantener en prisión, a Gómez Vázquez.

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“(La Fiscalía) fabricó pruebas a modo, toda vez que no presenta a declarar a los supuestos testigos, lo que ha dado como consecuencia que en dos ocasiones la audiencia de Juicio Oral se haya diferido. No existen necropsias por los homicidios, y el Poder Judicial del Estado se ha excedido en la prisión preventiva que en ningún caso será superior a dos años”, contextualiza el Frayba.

Las autoridades zapatistas sostienen que la responsabilidad de la detención ilegal del base de apoyo recae en el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y en el presidente municipal en Ocosingo, Jesús Alberto Oropeza Nájera; ambos, pertenecientes al partido Morena.

“Bien sabemos que están en contra nuestra y de nosotros como bases de apoyo zapatistas y nos encarcelan injustamente (…), todos están destruyendo la comunidad fraccionando las tierras. Son destructores de la comunidad. ¿Dónde está eso que dice primero los pobres? primero nos están chingando y matando a los pobres”, sostienen las autoridades autónomas.

Boaventura de Sousa Santos y los silencios de la academia

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Andrés Kogan Valderrama

20 abril, 2023

^{En portada: El sociólogo portugués durante su participación en la}^{Feria del Libro de Ciencias Sociales de Recoleta}^{realizada este mes en Chile.}

Hubiera preferido escribir algo sobre el reciente paso de Boaventura de Sousa Santos por Chile en la Feria del Libro de Ciencias Sociales de Recoleta y la necesidad de descolonizar nuestra historia a través de las Epistemologías del Sur, articulando la crítica al colonialismo, patriarcado y capitalismo, frente a un escenario de crisis climática y de amenaza nuclear (1), pero la gravedad de las acusaciones de acoso y abuso sexual en su contra terminan por borrar todo su pensamiento crítico (2).

Por eso que es escalofriante y cuesta mucho asimilar que un referente tan importante para el campo del pensamiento crítico mundial, vinculado a distintos movimientos sociales, como lo ha sido Boaventura de Sousa Santos en las últimas décadas, sea acusado por distintas mujeres del planeta de usar su poder académico para agredirlas sexualmente, reproduciendo lo peor del patriarcado que él mismo dice cuestionar en toda su obra.

El relato de una de las víctimas, proveniente de Argentina y del pueblo mapuche, Moira Millán (3), es estremecedor, la cual en detalle describe de manera dramática como el sociólogo portugués aprovechó su posicionamiento intelectual y prestigio para ejercer violencia sexual contra ella, sacando lo peor de una masculinidad violenta que usa los cuerpos de las mujeres para colonizarlos y transformarlos en meros recursos extractivos.

^{Una de las pintas que aparecieron en el otoño de 2018 en los muros del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y que, según las autoras de la denuncia, les permitieron darse cuenta de que “no estaban completamente solas". El título del artículo, "Las paredes hablaron cuando nadie se atrevía", hace referencia a estas pintas, que siempre se borraban apresuradamente.}

De ahí que debiera hacernos reflexionar no solo sobre lo deleznable a nivel individual de lo que se le acusa a Boaventura de Sousa Santos, sino de cómo el campo académico es también un espacio de concentración de poder simbólico que reproduce lo peor del capitalismo, colonialismo y patriarcado, a través de prácticas que en vez de prevenir, proteger y acompañar a las víctimas, terminan por generar las condiciones para que ocurran este tipo de hechos.

Por lo mismo, no se pueden omitir los silencios de universidades, centros académicos y espacios educativos que han callado por años abusos y violencias de toda índole, con tal de no perder prestigio y seguir en la vorágine de un capitalismo académico, centrado en la desenfrenada publicación de investigaciones y documentos científicos, subordinándose a lógicas competitivas, que pasan por alto prácticas racistas, sexistas y mercantiles en distintos lugares.

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No es casualidad por tanto, que Moira Millán en su testimonio haya denunciado el silencio de El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), por conocer la gravedad de la situación con antelación y no hacer nada al respecto, mostrando como espacios que promueven el pensamiento crítico y cuestionamiento a sistemas de opresión, tampoco funcionan desde el cuidado.

Es cierto, CLACSO, luego de lo ocurrido sacó un comunicado de rechazo absoluto a cualquier tipo de violencia sexual (4), además de suspenderlo de actividades, al igual que la Universidad de Coimbra, pero llega muy tarde, ya que el enorme daño generado es irreparable, no estando a la altura de un institución regional que debiera poner en el centro la construcción de buenos vivires, libres de distintas violencias ejercidas principalmente a mujeres, trabajadores, indígenas, disidencias, pobladores.

Para que hablar de otras Universidades que Boaventura de Sousa Santos ha impartido clases, cursos, seminarios y ha sido distinguido como Doctor Honoris Causa, como son los casos de la Universidad de Costa Rica, Universidad de Wisconsin-Madison, Universidad de Warwic, Universidad de Londres y tantos otros espacios educativos que han guardado un silencio cómplice, que no solo lo encubre a él, sino a cuantos otros docentes que siguen en la impunidad completa.

Por otro lado, el rol que juega en todo esto la masculinidad hegemónica es clave, en donde como hombres nos mal acostumbraron a idolatrar e idealizar a otros hombres de manera acrítica, como si fueran unos grandes héroes o dioses, lo que se reproduce en el campo académico e intelectual, de la misma forma como pasa en otros campos, como lo son el deportivo, artístico, militar, religioso, empresarial y político.

En el caso de Boaventura de Sousa Santos, que lo transformamos en una especie de gurú de la plurinacionalidad, de la decolonialidad y de la crítica al eurocentrismo, no vimos que finalmente las ideas no le pertenecen a nadie en particular, sino que son parte de un entramado de relaciones y luchas históricas que trascienden a los autores mismos y a sus propias vidas, que en este caso, están en total contradicción a lo que se le acusa.

^{_{1: https://www.youtube.com/watch?v=POO6qCiE4Zk}}

^{_{2: https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/04/15/feminismos-varias-mujeres-acusan-al-intelectual-portugues-boaventura-de-sousa-santos-de-acoso-sexual-durante-casi-una-decada/}}

_{3: https://www.elsaltodiario.com/violencia-machista/tengo-denunciar-bonaventura-sousa-santos-hombre-presumiblemente-izquierdas}

_{4: https://www.clacso.org/tolerancia-cero-y-rechazo-absoluto-al-acoso-sexual/}

Perú: defensores de la tierra se levantan contra narcoestado

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Javier Bedía Prado

19 abril, 2023

^{En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.}

El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).

En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.

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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.

Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.

En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.

A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.

El Perú como narcoestado

La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.

“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).

La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.

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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.

Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.

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