En portada: Infancias y juventudes zapatistas celebran en el marco del 30 aniversario del levantamiento del EZLN. Durante los festejos, realizados en tierras recuperadas del Caracol Dolores Hidalgo, compartieron distintas expresiones artísticas para enfatizar su propuesta del trabajo común. Foto: Aldo Santiago
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha lanzado una invitación abierta a personas, colectivos, organizaciones y pueblos originarios adherentes de la denominada Declaración por la Vida para participar en los Encuentros Internacionales de Rebeldías y Resistencias 2024-2025. Este evento se celebrará en dos sedes de Chiapas: el CIDECI-Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, y el Caracol de Oventik, del 26 de diciembre de 2024 al 2 de enero de 2025.
El Subcomandante Insurgente Moisés ha anunciado, en un comunicado emitido este 3 de diciembre, que estos lugares han sido elegidos para que haya mayor seguridad para los asistentes, ya que en el estado de Chiapas va en aumento la violencia por la presencia distintos grupos del crimen organizado.
Los encuentros incluirán conferencias, mesas de análisis y un festival cultural, con la participación de académicos, activistas, artistas y miembros del EZLN.
Infancias y juventudes zapatistas celebran en el marco del 30 aniversario del levantamiento del EZLN. Durante los festejos, realizados en tierras recuperadas del Caracol Dolores Hidalgo, compartieron distintas expresiones artísticas para enfatizar su propuesta del trabajo común. Foto: Aldo Santiago
Entre los espacios de reflexión y análisis destaca La tormenta; el crimen, el verdugo y las víctimas, que se realizará el 28 de diciembre, con la participación de los académicos Jorge Alonso, John Holloway y Carlos Aguirre Rojas.
También estará la mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas. Genealogía del Común Zapatista, el 28 de diciembre, presentada por el Subcomandante Insurgente Moisés y miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN.
Milicianas del EZLN. Foto: Aldo SantiagoMujeres Otomí durante el festejo por el 30 aniversario del levantamiento zapatista. Foto: Aldo Santiago
La mesa Rebeldía y Resistencias Parte II estará enfocada a las mujeres, el 29 de diciembre. Este panel contará con voces como las de las comandantas zapatistas y mujeres otomíes, que lideran procesos de resistencia indígena.
Un festival para celebrar la lucha colectiva
El festival cultural, a celebrarse del 30 de diciembre al 2 de enero, será un espacio de encuentro y celebración. Contará con una obra teatral, así como diversas presentaciones artísticas que incluyen música. Este espacio artístico será presentado por jóvenes zapatistas y por quienes han suscrito la Declaración por la Vida. Finalmente, la noche del 31 de diciembre se llevará a cabo un baile para despedir el año y dar la bienvenida al 2025.
Exclusiones y registro
El EZLN enfatizó que el acceso al evento estará prohibido para funcionarios gubernamentales de cualquier nivel, asegurando que el espacio sea exclusivamente para participantes afines a la causa. El registro podrá realizarse en línea a través del correo encuentrodiciembre24enero25@gmail.com o de manera presencial.
En el siguiente análisis, exploramos qué podemos esperar del segundo mandato de Donald Trump y cómo podemos prepararnos para afrontarlo. Si sólo tienes tiempo para leer una parte, lee las propuestas para saber qué podemos hacer para resistir.
Es comprensible que mucha gente se sienta agotada ante la perspectiva de una segunda era Trump. Es fácil querer desconectar y disociarse. ¿Qué podemos hacer?.
Pero no sabemos cómo habría ido la primera era Trump si no hubiera sido por las formas en que millones de personas participaron en diversas formas de resistencia. Por difícil que fuera, podría haber sido mucho peor. No derrocamos el capitalismo ni abolimos la policía, pero evitamos que los fascistas tomaran las calles, e impedimos que Trump y sus partidarios llevaran a cabo gran parte de su agenda. Cualquiera que te diga lo contrario está tratando de ocultar nuestro poder colectivo.
Mientras confiamos en nuestra propia fuerza, nos hicimos personas más y más poderosas. Nuestras protestas impulsaron a otros a la acción, mostrando lo que estaba en juego y dónde era vulnerable el régimen. Nuestras acciones dieron forma a las narrativas públicas, contrarrestando los esfuerzos de Trump para determinar el discurso popular. Los disturbios resultantes dieron a la clase capitalista la impresión de que el reinado de Trump era malo para los negocios, minando su apoyo. Solo después de que aparentemente hubiéramos expulsado a Trump del escenario de la historia bajamos la guardia, permitiendo que nuestros movimientos sociales menguaran y creando una situación en la que el Partido Demócrata podría ceder el poder una vez más.
La lección está clara. Solo conseguiremos lo que ganemos con nuestro propio esfuerzo. La era Trump no fue una anomalía histórica. No ha quedado atrás. Seguimos en ella, y solo podremos superarla luchando.
"Nadie manda si nadie obedece"
Ahora está ocurriendo de nuevo: el Partido Demócrata está entregando a Donald Trump las llaves del reino, incluidos los medios de represión más avanzados de la historia del sistema solar. El poder popular expresado en el levantamiento de 2020 -lo único que ha sido lo suficientemente poderoso como para detener a este aspirante a dictador- se ha disipado, socavado por los mismos demócratas que afirmaban que sabían mejor que nadie cómo derrotar a Trump.
Este es un momento crucial, y todas las personas que no son cínicamente indiferentes están haciendo sonar la alarma. Aquellas de nosotras que reconocemos la necesidad de luchar es mejor que nos encontremos, identifiquemos las fortalezas y debilidades de todas las partes implicadas, recordemos las lecciones de los últimos ocho años y elaboremos estrategias.
El equilibrio de fuerzas
En cierto modo, estamos en peor posición que en 2017. La elección de Trump en 2016 fue un shock para todos, provocando una respuesta masiva inmediata; en ese momento, la ocupación de Standing Rock y los levantamientos contra la violencia policial en Ferguson y Baltimore estaban frescos en las mentes de millones de personas. Esta vez, el levantamiento de 2020 parece un recuerdo lejano, a pesar de que fue exponencialmente mayor que esos movimientos anteriores. El movimiento estudiantil de la primavera pasada en solidaridad con Palestina fue inspirador, pero no se extendió lo suficiente más allá de las universidades como para sobrevivir a la represión y a las vacaciones de verano.
No obstante, decenas de millones de personas compartimos la experiencia de haber participado en el mayor levantamiento de masas en Estados Unidos en al menos medio siglo. Esos recuerdos han quedado enterrados bajo las posteriores capas sedimentarias de la historia, pero no son del todo inaccesibles.
Por primera vez, Trump ha ganado el voto popular, obteniendo ganancias con algunos votantes de color. Una mayor parte de la población está dispuesta a votar por el fascismo abierto que antes, sabiendo muy bien lo que están haciendo esta vez. Aunque la actividad fascista de base se redujo después del golpe de estado abortado del 6 de enero de 2021, los neonazis han reanudado sus apariciones en las calles. Si Trump indulta a quienes cumplen condena como consecuencia del 6 de enero, es probable que organizaciones de extrema derecha como los Proud Boys vuelvan a las calles con toda su fuerza.
Tras ocho años de escándalos y emergencias, todo el mundo está insensibilizado y desmoralizado. Tanto los demócratas institucionales como los de base parecen dispuestos a darse la vuelta y dejar que Trump haga lo que quiera. Como en 2017, los republicanos controlarán la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado; una vez más, ejercen un profundo poder institucional mientras fingen ser «rebeldes» contra el Estado que controlan. Esta vez, sin embargo, Trump está dispuesto a llevar su agenda mucho más lejos. En 2017, como advenedizo en el Partido Republicano, se vio obligado a llenar su administración de neoconservadores y otros republicanos tradicionales. Ahora los republicanos están unidos detrás de él, y se está preparando para destripar todo el gobierno federal y los rangos superiores de las fuerzas armadas e instalar una pandilla de leales.
Sin embargo, esto podría crearle nuevas debilidades. Promover a aduladores a puestos de poder sobre la base de la lealtad y no de la experiencia no creará necesariamente un gobierno eficaz. Cuanto más envalentonados estén Trump y sus secuaces, más probable será que provoquen resistencia. Al intentar nombrar un gabinete lleno de violadores, teóricos de la conspiración y presentadores de Fox News, obligará incluso a los liberales más moderados a dejar de considerar legítimo al Gobierno de Estados Unidos, al menos temporalmente. La purga de miles de personas del gobierno y del ejército, mientras libra una guerra abierta contra algunos de los sectores más desesperados de la sociedad, podría incitar a la resistencia en múltiples frentes.
¿Hasta qué punto es popular Trump?
Donald Trump no es significativamente más popular en 2024 de lo que era en 2020, ni representa a la mayoría de la población. Añadió un par de millones de votos al número que recibió en 2020, pero aún así recibió considerablemente menos votos en 2024 que Joe Biden en 2020, a pesar de que la población estadounidense ha aumentado en varios millones desde entonces. Y recuerden que Biden no era realmente popular en 2020, como se hizo evidente después.
Así que Trump no ha ganado popularidad. El Partido Demócrata ha perdido popularidad, eso es todo.
Esto no es sorprendente. Los demócratas han intentado ser el partido de las concesiones entre opuestos irresolubles. Intentaron una concesión entre el capitalismo y la clase obrera, entre la policía y las comunidades a las que brutalizan, entre el genocidio y la paz1 No es de extrañar que fracasaran. En realidad, es sorprendente lo bien que lo hicieron, teniendo en cuenta que se presentaron en la plataforma de la «democracia» sin siquiera ofrecer a los votantes unas primarias en las que elegir candidato. A la mayoría de los demás partidos gobernantes del mundo les fue aún peor en las elecciones de 2024.
Pero eso no significa que a la gente le gusten los demócratas. Solo significa que la gente odia a Donald Trump.
Si algunos demócratas están ansiosos por responder a estas elecciones persiguiendo a los republicanos aún más a la derecha, esto sólo demuestra lo mal que siguen juzgando la situación. Su intento de cortejar al centro acercándose a los neoconservadores fracasó a la hora de construir una mayoría viable. Ello se debe a que el statu quo es impopular. Las personas que impulsaron a Trump a la victoria estaban emitiendo en gran medida votos de protesta contra el orden gobernante. Como predijimos el pasado julio, el centro no puede sostenerse.
Las elecciones de 2024 representan el fin del consenso neoliberal tecnocrático que dominó el mundo desde la década de 1970 hasta la de 2010. La popularidad de Trump no es un fenómeno único. En todo el mundo crecen los movimientos populistas de extrema derecha y los líderes autoritarios ganan legitimidad política. Durante décadas, liberales y conservadores han trabajado juntos para suprimir los movimientos de base que trataban de abordar los problemas creados por el capitalismo neoliberal; esto creó un vacío que la extrema derecha ha acabado llenando. En ese sentido, los demócratas allanaron el camino para que el nacionalismo y el fascismo sucedieran al neoliberalismo. Presumiblemente, suponen que éstos serán menos amenazadores para sus privilegios de lo que sería el fin del capitalismo.
Tal vez esto explique cómo el Partido Demócrata pudo pasar años denunciando a Trump como un fascista, y luego organizar inmediatamente una transferencia pacífica de poder. Los demócratas institucionales esconden la cabeza en la arena, con la esperanza de que si se mantienen fieles a las instituciones de la democracia, incluso unilateralmente, esas instituciones podrían sobrevivir los próximos cuatro años. Pero teniendo en cuenta lo drásticamente que ha cambiado el terreno de juego en los últimos ocho años, no hay razón para creer que esas instituciones permanecerán intactas a menos que la clase dominante las necesite como moneda de cambio.
Los demócratas no tienen intención de defender a quienes Donald Trump pretende atacar. Son cómplices a sabiendas del fascismo.
Nada de esto es una buena noticia. Los decepcionados por los demócratas no encontrarán necesariamente su camino hacia los movimientos de liberación. Podrían desviarse más a la derecha, o gravitar hacia esquemas piramidales autoritarios de izquierda, o retirarse a la apatía por completo. Pero aquí hay oportunidades.
Supervillanos multimillonarios
Es sorprendente que Trump no pudiera aumentar su base de votantes, teniendo en cuenta que el hombre más rico del mundo le apoyó gastando 44.000 millones de dólares para comprar la principal plataforma de debate político del mundo y más de cien millones de dólares más en prospecciones electorales privadas, incluyendo esfuerzos para sobornar a los votantes de clase trabajadora eligiendo un ganador de lotería diario de un millón de dólares.
Cosas de supervillanos.
Tanto Elon Musk como Donald Trump fingen que se sintieron atraídos por la política por un sentido del deber cívico; de hecho, ambos están simplemente ampliando sus negocios mediante la expansión para comerciar con el poder del Estado.2 El día después de las elecciones, una subida de las acciones añadió 26.500 millones de dólares al patrimonio neto de Musk, en la mayor repunte de este tipo registrado. Mientras que los demócratas siguen intentando preservar el capitalismo neoliberal tal y como era, los republicanos representan una nueva fusión de nacionalismo populista y oligarquía que busca extraer beneficios directamente a través del Estado mientras canaliza la rabia de los pobres en chivos expiatorios de los aún más pobres.
Trump y Musk solo pueden hacerse pasar por benefactores desinteresados porque los recursos se han distribuido de forma tan desigual que unos pocos multimillonarios pueden determinar el resultado de unas elecciones. Son los mismos que controlan la cadena de suministro, las plataformas de comunicación y noticias, y los campos emergentes de la inteligencia artificial, la neurotecnología y los viajes espaciales. Este es el fascismo del siglo XXI, en el que la autocracia y la tecnocracia se mezclan, creando matrices de control superpuestas que funcionan a todas las escalas, desde la intracelular a la interplanetaria.
Sean cuales sean las promesas que hagan a la clase trabajadora blanca, su prioridad real es enriquecerse. No se puede llevar a cabo una gigantesca transferencia de riqueza a las arcas de los multimillonarios y, al mismo tiempo, resolver los problemas económicos de la ciudadnía estadounidense. Trump siempre ha conseguido aprovecharse de los agravios populares haciendo que los pobres se identifiquen con él como símbolo del éxito, dándoles la emoción vicaria de animar al equipo ganador incluso mientras él vacía sus bolsillos en los suyos. Pero eso puede no aplacar a la gente indefinidamente.
El hombre más rico del mundo hizo campaña a favor de Trump eligiendo un ganador diario de lotería de un millón de dólares, comprando esencialmente un anuncio en el que una familia de clase trabajadora en apuros tenía que hablar efusivamente de lo agradecidos que estaban a sus benefactores multimillonarios. Donald Trump y Elon Musk no tienen ningún incentivo para mejorar la vida de los trabajadores de a pie: el abismo entre multimillonarios y trabajadores es precisamente lo que les permite hacer piruetas como ésta.
Ostensiblemente, Donald Trump pretende hacer con el Gobierno de Estados Unidos lo que Elon Musk hizo con Twitter: La idea es que Musk se apodere de ella, despida a todos los que no le sean leales y la convierta en un vehículo para la especulación y la propagación del fascismo. Cuando Musk se hizo cargo de Twitter, aparecieron una serie de artículos en los que se afirmaba que la llevaría a la ruina y que la plataforma pronto dejaría de funcionar por completo. Por desgracia, eso habría sido preferible a lo que ocurrió en realidad. A pesar de algunos fallos técnicos, Twitter siguió funcionando. Musk expulsó, ahuyentó o suprimió algorítmicamente a un número suficiente de sus críticos para transformar el discurso en la plataforma, dejando intacta la diversidad suficiente para preservar la inversión popular. Así es como los autoritarios logran la hegemonía: con una mezcla de represión y tolerancia.
Independientemente de los agoreros de algunos periodistas, deberíamos anticipar algo similar de la segunda administración Trump. Habrá un período de transición desordenado y una ola de represión, pero la amenaza real es que nuestra sociedad seguirá funcionando bajo un marco aún más autoritario, y que la mayoría de la gente se acomodará a él.
Sin embargo, ninguna de estas historias ha llegado aún a su conclusión. Desde que Musk la adquirió, la plataforma antes conocida como Twitter no ha dejado de perder credibilidad y hemorragia de partidarios, no muy diferente de lo que ha ocurrido con el gobierno de Estados Unidos en la última década. Históricamente, los emperadores rodeados de siervos que sólo les dicen lo que quieren oír rara vez consiguen establecer la estabilidad. Podemos anticipar el caos y la desorganización, entonces -una crisis tras otra- y es posible que la población en general, siempre voluble, se vuelva contra Trump cuando no logre resolver sus problemas, al igual que hizo la administración Biden.
Así que ahora es el momento de pensar con audacia, de luchar por algo más inspirador que el retorno al gobierno demócrata. No estamos rodeados de lameculos fascistas que desean ser dominados -o al menos, aún no son mayoría-. Estamos rodeados de personas desesperadas que están decepcionadas con la política electoral porque tiene muy poco que ofrecerles. Permanecerán al margen hasta que se abra un camino mejor.
"¡Deportación masiva ahora!": El deseo de ver a otros perjudicados en su nombre ha llegado a sustituir al deseo de mejorar sus propias vidas.
Conoce a tu enemigo
Tenemos al menos una ventaja. Donald Trump es un conocido. Si no siempre es posible prever sus movimientos, sus reacciones suelen ser predecibles. Debería ser posible explotar sus debilidades.
Trump se nutre de la atención mediática. Buscando controlar el ciclo de noticias, fabrica una crisis tras otra, cada una destinada a distraer de la anterior. Durante su primer mandato, esto obligó a mucha gente a entrar en un ciclo de reacción, lo que permitió a Trump marcar el tempo del compromiso. Cuando tu enemigo controla el tempo del conflicto, puede mantenerte continuamente a la defensiva.
Con este fin, Trump siempre está diciendo y haciendo cosas horribles. Con la elección de su gabinete, por ejemplo, parece que está intentando provocar un escándalo para que sus nombramientos más escandalosos funcionen como pararrayos que canalicen la ira y la atención, permitiéndole sacar adelante el resto de su agenda sin que se note.
Depende de nosotros establecer nuestras propias prioridades, tomar la iniciativa y obligar a nuestros adversarios a luchar en el terreno que elijamos. Conociendo algunos de los planes de Trump para sus primeros días en el cargo, podemos empezar a elegir batallas que podamos ganar. Cuanto antes logremos algunas victorias decisivas, incluso a escala local, antes redescubrirá la gente de todo el mundo que la resistencia es posible.
Trump se extralimitará, sobre todo si le obligamos a ello. Recordemos los embriagadores días del verano de 2020, cuando intentaba demostrar a sus partidarios de la clase dominante que podía recuperar el control de las calles. Cuando envió agentes federales a Portland en julio de 2020, estaba echando gasolina al fuego, catalizando una respuesta pública masiva que las agencias federales leales a él -principalmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional- no pudieron suprimir. Las personas que al principio habían observado desde la barrera acabaron saliendo a la calle, cogiendo paraguas, sopladores de hojas (para dispersar el gas lacrimógeno), fuegos artificiales y escudos. Siguieron saliendo durante más de cien días consecutivos.
Podría decirse que Trump no fue derrotado en las urnas en noviembre de ese año, sino en las calles en julio de 2020, cuando la gente de Portland demostró que sus lacayos no eran rivales para ellos. Esto le costó a Trump el apoyo de los capitalistas que buscaban restablecer la ley y el orden, al menos en esa elección.3
Portland, verano 2020.
Ejerciendo influencia
Un elemento crucial de la victoria que tuvo lugar en el verano de 2020 fue la polarización de los gobiernos locales y estatales contra Trump. La complicidad de los funcionarios demócratas en los estados y ciudades «azules» está bien establecida, pero todavía tienen que fingir que representan a sus electores, lo que a menudo significa perseguir a poderosos movimientos sociales con la esperanza de cooptarlos. Si jugamos bien nuestras cartas, deberíamos ser capaces de obligar a los gobiernos y organismos locales y estatales controlados por los demócratas a negarse a cooperar con al menos algunos de los programas de Trump. En 2020, el sentimiento popular obligó a muchos fiscales locales a retirar los cargos contra los detenidos durante la revuelta. Muchos municipios han sido declarados ciudades santuario. A pesar de lo vacías que suelen estar esas palabras, podemos aspirar a obligar a los políticos a darles un significado. Cualquier división que surja en el seno de la clase dominante, por pequeña que sea, nos beneficiará.
La primera batalla se librará por los corazones -y las agendas- de los anarquistas y otros rebeldes que estuvieron activos en 2020. ¿Estamos preparados para movilizarnos de nuevo, más, de forma diferente? La segunda batalla se librará por una franja más amplia de la población, incluidos los demócratas de base. ¿Están preparados para aceptar la segunda era Trump como algo habitual, o gravitarán hacia la resistencia?
Si los políticos demócratas no se ven obligados a romper con la agenda republicana, podríamos acabar en una situación en todo el país análoga a lo que ocurrió con el movimiento Stop Cop City en Atlanta, donde la mayoría de la población en general llegó a oponerse al centro de entrenamiento policial propuesto, pero los políticos de todos los colores cerraron filas en un consenso bipartidista a favor de imponerlo por la fuerza bruta. Pero si una masa crítica de demócratas de base llega a la conclusión de que tienen la responsabilidad de convertirse en insumisos, eso obligará al menos a algunos políticos demócratas a mantenerse al margen del consenso de «ley y orden».
También deberíamos anticipar deserciones de las clases burocráticas y directivas. Trump planea despedir a miles de empleados federales y seguramente muchos más dimitirán. Los efectos se extenderán a todos los niveles de la sociedad. Tenemos que crear oportunidades para que los nuevos desafectos se conecten entre sí y pongan sus habilidades al servicio del movimiento. Si algunos de ellos aportan información privilegiada sobre la burocracia, tanto mejor. Cuando se trata de filtraciones de quienes conservan sus cargos, debe hacerse hincapié en equipar a los movimientos para actuar, en lugar de limitarse a tratar de desacreditar a la administración en un imaginario tribunal de la opinión pública.
Para enfrentarse a todo un gobierno, hay que crear fricciones entre las distintas facciones que lo componen y explotar las vulnerabilidades que ello abre.
Afinar nuestras estrategias
Algunas de las herramientas y estrategias en las que confiamos durante la primera administración Trump puede que ya no nos sirvan.
Doxxing, deplatforming y las prohibiciones de los medios sociales podrían interrumpir las formaciones de derecha hasta que la derecha se hizo con el control de las plataformas de medios sociales como Twitter. Es poco probable que sean eficaces bajo un régimen abiertamente fascista en el que a los luchadores callejeros de extrema derecha se les concede clemencia y se les recompensa por sus fechorías a través de crowdfunding y bombo mediático.
Incluso antes de que Elon Musk comprara Twitter, las plataformas de medios sociales se habían convertido en rings de combate en los que los contendientes luchaban por la legitimidad en una competición de suma cero, y esto se había filtrado para influir en la atmósfera de algunos otros lugares de organización. Esta dinámica no nos beneficia. Esta vez, tendremos que dejar de lado una serie de pautas destructivas si queremos crear ecosistemas de resistencia que puedan prosperar en condiciones tan difíciles.
Los proyectos de ayuda mutua serán importantes. La gente necesitará hormonas, anticonceptivos, píldoras abortivas, dinero para viajar en busca de atención médica o para escapar de un entorno hostil, ayuda para evitar diversas formas de violencia estatal. Pero se trata fundamentalmente de estrategias defensivas que deben conectarse con formas ofensivas de lucha para tener éxito.4 No podemos separar la atención y la lucha, ni debemos dejar que el deseo de seguridad individual interfiera con las formas de acción colectiva que representan nuestra única esperanza de cumplir el lema «Nos mantenemos a salvo.»
"Solidaridad es la respuesta": Fundamentalmente, se trata de una lucha entre la empatía y el egoísmo, entre la solidaridad y el odio.
Lucha inteligente
Debemos negarnos a que se normalice cualquier aspecto de la agenda de Trump. Al mismo tiempo, no debemos dejar que sus acciones nos provoquen una condición de indignación perpetua que produce rendimientos decrecientes. Debemos prestar mucha atención a lo que está sucediendo sin dejar que él dicte el ritmo de nuestras acciones o agote nuestra energía emocional. Esto requiere pensar estratégicamente, buscando oportunidades para actuar con eficacia en lugar de limitarse a emitir juicios. Cada día será su propia emergencia, y cada una será verdaderamente urgente, pero no podremos cambiar nuestras prioridades cada día. Tendremos que construir formas sostenibles de resistencia a través de la acción continua, buscando estrategias que desarrollen la capacidad a lo largo del tiempo en lugar de quemarnos.
Si podemos desarrollar estas estrategias, también nos prepararán para afrontar lo que Adam Greenfield llama la larga emergencia del cambio climático entrelazado, la inestabilidad política y el colapso social. Mientras los huracanes y las inundaciones azotan nuestras comunidades junto a los nuevos ataques del Estado, debemos aceptar que nada volverá a la normalidad y actuar en consecuencia.
¿Cómo podemos resistir?
No podremos simplemente continuar donde lo dejamos en 2020. Una vez más, habrá una curva de aprendizaje: tendremos que conectar con gente nueva, demostrar tácticas, hacer propuestas y desacreditar las suposiciones liberales sobre lo que es aceptable o eficaz. Si podemos mantenernos firmes el tiempo suficiente, algunos sectores de la población que actualmente están seducidos o desmoralizados probablemente volverán a inquietarse, especialmente si la economía no mejora. Pero tampoco podemos dejar que Trump nos robe terreno. Los primeros meses determinarán hasta dónde llega y con qué rapidez.
Muchas de las personas visiblemente oponentes a Trump han sostenido que dos de las consecuencias negativas de la próxima administración Trump serán que más gente se «radicalizará» (tanto a la izquierda como a la derecha) y que habrá «caos» (es decir, protestas disruptivas). La implicación es que Trump quiere y se beneficia de ambos fenómenos. Nos corresponde a nosotros articular qué tiposde polarización y caos benefician realmente a Trump y cuáles no. Donald Trump no ganó las elecciones de 2024 porque la gente saliera a la calle: perdió las elecciones de 2020 como consecuencia de las protestas disruptivas, y ganó las elecciones de 2024 en parte porque éstas desaparecieron. Todo el mundo debe entender esto.
"Las elecciones terminaron, la lucha continúa": Manifestantes en Portland, Oregón, al término del primer mandato de Donald Trump.
Aquí hay algunos pasos concretos que podemos tomar como individuos y movimientos.
Abandonar X/Twitter; Disminuir la dependencia de Instagram; Unirse a Mastodon y Bluesky
En cierto modo, la victoria de Trump puede atribuirse directamente a la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk. Con Musk desempeñando un papel en la administración entrante de Trump, la plataforma puede proporcionar inteligencia sin orden judicial directamente a las agencias federales, mientras que los algoritmos seguirán promoviendo narrativas autoritarias. Ahora que los multimillonarios de la tecnología se están acomodando al gobierno de Trump, lo mismo ocurre con Facebook, que ya ha perdido estatus como espacio de organización, pero también con Instagram, del que siguen dependiendo innumerables proyectos anarquistas y de izquierdas. Esto no solo preocupa a las personas radicales que se autoidentifican, sino a todas las que dependen de las redes sociales para informarse.
Afortunadamente, desde las elecciones, millones de personas han huido de la plataforma de Musk. Algunos se van a Instagram Threads, que no es mucho mejor, pero millones se han unido a Bluesky, creando una nueva esfera pública que podría desempeñar un papel en la circulación de noticias e ideas. Aunque los propietarios de Bluesky han conseguido que se considere un espacio acogedor para muchos de los grupos demográficos a los que pretende dirigirse la administración Trump, está por ver hasta qué punto será duradero, y mientras prevalezca el capitalismo, todas las plataformas propiedad de empresas seguirán estando a merced del mercado. Por estas razones, Mastodon sigue siendo la mejor apuesta, pero hasta ahora, la gente no se está uniendo a ella en cantidades lo suficientemente masivas como para que sea suficiente para informar el tipo de movimientos de masas que necesitaremos.
La buena noticia inequívoca es que el éxodo de la plataforma de Musk demuestra que la gente no está unida a las plataformas de medios sociales, por muy consolidadas que estén. A partir de ahora, los multimillonarios de la tecnología que pretendan controlar la «plaza pública» apuntarán a un blanco móvil.
X/Twitter está controlado y monitoreado por un miembro de facto de un gobierno fascista entrante. Bajo Trump, además de utilizar algoritmos para moldear el discurso público, X/Twitter probablemente canalizará inteligencia directamente a agencias estatales.
Establece lugares de organización locales
Acostumbra a la gente de tu comunidad a reunirse en persona. Establece relaciones cara a cara entre personas que se dedican a diferentes tipos de organización y que se ven afectadas por diferentes aspectos de la agenda de Trump. Una manera fácil de iniciar este proceso es organizar asambleas continuas, ya sea para conectar a nuevas personas con la organización en curso o para que diferentes grupos y tendencias establezcan estrategias complementarias. Otra opción es establecer un lugar público, como un centro social o un lugar de reunión habitual, que pueda servir como centro de coordinación permanente y punto de entrada para las personas que deseen participar. Una tercera posibilidad es crear asociaciones de barrio que pongan en contacto a quienes viven y trabajan cerca unos de otros.
La mayoría de la gente aprende mejor a través de la acción y la experimentación. Es mejor probar algo, aprendiendo en el proceso, que intentar llegar a un consenso sobre la idea perfecta.
Construir redes de respuesta rápida
Una vez que la era Trump se ponga en marcha, será importante contar con medios a través de los cuales circular inmediatamente noticias de última hora sobre oportunidades para resistir o apoyar a grupos específicos. Una forma de hacerlo es crear un hilo sólo para anuncios en Signal y promoverlo a todas las personas que puedan necesitarlo. Puede que tenga sentido establecer varias redes de respuesta diferentes: una para anunciar las operaciones federales y los controles de inmigración en tu zona, otra para promover los actos de organización locales, etcétera.
Establece estas estructuras ahora, antes de que aumente el ritmo de los acontecimientos.
Establecer proyectos de ayuda mutua que aborden las necesidades económicas de las personas, como redes de solidaridad y mercados realmente libres. Lo ideal sería que mostraran a todo el mundo lo que puede ganar participando en la ayuda mutua, conectando a personas de muy distintos ámbitos de la vida.
Deberíamos tomarnos en serio las preocupaciones económicas que empujaron a algunas personas hacia Trump. Sabemos que la economía tampoco funcionará para los pobres con Trump; es muy posible que empeore. Los proyectos de ayuda mutua son una de las únicas formas de demostrar a algunos de los que votaron a Trump que es mejor que hagan causa común con nosotros que confiar en las mentiras de los políticos.
Aunque será tentador replegarse en enclaves o romper las conversaciones con quienes aún no están de acuerdo con nosotros, debemos tratar de alimentar las conexiones sociales que aún no están políticamente mapeadas y polarizadas.
Establecer proyectos de defensa comunitaria
Organizar clases comunitarias de autodefensa. Además de difundir habilidades útiles, éstas pueden conectar a las personas sobre una base que también puede equiparlas para actuar juntas. Si se dispone de espacio, se podría crear un gimnasio comunitario con un propósito similar.
Forma grupos de afinidad con personas en las que confíes y empieza a debatir qué tipo de acciones estaríais dispuestos a emprender juntos en respuesta a redadas o ataques fascistas.
Establece fondos para fianzas, estructuras de apoyo a los acusados y recursos para la defensa colectiva con antelación, para estar preparado de antemano. Aunque algunos legisladores han intentado aprobar leyes contra este tipo de trabajo solidario, todavía hay formas de sortearlas.
Uno de los retos a los que se enfrentarán las autoridades es que los sistemas judicial y penitenciario ya están sobrecargados. Si intentan intensificar la represión, podrían desbordar el aparato judicial. Debemos estar preparadas para sacar el máximo partido de esto, atándoles en los tribunales y prolongando los procedimientos siempre que sea posible.
Prepararse para resistir las redadas y deportaciones
Prepárate para responder a las redadas del ICE de forma inteligente y eficaz, utilizando la represión para potenciar la indignación. Las deportaciones masivas requerirán una logística y una infraestructura masivas, lo que ofrece numerosas oportunidades de intervención.
Identifique las agencias y corporaciones locales que desempeñarán un papel logístico en la aplicación de la agenda de Trump y ejerza presión contra ellas.
Animar a los liberales que tengan experiencia con la prospección telefónica a participar en campañas de llamadas para presionar a los funcionarios o apoyar a las personas detenidas y presas.
Organizarse contra la policía
La policía siempre constituye la vanguardia de la violencia estatal; una vez más, estará a la vanguardia de la imposición de todas las políticas de Trump. Durante cuatro años de reacción centrista, el Partido Demócrata y las plataformas de noticias corporativas promulgaron una narrativa de «ley y orden» destinada a relegitimar a la policía; la segunda era Trump dejará claro una vez más que la policía son simplemente las tropas de asalto de la clase dominante. Lo que es más, como Trump pide nuevas medidas enérgicas, la policía puede verse sobrepasada de nuevas maneras.
Los levantamientos más poderosos en este país en los últimos quince años han sido revueltas contra la policía, que culminaron en 2020. La resistencia a la policía conecta a quienes se oponen a la violencia estatal por motivos ideológicos con quienes la experimentan continuamente en carne propia. Esto ha dado lugar a formas explosivas de solidaridad en el pasado, y puede volver a hacerlo.
Sin embargo, si queremos que nuestra oposición a la policía sea lo más persuasiva posible, también deberíamos experimentar con programas de base para abordar los problemas que supuestamente existen para resolver. El capitalismo ha causado un daño real al tejido social, contribuyendo a las sobredosis de fentanilo, a la pobreza cada vez más visible y a las crisis de salud mental, así como a otras formas de violencia masiva. Más vigilancia policial no solucionará esos problemas. Al detraer recursos de todas las formas de apoyo social y canalizarlos hacia la represión estatal, los políticos han apostado a que pueden estabilizar una sociedad extremadamente desigual mediante un ejercicio cada vez mayor de la fuerza violenta. Debemos demostrar que existe una alternativa.
Desacreditar las narrativas liberales
Los liberales que coreaban «Nadie está por encima de la ley» durante la primera administración Trump deben reconocer que, con el Tribunal Supremo y gran parte del poder judicial bajo su control, ya no tiene sentido contar con los tribunales para frenarle. Lo mismo ocurre con las investigaciones federales en las que los demócratas invirtieron tantas esperanzas. Este debería ser un momento de aprendizaje para ellos: si son sinceros, tendrán que implicarse en formas de acción directa desde la base.
Los liberales deben dejar de pensar que el gobierno representa lo mejor de la humanidad. Ha quedado eminentemente claro que el capitalismo y el Estado están elevando a los peores elementos de la humanidad a posiciones de autoridad. Esto no es un accidente, sino la consecuencia estructural de los sistemas que distribuyen el poder. Para navegar por la actual era Trump, necesitaremos compartir un análisis exhaustivo de estos sistemas.
Sembrar las semillas del desafío
Difundir narrativas que impugnen la obediencia misma. Como dijo Hannah Arendt, frente al fascismo: «Nadie tiene derecho a obedecer». Asegúrate de que llegan a los funcionarios de la burocracia y a los miembros de las fuerzas armadas. Los departamentos de policía y las agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional ya están formados por mercenarios empedernidos que no tienen reparos en hacer daño a cambio de un sueldo, pero pero no todos en las fuerzas armadas o la burocracia estarán entusiasmados por servir a los caprichos de Trump.
Estudiar la primera era Trump
Para aquellos que no han estado en las calles continuamente desde 2017, ayudará estudiar las diversas luchas de la primera era Trump para refinar un sentido de estrategia y contexto histórico.
Alcanza
A medida que la resistencia se ponga en marcha, será crucial hacerla visible a todos los que tengan interés en participar. Esto podría significar hacer que las paredes hablen concarteles y pegatinas. Podría significar distribuir literaturaen tu escuela o en tu comunidad. Puede significar crear arte y música que refuercen la determinación de resistir.
Aguanta
Probablemente todas nosotras preferiríamos estar haciendo otra cosa que luchar para evitar que el fascismo se afiance. Tenemos que encontrar formas de mantener este trabajo interesante para nosotros y para todos los que tendrán que hacerlo, formas de mantener el ánimo alto y de desarrollar el tipo de carácter que nos sostendrá durante los periodos de dificultades.
Intenta organizar una victoria concreta desde el principio, por pequeña que sea. Haz una lluvia de ideas con tus amigos: ¿qué política de Trump será menos popular en nuestra comunidad local? Elabora un plan para oponerte a la aplicación de esa política. Ponte en marcha antes de la toma de posesión de Trump.
Piensa en cómo ofrecer papeles a gente nueva, dándoles la bienvenida a la lucha. Para tener éxito, nuestras estrategias tendrán que ser reproducibles y contagiosas. Todo lo que hagamos -independientemente de lo popular que sea- tendrá que crear condiciones que atraigan a más gente a la acción. Es un error aplanar las diferencias en un frente popular, pero necesitaremos que participe en la resistencia tanta gente como sea posible. Cuando encuentres diferencias, no te estanques en posturas ideológicas; haz una propuesta sobre lo que podéis hacer juntos basándoos en lo que tenéis en común.
Sobre todo, no dejes que la resignación se apodere de ti. La resignación es la base del fascismo, más que los matones con botas y los campos de prisioneros. Nuestros enemigos cuentan con que asumamos que la resistencia es imposible, que agachemos la cabeza mientras nuestrxs vecinxs desaparecen, nuestras comunidades son saqueadas, nuestros sistemas vitales son desmantelados. Pero la resistencia siempre es posible. El hecho de que estés leyendo esto ahora mismo lo demuestra.
"Esto es la guerra": Manifestantes se movilizan en Berkeley, California, al comienzo del primer mandato de Donald Trump.
Apéndice: Estrategias para detener las deportaciones masivas
La administración entrante ha sido muy clara sobre su intención de mantener el apoyo público atacando a los chivos expiatorios. Esta fue una de las promesas centrales de su campaña y es popular entre los principales partidarios de Trump. Podemos entenderlo como el deseo de una población cada vez más impotente de ejercer la violencia indirectamente a través de un autócrata brutal, una señal ominosa de que los seres humanos se vuelven unos contra otros a medida que disminuyen los márgenes de beneficio y se reducen las perspectivas de futuro.
Si dejamos que Donald Trump y Stephen Miller amplíen la infraestructura de la violencia estatal, utilizando fondos militares para construir «vastas instalaciones de detención» para los millones de personas que han prometido detener y deportar, no se detendrán en la deportación de inmigrantes indocumentados. Una vez que exista esa infraestructura adicional, la utilizarán contra un objetivo tras otro. Al final, vendrán a por todos nosotros.
Todos los que no quieren ver desaparecer a sus vecinxs, amigxs y compañerxs de clase o de trabajo comparten la responsabilidad de actuar. Durante el primer mandato de Trump, la oposición a su régimen fronterizo fue una poderosa causa de malestar popular, desde las ocupaciones de aeropuertos en respuesta a su «prohibición musulmana» hasta los campamentos Occupy ICE y la avalancha de solidaridad tras su fabricada «crisis fronteriza» en otoño de 2018. En 2019, cuando Donald Trump anunció que el ICE estaba a punto de llevar a cabo una nueva ronda de redadas masivas, Willem van Spronsen dio su vida en un intento de inutilizar la flota de autobuses que prestan servicio a un centro privado de detención de inmigrantes en Tacoma. Después, preguntado por qué no se producían las redadas, un funcionario del ICE expresó que estaban preocupados por la seguridad de sus agentes.
La oposición a las políticas fronterizas de Trump surgió inicialmente en las calles y aeropuertos; solo después surgieron desafíos legales en los tribunales. Ahora, por supuesto, no podemos esperar mucho de un sistema judicial que estará dominado por personas designadas por Trump. Será necesario tomar medidas para impedir que la maquinaria de deportación funcione: bloquearla mediante acciones masivas cuando sea posible, pero también echar arena en los engranajes, desbaratar su logística y organización.
Echemos un breve vistazo a cómo Trump podría implementar estas deportaciones masivas y qué formas podría adoptar la resistencia.
Según Jason Hauser, jefe de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo Biden, la infraestructura ya existe para ampliar la máquina de deportación a escala masiva. Las comunidades guatemalteca, haitiana y hondureña pueden ser el primer objetivo, porque la deportación a esos países es más sencilla que a muchos otros países. Es probable que estas comunidades sean el objetivo de redadas en lugares de trabajo, iglesias, hospitales y escuelas, y de detenciones de quienes ya están fichados por delitos no violentos o por su situación de limbo en un proceso de asilo. Se esperan redadas, autobuses y campamentos.
Una vez detenidas, estas personas deben ser transportadas a centros de retención. Éstos pueden ser tiendas de campaña levantadas rápidamente, cárceles existentes abarrotadas hasta dos o tres veces su capacidad límite oficial, almacenes convertidos en centros de detención temporal, bases militares, o nuevas instalaciones construidas con financiación militar. Un funcionario afirma que podrían crearse 25 centros de detención temporal en almacenes existentes en tan sólo una semana.
Una vez detenidos, los arrestados serán finalmente deportados en vuelos de avión. El ICE dispone actualmente de 14 aviones dedicados exclusivamente a la deportación que pueden transportar a 135 personas cada uno, lo que supone una capacidad total de 1890 personas por viaje de ida y vuelta. También subcontratan muchos vuelos a través de Classic Air Charter, subcontratando con Swift Air y World Atlantic Airlines. Si Trump logra invocar la Ley de Insurrección o la Ley de Enemigos Extranjeros para movilizar al ejército y eludir las audiencias de inmigración, esta cifra podría aumentar drásticamente. El actual director del ICE estima que entre 150.000 y 200.000 personas podrían ser deportadas en los primeros uno o dos meses, y hasta un millón en los primeros 100 días.
Esto es aterrador. Y, sin embargo, los planes rara vez sobreviven al contacto con la realidad. La deportación masiva significaría acciones visibles del ICE con la cooperación de las fuerzas del orden en todos los sectores de la sociedad. Significaría autobuses llenos de personas presas por todas partes. Significaría que las fuerzas del orden locales serían apartadas de otras tareas y reorientadas hacia la aplicación de las leyes de inmigración. Significaría un avión tras otro llenos de vecinxs, familiares y amigxs, esposadxs y esperando en la pista. Todas estas son oportunidades para que estalle la resistencia. No todas las deportaciones se producirán en la oscuridad; muchas de ellas tendrán lugar en público, a plena luz del día. Depende de nosotras asegurarnos de que nadie pueda ignorarlas, y ayudar a los demás a comprender lo que pueden hacer.
Los ejércitos triunfan o fracasan en función de su logística. Una cadena logística compleja en la que intervienen múltiples agencias y formas de transporte, dirigida por líderes que intentan actuar a una escala mucho mayor que antes, será propensa al fracaso. ¿Cómo podrían fallar estos eslabones logísticos?
Como dice el refrán, nuestros enemigos tienen nombres y direcciones. Durante la primera presidencia de Trump, la gente doxxed cada agente de ICE que pudieron encontrar. Cada redada requerirá la cooperación de las fuerzas de seguridad locales; cada una implicará áreas de preparación y autobuses de transporte. ¿De dónde vienen los autobuses? ¿Quién los mantiene? ¿Están esas personas también ideológicamente comprometidas con el fascismo, o algunas de ellas tienen recelos? ¿Dónde se instalarán los nuevos centros de detención? ¿Quién los construirá? ¿De qué aeropuertos saldrán estos vuelos de deportación? ¿Qué líneas de suministro les servirán de apoyo? ¿Cuántos trabajadores aeroportuarios con salarios bajos están implicados en la lucha contra el fascismo?
En una posible versión de la lucha contra la deportación, habrá manifestaciones masivas, indignación moral, demandas infructuosas y desobediencia civil simbólica. La mayoría de los participantes serán activistas autoproclamados. Los esfuerzos por centrar la autoridad de las organizaciones formales existentes que no están en condiciones de convocar determinados tipos de acción impondrán límites a las tácticas que el movimiento puede experimentar. Las divisiones internas y la competencia interpersonal por el control del movimiento lo obstaculizarán aún más.
En otra posible versión de la lucha, todos los sectores de la sociedad se implicarán en la resistencia a la maquinaria de deportación. Se presionará a los gobiernos locales de tendencia liberal para que se nieguen a cooperar con las agencias federales. Las redes de respuesta rápida sacarán a la gente en masa para enfrentarse a las redadas, y no todos se limitarán a seguir el liderazgo de las organizaciones oficiales. Conductorxs de autobús irán a la huelga; los autobuses dejarán de funcionar misteriosamente; los bloqueos coordinados de carreteras podrían cerrar el tráfico a los aeropuertos que son centros críticos de deportación. Surgirán todas las formas de lucha y se animará a todas las personas participantes a emprender cualquier acción que puedan, y la combinación de rabia y pequeñas victorias concretas motivará a más gente a actuar.
Las deportaciones -y cualquier lucha contra ellas- ocurrirán en la realidad física, no en las redes sociales. Si una docena de comunidades comienzan a organizar inmediatamente una resistencia estratégica masiva a la deportación, investigando las cadenas logísticas, esbozando objetivos y metas estratégicas, y acogiendo a una diversidad de participantes y tácticas, podrían demostrar una resistencia eficaz y encender un fuego de señal para otros en todo el país. Si la gente se organiza ahora y empieza a trazar y dirigir la infraestructura para la deportación masiva antes de que Trump tome posesión, podrían tomar la iniciativa, marcar el ritmo y obligarle a ser él quien tenga que reaccionar.
En 2017, cuando Trump firmó la llamada «prohibición musulmana», una sola ocupación masiva en el aeropuerto JFK de Nueva York desencadenó ocupaciones en las que participaron decenas de miles de personas en todo el país. Las tácticas se propagan rápidamente cuando son inspiradoras. Qué puedes hacer tú y tu comunidad, ahora mismo, para prepararse para inspirar la resistencia nacional a la máquina de deportación?
FOTO George Orwell escribió: «Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota pisando una cara humana para siempre». Pero el futuro no está escrito. Lo que venga después dependerá, en parte, de nosotras.
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EVERYBODY OUT! Recursos para una temporada de agitación postelectoral
Al igual que los demócratas socavaron voluntariamente el «sistema internacional basado en reglas» que supuestamente representan para facilitar el genocidio en Palestina, no es sorprendente que estén dispuestos a sacrificar el orden democrático a los fascistas en nombre de la protección del orden democrático. A pesar de toda la retórica de Trump sobre las Naciones Unidas, el apoyo incondicional del Partido Demócrata al genocidio perpetrado por el gobierno israelí ha hecho más para socavar a la ONU como fuerza política que cualquier cosa que haya hecho Trump. ↩
Elon Musk se convirtió en el hombre más rico del mundo en parte como consecuencia de que el gobierno de Estados Unidos canalizó miles de millones de dólares de los contribuyentes hacia Tesla en forma de préstamos gubernamentales, contratos, créditos fiscales y subsidios. Sabe que quien controla Washington, DC, determina quién puede hacer su agosto en el mercado. ↩
Los multimillonarios quieren un presidente en la Casa Blanca que les canalice dinero, pero no lo quieren a costa del buen funcionamiento de la economía. Si una masa crítica de multimillonarios cambió sus lealtades a Trump entre 2020 y 2024, fue, en parte, porque los demócratas lograron pacificar el malestar callejero durante ese tiempo, envalentonando a los multimillonarios para ver si podían salirse con la suya imponiendo condiciones más draconianas. ↩
Durante la primera presidencia de Trump, surgieron redes para apoyar a los marginados en los estados «rojos»; Esto alcanzó su punto álgido en 2020 con una oleada de iniciativas de redistribución destinadas a combatir la supremacía blanca mediante el movimiento de recursos de forma individual. Cabe destacar que estos fondos e iniciativas se hicieron omnipresentes sólo después de la primera fase del Levantamiento de George Floyd, cuando la lucha pasó de quemar comisarías de policía a sostener pancartas y arrodillarse. Esta vez, podemos aspirar a establecer proyectos colectivos que funcionen como un bien común que beneficie a todas las personas participantes, en lugar de intentar resolver los problemas sistémicos que crea el capitalismo con soluciones individualizadas. ↩
En portada: Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking recorren pozos e infraestructura abandonada que perpetúan la contaminación en la región del norte de Veracruz. Foto: Regina López.
El gobierno de la denominada Cuarta Transformación (4T), bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, recientemente lanzó su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, en cual figura una partida de 12 mil 364 millones de pesos para dar continuidad a cuatro proyectos de extracción de gas y petróleo no convencional, extraídos a través de método de fractura hidráulica, mejor conocido como fracking, que consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y un coctel de químicos para fracturar las rocas y liberar los hidrocarburos atrapados en ellas.
Estos proyectos provienen de administraciones anteriores, que tenían por objetivo intensificar la explotación de hidrocarburos no convencionales para incrementar la producción, así como las reservas de petróleo y gas en el país.
Con el presupuesto 2025, se destina 2,423 millones de pesos para el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), antes conocida como Paleocanal de Chicontepec. Otro proyecto es Burgos, al que se destina una suma 2,266 millones. Le sigue el Proyecto Integral Veracruz (PIV), con 7,420 millones de pesos; y el proyecto Miquetla, con 256 millones.
Sitios contaminados con residuos peligrosos mantienen la dispersión de contaminantes en la Sierra Norte de Puebla y en el Totonacapan, al norte de Veracruz. Fotos: Regina López.
De acuerdo con un análisis elaborado por la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), junto con Engenera A.C. y Fundar Centro de Análisis e Investigación, la cantidad millonaria destinada a estos proyectos es contraria a los compromisos establecidos por la Cuarta Transformación de no permitir el fracking en territorio nacional.
“Son proyectos que ya vienen realizando la práctica del fracking y no es una cuestión menor que se sigan asignando recursos, ya que, en teoría, esta técnica se prohibió con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a no permitirlo en territorio nacional por los impactos ambientales y a la salud”, dijo para Avispa Mídia Beatriz Olivera, directora de Engenera, A.C.
Según Olivera, la actual presidenta de México también se comprometió en campaña que tampoco permitiría la fractura hidráulica, “pero los hechos nos dicen otra cosa”.
Ciertamente, al asumir el poder Sheinbaum presento un plan de trabajo que le ha denominado 100 Pasos para la Transformación 2024-2030, en el cual es tajante en el paso 87 al afirmar que además de no permitir la minería a cielo abierto, también, “no se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”.
Las organizaciones activistas contra el fracking arguyen que la presidenta está actuando de forma contradictoria, incluso respaldan sus acusaciones no solo con datos del PPEF 2025, sino que también con información de la propia Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural 2024-2030 y las denominadas Acciones Estratégicas de Pemex Exploración y Producción (PEP) 2024-2030, “en la cual se anunció el incremento de la extracción de gas fósil (mal llamado gas natural) de 3,854 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) a 4,976 MMpcd, así como maximizar la producción de otros campos de gas en zonas terrestres lo cual implica el uso de fracking, sin importar las afectaciones al ambiente y a las personas en el corto, mediano y largo plazo”, asevera la Alianza.
La investigadora Olivera señala que la información de estos proyectos se ha podido adquirir a través de la solicitud de acceso a la información, pero no descarta la posibilidad de que existan mucho más en el país, principalmente en los Estados de Veracruz, Puebla y Tamaulipas. “ATG inicia en 2010, Burgos y el Proyecto Integral Veracruz al menos dos sexenios atrás” y en el gobierno de Obrador “inicia Miquetla”, puntualiza la activista.
De hecho, 2023 fue el año en que más presupuesto se destinó al fracking, con un total de 25,001 millones de pesos.
No hay información
La directora de la organización Engenera es consciente de que la información les ha quedado corta, ya que no existe información sobre el resto de los proyectos existentes en el país. “Aquí el tema es que la información no es clara o la poca información pública es muy fragmentada y esto nos preocupa. Porque estos proyectos son de riesgo y no se nos está dando a conocer en que lugares hay fracking. Esto es un atentado al derecho de la información hacia las personas, quienes son las afectadas”, advierte Olivera.
Extracción petrolera en Agua Fría, Veracruz. Foto: Aldo Santiago.
La investigadora afirma que, a pesar de tener la verificación de solamente estos cuatro proyectos, “podemos decir que al menos la mitad de todos los proyectos donde se ha desarrollado extracción de hidrocarburos convencionales también han recurrido a la extracción no convencional. Pero, no tenemos esa evidencia. Por eso exigimos que haya mayor claridad en el acceso a la información. Que Pemex (Petróleos Mexicanos) diga en cuáles de estos proyectos se ha practicado el fracking”, cuestiona Olivera.
Violación de derechos internacionales
Esta técnica ha sido ampliamente criticada por sus impactos en los recursos hídricos, la calidad del aire, la salud de las comunidades cercanas y su contribución al cambio climático. A pesar de las evidencias de estos efectos negativos, el gobierno federal parece continuar con una estrategia que favorece la explotación no convencional de estos hidrocarburos en detrimento de las comunidades vulnerables, muchas de las cuales se encuentran en los estados de Veracruz, Puebla y Tamaulipas, donde la extracción convencional ya ha provocado impactos en cadena.
Olivera, quien también es integrante de las más de 40 organizaciones que conforman la Alianza Mexicana contra el Fracking, puntualiza que se están violando acuerdos internacionales, como el acuerdo Escazú, que entró en vigor en 2021 y que establece los derechos y obligaciones para garantizar la protección del medio ambiente en América Latina y el Caribe y la participación pública informada en materia ambiental.
“En concreto se está violando este acuerdo sobre todo en el carácter la transparencia y del acceso a la información”, agrega la activista de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Esta Alianza urge la expedita aprobación de la propuesta de reforma constitucional que prohíbe el fracking en México, la cual ya fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 14 de agosto, la cual quedó estancada en el parlamento.
En portada: Elementos militares resguardan la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que será el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien asumirá el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando concluya sus funciones en la entidad federativa, a principios de diciembre.
Las organizaciones alegan que no hubo transparencia en la elección, pues no se convocó a una consulta o diálogo. El anuncio fue realizado sólo una semana después de la llegada de Sheinbaum a la silla presidencial.
Para Enrique Vidal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), primero se debió reconocer que en los últimos seis años el INM se ha mantenido como una de las instituciones más corruptas e impunes del gobernador Andrés Manuel López Obrador.
“Las personas siguen refiriéndose al INM como el cártel de migración por las formas con las que opera, por toda la extorsión, la corrupción y el soborno que sigue imperando día a día en los controles migratorios, en los permisos, en los trámites y dentro de las distintas instalaciones y campamentos o puestos de control”, explicó.
Para quienes acompañan y defienden los derechos humanos, las personas migrantes siguen teniendo una percepción muy negativa del INM y se mantiene en los primeros lugares de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En la nueva administración vemos una continuidad, un discurso de derechos humanos pero que realmente no está fortalecido con mecanismos reales de protección de violaciones graves de derechos humanos, y tampoco se están anunciando cambios de fondo en cuanto al acceso a la justicia”, dijo Vidal.
Por ejemplo, sigue la voluntad de mantener las facultades del control migratorio en la Guardia Nacional, la colaboración no oficial con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y esto provocará contextos de mucha violencia, lamentó Vidal.
Propuesta civil
Redes, organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensoras, que acompañan a la población en situación de movilidad humana en México, lanzaron la iniciativa “11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, 2024-2030”, dirigida a las personas al frente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de esta nueva administración, y al sector privado.
La idea es generar un consenso para construir políticas y medidas en materia de migración y asilo que se centren en la protección y garantía de derechos y no en la contención de la migración. El documento de 53 páginas busca colocar en la agenda nacional las necesidades de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, con protección complementaria, retornadas, deportadas y mexicanas residentes en el extranjero.
Los ejes van desde la construcción de una política de integración sostenible mediante la cual los derechos de las personas en contextos de movilidad sean respetados, protegidos y garantizados; el fortalecimiento del sistema de asilo; la atención y reducción de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de personas en contextos de movilidad; la eliminación de la privación de la libertad por razones migratorias y alternativas a la detención.
Además de la prevención, atención y erradicación de la discriminación racial en contra de personas en situación de movilidad; la desmilitarización del control migratorio, la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad; la transversalización de la perspectiva de género en la política migratoria y de asilo, y atención integral a la violencia basada en género.
El fortalecimiento de la política exterior en materia de migración y asilo, así como de acciones binacionales para avanzar hacia la garantía y el respeto de los derechos de las personas mexicanas en el exterior y en situación de retorno en México; y, por último, el reconocimiento del cambio climático y de los desastres como causa estructural e irreversible de la movilidad forzada.
Lo anterior se integra a un programa urgente para atender y entender el contexto actual, donde las violaciones de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana son la regla y no la excepción. Por ello, en los 11 ejes se incluyen recomendaciones para que sean implementadas en la nueva legislatura del Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal.
La justicia, un reto
La citada iniciativa fue presentada después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunciara que el nuevo comisionado del INM será el actual gobernador interino de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
El poblano y ahora morenista es conocido por haber iniciado su carrera política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI); en el 2014 apoyó reformas como la polémica Ley Bala que establecía el uso legítimo de la fuerza por parte de policías y que más tarde fue derogada.
“Él antes era empresario, después entra a la política por azares del destino y acaba en la gubernatura de Puebla”, dijo el representante del Frayma cuestionando la experiencia de Céspedes en materia de movilidad humana y protección internacional. Aunado a que Puebla no cuenta con oficinas de la Comar [Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados].
Personas en movilidad esperan trámites en la Comar, ubicada en la ciudad fronteriza de Tapachula. Foto: Jeny Pascacio.
Al parecer se trata de un nombramiento que obedece a aparatos políticos dentro de Morena, para ser un “administradormás del INM”, agregó Vidal.
“Seguimos en una situación particularmente compleja, como para poner a una persona que no tiene una experiencia acreditada en la materia, cuando somos un país que por su dinámica migratoria tiene muchos otros perfiles de dónde escoger, por así decirlo”, consideró el defensor.
El nuevo Comisionado del Instituto Nacional de Migración enfrentará retos y las consecuencias de decisiones que se tomaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como la facultad que por primera vez se le otorgó a una corporación policiaca de corte militar en el control migratorio.
En este tiempo, las organizaciones documentaron masacres, asesinatos y otras graves violaciones a los derechos humanos cuyas recomendaciones aún no han sido atendidas. Además de un aumento en la violencia sexual ejercida sobre todo contra mujeres adolescentes migrantes y del tráfico de personas por parte de los cárteles.
Por otro lado, y también generador de violencias, está la corrupción de alto nivel en el interior del INM y la vinculación con las grandes estructuras del crimen organizado sobre todo en la frontera sur de México. La situación ha sido denunciada públicamente por el defensor de derechos humanos Luis García Villagrán que ha dado cuenta de los cobros excesivos de los trámites migratorios que por ley son gratuitos.
No hubo transformación
El 8 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum anunció al nuevo comisionado del INM, también dijo que la investigación contra el actual titular, Francisco Garduño Yáñez, continúa, pero que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha encontrado nada en su contra.
Yáñez enfrenta un proceso judicial por la muerte de 40 personas por el incendio al interior de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023. Pese a la gravedad del hecho nunca fue retirado del cargo.
La Fundación para la Justicia que acompaña el caso del incendio explicó que tras los hechos era necesario que Yáñez se retirara del INM, porque la investigación sigue en curso y se busca objetividad tanto de las instituciones de migración como de procuración de justicia.
“Ahora se espera que el juicio que sigue tenga el objetivo de llegar a esclarecer lo que pasó en la estación migratoria, con todas responsabilidades”, dijo Yesenia Valdez del área de Defensa Integral de la Fundación.
Después de un año del incendio, de acuerdo a Enrique Vidal, el caso es un claro ejemplo de que el acceso a la justicia que tienen las personas migrantes es nulo en México y de la deplorable gestión que ha tenido Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República.
“Este tipo de hechos con graves violaciones a derechos humanos siguen sin avanzar. Al ser corporaciones tan verticales se debe reconocer la cadena de mandos y la responsabilidad de, al menos, por omisión o por negligencia”, explicó Yesenia Valdez.
De acuerdo a la documentación de las organizaciones aquí mencionadas, la negación u omisión de responsabilidades ocurre o se repite cuando algún elemento del Ejército mexicano o la Guardia Nacional comete algún delito contra migrantes.
“No son hechos aislados y no son hechos que suceden de la nada, sino que son propicios a partir de un contexto mismo en donde se faculta la portación de armas para control migratorio y donde se faculta a los funcionarios públicos a tener a personas en privación de libertad como en el caso de Juárez”, agregó Enrique Vidal.
Por ello, otro de los grandes pendientes en el INM es la capacitación desde los derechos humanos en todo el sistema operativo que tiene contacto con las personas en movilidad, para evitar el constante maltrato.
Yesenia Valdez recordó que después del incendio hubo recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del INM y se realizaron algunos cambios que se centraron en modificar la imagen de las estaciones migratorias, cuando en la realidad necesita un cambio en el trato a las y los migrantes.
Instalaciones migratorias operan de facto como centros de detención. En las imágenes, estaciones en las ciudades de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Fotos: Jeny Pascacio
¿Qué gente y con qué formación cuentan los elementos que realizan los operativos?, cuestionó, “parece que la reacción es tratar a cualquier persona como enemigo, no están capacitados para tratar a personas en movilidad (...), seguimos siendo un país que violenta a los migrantes y se ha vuelto muy inseguro para cualquier persona que quiera cruzar o llegar a los Estados Unidos, ya no solo por la delincuencia organizada sino por los elementos de seguridad y el propio Ejército”, lamentó la representante de Fundación para la Justicia.
Otro de los casos más graves de la administración de Yáñez sucedió el 22 de enero de 2021 con la masacre de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas. Después de tres años, la FGR no ha determinado consignar la carpeta de investigación y no hay un solo detenido o procesado, aunque se conocen los nombres de los probables responsables.
Yáñez llegó al INM en junio de 2019, cuando México y Estados Unidos acordaron la contención migratoria en Chiapas y el despliegue de la Guardia Nacional en las márgenes del río Suchiate.
En la iniciativa de los “11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, 2024-2030”, señalan que de los 32 titulares de las oficinas de representación del INM [que tienen la función de realizar los trámites migratorios], 15 tienen formación militar, lo cual equivale al 43.7%.
Crimen y defensores
La pasada administración dejó a las organizaciones de la sociedad civil y defensores fuera del diálogo sobre el tema migratorio, su labor no es reconocida y padecen violencia directa por el acompañamiento de personas en movilidad.
“Nos exponemos a una realidad muy fuerte”, dijo Enrique Vidal al señalar que el control territorial, económico y social que el crimen organizado ha tenido en la frontera sur de México los vulnera.
“Disminuye el costo político del Estado porque ya no es el Estado represor, sino que existe permisividad por parte del Estado para que el crimen organizado pueda tener estos niveles de control”, lamentó.
Esta situación de violencia ya ha cobrado víctimas, una de ellas es Luis García Villagrán. Luego de años de acompañar a personas migrantes y denunciar públicamente todas las irregularidades del gobierno federal en el contexto migratorio, las amenazas por su labor incrementaron.
“Me secuestraron junto con mi esposa por la zona de Tecpatán (Chiapas). Le pagaron 3 millones al cártel de Sinaloa para matarme. Me lo dijeron abiertamente y me dieron un año para salir de Chiapas”, dijo el defensor para Avispa Mídia.
Villagrán comentó haber perdido la confianza en FGR o la Fiscalía de Chiapas, pues en su momento fue perseguido y difamado por sus elementos. “No es que no crea en las instituciones, pero, primero, el Estado me quiso matar en un atentado; segundo, inició una investigación contra mí y, tercero, el Estado mexicano y el Cártel de Sinaloa son los mismos”, dijo.
Al no poder realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades, se irá de Chiapas con apoyo de organizaciones que protegen la integridad de periodistas y defensores. En esta ocasión las amenazas también fueron directas contra su familia.
“Así le hicieron a Irineo Mujica, a Ramón Verdugo (perseguidos y amenazados), al padre Marcelo (asesinado), todos defensores de DDHH en Chiapas, y a Ricardo Lagunes que está desaparecido. Así les hicieron a todos, es una estrategia de los poderes fácticos para primero poner en duda la credibilidad del activista o del defensor que señala cosas muy precisas de corrupción y con el odio de la sociedad justifican un encarcelamiento, una desaparición, un asesinato”, precisó Villagrán.
¿Y la Comar?
En este contexto, tampoco hay claridad sobre la persona que será titular en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que desde el 1 de octubre se encuentra sin un responsable. Sin embargo, para las organizaciones es importante que la Comisión mantenga una autonomía de gestión como órgano desconcentrado.
Si la Comar pasa a ser parte de la Secretaría de Gobernación, los criterios de protección internacional estarían sujetos a la política interior mexicana y no de acuerdo a criterios técnicos de protección internacional de los marcos respectivos, explicó Enrique Vidal a propósito de la salida Andrés Ramírez como titular de la Comar, desde el pasado 30 de septiembre.
A más de un mes, no hay nombramiento del nuevo titular de la Comar lo que hace dudar a las organizaciones sobre la situación de la Comisión, que se encarga de atender, proteger, brindar asistencia, entre otros servicios, a las personas que necesitan protección internacional.
La Comar se ha visto rebasada en los últimos años con el ingreso de miles de personas migrantes en la frontera sur de México. Por mencionar un ejemplo, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, solo en el 2023, 140,812 personas presentaron una solicitud de asilo, y se registraron 778,907 eventos de detención migratoria.
Hasta ahora la información desde la presidencia es la posible reducción de presupuesto para Comar y el INM.
Autoridades comunales de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio, algunos eran niños, pero hoy ya tienen un cargo otorgado por la comunidad. Foto: Regina López
En portada: Autoridades comunales, de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio de 2009 cuando recuperaron las tierras comunales y fundaron Xayakalan. Foto: Regina López
En los próximos días, un tribunal con sede en Morelia, Michoacán, resolverá una demanda de amparo presentada por la comunidad nahua de Santa María Ostula, quien exige que se garantice judicialmente sus tierras frente a la invasión de personas que afirman ser pequeños propietarios. Como explica el abogado de la comunidad, Carlos González, el territorio en disputa, en el municipio de Aquila, se extiende por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales colindantes con el Océano Pacífico.
Este es un momento decisivo para la resolución del conflicto. “En el marco del Estado nacional, del Estado mexicano, es la última instancia”, argumenta el abogado González. En caso de que emitan una resolución desfavorable a la comunidad indígena, se apelará ante los tribunales internacionales. “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos está enterado de la problemática de Ostula”, señala el abogado.
González define el conflicto social y agrario que se ha generado en Santa María Ostula, en los últimos 15 años, como uno de los más agudos de México. Ha dejado el saldo de al menos 40 comuneros asesinados y otras seis personas desaparecidas. Este contexto se agudizó a partir de que los comuneros iniciaron la recuperación de sus tierras en 2009, sobre todo, del lugar sagrado que nombraron como Xayakalan. “Actualmente resistimos el feroz acoso del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dice un comunicado firmado por los integrantes de esta comunidad.
En todos los casos de asesinatos fueron abiertas carpetas de investigación. “Pero no existen resultados”, informa el defensor legal de la comunidad.
Foto: Santiago Navarro FFoto: Regina LópezFoto: Santiago Navarro F
La extensión de lo que abarca el territorio de Santa María Ostula está sustentada en títulos primordiales del siglo 18. Dicha dimensión fue dictaminada favorablemente por la autoridad agraria hace aproximadamente 80 años. “Se trata de invasiones en territorios que la comunidad ha tenido en posesión y en propiedad de manera ancestral”, señala el abogado, refiriéndose a las tierras que estaban en manos del crimen organizado y de los denominados pequeños propietarios.
La ocupación ancestral del territorio por los nahuas de Santa María Ostula también ha sido respaldada con dos recursos Amicus Curiae dentro del juicio de amparo directo. Uno, suscrito por 56 especialistas en las materias de arqueología, antropología e historia, con una larga y reconocida trayectoria en México y el mundo; el otro, suscrito por más de 100 prestigiados organismos defensores de derechos humanos.
Respuesta favorable
La comunidad a lo largo de muchas décadas sufrió invasiones de tierras en distintas porciones de su territorio.
En 1977, la presidencia de la República emitió una resolución de tierras al ejido Salinas de la Placita, las mismas que están invadiendo aproximadamente 100 hectáreas más pertenecientes a Santa María Ostula.
Sin embargo, el 15 de noviembre la comunidad Nahua fue notificada sobre la resolución de otro amparo en revisión, que resolvió dejar sin efectos dicha resolución presidencial del ejido Salinas de la Placita, por haber afectado terrenos de la comunidad.
El tribunal consideró que la resolución presidencial “afectó terrenos comunales pertenecientes a nuestra comunidad; terrenos que, es importante destacarlo, se localizan en los parajes de Xayakalan, La Canahuancera y Las Tres Majahuas, los mismos que están en conflicto con los supuestos pequeños propietarios”, menciona la comunidad en su comunicado.
Celebración del 25 aniversario de la recuperación de tierras comunales de Santa Maria Ostula. Foto: Regina López.
El abogado González considera que es una primera respuesta favorable por parte del Estado mexicano y “nos hace abrigar la esperanza de que esta respuesta del Estado a las exigencias de los pueblos originarios se va a repetir con esta resolución en puertas del Segundo Tribunal Colegiado”.
La comunidad exige que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el gobierno del Estado de Michoacán dejen inmediatamente insubsistente la resolución presidencial que dotó de tierras ejidales al poblado La Placita. Tenían tres días para hacerlo, después de la decisión judicial de 15 de noviembre, sin embargo, todavía no lo han hecho.
En portada: Campesinos del Copinh se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia en el contexto del juicio contra Roberto David Castillo. Foto:Gustavo Amador.
Más de ocho años después del asesinato de la líderesa lenca Berta Cáceres, este lunes (25) la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó las sentencias contra siete de las ocho personas condenadas tras juicios realizados entre 2018 y 2022, como autores materiales en el homicidio acontecido el 3 de marzo del año 2016.
Esta decisión responde a los recursos de casación, presentados por los acusados, quienes pretendían invalidar sus sentencias condenatorias. Así se ratifica las sentencias contra Douglas Geovanny Bustillo, ex militar y jefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energeticos S.A. (DESA, propiedad de la familia Atala Zablah); Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Javier Hernández Rodríguez, militar; Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres Velásquez y Edilson Atilio Duarte, quienes recibieron condena desde el 2 de diciembre del 2019.
Mientras tanto, y pese a ratificar la condena de Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia, la decisión judicial modificó agravantes en la sentencia, lo que, argumenta el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), implica una reducción de su condena, la cual en el año 2022 le asignó 22 años y seis meses de prisión.
Berta Cáceres fungía como coordinadora del Copinh en el momento de su asesinato.
Castillo, quien presidió el consejo de Administración de la empresa DESA, también tiene pendiente el cumplimiento de otra condena, recibida apenas el pasado 15 de noviembre, en la cual fue sentenciado a otros cinco años de prisión por la causa Fraude sobre el Gualcarque, un caso donde fue encontrado culpable por cometer fraude, a título de cómplice y por el uso de documento falso a título de autor.
El caso del octavo implicado, Sergio Rodríguez Orellana, ex gerente ambiental y socio de DESA, pasó al pleno de la Corte Suprema de Justicia debido a la falta de unanimidad sobre la ratificación de su sentencia.
Confirmación de estructura criminal
Mediante comunicado, el Copinh asevera que la decisión judicial “confirma una vez más, la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala, continúan en la impunidad”.
No obstante, en el caso de Rodríguez, la organización lenca denuncia que la decisión de enviar su caso al pleno de la Corte Suprema “prolonga aún más el proceso judicial y demuestra que el sistema de justicia hondureño continúa favoreciendo la impunidad de quienes actúan en nombre de intereses empresariales por encima de los derechos de las comunidades indígenas”.
Por su parte, Bertha Zúñiga, coordinadora de la organización lenca, compartió a medios hondureños que la ratificación de las sentencias sin respetar los parámetros emitidos por los tribunales anteriores, -en referencia a la modificación de los agravantes en el caso de Castillo y a la resolución pendiente para Rodríguez-, corresponde a acciones de “los grandes intereses económicos que están acechando por los bienes comunes de la naturaleza”.
En entrevista con Radio Progreso, Zúñiga sostuvo que la estructura criminal detrás del asesinato de su madre maniobró para interferir en el proceso de justicia y que elementos, como la reducción de la sentencia contra Castillo, ejemplifican esos esfuerzos producto de una campaña política y mediática por parte de miembros de la familia Atala.
“Nos corresponde proteger el proceso, ahora en el debate que va a tener el Pleno de la Sala de los magistrados, para que de nuevo esas maniobras de la impunidad no interfieran en la decisión de querer tumbar el caso de Sergio Rodríguez Orellana”, explicó la coordinadora del Copinh.
Además, Zúñiga subrayó que la organización lenca está demandando que se profundicen las investigaciones contra los autores intelectuales “para poder enfrentar, idealmente, con un proceso judicial en contra, pues sería en primer lugar de Daniel Atala Midence quien ya tiene un requerimiento fiscal, aunque obviamente con el gran desafío de que es una persona prófuga de la justicia”, detalló.
Cabe recordar que, en diciembre del 2023, la filtración a medios corporativos de la existencia de un requerimiento judicial contra Daniel Atala Midence (ex director financiero de DESA) como probable responsable del asesinato de Cáceres, derivó en su ocultamiento y, actualmente, se encuentra en calidad de prófugo de la justicia hondureña.
Miembros del Copinh durante el juicio que sentencio a Roberto David Castillo Mejía por su participación en el asesinato de Berta Cáceres.
Desde el año 2021, el Copinh reveló que existen pruebas de la participación de Atala Midence en el asesinato de Berta Cáceres. Fue en abril de ese año cuando Bertha Zúñiga informó sobre la existencia de una transferencia de 1.2 millones de dólares entre la empresa Concretos del Caribe S.A. (Concasa), propiedad de Daniel Atala Midence, y Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (Pemsa), de David Castillo, realizada dos días antes del asesinato de la lideresa lenca.
“Lo entendemos como la vinculación de estos señores Atala Zablah que siguen sin poner un pie en estas instituciones de supuesta justicia en nuestro país y despierta grandes suspicacias de que se pueda tratar de un pago para la comisión del delito por las pérdidas que les estaba significando la lucha de Río Blanco, liderada por mi madre”, expuso la coordinadora del Copinh en conferencia de prensa realizada en abril del 2021.
En ese momento, Victor Fernández, abogado de la causa de Berta Cáceres explicó que dicha prueba “relaciona movimientos financieros de la empresa con una acción material directa de dos sujetos importantes en la ejecución del crimen de Bertita, en este caso Roberto David Castillo y Douglas Geovanny Bustillo. Pero es más importante que la autorización de esta transacción financiera millonaria la hace el señor Daniel Atala Midence”.
Continuación de la lucha
Pese a estos detalles, para el Copinh la ratificación de las sentencias marca un precedente importante en la historia hondureña, pues la califica como “un aliciente para continuar en la lucha por la justicia para los pueblos”.
Sin embargo, para la coordinadora del Copinh, aún resta saldar la deuda con la comunidad de Río Blanco. En específico, Zúñiga exige que le sea otorgado un título comunitario para que, de esa manera, “se garantice que no se vuelva a irrespetar la voluntad y la autonomía comunitaria de Rio blanco”.
También aseveró que, para la salvaguarda del río Gualcarque, aún quedan pendientes “las acciones administrativas para poner fin a la concesión del proyecto hidroeléctrico, Agua Zarca, de manera que no sigan ganando estos empresarios corruptos por un proyecto que ni siquiera construyeron”.
Por último, el Copinh hace un llamado a la comunidad hondureña e internacional para redoblar esfuerzos en esta nueva etapa, que califican como crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen. “No descansaremos hasta que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus crímenes y se profundice la grieta de la justicia en el muro de la impunidad en Honduras”, sostuvó la organización lenca.