En portada: Juan López comparte sobre la lucha para detener la extracción minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras y otros megaproyectos que amenazan las tierras y bienes comunes en valle del Bajo Aguán. Octubre, 2016. Foto: Santiago Navarro F.
Juan López, reconocido líder social y defensor del territorio en la región del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, fue asesinado a balazos la noche del sábado (14) cuando salía de la parroquia de San Isidro Labrador en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
López participó en la defensa de la montaña Botaderos, el Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la empresa minera Inversiones Los Pinares de la familia Facussé, y su proyecto de extracción de óxido de hierro dentro de un área natural protegida.
Además de participar en la iglesia católica como coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo, Juan López se integró a la lucha popular desde el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y también se desempeñaba como regidor en dicha municipalidad desde enero del año 2022.
El crimen contra el defensor ambiental aconteció días después que organizaciones sociales alertaran de que, a 11 meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera la medida cautelar 137-2023 en beneficio de 30 integrantes del CMDBCPT y del Bufete Justicia para los Pueblos, el Estado hondureño había fallado en su cumplimiento.
Esto derivó de una alerta temprana realizada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) quien señaló la inacción institucional por parte del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General del Sistema Nacional de Protección, Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Tocoa y la Secretaría de Desarrollo Social.
Apenas el 12 de septiembre, tras una reunión con la Procuraduría General de la República, y el Mecanismo de Protección para las y los Defensores, López compartía para medios locales que la excesiva burocracia impedía la implementación de las medidas dictadas por la CIDH. “Viene en buen momento esta alerta temprana del Conadeh, dados los últimos acontecimientos que surgen en el territorio y de cómo han venido moviéndose los grandes capitales sobre la vida de las comunidades y eso aumenta el riesgo en el territorio”, detallaba el defensor.
Tras el asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) enfatizaron en comunicado que ninguna autoridad le había brindado medidas de protección a López. Además, subrayaron la labor del defensor en denunciar los “múltiples actos de corrupción realizados por el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez”.
Defensores en riesgo
El homicidio de López ocurrió días después que exigiera la renuncia del alcalde, Adán Fúnez del partido Libre quien es señalado por Devis Rivera Maradiaga, -criminal líder del grupo “Los Cachiros” sentenciado por tráfico de drogas en Estados Unidos y quien testificó contra el ex presidente Juan Orlando Hernández- de haber recibido dinero del narcotráfico.
Fue el pasado martes (10) cuando López solicitó la dimisión voluntaria del alcalde de Tocoa tras la exposición de un video por el medio Insigth Crime en el que se muestra a Fúnez, junto a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, para obtener financiamiento de los delincuentes que se encauzó en las elecciones del año 2013. En aquel momento Fúnez también presidía la alcaldía de Tocoa, epicentro de la actividad criminal del grupo “Los Cachiros”.
El alcalde de Tocoa, Adán Funez, miembro del Partido Libre. Foto: Erick Pineda/Radio Progreso.
“En caso contrario debe ser la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es bajo estos términos la persona indicada para guiar los destinos del municipio”, sostuvo López, quien había denunciado múltiples amenazas de parte del mismo alcalde, así como de Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek, empresas involucradas en la extracción minera al interior del Parque Nacional Carlos Escaleras.
López fue un férreo defensor del medio ambiente frente a lo que pobladores de Tocoa denominan “el Monstruo de Siete Cabezas”, es decir, siete megaproyectos entre los cuales se encuentran dos minas de óxido de hierro; una termoeléctrica -operada con cóque de petróleo- para alimentar una planta peletizadora; así como tres pozos de agua para mantener todas estas operaciones industriales.
Por su parte, Esly Banegas, miembro de COPA, relató para el medio Contracorriente que Juan, junto a otros defensores de la región del Aguán, recibió amenazas después de la realización cabildos, a finales del 2023 e inicios del 2024, donde el alcalde Fúnez impuso la instalación del proyecto termoeléctrico de la empresa grupo EMCO, el cual también recibió respaldo de funcionarios como Lucky Medina, secretario de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras.
Cifras de la Conadeh señalan que durante el año 2023 se registraron los asesinatos de 15 defensores del medio ambiente. De ellos, siete ocurrieron en el departamento de Colón. Entre las víctimas se encuentran tres defensores del río Guapinol: Alí Domínguez, Jairo Bonilla y Óscar Oquelí Domínguez.
Condena
El asesinato de López despertó la condena de organizaciones sociales de Honduras, Centroamérica y del mundo. La iglesia católica, a quien López dedicó parte de su labor dentro del Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús también se sumó a las exigencias por justicia. “La Iglesia responsabiliza a don Adán Fúnez y a sus secuaces que cobardemente le han quitado la vida, Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal”, fueron las palabras del padre Carlos Orellana, párroco de la Iglesia de San Isidro Labrador.
A su vez, Edy Tábora, abogado coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos, enfatizó que Juan López murió criminalizado y “sin que se investigaran las amenazas que recibía constantemente, muere sin que el Estado cumpliera la medida cautelar de la CIDH que ordenaba proteger su vida”.
Las protestas del 13 de junio del 2024 en Tocoa debido al pleno municipal organizado ilegalmente por el alcalde para aprobar la termoeléctrica. Foto: Erick Pineda/Radio Progreso.
En pronunciamiento, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) subraya que el crimen contra López ocurrió sin que las autoridades hicieran nada para impedirlo. “Su muerte acontece en medio del dolor que viven decenas de familias que han visto la muerte posarse sobre las y los líderes que han luchado en favor de la defensa de sus ríos, bosques, tierras y territorios”, recalca.
Organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), a través de sus coordinadoras, también exigieron justicia por el asesinato del defensor ambiental.
Desde el exterior, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) se sumó a la exigencia por realizar una investigación urgente en el asesinato de Juan López, además de adoptar medidas urgentes para proteger a su familia y a los miembros del CMDBCPT.
En portada: Ejidatario de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, integrante del Colectivo 16 de Octubre, organización que defiende tierras de propiedad social frente a proyectos industriales, de generación energética y fábricas en uno de los ejidos más deforestados de la región. Foto: Elizabeth Díaz.
Dentro del paquete de iniciativas de reformas constitucionales llevado acabo en los últimos meses, como cierre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), se encuentra la reforma al Artículo 27 constitucional, que regula la propiedad social de la tierra - de las comunidades y ejidos en el país.
“Es una reforma importante que está siendo realizada, como otras, de forma silenciosa. El Artículo 27 es donde están justamente los grandes intereses con relación a la minería y con relación a los bienes del subsuelo”, sostiene Armando de la Cruz, abogado en defensa del territorio de la organización Tequio Jurídico.
Las propiedades sociales representan el 50.7% de la superficie del territorio nacional, es decir, 99,759,455 hectáreas, de acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN). Gran parte de los recursos naturales se encuentra dentro del régimen de propiedad social. El 70% de los bosques y dos terceras partes de los recursos hídricos se localizan en ella. Sesenta y ocho pueblos indígenas viven en estas tierras.
La iniciativa fue presentada por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, además de diversos diputados del partido Morena, y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria en abril de 2024. Desde entonces ha avanzado de manera silenciosa en el Congreso de la Unión. Ahora está pendiente de ser enviada al pleno de la Cámara de Diputados.
Por un lado, en los debates públicos promovidos por Morena, se busca sostener que las modificaciones y adiciones a dicho artículo representan un avance en la defensa de los derechos agrarios, de campesinos e indígenas, al contrario de la reforma al mismo artículo promovida en 1992, en la cual se impulsó y garantizó las condiciones para la entrada de la propiedad social al mercado de tierras.
En la exposición de motivos de la iniciativa se invoca tratados y convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y hasta el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas, el 1 de enero de 1994, que “marcaría el inicio de una nueva etapa en la vida nacional (…), que tuvo como uno de sus resultados más importantes la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre ‘Derechos y Cultura Indígena’”, el día 16 de febrero de 1996, de acuerdo al texto de la iniciativa de Morena.
Por otro lado, las organizaciones reunidas en el Foro de Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, alertan que efectivamente los cambios y adiciones al Artículo 27 no son coherentes con la exposición de motivos de la iniciativa.
Durante movilización en febrero del 2022, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán -organización que trabaja para la construcción y ejercicio de la autonomía de los pueblos e la región- derrumban el monumento “Los constructores” ubicado en Morelia, Michoacán. La razón de la acción, argumentan, es que dicho símbolo representa el racismo y despojo contra las comunidades indígenas del estado.
Representan, al contrario de lo que se ha difundido, una “profundización de la reforma neoliberal”, alertan las organizaciones, y del proceso de transferencia de la propiedad social al mercado de tierras, iniciada en 1992.
Aumentan el poder de jurisdicción del Estado mexicano sobre la propiedad social, disminuyendo la autonomía y autodeterminación de las comunidades y ejidos sobre sus territorios. “Nos despoja de nuestros derechos fundamentales, otorgándole a la nación la propiedad de todo lo que hemos logrado a través de las luchas históricas (…), y los recursos naturales que están en nuestros territorios”, sostienen en un pronunciamiento público.
Abogados de diferentes organizaciones que componen el Foro de Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca conformaron un comité para analizar las entrelineas de los cambios y adiciones al artículo. En el siguiente apartado recuperamos las interpretaciones de algunos de los cambios y adiciones presentadas por el equipo de abogados durante el Foro: riesgos y desafíos para los pueblos originarios.
En el primer párrafo se amplia el dominio del Estado mexicano sobre la propiedad social. Se adiciona al texto constitucional las frases en negrita:
“La propiedad de las tierras, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico, y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada y, a los ejidos, comunidades y pueblos indígenas, constituyendo la propiedad social”.
El texto original establece que las tierras y aguas son propiedad de la nación. “Ahora, lo que pretenden agregar es que también son propiedad de la nación la biodiversidad, el valor intrínseco del subsuelo y el espectro radioeléctrico”, sostiene la abogada Egla Pérez Cabrera.
Además, la iniciativa propone que el dominio de estos elementos (las tierras, las aguas, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico) puede ser transmitido no solo a los particulares, para constituir la propiedad privada, pero también a los ejidos, a las comunidades y pueblos indígenas, para constituir la propiedad social; lo que presupone que los pueblos y comunidades originarias tendrían que pedir permiso o una concesión al Estado para el uso de estos elementos (incluyendo la tierra, el agua o el espectro para sus radios comunitarias).
“Esta reforma, en caso de que fuera aprobada, estaría restringido a los pueblos estos elementos que conforman ya la propiedad social. Porque para que las comunidades pudieran aprovechar estos recursos, tendrían que pedir una concesión o autorización al Estado mexicano”, explica la abogada.
En relación al subsuelo, “sería con esta reforma propiedad de la nación; las comunidades ya no tendrían por qué intervenir [en casos de que haya concesiones o proyectos de explotación en sus territorios]. Esta es una interpretación que queda sobre la mesa”.
También “consideramos el hecho de que se incluya el espectro radioeléctrico como parte de la propiedad de la nación en territorios de las comunidades, generaría una afectación para las radios comunitarias, que de por sí han sido criminalizadas”, analiza la abogada.
“Interés público”
En el tercer párrafo pone en el rango constitucional el “interés público” por encima del derecho colectivo de los ejidos y comunidades. Considerando que, de facto, los procesos extractivos mineros o grandes emprendimientos de desarrollo son considerados de “interés público”. Así que en el siguiente párrafo la reforma propuesta adiciona la palabra en negrita:
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada y social las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centro de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico”.
Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra se manifiesta contra explotación minera en la región norte de Chiapas.
“La nación podrá imponer a las comunidades las modalidades que dicte de ‘interés público’ en beneficio social. Suena bonito, sin embargo, sabemos que, con los discursos demagógicos de la clase en el poder, estos discursos de interés público, de progreso, de beneficio social se han cometido múltiples atropellos a los derechos de los pueblos y comunidades”, analiza la abogada.
Dos ejemplos, citados por ella, son los megaproyectos del Tren Maya y Corredor Interoceánico. “En el decreto de fecha de 18 de mayo de 2023, se declara que estos megaproyectos son de ‘seguridad nacional’ e ‘interés público’. Antepone lo que consideran ‘interés público’ a los intereses de los pueblos”.
¿Transferencia o robo?
Se adiciona el siguiente párrafo, en el cual se pretende “transferir” al Estado todos los bienes tangibles e intangibles de los pueblos:
“Son propiedad de la nación: los vestigios, construcciones, monumentos arquitectónicos, albarradas, cerámicas, estatuillas, utensilios, herramientas, semillas y especies originarias del territorio nacional, osamentas, diseños y tejido de ropa, conocimientos ancestrales, idiomas, escrituras, códices, pinturas, esquelas, murales, manuscritos, planos, mapas, sistemas numéricos, astronómicos, centros ceremoniales, ceremonias, música, danza, cantos, instrumentos musicales, el arte en todas sus manifestaciones de los pueblos originarios que habitaron el territorio nacional”.
La abogada Pérez Cabrera se refiere a ello como si “pareciera una broma. Consideramos que estamos ante una amenaza de despojo, de acaparamiento, ante un robo por parte del Estado mexicano contra nuestros pueblos. Está arrebatando a los pueblos todo lo que vienen creando de manera ancestral, a lo largo de toda su existencia”.
Patentes
Además, si es aprobada la reforma, se ampliará la jurisdicción del Estado en la propiedad de patentes de semillas y plantas medicinales. De tal forma que se adiciona al párrafo cuarto las palabras en negrita; se fortifica el dominio del Estado sobre el germoplasma - término utilizado para describir las semillas, plantas o partes de plantas que son útiles en la mejora de cultivos, la investigación y la conservación- de la biodiversidad:
“Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, del germoplasma de la biodiversidad endémica, de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su exploración necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materiales susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales solidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno solidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional; en la extensión y términos que fue el derecho internacional”.
“El Estado toma posesión o fortifica su derecho sobre las plantas, sobre las semillas de las comunidades. Será propietario del material genético de las plantas endémicas en sus territorios, muchas de ellas utilizadas como plantas medicinales, habiendo la posibilidad de otorgar a particulares en concesión, incluso vender patentes a farmacéuticas”, analiza el abogado Isaí Jiménez García, de la organización Flor y Canto.
Extranjeros
Adición al párrafo décimo, que define cómo los mexicanos o empresas mexicanas pueden adquirir el dominio de las tierras:
“I. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la secretaria de relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus, gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo, en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas y en toda la región Istmo de Tehuantepec, en ambos lados de las vías centrales del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec de los Estados libres y soberanos de Oaxaca y Veracruz, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo tierras y aguas”.
“Se está ampliando la cláusula de restricción de adquisición de tierras por parte de personas extranjeras. Ya no solamente serán las costas o las fronteras, sino también en esta región de Istmo de Tehuantepec que es una zona estratégica, donde circulará mucha mercancía y se piensa como una zona estratégica. Seguramente se añade esta restricción, pensando en la seguridad nacional”, explica el abogado Abel Sánchez Martínez, de Tequio Jurídico.
Pobladores del Istmo de Tehuantepec se manifiestan en contra de la instalación de un parque industrial del Corredor Interoceánico.
Sin embargo, “en la práctica, se sabe que utilizan artimañas, incluso jurídicas, para traer sus empresas, constituirlas como mexicanas, y así poder utilizar estas costas, estas fronteras y seguramente este corredor interoceánico. El propio gobierno mexicano está incentivando inversión extranjera en este corredor”, sostiene el abogado.
Estado, en dominio de la propiedad social
En el mismo párrafo décimo, en su fracción séptima, se reconocen los derechos de los pueblos originarios, pero en la propuesta se reafirma que estos derechos quedan sujetos a lo que establece este primer párrafo, “que dice que la nación es dueña de todo y también le corresponde el dominio directo de la propiedad social”, explica Sánchez Martínez.
“Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Se reconoce la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, así como sus costumbres y sistemas de tenencia de la tierra, por lo que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la propiedad de sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, en sintonía con el párrafo primero de este artículo”, dice la fracción modificada.
Alerta
Las organizaciones reunidas en el Foro llaman a la sociedad a encender los focos de alerta a lo que “constituye una amenaza de despojo a los pueblos originarios de sus territorios, de sus recursos naturales, de su patrimonio cultural tangible e intangible; por eso hay que estar muy pendiente de lo que puede pasar”, señala la abogada Cabrera.
Piden, en su pronunciamiento público, que se retire la iniciativa de reforma al Artículo 27 constitucional y que “defendamos verdaderamente la propiedad social agraria, la identidad de los pueblos y comunidades que integramos la nación mexicana, a preservar la propiedad colectiva”.
En portada: Elementos policiacos reprimen violentamente un mitin en solidaridad con cinco activistas detenidos la mañana del 5 de septiembre durante una manifestación en la alcaldía Xochimilco. Foto: Elizabeth Díaz
Estudiantes, organizaciones sociales, comunicadores y pobladores de las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la ciudad de México, denunciaron que, a casi una semana de la represión sucedida en esas demarcaciones en el contexto de protestas pacíficas, las autoridades aún no han fincado responsabilidades a los agresores, elementos policiacos, ni a funcionarios señalados como autores intelectuales de la violencia contra los manifestantes.
La mañana del pasado jueves (5), durante una protesta para exigir el cese a la criminalización, por parte de la alcaldía de Xochimilco contra la activista Hortensia Telesforo -a quien acusa del delito de despojo por participar en la recuperación de una biblioteca comunitaria-, un grupo de al menos 30 personas armadas con palos, tubos, navajas e incluso armas de fuego, atacaron a mujeres de la tercera edad, adultos mayores y jóvenes que se manifestaban en la demarcación.
Represión durante manifestación pacífica en la alcaldía Xochimilco.
Testimonios de los manifestantes resaltan que, pese a la presencia de elementos policiacos, estos no intervinieron para detener las agresiones en su contra. Peor aún, tras la represión, cinco activistas fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público de la alcaldía de Tlalpan, a 10 kilómetros de distancia de los hechos donde, por la tarde del mismo jueves (5), colectivos solidarios se apersonaron para demandar su libertad.
El mismo jueves por la tarde aconteció una segunda represión, esta vez por parte de policías antimotines quienes encapsularon a los manifestantes e hicieron uso de violencia física, psicológica y sexual contra estudiantes, defensores de derechos humanos y comunicadores independientes, dejando un saldo de 14 personas detenidas, decenas de heridos, así como reportes de tortura y el robo masivo de teléfonos móviles.
“Fue una carnicería”, sostuvo Jorge Paez, habitante del pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, quien durante conferencia de prensa realizada este miércoles (11) compartió su testimonio ante la brutalidad de las agresiones contra las y los manifestantes.
Paez relató que fue golpeado con un arma de fuego mientras intentaba rescatar a uno de los manifestantes que era atacado tumultuariamente por el grupo de “halcones” – referencia al grupo paramilitar del mismo nombre, creado durante la década de los sesentas y coordinada por directivos policiacos para reprimir manifestaciones. Destaca su involucramiento en la masacre del 10 de junio de 1971 donde asesinaron a participantes de una manifestación estudiantil en la Ciudad de México.
“Es lamentable de un Estado supuestamente democrático que pueda hacer esto”, condenó el activista quien también sostuvo que dentro de los responsables se encuentra Víctor Muñoz, operador político de la alcaldía, vinculado al narcotráfico por denuncias de habitantes, e hijo del funcionario del mismo nombre quien funge como Director de Gobierno de la alcaldía de Xochimilco.
Otros manifestantes señalan a trabajadores de la alcaldía como las personas que son contratadas como “golpeadores”. Alejandro Velázquez, integrante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, enfatizó que entre los funcionarios involucrados está el Director Jurídico de la Alcaldía, Francisco Pastrana, así como el Director General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Guerrero de la Cruz, así como la propia alcaldesa en funciones Juana Onésima Delgado.
Esta agresión se suma a otras previas ejecutadas contra habitantes organizados en la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco quienes desde el año 2014 realizan acciones en la defensa de su territorio. Destaca su lucha contra la construcción de un puente vehicular en Cuemanco, así como por las omisiones de los gobiernos para proteger el medio ambiente y el agua del área natural protegida de Xochimilco.
Resalta la represión violenta, por parte de un operativo con mil elementos policiacos en diciembre del 2022, contra pobladores de San Gregorio quienes se manifestaban en contra de las obras hidráulicas del Colector Actopan, el cual afectaría el servicio de agua potable en la demarcación, lo que dejó un saldo de 24 heridos y en cuyo momento se denunció el actuar del alcalde Carlos Acosta, sin que fuera sancionado por lo hechos represivos.
Represión sin castigo
Por su parte Karen Castillo, integrante del Observatorio Memoria y Libertad, señaló que los eventos represivos del pasado 5 de septiembre son “solo el aviso de lo que nos espera en el siguiente sexenio, comandado por una mujer que por seis años criminalizó, reprimió y encarceló a defensores de derechos humanos, al movimiento feminista, a la comunidad de Xochimilco, a la comunidad Otomí”.
Castillo relató que, mientras se encontraba documentando la represión policiaca en Tlalpan, fue agredida por al menos 30 policías varones, quienes también detuvieron y torturaron a periodistas independientes. Ante ello, calificó lo sucedido en la mañana en Xochimilco y en la tarde en Tlalpan como “un crimen de Estado al haber participación, colusión y omisión de múltiples agencias del Estado mexicano”, por lo que denunció que el caso sigue en total impunidad.
Conferencia de prensa realizada el miércoles 11 para denunciar la impunidad tras los hechos represivos acontecidos al sur de la CDMX. Fotos: Regeneración Radio.
Por esto responsabilizó al jefe de gobierno, Martí Bartres, debido a que hasta el momento los funcionarios identificados como los principales agresores no han sido suspendidos de sus cargos.
Estudiantes, perseguidos
Jóvenes estudiantes, quienes acudieron al MP de Tlalpan para solidarizarse contra la represión en Xochimilco, compartieron que fueron objeto de agresiones e intento de homicidio, así como de secuestro y tortura. Uno de los 14 estudiantes retenidos por elementos antimotines aseguró que la violencia de los policías tenía la intención de dejar lesiones para inhabilitarlos como se evidencia en las heridas que se repiten en los cuerpos de varios jóvenes detenidos.
A su vez, denunciaron que, por medio de violencia, elementos policiacos les obligaron a dar datos personales, sin que existiera un proceso formal dentro de los protocolos judiciales. Esto, denuncian, es particularmente grave ya que señalan que durante los días posteriores se han suscitado seguimientos y acoso de policías, vestidos de civil, contra jóvenes estudiantes a quienes les fueron sustraídos documentos de identificación y, contra quienes, posiblemente existen carpetas de investigación sin que se les haya notificado de manera oficial.
Por ello, los presentes en la rueda de prensa exigieron el cese a la criminalización contra la activista Hortensia Telesforo, así como contra los cinco detenidos en Xochimilco y hacia los jóvenes estudiantes detenidos dentro del MP de Tlalpan.
Acciones
Durante la rueda de prensa se informó que el lunes (9), 22 personas que fueron víctimas de las agresiones se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Cdhcm) para iniciar el largo proceso de denuncia. En el lugar realizaron certificados de lesiones como esguinces, fracturas y policontusiones que presentaron los manifestantes agredidos.
Sin embargo, dejaron claro que, a pesar de las denuncias, hasta el momento la Cdhcm aún no se ha pronunciado frente a la violencia sucedida al sur de la CDMX, por lo que exigieron que el organismo haga un llamado frente a la gravedad de los hechos. También se anunció que levantaran denuncias penales por robo, tortura y lesiones contra los elementos policiales y funcionarios que resulten responsables.Por ello, finalizaron convocando a una acción a realizarse la mañana de este jueves (12) ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para exigir diálogo con el titular de dicha dependencia
El pasado 30 de agosto de 2024 se celebró en México el denominado Primer EncuentroContinental de Comunicadores y Comunicadoras Independientes, una iniciativa lanzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador bajo el lema “Informar es liberar”.
El evento reunió a más de 300 participantes de toda Latinoamérica y, según sus organizadores, buscó crear un espacio de reflexión sobre los desafíos de ejercer la comunicación asumida como independiente.
Con gran entusiasmo arrancó el encuentro de medios independientes en palacio nacional, donde figuró la ex presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Gabriela Alejandra Rivadeneira, quien fungió como coordinadora de la palabra compartida por las y los participantes. Destacó que la comunicación alternativa debe ser una “contrapropuesta a los medios hegemónicos”.
En contraste con este evento, solo días después, el jueves 5 de septiembre, un grupo de golpeadores atacó brutalmente a manifestantes pacíficos frente a la Alcaldía de Xochimilco, en ciudad de México, quienes protestaban en solidaridad con la activista Hortensia Telésforo, defensora del territorio y el agua.
Durante la represión, la policía se limitó a observar, hasta que intervino para arrestar a cinco manifestantes, entre ellos, comunicadores y defensores de derechos humanos. Estos detenidos denunciaron haber sido sometidos a violencia física, sexual y psicológica bajo el amparo de las autoridades locales, militantes del partido Morena.
Estos acontecmientos, según el medio libre Radio Zapote, denuncia en un pronunciamiento que las mujeres detenidas fueron “sometidas a violencia física, sexual y psicológica durante un operativo de las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México”, presidido por Martí Batres, del partido Morena.
Este incidente no es aislado, ya que se han registrado otros hechos de violencia contra comunicadores que no están a favor de ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, que no son financiados ni por empresas ni por partidos, son colectividades que se reivindican como “medios libres, alternativos y autónomos” que denuncian una creciente persecución bajo la administración de López Obrador.
El Día internacional del Periodista, 8 de septiembre, en Tehuacán, estado de Puebla, la Radio Coatl, un proyecto de comunicación comunitaria, sufrió un hostigamiento perpetrado por la presencia intimidante de vehículos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) alrededor de sus instalaciones.
Estos funcionarios fotografiaron “tanto el domicilio como al personal, permaneciendo dos horas frente a las instalaciones, generando temor y amedrentando a los radialistas”, han denunciado en un comunicado una red de periodistas y organizaciones de la sociedad civil quienes exigen, “cese inmediato del hostigamiento: Que se detengan de forma definitiva todos los actos de intimidación y criminalización contra Radio Coatl y sus integrantes”.
¿Un encuentro que contradice su realidad?
Este Primer Encuentro Continental, según otro comunicado firmado hasta el cierre de esta nota por más de 200 procesos de Medios Libres, Autónomos e Independientes, así como organizaciones de la sociedad civil, no los representa. Señalaron la contradicción de organizar un evento internacional sobre comunicación independiente mientras, en paralelo, el Estado “sigue reprimiendo a quienes ejercen este derecho de forma autónoma”.
Estas colectividades alternativas subrayaron que, desde el inicio de la administración de López Obrador, “han sufrido hostigamiento constante”, recordando el asesinato del comunicador indígena Samir Flores Soberanes ocurrido en 2019, un caso emblemático de la violencia que enfrentan quienes practican la comunicación comunitaria.
Además, los firmantes de esta misiva afirman que no sólo se les han criminalizado, perseguido y asesinado, “sino que también intentan imponer su propia narrativa sobre la comunicación libre, organizando eventos internacionales sobre el tema, donde el principal orador es el presidente de la república”.
El comunicado concluye haciendo un llamado para “resistir y seguir practicando la comunicación libre”. De la misma forma comparten, “cuidémonos en la calle, formemos grupos y confianzas, porque juntas comunicamos mejor y más lejos. Si estamos en la mira del gobierno es porque nuestras voces libres son más necesarias que nunca”.
¿Primer encuentro continental?
Aunque la ex presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador dijo que este encuentro es “el Primer Encuentro Continental de Comunicadores y Comunicadoras Independientes”, se le olvida o desconoce que, en los años 90, mientras el mundo estaba viendo el auge de Internet, un grupo de activistas y periodistas decidió usar la red para ofrecer una alternativa a los medios tradicionales, que a menudo estaban controlados por grandes corporaciones. Este movimiento dio origen a Indymedia, una red de medios independientes que buscaba dar voz a quienes normalmente no la tenían en los grandes medios o las corporaciones del mercado de la información.
Incluso, el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el año 1994, inspiró e incentivó la creación de “medios libres, alternativos, autónomos e independientes”, no solo para romper los cercos mediáticos, sino como otro frente de batalla de las verdades, frente al monopolio informativo de los medios convencionales.
El primer ejercicio en red de este tipo de comunicación denominado Indymedia, se fundó en Seattle en 1999, durante los actos de protesta contra la OMC (Organización Mundial del Comercio). La participación de esta red tuvo la capacidad de poder realizar una cobertura en tiempo real de las personas participantes, a diferencia de la versión que ofrecieron los medios convencionales, que coberturaron desde el otro lado, desde la visión de los intereses de la OMC.
Estos ejercicios de la comunicación permitieron la creación de distintas iniciativas en el resto de América Latina y el mundo. Hoy, aunque esta red ya no tiene la misma fuerza, han surgido otros procesos de comunicación independiente que también funcionan en red. También abundan nuevos medios de comunicación que no se identifican con esa vieja dicotomía partidista, mucho más allá de aquellos que hacen política en busca de un espacio en el poder. Eso son los que revindican hacer comunicación independiente o autónoma.
En portada: Familias desplazadas forzadamente se manifiestan para exigir atención de autoridades estatales.
Habitantes de la comunidad nahua de El Coire, en la región Costa-Sierra de Michoacán, alertaron que desde hace tres semanas se registran ataques armados en su contra, así como en otras poblaciones indígenas del municipio de Aquila, Coahuayana y Chiniquila, dejando tras ello un saldo de tres asesinatos y 251 personas quienes han sido desplazadas forzadamente de sus hogares.
La comunidad, con casi 60 mil hectáreas de tierras comunales y vecina de la población nahua de Santa María Ostula – cuya población también ha denunciado ataques armados continuos por parte del crimen organizado –, señala que las mayores agresiones fueron cometidas entre el 13 y 19 de agosto.
Una alerta emitida por la articulación de organizaciones de derechos humanos RedTDT detalla que, del total de los desplazados, 125 de ellos son menores de 17 años. A su vez, especifica que los asesinados son Rafael Bautista Cruz, de la comunidad de Estopila; Eutimio Medina Herrera, de Chacalapa; mientras los comuneros desaparecidos son los hermanos Miguel, Antonio y Filiberto Orcino Oliveros, además de Teódulo Álvarez Rentería (menor de edad), y los hermanos Rodrigo y René Mares Doroteo e Israel Ángel Martínez (también menor de edad).
La misma Red registra decenas de personas torturadas, incluidos casos de violación sexual contra mujeres, así como robos y saqueos de viviendas y comercios.
Las organizaciones de derechos humanos aseveran que, desde hace meses, han solicitado la atención de las autoridades para detener múltiples ataques registrados contra habitantes de comunidades indígenas nahuas en Santa María Ostula y Coire, ambas localizadas en el municipio de Aquila; así como de El Camalote y El Amatique en el municipio de Coahuayana y de las poblaciones nahuas de Huizontla, Coahuayula y El Salitre de Estopila, ubicadas en el municipio de Chinicuila.
“Desde el mes de febrero la comunidad indígena de Santa María Ostula ha exigido a los gobiernos federal y del estado que establezcan una base de operaciones en la colindancia de los municipios de Aquila y Chinicuila, como una forma de detener los ataques por parte del grupo criminal”, sostiene la RedTDT.
Desplazados
Aunque inicialmente las autoridades del municipio de Aquila señalaron haber registrado a 211 personas desplazadas, tras un conteo en el Auditorio Comunal, donde se refugian las familias, se contabilizó un total de 251 personas desplazadas. Cabe mencionar que, acorde a la RedTDT, el número puede ser mucho mayor a los registros hasta ahora efectuados por los funcionarios locales.
Testimonios de los desplazados aseguran que abandonaron sus hogares desde los primeros días de septiembre debido al temor por los actos criminales acontecidos en El Coire, por lo que huyeron rumbo a Coahuayana, La Placita y hacia la cabecera de Aquila. Información recibida por la RedTDT sostiene que, así como El Coire, Chacalapa, Zilapa, El Diezmo y El Salitre son poblaciones que actualmente lucen despobladas.
Militares ingresaron brevemente a la comunidad Nahua de El Coire.
Más preocupante para los defensores de derechos humanos es que, de acuerdo a su documentación, las agresiones criminales ocurrieron ante “la inacción del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, ya que el batallón del Ejército ubicado en la cabecera comunal de El Coire permaneció -en el poblado nahua- solamente por menos de dos horas el 13 de agosto”. Consultados por medios locales, habitantes aseguran que la población nahua ha carecido del apoyo tanto del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y Civil.
Infiltraciones
Información recibida por la RedTDT contextualiza que fue desde hace mas de un año que un grupo criminal se infiltró en la comunidad de El Coire a través del autogobierno indígena formado en aquella población desde principios del año 2023.
Las organizaciones de derechos humanos acusan de “probable complicidad” al ex comisariado de bienes comunales, Celerino Álvarez Mauricio, “quien a pesar de haber concluido su gestión el pasado 15 de junio, no quiso convocar la asamblea de elección del nuevo comisariado”.
Ante esta situación, detallan, la comunidad se vio envuelta en una ola de violencia que derivó en ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes de la guardia comunal. Entre ellas destacan el asesinato de Jesús Pantaleón Álvarez Rentería, acontecido el 27 de junio del 2023; así como del homicidio de Juan Orcino Reyes -previamente torturado- el 5 de julio del mismo año y el asesinato de Cipriano Medina Rentería el 29 de mayo del 2024.
Promesas
Apenas el pasado domingo (8), el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, se apersonó en el municipio de Aquila, desde donde anunció “todo el apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al autogobierno de El Coire, para superar la situación de inseguridad” que se registra en la región.
Reunión de funcionarios estatales y fuerzas de seguridad el pasado domingo 8 de septiembre en la cabecera municipal de Aquila.
El funcionario estatal, acompañado de autoridades de los cuerpos de seguridad de Michoacán, así como del 85 Batallón de Infantería y representantes de la Secretaría de la Marina (Semar), aseguró que el gobierno atiende las denuncias de violencia y que, para ello, ya dieron inicio a recorridos con elementos del ejército en la región afectada por la inseguridad.
La joven indígena Anselma Margarito, integrante de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México. Foto: Santiago Navarro F.
Foto por Santiago Navarro F
Este jueves (5) de septiembre, un grupo de golpeadores atacó brutalmente a manifestantes pacíficos que se habían congregado frente a la Alcaldía de Xochimilco para exigir el retiro de una denuncia contra la activista Hortensia Telésforo, una destacada defensora del territorio y el agua en San Gregorio Atlapulco, en ciudad de México (CDMX). Tras estos actos de violencia, la policía de la alcaldía quedó como simple espectadora, hasta que intervino para detener a varios manifestantes, entre ellos, a la activista indígena, de 21 años, Anselma Margarito de la comunidad Otomí residente en CDMX.
El activista Diego García dijo para Avispa Mídia que el mitin planeado inicialmente frente al Reclusorio Sur fue trasladado a la Alcaldía de Xochimilco debido al paro de labores que sostiene el poder judicial. “El objetivo era visibilizar la criminalización que está sufriendo la compañera Hortensia Telésforo”, dijo García. A pesar de la naturaleza pacífica de la protesta, los manifestantes fueron agredidos violentamente.
Hortensia Telésforo, reconocida en su comunidad por su incansable labor en defensa de los derechos de los pueblos originarios, el medio ambiente y, en particular, el agua, enfrenta una carpeta de investigación en su contra, presentada por las autoridades locales de Xochimilco. Su trabajo incluye la recuperación de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, un centro cultural y de educación sobre los derechos indígenas y la protección del agua.
De acuerdo con las declaraciones de García, el grupo de choque, que apareció de forma sorpresiva, parece haber sido auspiciado por la alcaldía de Xochimilco. “La policía estaba presente, pero no hizo nada para detener la agresión. En lugar de eso, se limitaron a observar mientras nuestras compañeras y compañeros eran brutalmente golpeados”, señaló. “En especial responsabilizamos a Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno (de CDMX), y José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco ”.
La joven activista de la comunidad indígena Otomí y otro más conocido como El Gato de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, “fueron golpeados y trasladados a la Fiscalía de Xochimilco, aunque más tarde se supo que fueron llevados a la alcaldía de Tlalpan”, detalla el activista García.
García no duda que la detención haya sido selectiva, ya que Anselma ha sido una voz destacada de su comunidad, quien comenzó su activismo siendo apenas una adolecente. “Anselma ha sido una vocera clave en la lucha por los derechos de su comunidad Otomí”, comentó García. “La agresión y la detención de ella y otros compañeros evidencian una estrategia sistemática de represión”, complementa.
Al cierre de esta nota se reportan cinco detenidos: Roberto Rodrigo Contreras (Gato); Jorge Manuel Cancino García; Uriel García Rosas; Penélope Estefanía Galicia Argumedo y Anselma Margarito Francisco quien "fue brutalmente golpeada en el rostro frente a testigos y torturada para silenciarla", dijo García.
Mientras tanto, los activistas mantienen un bloqueó de las calles Gladiola y Francisco Goitia para exigir la liberación inmediata de sus compañeros. “Nuestra compañera es muy jóven y lo que sabemos es que fue brutalmente golpeada y esposada para que se callara. Hay una clara violación grave de sus derechos más elementales. Por tanto, vamos a mantener el bloqueo hasta que liberen a nuestros compañeros”, concluye García.
Anselma
Desde el 12 de octubre de 2020, Anselma junto a su comunidad decidieron tomar las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que ahora se conocen como la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, en memoria del activista asesinado por su resistencia al Proyecto Integral Morelos. Este acto de ocupación no es un capricho, sino una respuesta ante la falta de acción del gobierno para atender las necesidades de vivienda de la comunidad Otomí residente en ciudad de México.
En una entrevista que realizó Avispa Mídia días antes de esta detención, Anselma explicó la urgencia de la situación. “A pesar de los desafíos y la represión seguimos organizándonos, luchando y resistiendo. Los gobiernos cambian, pero las promesas incumplidas y la discriminación persisten. Debemos ser esa piedra en el zapato para los malos gobiernos, sin importar su color o partido”.
En un acto de congruencia de su actuar político, Anselma decidió participar de la manifestación en apoyo de la activista Hortensia Telésforo, ya que fue un acuerdo de la quinta Asamblea Nacional en la Casa de los Pueblos realizada el pasado mes de agosto, donde las voces se unieron para, “luchar y enfrentar los problemas que sufren nuestros pueblos. La contaminación del agua, el despojo de nuestros recursos y la represión. Son cuestiones que nos afectan a todos”, dijo en su momento la activista.
