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En Ecuador, miles de indígenas y campesinos se movilizan en paro nacional

Protesta del Movimiento Indígena y Campesino Cotopaxi encuentra retenes militares en Lacatunga, durante la marcha de sectores indígenas en Cotopaxi este lunes 22 de septiembre

En portada: Protesta del Movimiento Indígena y Campesino Cotopaxi encuentra retenes militares en Lacatunga, durante la marcha de sectores indígenas en Cotopaxi este lunes 22 de septiembre.

Organizaciones sociales e indígenas en Ecuador llamaron a la población a sumarse a un paro nacional tras la más reciente medida del presidente Daniel Noboa, quien mediante decreto ejecutivo eliminó un subsidio al diésel en el país sudamericano. Dicha decisión tuvo un efecto inmediato en el incremento del combustible de hasta 56%, lo que, sumado a otras medidas implementadas por Noboa como el incremento del IVA, del 12% al 15%, han provocado la molestia de distintos sectores de la sociedad.

Una de las mayores organizaciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) expresó su rechazo al decreto presidencial y llamo a la realización de un paro nacional. Tras una asamblea extraordinaria donde participaron tres de sus organizaciones regionales, (la Ecuarunari, Confenaie y Conaice), decidieron hacer el llamado para las movilizaciones en todo el país, con carácter de inmediatas e indefinidas.

Tras los bloqueos realizados por transportistas en la capital, Quito, el gobierno de Noboa respondió declarando estado de excepción, por un periodo de 60 días, en siete de las 24 provincias del país sudamericano. Además, el ejecutivo implementó medidas como toques de queda en cinco de ellas, y ha lanzado advertencias de detenciones a quienes bloqueen vías de comunicación e incumplan las medidas de restricción.    

El presidente Noboa señaló que catalogará por “terrorismo” a quienes presionen a la población para su participación en las protestas. Además, a través de un comunicado oficial, el gobierno ecuatoriano advirtió que las medidas que implementarán para responder a los bloqueos, que calificó de “ilegales”, no constituyen represión, sino el cumplimiento de la ley.

De esta manera, la noche del domingo (21), alrededor de 500 efectivos militares fueron desplegados en la carretera E35, en la provincia de Imbabura, donde el oficial al cargo señaló que la acción buscará contener las protestas en “sectores de mayor conflictividad”
donde, por tratarse de un estado de excepción “se hará uso progresivo de la fuerza con posibles manifestantes”.

Por la mañana de este lunes (22) se reportan múltiples actos de protesta en todo Ecuador, en lo que sugiere una escalada de movilizaciones en distintos territorios. Sin embargo, como sucede en Lacatunga, provincia de Cotopaxi, donde se encuentra en efecto el estado de excepción, fuerzas armadas impiden la movilización pacífica del movimiento indígena Pachakutik.

El gobierno de Noboa justifió la eliminación del subsidio al diésel como una medida para recuperar más de 1,100 millones de dólares del presupuesto nacional, monto que prometió será encauzado a la implementación de programas sociales. En contraste, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas calificó la medida como un atentado contra los sectores más empobrecidos del país, además de acusar que la decisión presidencial fue tomada sin diálogo ni consulta con la población.

Acorde a Vargas, la eliminación del subsidio al combustible representa “la profundización del paquetazo neoliberal”, por lo que advirtió que sus efectos se reflejarán en un grave aumento de la canasta básica. 

No obstante, la Conaie no se limita a exigir la derogación del reciente decreto, además de que anunció la prohibición del ingreso de elementos de la fuerza pública a territorios indígesas. Para la organización indígena, uno de los mayores reclamos es la revocación de licencias ambientales a tres proyectos mineros, además del cese en la aplicación de políticas extractivistas. 

En el marco del llamado al paro nacional, la Conaie denunció que las cuentas bancarias de dirigentes nacionales, así como de organizaciones regionales, fueron bloqueadas como respuesta a “órdenes estatales”, lo que denuncian como una “clara acción de intimidación y presión” contra quienes ejercen su derecho a la protesta. “El bloqueo económico a dirigentes indígenas no es un acto aislado, sino parte de una estrategia para criminalizar la protesta social y debilitar las demandas de los pueblos”, sostuvo mediante comunicado difundido el sábado (20).

La mañana del lunes (22), el Servicio Integrado de Seguridad reporta tramos totalmente cerrados debido a protestas, principalmente en las provincias de Imbabura y Pichincha, en el norte de los Andes ecuatorianos, mientras la sede temporal del ejecutivo, en Lacatunga, provincia de Cotopaxi se encuentra completamente militarizada. 

Además, se registran cierres de vías en la carreterea Panamericana Norte, corredor clave para la conexión entre la capital, Quito y la Sierra norte. Por su parte, respondiendo a los llamados de las organizaciones indígenas, los sindicatos prevén marchar en Quito el próximo martes 23 de septiembre.

Al cierre de esta edición se reportan acciones de represión como los ocurridos durante una marcha realizada por comunidades de Peguche, en Otavalo donde un pelotón de aproximadamente 100 policías, reprimió a los manifestantes. Además, en la comunidad Pijal, cantón González Suárez en Imbabura, pobladores han registrado disparos de bala por parte de la policía para reprimir a la población movilizada, por lo que hacen un llamado urgente a los organismo internacionales para vigilar lo que señalan son “flagrantes” vulneraciones a sus derechos humanos por parte del gobierno ecuatoriano.

EEUU y Venezuela se confrontan con videos de simulacros militares 

En portada: Fotograma del video difundido por el Comando Sur de los EEUU

Este miércoles (17), el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) se viralizó en redes sociales. Esto tras difundir un video editado con diversos momentos que forman parte de ejercicios anfibios de alta intensidad, realizados en Puerto Rico durante las primeras semanas de septiembre. La demostración mediática-militar se enmarca en la iniciativa contra la denominada guerra contra el narcotráfico intensificada recientemente por el mandatario estadounidense Donald Trump.

La respuesta de Venezuela no se dejó esperar. Entre el miércoles, jueves y hasta este viernes (19), se han desplegado al menos 2 mil 500 militares, así como 12 buques de la Armada, 22 aeronaves y, al menos, 20 embarcaciones hacia la isla La Orchila, al norte de Venezuela. Esta pequeña isla mide aproximadamente 43 kilómetros cuadrados y está ubicada a 97 millas náuticas de la costa de La Guaira, muy próximo a la capital, Caracas.   

Con estos ejercicios se pretende “elevar el apresto operacional” tras una posible “amenaza” que representa el despliegue estadounidense en la región, señaló en redes sociales, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del país sudamericano.

En la contraparte de Venezuela también se integra el despliegue de 25 mil soldados en las fronteras y ya se han activado 284 frentes de batalla, a nivel nacional, según las fuerzas armadas de este país.

Para ambos países, escalar estos simulacros al ámbito mediático representa una herramienta estratégica para inclinar la aceptación social. Por ello, la rápida respuesta de Venezuela responde a una réplica disuasiva directa. Mientras, el mensaje del Comando Sur está acompañado por sonidos llamativos y cargados de símbolos, como el tic tac del reloj de fondo que se puede interpretar como una cuenta regresiva.

El video de los EEUU muestra a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines realizando simulacros de desembarco anfibio en Puerto Rico. La operación incluye el uso de tanques anfibios AA-7P, embarcaciones de desembarco y apoyo aéreo desde helicópteros, proyectando una capacidad de proyección de poder. Aunque éste no es el único ejercicio militar que ha realizado últimamente. 

Apenas el pasado lunes (15), arrancaron su estrategia de “ayuda humanitaria” denominada AMISTAD 2025 entre la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de Panamá, en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado en Chitré. 

La misión, que va desde el 15 al 25 de septiembre, marca la quinta y última parada de AMISTAD 2025, una iniciativa que refuerza alianzas en Perú, Surinam, Paraguay y El Salvador. Esta iniciativa es parte de la Estrategia del Comando Sur implementada desde 2008 y que fue renovada en 2018 tras finalizar la “Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos 2018 Amistad y Cooperación por las Américas”, agregando desde entonces la lucha contra lo que denominan como Redes Ilícitas Transnacionales.

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Al mismo tiempo, este lunes (15) y hasta el 6 de octubre, en la base naval de Mayport, Florida, también dio inicio el ejercicio militar UNITAS LXVI, en su 66 edición, el cual reúne a militares de 25 países socios de Europa, el Caribe, América del Norte, Central y del Sur, junto con unidades de la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Según los altos mandos estadounidenses, el fin es fortalecer la interoperabilidad, mejorar la seguridad marítima y fomentar la colaboración en la región a través de este simulacro donde participaran al menos 8 mil militares.

Este ejercicio, que normalmente se realiza en Sudamérica, por primera vez se celebra en una instalación del Cuerpo de Marines de EEUU, desde Florida hasta Carolina del Norte y Virginia, con fases combinadas de operaciones de asalto anfibio en bases estratégicas como la Base del Cuerpo de Marines de Camp Lejeune, la Estación Naval de Norfolk y la Estación Naval de Mayport. Las naciones participantes en la parte anfibia del ejercicio incluyen Argentina, Brasil, Belice, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Marruecos, Paraguay, Perú y España.

México, a través de la denominada Fuerza de Tarea de la Armada de México participa con 425 elementos navales, de los cuales 70 son mujeres y 355 son hombres a bordo del buque de guerra anfibia ARM “Papaloapan” (A-411), la Patrulla Oceánica ARM “Oaxaca” (PO-161), el helicóptero Panther (ANX-2160), así como los componentes de Operaciones de Interdicción Marítima (MIO); de Búsqueda y Rescate (SAR); de Operaciones Ribereñas, y de Fuerzas Especiales.

“UNITAS es un evento de primer orden para nosotros, ya que nos permite entrenar junto a nuestros aliados y socios en una fuerza combinada”, afirmó el teniente general Leonard F. Anderson IV, comandante de las Fuerzas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

“El ejercicio de este año nos ayudará a convertirnos en una fuerza expedicionaria naval más integrada con la Armada de los Estados Unidos y aprovechar la potencia de combate anfibio y litoral de todos los participantes. Estoy muy orgulloso del trabajo realizado en el mayor UNITAS conocido, que además tenemos el placer de acoger” señaló el teniente Anderson.

Aunque el Comando Sur enmarca estos ejercicios dentro de su "estrategia regional de seguridad y cooperación" y la lucha contra el narcotráfico, diversos analistas coinciden en que el mensaje trasciende con creces a ese objetivo declarado. 

Mientras tanto, los intercambios de videos entre EEUU y Venezuela apenas son demostraciones militares establecidas en sus doctrinas militares como disuasión y la comunicación estratégica. No obstante, en términos geopolíticos, estos bombardeos mediáticos representan movimientos en un tablero de ajedrez donde posiblemente se verán ciertas inclinaciones de diversas naciones. 

Megapuerto de China en disputa con EEUU por materias primas de Sudamérica

En su primer año de operaciones, el megapuerto de Chancay, en la costa central del Perú, refuerza la posición de China en Suramérica, obligando a que Estados Unidos busque en la región un enlace marítimo desde el Pacífico que potencie sus intereses comerciales.

Para la población del distrito de Chancay, en la provincia de Huaral (norte de la región Lima), a 70 kilómetros del centro de la capital peruana, no hay perspectivas de desarrollo de la economía local. La confrontación geopolítica entre las dos potencias globales les resulta lejana.

Así lo observa el Frente de Defensa de Chancay, organización que denunció desde la etapa de planificación el impacto que traería el complejo portuario al desarrollo y el ecosistema del distrito. Entre la poca empleabilidad y la expansión de infraestructura, no esperan beneficios del megapuerto, operado por la estatal china Cosco Shipping, propietaria del 60% de las acciones. El 40% pertenece a Volcan Perú, uno de los principales productores mundiales de plata, zinc y plomo, parte del grupo argentino Integra Capital.

Un sector en alto riesgo es la agricultura, pues los planes de construcción de una carretera y una ruta ferroviaria implican la expropiación de un área de 700 hectáreas de cultivos. El perfil de las vías fue aprobado recientemente por el Ministerio de Transporte sin dialogar con los habitantes. 

“Va a atentar a la seguridad alimentaria, lo primero que tenemos que proteger son las zonas agrícolas y luego ver cómo crece la ciudad. Se encarecerá el costo de vida, de la alimentación. Lamentablemente, por el alza del valor de los terrenos, a los agricultores les convendrá vender sus tierras. Se sobredimensionó lo que iba a generar el puerto para la gente de a pie, los empleos no sobrepasan las 200 personas, en ningún momento se planificó la dinámica económica del distrito”, declaró para Avispa Mídia el presidente del Frente de Defensa de Chancay, Vladimir Cantoral. 

En los valles de Chancay y Huaral se cultivan alimentos para el consumo local y el abastecimiento de toda la capital del Perú, como variedades de papa, maíz y camote, además de aguacate y otras frutas de alta demanda para exportación.  

“No hay acceso a exportaciones para los pequeños agricultores, tienen que venderles a las agroexportadoras. Este puerto no nació con visión estratégica nacional, le sirve a China para la ruta de la seda. Se vendió una narrativa de que se iban a instalar las grandes empresas cuando empiece a funcionar el puerto; eso sucederá cuando generemos industria”, añade el dirigente. 

Los productos de la pesca y agricultura peruana son los más comercializados desde el terminal de alta capacidad, por el que no se embarcan minerales. 

La instalación del terminal portuario desplazó a más de mil pescadores artesanales y generó daños en la bahía que pueden reducir hasta en 70% las especies de aves de la zona. En el Estudio de Impacto Ambiental se hallaron irregularidades.

Pescadores artesanales en el distrito de Chancay. Foto: Cooperacción.

Por este motivo, la Contraloría de la República investiga a seis funcionarios del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles (Senace). Se detectó que la ampliación de la zona operativa del megapuerto de Chancay fue aprobada sin que Cosco Shipping subsane las observaciones técnicas ni presente un plan para compensar los daños ambientales por el dragado del lecho marino.

Antes del proceso abierto a los funcionarios que evaluaron el Estudio de Impacto Ambiental, fueron judicializados dirigentes que denunciaron las afectaciones al litoral. 

“Desde el Estudio de Impacto Ambiental se pasaron por alto afectaciones, no levantaron más de 180 observaciones. Se ha detectado que hay probable dolo en la aprobación de ese estudio. Todo esto fue advertido desde antes de las obras, pero no se hizo nada”, indica el representante del Frente de Defensa de Chancay.

Construccion de megapuerto Chancay. Foto: Cooperacción.

En cuanto a la distribución económica para la población, el Congreso aprobó la creación de un fondo social para el desarrollo social de Chancay, financiado con el 20% del total de los recursos provenientes de la Participación en Rentas de Aduanas (PRA). Actualmente se trabaja en otro proyecto de ley que contempla la administración del fondo con participación de la población y mayores ingresos para el distrito.

“Se planteó una redistribución más equitativa, falta afinar ese tema, la renta de aduana tiene que ver con la carga de la mercadería, los impuestos por la mercadería, pero no se había hablado de los servicios que ofrece la empresa, por los que genera ganancias que se tienen que redistribuir”, explica el dirigente. 

Cuando se inauguró el megapuerto de Chancay, en noviembre de 2024, la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, señaló que podría ser utilizado por China con fines militares, por lo que Washington lo consideró un riesgo para la seguridad de sus intereses en la región.

Con el uso exclusivo del puerto, China consolida a América Latina en la nueva ruta de la seda, su iniciativa de inversiones en infraestructura para vincularse, además, con Europa, Medio Oriente y África. 

En respuesta, en agosto de este año el Departamento de Estados de EE.UU. y el Perú firmaron una alianza comercial entre los puertos de Hueneme (California) y Paita (Piura). Cerca de la frontera con Ecuador, más próximo a Panamá, la ubicación de esta terminal peruana resulta estratégica para fines geopolíticos estadounidenses. 

Actualmente, Chevron y otras petroleras de Estados Unidos exploran yacimientos de petróleo y gas en el mar de Piura. De encontrarse hidrocarburos, el valor del puerto de Paita cobraría mayor relevancia.

La costa norte del Perú es una zona de alto interés para la potencia norteamericana. En 2024 la base militar El Pato -también en la región Piura- fue cedida para un proyecto de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, por sus siglas en inglés). No se ha precisado si ingresarán agentes militares estadounidenses para resguardar la infraestructura de la agencia espacial. 

Por su parte, Pekín firmó un tratado con Brasil para exportar desde Chancay materias primas de la primera economía de Sudamérica, principalmente soya y carne vacuna provenientes de la Amazonía, lo que modificaría la ruta actual que parte del Atlántico y pasa por el Canal de Panamá. 

Organizaciones demandan castigo a autores intelectuales por asesinato de defensor en Honduras

En portada: Manifestaciones el marco de las actividades del Campamento Justicia para Juan López

A un año del asesinato del defensor del territorio, regidor y religioso católico, Juan López, en Honduras, cientos de campesinos e integrantes de movimientos sociales, provenientes de todo el país centroamericano, se dieron cita en la capital, Tegucigalpa, para instalar el “Campamento Justicia para Juan López”. El defensor fue acribillado al salir de una iglesia en Tocoa

Durante una semana, por medio de manifestaciones, peregrinaciones, así como actividades culturales, defensores del territorio e integrantes de comunidades indígenas y movimientos campesinos se dieron cita en el campamento para acuerpar al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), en su exigencia por justicia ante el homicidio de quien en vida participó en la defensa contra la minería en un área natural protegida.

Las manifestaciones centraron su condena en que, a un año del homicidio, la justicia hondureña ha avanzado lentamente y sin señalar a los autores intelectuales. Hasta ahora, sólo están acusados por asesinato y asociación ilícita tres personas: Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, quienes fueron imputados durante audiencia efectuada el pasado 21 de agosto.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó al Estado hondureño a avanzar de manera ágil e independiente en la investigación. Mediante comunicado, difundido el domingo (14), aseveró que se debe identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, “así como a las estructuras de corrupción y crimen organizado que pudieron haber participado en el asesinato de Juan López”.

La OACNUDH detalló que, si bien existen procesos penales contra los presuntos autores materiales, el derecho a la verdad y justicia exige enjuiciar a quienes ordenaron el asesinato del defensor pues, “solo así la sociedad hondureña podrá avanzar en el combate a la impunidad y en la consolidación de la justicia ambiental, condición fundamental para generar un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos en el país”.

Castigo a los autores intelectuales

Destaca que el proceso judicial contra los presuntos autores materiales apenas avanzó durante el último mes, después de cinco suspensiones de las audiencias preliminares. De esta manera, el caso contra las tres personas imputadas como responsables por el homicidio de López se elevó a juicio oral y público apenas el pasado 2 de septiembre. 

La razón de la demora en el proceso responde a que varias de las suspensiones fueron ocasionadas por deficiencias del Ministerio Público, tal como sucedió durante agosto con la entrega tardía de informes periciales de los teléfonos de los acusados, razón por la cual su defensa consiguió aplazar la realización de las audicencias.

El abogado Edy Tábora, integrante del Bufete Justicia para los Pueblos y quien está a cargo del proceso judicial contra los autores materiales, también remarcó la necesidad de avanzar en la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato de Juan López. Mediante conferencia de prensa, realizada el sábado (13) en el marco de una peregrinación, Tábora recordó el contexto de criminalización en que la empresa Inversiones Los Pinares, parte del Grupo Emco presidido por Lenir Pérez, forma parte al accionar campañas de estigmatización y vigilancia contra quienes se organizan para la defensa del río Guapinol, donde también participaba Juan López.

Manifestaciones el marco de las actividades del Campamento Justicia para Juan López

Juan López formó parte activa del CMDBCPT desde donde denunció las afectaciones al ambiente y ríos por parte de la empresa Inversiones Los Pinares, quien opera desde el año de 2014 para la extracción de óxido de hierro en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

A pesar de la lucha de las comunidades, las empresas continúan solicitando concesiones y licencias ambientales pese a que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) decidió no prorrogar los permisos que le permiten la extracción minera en el área natural protegida. Por su parte, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, señalado por López debido a sus vínculos con el crimen organizado, es un promotor del proyecto minero e incluso, en enero del 2025, en contradicción con el resolutivo del Inhgeomin, renovó las licencias operativas municipales de las empresas Pinares y Ecotek.

Como recoge el medio CriterioHn, el abogado Tábora aseguró que existen pruebas y elementos suficientes para que se garantice la condena de los autores materiales. No obstante, exigió al Ministerio Público garantizar que las pruebas recogidas durante las investigaciones sean las mismas que se presenten durante el juicio. También, demandó que se den las garantías necesarias para que los testigos no sean manipulados, amenazados o, incluso, asesinados.

El litigante remarcó que el proceso se encuentra en un momento crítico y exigió que sea el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, quien debe asumir personalmente el caso, para con ello garantizar todos los recursos materiales y logísticos para que los funcionarios que laboran en el proceso cuenten con ellos en tiempo completo, pues, advirtió que el paso del tiempo aumenta el riesgo de impunidad en el caso.

Exigencias 

Por su parte, la iglesia católica de Honduras se sumó a la demanda para enjuiciar a quienes ordenaron el asesinato de López, quien también se destacó por su servicio religioso. A través de un comunicado la Comisión Nacional de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal de Honduras señaló que “la impunidad no puede seguir siendo el sello de los crímenes contra defensores ambientales. La justicia no es venganza: es reparación, es verdad, es garantía de no repetición”.

La misma iglesia llamó a que el Estado de Honduras detenga la imposición de proyectos extractivos que violan derechos humanos, contaminan ecosistemas y fracturan comunidades. “El desarrollo no puede construirse sobre el sufrimiento de los pueblos”.

Jenry Ruíz, obispo de la Diócesis de Trujillo, afirmó que la exigencia de justicia para Juan López pasa no solamente por llevar a los tribunales a los autores materiales del crimen, sino también a quiénes ordenaron y financiaron el asesinato del defensor. Pero, además, subrayó que la reparación del crimen significa la aplicación del Decreto 18-2024, en referencia al resolutivo del Congreso Nacional que busca proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras y todas las zonas de reserva forestal afectadas por daños ambientales derivados de la actividad minera.

Las presiones para encauzar el proceso penal hacia los autores intelectuales también provino del exterior. El pasado10 de septiembre, los congresistas estadounidenses James McGovern, Jan Schakowsky y Delia Ramírez enviaron una carta al Secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, instando al Departamento de Estado a actuar en el caso de Juan López.

“Instamos al compromiso activo del Departamento con el gobierno hondureño para hacer justicia por el asesinato de López, trabajar para garantizar la seguridad de todos los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, y aplicar plenamente el Decreto 18-2024”, indicaron mediante una misiva.

Impunidad y criminalización imperan a un año del “halconazo morenista”

Fotos por Elizabeth Díaz y Omar Veoz / Sueña Dignidad

El pasado 5 de septiembre se cumplió un año de los hechos de violencia y represión policial contra más de 40 personas – entre ellas defensores del territorio, periodistas y estudiantes– ocurridos en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, en el contexto de movilizaciones pacíficas que exigían la cancelación de una carpeta de investigación contra Hortensia Telésforo, defensora de la Casa de los Pueblos de Atlapulco, al sur de la Ciudad de México.

Aquel día, en lugar de diálogo, la protesta enfrentó la violenta irrupción de miembros de grupos de choque, quienes armados con palos agredieron y detuvieron de manera arbitraria a cinco personas, todo mientras elementos policiales presentes se abstuvieron de defender a los manifestantes. Las y los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público de Tlalpan, donde más tarde, las protestas por su liberación fueron respondidas por los elementos policiacos con actos de represión que incluyeron robo, tortura, violencia sexual y psicológica.

A un año de la jornada de violencia institucional, conocida ya como el “halconazo morenista” - por la similitud en que funcionarios utilizaron grupos de choque para reprimir la protesta social, tal como sucedió durante la década de los 70s con grupos paramilitares denominados como ‘halcones’- las víctimas denuncian que no hay justicia ni reparación: mientras funcionarios y policías responsables siguen impunes, persisten las carpetas judiciales abiertas contra quienes fueron criminalizados. Peor aún, lejos de cesar, la persecución y amenazas se mantienen como mensaje de advertencia contra activistas y defensores del territorio en la Ciudad de México (CDMX).

En la antesala del próximo mundial de futbol en México, a realizarse en el año 2026, sobre todo la zona sur de la CDMX está recibiendo presiones que podrían acelerar procesos de gentrificación, desplazamiento y despojo contra los pueblos que ahí viven, por lo que la protesta social está en la mira de las autoridades. En ese contexto presentamos extractos de una charla con Elizabeth Díaz, fundadora de la colectiva Sueña Dignidad, quien compartió para Avispa Mídia una actualización del caso, sus efectos en la vida de las personas y comunidades, así como un llamado a mantener viva la lucha por la memoria.


Avispa Mídia (AM): ¿Qué ha pasado con los procesos judiciales contra defensores del territorio en Xochimilco después de aquel 5 de septiembre?

Elizabeth Díaz (ED): En el caso de Xochimilco, realmente no ha habido un avance. A la compañera Hortensia Telésforo le quitaron la carpeta de investigación, pero los otros cinco compañeros que fueron arrestados siguen enfrentando carpetas de investigación en su contra.

AM: En la conmemoración de un año del “halconazo morenista”, ustedes se manifestaron en la Fiscalía de la CDMX, ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

ED: A pesar de que nos plantamos afuera de la Fiscalía General de Justicia, mientras los implicados tuvieron una reunión en cuanto a sus carpetas, no se ve una solución inmediata. Al contrario, hay una desviación sistemática en donde el gobierno no está poniendo de su parte para que puedan avanzar y puedan ya estar libres, porque finalmente están sometidos a cómo vaya avanzando su proceso.

AM: Además de la persecución judicial, ¿qué otras consecuencias han enfrentado?

ED: Algo que hablábamos entre todos los afectados, que somos bastantes, más de 40 personas, es que muchas tuvimos que desplazarnos. Yo tuve un exilio político de más de seis meses, me tuve que ir del país. Eso provocó también ciertas cosas dentro de otros contextos, no en Xochimilco, pero sí en otros lugares donde también otras personas que han sido criminalizadas por el Estado han tenido que desplazarse.

Sobre todo las afectaciones emocionales. Uno ya no vive igual, ya no se sale igual. Hay menos organización, que claro, sigue habiendo mucha resistencia, pero sí hay un antes y un después de lo que pasó. Y creemos que es lo que ha querido hacer el gobierno de la Ciudad de México, parar este tipo de acciones contundentes que se han llevado a cabo, que se siguen haciendo, pero no con la misma frecuencia. Las personas que estuvimos ese día, pues tenemos ya otra forma de involucrarnos y lo vamos retomando apenas, después de un año.

AM: ¿Qué ha ocurrido con las denuncias que presentaron por los hechos de represión?
ED: Dos días después de la represión, las personas afectadas fuimos a presentar una denuncia a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A eso no se le ha dado seguimiento. Ha sido muy indolente la Comisión porque ni siquiera se ha pronunciado y ellos pudieron constatar de primera mano lo afectados que estábamos, tanto de golpes que eran visibles como después, con todos los exámenes psicológicos que nos hicieron a varias personas que sufrimos tortura. 

En el caso de la Fiscalía también se levantaron denuncias. En mi caso yo levanté una carpeta de investigación en contra de funcionarios de la Ciudad de México, en especial de policías. Yo sí pude documentar a tres policías, su cara, con video y foto de quienes yo creo son mis agresores.

Mi carpeta de investigación pude consultarla una vez y realmente es larga, pero sobre todo lo que sobresale ahí, es una investigación hacia mi persona. Ha sido muy revictimizante porque yo fui víctima de tortura sexual, también de robo, de golpes y no hay ningún avance. Todo lo que dice mi carpeta es que no hay nada, y realmente lo que hacen dentro de la investigación es mandar escritos para investigar quién soy, y justo ahora que regresé de mi exilio, he tratado de acercarme para ver cómo sigue mi carpeta y no me la quieren enseñar.

Ya van dos veces que voy a la fiscalía; me cambiaron de persona encargada de mi carpeta y no me notificaron, nunca me han avisado de nada. Ahorita estamos haciendo mucho hincapié para poder ver, con mi abogada, cuáles son los avances, pero nos están cambiando de fecha continuamente. Por eso decimos que están congeladas, porque vamos, preguntamos y no nos dan ningún tipo de respuesta.

AM: Tras las jornadas de conmemoración a un año de los hechos, ¿cuál ha sido el compromiso de las autoridades?

ED: Ahora con la manifestación del viernes se llegaron a dos acuerdos con el gobierno de la Ciudad de México, que era empezar a tener mesas de diálogo para el cierre de las carpetas de los compañeros criminalizados injustamente. También para destrabar las carpetas de las personas que hemos estado exigiendo justicia. Pero no hemos visto avance tampoco.

Algo que también nos preocupa e indigna bastante es que el otro año tuvimos mucha cobertura mediática y este año los medios hegemónicos de comunicación no se acercaron. Tuvimos que ser las personas que hemos sido violentadas, y que también ejercemos el periodismo, quienes hemos tratado de buscar a otros medios, que se acerquen a darle continuidad a esto.

AM: ¿Durante las jornadas a un año de la represión, destacaron el papel de la memoria como una forma de lucha, podrías compartirnos más de esto?

ED: Creo fervientemente que las personas defensoras, periodistas y quienes habitamos estos procesos de lucha y resistencia somos memoria viva. Para mí y para muchos de nosotros, la memoria es algo vital para construir otros caminos de justicia,

no dejar en el olvido, a pesar de lo doloroso y también lo tedioso que puede ser.

Nosotros sí creemos que a partir de la memoria estamos buscando justicia y sobre todo también dándola a nosotras mismas. Por eso también dentro de estas jornadas apelamos a la música, al baile, a agarrar el micrófono; también a las pintas, como una cuestión de decir: “Aquí estamos y aquí seguiremos”, porque todavía no se ha hecho nada en contra de esto que fue para nosotros un “halconazo morenista”. Realmente nos debería de preocupar a todas las personas que estamos en lucha y en resistencia aquí, porque la gravedad de los hechos del otro año es inaudito, fue algo bastante deplorable y no puede ser que lo olvidemos. 

Para nosotros la memoria es muy importante, nos mantiene con la lucha activa, por eso invitamos a las personas que nos lean, que nos escuchen. A sumarse a las manifestaciones, a compartir los materiales y también acercarse a las otras colectividades que sufrieron diferentes tipos de violaciones a sus derechos humanos.

Que se acerquen también a preguntarles a ellos, a las personas que ahorita están ejerciendo la defensa en varios lugares estratégicos del sur, porque pues ahora con todo lo del mundial se vienen luchas muy intensas y hemos visto cómo se ha intensificado la violencia. Afortunadamente no ha habido otro evento tan complejo en la Ciudad de México como el del 5 de septiembre, pero tememos que se queda en el olvido y, si no hay un seguimiento, se pueda replicar de una forma peor.

También apelamos mucho justo a la memoria y pensar que estamos viviendo un clima parecido a cuando sucedieron los hechos del 68 (masacre de estudiantes en Tlatelolco). No olvidar que la historia se puede repetir, y por eso la memoria viva, pero sobre todo en cuestiones que nos pueden ayudar a evitar el ejercicio de este tipo de violencias contra las personas que estamos defendiendo los territorios.

¡No a la presa Milpillas!: En Zacatecas convocan a manifestación pacífica en defensa del río

En portada: Habitantes opositores a la presa Milpillas. Foto: GRIETA

Desde la Red de Afectados por la Minería (REMA) convocan a una manifestación pacífica a realizarse mañana, 12 de septiembre, en el municipio Jiménez del Teúl, Zacatecas, contra la imposición de la presa Milpillas y a favor de la defensa del río Atenco. Mediante convocatoria, integrantes de la Red detallaron que este llamado se encuentra especialmente dirigido “a organizaciones sociales, colectivos, comunidades aliadas, académicos, artistas, periodistas y medios de comunicación”, esperando que respalden la acción. 

En abril de este año, David Monreal, -Gobernador actual de Zacatecas-, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y con el respaldo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), anunciaron oficialmente la reactivación del proyecto Presa Milpillas, pausado durante todo el sexenio anterior.

El motivo de retomar este proyecto responde a que fue integrado en el Plan México -la estrategia económica nacional impulsada por la mandataria morenista-, donde forma parte de los 17 proyectos estratégicos que buscan “asegurar” el abastecimiento del agua en el país. 

En marzo del 2017, el entonces gobernador priísta en Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, anunció el inicio del proyecto que desde entonces ha tenido el objetivo de abastecer de agua a la región central de la ciudad. Oficialmente el plan se trata de llevar agua del río Milpillas (o Atenco, conocido así por los habitantes) durante los próximos 50 años, al corredor Fresnillo-Zacatecas para proveer a 514 mil habitantes.

Foto: NTR Zacatecas 

Pobladores de las comunidades ubicadas en los municipios Jiménez del Teúl, Sombrerete, Fresnillo y Zacatecas capital, se oponen al discurso oficial pues -como han expresado a través de sus comunicados-, tan sólo la construcción de la presa destruirá los ecosistemas que hay en la cuenca. Con apoyo de ambientalistas, han evaluado que la presa desaparecería el 92% de las aguas de manantial que alimentan al Río Atenco, centro de existencia de las comunidades y ejidos. En total habría 19 comunidades afectadas. 

Además, señalan que las autoridades sólo están escuchando y validando la opinión de quienes habitan el centro urbano y la zona industrial, descartando las razones del sector agrícola, lo anterior por cuestiones de interés económico por parte de la clase política.

El gobernador Monreal, ha explicado que se trata de un proyecto de desarrollo que incentivará el crecimiento económico, turístico y agrícola en la región, un acuerdo sostenido a través del diálogo con las comunidades, sin embargo, los habitantes de los municipios afectados niegan que sus opiniones se hayan tomado en cuenta.

En marzo de este año, Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó a través de una conferencia matutina de gobierno (mañanera) que la obra en cuestión “representa una inversión de alrededor de 8 mil 900 millones de pesos, aunque para este año se otorgarán 350 millones como inversión inicial”.

El 10 de septiembre, el Frente Social por la Soberanía Popular de Zacatecas (FSSPZ), reveló en conferencia de prensa que el financiamiento de la presa proviene del gobierno estatal, federal y del sector privado donde ubican a Grupo Modelo, empresa cervecera que cuenta con una planta colindante con el municipio de Calera, instalada desde 1997 y adquirida en 2013 por la compañía belga Anheuser-Busch InBev. 

Así mismo, el Frente señaló con preocupación que el 51% de la inversión vendrá de una asociación público-privada. Esta tendrá una concesión de 25 años para recuperar el gasto y generar ganancias, una situación que elevará el costo de agua para quienes habitan el corredor Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe, y en contraparte generará ganancias extraordinarias para la empresa que obtenga la concesión. 

En declaraciones oficiales de gobierno, la situación actual del proyecto se encuentra en la etapa de “pre-inversión” y en sub-etapa de “preparación”, mientras que el inicio operativo está previsto para el año 2028. Por ello, los habitantes que se verán afectados ante la construcción de este proyecto han comenzado a movilizarse.