Al cumplir 46 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto arremete con más de 100 recursos legales para revocar una sentencia que ordena la creación de una comisión de investigación para conocer el paradero de los normalistas y fincar responsabilidades por el crimen.
En una sentencia inédita, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas ordenó la creación de una Comisión de la Verdad y Justicia que sería integrada por el Ministerio Público y los familiares, asistidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Se estableció que la investigación no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduria General de la República (PGR) como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos(CIDH), así como los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas”,
MENCIONA EL FALLO JUDICIAL.
Por su parte, la PGR en un comunicado menciona que “no se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”. Este comunicado fue un aviso del gobierno mexicano que no permitirá una investigación mas sobre el caso.
La mentira histórica del Estado mexicano
El Estado mexicano ha construido una verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa plagada de inconsistencias provocando la indignación de las familias de los desaparecidos y del pueblo mexicano. La fiscalía mexicana aseguró que la banda delictiva “Guerreros Unidos” incineró a los normalistas en un vertedero del municipio de Cocula. Sin embargo, los padres y madres de los 43 jóvenes y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su primer informe aseguran que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014”.
El 25 de julio de 2018, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa junto con las organizaciones que acompañan el caso ofrecieron una conferencia de prensa en la ciudad de México para denunciar que el Estado mexicano presentó más de 100 recursos con la finalidad de impugnar la sentencia del Tribunal Colegiado para la constitución de una Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia.
“Nosotras como madres estamos desesperadas, estamos hartas de tanta mentira por parte de este gobierno, ahora lo que yo le exijo a la Suprema Corte es que haga bien su trabajo, que se apegue a las leyes, que haga lo correcto”,
DENUNCIÓ EN CONFERENCIA DE PRENSA BLANCA NAVA, MADRE DEL NORMALISTA DESAPARECIDO JORGE ÁLVAREZ.
Hoy, 26 de julio, los familiares y compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa salieron a las calles de la ciudad de México para conmemorar el mes número 46 meses de la desaparición forzada de los normalistas. Las protestas se hicieron en varios partes del país y en el extranjero.
Hoy, a 46 meses, los padres y madres de los normalistas desaparecidos y todo México, continúan preguntándose: ¿Dónde están?
