martes, octubre 20, 2020
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Gobierno de Haití instrumentaliza la pandemia para reprimir a la población

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Contrariamente a las previsiones alarmantes realizadas durante la primavera, la pandemia de COVID-19 no parece afectar tanto a Haití: hasta el 13 de agosto, el país caribeño contaba con 7,634 casos confirmados y 183 muertes, mucho menos de las  20.000 muertes que se habían estimado.

“Observamos que no tenemos tantas muertes ni tantos casos graves como esperábamos”, dijo Patrick Dély, quien dirige el departamento de epidemiología del laboratorio nacional en Haití.

De hecho, el 20 de julio se levantó el estado de emergencia sanitaria en el país, aunque es importante precisar que se mantienen las medidas de distanciamiento para evitar la propagación del virus, así como un toque de queda establecido de las 00:00 hasta las 4:00 am.

“La catástrofe predicha nunca sucedió y puede que nunca suceda. Para los especialistas de la salud, sigue siendo enigmático. La verdad, tal vez, teniendo en cuenta el análisis de algunos investigadores independientes, es una combinación de todos estos factores: nuestra población es joven, al virus le cuesta desarrollarse en nuestro clima, las vacunas que tomamos contra la tuberculosis y la malaria nos han ayudado, y sobre todo, el conocimiento y uso de la medicina tradicional por parte de la población es importante”, resume Guy Laurore Rosenez, defensor de Derechos Humanos en la Oficina de Abogados Internacionales (BAI por sus siglas en francés) y miembro del Movimiento de Libertad, Igualdad de los Haitianos para la Fraternidad (MOLEGHAF), en entrevista para Avispa Midia.

Una “Comisión para la evaluación de los remedios tradicionales utilizados contra la COVID-19 en Haití”, integrada por 5 profesores de la Universidad Estatal de Haití, presentó un informe, el jueves 30 de julio de 2020, en el que establece que “es posible ahora decir que la población supo recurrir a plantas y recetas que pueden, en la emergencia en la que se encuentra, ayudarla a manejar la afección”.

De acuerdo con el informe, “varias recetas tienen el potencial de actuar sobre los síntomas y bloquear las complicaciones, mientras que otras previenen enfermedades. Esto indica un buen conocimiento de la fitoterapia y una habilidad especial para manipular las plantas y asociarlas”.

En este documento presentado por esta Comisión se afirma que el “hecho de que se trate de una población que nunca ha negado sus conocimientos ancestrales en cuanto al uso de las plantas y que siempre ha utilizado la fitoterapia para tratar sus dolencias cotidianas, sin duda ha facilitado esa reacción rápida y adecuada para combatir una enfermedad completamente desconocida hasta el momento. Esa riqueza de conocimientos sin duda ayudó a evitar numerosas pérdidas en una población ya afectada por una situación socioeconómica catastrófica. “

Sin embargo, la crisis sanitaria global no deja de tener consecuencias para la población haitiana, ya que es utilizada por el poder para controlar el movimiento de protesta antigubernamental que agita al país desde hace varios años.

“La llegada del virus ha sido un alivio para el gobierno de Jovenel Moïse”

Fue en 2016 cuando el actual presidente haitiano, Jovenel Moïse, llegó al poder tras un tumultuoso proceso electoral que duró más de un año, y que se llevó a cabo con una tasa de participación de apenas el 21%. Agroindustrial exportador de plátano y novato en la política, Moïse fue propulsado por el ex presidente Michel Martelly (2011-2016) como su sucesor, con el apoyo de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y, otros gobiernos extranjeros.

Para Guy Laurore Rosenez, Moïse no es más que “un presidente muy ilegítimo y cuestionado por la población, sobre todo porque es un presidente que se alía con la élite conservadora haitiana, que utiliza al Estado como forma de ganar dinero y malversar fondos públicos”. Desde que llegó al poder, Moïse se ha enfrentado con varias crisis provocadas sucesivamente por la corrupción, la escasez de combustible, la definición del presupuesto nacional, pero también con las desigualdades, el desempleo, la inflación y la creciente inseguridad.

A partir de 2018, el movimiento de protesta que exigía la renuncia de Moïse se volvió masivo. A pesar de varios episodios de represión extremadamente violenta, que dieron lugar a varias masacres, en particular en los barrios capitalinos de La Saline, Bel Air, Tokio, Grand Ravine y Carrefouf-feuilles, el movimiento continuó hasta llegar al “peyi lók” (en español “país bloqueado”): la parálisis total, de septiembre a diciembre de 2019, del tráfico y la actividad económica y comercial en la isla.

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“Es en este contexto que comenzamos a escuchar hablar de un virus que se estaba propagando por todo el mundo”, explica Laurore-Rosenez. Finalmente, fue en marzo de 2020 cuando se registró el primer caso de coronavirus en Haití: “a partir de ahí, el poder que estaba de rodillas por las movilizaciones pudo respirar: la llegada del coronavirus ha sido un alivio para Jovenel Moïse porque le permitió tomar una serie de medidas para limitar los movimientos de la población”.

Un toque de queda fue implementado, y la población recibió la orden de quedarse en casa, a pesar de las condiciones reales de vida en la isla que imposibilitan el respeto de una cuarentena. Como lo explica el defensor de derechos humanos, “en el contexto haitiano es imposible pedirle a la población que permanezca encerrada en sus hogares porque la mayoría de las personas viven al día en una economía informal. Pero lo peor, es que hubo una campaña mediática para aterrorizar a la población”.

El ministro de Obras Públicas, Joacéus Nader declaró, por ejemplo, que se preparaba para enfrentar una gran cantidad de muertes por COVID-19, que podrían llegar entre 1.000 y 1.500 al día, agregando que los cuerpos iban a ser enterrados en fosas comunes, reviviendo así los dolorosos recuerdos del terremoto que, en 2010, cobró más de 220.000 vidas en la isla.

Afortunadamente, la situación sanitaria no se ha descontrolado hasta la fecha. “Creo que es importante que todo el mundo sepa que Haití está bien y que las otras informaciones que se difunden son propaganda del gobierno para justificar la represión, a menos de un año del fin del mandato del supuesto presidente de la república que quiere extender su mandato un año más”, insiste Laurore-Rosenez.

Nace el G9, brazo armado del gobierno

Además de las medidas tomadas por el gobierno de Jovenel Moïse con la excusa de la pandemia, el país caribeño está sufriendo otro hecho importante: la creación, en junio pasado, del “G9 an fanmi e alye” (en español “G9 entre familia y aliados”), una alianza de grupos armados activos, principalmente en la región de la capital, Puerto Príncipe.

“El G9 entre familia y aliados es una federación de grupos armados conformados por delincuentes, autores de varias masacres contra la población civil de los barrios populares, quienes están coludidos con el poder en el marco de un terrorismo de Estado. Es muy grave y es aún más grave que el desastre anunciado por la COVID-19 que nunca llegó”, advierte Guy Laurore-Rosenez.

Los estrechos vínculos entre los miembros del G9 y el gobierno de Moise han sido denunciados en numerosas ocasiones por las principales organizaciones de derechos humanos del país, en particular la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) y la Fondasyon Je Klere (FJKL).

“El G-9 es muy poderoso. Uno de sus líderes, Jimmy Cherizier alias “Barbecue”, dice que quiere tomar el control de varios barrios empobrecidos del país. Los miembros del G-9 participan en reuniones de alto nivel, son consultados por las autoridades quienes toman en cuenta sus consejos”, denunció por ejemplo la RNDDH.

El ejemplo de Cherizier es particularmente claro : según el sitio de investigación y análisis del crimen organizado Insight Crime, la primera vez que, en noviembre del 2017, fue implicado en una masacre, era miembro de la Policía Nacional de Haití (PNH). Dicha masacre empezó por un operativo anti-pandillas y terminó con la ejecución extra-judicial de al menos 14 civiles inocentes en el barrio de Grand Ravine, en Puerto Principe.

Un año después, en noviembre del 2018, Cherizier fue vinculado con el asesinato de 71 personas, en la trágica masacre de La Saline. En noviembre del 2019, su nombre apareció en un informe de las Naciones Unidas en el que se le implicaba en nuevos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el barrio de Bel Air.

Hoy, después de haber sido expulsado de la PNH, en diciembre de 2018, Cherizier se volvió el líder del G9 y a pesar de que se emitió una orden de aprensión en su contra en febrero del 2019, “cada día los poderes de Jimmy Cherizier se fortalecen. Es un hombre poderoso, temido por el sector privado de negocios, brazo armado del presidente Jovenel Moïse, protegido por la institución policiaca, la cual facilita sus movimientos, lo apoya en sus diferentes acciones yrecurre a él de manera seguida”, afirma la RNDDH.

A diferencia de lo que han estado difundiendo varios medios de comunicación, “el G9 no tiene nada que ver con una iniciativa para la paz, de hecho las víctimas se siguen multiplicando en los barrios populares”, señala Laurore Rosenez.

Entre el 23 y el 27 de mayo, en el barrio de Pont-Rouge, Puerto Príncipe, la alianza conformada por los grupos armados asesinó a al menos 34 personas. Según informaciones compartidas por la RNDDH, durante el mes de julio, la violencia vinculada con las pandillas hizo al menos 50 muertos y 30 desaparecidos en el barrio de Cité Soleil.

Las acciones cometidas anteriormente por el G9 parecen beneficiarse de una total impunidad. Como lo denunció la Fondasyon Je Klere (FJKL) en un comunicado, se observa « una ola de violencia ciega en todo el país y sobre todo en los barrios populares. Todos los días, crímenes vinculados al grupo G9 son denunciados (…). Todo pasa como si las autoridades no existieran o fueran cómplices de los asesinos. Ningún arresto ha sido realizado, ninguna interpelación. Los criminales siguen beneficiándose de la impunidad de las autoridades y no se preocupan de nada”.

“Al parecer, los jefes de pandillas no son perseguidos mientras contribuyan al mantenimiento de la paz en los barrios que controlan. En cambio, el gobierno de Moïse ve en ellos soldados fieles que luchan contra la inseguridad, callan las voces de la oposición y fortalecen el apoyo político en toda la capital”, denuncia por su lado, Insight Crime.

“El poder usa a las pandillas, las pandillas trabajan por él, todo el mundo lo sabe pero esos ejemplos lo demuestran de manera muy obvia “, concluye Laurore-Rosenez.

Una larga historia de milicias paramilitares 

El hecho de que un gobierno se beneficie del apoyo de un grupo armado paramilitar no es nuevo en Haití. “Hay un clásico en la sociología política haitiana: la violencia juega un papel muy importante en las relaciones de poder, quien es capaz de producir más violencia es quien tomará el poder”, lamenta Laurore-Rosenez para luego recordar diferentes períodos de la historia de su país.

Fue bajo el poder de François Duvalier (1957-1971), alias Papa Doc, que se creó la milicia paramilitar de los “Voluntarios de Seguridad Nacional” (VSN), más conocida bajo el nombre de sus miembros, los “Tontons Macoutes”. Inspirado en las camisas negras de la Italia fascista, este grupo fue creado en 1959 con la ayuda de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, y funcionó hasta la caída, en 1986, de Jean-Claude Duvalier, “Baby Doc”, hijo y sucesor de François Duvalier. Se estima que, durante su actividad, los Tontons Macoutes habrían matado y desaparecido a más de 150.000 personas, en su mayoría, civiles y opositores al régimen.

En 1991, luego del golpe militar que condenó al exilio al recién electo presidente Jean-Bertrand Aristide, se creó el Frente Armado Revolucionario para el Progreso de Haití (FRAPH). En una larga campaña de terror contra la población civil haitiana, el FRAPH, junto con las fuerzas armadas, perpetró numerosas violaciones a los derechos humanos, principalmente en los barrios más pobres de las ciudades haitianas, donde se concentraba la base del apoyo popular de Aristide. Una vez más, la organización paramilitar se formó con el apoyo de la CIA.

El uso de milicias paramilitares es “un clásico de la política haitiana para que un presidente se mantenga al poder o para derrocar a un presidente y tomar el poder”, concluye Laurore-Rosenez.

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Un país en resistencia

Sin embargo, la dureza de la situación no acabó con la resistencia. Como explica Laurore-Rosenez, “en el contexto actual donde el gobierno está instrumentalizando el coronavirus, con el apoyo de la milicia G9, existen varias formas de resistencia: a nivel institucional, a nivel de la clase política y en la sociedad civil “.

En términos institucionales, son principalmente las organizaciones de derechos humanos las que están activas, publicando constantemente informes que denuncian la participación del poder en las distintas masacres.

En el plano político, existe en Haití “una oposición política plural, compuesta por partidos políticos tradicionales y otros cuantos partidos más o menos “progresistas “, dice el defensor y activista de derechos humanos. A pesar de sus diferencias, actualmente los unen varios puntos de acuerdo, en particular “el hecho de que el mandato de Jovenel Moïse finalice el 7 de febrero de 2021, mientras que Jovenel Moise, que quiere ampliar su mandato de un año, dice que finaliza hasta el 7 de febrero de 2022. También quieren la implementación de un poder de transición, y comparten ciertas demandas como el juicio de las masacres y el juicio del caso de corrupción PetroCaribe”.

Finalmente, es en la calle donde la resistencia es la más fuerte: “A pesar del coronavirus, hay gente en la calle manifestándose en condiciones extremadamente difíciles porque el poder reprime cada vez que la gente se junta con el pretexto de la epidemia del coronavirus, pero los manifestantes siempre vuelven. El 6 de agosto hubo una manifestación. Hay una situación de lucha, hay resistencia a pesar de todo”, insiste Laurore-Rosenez.

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