Grupos armados ejecutan a once civiles en Chicomuselo, Chiapas

En portada: Casas incendiadas durante el ataque contra población civil en el ejido Nueva Morelia.

La crisis humanitaria, producto de la violencia que desborda en la región fronteriza de Guatemala con Chiapas desde hace tres años, ha escalado en días recientes con el incremento de enfrentamientos entre grupos armados y la ejecución de once civiles en la comunidad de Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas.

Pobladores de la región fronteriza señalan que, desde el pasado jueves (9), grupos armados presuntamente miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS) han incrementado sus actividades en la región, particularmente en las comunidades de Piedra Labrada y Lázaro Cárdenas, donde se registró un aumento de los enfrentamientos violentos.

El lunes (13) las agresiones por el control de los territorios en la Sierra Madre de Chiapas derivaron en la masacre en Chicomuselo. Mediante denuncias anónimas e imágenes compartidas en redes sociales se confirmó la ejecución de los civiles.

Por su parte, medios nacionales refieren que fuentes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas informaron que entre las víctimas se registra el asesinato de dos servidoras de la iglesia católica. Una denuncia anónima a la agencia EFE asevera que entre las víctimas se encuentra un joven de 15 años, cinco hombre y cinco mujeres.

Medios locales resaltan que, pese a las advertencias de la población hacia las autoridades por la incursión de los grupos armados desde la semana pasada, no se efectuaron operativos para contener la violencia, aún cuando el Cuartel del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se encuentra a 28 kilómetros de Nueva Morelia.

Un día después de la divulgación de las ejecuciones, en un breve comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) confirmó los asesinatos y aseguró que un grupo conformado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional se apersonaron en el lugar de los hechos para el levantamiento e identificación de los cadáveres.

“Para garantizar la paz en la zona se realiza las investigaciones por lo que el Grupo Interinstitucional lleva a cabo patrullajes en la región con el propósito de fincar responsabilidades”, aseguró la FGE.

Minería, en el centro de la disputa

Como este medio ha documentado, desde finales del año 2022, grupos armados han incursionado en el ejido Nueva Morelia para, por medio de intimidaciones, extraer barita de una mina que fue clausurada por no contar con permisos ambientales.

Para mayo de 2023, Avispa Mídia registró que grupos del crimen organizado operaban en la región, primero para recoger la barita que había sido extraída por la minera canadiense Blackfire Exploration y que fue abandonada en un local conocido como “La Plataforma”. 

Reportes anónimos aseguraron que, meses después de la evacuación de dicho material, los grupos armados reactivaron las operaciones mineras sin que ninguna autoridad se presentara en el lugar.

Cabe destacar que, cansados de la violencia que azota la región, el 12 de octubre del 2023 miles de pobladores de Chicomuselo salieron a las calles a protestar para exigir un cese a la crisis que se vive en la región fronteriza. No obstante, días después de la manifestación, un grupo armado asesinó al profesor Artemio López Aguilar, quien participó como coordinador de la marcha contra la narcoviolencia.

En Chicomuselo existen 10 concesiones mineras vigentes y dos vencidas, pero desde el año 2009, tras el asesinato del activista ambientalista Mariano Abarca, se detuvo la extracción de barita.

Testimonios recopilados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en un informe presentado en febrero de este año, refieren que continúa la extracción del mineral con la anuencia de autoridades ambientales y cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional.

Pese a que la región está sumida en la violencia, la cual ha provocado el desplazamiento de miles de personas, hasta el cierre de esta edición resalta el silencio de parte de los gobiernos estatales y federales sobre la masacre.

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