Según información revelada por el periódico ecuatoriano El Comercio, el Ministerio de Defensa de Ecuador suscribió el pasado 12 de diciembre 2019 tres contratos con empresas de Estados Unidos (EE.UU) para la compra de material “no letal”, por un valor de 3,6 millones de dólares. Eso incluye en particular la compra de gases lacrimógenos, escopetas y proyectiles tipo perdigón y balas de goma, así como cartuchos aturdidores.
Esa compra masiva se inscribe en una tendencia generalizada al uso de ese tipo de armas y municiones para reprimir movilizaciones sociales alrededor del mundo.
Numerosas organizaciones y civiles alertan sobre el peligro que representan esos métodos represivos para la salud y la vida de las y los manifestantes. De hecho, tienden a rechazar la apelación “no letal”, para llamarles armas y materiales “menos letales” ya que la evidencia muestra que pueden causar lesiones severas e incluso la muerte.
Compra masiva
La firma de los tres contratos entre el gobierno ecuatoriano y empresas estadounidenses tiene como base la publicación de un informe fechado el 25 de noviembre del 2019 y elaborado por el Comando Logístico de la Fuerza Terrestre quien asegura que el material “no letal” militar “no es suficiente” y “está caducado”, y por ende recomienda la “adquisición de material no letal para ser empleado en operaciones contra disturbios, motines y contrainsurgencia”.
El primer contrato se refiere a la compra de 179,070 proyectiles tipo perdigón y gas lacrimógeno, así como cartuchos de goma para escopeta los cuales alcanzan los 165 metros por segundo. También, se registra la adquisición de cartuchos “aturdidores” los cuales están compuestos por plástico, pólvora negra y aserrín y que también son activados por medio de una escopeta. Este contrato asciende a un valor de 2,9 millones de dólares.
Mediante el segundo contrato, el Ministerio de Defensa del Ecuador estará adquiriendo 1,000 escopetas calibre 12 para proyectiles “no letales”. El plazo de entrega de ambos procesos terminará el 5 de febrero del año 2020.
Con el tercer contrato, el Estado ecuatoriano estará comprando 1,200 máscaras antigás de cuatro filtros por un monto de 234,000 dólares, los cuales le serán entregados hasta el 20 de enero de este año.
Los tres contratos vienen acompañados de un Informe de Necesidad elaborado por el Comando de Operaciones Terrestres, el cual también hace referencia a la necesidad de adquirir 3,000 escudos antimotines y 3,753 trajes tipo robocop. Sin embargo todavía no existen datos claros sobre la existencia de tal proceso de compra.
Por otro lado, El Comercio también menciona la existencia de otros nueves procesos de compra de material antimotines referenciados en la página del Servicio de Compras Públicas (Sercop). Esos procesos, que todavía no se concluyen, corresponden a la compra de artículos como lanzadores múltiples de gas GS, lanzagranadas con tambor con capacidad para seis proyectiles, municiones, equipos de comunicación, trajes, escudos y repuestos para vehículos antimotines. En uno de los pliegos, se encuentra un monto referencial por 6 millones de dólares.“En caso de nuevos disturbios que alteren el
"Letalidad encubierta"
Desde hace ya varios años, el armamento “no letal” concentra la atención de organizaciones y defensores de los derechos humanos.
Un informe publicado por Physicians for Human Rights (PHR) y la Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO, International Network of Civil Liberties Organizations) intitulado “Letalidad Encubierta: Efectos en la salud del uso de las armas ‘menos letales’ en las protestas”, señala que “cada vez más, en distintas partes del mundo se está respondiendo a las protestas sociales con armas “menos letales”. La proliferación de estas armas sin la correspondiente regulación, capacitación, supervisión y/o responsabilidad de quienes deben portarlas ha conducido a un uso generalizado y rutinario, y en muchos casos también indebido, que ocasiona lesiones serias, discapacidad e incluso muerte”.
Dicho documento destaca en particular el caso de las balas de goma, perdigones o “proyectiles de energía cinética”. Esas armas, que inicialmente fueron diseñadas con fines militares en contextos coloniales a partir del final del siglo 19, actualmente son utilizadas para el control de multitudes por ejércitos, fuerzas policiales y fuerzas de seguridad privada en casi todos los países del mundo.
Según la investigación, “los hallazgos en la revisión sistemática de bibliografía médica indican que estos proyectiles pueden ocasionar lesiones graves, discapacidad y muerte. Los datos demuestran que las lesiones graves suelen ser consecuencia de disparos a corta distancia; algunos modelos de estos proyectiles tienen el mismo poder de penetración de la piel que las municiones convencionales y pueden resultar igual de letales. Si se lanzan o se disparan desde lejos, estas armas son imprecisas y podrían impactar en las partes más vulnerables del cuerpo o eventualmente también ocasionar lesiones a aquellas personas cercanas que no estuvieran participando de la protesta. Por ello, existen serias dudas acerca de la posibilidad de utilizar estas armas de manera segura y efectiva a la vez.”
Un informe del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) llamado “Armas menos letales en América Latina y el Caribe, Retos y Oportunidades” señala por su parte que esos proyectiles “pueden penetrar o lacerar la piel, requerir extracción, lesionar los ojos, producir fracturas, conmoción cerebral, lesiones en órganos internos, hemorragias. Si el disparo fue efectuado a corta distancia y sobre el pecho, el abdomen o la cabeza, estas lesiones pueden ser fatales”.a
