En portada: Campesinas y campesinos dentro de la recuperación de la finca El Chile, en las inmediaciones de la ciudad de Tocoa, región del Bajo Aguán. Foto: Santiago Navarro F.
En el Bajo Aguán, Honduras, la disputa agraria convulsiona. Las acciones del gobierno dan señales contradictorias al prometer la restitución de territorios campesinos y, al mismo tiempo, asignar a fuerzas de seguridad para desalojar recuperaciones de tierras que actores de la agroindustria, como la productora de aceite de palma Corporación Dinant, catalogan como invasiones.
La presente cobertura está dividida en dos partes. La primera aborda la represión y criminalización contra el movimiento campesino, que recrudecen, en contraste con la lenta implementación del convenio, firmado el año pasado entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y organizaciones sociales, para dar solución al conflicto por el reparto agrario en el Bajo Aguán, cuyas tierras fueron destinadas a la reforma agraria desde los 70s.
La segunda entrega compartirá un esbozo a la recuperación de la finca El Chile, donde cientos de campesinas y campesinos luchan para forjar alternativas de vida tras décadas de violencia ejercida por militares, grupos armados y seguridad privada de las empresas de palma aceitera.
Como reconoce la administración de Castro, durante los últimos 30 años, empresas y cooperativas campesinas han accionado para la recuperación de tierras que les han sido despojadas de manera fraudulenta.
Además de señalar a Dinant, sobresalen Inversiones Ceibeñas y Oleopalmas de Centroamérica, quienes, de acuerdo a organizaciones como la Plataforma Agraria del Aguán, son las principales responsables de acaparar miles de hectáreas de tierras, en uno de los valles más fértiles de Centroamérica.
Promesas incumplidas
Campesinos del Bajo del Aguán, departamento de Colón, vieron con esperanza el convenio firmado con la presidenta Xiomara Castro, celebrado el 22 de febrero del 2022, para determinar las causas que, desde hace 30 años, dieron origen a las violaciones a los derechos humanos en la región y, con ello, proponer medidas de reparación a las víctimas.
Sin embargo, antes que resolver la violencia del pasado, posterior al acuerdo, las agresiones arrecian contra las representaciones y líderes de empresas asociativas y cooperativas campesinas. Pese a que el Estado hondureño reiteró su compromiso para la implementación de medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitidas desde 2015 para 155 campesinos del Aguán, desde el mes de diciembre del 2022 hasta julio del 2023, han sido asesinados nueve personas vinculadas al movimiento campesino.
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Acorde a la Plataforma Agraria del Aguán, firmante del convenio, desde el año 2010 a la fecha han sido asesinados 160 campesinos debido a la disputa por las tierras. Particularmente violento ha sido el periodo tras el golpe de Estado, entre 2009 y 2014, momento en que la CIDH emitió las medidas cautelares, con una centena de homicidios. Ahora, después de la oficialización del acuerdo, la Plataforma denuncia que las empresas de palma aceitera han reactivado la violencia, dando lugar a múltiples asesinatos, persecución y criminalización en contra de quienes reivindican los derechos y restitución de las tierras agrícolas.
Un año y medio ha transcurrido del acuerdo y las promesas del gobierno para alcanzar la titulación definitiva de tierras a favor de las empresas y cooperativas de organizaciones campesinas aún no se materializan.
Por el contrario, testimonios de la Plataforma Agraria del Aguán argumentan que empresarios de la agroindustria, dueños de enormes plantaciones de monocultivos de palma aceitera en la región, han demostrado su influencia para que el gobierno accione en otro sentido: promoviendo desalojos contra recuperaciones campesinas.
“El poder empresarial quita y pone presidentes”, denuncia Yoni Rivas, integrante de la Plataforma, en referencia a los actores que, con su accionar, obstaculizan el cumplimiento del convenio.
Actualmente, la Plataforma aglutina a 42 cooperativas y empresas campesinas en proceso de recuperación de tierras y, a pesar de los pocos resultados del acuerdo, mantiene diálogos con la administración de Castro para buscar una solución pacífica a la disputa agraria.
Para el 6 de junio del 2023, la presidenta Castro sorprendió con el anunció de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a Tierra, la cual argumentó como necesaria debido “al fracaso histórico en las políticas agrarias y ante el incumplimiento de la Reforma Agraria” en el país centroamericano.
Dicha comisión nació tras una reunión de la presidenta con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) lo cual le configuró con un carácter militar y policial. Este organismo reúne a los tres poderes del Estado, junto al fiscal general y a los ministros de Defensa y Seguridad y opera desde 2011 - promovido por los ex presidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández (JOH), quien enfrenta cargos de narcotráfico en EEUU-, bajo el argumento del combate al crimen organizado.
“El anuncio es una mezcla de medidas represivas y reformistas, que apuntan a restituir en el plazo inmediato el control de algunas fincas a los poderosos agro-exportadores”, argumenta Gustavo Irías, abogado del Centro de Estudios para la Democracia en Honduras (CESPAD).
Irías reflexiona sobre las facultades de la Comisión ante los “desalojos preventivos”, una figura que es parte de las reformas al Código Penal contenidas en el Decreto 93-2021, promovidas por la administración de JOH. “Este Decreto es considerado como uno de los pactos de impunidad que, a más de 15 meses de gobierno, ya debió haber sido derogado, porque favorece la corrupción (con las reformas a ley de lavado de activos) y violenta abiertamente las libertades democráticas de asociación, asamblea y protesta”, señala el director de CESPAD sobre el “marco jurídico criminalizante”, el cual continuará aplicándose en detrimento del movimiento campesino.
Según el abogado, la orden presidencial es clara: “el desalojo inmediato de las tierras ocupadas por las organizaciones campesinas, dejando el espacio a que el Instituto de la Propiedad (IP) determine la legalidad y ‘legitimidad’ de los títulos de propiedad”. Y advierte sobre los protocolos a implementar en los desalojos, que hacen uso de las fuerzas militares y policiales contra familias campesinas.
La respuesta de la Plataforma y de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), organización que también participa del convenio con el gobierno nacional, fue de condena pues “no incorpora la voz directa de los involucrados y, en nuestro caso, del sector campesino, que hemos recibido el impacto directo de los abusos que por décadas han generado los terratenientes, las empresas agroindustriales, junto a todos los gobiernos independientemente de su color político”.
Para Yoni Rivas, vocero de la Plataforma, la actuación de la Comisión de Seguridad Agraria no contempla la legalidad de las escrituras públicas con las cuales los palmeros pretenden avalar los desalojos en la región del Bajo Aguán, cuyo valle se extiende en una superficie de 200 mil hectáreas y abarca parte de los departamentos de Colón y Yoro.
Rivas argumenta que miles de hectáreas fueron arrebatadas de las manos de campesinos por parte de los empresarios por medio de violencia, intimidación y asesinatos. Sólo la Corporación Dinant asegura contar con 13,300 hectáreas cultivadas con palma aceitera y, en 2022, reporta a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) más de 17 mil hectáreas, entre monocultivos, procesadoras y unidades destinadas a conservación. Hasta principios de 2023, reclama otras “11,700 hectáreas propias que ya se encuentran usurpadas por diferentes grupos que actúan de manera ilegal”.
Seguridad agraria militarizada
“Están llevando a cabo desalojos de una forma acelerada”, acusa Rivas, cuya organización asevera que los operativos, “sin discusiones, diálogo e investigaciones sobre los origenes de los registros de propiedad viola su mandato, por lo tanto, ejecutar los desalojos solo refleja la parcialidad de la justicia y protección de la que gozan las empresas agroindustriales por parte del gobierno”.
Para los campesinos no es coincidencia que los primeros desalojos, atribuidos a las labores de dicha comisión, y ejecutados por el Instituto Nacional Agrario (INA) junto con el ministerio de Seguridad, Policía Nacional y ejército, beneficiaron a Corporación Dinant. Es el caso del desalojo de una finca de palma aceitera ubicada en la aldea El Tumbador en Trujillo, Colón, reclamada por Dinant.
La finca El Tumbador formó parte de las 5,700 hectáreas que, en 1983, el gobierno hondureño cedió al ejército de los EEUU para la operación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), desde donde se dio entrenamiento contrainsurgente a militares salvadoreños, hondureños y los “Contras” nicaragüenses en el contexto de los conflictos armados centroamericanos.
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Para 1991, tras el cierre del CREM, los predios de El Tumbador fueron traspasados al INA con fines de reforma agraria, es decir, para sustituir el latifundio y garantizar la justicia social en el campo. Sin embargo, la municipalidad de Trujillo realizó la venta de estos terrenos y, con ello, Corporación Dinant se adjudicó las tierras donde, en 2010, en medio de un intento de recuperación, fueron asesinados cinco campesinos a manos de guardias privados.
De acuerdo a una denuncia, realizada en 2017, por organizaciones agrarias a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las tierras que explota Corporación Dinant en la Finca el Tumbador, que son alrededor de 750 hectáreas, corresponden a 45 empresas campesinas del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), que están dentro del título de propiedad de 5,700.24 hectáreas inscrito en el instituto de la propiedad que fueron adjudicadas al MCA a partir del año 2000”.
Dinant es propiedad de la familia Facussé Barjum que, junto a Inversiones Ceibeñas de Reynaldo Canales, y Oleopalmas de Centroamérica, de René Morales, son los principales productores de palma aceitera hondureña y señalados por el movimiento campesino por ser responsables del despojo de tierras en el Bajo del Aguán.
La Plataforma y COPA han señalado anteriormente los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los palmeros, y la actuación de la Comisión de Seguridad Agraria no es la excepción. Preocupa la participación del coronel Elías Melgar, vice Ministro de Defensa, pues las organizaciones campesinas han señalado sus vínculos con la agroindustria, específicamente con la Corporación Dinant y empresas de seguridad privadas como Orion y SION.
Una investigación de The Intercept vincula al coronel, quien estuvo desplegado en el Aguán durante su época más violenta (2009-2013), con actividades de tráfico de drogas y su participación, con elementos del 15 Batallón militar en Río Claro, en operaciones conjuntas con Orion, contratada por Dinant y Oleopalmas para actuar como escuadrones de la muerte.
Plan de asesinato
“Estamos en un listado, si cualquiera de nosotros cae, lo enterramos y seguimos”. Estas fueron las palabras que compartió Omar Cruz Tomé, Presidente de La Cooperativa de los Laureles, a representantes del movimiento campesino reunidos el 16 de enero de este año.
La frase golpea la memoria de Esly Banegas, integrante de la COPA, quien nos recibe en su oficina en la ciudad de Tocoa. En medio del ajetreo de reuniones, Banegas toma un momento para la entrevista en la cual señala la situación de amenaza extrema contra el movimiento campesino del Bajo Aguán. “Dos días después, a él lo estábamos enterrando”, sentencia sobre el asesinato de Cruz dentro de su vivienda en esta ciudad.
Según Banegas, información que han recabado de diferentes fuentes desde finales del 2022, existe la intención de eliminar a los dirigentes de las empresas y cooperativas campesinas para boicotear el acuerdo con la administración de Castro.
“Los empresarios han puesto precio a la vida de los máximos liderazgos de la zona y han implementado acciones de vigilancia y persecución con el objetivo de darles muerte”, denunció la Plataforma Agraria sobre la existencia de este plan de asesinato de la dirigencia campesina en los valles del Bajo Aguán y Sula.
Yoni Rivas asegura que la creación de la Comisión Tripartita (CT), derivada de la firma del convenio de 2022, es la razón por la cual la violencia en su contra se ha profundizado. “Hay una lista que la encabeza la coordinación de la Plataforma Agraria y los presidentes de las cooperativas. Están siendo amenazados, perseguidos y pretenden asesinarnos”, alerta.
Raúl Ramírez es miembro de la empresa asociativa campesina La Lempira e integrante de la coordinación de la Plataforma Agraria. Mantiene una mirada seria y con indignación acompaña acusaciones severas sobre los métodos de despojo contra los campesinos en las tierras del Aguán, quienes son señalados por los empresarios palmeros como invasores en sus propias tierras.
Con enfado, también denuncia los planes para asesinar a la representación de la Plataforma y de las distintas organizaciones campesinas que confluyen en los esfuerzos por recuperar sus tierras. “(En la lista) se encuentran Yoni Rivas, Jaime Cabrera, Wendy Castro, mi persona. Ahí están todos los presidentes de las cooperativas, porque hay un listado con más de 40 personas”, asegura sobre las personas en riesgo.
“(Los empresarios) saben que están totalmente perdidos, porque los derechos de nosotros, los derechos fundamentales nos asisten”, sentencia Ramírez sobre las labores de la CT que los agroindustriales están boicoteando.
Apenas el 13 de julio pasado, un año y cinco meses después de la firma del convenio, se anunció la instalación de dicha comisión. El mismo día, mediante comunicado, la Plataforma difundió que, a pesar que el Ministerio Público ha mantenido en impunidad las denuncias contra la agroindustria, solicitaron iniciar una investigación “contra Miguel Mauricio de la Soledad Facusse Saenz, líder de Corporación Dinant y Aldo Gaetano Bobe Tikas, representante legal de la empresa Azunosa, por la conspiración para asesinar a la dirigencia campesina”.
Aunado a ello, las organizaciones campesinas alertaron por la vigilancia y persecución contra los abogados y abogadas del equipo jurídico del Bufete Estudios para la Dignidad, quienes acompañan al movimiento agrario en las luchas legales. “En las últimas semanas han sido víctimas de acciones de vigilancia por desconocidos vestidos con indumentaria policial, esto, debido al trabajo de representación y reivindicación de derechos que realizan en favor de organizaciones campesinas e indígenas”, contextualizaron.
Rivas asegura que los empresarios de la palma aceitera pretenden borrar su lucha a través del asesinato. “La tierra no les pertenece y deben reconocer que no es asesinando a campesinos que van a poder limpiar su imagen y van a crecer como empresa, es respetando que las tierras que ahora ocupan, no les pertenecen, son tierras de Reforma Agraria”.
“Nos fortalece cuando un compañero de nosotros cae, no nos afligimos (…) tenemos que seguir luchando con más valentía, porque si mi compañero tuvo el valor de hacer eso, ¿yo porque voy a callar?, no debo callar”, sostiene Ramírez.
Criminalización
Investigaciones obstaculizadas
Como parte del seguimiento al convenio de 2022, la Comisión Gubernamental firmante se comprometió a la creación de distintas comisiones para materializar el acuerdo; una jurídica, para la investigación y verificación de los métodos utilizados para la adquisición de las tierras y una administradora, para brindar asistencia técnica y seguridad para mantener la producción de la palma aceitera.
En el convenio también se menciona la labor de la Comisión Tripartita, que deberá investigar si existe complicidad entre fuerzas de seguridad del Estado y empresas de seguridad privada, “sus vínculos con estructuras irregulares y su papel en actos violentos contra los campesinos en el bajo Aguán”, en cuyo caso deberá trasladar las denuncias a las instancias judiciales.
Para los representantes del movimiento campesino, los poderes económicos bloquean el punto clave de los acuerdos: la conformación de una comisión para la investigación de la legalidad en la posesión de las tierras que argumentan tener los agroindustriales; así como las técnicas y métodos violentos que implementaron para despojar a los campesinos de territorios destinados al reparto agrario.
Dicho convenio, firmado por la Secretaría de Seguridad, Secretaría de desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), el INA, y la representación de 29 cooperativas afiliadas a la Plataforma Agraria, compromete al Estado a “la instalación de un mecanismo de investigación, seguimiento y reparación de violaciones a Derechos Humanos de las víctimas del conflicto agrario del Bajo Aguán. Dicho mecanismo tendrá una estructura acordada entre las partes conformantes de la Comisión Tripartita”.
Miembros de la Plataforma aseguran que los empresarios de la palma aceitera tienen miedo que el gobierno de Castro haga efectiva la investigación de las técnicas y métodos de despojo mediante las cuales han acaparado tierras por más de 30 años. “Violentaron nuestros derechos, asesinaron, criminalizaron (…) creemos que con la Comisión Tripartita avanzaremos en ese proceso de investigación sobre cómo violentaron, cómo violentó el Estado a los campesinos aquí en el Aguán”, señala Raúl Ramírez.
El campesino asevera que diversas cooperativas y empresas asociativas campesinas como la suya cuentan con los documentos y argumentos legales para defender sus tierras, por lo que exige resultados en los trabajos de la CT. “No nos pueden violentar ese derecho, porque hay títulos sobre títulos, pero hay que investigar quién es el legítimo dueño”, denuncia sobre la falsificación de documentos y la obtención de firmas de campesinos, bajo tortura, para la venta de sus tierras a la agroindustria.
Ramírez explica que el principal objetivo de la CT es la investigación del despojo “para no volver a cometer más violaciones de derechos humanos” contra los campesinos del Bajo Aguán.
“Que nos apliquen justicia y que las tierras retornen a los campesinos, todas las tierras de Reforma Agraria vuelvan a los campesinos, que vuelvan a sus propietarios porque fueron despojados y criminalizados, asesinados”, acusa.
La composición propuesta de la CT incluye a funcionarios del gobierno, (derechos humanos, fiscalía, procuraduría) así como representantes de las víctimas y expertos internacionales “que van a ser acreditados aquí en Honduras, tienen mucho reconocimiento y experiencia en cómo resolver la tenencia de la tierra”, contextualiza Ramírez.
Por su parte, Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma y quien recientemente fue absuelto de dos cargos penales en su contra, asegura que, a más de mes y medio de la instalación de la CT, el movimiento campesino continúa esperando el llamado para asistir a Tegucigalpa y echar andar los trabajos con las distintas instancias de gobierno.
“Estamos a la espera que la presidenta de la República pueda deliberar sobre esta propuesta y poder dar solución a esta crisis agraria y alimentaria que nos generaron desde los años 90 a través del sistema político de este país”, concluye Rivas.
