México: Autoridades que investigan asesinatos en Nochixtlán son Juez y parte de los hechos

Las instituciones de administración y procuración de Justicia en México y del estado de Oaxaca no garantizan una investigación real, imparcial y objetiva de la masacre del día 19 de junio en Nochixtlán, denuncian organizaciones sociales y de derechos humanos. “¿Como es posible que el mismo Estado que asesinó a 12 personas y dejó centenas de heridos por armas de fuego, se encargue de investigar los mismos hechos?”, sostiene la abogada Mariana Arellanes, que forma parte del área Jurídica de la CNTE.

La Agencia Estatal de Investigación depende de la Fiscalía General de Justicia para las investigaciones, explica la abogada. “No son independientes del Estado. Son Estado. La Fiscalía se torna a la vez juez y parte”.

En el ámbito del gobierno Federal, la Comisión Nacional de Seguridad también ordenó a la Unidad de Asuntos Internos y a la inspección General de la dependencia iniciar una investigación con el fin de deslindar responsabilidades. Pero, de nuevo, los perpetradores son los mismos responsables por investigar. "Las instituciones de Justicia están caducas en el país y no se diga en Oaxaca. ¿Quien va a investigar los hechos? ¿Los jefes que dieron las ordenes para este desalojo violento y para que dispararan? Sí, porque alguien dio las ordenes. Así no hay como garantizar ninguna Justicia”, dice la abogada."

Lamentablemente todas las investigaciones se han hecho tarde y sin la debida rigurosidad, dice Sergio Cruz García, integrante del Comité de Ciudadanos del Municipio de Nochixtlán. “La Fiscalía vino a investigar 5 días después de los hechos. Las evidencias ya estaban borradas, incluso había llovido. No hicieron como lo indican las leyes. Los procedimientos dejan lugar a muchas dudas, muchas preguntas al aire”, sostiene.

En la segunda mesa de dialogo de la CNTE, que ocurrió el día 27 de junio, con la Secretaria de Gobernación, donde participaron habitantes de Nochixtlán, se exigió al gobierno Federal que además de las instancias de gobierno – la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, se dice autónoma pero a quien nombra a estas personas es el gobierno – se garantice la intervención de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero el gobierno no demostró mucha disponibilidad para hacerlo. “Lo dejaron abierto para ver si se podía”, dice el integrante del Comité. Es necesario visibilizar la violencia por la que esta cruzando Oaxaca de forma sistemática. “La masacre que se dio en 2006 con un gobierno priísta hoy se vive en 2016 con un gobierno que, según ellos, no son priísta. Entendemos que pertenecen a la misma clase social, que están a servicio de los ricos del país, tienen que obedecerlos”, sostiene Arellanes. “No podemos permitir que nadie sea responsabilizado, que nadie vaya a la cárcel, como pasó con los hechos de 2006”.

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Para que realmente se pueda aterrizar en el tema de Justicia, tendría que haber una investigación autónoma, independiente, ciudadana, defiende ella. “Exigimos la conformación de una comisión de la verdad para investigar los hechos y que sean personalidades reconocidas que puedan estar al frente de esta investigación. Lo preocupante es que la aprobación de una “comisión oficial” tiene que pasar por un decreto oficial y difícilmente el gobernador va a emitir un decreto para la creación de una comisión de la verdad en contra de el mismo”, dice la abogada.

Entonces, defiende ella, hay que ser mas que nada una comisión ciudadana que salga del pueblo, que no tenga que ver nada con las estructuras del gobierno. “La organización del pueblo tiene que dar otro tipo de respuesta que necesita Oaxaca. Ya no cambiar un gobernador por otro, ya no quitar un fiscal por otro, que a final va a resultar lo mismo. Tiene que ser algo mas de fondo, una organización desde abajo, desde las comunidades. Oaxaca tiene una característica muy particular por eso el surgimiento en el año 2006 de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca como una forma alternativa de organizarse y de representar directamente las comunidades”, dice.

La abogada afirma que la comunidad de Nochixtlán pidió oficialmente la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que se evitara la masacre. “Ya veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo su intervención, incluso se presento una queja solicitando que ellos solicitaran un dialogo para se evitará la situación que se vivió. Solamente después de mucha presión accedieron a emitir una medida cautelar, donde decían al gobernador y al secretario de gobierno de Oaxaca que tenían que priorizar el diálogo. Sin embargo el gobierno jamás contexto y así se quedó la situación. Y, bueno, ya vimos el resultado”, explica.

Con relación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha jugado un papel sumamente lamentable. Por citar un pequeño ejemplo de cómo viene actuado la Comisión Nacional, algunos de los afectados por los hechos del día 19 de junio, cuando estaban dando sus testimonios, pidieron ser anónimos por la gravedad de las informaciones que estaban manejando. “No falto aquel integrante de la brigada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que empezó a tomar fotografías y a preguntar a que grupo pertenecían. Parecen policías”, dice la abogada.

A pesar de la actitud del gobierno de Oaxaca y de México del silencio como respuesta, hay una voz unísona, tanto nacional cuanto internacional, que pide independencia en las investigaciones.

En el segundo encuentro de autoridades municipales y agrarias del Estado de Oaxaca, que aconteció el sábado 2 de julio en Nochixtlán, las 40 autoridades presentes exigieron castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Asunción Nochixtlán “y que la investigación sea transparente y con la intervención de organizaciones internacionales de Derechos Humanos”.

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también pidió al gobierno mexicano realizar una “independiente, pronta, exhaustiva e imparcial” investigación.

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