México: Contra el olvido y por la reconstrucción en la costa de Chiapas
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Frescos en la memoria de las comunidades costeras de Chiapas, retumban los discursos vacíos y las promesas incumplidas de gobiernos, pasados y actuales, ante la catástrofe.

Para ellas, el terremoto de 8.2 grados richter ocurrido el 7 de septiembre de 2017 ha revivido los típicos escenarios en los cuales el Estado es permanentemente omiso, corrupto e irresponsable. La realidad se agolpa en la vida de 1.5 millones de afectadxs tras la intensificación de las enfermedades, la parálisis en las actividades económicas, el miedo ante las miles de réplicas y la destrucción en más de dos mil quinientas comunidades. Este es el saldo del sismo en Chiapas, el estado mexicano con mayor población en pobreza; los daños afectan 97 de sus 119 municipios.

Son ellas quienes tendrán que reconstruir sus viviendas. Son ellas quienes advierten de la rapiña, la de antes y la de ahora, que se cierne sobre su reconstrucción y en cambio accionan con apoyo mutuo entre individuos, grupos y colectivos. La solidaridad busca la restauración de su territorio, labor que el Estado ha probado nunca realizará.

 

Video por Medios Libres de Chiapas

A escasos kilómetros de la frontera con Oaxaca, un grupo de mujeres de la comunidad pesquera de La Gloria, acude para distribuir los víveres que el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa trasladó a su comunidad. En grupos ingresan a un hogar donde improvisan el reparto; forman listas, pesan los alimentos, arman paquetes y entregan los víveres para paliar momentaneamente los estragos tras los temblores.

“¡Cuando el terremoto las casas se sumieron, el agua brotó! A Lupe, Ana y Melquiades se le cayeron las casas y ahorita andan de arrimados” comparten las mujeres aún asombradas por el movimiento de la tierra. En sus relatos comparten las similitudes que vinculan el escenario actual con las memorias de numerosas catástrofes. “Ni una lona para que se pongan, nada, ellos no han recibido nada” denuncian sobre la situación de aquellos que lo perdieron todo.

Las comunidades enclavadas en la Sierra Madre de Chiapas, las de mayor dificultad de acceso que presentan afectaciones por el sismo se calculan en 4,000 aunque aún no se cuenta con información oficial, pues muchas de ellas han sido olvidadas por el Estado mexicano.
En la imagen, mapeamiento del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa sobre las comunidades afectadas en municipios costeros de Chiapas

La pesca ha sido la principal actividad económica de la región. En la actualidad no se cuentan con planes para rehabilitar la industria pesquera local; en cambio existen megaproyectos en construcción por todo el largo y ancho de Chiapas.

Las mujeres de La Gloria reconocen que no se puede confiar en la acción del gobierno para el beneficio de las comunidades afectadas por los temblores

Sus recuerdos reviven el año de 1998, cuando producto del calentamiento global, el fenómeno climático de El Niño proviocó una serie de inundaciones cobró la vida de 400 personas y arrasó con 200 mil hectáreas de cultivos. Desde aquel momento, el incumplimiento en la reconstrucción de las comunidades parece una promesa lejana, imposible.

“Nosotros somos doblemente damnificados. Hace más de 10 años sufrimos con el Huracán Stan y años atrás con el Huracán Bárbara, donde perdimos todo. Desde entonces hemos escuchado los mismos discursos del gobierno. Pero conocemos la realidad de sus palabras”, cuenta la señora Ana, vecina de uno de los cuatro barrios que integran al pueblo pesquero.

“Como en el tiempo cuando pasó el huracán Bárbara, vino un proyecto de que nos iban a dar unas casitas, pero nos las dieron en condiciones malas. Todo ese dinero a lo mejor se lo agarraron, o lo desviaron pero no nos dieron nada. Vinieron y sacaron arena del bordo, donde es puro salitre, para construir con eso y ahora las casas revientan pues tienen mucha sal, así que se están cuarteando todas desde antes del sismo. El piso no sirve. En tiempo de agua se llenan como si fueran albercas; dijeron que pondrían alumbrado y no tiene nada. En aquel tiempo fueron afectadas casi la mayoría de las casas pero solo dieron 38 casitas. Ahora vemos que se repite la historia” denuncia Ana ante el panorama de una región que ya ha sido “beneficiada”, incluso con dinero privado, para la reconstrucción que nunca ha concluido.

En términos de salud y educación, los panoramas son desalentadores. “Hay poca medicina. Sí hay doctores pero tienen horarios y días de trabajo, pór ejemplo no te puedes enfermar los lunes porque no hay quien te cura” denuncian los vecinos de La Gloria quienes rechazan exista previo al sismo el servicio suficiente en atención médica pues de mil habitantes sólo se reciben seis consultas por día.

“Nos caería muy bien que nos mandaran ayuda psicológica porque hay muchos niños y nosotros adultos también estamos sufriendo ese temor, ese miedo. Personas que no duermen adentro de sus casas o definitivamente no duermen porque tienen miedo a que vuelva a temblar” complementan las mujeres a la demanda en salud.

Otro problema es que los niños no tienen clases desde el 7 de septiembre debido a que la escuela de la comunidad es una entre las casi 1,000 con afectaciones que están distribuidas en todos los municipios del estado.

“El domo de la escuela está de lado. La estructura se rompió. Proteción civil dice que si se pueden dar clases pero nosotros tenemos miedo. Deberían tener acordonado el sitio porque una réplica o el viento lo pueden tirar. Los que los construyeron ya vinieron, incluso los encerramos, no los dejamos ir hasta que vinieron otras personas y nos prometieron que regresarían a revisar la estructura pero nunca regresaron” denuncian las familias que esperan su turno para recibir los víveres.

Tras el primer terremoto, los medios de comunicación y la solidaridad se volcaron hacia Juchitán de Zaragoza, una de las principales ciudades del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

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En comparación, pocos esfuerzos llegaron hasta las comunidades más alejadas tanto en Oaxaca como en Chiapas.

Aquí solo llegaron los de protección civil a foliar las casas, pero nadie ha dado información de los fondos que el gobierno tiene que destinar en caso de desastres naturales. Ni las autoridades locales, ni las estatales, ni las autoridades federales nos han dado información. Todo lo que sabemos es por la televisión”, señalan las mujeres.

“Hay gente que tienen afectaciones en su vivienda, que no necesariamente se le cayeron pero sí están graves. Hay muchas viviendas con fracturas, incluso de lado a lado, pero de los cuales pasaron personas de sedesol que decían que las casas no califican. A muchas no les pusieron un folio y desgraciadamente pasarán otros sismo, por lo que vivimos en un gran riesgo” lamenta Javier, pescador quien menciona la contradicción de haber obtenido buena cantidad de camarón después del sismo, pero que sólo puede abaratar en los mercados locales ya que sus compradores habituales, las palapas de las familias en la playa de Santa Brígida no están recibiendo turistas.

“Ahorita ya estamos en etapa electoral y sí me atemoriza un poco porque al rato van a decir que nosotros estamos trabajando hacia un partido político a cambio de la ayuda, pero que no se confunda, nosotros no queremos a ningún partido político” afirma Javier tras tantas promesas incumplidas.

Las mujeres de la comunidad La Gloria, municipio de Arriaga, Chiapas, sostienen que desde el “Huracán Bárbara el gobernador no ha puesto un pie en las comunidades y ahora con el terremoto menos. Pero ya vienen las elecciones para la presidencia del 2018, y seguro ahí estarán otra vez todos los partidos políticos con sus mentiras”.

En esta comunidad pesquera la mayoría ya sabe, por medio de la televisión, que el gobierno federal ha anunciado que los recursos para la reconstrucción de las viviendas se realizarán a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) con cargo al Fondo Desastres Naturales (Fonden).

Aunque el Estado ha anunciado oficialmente que en la primera etapa de apoyos parciales inmediatos se han destinado 3 mil 392 millones de pesos para vivienda (de un total de 5 mil 629 millones disponibles en el fondo para 2017), la mayor parte para Oaxaca (mil 667 millones) y Chiapas (mil 327 millones), en las comunidades costeras chiapanecas no les ha llegado nada pese a que se calcula que 17 mil comunidades (de las mas de 20 mil que integran el estado) sufrieron daños tras el sismo.

“No sabemos de nadie que haya recibido algún apoyo. Es casi seguro que las diversas autoridades se lo van a repartir. Aquí cuando hubo reconstrucción después del huracán, utilizaron materiales de baja calidad y se quedaron con los recursos” dice Javier, quien además denuncia el acaparamiento de víveres por parte de funcionarios del ayuntamiento.

“Sabemos por la televisión que en Arriaga y en Tonalá les dieron sólo una despensa y una colchoneta a las personas. También les prometieron empleo temporal para reactivar la economía, pero aquí no hay nada de eso”, agrega Javier.

La mayoría de las personas en la comunidad de Santa Brigida viven principalmente del turismo y en las comunidades de la región el sustento principal es la pesca. “Aquí no esperamos nada del gobierno, tenemos más confianza en la solidaridad del pueblo. Lo único queremos es que la gente visite como antes nuestras comunidades. Nosotros sabemos trabajar. Aquí nosotros vendemos camarón, pescado, maricos. De eso vivimos, del turismo”, afirma Alicia mientras nos enseña su palapa vacía.

Negocios y reconstrucción

Bajo el pretexto de la atención requerida para aliviar los efectos de sismos, huracanes e inundaciones que han azotado al estado de Chiapas, en los últimos 20 años se concibió la creación y manutención de un Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales, mismo que para 2017 contaba con la autorización para ejercer un fideicomiso con más de 80 millones de pesos.

No obstante el hecho de que Chiapas es el estado con mayor número de solicitudes de acceso al Fondo de Desastres Naturales, controlado por el gobierno federal (por lo menos una vez al año), el pasado 26 de abril de 2017 el congreso estatal decretó su extinción definitiva sin explicar los motivos para realizar dicha acción, ni a qué rubro serían canalizados esos recursos; todo pese a que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, con vigor desde mayo de 2015, obliga a los estados a contar con dichos recursos.

Mientras tanto el gobierno federal pretende cubrir la deuda aprobada de manera exprés por los congresos de Oaxaca (1,200 millones de pesos) y Chiapas (995 millones) mediante los bonos cupón cero de la federación emitidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), los cuales no pagan interes, dejándole la responsabilidad de cubrirlos a los estados sureños.

Además existe la posibilidad de que ambas entidades hagan uso de los bonos catastróficos del Banco Mundial que disponibilizan más de 360 millones de dólares de deuda adicionales para en teoría ayudar a los más de millón y medio de damnificados.

Incluso se menciona en la realidad oficialista una estrategia de trabajo temporal para reactivar la economía; sin embargo, los pobladores de comunidades como La Gloria refieren que es un trabajo sólo para hombres, el cual se anunció será cubierto por los créditos incluidos en las tarjetas que el gobierno federal comenzó a entregar, basado en censos expeditos e inexactos, el 10 de octubre.

“Dijeron que esta bien mi casa pero la columna de arriba ya se está cayendo. No sé cual es el argumento para decir que no pasó nada pero a mí ni la gente de la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) ni del ayuntamiento (municiṕio de Arriaga) me censó” denuncia una mujer anciana, quien refiere que siempre y cuando se tenfa un folio se adquiere el apoyo. “Soy viuda y no cuento con recursos económicos para reparar mi casa” se lamenta.

De acuerdo al programa oficial, con las tarjetas las familias contarán con 120 mil pesos por daño total y 15 mil para daños parciales. Todos los materiales se distribuirán mediante las empresas autorizadas por el Estado, quienes mantienen un acuerdo con Bansefi para entregar los recursos para la reconstrucción.

“Hay viviendas construidas con adobe o palma y en algunas partes también con block y cemento. Estos últimos, son materiales que se cuartearon y el personal que estaba foliando utilizaron eso como pretexto para argumentar que la vivienda tenía que ser demolida” mencionan trabajadores del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa que acompañan la entrega de alimentos.

Al mismo tiempo y con una celeridad contrastante, el gobierno federal ha dado los pasos para concretar los planes de despojo territoriales bajo la implementación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).

El 28 de septiembre del 2017, Peña Nieto realizó la declaratoria de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas desde el Parque Agroindustrial de Tapachula, momento en el prometió la generación de 12 mil empleos en los siguientes tres años.

Exactamente dos años antes, se presentó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales elaborada con lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Universidad de Harvard para configurar un reordenamiento territorial en áreas con marcos regulatorios e incentivos especiales para la atracción de inversiones y empresas trasnacionales.

En Tapachula, Chipas, el gobierno federal adquirió, 522 hectáreas, pero el polígono demarcado para la ZEE abarcará los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Suchiate, Huehuetán, Mazatán, Frontera Hidalgo y Metapa, en una superficie neta de 8,216.51 hectáreas y con más de medio millón de habitantes.

La Auditoría Federal para el Desarrollo de la ZEE ha identificado a más de 100 empresas con interés de invertir, la mitad de ellas han suscrito una carta de intención y 15 se encuentran en fase avanzada de negociaciones.

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La remodelación de Puerto Chiapas (antes Puerto Madero) y la construcción de nuevas terminales minerales y agrícolas tiene que ver con el incremento en la importancia de la actividad minera y de la agroindustria. Los minerales representan más de la mitad de las exportaciones de Puerto Chiapas y con la realización de la ZEE, además de impulsar el gasoducto Salina Cruz-Puerto Chiapas-Guatemala, se prevé la construcción de un agroparque de 99 hectáreas que busca concentrar empresas agroindustriales (plantas procesadoras de alimentos, extractadoras de aceite de palma africana o de soya) para aprovechar la ruta de comercio marítima hacia más de 50 millones de consumidores potenciales en Centroamérica.

Organización autónoma desde la costa

“Los proyectos en la zona costa aún están en etapa de exploración, estamos organizándonos para evitar la llegada de los capitalistas por los bienes naturales” menciona Guadalupe Núñez, trabajadora del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en entrevista para medios libres de Chiapas.

Los mega proyectos que se ciernen hace tiempo en la región costa de Chiapas pasan por la minería en el Soconusco; la construcción de cuatro presas hidroeléctricas en Pijijiapan; la expansión de parques eólicos para incrementar el área ya instalada desde el Istmo de Tehuantepec; la construcción del gasoducto de Salinas Cruz hacia Centroamérica; la expansión de los monocultivos de caña de azúcar, soya y palma aceitera; además de la instalación de nuevas plantas geotérmicas.

Ante la presión actual del capital trasnacional sobre los bienes comunes de la zona costa, son los procesos organizativos del Frente Cívico Tonalteco y del Concejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas quienes han levantado la voz de denuncia. Las mismas organizaciones, que también forman parte del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI) han sido las encargadas de coordinar el apoyo a las comunidades y los planes para una reconstrucción en beneficio de las comunidades.

Sin embargo, no sólo la omisión del Estado vulnera la situación de las comunidades ante la emergencia. Sumado a ello está la persecución y represión contra miembros de la sociedad civil organizados.

En diversos comunicados de los primeros días de octubre del 2017, miembros de dichas organizaciones han denunciado actos de hostigamiento en su contra.

Durante la madrugada del 2 de octubre fue allanado el domicilio de Guadalupe Núñez, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y concejala en el CIG del CNI.

“Este robo se da en el contexto del trabajo que realizamos como defensores de derechos humanos al llevar ayuda humanitaria para las personas damnificadas de comunidades de los municipos de Tonalá, Arriaga y Pijijiapan” comparte Guadalupe ante la vulnerabilidad de su seguridad en Tonalá.

“También el día 4 de octubre, los compañeros que se dirigían a visitar las comunidades fueron perseguidos por una camioneta blanca de la cual se percataron que eran (policías) judiciales federales. Al llegar a la ciudad, estos los interceptaron, los bajaron del auto y les hicieron preguntas y hostigamientos” menciona la integrante del CIG, organización que se ha sumado a la condena por los actos en contra de sus miembros en todo el país.

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Aldo Santiago

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