Oaxaca es uno de los 31 estados de México en el cual no se ha permitido que Enrique Peña Nieto ponga un pie en este territorio. El clima es de descontento social y falta de credibilidad hacia los partidos políticos, ya sean de “izquierda” o de derecha, cada vez es más visible. La crisis hídrica, los megaproyectos de gran impacto ambiental, como la minería, las presas hidroeléctricas y los parques eólicos están creando un caldo de cultivo de donde se podría desprender ya no una desobediencia civil, sino una resistencia conjunta y organizada de los pueblos campesinos e indígenas. Militarizar estos territorios es el último recurso que el Estado ha tomado para avanzar con estos proyectos que se encuentran relativamente detenidos por las inconformidades y protestas de los habitantes de estas comunidades.
Recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), bajo presión, hizo una petición a Fausto Ricardo Santiago, agente municipal de San Mateo Macuilxóchitl, perteneciente a Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para que “donara” 34 hectáreas de tierras comunales para instalar una base militar y un hospital de especialidades castrense. En dicha base se pretende albergar a cerca de 5 mil soldados del Ejército Mexicano.
Inmediatamente el agente municipal convocó a una asamblea informativa a toda su comunidad, constituida por más de 2600 habitantes, donde informó sobre las presiones de la SEDENA, quien aseguró que a cambio de las tierras comunales este órgano gubernamental ofreció una concesión de taxis para los dueños de los terrenos que ocuparían.
Según un comunicado emanado de esta asamblea, la presencia del ejército en dicha zona responde a los posibles escenarios de protestas y acciones que tomarían las comunidades de todo el distrito de Tlacolula de Matamoros, ya que tan solo en esta región se tiene contemplada la explotación de por lo menos 39 concesiones mineras distribuidas a los largo y ancho de dicho distrito, más otras 7 que por su colindancia y extensión ocupan parte del distrito, aunado a esto se encuentra la instalación de torres eléctricas de alta tensión para el proyecto energético “Ixtepec – Yautepec Morelos”.
Los pobladores de esta comunidad fueron tajantes al acordar no permitir la instalación de esta base militar en su territorio “si permitimos la instalación de esta base militar, perderíamos poder de decisión sobre lo nuestro”, dijeron en asamblea.
De igual forma en la comunidad vecina de Teotitlán del Valle, también perteneciente al mismo distrito, la SEDENA se acercó con la intención de solicitar la donación de cerca de 300 hectáreas de su territorio para la instalación de la mencionada Zona Militar, en asamblea general convocada expresamente para tratar el tema, la comunidad acordó un rotundo ¡NO! a la donación y/o venta de la propiedad comunal.
Un intégrante de la comunidad de Macuilxóchitl que se identificó como Pedro García dijo, “ no estamos pendejos, ya sabemos como se mueve el gobierno. Si tu miras los nuevos taxis en la ciudad, fue porque Alejandro Murat se los dio a gente de su partido como regalo por alguna porquería que hicieron. Luego andan comprando o dividendo a las autoridades o a las comunidades para que luego nos paliemos entre nosotros. Sabemos como se mueven”.
Ante los acontecimientos registrados, “en días más recientes -por testimonio de habitantes de la cabecera municipal de Tlacolula de Matamoros- nos enteramos de la presencia de representantes de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), que en reuniones con sólo ejidatarios del área donde ahora pretenden llevar a cabo el proyecto en –parcelas colindantes con Tanivet-, ofrecieron una cuantiosa suma de dinero a cada propietario para la compra de sus terrenos”, afirman en su comunicado los habitantes de Macuilxóchitl.
Desde que comenzó el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, se aprobaron una serie de megaproyectos para Oaxaca. A su vez, la Secretaría de Economía entregó 344 títulos de concesión minera en el estado para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre. Estas concesiones están violando acuerdos internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, del cual es signatario el gobierno mexicano desde el año de 1989.
Considerando que Oaxaca es uno de los 31 estados de México donde se encuentra la mayor diversidad y cantidad de población indígena del país y que las tierras en estos pueblos son comunales, donde todo es de todos y donde no hay propiedad privada, los proyectos extractivistas implementados por el Estado están violando derechos elementales como la previa informacion y la cosulta sobre los impactos reales de dichos proyectos. La militarizacion puede vulnerar sus sistemas tradicionales de gobierno y de organización de estos pueblos.
Mientras tanto, las autoridades reunidas a partir de estos acontecimiento y la Red de Esfuerzos Defensa del Territorio (R.E.D.T.), han hecho un llamado a las asambleas de las 258 comunidades que conforman el distrito de Tlacolula de Matamoros y a las 25 cabeceras municipales para comenzar un proceso de organización y de resistencia para frenar los proyectos extractivistas y la militarización de su región.
El Istmo
Por otra parte, en las agencias municipales de Rancho Llano y Puente Madera que pertenecen al municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, campesinos e indígenas zapotecas han tomado acciones para exigir la retirada de una maquinaria que realizaba trabajados en una zona sagrada y comunal llamada “Cerro Igú”, donde se está construyendo desde hace dos años una subestación para abastecer de energía el parque eólico propiedad de la SEDENA denominado Parque eólico SEDENA.
También denunciaron actos de corrupción incurridas por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Inocencio Patiño Cristóbal, quien autorizó la excavación del Cerro Igú.
El “Parque eólico SEDENA” inició su construcción en la Granja SEDENA Número 2 desde el 21 de Noviembre del año 2012 con un costo de inversión total de 572 millones, 541 mil 736.06 pesos, el cual tiene el objetivo de abastecer de energía a 42 instalaciones militares.
Desde Febrero de este año 2017 el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anuncio que se invertirían 100 millones de pesos para la construcción de una base militar en esta región y para continuar con la ampliación del aeropuerto de Ciudad Ixtepec, donde también hay concesiones mineras y donde el rechazo a la Zona Económica Especial y los parques eólicos va en aumento.
Al parecer la militarización en Oaxaca se está llevando acabo en puntos estratégicos donde los megaproyectos de gran impacto van avanzando a marchas forzadas y donde la gente ha perdido la credibilidad en el discurso de desarrollo y modernidad.
Aun falta ver la reacción de los demás pueblos que también están en resistencia y en contra de las determinaciones del Estado sin antes haberlos consultado.
De última hora
Los miembros de la comunidad de San Blas Atempa denuncia en una Accion Urgente que, por la mañana de este lunes 27 de marzo, policías municipales han levantado y detenido a cuatro activistas zapotecos de la región, quienes dos días antes habían denunciado el ingreso de maquinaria de manera ilegal al Cerro Igúu. Los indígenas Zapotecos que fueron detenidos son: Juan López López, Juan Jarquín López, Jesús Luis López y David Hernández Salazar (también agente municipal de Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca) fueron agredidos físicamente y detenidos arbitrariamente por agentes de policía municipal de San Blas Atempa, estado de Oaxaca, México. Según la información que se conoce hasta ahora, Jesús Luis López está herido de gravedad y requiere atención médica profesional inmediata. En este momento se desconoce su paradero, no se ha recibido comunicación alguna por parte de ellos y se teme por su vida e integridad física. legales correspondientes.
Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio
(APOYO) ACCION URGENTE
Detención arbitraria, sin comunicación y posible tortura de cuatro indígenas zapotecos defensores del territorio
• Se desconoce su paradero y se teme por su vida e integridad física y psicológica.
• Exigimos su presentación inmediata y liberación incondicional.
HECHOS
El 27 de marzo, alrededor de las 9:30 am., los indígenas Zapotecos defensores del territorio Juan López López, Juan Jarquín López, Jesús Luis López y David Hernández Salazar (también agente municipal de Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca) fueron agredidos físicamente y detenidos arbitrariamente por agentes de policía municipal de San Blas Atempa, estado de Oaxaca, México. Según la información que se conoce hasta ahora, Jesús Luis López está herido de gravedad y requiere atención médica profesional inmediata.
En este momento se desconoce su paradero, no se ha recibido comunicación alguna por parte de ellos y se teme por su vida e integridad física. Estos hechos se dan en el contexto de la defensa del territorio por parte de la comunidad indígena zapoteca de San Blas Atempa y sus agencias municipales Rancho Llano y Puente Madera. Su detención violenta y arbitraria se produjo precisamente cuando los cuatro defensores del territorio fueron a verificar la situación en el Cerro Igúu, el cual se ubica en tierras comunales de la comunidad indígena Zapoteca que habita la zona y se está explotando de manera ilegal, sin contar con la autorización de las comunidades afectadas y de la asamblea de comuneros.
El 25 de marzo, junto con otras 50 personas más de la comunidad, los cuatro comuneros y defensores del territorio, actualmente detenidos arbitrariamente fueron a expresar su inconformidad contra la explotación minera ilegal del Cerro Igúu por parte de la empresa privada mexicana Tradeco.
Esta empresa ha estado explotando el cerro para la extracción de material para la construcción del aeropuerto en Ixtepec, de la subestación de la Secretaría de Defensa Nacional –SEDENA- y del parque eólico de esta misma institución del Estado. Es importante mencionar que la empresa Tradeco trabaja para Vestas, empresa danesa, y Gamesa Eólica, empresa española, para la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, incluido el que se está haciendo para la SEDENA. Ni estos trabajos de explotación y extracción de materiales del cerro Igúu, ni la construcción de la subestación en territorio zapoteco, en San Blas, cuentan con autorización alguna.
El cerro se encuentra en territorio de comuneros y comuneras indígenas Zapotecos y a las personas impactadas por dichos trabajos no se les ha informado, ni han dado su consentimiento libre, previo o informado como lo ordena el derecho mexicano en el artículo 2 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, entre otras normas relevantes. Los hechos descritos se dieron luego de una reunión para la construcción de estrategias que se realizó el 26 de marzo en la presidencia municipal de San Blas donde estuvieron presentes: Augusto Acevedo Osorio (también conocido como Tito Teófilo, y quien es el presidente municipal de San Blas), Antonino Morales Toledo (dirigente del Frente Único de Comunidades de Oaxaca y suplente del Diputado Federal José Antonio Estefan Garfias) y el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México. Augusto Morales y Antonino morales son ambos del PRD –Partido de la Revolución Democrática-.
La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO) pedimos de manera urgente e inmediata:
1. La presentación y liberación inmediata e incondicional de los indígenas Zapotecas defensores del territorio Juan López López, Juan Jarquín López, Jesús Luis López y David Hernández Salazar
2. Se proteja y garantice la vida e integridad física y psicológica de los indígenas Zapotecas defensores del territorio detenidos arbitrariamente e incomunicados.
3. Que se proporcione atención médica inmediata, adecuada y profesional a los detenidos por la agresión física sufrida durante la detención y su posible tortura;
4. Que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre la detención arbitraria y sin comunicación, las agresiones físicas sufridas al momento de la detención y los posibles actos de tortura contra los tres defensores indígenas; esa investigación debe incluir la realización de exámenes médico forenses que cumplan plenamente las normas internacionales; los agresores deben ser sancionados por estos hechos;
5. Que se cancelen de forma inmediata los trabajos de explotación y extracción de materiales del Cerro Igúu pues no cuentan con autorización alguna.
6. La solidaridad nacional e internacional dirigiendo sus llamamientos con estas peticiones a: Enrique Peña Nieto, Presidente de México Fax: (+52) 55 5093 4901. E-mail:
enrique.penanieto@presidencia.gob.mx Sr. Roberto Campa Cifrián, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Fax: (+52) 55 5728 7400 Ext. 24586. e-mail:rcampa@segob.gob.mx Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador del Estado de Oaxaca gobernador@oaxaca.gob.mx Mtro. Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Fiscal General del Estado de Oaxaca, Tel: (+52) 951 5016900 ext. 2060, email: oaxacapgje@gmail.com Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,. Fax: (+52) 55 36 68 07 67. E-mail: presidencia@cndh.org.mx Jan Jarab, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, email: jjarab@ohchr.org Sr. Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las y los defensores de los Derechos Humanos, email: defenders@ohchr.org José de Jesús Orozco Henríquez, Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, email: cidhdefensores@oas.org Para mayor información escribir a: articulaciondepueblos@gmail.com
