En portada: Manifestación para exigir la libertad de Miguel Peralta. Septiembre, 2019. Foto: Daliri Oropeza
La resolución de un amparo interpuesto por la defensa del ex preso político mazateco, Miguel Peralta, para revertir una sentencia condenatoria, coloca en riesgo su libertad. Integrante de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, él es uno de los 35 miembros que han sido perseguidos, señalados por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas y tentativa de homicidio contra su hermana, Elisa Zepeda, ambos miembros de la misma comunidad mazateca.
La raíz de lo que la defensa de Peralta argumenta como criminalización, se encuentra en los hechos violentos ocurridos en diciembre del 2014, cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado, el cual pobladores acusan que opera bajo el mando del grupo caciquil de la familia Zepeda.
Miembros de la asamblea comunitaria sostienen que, desde 2010, cuando el padre de Elisa, Manuel Zepeda Cortés, arribó a la presidencia municipal, emprendió una campaña de represión contra la organización comunitaria para consolidar su poder en la comunidad mazateca.
Roberto López, miembro del colectivo Los Otros Abogadoz y defensor de Peralta cuenta que, mientras la asamblea se reunía en el centro del pueblo para la elección de autoridades municipales aquel invierno del 2014, se registraron disparos en su contra procedentes de la presidencia municipal, donde previamente Elisa y Manuel Zepeda se habían atrincherado.
Las agresiones dejaron heridos por arma de fuego, así como provocaron la muerte del hermano de Elisa, Manuel Zepeda Lagunas, quien en el momento en que fue detenido por los habitantes de Eloxochitlán para ponerlo a disposición del Ministerio Público (MP), portaba armas de uso exclusivo del ejército. “Desafortunadamente para ellos, él fallece y en ese momento, en lugar de ponerlo a disposición, los pasan a declarar ya como probables responsables de ese homicidio”, señala el abogado.
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Según su defensa, pese a que Peralta se encontraba en la ciudad de México en el momento de los hechos, fue acusado por homicidio, detenido arbitrariamente y trasladado a un penal de Oaxaca. Peralta permaneció más de cuatro años recluido hasta que, en octubre del 2019, fue liberado.
No obstante, su sentencia recibió un revés en marzo del 2022. Tras apelación de la parte acusadora, se giró una nueva orden de aprehensión en su contra para cumplir una condena de 50 años en prisión. Ante ello, la defensa legal del mazateco interpuso un amparo contra la sentencia por violaciones procesales y fabricación de pruebas.
El pasado 17 de agosto, un tribunal colegiado federal dictó sentencia al amparo, la cual, argumenta Roberto López, perjudica aún más la situación legal del ex preso político. “Nos regresa siete años en el tiempo”, aclara el abogado, quien especifica que se les envía de nuevo a reponer parte del proceso previo a la sentencia, para la presentación de pruebas.
“Nos regresa justo al momento en que están los otros presos (en referencia a otros presos políticos de Eloxochitlán), que no han recibido sentencia (...) porque no entraron al fondo del asunto, solo se fueron por una cuestión cosmética (reposición de careos), que ellos disfrazan como una violación al proceso, pero que, en realidad, pues es toda la intención de seguirle dando el control del proceso a Elisa”, sostiene el abogado de Peralta.
López asevera que, durante todo el proceso, una estrategia de dilación del proceso legal, ejecutada por Manuel y Elisa Zepeda, ha administrado el conflicto y mantiene “rehenes” a otros presos relacionados con los eventos de 2014.
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El peligro, acentúa el abogado, es que, para reponer dicha parte del proceso, Peralta tendría que enfrentarlo recluido. “Esto conlleva a una regresión de por lo menos siete años del trayecto jurídico de mi proceso y a la insistencia de la privación de mi libertad”, reclamó el mazateco mediante carta difundida la semana pasada. Por ello, la defensa legal interpuso un recurso de revisión, con la intención de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva el amparo, lo cual puede suceder en los próximos cuatro a cinco meses.
A continuación, compartimos extractos de la conversación con Roberto López, quien alerta, la persecución contra Peralta se intensifica.
Avispa Mídia (AM): Con la última resolución, ¿cuál es la etapa del proceso que se debe reponer?
Roberto López (RL): Nos regresaron a una etapa inmediatamente anterior que son los careos (…), una parte del proceso donde ellos se niegan a asistir. Donde al no comparecer, nos vamos a tener que esperar hasta que lo hagan para que se pueda llevar los careos, se presente las conclusiones, se lleve a cabo la audiencia final y se dicte de nuevo la sentencia. Yo no exagero cuando digo que nos regresan aproximadamente siete años en el tiempo. Siguen teniendo el control del conflicto. Con esta resolución el tribunal colegiado le da un espaldarazo a Elisa para seguir teniendo el control del proceso.
Los hechos ocurren el 14 de diciembre del 2014. Para empezar nosotros a presentar pruebas, una de las primeras audiencias fue hasta el 30 de enero del 2017. Ahí compareció Manuel Zepeda y Vicente Zepeda, porque este día ellos tenían una audiencia en calidad de procesados, por hechos que la asamblea comunitaria había denunciado, lesiones y tortura, que el Ministerio Público (MP) consignó.
Elisa estaba asesorada y sus abogados le recomendaban que no se presentara y el juzgado jamás fue capaz de multarlos, de arrestarlos por no asistir a declarar. El juzgado nunca lo hizo. Hasta que ella y tres de sus testigos se presentaron a declarar, el 30 de septiembre del 2017.
AM: ¿Cuáles son las principales contradicciones en los testimonios que no fueron retomadas en la resolución?
RL: Cuando nosotros presentamos el amparo en 2022, nos fuimos a esta parte esencial en el proceso, que son las declaraciones en contra de Miguel. La declaración de Elisa Zepeda, de su papá y de seis testigos que lo acusan. Esa es la parte fundamental que había que poner en duda, y de hecho se hizo durante el proceso. Ha sido fundamental para que hubiera otras libertades de otros co-procesados que, haciendo énfasis en estas contradicciones, pues habían obtenido libertad.
Hicimos un análisis de lo que dijo Elisa Zepeda en un primer momento en el Ministerio Público y los testigos, y lo que contestaron en las audiencias ante el juzgado. Fueron cuestiones distintas, contradictorias.
Hubo un testigo, Eleazar Hernández Ordaz, un señor ya grande que, en el Ministerio Público, señala y acusa a Miguel. Su declaración es una copia integral de la declaración de Manuel Zepeda, del papá de Elisa. En el juzgado, cuando le toca declarar, le leen la declaración y dice que él nunca declaro eso. Le enseñan la declaración. - ¿Está es su firma? “Sí es mi firma, pero yo no recuerdo”. Fernando Ramírez Carrera, otro testigo, dice que él nunca emitió ninguna declaración en ese sentido. Aparece su firma, pero dice que nunca declaró al MP.
El tío de Elisa, Vicente Zepeda, dice que, en todo momento, él estuvo con Elisa. Ella hace una declaración extensísima con muchos detalles que no da Vicente, que cuando ya se le fue interrogado en la audiencia, él, al ver que pues había muchas cosas que no había dicho, dice ‘Vi cuando entraron, pero me dieron un golpe en la cabeza, perdí el sentido, me desmayé y ya no supe nada’, para no contradecirse más con Elisa.
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Van a permanecer cada quien en su dicho y así nos vamos a ir a sentencia, eso en nada cambia el sentido de la resolución que viene. Al reiterar Elisa la acusación y sus testigos, evidentemente van a decir que lo reconocen (a Peralta), que lo ubican en el lugar de los hechos, y luego entonces eso va a ser una sentencia condenatoria. Y eso nos va a llevar otra vez a la apelación.
AM: ¿Cuáles elementos consideran fueron decisivos para la más reciente resolución del amparo?
RL: Los hechos ocurren en 2014. A partir de ahí, Elisa empieza a construir un discurso de víctima. Se acerca a algunas organizaciones de derechos humanos y la arropan como defensora de derechos de las mujeres y así llega a la presidencia municipal de Eloxochitlán. Está un año, renuncia, deja su suplente para postularse para diputada local a la 64 legislatura del Congreso del Estado. Gana por Morena, está tres años, es nombrada presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Estado. Esto quiere decir que son los encargados de nombrar jueces, magistrados, al Ministerio Público. Empieza a tener relación con gente de la Procuraduría del Estado, quien acusa, y gente del Poder Judicial, quien sentencia, desde mi perspectiva teje esas redes y alianzas.
Y eso hace posible que, en 2022, la sentencia de Miguel fuera revocada. Había habido ya muchas resoluciones de libertad de los otros presos y pocas habían sido revertidas. La de Miguel se echa para atrás y, para mí, es producto de esa situación que ella logra, con simpatías de gente del Poder Judicial, favores.
Después, viene la campaña para gobernador de Salomón Jara. Ella se suma a su equipo y al final la nombran secretaria de la mujer, tiene una secretaría en el gobierno de Salomón Jara. Desde esa posición de funcionaria, pues sigue utilizando los recursos que tiene, sigue utilizando sus influencias para incidir.
Para nosotros incidió en la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el amparo de Miguel. Hasta ese nivel ha llegado, porque ese amparo era para una libertad. Por todas las violaciones, por todos los antecedentes y no, al contrario, nos regresan siete años en el proceso. Por eso decimos nosotros, esto más que jurídico, es político, porque ella ha utilizado la muerte de su hermano para mantenerse en el poder, para encumbrarse e ir escalando posiciones políticas. A ella no le conviene que su discurso se venga abajo porque si se viene abajo, se va a demostrar que todo lo que ella construyó, su camino político, fue una mentira.
Desde esa posición de poder está enfrentando a los presos de Eloxochitlán. A los que todavía permanecen en prisión, y a los perseguidos como es el caso de Miguel (…), sigue en esta sed de venganza en contra de los presos, porque si todos obtienen la libertad, se le cae su discurso.
AM: ¿Cuál es su respuesta ante la reciente resolución?
RL: La analizamos y decimos no, esto es una trampa, porque quieren que Miguel regrese y encerrarlo con el pretexto de que reponen el proceso para que se caree con Elisa. Ese amparo no nos funciona. Por eso vamos al recurso de revisión del amparo, y que sea este que le dé entrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Que sean los ministros quienes determinen si ese amparo estuvo bien dictado, si la resolución es correcta.
Queremos que la Suprema Corte le dé entrada a esa revisión de la sentencia del amparo y realmente se pronuncie respecto a las violaciones de fondo fundamentales que hay en ese proceso. Entre ellas las falsas acusaciones de Elisa y sus testigos, que ya han sido cuestionadas, que han sido puestas en duda, que hay sentencias de libertad de los otros co-procesados, lo avalan, hay resoluciones, incluso de salas del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado; de Juzgados de Distrito, donde dicen que las declaraciones de Elisa y de sus testigos no son creíbles, hay contradicciones, hay inconsistencias y nosotros queremos que la Corte no evada esa responsabilidad, que el asunto de los presos políticos es un asunto trascendente de vital importancia para la sociedad, pues no podemos permitir que a través del poder, una persona que esté desde ahí incidiendo en el Poder Judicial y teniendo en contra de su voluntad, acusados, falsamente, a personas que se opusieron al proyecto caciquil de su familia.
Entre las contradicciones de los testigos, la dilación del proceso para llegar a la sentencia de Miguel, tuvimos que enfrentar mucha parcialidad por parte del juzgado. Aunado a esas contradicciones, los jueces, el secretario de acuerdos, el Ministerio Público, que en nueve años que lleva el proceso, es el mismo. Han cambiado muchos jueces, han cambiado secretarios de acuerdos, pero el Ministerio Público, que empezó el proceso, sigue ahí porque es una ficha clave para Elisa Zepeda, para Manuel Zepeda.
Es trascendente para la sociedad y la SCJN tendría que atraer en revisión ese amparo. Si nos batea prácticamente ahí estaremos comprobando que el acceso a la justicia en este país sigue siendo nulo, porque al final, pues ya se agotaría ahí el camino. Que realmente asuman la responsabilidad que tienen y demuestren esa independencia que debe de existir entre el Poder Judicial y el poder de los gobernadores. Nos hemos enfrentado a una contienda desigual, con muchas irregularidades procesales, parcialidad a favor de ellos y muchas contradicciones en los testigos. Este conflicto, más que jurídico es político y lo está administrando Elisa Zepeda a su antojo. Nueve años y no hay sentencia ya para nadie. Miguel está igual que los otros presos. Casi nueve años de proceso y sin sentencia, eso yo creo que es trascendente, en este tipo de procesos, y cualquier juez honesto, imparcial, lo observaría y tendría que otorgar la libertad de fondo
