En portada: Una persona coloca una vela en un mural por la memoria del padre Marcelo Pérez este lunes 27 de octubre, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Carlos López.
Desde el barrio de Cuxtitali, al oriente de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde el 20 de octubre del 2024 fuera asesinado el párroco tsotsil Marcelo Pérez Pérez, organizaciones integrantes de la Plataforma para la Construcción de Paz en México denunciaron que el discurso actual del gobierno del estado, que habla de “pacificación”, no corresponde a la realidad que sucede en los territorios chiapanecos.
El pasado lunes (27), en el marco de su cuarto encuentro realizado en la ciudad de los Altos de Chiapas y mediante conferencia de prensa, organizaciones defensoras de derechos humanos como Serapaz y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) cuestionaron el discurso del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, respecto al presunto “retorno de la paz” en el estado al sureste del país.
Mientras que Ramírez Aguilar encabezó una marcha en Chicomuselo bajo el lema “la paz que ha regresado”, integrantes de la Plataforma sostuvieron que existen contrastes con “clamores de justicia y paz que se estuvieron escuchando en otras partes del estado”. Para ejemplificarlo destacaron las acciones de miles de feligreses que, convocados por el Pueblo Creyente, peregrinaron en la comunidad tsotsil de San Andrés Larráinzar.
Con consignas como “¡Queremos paz, no simulación!” y “¡Fuera cárteles de Chiapas!”, la protesta, convocada por la diócesis de San Cirstóbal de las Casas, retumbó en las calles para exigir justicia a un año del asesinato del padre Marcelo. Mediante comunicado, las organizaciones sostuvieron que el párroco fue “una voz que en todo su sacerdocio luchó por la paz, la verdad y la justicia, motivo por el que fue asesinado”.
También destacaron lo que sucede en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Ahí, las integrantes de la colectiva Madres en Resistencia, quienes buscan a sus familiares víctimas de desaparición forzada, mantienen desde hace semanas un plantón frente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas exigiendo respuestas concretas sobre sus casos, al mismo tiempo que enfrentan acciones de represión policial y campañas de criminalización.
Por estas razones y más, la Plataforma asevera que el discurso de “paz” oficial solo invisibiliza los problemas estructurales vigentes en Chiapas. “Más que un contexto de paz, la mayor parte del estado se está volviendo nuevamente una zona silenciada”, denunciaron las organizaciones, para quienes la presencia omnipresente de cuerpos de seguridad en todo el estado busca inhibir la expresión de legítimas preocupaciones y demandas sociales ante la violencia que no cesa y mantiene la ocurrencia de desplazamientos forzados, desapariciones, tortura y control territorial por estructuras criminales.
La Plataforma para la Construcción de Paz en México es una articulación conformada en el año 2020 por organizaciones mexicanas y aliadas internacionales, con el propósito de enfrentar los desafíos de la violencia generalizada en el país y sus consecuencias.
Continuación de la criminalidad
En su pronunciamiento, la Plataforma advirtió que la actual estrategia de seguridad del gobierno chiapaneco, basada en una “lógica de pacificación y en acciones coercitivas”, ha producido solo resultados parciales. No obstante, las organizaciones argumentan que bajo esta estrategia no han desmantelado, desarmado ni judicializado a los grupos delictivos. Además, subrayan, el estado tampoco ha implementado acciones que permitan romper con los pactos de impunidad que permiten la criminalidad en Chiapas.
La Plataforma reconoció la reducción de enfrentamientos armados, con una mayor libertad de tránsito, pero, a la par denunician la continuación en el desplazamiento de comunidades, quieens no cuentan con condiciones de segurida para regresar a sus territorios debido a la presencia de grupos criminales.
“Vemos víctimas que no se atreven a denunciar por miedo a represalias, lo cual pone en tela de juicio las declaraciones gubernamentales en el sentido de que Chiapas se ha vuelto el segundo lugar más seguro del país. Además varias de las acciones que se llevaron a cabo conllevaron violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y tortura”, sostienen las organizacione mediante pronunciamiento.
En la conferencia, Pedro Faro, integrante del Frayba presentó un panorama de la violencia acumulada durante los últimos años durante el gobierno morenista de Rutilio Escandón en el cual se profundizó una crisis estructural de derechos humanos. “Entre 2023 y 2024 hubo 15,780 personas desplazadas de manera forzada por la delincuencia organizada en complicidad efectiva del Estado; hubo desapariciones, asesinatos, cientos de personas desaparecidas, defensores ambientales asesinados y comunidades enteras silenciadas por el miedo”, detalló.
Faro sostuvo que el sexenio de Rutilio Escandón estuvo marcado por una “narrativa oficial de gobernabilidad y paz” mientras se multiplicaban los grupos armados y la impunidad. Esa herencia, sostuvo, “se profundiza” bajo la administración actual: “No hay reconocimiento de las víctimas ni voluntad política para desmontar las redes de corrupción e impunidad que sostienen lo que muchas comunidades nombran como un narcogobierno.”
El miembro del Frayba aseveró que, lo que actualmente se presenta como “mano dura” y pactos de seguridad, forman parte de una estrategia de control que fusiona el gobierno con estructuras criminales. “Esa alianza tácita se traduce en represión, silenciamiento y abandono institucional”, destacó Faro.
En su pronunciamiento, la Plataforma resalta que los datos oficiales de homicidios ocultan una tendencia creciente. Mientras se percibe una disminución en la cantida de homicidios registrados, siguen aumentando los casos de desaparición forzada. De especial preocupación son las cifras de desapariciones de niños, niñas y adolescentes chiapanecos, destaca el documento.
En este escenario, Pedro Faro argumentó que la supuesta tranquilidad ha convertido comunidades enteras en territorios sometidos por el control armado. “Lo que viven las comunidades no es paz, es una reconfiguración del miedo. La violencia no ha cesado, solo ha mutado”.
Guerra prolongada en México
En su participación, Guillermo Trejo, investigador de la Universidad de Notre Dame, contextualizó que, el próximo diciembre, México estará cumpliendo dos décadas de guerras criminales con la consecuente proliferación de conflictos territoriales.
En ese lapso, destaca el académico, el país pasó de tener operando seis cárteles en el año 2006 a más de 450 organizaciones criminales. Durante esos años han perecido más de 350,000 personas y existen más de 133,000 personas desaparecidas, esta última, una cifra que supera la suma de todas las desapariciones ocurridas en dictaduras del cono sur entre los años sesentas a ochentas.
“México ha experimentado no nada más el estallido de múltiples guerras criminales, la proliferación de muchos conflictos territoriales por el control de muchas economías ilícitas, sino quizás lo más importante, y es algo que ya está tocando a Chiapas de manera acelerada y brutal: el reordenamiento de los órdenes locales, de los municipios, de las comunidades”, alertó Trejo sobre el poder criminal que mata a sacerdotes, periodistas o defensores del territorio que desafían el control armado.
Entre las cifras, Trejo destacó que México es el país más peligroso del mundo para candidatos y autoridades municipales; el tercero para defensores de derechos humanos y el más peligroso del hemisferio occidental para sacerdotes católicos. Además, es el país más peligroso del mundo para periodistas, especialmente aquellos que informan no desde las principales ciudades del país, sino desde localidades y cabeceras municipales donde son objeto de agresiones y violencia homicida.
“Al ritmo que vamos, al terminar del sexenio de Claudia Shimbam habremos alcanzado los niveles de letalidad que alcanzó Colombia en más de 50 años de guerras civiles”, advirtió el investigador. Para él, no se puede hablar de paz por decreto de las autoridades cuando las comunidades reportan personas desaparecidas pero no las denuncian ante el Minsterio Público debido a que, a menudo son ineficientes, están coptadas o coludidas con grupos criminales.
Ante ese contexto, para Trejo es fundamental cuidar nuestras narrativas y fomentar contra narrativas desde las comunidades, pueblos y ciudades para contraponer las “estructuras político-criminales empresariales”, gobiernos de facto donde no existen derechos y que, señaña el investigador, aproximadamente un tercio del país ya está controlado por ese tupo de estructuras de reordenamiento de los órdenes locales.
“Ahí tenemos que alzar la voz, porque control social, control y expoliación, control tan punitivo como lo están viviendo tantas comunidades de Chiapas, eso no es paz”, sostuvo el académico.
En su comunicado, la Plataforma concluyó reiterando su apuesta por una paz construida desde las comunidades: “la verdadera paz no se construye desde la contención ni el silencio, sino desde la verdad, la justicia, la reparación y la participación activa de las comunidades. Apostamos por una paz que no sea solo la ausencia de violencia, sino la presencia plena de derechos, de condiciones de vida dignas y de un Estado que escuche y proteja a su gente (…) Una paz que no se imponga, sino que se teja colectivamente desde la memoria, la organización y la vida.”
