En portada: Familiares de los cinco presos de San Juan Cancuc se manifiestan frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Mayo, 2023. Foto de Orsetta Bellani.
Familiares, defensores y organizaciones de derechos humanos, así como la representación legal de cinco presos políticos tzeltales, originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, anunciaron la interposición de una demanda de amparo para anular la sentencia condenatoria que les mantiene en reclusión, desde hace más de dos años y cuatro meses.
Acusados por el asesinato de un policía municipal, en el año 2022, los cinco tzeltales, así como las organizaciones acompañantes, exigen su liberación inmediata debido a que, argumentan, no existen pruebas contundentes para mantenerles en prisión.
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Se trata de los indígenas tzeltales Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Manuel Sántiz Cruz. Aunque en una primera sentencia fueron condenados a 25 años de prisión, mediante recurso de apelación, el Poder Judicial de Chiapas redujo la condena a 18 años. Sin embargo, para la defensa legal de los tzeltales, la exigencia es su libertad inmediata.
Así lo anunció el abogado Adrián Reyes, quien mediante conferencia de prensa realizada el pasado jueves (22) informó que, desde los primeros días de agosto, presentó ante el Poder Judicial Federal una demanda de amparo directo -un recurso legal para proceder contra sentencias o resoluciones que ponen fin a un juicio- mediante la cual se busca obtener la liberación inmediata de los cinco presos políticos tzeltales.
Reyes explicó que, actualmente, la demanda se encuentra en su etapa de notificación a terceros, entre ellos a la Fiscalía de Chiapas para que se manifieste con respecto al recurso legal presentado el pasado 6 de agosto.
“Será la instancia federal -en referencia a la Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia- quien deberá resolver y deberá analizar cada una de las situaciones esgrimidas en el amparo directo, pero además tendrá que vigilar que, las investigaciones y cada uno de los elementos de convicción, por los cuales fueron sentenciados, y que a criterio de nosotros no son suficientes para demostrar la responsabilidad de las personas detenidas, puedan ser liberados”, detalló el litigante mediante rueda de prensa realizada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
El abogado Reyes enfatizó que el castigo no es solamente la privación de libertad de los cinco tzeltales, sino también las penurias de sus familiares durante las labores para exigir justicia, así como por el riesgo de la integridad física de los presos, quienes en meses pasados denunciaron una serie de abusos dentro del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) no. 5, en el cual se encuentran recluidos.
Para el defensor legal, el uso de la demanda de amparo a nivel federal se sostiene debido a la actuación del Poder Judicial de Chiapas. El abogado señala que, desde un principio, la Fiscalía presupuso la culpabilidad de los acusados, por lo que no realizó una investigación adecuada para demostrar su participación en los hechos, ni aportó elementos para sentenciar a los presos.
Acorde a Reyes, existe una gran desconfianza hacia el actuar de las instituciones del Estado pues señala que está sancionando de forma equivocada y sostiene que “se ha fabricado una serie de conductas delictivas que lejos de abonar a la justicia, violenta a los más necesitados”.
Criminalización a defensores
En la rueda de prensa también participaron defensores de derechos humanos integrantes de la Parroquia de San Juan Cancuc, así como Petrona Hernández Pérez, esposa de Agustín Pérez Domínguez, quien leyó un comunicado firmado por los presos políticos en los que subrayan que el delito por el que se les acusa ha sido fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas.
“Les fabricaron delitos por defender la tierra”, acusaron los defensores y explicaron que entre los diversos proyectos que amenazan a las comunidades tzeltales de los Altos de Chiapas se encuentra el proyecto de la Carretera de las Culturas, el cual está siendo impulsado desde hace una década por los gobiernos estatales y actualmente pretende conectar a la costa chiapaneca con el Tren Maya en Palenque.
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“Por eso fueron encarcelados, y a veces como promotores, pues también como que nos quieren amenazar, encarcelarnos pues somos defensores de la tierra y del territorio”, sostuvieron los promotores de derechos humanos tzeltales.
El párroco de San Juan Cancuc, José Luis Vargas, quien ha acompañado las acciones para la libertad de los cinco presos políticos, aseguró que “las cárceles están llenas de gente inocente por este sistema corrupto que tenemos en México y no hay justicia”. Aunque también indicó que mantendrán la lucha junto a las familias y organizaciones para alcanzar la libertad de los indígenas tzeltales.
