Foto de portada por Marcos Caballero
Tras 12 días de intensas protestas de cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, el gobernador de la Isla Ricardo Rosselló anunció su renuncia el 24 de Julio a las 23h23, la cual será efectiva a partir del 2 de Agosto 2019.
Las movilizaciones habían empezado después de que se filtrará un chat del gobernador y sus asesores en el que compartían comentarios xenófobos, homófobicos, misóginos así como burlas acerca de las víctimas del huracán María que devastó la isla en 2017. Los chats fueron revelados por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico.
Intensas movilizaciones
El domingo 21, el mandatario anunció que renunciaba a una reelección en 2020 y que abandonaría la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP). Sin embargo, ese día afirmó que hasta nueva orden continuaría asumiendo su puesto. El anuncio no paró el descontento de la población, las cual siguió tomando las calles para exigir su renuncia inmediata.
El día lunes 22,, una huelga nacional paralizó la isla. El principal centro comercial se quedó cerrado y las tres universidades más grandes cancelaron sus clases.
El día 23 de julio, Ricardo Llerandi renunció a sus posiciones de Secretario de Gobernación, administrador de la Fortaleza y Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación.
Ya se estaba convocando otra huelga nacional para el día jueves 25.
En paralelo a las protestas, la Asamblea Legislativa ya había iniciado un proceso llamado residenciamiento que hubiera podido llevar a la Cámara de Representantes y al Senado a votar la destitución del gobernador.
Escándalos
El escándalo acerca del chat fue el detonador para las protestas pero llegó en un contexto de indignación generalizada por casos de corrupción y mala gestión del dinero público por parte del actual gobierno.
Durante el mes de Julio, el entonces Secretario de Gobierno Raúl Maldonado había renunciado a su posición declarando que una “mafia institucional” plagaba el gobierno. Una semana después, la Secretaria de Educación Julia Keleher y cuatro otros oficiales fueron acusados por la jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Emilia Rodríguez, por cargos de fraude y lavado de dinero.
Crisis profunda y medidas neoliberales
Aunque el tratamiento mediático tiende a reducir el descontento del pueblo portorriqueño al actuar del gobierno de Roselló, en realidad la crisis que vive la Isla es mucho más profunda.
A dos años del huracán María que azotó el territorio el 20 de septiembre de 2017, miles de personas continúan viviendo sin hogares y no existe transparencia sobre las víctimas mortales. Según los datos del Instituto de Salud Pública Milken de la universidad George Washington, al menos 2,975 personas murieron entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 como consecuencia de la tormenta.
Sumado a eso, Puerto Rico vive una grave crisis económica y social desde hace ya varios años. Entre 1980 y 2000, la migración anual de los puertorriqueños hacia los Estados Unidos continentales era de 12.000 personas. De 2010 a 2013, cuando la economía empezó a hundirse, esa cifra aumentó a 48.000 personas por año.
En 2015, el entonces gobernador Alejandro García Padilla declaró que Puerto Rico ya no podía hacer pagos sobre su deuda que alcanza los 72.000 millones de dólares, y advirtió que la isla se encontraba peligrosamente cerca de entrar a una “espiral de muerte”. Esa situación llevó a la creación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, bajo la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico de 2016 (PROMESA). Según su página oficial, la Junta
“está formada por siete miembros nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y un miembro ex-oficio nombrado por el Gobernador de Puerto Rico” y su misión es “trabajar con el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico para crear las bases de un crecimiento económico sostenible y restablecer la oportunidad para el pueblo de Puerto Rico”.
En la práctica, el organismo controlado por EEUU ha promovido medidas de corte neoliberal como la reducción del gasto público, el cierre de escuelas públicas, el aumento del costo de la matrícula en las universidades públicas, la reducción de beneficios a los jubilados, la reducción del salario mínimo, la flexibilización de la protección contra despidos injustificados en el sector privado, y el recorte de puestos de trabajo en el sector gubernamental.
La “colonia más vieja del mundo”
Puerto Rico no es un país como tal sino un “territorio no incorporado”, posesión de los Estados Unidos desde el 25 de Julio de 1898: la Isla pasó de ser colonia española a una estadounidense luego de la Guerra Hispanoamericana, con tan solo algunos meses de haber tenido cierto grado de soberanía.
Desde 1952, su constitución lo denomina como “Estado Libre Asociado” (ELA) de Estados Unidos. En ese momento, las Naciones Unidas retiraron a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos, que se consideran colonias.
Sin embargo, el territorio no cuenta con representación diplomática, moneda, ni defensa propias. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, pero no tienen la mayoría de los derechos políticos que otorga la Constitución de Estados Unidos. Por ejemplo, los ciudadanos residentes en Puerto Rico no tienen derecho a votar por el Presidente de los Estados Unidos, aunque este sea presidente del territorio.
En 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017 se realizaron plebiscitos sobre el estatus político de la isla, en los que el pueblo puertorriqueño rechazó el actual estatus de "Estado Libre Asociado". Pero los plebiscitos no tiene carácter vinculante para el gobierno de EE.UU, y nunca tuvieron ningún efecto concreto.
Actualmente, la población de Puerto Rico vive bajo el doble del índice de pobreza de cualquier estado de los Estados Unidos, con un 44,9 %, según el economista retirado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Francisco Martínez. Su tasa de desempleo también es del doble de la media de EEUU.
La renuncia del gobernador puede calmar parte del descontento pero tampoco soluciona la situación en la que vive el territorio.
