Un amparo, de 17 interpuestos por pueblos, consigue suspensión de acuerdo que blinda megaobras

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, ubicado en el estado de Puebla, otorgó la suspensión provisional del acuerdo presidencial, publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, el cual declara las obras y proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional e instruye a las dependencias de la administración pública federal para que otorguen autorizaciones provisionales para su ejecución en un plazo máximo de cinco días.

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“Con esta suspensión el gobierno neoliberal mexicano está impedido de manera provisional para ejecutar las acciones señaladas en su ilegal acuerdo, como el declarar sus proyectos de ‘interés público’ y de ‘seguridad nacional’”, sostiene el Congreso Nacional Indígena (CNI) en un comunicado.

La suspensión es resultado de uno de los 17 amparos interpuestos contra el acuerdo, en diciembre de 2021, por pueblos y comunidades indígenas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México y participantes del CNI.

En la mayoría de los amparos los jueces se han declarado incompetentes, los han desechado o han solicitado diversas aclaraciones “que se vuelven interminables”, de acuerdo con el comunicado.

Para el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala y integrante de la comisión jurídica del CNI, Juan Carlos Flores Solís, es “increíble” que, interponiendo amparos en diez estados, lo que involucra “una diversidad de juzgados federales”, solamente en dos de ellos aceptaron los amparos, siendo que uno de ellos concedió la suspensión provisional.

“Estamos viendo que existe una consigna por parte de los jueces federales de no reconocer la violación de este acuerdo que es completamente evidente. Existe una actitud racista y de falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por parte de estos juzgados”, sostiene el abogado.

“Nuestro Estado mexicano tiene una composición pluricultural sustentado originalmente en sus pueblos indígenas y que esto nos da derecho a autogobierno, a elegir nuestras autoridades, aplicar nuestros propios sistemas normativos, el derecho a la tierra, al territorio y a nuestros recursos naturales, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado”, argumenta Solís.

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De acuerdo con Alejandro Torres Chocolatl, del pueblo Náhuatl, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala, y uno de los quejosos en el amparo que logró la suspensión, ante las amenazas a los territorios “tenemos que levantar la voz y una forma de hacerlo es con los amparos”.

Respuesta

Para el abogado Jorge Fernández, de la organización Indignación AC, de Yucatán, “este acuerdo que ahora se está impugnando es evidentemente una respuesta al trabajo de defensa de la tierra y el territorio que las distintas comunidades han hecho frente a toda una serie de megaproyectos y que con mucho trabajo han logrado obtener, ya sea a través de la autonomía de facto o de alguna resolución judicial, suspensiones en donde se han evidenciado violaciones a los procedimientos establecidos por la normatividad mexicana”.

Contradicción

En enero del año 2021, México ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

Para el abogado Fernández, es una contradicción que, en el mismo año, el gobierno federal mexicano formule un acuerdo que blinda sus proyectos y ratifique el Acuerdo de Escazú, el cual obliga a los Estados a garantizar la participación de la ciudadanía y los pueblos originarios en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que se pueda generar por motivo de cualquier megaproyecto. “El mensaje que da el gobierno mexicano hacia afuera no es el mensaje que está aplicando hacia adentro”, afirma.

Según Fernández, “lo que vemos es un poder Judicial federal sometido al Ejecutivo federal, cosa que cierra las puertas a los pueblos”.   Los pueblos y comunidades llaman, en su comunicado, “a estar atentos a la imposición de los megaproyectos de muerte y a la forma como pueda desempeñarse el poder judicial ante la decisión de nuestros pueblos por defender sus derechos y sus territorios”.

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