Fotos por Jeny Pascasio
Madres buscadoras y organizaciones de la sociedad civil urgen atención a las niñas, niños y adolescentes (NNA), víctimas directas y secundarias de la violencia criminal en diferentes territorios de Chiapas, donde los cárteles actúan con la participación de agentes del Estado.
Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en Melel Xojobal A.C., advierte en entrevista con Avispa Mídia que las estadísticas comparadas en un periodo de cuatro años, a la fecha, muestran un incremento significativo en violencias sistemáticas contra NNA.
De acuerdo al registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en un rango de edad de cero a 20 años, siete personas fueron desaparecidas en 2021; 16 en 2022; 59 en 2023; y 130 en 2024. Los municipios chiapanecos con más reportes pertenecen a las regiones del Soconusco, Metropolitana, Meseta Comiteca, Sierra Mariscal, Los Llanos y Selva.
La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), durante los primeros 45 días de 2025, contabilizó un total de 90 fichas de búsqueda, de las cuales el 40% corresponden a infantes y adolescentes, es decir, en ese periodo desaparecieron 37, casi uno por día.
José Encinos, del área de Defensoría de Melel Xojobal, hizo hincapié que los datos oficiales muestran la urgencia de justicia y paz, aunque no reflejan la realidad, visto que, resulta complejo demostrar los estragos de estas violencias en términos cuantitativos.
A esto se le suma la situación de las familias que no denuncian por temor o que buscan denunciar, pero pierden la confianza por la revictimización que ejercen en las fiscalías locales o por la falta de atención, traductor e intérprete. De manera general, el aumento de las desapariciones en Chiapas se puede observar en los datos del RNPDNO, de los últimos cuatro años. En 2021, se reportan 61 personas desaparecidas; en 2022, 88 personas; en 2023, 218; y durante el 2024, 488. De un total de 1,168 reportes de personas desaparecidas, 242 estaban en un rango de edad de 8 a 20 años en el momento de la desaparición.
“Toque de queda”
La tarde del 27 de febrero de 2024, un mensaje titulado “toque de queda en Galecio” se difundió rápidamente, incluso entre los habitantes de áreas colindantes a la colonia Galecio Narcía, ubicada a 6 kilómetros de distancia de Salvador Urbina, ambas pertenecientes al municipio de Chiapa de Corzo.
“Cuando vi ese mensaje les dije a mis hijos que ya no podían salir en la noche ni a dar la vuelta. Pero nunca imaginé que, horas más tarde, en la madrugada, se los llevarían”, narró Liliana Pérez, madre de Luis y Marvin Nanga Pérez, en entrevista con Avispa Mídia.
A las 4 de la mañana del siguiente día (28), un comando armado, precedido por tres hombres que portaban uniformes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entró a la casa de Liliana ubicada en Salvador Urbina y se llevó a sus dos hijos, Luis y Marvin, de 20 y 17 años de edad.
“Desperté a mi esposo al oír el ruido en la puerta. Nosotros estábamos dormidos en la planta alta de la casa. Cuando me asomé por la puerta de mi cuarto vi a personas armadas subiendo las escaleras. Nos gritaron: ¡Tírense al piso, somos del Ejército Mexicano! Aventaron a mi esposo al suelo, lo encañonaron con las armas y a mí me pusieron de rodillas”, relató Liliana.
Un grupo de encapuchados iba vestido de color negro y con cascos antibalas, otros con uniformes de la entonces Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), ahora Secretaría de Seguridad del Pueblo. Todos con armas de alto poder, “pero solo uno dirigía”, describió.
“Mis hijos seguían dormidos, pero los hombres entraron a la habitación del mayor (Luis), lo agarraron y tiraron al suelo. Después fueron al siguiente cuarto, sacaron a mi hijo menor (Marvin) y en ese momento a él le preguntaron de un arsenal y una bolsa de ‘cristal decomisado’, pero ni mi hijo ni nosotros entendimos de qué estaban hablando”.
Los encapuchados patearon a Marvin en la cara, mientras lo cuestionaban a gritos, una y otra vez, sobre “el arsenal”. “Esposaron a mi esposo y a mis dos hijos, les grité que no nos hicieran daño y mi hijo mayor agregó que nos estaban confundiendo y pidió que no le pegaran a su hermanito”, pero la respuesta fue golpear también a Luis.
“Amenazaron con darles el tiro de gracia si no hablaban. Les dije que nosotros no teníamos nada y les pedí que buscaran. Registraron por toda la casa y encontraron el uniforme de Luis [pues dos años antes ingresó a la Sedena como policía militar] y le dijeron: ¡ah!, eres guachito, entonces también te vienes con nosotros”.
Se llevaron los uniformes militares de Luis, bajaron a Marvin y al padre de ambos. Los hombres robaron también el dinero de la beca Benito Juárez que Marvin recibió días antes, videojuegos y las ganancias de la venta de pan de Liliana.
En la entrada de la vivienda estaban varadas dos camionetas, “una blanca y una negra tipo CVR, sin placas, y a bordo iba un hombre viejo, obeso y barbón a quien los encapuchados llamaban ‘jefe’ y él dijo que sólo mis hijos le iban a servir”.
Subieron a Luis y a Marvin en una de las camionetas, “mi esposo suplicó que no lo separaran de sus hijos. Desde arriba vi que intentó ponerse de pie para subirse a la camioneta, pero amenazaron con dispararle”.
Antes de partir, “nos amenazaron, nos dijeron que no denunciáramos, porque la Fiscalía estaba con ellos”. Cuando arrancaron las camionetas, el esposo de Liliana se puso en dos pies. “Me dijo: pide ayuda, yo voy por mis hijos. Se subió a su vehículo particular y siguió las camionetas”.
Liliana llamó al 911 y después de una hora llegó la policía municipal de Chiapa de Corzo que se declaró incompetente frente al escenario. Luego se hizo presente la SSyPC, pero los uniformados sólo recabaron datos y se negaron a localizar el vehículo de su esposo.
“Mi esposo regresó varias horas más tarde y me contó que también solicitó ayuda en el retén del Vergel (instalado a 3 kilómetros de distancia de la casa de Liliana, sobre la Carretera Internacional y desvío al aeropuerto), pero dijeron que no tenían patrullas y no hicieron nada”.
En ese momento, el esposo de Liliana siguió por su cuenta las camionetas en las que llevaban a Luis y a Marvin pero no pudo alcanzarlas. Huyeron por un camino de terracería dentro de una propiedad privada, entre las localidades de Salvador Urbina y Galecio Narcía.
Rodeó el predio por una vía que conduce al Aeropuerto Ángel Albino Corzo (carretera a Suchiapa), “y ahí mi esposo volvió a topar con las mismas camionetas, pero a bordo los hombres ya iban vestidos de civiles y mis hijos ya no estaban ahí”.
En una ocasión, Liliana logró rastrear el teléfono celular de Marvin y la ubicación se mostró a unos 16 kilómetros de Salvador Urbina, precisamente en el municipio de Suchiapa. Pero no pudo seguir la investigación.
Liliana y su esposo acudieron en muchas ocasiones a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tuxtla Gutiérrez, pero siempre desistieron antes de entrar al edificio a realizar la denuncia, “recordábamos las amenazas que nos hicieron”.
Durante diez meses buscaron por cuenta propia a Luis y a Marvin, sin tener éxito. Indagaron con amigos, familiares, vecinos, fueron a ranchos, predios, fincas o donde se enteraban de hallazgos de personas sin vida, en localidades cercanas, sobre todo de la región Frailesca.
Durante ese tiempo también fueron víctimas de extorsión. Liliana recibió amenazas y le exigieron que se fuera de Salvador Urbina. “Dejé mi casa con la esperanza de que me los regresaran, como me dijeron, pero no fue así”.
A finales de 2024, Liliana se puso en contacto con la colectiva de las Madres en Resistencia, hizo la denuncia ante la FGE y presentó todas las evidencias, pero notó que varias quedaron fuera de la carpeta de investigación.
“¿Por qué mis hijos?”, se cuestiona Liliana. De nuevo, todos los días, desde hace un año. “¿Por qué mis hijos? que son conocidos por ser cercanos a la comunidad, saludables, deportistas, sociables, bondadosos y trabajadores”. Liliana no encuentra respuestas. En sus propias palabras, la historia de sus hijos es un rompecabezas infinito.
Su hijo mayor, Luis, ingresó a la Sedena en 2022, como policía militar del Batallón de Operaciones Especiales. “Yo siempre escucho noticias y con todo lo que pasa en México le pedía que se retirara del ejército y me dijo que lo haría, con la condición de que lo apoyara con sus estudios, quería entrar a la Licenciatura en Protección Civil”. A pesar de la promesa hecha a su madre de dejar el servicio militar, todavía continuaba en Sedena.
En la búsqueda de ayuda para encontrar a sus hijos, Liliana acudió al Campo Militar número 1 de la Sedena, en la Ciudad de México, a donde pertenecía Luis. Dijeron que su hijo era un “desertor”, porque ya no se presentaba a trabajar. “Les expliqué que fue desaparición forzada”, a pesar de eso “me cerraron las puertas”.
Marvin, su hijo menor, estaba indeciso sobre su futuro, quería terminar la prepa y meterse a la Marina, pero a su vez deseaba tener su propia empresa, “soñaba con una cafetería, me lo dijo porque platicábamos todos los días después de comer, recostados en la hamaca, y también cuando les enseñaba repostería, porque a eso me dedico”, dijo Liliana.
Marvin estudiaba el segundo semestre en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 20, ubicado a 18 kilómetros de su casa, en la colonia 20 de Noviembre del municipio Emiliano Zapata.
Sólo unos días después del 28 de febrero de 2024, los directivos del Cobach 20 decidieron darle de baja de manera automática a Marvin y se negaron a recibir a Liliana cuando acudió a buscar respaldo y a dar cuenta sobre la condición de desaparecido de su hijo.
El Registro de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNO), reporta en Chiapa de Corzo cuatro casos de personas desaparecidas entre 8 a 20 años de edad: dos en Salvador Urbina, una en América Libre y una mujer en Benito Juárez.
Nodos
Como en otras entidades de México, en Chiapas son familias buscadoras y organizaciones de derechos humanos las que documentaron el hallazgo de fosas, restos humanos, arsenales y otras actividades que pueden estar ligadas a los cárteles mexicanos o dar indicios para localizar más personas desaparecidas.
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Por las búsquedas de campo y presión ejercida por la colectiva Madres en Resistencia, a principios de este año, en operaciones de las fuerzas de seguridad se ubicaron 28 fosas y osamentas de 40 cuerpos en municipios de la Sierra Mariscal y Los Llanos, en específico, el predio San Isidro de Emiliano Zapata.
Dos meses más tarde, el pasado 18 de marzo, Luna, la canina buscadora, integrante del Sistema Estatal de Protección Civil, dio con la entrada de un espacio subterráneo oculto entre tablas de madera y bolsas negras en un predio de la localidad Aurora Buenavista, muy cercana al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, municipio de Chiapa de Corzo.
En el escondite encontraron cargadores de armas, cartuchos útiles, cascos antibalas, eslabones metálicos para cartuchos, chalecos tácticos, equipo de radiocomunicación, además de prendas de vestir y polvo blanco.
“Pero esa no es nuestra lucha, no es lo que buscamos. Nosotras no buscamos ni armas ni drogas, tampoco culpables. Solo queremos a nuestros hijos de regreso y nada más”, aclaró Isabel Torres de Madres en Resistencia.
Las familias buscadoras que acudieron a la búsqueda consideran que lo más impactante que observaron en el terreno fue una soga que pendía de un árbol de Ceiba, dado que podría ser utilizada para cometer actos de tortura.
Ese día, Isabel Torres también lamentó las declaraciones del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, que vinculó los indicios de Aurora Buenavista al caso de su hija, Cassandra Isabel Arias Torres, desaparecida dos meses después de cumplir 18 años.
“No hubo ningún indició, los cascos que encontramos, no son los mismos. En la desaparición de Cassandra los cascos que portaban (los delincuentes) tenían el escudo de la FGE, y los que encontramos no”, precisó Isabel Torres.
El lugar tampoco concuerda con la descripción de las personas que fueron desaparecidas junto a Cassandra. “Es cierto, en Salvador Urbina dio la última geolocalización de mi hija, pero en otro predio”, explicó Isabel Torres.
De manera reciente, por las irregularidades en las investigaciones de los casos de la colectiva Madres en Resistencia, Jesús Jubilian Sarmiento Santos fue retirado del cargo como titular de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y transferido a la Fiscalía Distrito Frailesca en Villaflores.
La colectiva se reunió con la nueva Fiscal de Desaparecidos, Josefa de la Cruz Núñez, quien, en este primer acercamiento, reiteró que trabajará con empatía, profesionalismo y respeto.
“Pero vemos lo contrario, porque ellos (la fiscalía) buscan otra cosa, armas, drogas, pero no buscan a nuestros desaparecidos”, lamentó Adriana Gómez, fundadora de Madres en Resistencia.
Enganche y reclutamiento
En 2023, Melel Xojobal amplió el panorama con la publicación del informe “Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de Las Casas”, que insta a garantizar la seguridad y la paz para infancias y adolescencias, como lo marcan las declaraciones básicas de derechos humanos.
En el estudio explican otras manifestaciones de la violencia criminal como el enganchamiento y reclutamiento. En el enganchamiento primero “seducen” o, en otras palabras, inducen a niñeces al consumo de drogas, en la venta de las mismas, “y a otras acciones que parecieran más pequeñas”, explicó Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en la AC.
En la región Altos, en específico San Cristóbal de Las Casas, el enganchamiento funciona a través de obsequios de prendas de ropa, celulares o motocicletas. Avanza en la medida de las necesidades que tiene el crimen organizado y, después, viene el reclutamiento.
En este proceso las infancias se inician en el consumo de drogas desde los 8 o 9 años, “es muy relevante”, puntualizó González Balleza, que en general ninguna niña, niño o adolescente se salva de la situación.
El paso posterior al enganchamiento es el reclutamiento, que constituye una forma de explotación infantil y tiene mayor impacto en los pueblos originarios por las desigualdades económicas, en específico de la región de Los Altos sede de Melel Xojobal.
Algunos de los roles que deben cumplir los NNA reclutados, mencionados en el informe de Melel Xojobal, son: continuar con la cadena de reclutamiento, esclavos sexuales, escudos humanos, entre otras funciones que los sitúan en un riesgo mayor.
De acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), los NNA en situación de reclutamiento deben ser considerados víctimas de delitos contra el derecho internacional, no solamente como perpetradores.
A decir de Melel Xojobal, el Gobierno de Chiapas debe trabajar en acciones de prevención para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes no recurran o caigan en las redes del crimen organizado.
“¿Dónde está la cultura?, ¿dónde están las artes?, ¿dónde están las propuestas de acción a ese nivel?”, cuestionó González Balleza, puesto que, “las acciones de prevención deben incluir acudir a las escuelas públicas para hablar de estos temas. Porque está sucediendo”. Sin embargo, México carece de una tipificación legislativa y política pública que condene, prevenga y atienda de manera integral el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
