En portada: Pedro Cortés López, ex presidente concejal del municipio de Pantelhó, Chiapas.
Pedro Cortés López, catequista tzeltal miembro de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, y Diego Mendoza Cruz, carpintero tzeltal, ambos originarios del municipio de Pantelhó, en la región Altos de Chiapas, fueron sentenciados, el pasado 28 de febrero, a 110 años de cárcel ante lo que, argumenta la iglesia católica, constituye un delito que no cometieron.
Cortés y Mendoza son acusados por la Fiscalía de Chiapas como responsables por la desaparición forzada de 19 habitantes de Pantelhó, ocurrida el 26 de julio de 2021 en el contexto de la irrupción del grupo de autodefensa “El Machete”. En aquel momento, habitantes del municipio detuvieron a un grupo de personas a quienes señalaron por pertenecer al grimen organizado y participar en asesinatos y otros delitos.
Como reporta el medio Chiapas Paralelo, la población trasladó a los detenidos rumbo al kiosco de la cabecera municipal de Pantelhó y luego se los llevaron a la comunidad de San José Tercero, momento desde el que se desconoce su paradero. Acorde a testimonios de policías y elementos de la Guardia Nacional y ejército, incluidos en la carpeta de investigación, no solo ellos estuvieron presentes el día de los hechos sino que también funcionarios de la Fiscalía de Justicia Indígena presenciaron la detención. Ninguno actuó para resguardar a las víctimas.
Tras la irrupción de la autodefensa se suscitó la expulsión de funcionarios como el ex presidente municipal Raquel Trujillo, integrante del PRD, señalado por pertenecer al crimen organizado, quien posteriormente fue desaforado por el Congreso de Chiapas y acusado por la Fiscalía estatal por homicidio sin que hasta ahora se conozca su paradero.
Derivado de la expulsión del munícipe, la población integró un Concejo Municipal y, mediante asamblea, nombraron entre otros a Pedro Cortés y Diego Mendoza como miembros del mismo.
Meses después de la conformación del Concejo, familiares de los desaparecidos acusaron a Cortés y Mendoza, además del padre Marcelo Pérez Pérez, como responsables por la detención y desaparición de personas en el contexto de los enfrentamientos. Incluso, la Fiscalía emitió orden de aprehensión contra el padre Marcelo, quien fuera asesinado el pasado 20 de octubre del 2024 en San Cristóbal de las Casas.
Detención ilegal
Acorde a la Parroquia de la Misión de Bachajón, ubicada en el municipio de Chilón, la detención de ambos acusados, la cual califica de ilegal, constituye una violación a sus derechos humanos e indígenas. Por su parte, la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (CLIFODH), la cual participa de la defensa legal de los acusados, sostiene que fue el 21 de junio del 2022 cuando ambos señalados fueron detenidos con lujo de violencia y sin orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Chiapas.
“Son sometidos, despojados de sus pertenencias y se les hace firmar papeles que no les permiten saber de su contenido, y obviamente sin contar con el derecho de un intérprete, como lo indica la ley, y finalmente ser llevados de inmediato a ‘El Amate’[reclusorio]”, refiere sobre su detencion mediante uso excesivo de la fuerza y su posterior ingreso al Centro de Readaptación Social CERESO No.14 ubicado en el municipio de Cintalapa, a más de 200 km de sus residencias.
Mediante comunicado difundido el pasado jueves (6), la Misión de Bachajón asevera que existen pruebas de la inocencia de los inculpados. Para el caso de Cortés, señala que un día previo a la desaparición forzada, el 25 de julio del 2021, pernoctó con su esposa en el poblado de Bochil desde donde partió a la mañana siguiente hacia Simojovel para consultar un médico. En esa zona, sostiene, existen testigos y pruebas de su presencia que confirman que no estuvo en el lugar ni en la hora de la desaparición masiva de personas en Pantelhó.
En cuanto a Mendoza, los testimonios recabados señalan que el 26 de julio del 2021 permaneció en su comunidad, San Luis Susic, laborando en su taller de carpintería. Desde ese lugar, Mendoza señala que pudo atestiguar a la distancia lo que pareció una quema procedente de la cabecera municipal en Pantelhó, lugar donde ocurrieron las despariciones forzadas. La Misión asevera que de esto existen testigos entre sus vecinos que pueden verificar sus dichos.
La Misión de Bachajón, que aglutina a 646 comunidades en la región selva norte de Chiapas, sostiene que la razón para sentenciar a los indígenas tzeltales es “una respuesta muy sencilla y a la vez compleja, es que el gobierno del Estado y la Fiscalía requerían de apresar a ‘chivos expiatorios’ para calmar la presión de los familiares de los desaparecidos”, por lo cual exige verdadera justicia para Cortés y Mendoza.
Proceso irregular
Mediante comunicado divulgado el pasado martes (4), los abogados de CLIFODH señalaron que la jueza Mitzi Guadalupe Flores Rocha emitió la sentencia contra Cortés y Mendoza, dictando prisión por 110 años de cárcel acusados por la desaparición de 19 personas en Pantelhó.
El equipo legal de los indígenas tzeltales denunció que la condena se realizó mediante audiencia a puerta cerrada, “en un juicio cuyo resultado estaba cantado”, debido a que muchas audiencias del juicio oral, el cual debiera ser público, fueron privadas para ocultar el proceso. “Las multiples irregularidades que caracterizaron el juicio no dejan lugar a dudas”, enfatizan los abogados.
“La condena y sentencia a Pedro Cortes López y Diego Mendoza Cruz habrían sido también para el Presbítero Marcelo Pérez Pérez, acusado del mismo crimen, de no haber sido asesinado el 20 de octubre de 2024”, acusa la CLIFODH.
Entre las irregularidades, los abogados de la Clínica señalan que la jueza Flores les quitó el derecho de representar a los acusados en el juicio, para, en su lugar, colocar a defensores de oficio desde la primera audicencia, quienes, acusan, no hicieron realmente algo por los imputados. “Una vez más se evidencia la falta de acceso a la justicia en Chiapas, especialmente para la poblacion indígena. Se hace patente, asimismo, la politización de muchos casos donde intereses oscuros mueven los hilos de un sistema judicial al que la destrucción de vidas y familias poco importan”, condenan.
Mas grave aún, la CLIFODH sostiene que durante el proceso judicial la Fiscalía de Chiapas presentó falsos testigos, “sin presentarse una sola prueba técnica (fotografía, video, grabación, carta, peritajes, etcétera) para sustentar sus acusaciones, y solo con indicios de falsos testimonios esgrimiendo mentiras bajo juramento”. A ello, se suma la irregularidad de un total de 14 ocasiones en que el juicio oral se difirió, mientras los indígenas tzeltales esperaban en recluidos.
“Todas estas fechas diferidas se dieron con diversos justificantes: por pedimento del defensor público, por la falta de datos en la carpeta de investigación, por fallas mecánicas de la unidad de transporte del Amate, por impedimento de ser trasladados los imputados a San Cristóbal de las Casas ya que la fecha coincidia con excarcelaciones de otros procesados, por pedimento o imposibilidad de los asesores de las víctimas, etcétera. Esto violenta las formalidades del debido proceso ya que se les obstaculiza el derecho a una justicia pronta, se violan sus derechos humanos y se retrasa el esclarecimiento de los hechos en el juicio oral”, acusa la Clínica.
Inocencia
La Parroquia de Bachajón asegura que desde hace más de 30 años conoce la trayectoria de servicio y de promoción por la paz de Pedro Cortés, “quien ha prestado servicios a su pueblo y ejido para el bien común”.
“Desde la década de los 90s trabajó en la reconciliación y reconstrucción del tejido social que se había roto en aquellos tiempos de guerra [en el contexto de la contrainsurgencia tras el levantamiento zapatista]. En el ámbito eclesial, Pedro ha sido catequista de su comunidad, promotor de derechos humanos, reconciliador eclesial y civil, promotor de la paz en su región formando parte del Centro de Derechos Indigenas A.C, de la Compañía de Jesús y elegido en el año 2016 como candidato al diaconado permanente”, detalla la misión jesuita.
En ese contexto, fue en octubre del 2021, tres meses tras las desapariciones forzadas, cuando el pueblo de Pantelhó le solicitó a Cortés a que prestara servicio como Presidente Concejal del municipio debido al reconocimiento por sus labores.
Por su parte, la misión católica detalla que conoció a Diego Mendoza durante visitas al penal de “El Amate”. Carpintero y practicante de la religión presbiteriana, el pueblo de Pantelhó le solicitó su servicio como Regidor del Consejo Municipal en el mismo mes de octubre.
“Hemos seguido muy de cerca el injusto, irregular y cruel proceso judicial en el que el sistema de justicia de Chiapas ha forzado a seguir, hasta la fecha, a Pedro y Diego como también lo hizo con el padre Marcelo, a quien le tenían dictada orden de aprensión, no ejecutada, antes de que fuera asesinado”, sostiene la Misión.
Los miembros de la iglesia católica aseveran que, en los últimos 20 años, han muerto decenas de personas en el municipio de Pantelhó. Destacan tres personas luchadores por la paz y justicia, quienes fueron asesinados en el sexenio pasado: el catequista, promotor de derechos humanos y expresidente de la organización pacifista Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López (ocurrido el 5 de julio del 2021); el Fiscal de Justicia indígena de Chiapas, el tzeltal Gregorio Pérez Gómez (asesinado el 11de octubre del 2021) quien se dio a la tarea de investigar las diversas muertes en el municipio de Pantelho, y el padre Marcelo Pérez Pérez, quien acompañaba el proceso de paz en esa región.
