El viernes 27 de Marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) validó la Iniciativa Ciudadana de Ley General del Agua (ICLGA) respaldada por casi 200 mil firmas entregadas por la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida mediante la cual exigen al Estado mexicano el cumplimiento al derecho humano al agua.
En consecuencia, el INE envió la propuesta de modificación constitucional para su discusión en el Congreso de la Unión. De acuerdo a la Coordinadora Agua para Tod@s, la ICLGA tiene como objetivo proponer mecanismos para evitar el despojo, sobreexplotación, contaminación y corrupción en la gestión de las fuentes de agua, tanto a nivel federal, estatal y municipal.
Dicha propuesta ciudadana ha sido construida tras ocho años de análisis y reflexión en torno a las problemáticas presentadas por organizaciones sociales, instituciones, investigador@s y comunidades.
Fue en febrero de 2012 cuando se realizó una reforma al artículo cuarto de la Constitución para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento. Con dicha reforma se obligó al Estado a promulgar una nueva legislación en la materia. En aquel momento se estipuló un periodo de 360 días posteriores a la reforma para aprobar una Ley General del Agua, lo cual después de ocho años aún no se ha concretado.
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La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida ha hecho énfasis en las carencias y conflictos socio-ambientales que se han sucedido desde la promulgación de la actual Ley de Aguas Nacionales, la cual data del año 1992 y que de acuerdo al análisis de organizaciones sociales prioriza el acceso al agua para la industria, violando con ello el acceso al agua para la población.
El agua en México: una mercancía mas
La Ley de Aguas Nacionales en vigor estableció que tanto personas como empresas u organizaciones pueden solicitar concesiones para aprovechar zonas federales, terrenos contiguos a cauces, lagos, lagunas o pantanos de propiedad nacional administradas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Previo a su promulgación, en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Estado Mexicano había otorgado 2,000 concesiones de agua. Según datos de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida entre 1992 y 2018 el gobierno federal otorgó 536 mil concesiones de aguas superficiales y subterráneas las cuales entre otras irregularidades fueron entregadas en violación a vedas, sin considerar la disponibilidad del agua para la población y sin supervisión efectiva sobre la contaminación resultante de las descargas de las industrias.
Elena Burns, integrante de la Coordinadora, menciona que han registrado por lo menos 5 mil concesiones otorgadas para el uso industrial y agroindustrial. Con datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), la investigadora ha señalado que en total esto representa el 30% de todas las concesiones, las cuales han sido entregadas a empresas con presencia nacional como GEO, ARA, Bachoco, Lala y Sukarne, además de trasnacionales como Danone, Femsa, Heineken y Cemex.
Los permisos para la explotación de las concesiones de agua para el sector industrial mantienen una validez entre 10 y 50 años, e incluso cuentan con la posibilidad de una prórroga, detalló la investigadora.
Contaminación alarmante
El saqueo de agua orquestado por las dependencias del Gobierno a favor de grandes empresas locales y transnacionales es una de muchas fallas en cuanto a la gestión del agua en México. Otra falla de importancia es la gran cantidad de aguas sucias que se vierten en ríos, lagos y acuíferos sin permiso, contaminando las aguas del país.
Durante 2019, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados y la CONAGUA convocaron a la realización de foros para la construcción de la nueva Ley General del Agua, donde la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida recalcó que “El punto de partida para la ley es la impune contaminación generada por las empresas”.
De acuerdo a datos del REPDA de la CONAGUA, en todo el país existen 5,964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial que no cuentan con permisos de descarga residuales a pesar de que lo obliga la Ley Federal de Derechos.
En un informe llamado “Corrupción en el sector agua, ¿quién es responsable de la crisis?”, el laboratorio de políticas públicas Ethos expone que en el año 2014, la Conagua no conocía el total de titulares de permisos de descarga de aguas residuales. “De 9,036 permisos existentes para ese año, se desconocía el estatus del 56%; cifras que, además, no coincidían entre las unidades administrativas de la Conagua por errores en las bases de datos”, detalla el informe.
Para Ethos, esa situación está relacionada con la debilidad de las instituciones a cargo de la supervisión y gestión del agua, la cual a su vez aumenta la impunidad.
“En el país, la débil capacidad institucional del gobierno para vigilar el cumplimiento normativo se traduce en pocas posibilidades de detectar, y por lo tanto castigar, a quien no cumple con la ley, incentivando así́ la toma de decisiones discrecionales de los concesionarios y la contaminación ilegal del agua”, expresa su informe.
Descargas residuales, sin supervisión
El laboratorio detalla que entre los años de 2012 y 2019, “el presupuesto destinado por la Conagua y la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) para regulación y supervisión ha disminuido en 55% y 53%, respectivamente”. Por otro lado, señala que, en 2016, de los 12, 402 servidores públicos de la Conagua, solo 45 eran personal acreditado para realizar visitas de inspección a los 531,357 títulos de concesión, asignaciones y permisos registrados en el REPDA. “Si bien hoy en día el número de inspectores aumentó a 149, sigue siendo insuficiente para monitorear el cumplimiento de las normas”, precisa el documento.
Esa falta de supervisión resulta aún más grave sabiendo que un alto porcentaje de la industria incumple con las normas que regulan las descargas de aguas residuales.
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“Una revisión propia de los informes de actividades de la Profepa de los años 2013 a 2017 revela que, de las inspecciones que realiza esta instancia a empresas que realizan descargas residuales, en promedio, en el 65% de éstas se encontraron irregularidades en el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga o los límites máximos; parámetros que están establecidos en la Ley de Aguas Nacionales, la NOM-001-SEMARNAT-1996 y la NOM-002-SE- MARNAT-1996. Similarmente, se han dado casos en los que, incluso, los propios organismos operadores de agua no cuentan con permisos de descargas o plantas de tratamiento”.
Las consecuencias de esa práctica sobre la calidad del agua en el país es dramática. “Están envenenando los ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el colapso por el manejo de las aguas superficiales y las subterráneas. (…) La propia Conagua admite que el 60 por ciento de las aguas superficiales están seriamente contaminadas”, alertó la investigadora y coordinadora de Agua para Todos.
Según la investigación de Ethos, “la contaminación hídrica es ocasionada, principalmente, por los distintos desechos que se vierten legal e ilegalmente a los cuerpos de agua” por parte de sectores como el de generación de energía eléctrica, química, petróleo y petroquímico, el metalúrgico y siderúrgico; el de producción de equipos y artículos electrónicos, eléctricos y domésticos, así como el alimenticio y de consumo humano.
Existen muchas causas detrás de la contaminación del agua en México, sin embargo, buena parte de ellas se relaciona con la corrupción o con la incapacidad de supervisión de las autoridades del agua, misma que genera incentivos perversos para que los concesionarios desechen sus aguas residuales con niveles de contaminantes por encima de lo permitido, sin recibir castigo alguno”, informa el documento.
