En portada: Protesta de estudiantes normalistas, provenientes de distintas partes de México, por la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Foto: Aldo Santiago
Durante la conferencia internacional ‘Hacerle frente a la crisis forense’, convocada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Mercedes Doretti, la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), destacó la urgencia de resolver la crisis forense que atraviesa México hace años. “No existe confiabilidad en la información que emiten las propias fiscalías del país”, sostuvo.
Roxana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropólogos Forenses (EMAF), explicó que la crisis se refleja en la existencia de las fosas comunes, en la acumulación de procesos de identificaciones o identificaciones que no son confiables y en los procesos de exhumación que tienen los sitios de enterramiento clandestino.
Pero sobretodo genera el “impedimento para acceder a la verdad y la justicia”, dijo Enríquez. En este momento se “tiene el resultado del abandono institucional de décadas en áreas clave para el esclarecimiento de hechos delictivos”.
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“La identificación de una persona es la tarea pendiente y el punto de partida para que pensemos en la recomposición de la sociedad lastimada”. Para ello, precisó Enríquez, se requieren investigaciones certeras.
Para Doretti, uno de los mecanismos para mejorar la situación es la creación de una mesa de intercambio de información forense.
Esta propuesta incluye, además de las instituciones, a los colectivos de familiares y a la sociedad civil, que se reunirían de manera periódica para exponer los casos y el mapeo de dónde se trabaja, así como los resultados que se habrían de alcanzar.
“De manera que esto no sea una información secreta de Estado”, reiteró Doretti.
Enríquez comentó que es urgente la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y las mismas instituciones, incluso evidenciar a otras instituciones estatales y federales que tienen un importante trabajo en la búsqueda de personas, como son las secretarías de Salud locales, los Ayuntamientos y el Registro Civil.
Existen instancias que antes no se vincularon al tema y que desconocen —en el ámbito local— el alcance que pueden tener sus acciones en la búsqueda de personas desaparecidas. Aún cuando tienen la voluntad, desconocen la forma de participar.
Para las familias de personas desaparecidas, la crisis no solo se trata de estadísticas, sino de personas que tienen nombre, apellido y familia que los ama, los busca, los espera y los necesita, “y lo que tiene que hacer el Estado es darnos justicia”, sostiene Grace Fernández Morán, defensora de los derechos humanos.
Siamesas diabólicas
En 2008, Yolanda Morán comenzaba a formar los primeros colectivos de madres que buscaban a sus hijos por cuenta propia ante las incapacidades de las autoridades y fue de las primeras que alzó la voz para exigir justicia.
Destacó que la lucha de las organizaciones de familiares buscadores no se ha quedado en el reclamo, por el contrario, apoyan al Estado a fortalecer sus capacidades, a construir políticas y mecanismos.
En la mal llamada ‘guerra sucia’, cuando sucedieron desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, “estaba el reclamo de las familias y no hicieron nada, vinieron las muertas de Juárez y nuevamente el Estado no hizo nada; viene la violencia generalizada de la guerra contra el narco de Calderón y fuera de hacer algo, decía que no estaban preparados para tanta violencia y entonces se justificaban ante la falta de capacidades”, rememoró Fernández Morán.
En esos años, la sociedad creyó que los ejecutados eran criminales, como lo hizo creer el gobierno de Felipe Calderón, a propósito del Plan Mérida. Entonces las madres buscadoras implementaron un violentómetro que cuantificaba a los muertos.
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“Esos muertos son la gran mayoría de los que hoy buscamos identificar porque el Estado reportaba bajas del crimen organizado, pero nunca dijo quiénes eran, porque solo se trataba de presentar resultados del combate contra el crimen organizado”, dijo Fernández Morán.
Pero las familias siguen cuestionando quiénes son, si efectivamente eran parte del crimen organizado y por qué los mataron. En ese momento, Fernández Morán explicó que no podían aspirar a que hubiese la infraestructura para identificar a la cantidad de personas muertas, pero lamentó que no se hayan aplicado los protocolos mínimos que existían o que a nadie se le ocurriera documentar los hallazgos.
“Había una obligación por simple lógica: proteger a la ciudadanía y garantizar sus derechos a la identidad y a la justicia, son dos de los derechos básicos que debieron de haber garantizado”, sostiene la defensora.
Fernández Morán argumentó que, en ese tiempo, los cuerpos se encontraban en el piso de los diferentes espacios del Servicio Médico Forense (Semefo) en estados muy avanzados de descomposición y, entonces, solo les interesaba sacarlos.
“Muchas madres, esposas, familiares de personas desaparecidas, lloramos y gritamos de rabia cuando nos enteramos que en Jalisco habían incinerado a miles y todavía no hay quién nos diga cuántos eran, si les abrieron carpeta de no identificados, si tenían averiguaciones previas o acta circunstanciada de levantamiento y recuperación del cuerpo. Es información que hoy en día seguimos sin conocer”.
No había estructura, pero tampoco hubo inversión, pues con la identificación las autoridades tenían que comenzar a dar respuestas. Para las familias todo recae en dos causas que identifican como las siamesas diabólicas: impunidad y corrupción.
35 sentencias
“Ha permanecido y ha imperado un gran involucramiento de muchos sectores del Estado de los tres niveles de gobierno. Ninguno está limpio ni uno solo de los poderes, ninguna de las instituciones, todas tienen su nivel de responsabilidad”, hizo hincapié Fernández Morán, quien recuerda que hasta ahora solo existen 35 sentencias por desaparición que resulta en la impunidad absoluta.
Aunque las integrantes de la conferencia celebraron los cinco años de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, reconocieron que existen grandes retos y la crisis forense, además de los más de 110,000 desaparecidos, es una muestra de todas las deudas del Estado.
Cuando fue construida la ley ocurrió el caso Ayotzinapa y las familias de Guerrero comenzaron la búsqueda con sus propias manos y recursos.
“La respuesta que nos daba la fiscal Areli Gómez era: dejen de buscar, no tengo cómo identificar, es más no tengo dónde meterlos”, dijo Fernández Morán. Entonces los antropólogos forenses de México, Argentina y Guatemala pusieron manos a la obra y, hasta ahora, aunque saturados, siguen apoyando a las organizaciones de familias buscadoras.
Las familias no se dan por vencidas y crearon en dos años el mecanismo extraordinario de Identificación Forense que, con la ayuda de expertas, buscan dar respuesta a dos cuestionamientos importantes: ¿quiénes son? y ¿qué les pasó?.
Intercambios
Doretti agregó que además existe un problema grave en cuanto cooperación interinstitucional esencialmente entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR). “Hay una fractura en la relación interinstitucional”, dijo.
Es urgente la creación de la Base Nacional de Datos Forenses, defiende. Hoy existen diferentes registros - el Registro Nacional de Personas Identificadas y No Reclamadas, el Registro de Fosas Comunes, de Fosas Clandestinas y el Plan Nacional de Identificación Humana -, todos son responsabilidad de la FGR.
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“Estamos en un punto en donde podemos entrar a una mayor fragmentación de la información o podemos ir hacia una nueva consolidación con la Comisión Nacional de Búsqueda, a través de convenios con distintas fiscalías estatales y la creación de centros regionales”, dijo Roxana Enríquez.
