Mediante carta pública, más de un centenar de académic@s e intelectuales de todo el mundo expresaron su rechazo y condena a las continuas violaciones de los derechos humanos en Colombia durante el contexto del Paro Nacional y sus masivas movilizaciones.
“El enfoque militarista del gobierno revela su alienación y desprecio por aquellos ciudadanos que legítimamente han tomado las calles”, afirma el colectivo sobre la brutal represión estatal contra las protestas iniciadas en abril de este año.
El descontento social inició contra la propuesta del gobierno para implementar una Reforma Tributaria. Pero pesar del retiro de la propuesta y tras semanas de movilizaciones se conjugaron demandas que apuntan a problemas estructurales, por lo que las manifestaciones continúan.
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“Estas protestas son el estallido social de una indignación generalizada, ya evidente desde el anterior Paro Nacional de 2019. Tal indignación, amplificada por la deuda histórica del gobierno con esos sectores sociales marginados y empobrecidos, es el verdadero detonante de la situación actual en el país”, contextualiza el documento publicado este lunes (21).
La respuesta desde el principio de la administración del presidente Iván Duque Márquez ha sido el despliegue de las fuerzas de seguridad, tanto policía como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), así como a efectivos militares en todo el país.
Con ello, los registros de agresiones y violaciones a derechos humanos de l@s manifestantes han sido documentados por miles: Exceso de fuerza policial, detenciones arbitrarias, violencia física, uso de armas de fuego por por parte de la policía y civiles desconocidos contra manifestantes (Connivencia del Estado con grupos de seguridad privada para realizar acciones exclusivas de la Fuerza Pública), decenas de muertes, casos de violencia sexual a manos de las fuerzas armadas y lesiones oculares.
De acuerdo a la organización Temblores ONG, de las 45 personas asesinadas por el ESMAD en sus 22 años de existencia, 10 ocurrieron durante los últimos dos meses en el marco del Paro Nacional, lo cual representa el 22% de las víctimas totales.
“Además, se destacan otras formas concretas de violencia perpetrada por el Estado, como el desplazamiento y persecución por motivos raciales, hostigamientos y agresiones contra las misiones médicas y periodistas, redadas ilegales y amenazas a líderes sociales”, enumera el documento firmado por académic@s pertenecientes a diversas áreas de conocimiento e instituciones educativas alrededor del mundo.
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Para l@s intelectuales preocupa también la estigmatización y criminalización de defensor@s de derechos humanos, activistas, ambientalistas, jóvenes y a ex-guerrilleros de las FARC-EP que se desmovilizaron como parte de las negociaciones del Acuerdo de Paz del año de 2016.
“Es sorprendente cómo esta estigmatización y criminalización, que también proviene de figuras públicas prominentes, se ha convertido en un llamado a los civiles a tomar las armas contra los manifestantes, dándoles licencia libre para hacer uso de estrategias paramilitares letales con impunidad”, denuncia la carta.
Militarismo
De acuerdo al análisis de l@s intelectuales, existe una crisis de representatividad política, así como falta de espacios reales para el diálogo, razones que han impedido a los distintos interlocutores a encontrar vías para resolver las demandas de las protestas.
“En la actualidad, la represión policial y otros tipos de violencia institucional se intensifican en todo el país, concretamente debido al innegociable decreto de ‘Asistencia Militar’ del presidente
Iván Duque”, refiere la carta sobre el decreto 575, el cual legitima el uso de la Fuerza Pública para “restablecer el orden público en el Valle del Cauca y otros 7 departamentos de Colombia”.
📢 DENUNCIA PUERTO MADERA 20 y 21 de Junio
📌@MLibresCali comparte denuncia de una vecina en #PuertoMadera relatando la zozobra que se vive en los barrios en #Cali gracias a la estrategia de miedo y terror del gobierno.#CaliResiste #ColombiaResiste #ParoNacional23J pic.twitter.com/z0jR48h6dz
— Avispa Midia (@Avispa_Midia) June 24, 2021
El decreto, a pesar de ser catalogado por expertos como inconstitucional, “establece que cualquier tipo de bloqueo a vías o infraestructura, de manera temporal o permanente, no constituye una forma legítima de manifestación pacífica, limitando así el derecho a la protesta social, criminalizando dichas formas, y avalando el uso de la Fuerza Pública para disolverlas”, puntualiza el documento.
Finalmente, l@s académicos instan al gobierno de Duque a cumplir las demandas de la población que se manifiesta y cesar la violencia institucional contra quienes protestan y civiles en general. También recomiendan promover y garantizar espacios de diálogo público con todos los sectores de la sociedad que participan en las protestas, “particularmente aquellos que no están representados en las pocas reuniones que el Gobierno ha tenido con algunas organizaciones”.
Puedes consultar el documento completo aquí.
