En portada: Integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal se manifiestan para exigir justicia a un año del asesinato del padre Marcelo.
Mientras el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presume que es el “segundo estado más seguro del país”, las agresiones contra defensores, periodistas y activistas aumentaron 29% en lo que va del año 2025, revela un informe elaborado por el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas (El Obse).
El pasado viernes (31), El Obse difundió un informe en el que documenta 79 agresiones contra defensoras, defensores y periodistas ocurridas en el estado al sur de México durante el primer semestre del año 2025. Acorde al organismo, los datos son alarmantes pues, comparados con el mismo periodo del año 2024, muestran una tendencia clara con el aumento en la violencia contra las personas defensoras.
Los registros de El Obse demuestran que los tipos de agresiones documentadas buscan obstruir o detener la labor de defensa de derechos humanos en Chiapas, lo cual se evidencia con el patrón de violencias y hostigamientos registrados. Entre los casos documentados, 85% fueron ataques directos a defensores y periodistas, y sólo el 15% se enmarcaron en riesgos contextuales. Del total de violencias, el 62% fueron agresiones físicas y el 38% digitales.
Entre los tipos de agresión más frecuentes destacan la intimidación, difamación, vigilancia, criminalización, agresión verbal y abuso de autoridad. Por su parte, las agresiones digitales se materializaron con mensajes de odio, agresivos, intimidatorios o mensajes sexuales.
“En particular, se observa un incremento de las acciones de vigilancia e intimidación en ámbitos digitales, así como de agresiones graves en el ámbito físico. La difamación se lleva a cabo por parte de funcionarios estatales, en represalia a las denuncias de violencia e inoperancia del aparato estatal, criminalizando la legítima labor de la sociedad civil y de las personas periodistas”, detalla el informe.
El Obse destaca también la diferencia de los datos actuales con el periodo del 2024, en cuanto a los orígenes de las agresiones. En sus registros, durante los primeros siete meses del 2025, se evidenció un cambio en el perfil de los agresores. Mientras que el año pasado los responsables eran identificados como parte del crimen organizado, durante 2025 los principales agresores son actores desconocidos y actores estatales.
En segundo lugar, detalla el organismo, especialmente en los casos de difamación, se identifican como agresores a autoridades gubernamentales. En último lugar identifican a personas vinculadas al crimen organizado. Entre las principales motivaciones atribuídas a los agresores se encuentra el generar miedo, el desprestigio, la desactivación de la labor de defensa, la criminalización y la autocensura.
Lo más atacado: territorio, justicia y mujeres
Acorde a El Obse, los 79 incidentes registrados implican la ocurrencia de un promedio de 11 incidentes violentos por mes. Entre las agresiones contra defensores, los derechos más atacados están vinculados a la tierra y al territorio, el acceso a la justicia, los derechos de pueblos originarios y de las mujeres.
Destaca la defensa de la tierra y territorio como el ámbito con mayor número de agresiones, en comparación con el mismo periodo registrado durante el año 2024. Asimismo, enfatiza el informe, se registra un incremento en las agresiones contra quienes defienden los derechos de las mujeres.
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Entre las víctimas se encuentran personas integrantes de organizaciones de derechos humanos, activistas, autoridades comunitarias y líderes o lideresas de organizaciones locales en contextos de mayor violencia. “La mayoría de las víctimas de las agresiones documentadas son mujeres, un 66% en 2025, lo que representa un aumento respecto al mismo periodo en 2024; cuando fueron un 58%”, subraya El Obse.
En aumento, agresiones en contexto de “paz”
Durante marzo, en el contexto de su informe por los primeros 100 días de su mandato, el gobernador Ramírez Aguilar presentó a Chiapas como “el segundo estado más seguro del país”. Sin embargo, la información recabada por las organizaciones que colaboran con El Obse revela un escenario muy distinto.
Con la implementación de una nueva estrategia de seguridad, en la que destaca la actuación del nuevo cuerpo policiaco conocido como la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), poblaciones han atestiguado la reducción de enfrentamientos armados, lo que ha contribuido a una percepción de aparente calma, subraya el informe.
“Sin embargo, al día de hoy la violencia continúa, las formas de control y las amenazas que vive la población persisten, tales como el reclutamiento forzado, la desaparición de personas, el desplazamiento forzado y la presencia de fuerzas armadas en todo el estado”, denuncia El Obse.
El informe añade que los operativos de la FRIP se han concentrado en la persecución de delitos del fuero común y, aún más, se han documentado violaciones de derechos humanos durante la actuación policiaca, incluyendo acciones como detenciones arbitrarias y tortura. Aunado a ello, enfatizan que existe un control de la información y de la narrativa alrededor de la estrategia de seguridad, como ejemplifican los múltiples desmentidos públicos sobre hechos violentos reportados por la población de parte de funcionarios estatales.
“Con 73 personas defensoras agredidas de enero a julio 2025 y 69 durante el mismo periodo de 2024, no se puede hablar de avances en la seguridad de las personas defensoras en el estado”, sostiene El Obse, para quien la persistencia de los niveles de violencia contrasta con la narrativa institucional que insiste en la idea de una “pacificación” de los territorios mientras normaliza la crisis de inseguridad.
“Dicha narrativa, sin embargo, no se sostiene en datos ni en una transformación real de las condiciones de seguridad, sino que se apoya en una estrategia de militarización creciente que refuerza el control territorial sin cuestionar -y mucho menos desmantelar- las redes del crimen organizado”, señala el informe.
Para las organizaciones, esta contradicción es clara mediante la creación y robustecimiento de la FRIP, presentada como un cuerpo especial para el combate al crimen organizado, al mismo tiempo que desde el discurso oficial se niega la violencia como una amenaza estructural en Chiapas. “Mientras se afirma que ‘no está pasando nada’, se despliegan dispositivos policiales y militares bajo el pretexto de la seguridad, agravando la criminalización de personas defensoras y la ocupación militar de Chiapas, con especial énfasis en los municipios fronterizos”, enfatiza El Obse.
